Julio María Sanguinetti: No basta votar

Bien se sabe que la democracia no es sólo elecciones, condición necesaria pero no suficiente. Una democracia supone un gobierno electo por el pueblo; como dice Popper, procedimientos no violentos para sacudirse una mala administración; la adecuada autonomía de los poderes de gobierno; la vigencia consentida de un Estado de derecho y el respeto general por las libertades y garantías de los ciudadanos.

En el umbral del Bicentenario de nuestras repúblicas latinoamericanas, ese ideal tan largamente acariciado, está aún lejos. Se vota: todos los gobiernos, salvo la conocida excepción cubana, son resultado de elecciones y ello debe valorarse. Incluso en los dos países más grandes, podemos señalar algunos avances notables. Brasil posee hoy partidos nacionales estables y México ha estrenado un sistema electoral transparente con una alternancia política razonablemente aceptada.

Más allá de estas gratificantes comprobaciones, nos encontramos con inestabilidades y degradaciones imposibles de ocultar. Caído el Muro de Berlín y superada la guerra fría, nuestro hemisferio se alejó de la diabólica dialéctica de unos sustentando guerrillas marxistas desde Cuba y otros dictaduras desde Washington. Pareció que nos llegaba un tiempo de paz, en que la democracia podría brillar, pues dependía simplemente del esfuerzo de los demócratas latinoamericanos. Los hechos no han sido tan gratificantes.

En Brasil (1992), renuncia el presidente Fernando Collor de Melo ante la inminencia de un juicio político. En Paraguay (1999), el presidente Cubas renuncia y se exilia en Brasil, a raíz de las revueltas desencadenas por el asesinato del vicepresidente Argaña, quedando la Presidencia en manos del titular del Senado González Macchi, quien a duras penas termina su mandato. El caso peruano fue uno de los más detonantes, con la dimisión de Alberto Fujimori (2000), quien abandonó la Presidencia luego de ser reelecto, a raíz de descubrirse una trama siniestra de corrupción y espionaje que manejaba un capitán Montesinos, de triste memoria. Argentina (2001) vio caer al presidente Fernando de la Rúa a raíz de una crisis económica severa y el acoso de piquetes organizados que se adueñaron de la calle; todo lo cual dio paso a tres presidentes provisionales en dos meses, finalmente sustituidos por Eduardo Duhalde, quien alcanza la normalización institucional. En Bolivia, entre 2003 y 2005 se produce la estrepitosa caída del presidente Sánchez de Lozada, y más tarde la de su sustituto Carlos Mesa, para abrir espacio finalmente a la elección de Evo Morales, administrador de un país agrietado en dos partes por un persistente conflicto étnico. En Ecuador (2005), el presidente Lucio Gutiérrez cae en medio de revueltas populares.

Este sucinto relato apenas resume las caídas presidenciales. No podemos ignorar la degradación democrática que se vive bajo gobiernos populistas como el de Venezuela, donde se ha instaurado la Presidencia eterna y cerrado la principal estación privada de televisión, mientras la otra independiente sobrevive bajo amenaza. A lo que se añaden vaciamientos institucionales tan fuertes como el de que, electo en Caracas un alcalde opositor, se dictó una ley despojándolo de todas sus competencias, transferidas a una nueva superautoridad creada para administrar la ciudad capital. Tampoco cabe olvidar la permanente furia reeleccionista que entra a los mandatarios en ejercicio y que no parece terminar.

Todo esto viene a cuento de los dramáticos episodios ocurridos en Honduras, que registran el primer golpe militar de esta etapa histórica. Golpe sui géneris, porque nació del Parlamento y el Poder Judicial, que enfrentados al presidente terminaron reclamando una intervención militar para deponerlo y desterrarlo. No hay duda de que este presidente se había extralimitado hasta el punto de que no hubiera un solo diputado de su partido que levantara la mano en su favor. Pero tampoco hay duda de que cualesquiera fueran sus excesos, nunca debió ser el Ejército el arbitrario ejecutor de un derrocamiento presidencial, que bien ha sido calificado internacionalmente como un golpe de Estado.

Dos siglos de independencia no habilitan ya más excusas. No se puede seguir hablando de la herencia hispánica, del imperialismo norteamericano o del comunismo internacional. Nuestras repúblicas aún adolecen de inmadurez democrática y ello se advierte en el debate diario. Si una dictadura es de izquierda o derecha, será buena o mala para unos u otros, al margen de su condición autoritaria. Y ello ocurre en los medios políticos tanto como en las universidades, todavía ancladas en debates ideológicos que ya debían haberse librado a la historia.

Hemos vivido un quinquenio milagroso del mercado internacional, que derramó excedentes fabulosos. Hubo algunos avances, pero magros en el conjunto, porque -como dice Alain Touraine- “las chances de desarrollo dependen hoy más de las condiciones políticas y sociales que de las condiciones económicas”. Sólo los países con estabilidad pudieron aprovechar satisfactoriamente la bonanza, como pasó en Chile, Brasil, Colombia o Perú. Pasada la buena racha y enfrentados nuevamente a la dura competencia de los mercados, se hace más imprescindible que nunca la seguridad jurídica y la estabilidad política. Que es, justamente, lo que vemos resquebrajarse en variadas partes del hemisferio.

Julio María Sanguinetti, ex presidente de Uruguay, es abogado y periodista.

Fuente: El País

J. Enrique Olivera Arce: Es la honestidad, estúpido

Por si no fuera suficiente el que a los mexicanos nos tengan nadando de a muertito en un mar de porquería, un nuevo escándalo inserto en el marco de una interminable guerra sucia entre grupos de poder político y económico, agita la mierda elevando el nivel de las olas y acelerando el proceso de descomposición de la sociedad mexicana. Todo en un escenario mundial de desastre y uno nacional en el que el vacío de poder, combinado con ausencia de rumbo y pérdida de la brújula, de un inepto titular del poder ejecutivo federal, tiene al país al garete y ofertándose al mejor postor.

Si alguna virtud podemos señalarle a la democracia norteamericana, es la de la honestidad de algunos funcionarios del más alto nivel que, como Judd Gregg, ahora ex secretario de comercio, quien siguiendo los pasos de Bill Richardson prefirió renunciar al cargo antes que comprometerse con las políticas públicas diseñadas por Barack Obama para paliar la crisis de la economía real. Virtud que contrasta con el cinismo de un secretario de Estado en México que, sorprendido in fraganti como mentiroso y desleal, se niega a renunciar tras haber aceptado su desliz al haber acusado, sin pruebas legalmente aceptables, al ex presidente Carlos Salinas de Gortari de haberse robado la mitad de la “partida secreta” asignada a la presidencia de la República.

Sin duda Luís Téllez, secretario de comunicaciones y transportes, con su afirmación grabada y difundida, no descubrió el hilo negro. Para el pueblo de México existe la convicción de que Salinas de Gortari saqueó al país, a más de reducir al Estado a su mínima expresión, atendiendo a la receta del llamado “Consenso de Washington. Sin embargo, por su cargo actual y el de primer nivel desempeñado al lado del ex presidente Ernesto Zedillo, la sola sospecha de su deslealtad y el hecho comprobado y por el aceptado de que el contenido de la grabación difundida es verídico, bastaría para que de inmediato presentara su renuncia. En igual forma, Felipe Calderón estaría obligado a cesarlo sin mayor contemplación. Lo cual no ha tenido lugar.

Obligado estaría también Acción Nacional para descalificarle, en tanto ya es público que el alto funcionario afirmó que “extrañaba al PRI”, su partido de origen. Lo cual tampoco se ha dado, antes al contrario, desde la cúpula panista se le exculpa y se le protege, en tanto la grabación de marras no constituye prueba legal ante un tribunal.

Pero de que podemos sorprendernos en un país de leyes en el que los mayormente obligados a cumplirlas y hacerlas cumplir, se las pasan por lo más pando, contando para ello con la protección y complicidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Un escándalo más que quedará impune y sujeto al olvido de un pueblo que parece no tener memoria. Cabría preguntarse: ¿se tiene razón el desgarre de vestiduras cuando desde el norte funcionarios de primer nivel afirman que México es un Estado fallido?

¿Cuánto tiempo aguantaremos nadando de a muertito entre las agitadas olas de la mierda? Sociedad masoquista al fin, esperaremos que sea el tiempo el que ofrezca la respuesta.

Esteban Garaiz: Dos lagunas

“Mal comienza la semana para el que ahorcan en lunes”, reza un viejo proverbio castellano. Mal comienza el IFE el proceso electoral federal 2008-2009 removiendo con un palo el avispero del 2006 con una enorme torpeza política y una muy discutible visión jurídica, yendo más allá de sus atribuciones legales, después de las severas omisiones por su culpable tibieza hace dos años, y poniendo en tela de juicio, de arranque, su imparcialidad.

El senador panista Ricardo García Cervantes ha declarado que el IFE se está “extralimitando”. El Consejo General tiene facultades para sancionar a los partidos políticos, y sólo a los partidos, cuando sus dirigencias violan la ley electoral. No para sancionar a los legisladores y mucho menos cuando se trata de acciones en el seno de las cámaras del propio Congreso, que tienen claramente establecidas sus propias normas. Además, son dos las fracciones parlamentarias que tomaron las tribunas y sólo una sancionada por ello; es jurídicamente falso que a Vicente Fox se le impidió entregar su informe de ley.

Por lo que toca a los plantones de electores frustrados por todo el montón de irregularidades cometidas por tantos actores expresamente prohibidos por el Código Electoral, durante las precampañas y campañas de 2006, parece verdaderamente un terrible despropósito sancionar a un partido por lo que numerosos ciudadanos irritados hicieron en lo individual en el ejercicio legal y pacífico de un derecho constitucional, expresamente establecido en el artículo 6º, como es el derecho de manifestación. En todo caso, fue un acto postelectoral, que en nada afectó el resultado de la elección. Además de que, socialmente, resultó un eficaz desfogue para mantener la paz social, en una irritación colectiva que podría haberse desbordado.

Se podrá alegar que hubo afectaciones a terceros en vía pública y es válida la observación, como en cualquier manifestación. Lenta se ve la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para reglamentar el ejercicio de este derecho constitucional, que, como todas las garantías individuales debe tener y tiene sus acotaciones, básicamente derivadas de los derechos de los demás. Importante será que las autoridades —en este caso las del DF— reglamenten sobre el derecho de manifestación en la vía pública y establezcan mecanismos prácticos para conciliar los derechos de todas las partes. No estará de más recordar que los automóviles no tienen garantías individuales.

El Estado de derecho se violó sistemáticamente durante todo el proceso electoral de 2006, en las precampañas y en las campañas, y el Consejo General del IFE dejó hacer y dejó pasar. Hubo incluso consejeras que —leyendo tarjetas nerviosamente en el pleno— defendieron abiertas violaciones de dirigentes de corporaciones ajenas al proceso, a nombre de la libertad de expresión.

Que fueron violaciones a la ley, y que sesgaron la equidad de las campañas, lo dejó claramente establecido el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pero siguen impunes las personas físicas que las cometieron. Al Consejo General, según entiendo, no le correspondía, ni le corresponde, sancionar a terceros que interfieran ilegalmente en las campañas y en el proceso electoral. Pero sí se puede y sí se pudo, hacer oír su voz autorizada. No vimos durante todo el proceso ni una sola condena colegiada y formal en el seno de las sesiones públicas del consejo, acerca de estos actos claramente violatorios de la ley electoral y de los principios rectores de la función electoral. Y ésa sí era claramente una atribución del Consejo General y, en consecuencia, una obligación ética y política de cada consejero. Fueron abiertamente omisos. Podían haber hecho oír su voz alta y no lo hicieron.

También tenían la responsabilidad, y siguen teniéndola, de presentar las denuncias correspondientes ante la Fepade. Peor todavía que hayan quedado impunes sin que el Consejo General suba la voz ante las descaradas intromisiones de extranjeros, en violación del artículo 33° constitucional. No era aceptable la explicación del Instituto Nacional de Migración de que el extranjero Antonio Solá estaba contratado por una empresa privada a su vez contratada por un partido político: en todo caso justificaría su situación migratoria, no su anticonstitucional interferencia en los asuntos políticos del país, razón suficiente para su expulsión.

El Ejecutivo federal, responsable de la aplicación del artículo 33°, castigó al extranjero Antonio Solá concediéndole la nacionalidad mexicana a los 20 días del nuevo periodo presidencial. Ahora ese mexicano representa a Felipe Calderón en Madrid. Por lo que toca al ciudadano José Luis Barraza, recibe un homenaje al concluir su presidencia en el Consejo Coordinador Empresarial, al que acuden obsequiosos el entonces presidente del Consejo General, Luis Carlos Ugalde, y Calderón. Para redondear la sanción por el delito electoral en abierta violación del código, todo el mundo pudo leer las turbias condiciones en que le fue asignada la venta de Aeroméxico.

Arranca un nuevo proceso electoral. La reforma constitucional que prohibió comprar espacios en la radio y en la televisión para propaganda electoral es, sin duda, un enorme paso que, lejos de limitar la libertad de expresión, contribuye de manera definitiva a la equidad. Quedan dos peligrosas lagunas: una es el ya mencionado artículo 33° sin reglamentar. La otra es el poroso sistema de sustituciones en la integración de las mesas directivas de casilla, que tantas suspicacias provocó en 2006. Habrá que volver sobre estos temas.

http://www.milenio.com/node/91684

Ronald Vidal: ¿EN LATINOAMERICA, DEMOCRACIA ES IGUAL A CORRUPCION?

Habiendo revisado algunos portales de Internet, referente a la corrupción de los gobiernos en Latinoamérica, que se dicen, haber sido elegidos democráticamente por el voto popular, a la verdad, que con mis setenta y cinco años que llevo a cuestas, en el peregrinaje Global, me he quedado horrorizado y pasmado. ¿Que es lo que viene sucediendo? En la galería de los mas selectos se Ubica: Fernando Collar de Mello, Carlos Andrés Pérez, Carlos Salinas de Gortari, Alberto Danik Garzón, Abdala Bucarán, Raúl Cubas, Jamid Mahuad, ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI (Alias el “Senador Japonés”); en mi modesto juicio estimativo, es el que tiene el estrellato; el Nº. 10 del equipo, Hugo Chávez, Juan Carlos Huasmozi, Carlos Menen, el “chibolero”, Arnoldo Alemán, Luís González Machi, Alfonso Portillo, Juan Francisco Reyes López, Mireya Moscoso, es decir, ni las mujeres se libran de esta endemoniada pandemia. Estas lajas de gobernantes, corresponden al ciclo que de 1992, al 2002; si consideramos la galería de los corruptos que va la década del 2002, al 2012; de seguro que esta nomina será mas que duplicada, ¿A esto podemos llamar democracia? Y da la curiosidad, que los gobiernos dictatoriales en el Perú; como el Mariscal Castilla, Juan Velasco Alvarado, Manuel Apolinario Odría, han sido los mas honestos y muertos en la pobreza. A que se debe este terrible fenómeno, que quita las ganas de vivir en democracia en Latinoamérica. ¿Se confunde el término democracia, con libertinaje y corrupción? ¿A quien le interesa esta catastrófica situación?; ¿Cuáles son las causas y origen de esta podredumbre? . ¿ A quien le interesa la postracion de las naciones latinoamericanas, con el fin de mantener su egemonía?.
¿La politica de favorecer a los gobiernos corruptdos, es acertada a los intereses suinceros de los EE.UU?.

Ángel Guerra Cabrera: Unasur, memorable cumbre

La cumbre de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) sobre la grave situación en Bolivia ha sido un nuevo y rotundo grito de independencia y unidad de América Latina. Por primera vez un grupo significativo de sus presidentes condena y adopta decisiones prácticas contra una conjura golpista orquestada por el imperio del norte. Este hecho y cada idea en la Declaración de la Moneda, aunque no se mencione por su nombre, señalan con el dedo acusador a Estados Unidos: la simbólica alusión a Salvador Allende y el categórico compromiso con el respeto a la soberanía, la no injerencia en los asuntos internos, la integridad e inviolabilidad territorial, la democracia y los derechos humanos.

Eso es lo sustantivo de la cumbre, que de modo unánime dio su apoyo irrestricto al presidente Evo Morales, condenó a los grupos desestabilizadores y sus acciones vandálicas, la masacre de campesinos en Pando que “no debe” quedar impune, exigió poner fin a esas acciones y la devolución de las instalaciones gubernamentales ocupadas como condición al inicio de un diálogo “conducido por el legítimo gobierno de Bolivia” y advirtió que no aceptará el golpe “civil” atentatorio contra la integridad territorial de Bolivia. Es trascendente el nombramiento de comisiones para investigar la masacre, acompañar el diálogo de La Paz con la oposición y brindarle el apoyo logístico que requiera. Unasur, en suma, enfrentó airosamente su primer gran desafío y ello refleja la emergencia en nuestra América de un nuevo tipo de gobiernos celosos de la soberanía nacional y con sensibilidad social, obviamente impulsados por las decisivas luchas populares que han llevado a la cabeza de ellos a buena parte de los reunidos en Santiago de Chile.

La cumbre ha sido un resonante triunfo político de Evo Morales y un reconocimiento a su talla de estadista, así como al talento político con que él y los movimientos sociales bolivianos han conducido la difícil brega por una democracia de las mayorías; y una derrota política dentro y fuera de Bolivia de los prefectos separatistas y su titiritero. Constituye también una clara advertencia a éste y a las oligarquías de la región de que no podrán seguir actuando impunemente con el matonismo que acostumbraban en otros tiempos. Deja sentado un precedente importante para la defensa indeclinable de la democracia en América Latina, que aquellos sólo respetan cuando se reduce a sus aspectos formales y no toca sus intereses ni con el pétalo de una rosa. Por ello es valiosa frente a las acciones ferozmente desestabilizadoras en Venezuela, donde se ha llegado al intento de magnicidio, y a los sucesos semejantes evidenciados, con distintos grados de intensidad, en Paraguay, Argentina, Ecuador, Honduras y Nicaragua. En fin de cuentas, todos ellos convergentes a la contraofensiva que desde el ataque a la soberanía territorial de Ecuador intenta montar Estados Unidos para aplastar los gobiernos y fuerzas populares latinoamericanas que han puesto en solfa su hegemonía política y control tradicionales sobre nuestros recursos naturales.

Bolivia, Venezuela, Cuba y Ecuador son los objetivos principales a golpear pero debe considerarse que la Cuarta Flota y otros instrumentos de intervención militar como el Plan Colombia responden a designios imperiales yanquis de reconfiguración geopolítica mucho más amplios. No es casual la oposición al restablecimiento de esa fuerza de asalto en los círculos gobernantes de Brasil, potencia económica emergente de peso mundial poseedora de estratégicas reservas de agua, biodiversidad y energéticas, así como de Argentina, colosal productora de alimentos; ambos dueños de vías fluviales y geografía de enorme importancia económica y militar.

El espaldarazo a Evo en la reunión de Santiago cobra mayor importancia cuando es evidente que la batalla por Bolivia entra en su fase más crítica, pues Washington y su jauría mediática, con CNN y El País a la cabeza, persisten en su aliento a la subversión fascista. Bolivia necesita más solidaridad que nunca.

http://www.jornada.unam.mx/2008/09/18/index.php?section=opinion&article=040a1mun

Epigmenio Ibarra:¿De qué se espantan?

Hace unos días, en una entrevista radiofónica con Carlos Puig y a propósito de esos “resentidos” que se atreven a hablar de la posibilidad de que no termine su mandato, Felipe Calderón decía que esos, “que son cada vez menos” –ya antes había declarado, lo que al parecer le costo una comida a Carlos Marín, “que lo tienen sin cuidado los que los quieren tumbar”- no han aprendido que en la democracia hay que saber que a veces se gana y otras se pierde.

Tiene razón Calderón. La distancia entre una victoria o una derrota puede ser, a veces, solo un punto. Lo que no dijo es que, en la democracia real, hay un principio incontrovertible que el y los suyos violaron flagrantemente y es que, antes de hablar de la aceptación de los resultados, sean estos favorables o no a un determinado candidato y precisamente para que la legitimidad del mandato sea incuestionable, lo que hay que hacer es jugar limpio. Un punto, un voto si, con eso puede ser suficiente siempre y cuando no halla ni sombra de duda.

Ni Calderón, ni Fox, en el 2006, jugaron limpio. ¿De que se espantan pues si alguien en el ejercicio de un derecho ciudadano plantea la posibilidad de revocar el mandato presidencial? Harto mas fácil hubiera sido que el IFE, el tribunal electoral hubieran actuado con dignidad y congruencia y, como en cualquier país civilizado ante la opacidad de la elección y el margen tan estrecho entre los contendientes, hubieran procedido, al menos, al recuento voto por voto.

“Haiga sido como haiga sido” Calderón se hizo de la presidencia. Eso, insisto, tiene un costo que, desgraciadamente paga el país, paga nuestra incipiente y vulnerada democracia, pagamos todos.

Sorprende pues el escándalo de las buenas conciencias que hablan sobre las “intenciones golpistas” de López Obrador o de Camacho o de Muños Ledo o de cualquiera que se atreva a recordar, siquiera, las condiciones en que se celebraron los comicios y en tanto que ese recuerdo sigue vivo, a preguntarse, en el ejercicio de un derecho ciudadano, si ese señor tiene derecho a seguir sentado en la silla.

Solo pensarlo hace que a uno se le cuelgue de inmediato el sambenito de intolerante y subversivo. Más subversivo, golpista eso si, fue sin embargo atropellar, como lo hicieron Fox, los poderes facticos y el propio Calderón a las instituciones y los procesos electorales. Son muchos los que, de manera sistemática, reducen todo, ese derecho ciudadano a inconformarse, al puro resentimiento, al rencor y, sobre todo, a la incapacidad de aceptar la derrota.

Sorprende digo el escándalo de las buenas conciencias, a propósito de la idea siquiera de la revocación de mandato, porque son muchos los ejemplos de gobiernos que, en Italia, Inglaterra y otras democracias por mucho menos que la falta de legitimidad de origen de Calderón, su ineficiencia en el ejercicio del poder o el comportamiento impropio de algunos de sus mas altos funcionarios, se han venido abajo.

En una democracia –Calderón tampoco lo dijo- incluso cuando se juega limpio los votos no son un cheque en blanco para el gobernante. La permanencia en el poder depende la conducta, probidad y eficiencia de quien resulto electo para mandar.

Calderón, eso esta sobre la mesa y es cada día mas claro, no da, como dice el refrán popular, pie con bola. Rodeado de amigos, conocidos solo por el y leales también solo a el, mas que de funcionarios con prestigio, solvencia y capacidad. Inmerso en una obsesiva batalla –algo le aprendió a Fox- por conseguir legitimidad a punta de spots. Movido por intereses ideológicos y oscuros intereses económicos más que por una apreciación objetiva de la realidad y las necesidades del país. Lo suyo es en rigor – y la ausencia de logros lo demuestra- una batalla pérdida de antemano contra cada vez más numerosos molinos de viento.

Cada frente que abre Felipe Calderón –pese al enorme rating que obtiene con sus constantes y atrabiliarias apariciones en la televisión- es ya, desde el inicio del combate, una derrota anunciada.

Conducir este barco, en medio de las oscuras y tormentosas aguas por las que navegamos, exige, más que eficiencia y capacidad que, también son necesarias y de las que Calderón, por cierto, no ha hecho gala, una legitimidad de origen incontrovertible. Solo un gobernante sin macula, cuyo mandato sea incuestionable, puede conseguir el consenso nacional necesario y suficiente. Ese consenso que, nace del respeto y no de la resignación ni de la amnesia, es la única palanca de fuerza para sacar adelante el país.

No hay que engañarse. Los pactos coyunturales con otros partidos, como el que ha permitido, de alguna manera, sobrevivir a Calderón de la mano del PRI, alcanzan solo para maniobras políticas de corto alcance; sirven, si acaso, para pavimentar el camino de la restauración del antiguo régimen.
La impunidad, el origen y horizonte de nuestros males nace del olvido conveniente de las trapacerías, de la aceptación de lo inaceptable.

http://elcancerberodeulises.blogspot.com/2008/09/de-que-se-espantan.html

Raúl Zibechi: En América Latina igual que en África

La política de seguridad y defensa de Estados Unidos hacia América Latina, en el periodo posterior al 11 de setiembre de 2001, no suele ser formulada de forma tan nítida y transparente como lo hace el Pentágono en otras regiones. En no pocas ocasiones, quienes estudian y analizan las políticas de Washington hacia su patio trasero, chocan con opacidades y medias verdades, y deben rastrear los objetivos trazados por la superpotencia a través de una multitud de rastros dispersos, para luego armar el rompecabezas.

En el caso del Comando de África (Africom), creado el 6 de febrero de 2007, las propias publicaciones vinculadas a las fuerzas armadas estadunidenses develan los objetivos que se persiguen con su creación, con tanta transparencia que merecen ser leídas como forma de comprender mejor la polítca del Comando Sur (USSOUTHCOM) y la recién creada Cuarta Flota, con injerencia en América del Sur, América Central y el Caribe.

El Africom supuso la creación de un comando único para África, continente del que antes se ocupaban tres comandos: el Comando Europeo; el Comando Central, que se encarga de la estratégica región de Medio Oriente, y el Comando del Pacífico. El Africom involucra a todos los países africanos, con la excpeción de Egipto, que por sus vínculos con Medio Oriente e Israel está bajo responsabilidad del Comando Central.

En el discurso en el que anunció la creación del Comando de África, George W. Bush mencionaba los términos “desarrollo, salud, educación, democracia y crecimiento económico”, entre los objetivos prioritarios a desarrollar. Una primera cuestión a tomar en cuenta, que enseña la amplitud de campos de intervención de la fuerza militar.

El Pentágno considera que la creación del Africom obedece a “la creciente importancia geopolítica que África representa para los intereses de Estados Unidos”, según un informe de la revista Military Review (marzo-abril de 2008), portavoz del pensamiento militar. Entre los “intereses estratégicos” que Washington procura defender en África, figuran: combatir el terrorismo, contener conflictos armados y crisis humanitarias, retardar la difusión del sida, bajar la tasas de criminalidad internacional, garantizar el acceso a recursos naturales y contrabalancear la creciente influencia china. Fuera de duda, son las dos últimas las cuestiones centrales, y a las que el mencionando informe dedica el mayor espacio.

Respecto a la necesidad de “salvaguardar la energía”, objetivo prioritario del Pentágono, se concluye que Estados Unidos “llegará a depender cada vez más de la capacidad de África de producir petróleo, un artículo de existencia limitada”. Calcula que hacia 2015, 25 por ciento del petróleo que importa Washington provendrá de África, frente a sólo 18 por ciento de 2006. Ya en ese año, el petróleo africano estaba apenas por debajo del importado desde el golfo Pérsico (1.8 millones de barriles diarios frente a 2.2 millones), destacando Nigeria que es hoy el quinto proveedor de Estados Unidos. Según la revista militar, “el Africom podría involucrarse una vez más en la seguridad marítima del golfo de Guinea, con la finalidad de cooperar en el control de volatilidad (del precio del petróleo), dado que existe gran potencial para perforación petrolífera en aguas profundas”.

La “influencia de China en África” es la otra gran preocupación militar de Estados Unidos. “El continente está emergiendo rápidamente como un campo de batalla competitivo, que ha sido descrito por algunos intelectuales estadunidenses de defensa, como una guerra fría económica con China, especialmente por la obtención de recursos”, señala Military Review.

Los analistas militares consideran que la competencia por petróleo es “una preocupación estratégica para Estados Unidos”, lo que implica que es un tema militar de primer orden, que puede ameritar acciones de combate.

Con 700 empresas estatales chinas en África, el país asiático se ha convertido en el tercer socio comercial del continente luego de Estados Unidos y Francia, por delante de Gran Bretaña. El comercio bilateral África-China creció de mil millones de dólares en 1995, a 50 mil millones en 2006. Angola y Sudáfrica, con 20 mil millones entre ambas, encabezan la lista. En septiembre de 2002, Estados Unidos advirtió a China que no apoyara a “los países abundantes en recursos naturales sin considerar el nivel de desgobierno o mal comportamiento en el exterior de esos regímenes”, en el documento La estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos.

Aprendiendo de los fracasos en Irak y Afganistán, donde la victoria militar se terminó evaporando, el Pentágono pretende ensayar “un nuevo paradigma de seguridad” en el que el desarrollo y la seguridad vayan de la mano y se refuercen mutuamente para anticipar crisis y conflictos. En su particular lenguaje, se trata de poner en primer lugar las “operaciones de estabilidad” que, en adelante, tendrán rango similar a las operaciones de combate. Esto se concreta en que el Comando de África asume el control de las agencias de cooperación para el desarrollo, como USAID y otras “organizaciones civiles”. Dicho de otro modo, y tal como lo formula Military Review: “¿Cómo se conforma una estructura que es un comando unificado militar, pero que necesita incorporar la suficiente participación civil y además no parecer que toma el control de estas agencias y autoridades?”

Ése es precisamente el punto. En este continente, los problemas centrales para Washington son hidrocarburos y el llamado “populismo radical”, que incluye desde Cuba hasta Venezuela y Bolivia, y un amplio abanico de movimientos sociales. Toca descubrir, denunciar y aislar, sin caer en formas de macartismo y estalinismo, a aquellos “civiles” que trabajan para defender los intereses imperiales, “sin parecer” que lo hacen para “un comando unificado militar” del Pentágono. En América Latina, la cooperación para el desarrollo evidencia que las fronteras entre lo militar y lo civil son casi imperceptibles.

* La Jornada

* http://www.jornada.unam.mx/2008/09/12/index.php?section=opinion&article=023a2pol

Ernesto Carmona: El lado oscuro del Chile de hoy

¿Qué ha cambiado en Chile desde que fue derribado el gobierno democráticamente elegido de Salvador Allende? Han transcurrido 35 años, 17 de dictadura militar y 18 de “transición a la democracia” conducida por una coalición hegemonizada por los partidos Socialista, Demócrata Cristiano y Por la Democracia, seguidos de otros menores, como el partido Radical, llamada Concertación de Partidos por la Democracia.

La primera observación es que la “transición” lleva ya más tiempo que la dictadura. Pero las condiciones de vida del pueblo han empeorado dramáticamente desde la época de Allende. Y hay poca cabida para protestar. Hoy existe una perversa democracia formal que limita el acceso de los pobres a la política y excluye de cualquier participación a la minoría comunista y a otros grupos izquierdistas. Existe un sistema binominal de elecciones que fue creado precisamente para que dos grandes bloques –la derecha y la Concertación– se alternen perpetuamente en el poder, tal como ocurre con los demócratas y republicanos en EEUU.

El fin de la dictadura no fue sólo el resultado de la lucha del pueblo, que aportó generosamente su sangre, instigado por quienes hoy gobiernan al país, sino que prevaleció un acuerdo político impulsado por los mismos factores internacionales que provocaron la caída de Salvador Allende, es decir, EEUU, la CIA, la USAID, el Fondo Nacional para la Democracia (NED, su sigla en inglés) y las grandes corporaciones transnacionales, cuyos negocios de explotación de los recursos naturales mejoraron notoriamente en estos últimos 18 años, según todos los indicadores. Los sectores que producen mayores ganancias al capital local e internacional son la minería del cobre, que es 70% privada, y la industria de la celulosa que se extrae de los bosques del territorio indígena, entre muchos otros rubros.

Neo-derecha “progresista”

La dictadura sigue presente, pero con otra apariencia, en el exitoso modelo de “desarrollo democrático” que padece Chile, pero que se exporta como imagen envidiable para otros países. La carta magna de la dictadura, que data de 1980, ha sido legitimada por sucesivas reformas constitucionales “de parche” concertadas por el gobierno con la derecha parlamentaria. Cada vez que tienen la oportunidad, las organizacionales patronales de la derecha económica manifiestan su satisfacción por la marcha de sus negocios bajo la administración concertacionista, particularmente bajo el sexenio presidencial de Ricardo Lagos (2000-2006).

En estos 18 años de “transición a la democracia”, la Concertación se convirtió en una neo-derecha, con tintura socialista y social cristiana, como ocurrió antes con los partidos “progresistas” en Europa y en otras latitudes, donde la social democracia imitó a la democracia cristiana como nueva expresión partidaria renovada de la derecha tradicional. El socialismo de hoy no es el mismo de los tiempos de Allende. El partido del presidente inmolado que pretendió realizar reformas sociales involuciona por el mismo camino que siguieron antes sus colegas socialistas de España y Francia, los laboristas del Reino Unido, el partido “trabalhista” de Brasil y tantos otros. El Chile de hoy se puede transitar libremente pero por carreteras privadas. Santiago tiene una red de autopistas urbanas que cobran. La gente se ve triste porque está endeudada, aunque existe algo de trabajo, pero precario y “flexibilizado”. Los empleadores no tienen que complicarse con la seguridad social de sus trabajadores. La educación, la salud y la previsión social se han privatizado, convirtiéndose en negocios o “industrias”

Una nueva clase política de apariencia “democrática y progresista” se incrustó en la superestructura del poder del Estado para administrar la expoliación del pueblo chileno y de sus recursos naturales con mayor “eficiencia” que los militares y con pocos reclamos de los trabajadores, gracias al control de la Concertación sobre la Central Unica de Trabajadores (CUT). Esa clase política también ha puesto en marcha un proceso de corrupción a expensas de los fondos públicos sin precedentes en la historia política republicana del país.

Los rebeldes son jovenes

Los disidentes, incluidos cientos de miles de izquierdistas allendistas, no tienen cabida en esta democracia, porque el sistema electoral binominal les bloquea su acceso al Parlamento. Los jóvenes se niegan a inscribirse voluntariamente en los registros electorales. O sea, rehúsan adquirir el derecho al voto. Una vez inscritos tendrían la obligación de concurrir a votar a riesgo de severas sanciones. Si el derecho a voto no se ejerce, en Chile hay castigo. Y el gobierno pretende legislar una inscripción automática al cumplirse la mayoría de edad de 18 años, manteniendo la obligatoriedad del voto, en un esfuerzo desesperado por recuperar la representatividad perdida. Paradojalmente, quienes se oponen a esta medida totalitaria son los propios herederos políticos del pinochetismo que ahora juegan al populismo electoral al mejor estilo del Partido Popular español.

Cuando algunos sindicatos que no están bajo el control de la Concertación y ciertos sectores de la sociedad chilena manifiestan su descontento con el nuevo modelo político-económico que favorece a los ricos, son brutalmente reprimidos por el gobierno nominalmente “socialista”, en nombre del sagrado sistema legal heredado de la dictadura que garantiza la expoliación neoliberal. Los más afectados han sido los sindicatos de trabajadores subcontratados –o tercerizados con empleo precario y “flexible”–, los estudiantes y la etnia mapuche, cuyo territorio permanece ocupado militarmente por años, sin nada que envidiarle a Palestina. Y al igual que Israel, Chile hace caso omiso a las recomendaciones de los organismos de derechos humanos de Naciones Unidas. La región mapuche, con sus habitantes en extrema pobreza perpetua, es un territorio ocupado por Carabineros bajo permanente estado de sitio, mientras sus tierras son explotadas por las industrias madereras de los grupos económicos más ricos de Chile.

El gobierno de la socialista Michele Bachelet eligió el camino de la represión, hasta con 1.500 detenciones de jóvenes estudiantes en el mes de julio 2008. La policía militarizada de Carabineros ejerce una brutalidad sin restricciones, incluso en detenciones regulares ordenadas por algún tribunal. El fallecimiento del jefe policial en un accidente aéreo en Panamá, mientras andaba de compras con su familia y ciertos allegados, fue convertido en tragedia nacional por el gobierno y los medios de comunicación, con duelo oficial y un derroche propagandístico que elevó al difunto a la categoría de un santo.

El rol de los medios

Todo esto ocurre mientras existe una creciente criminalización de la protesta civil, que comenzó reduciendo a 14 años la responsabilidad penal de los jóvenes. Los estudiantes que protestan en las calles corren el riesgo de ser procesados como autores de crímenes, no de desórdenes públicos, como ya ocurre en países como El Salvador, que hizo suya la ley antiterrorista de EEUU, la Patriot Act. Sin embargo, cuando un estudiante de 15 años es detenido y apaleado por Carabineros en las calles de cualquier ciudad, debe permanecer detenido hasta que sus padres vayan a rescatarlo a la comisaría. Es decir, hay un doble estándar entre los derechos ciudadanos y la responsabilidad penal que siempre opera contra los jóvenes.

El debate parlamentario se realizada entre cuatro paredes, casi igual que en los tiempos de la dictadura, sólo que ahora la sala es más grande y hay más protagonistas de la clase política disfrutando de un salario que pagan “todos los chilenos”. Tampoco hay debate público democrático en la prensa, donde no hay acceso para todas las opiniones ni existe cabida para los críticos y disidentes. Los grandes medios de comunicación –cuya propiedad está súper concentrada– apoyan las medidas represivas y demás políticas del gobierno que son del agrado de los grupos económicos y de los poderes fácticos. Los medios practican un doble juego de apoyo y crítica, aunque las portadas más populares se dedican a temas banales. Dos empresarios controlan la prensa escrita del país, Agustín Edwards y Alvaro Saieh, a través de sus diarios insignia El Mercurio y La Tercera. La televisión exhibe el mismo signo ideológico, estigmatiza las protestas sociales, cultiva la banalidad y criminaliza peyorativamente a sus protagonistas a través de todos los canales. El candidato presidencial Sebastián Piñera, que es la versión local de Silvio Berlusconi, tiene su propio canal de televisión, mientras otro responde al Vaticano, un tercero pertenece al multimillonario Ricardo Claro, del Opus Dei, otros dos pertenecen al magnate mexicano Angel González y el canal del Estado es co-gobernador por los intereses comunes de un directorio acordado en cuotas entre la derecha y la Concertación.

Diputados “elegidos” a dedo

Resulta imposible describir in extenso en una simple crónica al Chile de hoy, a 35 años de la muerte de Salvador Allende. Hay múltiples brochazos para pintar esta situación. Por ejemplo, en estos días los chilenos se enteraron de la asunción de un nuevo diputado que jamás fue sometido al voto popular. Se trata del reemplazante socialista del fallecido Juan Bustos, presidente de la Cámara. La ley permitió que el sucesor fuera designado a dedo por el partido del difunto. El premio recayó en Marcelo Schilling, que se hizo célebre como organizador de “La Oficina”, una instancia de espionaje interno creada por Patricio Aylwin (2000-2004) que Ricardo Lagos convirtió en la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), para vigilar a los disidentes domésticos.

Los empresarios exportadores de productos primarios como uvas, manzanas y peras llevan años quejándose de la devaluación del dólar, que es un fenómeno mundial, no chileno. Con dinero proveniente de las ventas del 30% del cobre que el Estado sigue poseyendo (Allende nacionalizó el 100% de ese recurso), el Banco Central destinó 8 mil millones de dólares para comprar dólares durante todo 2008, haciendo subir artificialmente el precio de la divisa extranjera en el mercado interno a fin de beneficiar a los exportadores. Con esta medida se desató una inflación que eleva dramáticamente el costo de la vida y de la energía, que es básicamente importada como gas de Argentina. De paso, se violó una de las sagradas normas de la economía neoliberal, al manipular “la mano libre del mercado”, pero esto no le importa a los diarios como El Mercurio, que defienden a sangre y fuego el neoliberalismo. El ministro de Hacienda Andrés Velasco llegó a decir que las últimas cifras de aumento del desempleo son buenas porque indican que hay más gente buscando trabajo (sic).

…Y echaron a mi vecino…

Chile fue el país más golpeado por el retrógrado experimento neoliberal mundial que comenzó en los años 70. Precisamente para esa experimentación con un pueblo atado, encarcelado o asesinado, sin capacidad de reclamar, se estableció una dictadura militar. Hoy sus cifras macroeconómicas son buenas, se muestran como ejemplares para otros países, pero los números benefician exclusivamente a los que ya son ricos y al capital extranjero. Los grandes empresarios suelen decir por televisión que ahora sí el país va por “el camino correcto” del crecimiento. Pero crecimiento ¿para dónde? ¿Hacía qué?… Mientras yo escribía esta historia en esta mañana de lunes, vino la policía, un tribunal y la fuerza policial a desalojar y lanzar a la calle a mi vecino de clase media porque no ha pagado su departamento… Como diría Bertold Brecha, ¿cuándo vendrán por mí?…

http://www.argenpress.info/2008/09/35-aos-de-salvador-allende-el-lado.html

Apolinar Díaz-Callejas: Alvaro Uribe Vélez se lanza por el despeñadero que puede conducir a un golpe de Estado

La situación política de Colombia se agrava día a día. Ante las
opiniones de los dirigentes del Partido Liberal, que tiene por
conductor principal al ex-presidente Cesar Gaviria, y del Polo
Democrático, que aglutina diversos sectores de izquierda tradicional
colombiana, el Presidente Alvaro Uribe Vélez, en un autoreportaje
personal que utilizó hoy 25 de Agosto de 2008, el espacio del
noticiero del medio día, “Noticias Caracol”, en que calificó las
manifestaciones y procedimientos que circulaban en torno a la conducta
excepcional del Fiscal de Medellín Guillermo León Valencia Cossio,
hermano del nuevo Ministro del Interior y de Justicia Fabio Valencia
Cossio, que determinó su destitución.

Expresó Uribe Vélez su frustración porque fiscales de Medellín “se
hubieran dejado corromper”. Aprovechó para atacar a la Fiscal General
de la Nación: “¿Por qué razón no se tomaron determinaciones más
rápidas si la información se conocía desde hace dos años?”.

De ahí en adelante toda la declaración radial del presidente Uribe fue
contra supuesta colaboración o debilidad de los partidos políticos
democráticos de oposición, de la misma Corte Suprema de Justicia, de
la Corte Constitucional y de la Fiscalía General.

Esta acusación desató de inmediatito una tormenta en los medios
políticos colombianos y alarma sobre el propósito real que esconde la
actitud más agresiva del presidente Alvaro Uribe Vélez, al punto que
se iniciaron contactos telefónicos entre los diferentes sectores
políticos colombianos democráticos para afrontar el nuevo rumbo que
toma el propósito nunca realmente ocultado por el presidente Uribe
Vélez de una segunda reelección. Por el contrario, estos hechos
desataron de inmediato una gran alarma en los sectores políticos y
democráticos así como en los grupos sindicales, industriales y
comerciales.

Por primera vez se escucha la opinión común de las gentes que piensan
que todos estos hechos corresponden al propósito del Presidente Uribe
Vélez de forzar su reelección para un tercer período, aprovechando que
tiene el control de las mayorías en el Congreso de la República, que
según su propia opinión pueden votar leyes favorables a él antes de
que metan a la cárcel a los propios congresistas, como ya ha ocurrido
con varias decenas de ellos que están presos, por delitos de
corrupción política que se han desatado en Colombia a todo lo largo de
los dos períodos de gobierno del presidente Alvaro Uribe Vélez.

Además, antiguos parlamentarios que no han podido ser elegidos de
nuevo bajo el gobierno de Uribe Vélez, pese al apoyo que le han dado a
éste, se han puesto al frente de la campaña para recoger esas cinco
millones (5.000.000) de firmas que pidan al Congreso de la República
dominado por los amigos y electores del Presidente Uribe Vélez la
aprobación de otra reforma constitucional para autorizar la legalidad
de una segunda reelección que equivale a una “tercera elección”, como
hacía Porfirio Díaz en México durante su dictadura de 30 años,
adornada con falsas elecciones populares relativamente periódicas y
las propinas a sus electores con fondos públicos.

En Colombia seguiremos en la lucha por una nueva democracia
igualitaria, como nunca antes ha tenido. Colombia no estará ausente de
la lucha de la América Latina y del Caribe por alcanzar su soberanía
total y avanzar en su reestructuración económica y política nacional
que dé piso firme a la democracia social que todos deseamos.

* Argenpress

Bernardo Barranco V: Fernando Lugo, el pastor de la transición

Paraguay vive jornadas históricas; no sólo puso fin a un larguísimo predominio autoritario del Partido Colorado, sin violencia, por la vía electoral, sino que arriba al poder un clérigo católico: Fernando Lugo, quien ante el vacío de liderazgos políticos asumió la responsabilidad inédita de presentarse como candidato de oposición,  enfrentando el repudio de sus adversarios políticos y de sectores del propio clero.

Hasta hace dos años Lugo era obispo de San Pedro, la región más pobre del país, y se reconoce en la tradición de la teología de la liberación, en particular admite ser discípulo del legendario obispo indigenista de Riobamba, Ecuador, Leonidas Proaño, con quien trabajó más de cinco años. El pasado 15 de agosto tomó protesta en medio de inmensas expectativas y temores que representa una transición democrática y un nuevo gobierno heterogéneo con muchos actores sin experiencia pública.

Leonardo Boff, uno de los padres de la teología latinoamericana, sancionado por Roma, describe así al nuevo presidente paraguayo: “Es un hombre que sabe escuchar y abrazar lo que viene de abajo, fruto de la experiencia de muchas generaciones. Es un honor para la propia teología ofrecer un cuadro de esta densidad política y ética para servir a un pueblo que tanto ha sufrido históricamente y que merece un destino mejor, integrado en las nuevas democracias del continente” (“Paraguay bajo el signo de la liberación”, 15/8/08).

Paraguay es uno de los países con menor desarrollo en América del Sur, con apenas 6 millones de habitantes, un pequeño sector agroexportador, que suma 7 por ciento de la población, es dueño de 93 por ciento de la superficie cultivable. El arrojo, la popularidad y la trayectoria en favor de las causas campesinas e indígenas llevaron a Fernando Lugo, siendo obispo, a encabezar en marzo de 2006 las protestas contra el presidente Nicanor Duarte Frutos, quien pretendía ostentar al mismo tiempo la presidencia del Partido Colorado violando la Constitución. Las manifestaciones fueron multitudinarias, apoyadas por católicos contra las pretensiones de Duarte, por cierto no católico, sino cristiano menonita. Posteriormente, Lugo coordina la conformación de corrientes y fracciones políticas en la Alianza Patriótica para el Cambio, y posteriormente rinde protesta como candidato opositor: “Hoy 25 de diciembre de 2006 oficialmente tomo la decisión de ponerme al servicio del pueblo paraguayo a través de la política”, renunciando así a su investidura clerical.

Lugo solicita a Roma su reducción a estado laical, al tiempo que recibe fuertes presiones eclesiásticas para desistir como candidato al extremo que el nuncio apostólico lo amenazó en un documento público: de continuar con sus aspiraciones políticas le serían impuestas penas canónicas. Efectivamente, el Vaticano rechazó la solicitud de Lugo y en febrero respondió con una suspensión a divinis, interrupción de sus funciones como sacerdote, fundamentando que: “La candidatura política de un obispo sería motivo de confusión y de división entre los fieles, una ofensa al laicado y una ‘clericalización’ de la misión específica de los laicos y de la misma vida política” (Decreto de suspensión a divinis, jueves 1/02/07, Zenit).

El triunfo arrollador de Lugo colocó al Vaticado en un dilema político y diplomático: ¿cómo reconocer a un presidente, electo popularmente, que ha sido sancionado severamente por los tribunales eclesiásticos?; especialmente cuando la ley canónica no prevé la salida de un obispo, presentándose  una situación nueva e inédita. La respuesta fue simple: por mandato directo del papa Benedicto XVI el Vaticano le concede el 30 de julio de 2008, la “pérdida del estado clerical”, con la consiguiente dispensa de “los votos religiosos hechos en el Verbo Divino, de la obligación del celibato y de las demás obligaciones que el estado clerical comporta”.

Para muchos analistas, Lugo no sólo superó la férrea defensa del autoritarismo colorado ni la oposición de Estados Unidos, sino también venció la rigidez; otros destacan el oportunismo de Roma que se desdice de su primera sanción en aras de conservar preminencias en dicho país. Lugo goza de la simpatía general del clero, aunque oficialmente el episcopado paraguayo, a unos días de su investidura, ha tomado prudente distancia del nuevo gobierno.

Muy al estilo del presidente boliviano Evo Morales, Fernando toma posesión de la presidencia el pasado 15 de agosto en una ceremonia sencilla, vistiendo sin corbata y con sandalias.

Los meses que se avecinan serán particularmente difíciles; sería absurdo  afirmar que Lugo va a cambiar el perfil del país en su mandato y que llevará adelante cambios radicales que convulsionen los delicados equilibrios de poder y de intereses. La composición heterogénea de su gabinete, la comprometida situación en las cámaras legislativas y su falta de experiencia auguran una compleja transición. Tiene a su favor el apoyo de sus principales vecinos: Brasil, Argentina y Bolivia. Ya ha firmado convenios de cooperación con Venezuela. En su discurso inicial denota preocupación por la pobreza, los indígenas, la corrupción y el desarrollo agroindustrial. Tiene a su favor enorme aceptación ciudadana, que va más allá de alta popularidad, y goza de un liderazgo ético, pero no basta la ética para gobernar, requiere estrategia, recursos, acuerdos y el desahogo de políticas públicas eficaces.

En otros momentos, sacerdotes de la teología de la liberación llegaron al poder, derrocaron dictaduras como la de Somoza en Nicaragua y la de los Duvalier en Haití, pero se quedaron cortos frente a las necesidades materiales de la población y a las expectativas de justicia social que levantaron. Es enorme el reto de Fernando Lugo, así como los riesgos; podría ser un pastor de la transición y un actor clave de la democracia.

La Jornada

http://www.jornada.unam.mx/2008/08/20/index.php?section=opinion&article=022a1pol