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Ana Anabitarte: Solicitan 13 años de cárcel para mexicano preso en Sevilla

La Fiscalía de Sevilla ha solicitado una condena de trece años de cárcel para Alejandro Ordaz Moreno, el estudiante mexicano de 29 años acusado de intentar matar a dos policías que supuestamente le confundieron con un delincuente.

En concreto el fiscal pide cuatro años de cárcel por dos delitos de intento de asesinato, cuatro años más por atentado a la autoridad y un año más por tenencia ilícita de armas.

Y pide una indemnización de 16 mil euros para un policía y 15 mil para el otro por las lesiones que el joven les causó y los daños morales.

Unas lesiones que según el parte médico provocaron traumatismo craneoencefálico, esguince cervical y contusiones que tuvieron cinco días hospitalizada y 75 de baja laboral a la mujer policía, y la fractura de un dedo de la mano, distensión cervical y contusión mandibular, por las que estuvo 70 días de baja su compañero.

Fernando Retamar, abogado del joven mexicano, reconoció en entrevista con EL UNIVERSAL que la petición de 13 años, “no es muy elevada teniendo en cuenta que podían haber solicitado mucho más: hasta 30 años, puesto que la acusación es de intento de homicidio”.

Retamar explicó que Alejandro no intentó asesinar a los dos policías, que no les apuntó con el arma y que lo único que hizo fue “intentar defenderse, ya que pensó que estaba siendo víctima de un secuestro exprés, puesto que los policías iban vestidos de paisano, eran las tres de la madrugada y Alejandro había bebido mucho”.

El abogado aseguró que sólo acepta el delito de lesiones, ya que Alejandro sí se pegó con los dos policías “para defenderse”, según sus propias palabras.

Alejandro Ordaz, de 29 años, fue detenido a las tres de la madrugada del pasado 8 de marzo.

Dos policías nacionales que prestaban servicio vestidos de paisano recibieron un aviso para identificar a una persona de determinadas características físicas que estaba acosando a tres mujeres.

Cuando circulaban por una calle del barrio de la Macarena, en Sevilla, los dos agentes se encontraron a Alejandro, cuyas características físicas coincidían con el sospechoso, y le solicitaron que se identificase.

Alejandro pensó que le querían secuestrar y los golpeó. Finalmente y después de una brutal pelea entre los tres, fue detenido y desde entonces está preso en la cárcel de Sevilla.

Tras el escrito de la Fiscalía, ahora falta que la acusación particular: los dos policías, presenten sus escritos, luego la defensa presente el suyo y la Sala decida el comienzo del juicio, que probablemente será antes de Navidad.

Aunque existe la posibilidad de llegar a un pacto. Es decir, que no haya juicio, que la defensa admita los delitos, y que la fiscalía, la acusación particular (los dos policías) y la defensa acuerden condenar a Alejandro a un determinado número de años de prisión.

Y si la pena es menor de seis años, según la legislación española al ser Alejandro mexicano, es decir, perteneciente a un país no miembro de la Unión Europea, se podría conmutar por la expulsión de España y no tendría que seguir en la cárcel.

Sería enviado automáticamente a México.

La otra opción sería ir a juicio “y jugárnosla toda a luchar porque sólo le condenen por un delito de lesiones, que la pena sería de tres años, pero que como no tiene antecedentes penales unido a la buena conducta se podrían ver reducidos”, según Retamar.

Independientemente de cualquiera de las dos opciones, lo que parece claro es que el acusado se arrepiente de todo lo que hizo aquella noche.

Prueba de ello es que ya ha mandado una carta a los dos policías, a través de la Sala, en la que les pide perdón por lo ocurrido, les explica que él es un buen estudiante que se encuentra en Sevilla becado por el CONACYT para realizar un doctorado en energías renovables, que jamás ha sido acusado de nada y que sólo una confusión le llevó a agredirles.

Esa carta unida al pago de la indemnización a los dos policías que Alejandro podría decidir llevar a cabo, sería un atenuante de reparación de daño a la hora de que el juez dicte sentencia.

http://www.eluniversal.com.mx/notas/551177.html

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Esteban Garaiz: Dos lagunas

“Mal comienza la semana para el que ahorcan en lunes”, reza un viejo proverbio castellano. Mal comienza el IFE el proceso electoral federal 2008-2009 removiendo con un palo el avispero del 2006 con una enorme torpeza política y una muy discutible visión jurídica, yendo más allá de sus atribuciones legales, después de las severas omisiones por su culpable tibieza hace dos años, y poniendo en tela de juicio, de arranque, su imparcialidad.

El senador panista Ricardo García Cervantes ha declarado que el IFE se está “extralimitando”. El Consejo General tiene facultades para sancionar a los partidos políticos, y sólo a los partidos, cuando sus dirigencias violan la ley electoral. No para sancionar a los legisladores y mucho menos cuando se trata de acciones en el seno de las cámaras del propio Congreso, que tienen claramente establecidas sus propias normas. Además, son dos las fracciones parlamentarias que tomaron las tribunas y sólo una sancionada por ello; es jurídicamente falso que a Vicente Fox se le impidió entregar su informe de ley.

Por lo que toca a los plantones de electores frustrados por todo el montón de irregularidades cometidas por tantos actores expresamente prohibidos por el Código Electoral, durante las precampañas y campañas de 2006, parece verdaderamente un terrible despropósito sancionar a un partido por lo que numerosos ciudadanos irritados hicieron en lo individual en el ejercicio legal y pacífico de un derecho constitucional, expresamente establecido en el artículo 6º, como es el derecho de manifestación. En todo caso, fue un acto postelectoral, que en nada afectó el resultado de la elección. Además de que, socialmente, resultó un eficaz desfogue para mantener la paz social, en una irritación colectiva que podría haberse desbordado.

Se podrá alegar que hubo afectaciones a terceros en vía pública y es válida la observación, como en cualquier manifestación. Lenta se ve la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para reglamentar el ejercicio de este derecho constitucional, que, como todas las garantías individuales debe tener y tiene sus acotaciones, básicamente derivadas de los derechos de los demás. Importante será que las autoridades —en este caso las del DF— reglamenten sobre el derecho de manifestación en la vía pública y establezcan mecanismos prácticos para conciliar los derechos de todas las partes. No estará de más recordar que los automóviles no tienen garantías individuales.

El Estado de derecho se violó sistemáticamente durante todo el proceso electoral de 2006, en las precampañas y en las campañas, y el Consejo General del IFE dejó hacer y dejó pasar. Hubo incluso consejeras que —leyendo tarjetas nerviosamente en el pleno— defendieron abiertas violaciones de dirigentes de corporaciones ajenas al proceso, a nombre de la libertad de expresión.

Que fueron violaciones a la ley, y que sesgaron la equidad de las campañas, lo dejó claramente establecido el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pero siguen impunes las personas físicas que las cometieron. Al Consejo General, según entiendo, no le correspondía, ni le corresponde, sancionar a terceros que interfieran ilegalmente en las campañas y en el proceso electoral. Pero sí se puede y sí se pudo, hacer oír su voz autorizada. No vimos durante todo el proceso ni una sola condena colegiada y formal en el seno de las sesiones públicas del consejo, acerca de estos actos claramente violatorios de la ley electoral y de los principios rectores de la función electoral. Y ésa sí era claramente una atribución del Consejo General y, en consecuencia, una obligación ética y política de cada consejero. Fueron abiertamente omisos. Podían haber hecho oír su voz alta y no lo hicieron.

También tenían la responsabilidad, y siguen teniéndola, de presentar las denuncias correspondientes ante la Fepade. Peor todavía que hayan quedado impunes sin que el Consejo General suba la voz ante las descaradas intromisiones de extranjeros, en violación del artículo 33° constitucional. No era aceptable la explicación del Instituto Nacional de Migración de que el extranjero Antonio Solá estaba contratado por una empresa privada a su vez contratada por un partido político: en todo caso justificaría su situación migratoria, no su anticonstitucional interferencia en los asuntos políticos del país, razón suficiente para su expulsión.

El Ejecutivo federal, responsable de la aplicación del artículo 33°, castigó al extranjero Antonio Solá concediéndole la nacionalidad mexicana a los 20 días del nuevo periodo presidencial. Ahora ese mexicano representa a Felipe Calderón en Madrid. Por lo que toca al ciudadano José Luis Barraza, recibe un homenaje al concluir su presidencia en el Consejo Coordinador Empresarial, al que acuden obsequiosos el entonces presidente del Consejo General, Luis Carlos Ugalde, y Calderón. Para redondear la sanción por el delito electoral en abierta violación del código, todo el mundo pudo leer las turbias condiciones en que le fue asignada la venta de Aeroméxico.

Arranca un nuevo proceso electoral. La reforma constitucional que prohibió comprar espacios en la radio y en la televisión para propaganda electoral es, sin duda, un enorme paso que, lejos de limitar la libertad de expresión, contribuye de manera definitiva a la equidad. Quedan dos peligrosas lagunas: una es el ya mencionado artículo 33° sin reglamentar. La otra es el poroso sistema de sustituciones en la integración de las mesas directivas de casilla, que tantas suspicacias provocó en 2006. Habrá que volver sobre estos temas.

http://www.milenio.com/node/91684

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J. Enrique Olivera Arce: ¿Unidad para qué?

Desde lo más profundo de la descomposición del sistema económico y político de la Nación, se llama a la unidad de todos los mexicanos para hacerle frente a la escalada de violencia en que incurre el crimen organizado. Retóricamente suena bien y efectivamente, sólo con la unidad se puede ir al rescate y reconstrucción de un tejido social en crisis en el que todos estamos involucrados. Sin embargo, no son pocos los que desgarrándose las vestiduras claman por ello llevando agua a su molino. Para estos, unidad, es la consigna de moda y el especular sin sustento alguno sobre los responsables de la condenable agresión a inermes ciudadanos en Morelia, es la tarea. Pareciendo discordante y fuera de lugar el que mediáticamente desde el PRI surja la pregunta: ¿Unidad para qué?

Interrogante contra corriente que resulta por demás lógica, cuando al mismo tiempo el Secretario de Gobernación afirma que no habrá cambios en la estrategia del gobierno federal en el combate a la delincuencia organizada., sin mediar una evaluación autocrítica y creíble sobre los resultados hasta ahora obtenidos en la sacudida al avispero. Y mucho menos sobre la situación que hoy guarda el Estado-Nación, caldo de cultivo para la trasgresión impune del estado de derecho.

Después del niño ahogado, todos a una a tapar el pozo. (¿Quiénes?) ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Con qué? Nadie lo sabe a ciencia cierta, pues para empezar, una guerra no se inicia dando palos de ciego, sin tener claros propósito, objetivos, estrategia, y medios para alcanzar la victoria. Naturalmente, también y en primer término, identificar al enemigo, conocer de sus propósitos últimos, calificando a su vez su capacidad real y potencial para saber a que y a quienes se pretende enfrentar.

Se nos dice de un poderío financiero del enemigo, muy superior a las disponibilidades del gobierno; se habla de sus nexos con aliados externos desparramados por todo el orbe, y se afirma todos los días, que se le va venciendo en la medida del alto número de capos de rostro patibulario que las fuerzas del orden atrapan o eliminan y que, en esa misma medida, son substituidos por otros de igual o sin duda ya, peor catadura. El cuento de nunca acabar. Pero nunca, hasta ahora, se ha tenido la atingencia de informar a la ciudadanía que el ejército de capos y sicarios que operan en el terreno, está al servicio de poderosas empresas criminales y altos ejecutivos que desde lujosas oficinas, con sofisticada tecnología planean y conducen impunemente sus ilícitas operaciones, lo mismo en México que en otras latitudes.

Nada parece indicar que contra estas altas esferas de la delincuencia organizada, personajes de cuello blanco y finas maneras, se privilegie la estrategia de la guerra emprendida. Nada se nos dice al respecto ni se observan avances en tal sentido. La cabeza principal de la hidra sigue siendo un misterio no resuelto. No se conoce al enemigo más allá de los daños que hoy lamentamos.

Por los resultados y daños colaterales, para el común de los ciudadanos queda la impresión de que no se ha tomado para nada en cuenta lo anterior. El enemigo, al que ya se califica “traidor a la patria”, es un fantasma que está en todos lados y al mismo tiempo no está en ningún lugar. Lo mismo podría ubicársele en el bando de los malos que en el de los que se dicen ser los buenos. La corrupción y la impunidad que domina en México, impide establecer distingo alguno para diferenciar a los unos de los otros.

La sabiduría popular enseña que “según el sapo es la pedrada”. Y está visto que no se alcanzará la victoria oponiendo violencia a la violencia en el terreno, si no se combate al corazón del enemigo en su madriguera, oponiendo inteligencia superior a la que hoy por hoy parece dominar en las altas esferas de la industria del crimen, como bien lo saben los señores de las fuerzas armadas que conocen de la manufactura del paño.

Así que unidad ¿para qué? ¿En torno a qué? ¿A los gobernantes en turno? ¿A un sistema de procuración de justicia cuestionado? ¿O a una inexistente política con visión de Estado que sin atentar contra los derechos humanos y clima de libertad cuya construcción ha costado mucha sangre al pueblo de México, haga de la racionalidad, buen juicio, honestidad, y un profundo amor a la patria su estandarte? La unidad a secas, en abstracto, al costo social y político que sea, únicamente conduce al pensamiento único; al fascismo dictatorial que el enemigo real pretende imponernos.

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Pedro Echeverría: Presupuesto público anual al gusto de los dueños del capital

1. Para definir o caracterizar a un gobierno importa poco o nada (a pesar del acendrado presidencialismo mexicano que viene desde los años treinta) que el presidente de la República sea alto o bajo, guapo o feo, homosexual o muy macho; basta con saber de dónde vienen los dineros que hacen posible el presupuesto público y en qué ramas se distribuyen para ser usado.


¿Quiénes aportan el mayor porcentaje con el que se integra el presupuesto anual? ¿Viene esencialmente de productos de capital, es decir de los negocios empresariales o de los productos del trabajo, es decir, de lo que debería corresponder a los trabajadores? Una vez integrado, ¿cómo se distribuye, en dónde y en qué se gasta? Se piensa y se cree que quien más gana y más riqueza posee debe pagar más y quien gana poco o nada debe recibir mayores apoyos. Pues no, es al contrario.

2. Cuando empieza a planearse el presupuesto público de antemano se descarta una reforma fiscal que signifique que los que más ganan y más tienen paguen más porque los gobiernos del PRI, sobre todo los del PAN, son gobiernos al servicio de los empresarios, de los grandes inversionistas mexicanos y extranjeros. ¿Qué argumento usa el gobierno para justificar que los poderosos dueños del capital paguen poco, nada o les devuelvan lo que pagaron? Pues simplemente que hay crearles las mejores condiciones para garantizarles ganancias y así evitar que se vayan a invertir en otro país. Por ese motivo les permiten pagar salarios miserables a los obreros y evitan que se creen sindicatos que los enojen. El mejor ejemplo son las grandes empresas maquiladoras que instalaron en México desde los ochenta como verdaderos centros de esclavitud.
3. En tanto que en la mayoría de los países los millonarios que ganan más y tienen más dinero y propiedades están obligados a pagar del 20 al 50 por ciento de sus ganancias en contribuciones para el presupuesto público a fin de que éste sirva para la creación de escuelas, profesores, hospitales, médicos, comunicaciones y transportes, viviendas baratas, etcétera, en México los inversionistas apenas pagan del 10 al 13 por ciento cuando pagan, pues un porcentaje muy alto de esos grandes ricos se pasan la vida haciendo trampas con “eficientes” contadores que los ayudan a demostrar que no obtienen ganancias. Se acaba de denunciar el descubrimiento de una pérdida de 50 mil millones de dólares en beneficio de empresas mexicanas que han ocultado sus ganancias. Casos que se repite en México de manera ordinaria y permanente.
4. Mientras tanto, de manera paralela, a miles de millones de trabajadores con bajos y miserables salarios se les obliga a contribuir con su trabajo, así como mediante pagos directos e indirectos de impuestos a un presupuesto público que al distribuirse apenas les tocan migajas bajo la mesa del gran banquete empresarial. A los trabajadores se les obliga a pagar el mayor porcentaje para el presupuesto público y a cambio de ello reciben servicios públicos muy deficientes, tales como hospitales con carencia de camas, enfermeras, médicos, medicinas, instrumental quirúrgico o escuelas carentes de edificios, profesores, espacios y demás condiciones para una buena educación. ¿No es acaso el presupuesto una forma más de burlase de los trabajadores queriéndoles ver la cara de tontos, mientras los ricos pagando poco reciben todos los beneficios?
5. Es risible y, hasta repugnante, ver (como en el mercado) cómo los partidos y sus legisladores piden y regatean algunos miles de pesos para un ramo quitándoselo a otro como si con esas medidas mejoraran las cosas. En vez de que las izquierdas con concentraciones masivas obliguen al gobierno y a los legisladores a destinar al gasto social, a los campesinos, a la salud, a la educación, etcétera los más grandes porcentajes, como si estuvieran en el mercado gritando “quién da más” buscan esconder la necesidad de una profunda reforma fiscal progresiva donde los inversionistas tengan la obligación de pagar de acuerdo a sus millonarias ganancias y no se dediquen a hacer Teletones, Juguetones y demás actividades asistenciales que sólo buscan evitar el pago de impuestos.
6. Si los inversionistas, los grandes multimillonarios, pagaran los impuestos que les corresponden (como en otros países) tendríamos el doble del presupuesto público. Habría dinero para todo. Pero los gobiernos priístas y panistas, al actuar como representantes empresariales, han querido imponer impuestos a todos para ayudar al enriquecimiento mayor de unas cuantas familias que cuando más entregan el 10 por ciento. ¿Con qué argumentos se evitan gravar artículos suntuarios como los caros automóviles, los aviones, los lujosos viajes turísticos o las joyas por ejemplo? Simplemente porque son fuentes de empleo y suelen pagar impuestos. Siempre contará la poderosa burguesía saqueadora de las riquezas del país con los argumentos necesarios para justificar sus privilegios y con los legisladores del PAN y el PRI para defenderlos.
7. Por eso el presidente ilegítimo Felipe Calderón propuso ayer a la Cámara de Diputados un incremento al presupuesto de seguridad y justicia de 39 por ciento en términos nominales con respecto al del año pasado. Argumentó que este problema representa el “principal desafío” para el país. Al entregar ascensos a 2 mil uniformados y reconocimientos a elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP) en las instalaciones de la corporación, pugnó por la aprobación de esta propuesta e insistió en su llamado a los gobiernos estatales y municipales a que trabajen con la Federación para acabar con el cáncer de la delincuencia. En lugar de destinar la mayor cantidad del presupuesto para resolver problemas directos y urgentes de la población la política calderonista se encamina a militarizar más al país.
8. Luego de la firma del Acuerdo de Seguridad, el Ejecutivo presentó un balance de las acciones realizadas desde la firma del citado documento y señaló que las fuerzas federales han detenido a 35 secuestradores y tres bandas, y liberado a 338 personas plagiadas en esta administración. Pero no dijo cuantos policías y militares han muerto ni tampoco habló de los asesinatos sufridos por personas inocentes. Como este ejemplo de desvío presupuestal se han dado mucho más, sobre todo aplicando el subejercicio presupuestal en rubros como salud y educación a pesar de las grandes necesidades de presupuesto que se registra en esos sectores. La discusión y la aprobación del presupuesto público son un nuevo engaño y manipuleo al pueblo. Se espera que el FAP movilice a la población y no caiga en las prácticas de mercadeo.
* Argenpress

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Pedro Miguel: Revocación

Hace unas semanas la opinión pública internacional recibió información sobre el concepto de punto de no retorno. El avión de Spanair que se estrelló en Barajas, se nos dijo, estaba en V1, una combinación de situación en tierra y velocidad en la que ya no queda suficiente pista para frenar y que hace obligatorio ir al aire porque, sean cuales sean las condiciones del aparato, resulta menos arriesgado intentar un aterrizaje de emergencia que permanecer en la superficie. O sea que la ventana de oportunidad para abortar un despegue es más bien estrecha. Va del momento en que el avión comienza a acelerar hasta aquel en que llega a V1. La expresión “estás a tiempo de arrepentirte” se aplica a muchas otras circunstancias de la vida, por más que, en varias de ellas, lo irrevocable de la decisión sea relativo. No es lo mismo jalar el gatillo y transitar de la condición de asesino en potencia a la de asesino consumado, o treparse a un cohete en dirección a la Luna, que firmar un contrato de arrendamiento o dar el “sí” matrimonial ante un juez o un cura. Si los procesos físicos y biológicos son implacables, los contratos sociales son reversibles, así se trate de una constitución, y aunque a los faraones les guste pensar que sus reinados son eternos, y por mucha que sea la zozobra ante la posibilidad de que tu cónyuge te mande al diablo.

Los regímenes posfranquistas “atados, y bien atados”, o bien los fallos judiciales inapelables, son formulaciones ególatras que persisten sólo en la medida en que las sociedades las acaten. Ya llegará, en España, el momento en que la gente se decida a tirar a la basura a una casa real corrupta y zángana. Tal vez los mexicanos logremos ejercer sobre nuestros legisladores la presión requerida para que emprendan un juicio político contra los magistrados de la Suprema Corte que exoneraron al góber precioso, y cuya permanencia en los cargos es un insulto a la legalidad y un agravio a la decencia.

Antaño, cuando los monarcas veían amenazada su permanencia en el poder, decían que ésta respondía a un designio divino. Si no les quedaba más recurso, apelaban a su condición de soberanos (detentadores de una autoridad suprema e independiente y no superada en cualquier orden inmaterial) para hacer lo que les viniera en gana. Heredada por el pueblo una vez que rodaron las cabezas reales, la soberanía le otorga la facultad, entre otras, de designar, por medio de elecciones, a quienes habrán de gobernar en su nombre. Los jefes de las actuales democracias formales invocan ese principio cada vez que hacen –como los reyes– lo que les da la gana o lo que les dictan sus intereses particulares.

“La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno”, reza el artículo 39 de nuestra Carta Magna. Pero nadie dijo que la soberanía, la real o la popular, fuera una fuente de decisiones irremediables. “No olvide el fraile que si una ordenanza real fundó la Inquisición, otra ordenanza puede ahogarla”, advirtió Isabel de Castilla a Torquemada un día que la arrogancia sádica del inquisidor la tenía hasta la madre (Crónica de los reyes católicos). Si supusiéramos por un momento que la elección presidencial de 2006 en México fue un proceso impoluto y legal; que se llevó a cabo no “haiga sido como haiga sido”, sino como debió ser; que en él la mayoría de los ciudadanos votó por Felipe Calderón y si éste encarnase, en consecuencia, la soberanía popular, en cualquier momento el pueblo tendría derecho, en virtud de su misma soberanía, a concluir que se equivocó. Mayor razón existe para crear un mecanismo institucional de enmienda cuando la representación es ejercida a consecuencia de un proceso comicial al menos dudoso y cuando un tercio de la ciudadanía la llama espuria e ilegítima.

El mismo miedo que impidió al grupo en el poder recontar los votos en 2006 se expresa ahora en la histeria linchadora desatada contra la idea de establecer un mecanismo legal para revocar mandatos por medio del referendo. El grumo político-económico-mediático que controla al país se llena la boca con encuestas de popularidad, pero se aterra ante la posibilidad de que el pueblo ejerza, para ratificar o rectificar, su soberanía. ¿Es subversiva y desestabilizadora la evocación del divorcio? ¿Hemos alcanzado el punto V1 de la política? ¿No tenemos más remedio que iniciar un despegue riesgoso o estrellarnos en tierra?

Y conste que nadie ha hablado de tomar el Palacio de Invierno.

* La Jornada

* http://www.jornada.unam.mx/2008/09/09/index.php?section=opinion&article=015a1pol

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Luis Javier Garrido: La Sentencia

El país vive uno de los peores momentos de su historia por las políticas antinacionales y antipopulares del gobierno entreguista de Felipe Calderón.

1. La sentencia de 45 años en contra de Ignacio del Valle, dirigente del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), de San Salvador Atenco –detenido desde hace dos años en el penal de alta seguridad del Altiplano–, pronunciada por el juez penal primero de Texcoco, Alberto Cervantes, el 21 de agosto, que se suma a la sentencia previa de 67 años y seis meses dictada por el mismo juez (lo que le acumula un total de 112 años de prisión), así como la sentencia de 31 años y 10 meses a otros 11 dirigentes del FPDT, todas ellas por los hechos del 4 y 5 de mayo de 2006 en Atenco, constituyen una aberración jurídica que avegüenza lo mismo al Poder Judicial federal que al pueblo de México.

2. ¿A quién puede extrañarle tras esta decisión que los policías culpables de innumerables delitos, incluyendo el de violación, durante su actuación en los operativos de esos días, permanezcan impunes? ¿O que algunos de los luchadores sociales detenidos, como el joven Héctor Galindo, permanezcan incomunicados en celdas de confinamiento, con la complicidad de los visitadores de la CNDH?

3. El “modelo político” neoliberal le ha asignado al Poder Judicial el papel de legitimar las decisiones políticas por muy aberrantes que éstas sean, y esto ha determinado que en el México de “la alternancia” no existan tribunales autónomos y que durante los años del panismo oscuros ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o magistrados y jueces “de consigna” estén ya convalidando decisiones de un poder político que actúa como mandatario de intereses privados, incluso extranjeros, y el caso de Atenco resulta por ello significativo.

4. Las sentencias en contra de los dirigentes del frente parecen ser no sólo una advertencia a los luchadores sociales que se oponen en los países sometidos por los mecanismos de “la globalización” –como es el caso de México– a los grandes intereses trasnacionales, sino que buscan sentar al mismo tiempo un precedente metajurídico para el futuro inmediato, de ahí su carácter monstruoso, pues rebasan cualquier fallo judicial en contra de opositores políticos del periodo del porfiriato o de los peores años del priísmo, como el sexenio diazordacista.

5. La aberración es absoluta asimismo si se considera la naturaleza de las acusaciones en contra de dirigentes campesinos que no cometieron delito alguno y a quienes se les responsabiliza por secuestro y ataques a las vías generales de comunicación. El instrumento utilizado desde los años 40 hasta el diazordacismo fue el delito de disolución social establecido en el artículo 145 del Código Penal, que fue suprimido como consecuencia de un debate abierto por el movimiento estudiantil y popular de 1968 (único punto, por cierto, del pliego petitorio de entonces que aceptó Díaz Ordaz), pero ahora se recurre a cualquier tipo de acusación, incluso de delitos del orden común, insostenible desde la lógica jurídica.

6. La paradoja resulta en consecuencia muy clara: un gobierno ilegítimo, cuyos principales integrantes son verdaderos presuntos delincuentes de Estado, empezando por Felipe Calderón, a quien se ha señalado en los últimos meses no sólo por peculado y tráfico de influencias como por innumerables delitos electorales, que le permitieron usurpar el cargo, y ahora nada menos que por haber cometido el delito de traición a la patria al pretender entregar a compañías extranjeras la industria petrolera nacional –que es de carácter estratégico para el país–, y sobre cuyo jefe de gabinete, el ciudadano español Juan Camilo Mouriño, se han presentado innumerables pruebas de presunta delincuencia organizada, se atreve a acusar de incontables delitos a algunos de los más dignos luchadores sociales de México.

7. Las sentencias no son únicamente “absurdas y abusivas”, como las calificó en agosto la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos, al evidenciar la desastrosa situación que hay en México en la materia, agravada por el hecho de no existir un Poder Judicial autónomo. Muestran sobre todo la impunidad del poder político, que quiere vengarse de luchadores sociales que al defender sus tierras frenaron el proyecto trasnacional multimillonario de construcción de un aeropuerto internacional, y que pretende por este acto despótico amedrentar al pueblo ciudadano.

8. Estos fallos judiciales muestran la colusión PAN-PRI en las grandes decisiones de Estado y su objetivo de imponerle al país un modelo económico –y político– transexenal, y por lo mismo son corresponsabilidad, como lo fueron los operativos del 4 y 5 de mayo de 2006, de Calderón y del gobernador priísta mexiquense Enrique Peña Nieto, y no van dirigidos por lo mismo nada más contra una organización social –el FPDT– o contra todo el movimiento social organizado, sino que constituyen una sentencia contra el pueblo de México.

9. Echarlas abajo y lograr la inmediata e incondicional libertad de Ignacio del Valle y de sus compañeros del frente es, por lo mismo, una responsabilidad de todos, más allá de ideologías y de capillas, si no se quiere que las estructuras fascistoides del actual poder político asfixien en poco tiempo todos los espacios de libertad por los que pugna el pueblo de México.

10. El mes patrio de 2008, marcado por la lucha de resistencia en defensa del petróleo, debe ser también de la defensa de los derechos individuales de los mexicanos si no se quiere que el actual gobierno avance en su pretensión de criminalizar a los movimientos sociales.

* La Jornada

* http://www.jornada.unam.mx/2008/09/05/index.php?section=opinion&article=024a1pol

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J. Enrique Olivera Arce: Inseguridad. Dejar pasar, dejar hacer, es la constante.

El fenómeno de violencia desbordada y deshumanización que ocupa nuestra atención hoy día, no es algo que surge por generación espontánea ni resultado de circunstancias coyunturales propias de un estado de cosas de un  país que habiendo perdido el rumbo, tardíamente busca y no encuentra acomodo en la globalidad. Lo que hoy preocupa y tiene desconcertada a la sociedad mexicana viene de atrás; resultante de un proceso histórico de acumulación de frustración y descomposición social, en el que el dejar hacer, dejar pasar, es la constante.  Hoy simplemente, conflictos históricamente no resueltos, hacen crisis saliéndose de cauce.

El fenómeno de la violencia no es nuevo en el país. Se remonta a la época colonial, con antecedentes en las sociedades prehispánicas y hoy día se expresa con mayor fuerza no en el ámbito de la seguridad pública como mediáticamente se construye una falsa percepción del fenómeno. El mayor grado de violencia se expresa, entre otras cosas, en la explotación y marginación de los pueblos indígenas, en el trabajo inhumano en las minas, en el trabajo infantil, en el congelamiento a lo largo de varias décadas de los salarios de los trabajadores, en el abandono del campo, en la relación asimétrica de genero,  en la exclusión de los jóvenes de una vida digna y con esperanza, y en la expoliación de que es objeto el pueblo de México por parte de trasnacionales extranjeras, que controlan los principales renglones de la economía. La pobreza extrema, la desigualdad y la exclusión, son dialécticamente causa y efecto en el proceso de acumulación de frustración y descomposición de la sociedad mexicana.

La corrupción, la impunidad, la opacidad y el afán desmedido de acumulación de riqueza de una minoría rampante y el privilegio de la especulación por sobre la generación del valor real de la producción, impulsan y retroalimentan dicho proceso, pero de ninguna manera pueden considerarse causa última; en tanto que a su vez estas conductas antisociales son consecuencia estructural de raíces profundas en un México que no termina de construirse, que persiste siempre en arribar tardíamente a los eventos que jalonan el desarrollo de una humanidad en constante evolución. De un país que históricamente no ha encontrado rumbo y que persiste por marchar por camino equivocado entre conflictos no resueltos.

Pretender erradicar el mal de raíz, combatiendo los efectos sin atender las causas, es tanto o más criminal que aquello que se dice combatir. El número de niños que fallecen antes de cumplir cinco años, por hambre o por enfermedad, no se destaca ni en los discursos ni en las marchas de una clase media confundida y manipulada. Como tampoco figura en el mensaje mediático el número de indígenas víctimas del abandono o la represión, ni el número de trabajadores que mueren cotidianamente a consecuencia enfermedades propias de condiciones laborales inhumanas. Mucho menos es objeto de atención y preocupación el número cada vez mayor de mexicanos en condiciones de pobreza extrema, como eufemísticamente se califica a la miseria.

Así, la inseguridad pública, a la luz de la percepción mediática que se nos impone, en primera y última instancia, termina por ser simple pretexto para gobernantes y empresarios que con ello reproducen e incrementan corrupción e impunidad. Más vehículos, más armas, más equipo, más instalaciones, más publicidad, cierran el círculo de la demanda y la oferta de estos bienes materiales. Los mismos de siempre suman riqueza, en tanto avanza el proceso de acumulación de frustración y descomposición social,  en un país que bien merece mejor destino.

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