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Ana Anabitarte: Solicitan 13 años de cárcel para mexicano preso en Sevilla

La Fiscalía de Sevilla ha solicitado una condena de trece años de cárcel para Alejandro Ordaz Moreno, el estudiante mexicano de 29 años acusado de intentar matar a dos policías que supuestamente le confundieron con un delincuente.

En concreto el fiscal pide cuatro años de cárcel por dos delitos de intento de asesinato, cuatro años más por atentado a la autoridad y un año más por tenencia ilícita de armas.

Y pide una indemnización de 16 mil euros para un policía y 15 mil para el otro por las lesiones que el joven les causó y los daños morales.

Unas lesiones que según el parte médico provocaron traumatismo craneoencefálico, esguince cervical y contusiones que tuvieron cinco días hospitalizada y 75 de baja laboral a la mujer policía, y la fractura de un dedo de la mano, distensión cervical y contusión mandibular, por las que estuvo 70 días de baja su compañero.

Fernando Retamar, abogado del joven mexicano, reconoció en entrevista con EL UNIVERSAL que la petición de 13 años, “no es muy elevada teniendo en cuenta que podían haber solicitado mucho más: hasta 30 años, puesto que la acusación es de intento de homicidio”.

Retamar explicó que Alejandro no intentó asesinar a los dos policías, que no les apuntó con el arma y que lo único que hizo fue “intentar defenderse, ya que pensó que estaba siendo víctima de un secuestro exprés, puesto que los policías iban vestidos de paisano, eran las tres de la madrugada y Alejandro había bebido mucho”.

El abogado aseguró que sólo acepta el delito de lesiones, ya que Alejandro sí se pegó con los dos policías “para defenderse”, según sus propias palabras.

Alejandro Ordaz, de 29 años, fue detenido a las tres de la madrugada del pasado 8 de marzo.

Dos policías nacionales que prestaban servicio vestidos de paisano recibieron un aviso para identificar a una persona de determinadas características físicas que estaba acosando a tres mujeres.

Cuando circulaban por una calle del barrio de la Macarena, en Sevilla, los dos agentes se encontraron a Alejandro, cuyas características físicas coincidían con el sospechoso, y le solicitaron que se identificase.

Alejandro pensó que le querían secuestrar y los golpeó. Finalmente y después de una brutal pelea entre los tres, fue detenido y desde entonces está preso en la cárcel de Sevilla.

Tras el escrito de la Fiscalía, ahora falta que la acusación particular: los dos policías, presenten sus escritos, luego la defensa presente el suyo y la Sala decida el comienzo del juicio, que probablemente será antes de Navidad.

Aunque existe la posibilidad de llegar a un pacto. Es decir, que no haya juicio, que la defensa admita los delitos, y que la fiscalía, la acusación particular (los dos policías) y la defensa acuerden condenar a Alejandro a un determinado número de años de prisión.

Y si la pena es menor de seis años, según la legislación española al ser Alejandro mexicano, es decir, perteneciente a un país no miembro de la Unión Europea, se podría conmutar por la expulsión de España y no tendría que seguir en la cárcel.

Sería enviado automáticamente a México.

La otra opción sería ir a juicio “y jugárnosla toda a luchar porque sólo le condenen por un delito de lesiones, que la pena sería de tres años, pero que como no tiene antecedentes penales unido a la buena conducta se podrían ver reducidos”, según Retamar.

Independientemente de cualquiera de las dos opciones, lo que parece claro es que el acusado se arrepiente de todo lo que hizo aquella noche.

Prueba de ello es que ya ha mandado una carta a los dos policías, a través de la Sala, en la que les pide perdón por lo ocurrido, les explica que él es un buen estudiante que se encuentra en Sevilla becado por el CONACYT para realizar un doctorado en energías renovables, que jamás ha sido acusado de nada y que sólo una confusión le llevó a agredirles.

Esa carta unida al pago de la indemnización a los dos policías que Alejandro podría decidir llevar a cabo, sería un atenuante de reparación de daño a la hora de que el juez dicte sentencia.

http://www.eluniversal.com.mx/notas/551177.html

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Isaura Bustos: Buscan acuerdo con elementos españoles implicados en el caso de Alejandro Ordaz

Alejandro Ordaz Moreno, el joven salmantino recluido desde hace más de siete meses en una prisión de Sevilla, España, ahora busca hablar con los policías a los que supuestamente agredió, pretende llegar a un acuerdo “y ya cuando se llegue el juicio llegar a una cosa más tranquila y ya que queden indemnizados”, informó el padre del estudiante.

Alejandro con su familia.

En tanto, Ordaz Moreno, se encuentra a la espera que sea fijada la fecha para la realización de su juicio, “todavía no hay ni siquiera una fecha tentativa”, lamentó Esteban Ordaz Granados, padre de Alejandro.Entrevistado vía telefónica, informó que en últimas fechas le fue negada la libertad bajo fianza para que enfrentara el proceso desde fuera, esto dijo, debido a que el anterior abogado, Francisco Fernández Garoña, no aportó las pruebas necesarias para su defensa.

Recordó que desde el 21 de julio, Fernando Retamar es el abogado de Alejandro y por ello, pidió la instrucción para que se incorporaran las pruebas a su favor, sin embargo, ésta también fue negada.

Ordaz Granados señaló que, va a meter otra apelación, “ahorita se está platicando con el abogado, lo que requerimos es que se nos acepten las pruebas y hablar con los policías para llegar a un acuerdo, estas gentes están muy cerrados, no se prestan al diálogo, el mismo abogado de los policías está cerrándolos para seguir presionando y pidan más dinero para su indemnización”.

El padre del estudiante dijo “nos tenemos que adherir a lo que ellos pidan, es un país muy ajeno a las leyes de nosotros”, enfatizó.

Explicó que hay un proceso llamado instrucción y en éste se incorporan todas las pruebas, “el abogado que estuvo antes no metió nada, nada más estaba mintiendo, decía que sí había metido pruebas, que ya iba a ser el juicio, él mismo pidió que se retrasara el sumario y cuando pasa el juzgado ya no recibe pruebas” lamentó.

Detalló que por lo pronto se sigue insistiendo para que Alejandro obtenga la libertad bajo fianza y enfrente el proceso fuera del reclusorio y así pueda continuar con sus estudios.

Incluso dijo, Alejandro fue cambiado en el penal, fue separado de la población general para trasladarlo a un ‘módulo de respeto’ donde “está gente centrada y que no tiene nada qué ver con la delincuencia, le he metido libros y él sigue sobre su estudio para que cuando consiga su libertad continúe estudiando, ahí adentro sigue trabajando”, concluyó.

INTERVIENE EL GOBIERNO MEXICANO

En tanto, la madre de Alejandro, Isabel Moreno Martínez expresó en que ya son siete meses los que su hijo se encuentra recluido en Sevilla, España, y ahora, “nada más estamos a la espera de una buena noticia”.

Añadió que ahora la embajada mexicana si está involucrada, “por ella se le cambió de módulo, lo fueron a ver a prisión… ya está habiendo mucha intervención del gobierno para ver cómo se pueden mover, el abogado está metiendo todas las pruebas que mi esposo le pide… el abogado es muy bueno, pero aquella gente es muy lenta para moverse”, finalizó.

El pasado 8 de marzo, Alejandro Ordaz Moreno tuvo un enfrentamiento con la Policía de Sevilla. Fue detenido y consignado ante las autoridades judiciales.

El 10 de marzo, el Juzgado de Instrucción número uno de Sevilla le decretó prisión provisional comunicada y sin fianza, la cual puede alargarse hasta dos años.

En respuesta al recurso de apelación presentado por la defensa, la sala dispuso el 14 de abril mantener la orden de prisión preventiva. El próximo paso será solicitar la libertad bajo fianza del detenido, quien permanece en el Centro de Penitenciaría de Sevilla.

http://www.correo-gto.com.mx/notas.asp?id=89127

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Dilbertina: Recordando el porqué Our Words in Resistance es mi lugar

Hoy al saber el aniversario de Our Words in Resistance, me vino a la mente como empecé a visitar este sitio, hogar para los que hemos querido manifestar nuestros No. Y bien, les quiero comentar que el principal motor es y ha sido siempre hablar por Alejandro Ordaz Moreno.

Durante todo el mes de agosto no hemos tenido noticias de él, no hemos escrito de él, muchas personas como yo, llegaron a este lugar buscando información sobre Alejandro, por suerte el verano en España ha terminado, cuando menos las vacaciones de verano, esperemos que pronto se celebre su juicio y el resultado sea favorable para él y su familia.

Todos los días, al abrir este aparato que me mantiene conectada con ustedes, lo primero que hago es buscar la palabra Alejandro Ordaz Moreno, busco las noticias más actuales, entro a su página. No hay nada desde julio. Hoy que celebramos el primer aniversario de este maravilloso espacio encontré este artículo, es solamente, para leer y comprender un poco el lugar donde se encuentra Alejandro, esperando que el Gobierno y la Secretaría de Relaciones Exteriores comprendan la situación de él. Y no veamos una apelación por falta de ayuda del Consulado.

Gracias a todo el equipo de Our Words in Resistance por darme voz para expresar mi sentir sobre el caso de Alejandro.

Crimen y castigo

FREDERIC SÁNCHEZ

Llevo un tiempo visitando presos en centros penitenciarios españoles, como lo hacía en Francia años atrás, y creo que la situación se hace cada vez más difícil para las personas privadas de libertad, a lo que se suma el continuo aumento del número de presos y del tiempo de sus condenas. La deducción lógica que sigue a esta situación es la complicación de la labor de todos los actores que forman parte del mundo penitenciario, teniendo también consecuencias sobre los altos índices de reincidencia. Está lejos de mí la idea de una indulgencia melosa o de victimización ingenua hacia la persona reclusa. Se trata de un llamamiento al realismo, a la responsabilidad y madurez de toda una sociedad hacia unos ciudadanos aislados por un tiempo de ella.

Mientras oímos cada vez más voces, legítimas y justificadas en ciertos casos, pidiendo más protección y, por tanto, más castigo, se están apagando silenciosamente ideas del humanitarismo penal como la reinserción social, el tratamiento personal o el mínimo respeto a los derechos fundamentales de las personas momentáneamente entre rejas, olvidando que el mandato fundamental que debe presidir la fase de ejecución penal es la reinserción. Parece ser que inconsciente o conscientemente aceptamos la idea de que el preso, por ser preso, tiene que pasarlo mal, como si no fuera suficiente la privación de libertad.

Esta situación, que debiera presidir la normalidad penal, no se constata cuando observamos que el sistema pensado para la reintegración del individuo se ha convertido y corrompido de tal manera que se ha vuelto él mismo un generador de corrupción y exclusión, fomentando el efecto contrario al pretendido, que es la reeducación y reinserción del individuo. Un sistema donde el que tiene dinero sigue siendo muy favorecido, donde el fuerte domina al débil, donde el mercado de todo tipo de drogas es de lo más fructífero, donde se regatea el precio de mercancías supuestamente prohibidas como los móviles. ¿Qué sentido de derecho, justicia y respeto hacia el prójimo se va desarrollando en la cárcel?

Lo que descubrimos en realidad detrás de los muros de la prisión es la visión microscópica del funcionamiento de una sociedad, un espejo que revela a nuestras democracias su cuestionable desarrollo. Nuestra incapacidad de gestión de esta microsociedad nos da la medida de nuestro verdadero entendimiento de la naturaleza humana, nos interroga sobre la dignidad y la debilidad del hombre, sobre su sentido de la responsabilidad, sus capacidades para fingir, mentir y hacer recaer la responsabilidad en los demás.

Acaso pensamos que todos estos bumeranes lanzados detrás de los muros no volverán. Hablamos de personas de carne y hueso, con historias personales, únicas. Saldrán afectadas por su experiencia. Pienso en ese joven, para nada un delincuente, que entra por primera vez en prisión tras un error en su trayectoria y se ve sumergido en aguas turbias, sin más recurso que aprender a nadar en ellas, asimilando así los rudimentos de la delincuencia. No debemos olvidar el viejo dicho que nos aconseja jamás decir de ese agua no beberé. Desfilan por mi mente todos los que, llorando, me decían que nunca hubieran pensado caer tan bajo. No sólo es cuestión de educación; también de circunstancias de la vida.

Cuántas veces he oído a mi buen amigo Luis Chabaneix, abogado penalista, relatarme con mucha frustración sus luchas frente a una aplicación de la ley deshumanizada e impersonal, donde muy a menudo se trata de negociar la pena sin consideración de la persona. Vuelvo a visitar a Carlos en la cárcel, porque fue reintroducido entre rejas por no haber cumplido con una obligación -no arriesgada para nadie- y no respetar una regla de conducta.

También podría hablar del “doble castigo” del preso extranjero a la hora de reflexionar sobre la inmigración. Puedo mencionar ejemplos de denegación de derechos fundamentales reconocidos en la Ley Orgánica General Penitenciaria, como los permisos o la libertad condicional, por el sencillo hecho de que se trata de extranjeros, arguyendo el riesgo de fuga o la fecha de cumplimiento de pena lejana. A la hora de un consenso sobre la Constitución Europea, parece que los centros penitenciarios estén todavía fuera de esa preocupación. Evocar el caso de los africanos haría mucho más desolador el análisis, pues están aún más aislados jurídica y emocionalmente.

Esta penosa situación no es específica de España, sino que afecta a casi toda Europa, pero teniendo en cuenta el aumento de derechos promovidos por el Gobierno actual en beneficio de diversos colectivos, desearía que España fuese, también en este campo, el promotor de un verdadero cambio de las mentalidades. Ése es mi anhelo y ciertamente el de la mayoría de las personas circunstancialmente privadas de libertad.

La problemática carcelaria se inscribe dentro de una dimensión política, económica y social, pero también humana y espiritual, creo yo. “Todo el mundo quiere cambiar la humanidad, pero nadie piensa en cambiarse a sí mismo”, decía León Tolstói. La madurez de una sociedad se mide también por su capacidad para gestionar sus cárceles. Es tiempo de hacer frente al problema, no sólo castigando más y por más tiempo, sino reflexionando sobre el mandato reinsertador que preside la fase de ejecución penal y haciendo de ese mandato una preocupación auténtica.

Frederic Sánchez es capellán de prisiones francés.

http://www.elpais.com/articulo/opinion/Crimen/castigo/elpepuopi/20080905elpepiopi_5/Tes

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Chris Floyd: Italia lidera la revancha fascista en las democracias occidentales

Traducido del inglés para Rebelión por Germán Leyens

El primer artículo firmado que publiqué en un periódico tuvo que ver con el ascenso de partidos políticos en Italia que orgullosamente proclamaban su descendencia de los fascistas de Benito Mussolini. Fue hace casi 30 años, cuando los recuerdos de la era fascista en Italia y Alemania estaban todavía relativamente frescos: no había que ser muy viejo – apenas de mediana edad – para recordar haber crecido bajo esos regímenes o haber sido afectado por su sombra de una u otra manera. Y, desde luego, los regímenes en España y Portugal sólo habían terminado unos pocos años antes de que apareciera el artículo. De modo que el surgimiento de partidos importantes abiertamente neo-fascistas en Italia – la cuna del movimiento – fue un verdadero choque en esos días.

Ya no choca, claro está. Durante los últimos 14 años, la política italiana ha sido dominada por un bloque alineado con los fascistas, dirigido por un malafamado oligarca, Silvio Berlusconi. Una breve descripción del dudoso neo-Duce que escribí hace cinco años para Bergen Record – en ocasión de la visita de Berlusconi al rancho Crawford de su buen amigo, el malafamado oligarca George W. Bush – sigue valiendo hoy en día:

Berlusconi es el hombre más rico de Italia, un magnate de los medios que ahora controla un 90% de los medios audiovisuales de la nación y gran parte de los medios impresos – periódicos, revistas, y libros – así como al principal equipo deportivo de Italia, la mayor firma de servicios financieros y una vasta cartera de otros fondos financieros. Su primer período en el poder terminó en un revoltijo de procesos por corrupción; el segundo ha sido marcado por una torpe manipulación de los medios y un chocante uso de su mayoría parlamentaria para amañar leyes que lo eximen a él y a sus compinches de procesamientos actuales y de futuras investigaciones.

Gobierna Italia mediante una coalición derechista que incluye a un partido que se proclama “sucesor” de la siniestra facción del dictador fascista Benito Mussolini. Ha renegado rotundamente de sus anteriores promesas de desprenderse de sus propiedades en los medios, mientras conduce una implacable campaña orientada a debilitar la autoridad del sistema judicial de Italia, un baluarte del sistema democrático nacional en permanente turbulencia. Ha despedido a periodistas de la red estatal de televisión de Italia por criticar a su gobierno – un acto de libre expresión que Berlusconi calificó de “criminal.”

Berlusconi fue expulsado de su puesto en 2006, pero volvió al poder este año encabezando su coalición de línea más dura hasta la fecha. Y hogaño – en nuestro mundo post-11-S, cuando los gobiernos occidentales han adoptado como nunca antes la agresión, el autoritarismo y la adoración del poder brutal – no es necesario que los camisas negras de Berlusconi garrapiñen sus tendencias fascistas. Sin embargo, aunque hemos aprendido a esperar lo peor de nuestras democracias degeneradas (y pocas veces nos desilusionan), sigue siendo una especie de choque cuando se ve que Italia resucita una de las políticas más brutales del fascismo, la satanización oficial de todo un grupo étnico – de uno de los objetivos históricos más afectados: los gitanos. Seamus Milne informa en el Guardian:

En el corazón de Europa, la policía ha comenzado a tomar huellas digitales de niños por su raza – con apenas un murmullo de protesta de gobiernos europeos. La semana pasada, el nuevo gobierno derechista de Silvio Berlusconi anunció planes para realizar un registro nacional de todos los gitanos – gente roma y sinti – estimados en unos 150.000 – sean nacidos en Italia o inmigrantes. El ministro del Interior y luminaria central de la xenófoba Liga Norte, Roberto Maroni, insistió en que la toma de huellas digitales de todos los roma, incluyendo a niños, era necesaria para “impedir el pordioseo” y, si era necesaria, apartar a los niños de sus padres.

La campaña étnica de toma de huellas digitales forma parte de una medida de fuerza contra los tres millones y medio de inmigrantes de Italia, en su mayoría legales, realizada en una atmósfera de retórica cada vez más histérica sobre crimen y seguridad. Pero los vituperados roma, cuyas familias han estado, en algunos casos, en Italia desde la Edad Media, sufren la peor parte. El objetivo es clausurar 700 campos de okupas roma y obligar a sus habitantes a abandonar las ciudades o el país. Durante la misma semana en la que Maroni defendió sus planes de registro racial en el parlamento, la máxima corte de apelaciones de Italia dictaminó que era aceptable que se discriminara a los roma sobre la base de que “todos los gitanos son ladrones,” no debido a su “naturaleza gitana.”

Redadas oficiales y cierres forzados de campamentos de los roma han sido salpicados de ataques por grupos de energúmenos vigilantes. En mayo, rumores del secuestro de una bebé por una mujer gitana en Nápoles provocó una orgía de violencia racista contra campamentos de los roma por matones que enarbolaban barras de hierro, incendiaron caravanas y expulsaron a gitanos de sus chabolas en docenas de ataques, orquestados por la mafia local, la Camorra. ¿La reacción del gobierno de Berlusconi a los ataques incendiarios y la limpieza étnica? “Es lo que pasa cuando los gitanos roban bebés,” se desentendió Maroni; mientras su colega en el gabinete y líder de la Liga Norte, Umberto Bossi, declaraba: “La gente hace lo que la clase política no puede hacer.”

Hay que recordar que esto sucede en un Estado que bajo la dictadura fascista de Benito Mussolini jugó un rol obsecuente en el Holocausto, en el que se calcula que murió un millón de gitanos como seres “subhumanos” junto al genocidio nazi cometido contra los judíos. Las primeras expulsiones de gitanos por Mussolini ya tuvieron lugar en 1926. Ahora los herederos políticos del dictador, la pos-fascista Alianza Nacional, son miembros de la coalición de gobierno de Berlusconi. En caso de que alguien no se haya dado cuenta, cuando Gianni Alemanno, de la Alianza, fue elegido alcalde de Roma en abril, sus partidarios hicieron el saludo fascista gritando “Duce” (equivalente al “Führer” alemán) y Berlusconi se entusiasmó: “Somos la nueva Falange” (El partido fascista español del general Franco).

Como señala Milne, esta revancha fascista no ha provocado la menor protesta de los dirigentes del “mundo libre.” Por cierto, la semana pasada saludaron con los brazos abiertos el retorno de Berlusconi al círculo dorado de los supremos del G-8. Bush fue el más entusiasta de todos, saludando a su viejo amigo y socio en crímenes de guerra con gritos exaltados de “¡Amigo!” (Bueno, en todo caso es una palabra extranjera, no del todo italiana), para luego compadecerse por sus continuos procesamientos penales (de los que, una vez más, trata de librarse utilizando poderes estatales). “Leí que los tribunales lo están persiguiendo de nuevo,” dijo el violador de leyes estadounidense al sórdido mercader italiano. “Es increíble. Nunca he visto nada parecido. Lo persiguen constantemente.” (Sólo se puede esperar que implacables fiscales también “persigan constantemente” a Bush en los años por venir.)

II.

Pero Milne hace otra observación. El ascenso del neofascismo en Italia, y en otros sitios, tiene que ver con el colapso – o más bien la capitulación – de los partidos de centroizquierda ante las perniciosas doctrinas de la derecha. Por doquier, esos partidos – los demócratas en EE.UU., los laboristas en el Reino Unido, diversos socialdemócratas en toda Europa – se han convertido en deslucidas copias de partidos conservadores, adoptando políticas que han degradado la sociedad, destruido comunidades, reforzado la injusticia, recompensado la codicia, envenenado la tierra, apoyado el militarismo y la agresión, infligido vastos sufrimientos a naciones en desarrollo (a través de la camisa de fuerza de las “reformas de mercado,” es decir el bienestar de cómplices de las corporaciones), subvertido la democracia, disminuido la libertad y aniquilado la noción misma del bien común.

[Sin embargo, somos demasiado benévolos al calificar este proceso de “capitulación.” Como ha señalado muchas veces Arthur Silber, los demócratas – y el nuevo laborismo y otros cobardes partidos de centroizquierda – han apoyado la agenda derechista de la dominación elitista, del militarismo y del desdén por el bien común porque están de acuerdo con ella. Toda personalidad con puntos de vista auténticamente “progresistas” ha sido segregada y discriminada por la maquinaria del gran dinero que dirige a los partidos. Gente semejante constituye siempre una minoría entre las facciones egoístas que compiten por dominar los asuntos de una nación. Pero solía haber una minoría más sustancial de personas semejantes en la política de EE.UU., con suficiente influencia como para afectar a veces la política nacional e incluso lograr algunos éxitos. Pero esa variedad ha sido casi totalmente expurgada, como lo hemos visto en el último Congreso demócrata – el Congreso más criticado e impopular de la historia de EE.UU.]

Volviendo a Milne:

… el mismo fenómeno puede ser visto en diversos grados por toda Europa, donde están en marcha partidos racistas e islamófobos: por ejemplo el Partido del Pueblo Suizo de extrema derecha, que logró el martes recolectar suficientes firmas para imponer un referendo sobre la prohibición de minaretes en todo el país. En Gran Bretaña, como subrayó la cinta sobre la islamofobia de Peter Oborne en Channel 4, una mendaz campaña mediática y política ha alimentado la hostilidad y la violencia antimusulmana desde los atentados de 2005 en Londres – igual como la hostilidad contra los solicitantes de asilo fue provocada en los años noventa. La degeneración social y democrática a la que ha llegado Italia puede ocurrir en cualquier sitio en el clima existente.

Italia suministra otra lección para Gran Bretaña y el resto de Europa. La victoria electoral de Berlusconi en abril se basó en el colapso de la confianza en el gobierno de centroizquierda de Romano Prodi, que se aferró a un limitado programa neoliberal y fracasó miserablemente en el cumplimiento de sus promesas a sus propios electores. Mientras tanto, políticos de centroizquierda como Walter Veltroni, el ex alcalde de Roma, hicieron el juego a la agenda xenófoba de los partidos derechistas en lugar de enfrentarla – destruyendo campamentos gitanos y afirmando de modo absurdo el año pasado que un 75% de todos los crímenes eran cometidos por rumanos (confundidos a menudo con los roma en Italia).

Lo que realmente se requería, como en el caso de otros países que tienen inmigración en gran escala, era acción pública para suministrar viviendas y puestos de trabajo decentes, medidas enérgicas contra la explotación de trabajadores inmigrantes y apoyo al desarrollo de los vecinos de Europa. Ahora se ha perdido esa oportunidad, ya que Italia sufre un espasmo aciago y retrógrado. La persecución de los gitanos es una vergüenza para Italia – y una advertencia para todos nosotros.

En la actual campaña presidencial de EE.UU., podemos ver que esta dinámica de colaboración de centroizquierda con la derecha – que ha estado teniendo lugar durante casi un cuarto de siglo en ese país – se desarrolla de nuevo. La “oleada” de Barack Obama hacia la derecha – como lo muestra su voto a favor de la tiránica medida de la FISA [Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera] – es sólo otra repetición de este proceso. De la misma manera, su apoyo a la Guerra contra el Terror; es verdad, quiere hacerla de un modo “mas eficiente,” y tal vez agregar unos pocos objetivos más – en Pakistán, digamos – pero quiere realizarla. No oculta que quiere continuar ese proyecto militarista, que ya ha matado a cientos de miles de personas inocentes, llevado a la bancarrota el tesoro nacional, y ahora – con el aumento del precio del petróleo debido a la Guerra contra el Terror – estrangulado toda la economía nacional. Todo esto – especialmente el continuo embrutecimiento y vulgarización de la idiosincrasia nacional – es precisamente lo que se requiere para alimentar el neofascismo.

Y ya se está atiborrando en su patria ancestral. Haciendo redadas de niños gitanos, tomando sus huellas digitales, expulsándolos de sus casas, aplaudiendo pogromos – como dijera Faulkner: el pasado nunca se muere; ni siquiera es pasado.

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=71371

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Pierluigi Sullo: La Italia clandestina

De mañana se siente temor al abrir los periódicos. La última noticia es del viernes 4 de julio: la Liga del Norte, que forma parte de la mayoría de derecha en el gobierno, propondrá una enmienda al “decreto de seguridad” por el cual se dispone que serán favorecidos, para su ingreso al país, los migrantes que hablen italiano y sean cristianos. En otro, se ordena que sobre la apertura de mezquitas se organice un referéndum ciudadano. El coordinador de los senadores de la liga ha explicado que la intención es “limpiar al país de los delincuentes, de los nómadas que traen degradación y criminalidad”. En los hechos ya se puso en práctica, en varias de las grandes ciudades (Milán, Roma, Nápoles), la identificación de los niños gitanos. La idea es del ministro del Interior, que procede de la Liga del Norte. En el manual que la policía aplica hay un renglón que indica que debe especificarse a cuál “etnia” pertenece el sujeto al que le serán tomadas las huellas digitales. No ocurría tal cosa desde 1938, cuando el régimen fascista promulgó la ley “por la defensa de la raza”. Hoy el gobierno de Berlusconi ha instituido el “Comisariado Extraordinario sobre la Emergencia Gitana”. Los comisarios son designados por los prefectos, por lo que representan al Estado central en las principales áreas metropolitanas. Éste es el caso promovido en la escalada contra los niños gitanos: el prefecto de Roma, Carlo Mosca, que proviene de la carrera diplomática y es un convencido católico, se niega a aplicar la norma con los niños.

Los niños gitanos son el último eslabón de la cadena. El gobierno está preparando normas que tipifican como delito penal la permanencia irregular en el territorio. Con esa excitativa, restan por estudiar 700 mil demandas de regularización, número muy superior a “la cuota” de ingreso establecido por la ley en vigor (que lleva el nombre del jefe del partido de la Liga del Norte, Bossi, y aquel posfascista Fini): no se pueden deportar 700 mil o un millón de personas, porque de acuerdo con la estadísticas hay regulares y no, llamados comúnmente en los medios y por la policía “clandestinos”. Por otro lado, el meollo del sistema de bienestar ha creado el fenómeno de los “cuidadores”, o sea dueños (sobre todo más entre los hombres) de migrantes que se hacen responsables de los niños y ancianos en un país que involuciona muy velozmente: la familia beneficiada que puede permitirse este tipo de asistencia no comprende por qué Úrsula la polaca o Ada la peruana, que vive en casa de los viejos protectores, sean de repente calificadas de criminales prófugas (después de un año y medio de estancia) y sujetas a expulsión.

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ANA ANABITARTE: Alejandro Ordaz Moreno “Denuncia tortura y racismo”

MADRID.— Alejandro Ordaz dice que es inocente. Lo repite una y otra vez desde la sala de comunicaciones del Centro Penitenciario de Sevilla (sur de España), en la que concede una entrevista, la primera, a EL UNIVERSAL.

Reconoce que se siente fatal al estar en prisión, al despertar cada día encerrado en una celda; que le cuesta dormir, tiene pesadillas y que sueña que se escapa y que tiene miedo a ser declarado culpable.

También asegura que no es justo que por haberse peleado con unos policías pidan una condena para él de 36 años de cárcel. “Más que para un asesino o un violador, cuando yo no he hecho daño a la sociedad”, denuncia.

Se defiende con el argumento de que se enfrentó a ellos porque no sabía que eran policías y sintió “un arranque de pánico al pensar que me querían secuestrar”.

Le pide al presidente Felipe Calderón que se interese por su caso y que durante la visita que realiza a España exija a su homólogo, José Luis Rodríguez Zapatero, que se haga justicia.

El pasado 8 de marzo, la vida de Alejandro Ortiz, de 29 años, dio un vuelco. De ser un brillante estudiante mexicano residente en la ciudad andaluza becado por el Conacyt para realizar un doctorado en energías renovables, se convirtió en un preso más de la cárcel de Sevilla. De vivir en un cómodo departamento de la calle San Juan de la Salle en el barrio de la Macarena, con su compañero y amigo desde hace más de una década, el también estudiante mexicano José Alberto Vite, pasó a ocupar una pequeña celda del penal, junto a un hombre acusado de violencia doméstica. Y de tener un futuro profesional y personal —se casaba este mes de julio con su novia Rocío—, ahora se enfrenta a una posible condena de 36 años de cárcel.

Aquella noche, Alejandro había salido a tomar unos tragos con Vite. A las dos de la madrugada el joven, que “había bebido más de la cuenta”, como él mismo reconoce, salió solo del bar Amazonia, que se encuentra a pocos metros de su casa. Por el camino fue detenido por dos policías que iban vestidos de civiles, que al parecer le confundieron con un chico que esa noche estaba acosando a tres mujeres. Aunque le mostraron la placa, el joven pensó que lo iban a secuestrar y la emprendió a golpes. Ahora se enfrenta a dos delitos de tentativa de homicidio contra la autoridad, un delito de lesiones y otro de amenazas.

“Cada vez estoy peor aquí encerrado”, explica a través de un vidrio. “Estoy muy agobiado y sicológicamente me encuentro mal”, añade. “Yo no soy un delincuente, nunca he hecho daño a nadie. Para mí todo fue una pelea fruto de un malentendido. Yo nunca quise atacarlos y jamás les apunté con el arma ni les intenté disparar. Les pegué en defensa propia porque al ir vestidos de civil no pensé que eran policías”, se justifica. “Yo no sabía que en España había policía secreta”, añade.

De su vida en la cárcel asegura que está en un módulo tranquilo y que no ha tenido problemas con nadie, aunque cuenta que estar rodeado de asesinos, de violadores y de narcotraficantes “te hace vivir siempre en alerta, porque no sabes en qué momento pueden explotar”.

Cuando los internos salen al patio, Alejandro se suele sentar en una esquina con la computadora y aprovecha el tiempo para estudiar. Además, trabaja limpiando galerías y en la biblioteca.

Su padre, Esteban Ordaz, que ha dejado su trabajo de policía en Guanajuato para trasladarse a vivir a Sevilla, es quien lo visita cada domingo por la mañana. Aunque también acaban de estar con él su novia Rocío y su madre Isabel. “Yo no quería que vinieran aquí porque es muy duro entrar en una cárcel y ver todo esto”, relata. “Pero se empeñaron porque no estaban tranquilas después de saber los golpes que me habían dado cuando me detuvieron”, cuenta. “Al verlas yo me derrumbé. Ver a mi madre llorar me afectó mucho y no pude contener las lágrimas. Sentí muy feo de haberles causado tanto dolor”, añade.

Alejandro también lo pasa mal cuando sale a hacer “diligencias”: a testificar ante el juez. “En ese momento es cuando tengo contacto con la policía y me tratan peor que a los demás presos, creen que soy una amenaza porque saben que he pegado a dos de sus compañeros y yo los siento muy hostiles”, dice.

Ordaz también pasa miedo porque recuerda las torturas que dice que sufrió cuando fue detenido y mantenido incomunicado en los calabozos durante 48 horas. “En esos dos días entraron varios policías al calabozo y me pegaron con las pistolas, incluso me la metieron en la boca varias veces, me insultaron; el jefe me dijo: te vamos a regresar a tu país de indios, me mintieron y me aseguraron que los dos policías con los que me había peleado se habían muerto, y me amenazaron con tirarme al río”, denuncia.

http://www.eluniversal.com.mx/nacion/160114.html

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Stefano Rodota: Italia y los ’empresarios del miedo’

El Gobierno italiano se apresta a convertir en criminales a centenares de miles de personas que sólo buscan trabajo. Es disparatado, injusto, inconstitucional y antieuropeo

STEFANO RODOTÀ

El azar ha querido que el anuncio del paquete de seguridad del Gobierno de Berlusconi coincidiese con el debate en el Parlamento Europeo sobre los inmigrantes en Italia. La mayoría política italiana ha reaccionado contra esta coincidencia condenándola como una maniobra contra su Gobierno. Mala señal: revela que en Italia no somos conscientes de la gravedad de lo sucedido en el barrio napolitano de Ponticelli; la agresión racista que allí ha tenido lugar dice mucho sobre las responsabilidades de los numerosos empresarios del miedo que actúan hoy en este país. Y en vez de reflexionar sobre un caso que ha inquietado a toda Europa, nos refugiamos en la creación de un enemigo externo, después de haber encarnado el enemigo interno en el inmigrante clandestino en general y en la etnia gitana en particular. Y cabe recordar que los tratados de la UE incluyen el deber de controlar si los Estados miembros respetan los derechos fundamentales.

Una primera evaluación del paquete recién aprobado por el Gobierno de Berlusconi pone de relieve una decisión clara de ir hacia la creación de un auténtico “derecho penal-administrativo de la desigualdad“. Alcaldes y gobernadores adquieren unos poderes que inciden sobre la libertad personal y el derecho de residencia de las personas, y las garantías sufren un retroceso que plantea problemas de constitucionalidad y respeto a las directivas comunitarias. Pero además, el derecho de la desigualdad también puede manifestarse a través de las normas que prevén confiscar los inmuebles alquilados a extranjeros irregulares y regulan las transferencias de dinero al exterior. Quizás todo ello impulse la tendencia hacia una mayor degradación urbana, porque los irregulares se verán obligados a buscar refugios de emergencia. Y el control de las remesas de los irregulares podría dar lugar a formas odiosas de explotación por parte de los intermediarios.

El espíritu del paquete queda muy claro si nos detenemos en el nuevo delito de inmigración clandestina. De nada han servido las muestras de perplejidad de la mayoría, las advertencias del mundo católico (¿es que sólo hay que escucharlas cuando invitan a oponerse a las uniones de hecho y el testamento vital?) ni las observaciones de los especialistas. Se convierte en delito una simple condición personal, el hecho de ser extranjero, en contraste con lo que establece la Constitución en materia de igualdad. Y se contemplan agravantes para los delitos cometidos por extranjeros, con lo que se infringe la igualdad de trato en relación con la responsabilidad personal.

Es inquietante la total falta de atención a lo establecido por el Tribunal Constitucional italiano, en particular la sentencia número 22/2007, que advierte al legislador de que, “en un Estado democrático, no se puede utilizar el instrumento penal, y en especial la pena de cárcel, según su voluntad”. Después de anunciar una especie de secesión de la Unión Europea, ¿el Gobierno de Berlusconi se aparta de la legalidad constitucional? Debería saber que sus medidas pueden quedar anuladas por una declaración de inconstitucionalidad. En ese caso, no tendrían otro efecto que la publicidad conseguida ante los electores de derecha.

Ni tan siquiera está garantizada la eficacia de estas medidas. Un solo ejemplo: en Italia se han presentado 728.917 solicitudes de permiso de residencia (411.776 proceden de empleadas de hogar y cuidadores/as de niños y ancianos). Los puestos disponibles son 170.000. Por tanto, una vez agotados los procedimientos burocráticos, se quedarán fuera 558.917 personas. ¿Qué quieren hacer con ellas? ¿Qué sentido tiene, ante esta situación, hablar de delito?

El Gobierno habla de hacer una excepción con los cuidadores, pero la solución no reside en el ridículo procedimiento de la ley Bossi-Fini, que supedita la entrada en Italia a la oferta previa de trabajo. ¿Quién va a hacer venir a un cuidador para encargarle el cuidado de sus seres queridos sin haberle visto antes la cara? Y resulta inaceptable la solución picaresca de hacer que los inmigrantes vuelvan a su país de origen durante una semana y que después les llame quien les ha hecho la oferta de trabajo para que puedan entrar de manera legal. ¿Qué clase de país es el que enseña a burlar las leyes a los mismos inmigrantes de quienes se pretende que respeten la legalidad? ¿Y qué efecto tendría sobre nuestro sistema judicial y nuestras cárceles la introducción del delito de inmigración clandestina? Sobrecargar los tribunales con decenas de miles de nuevos juicios sería una insensatez, equivaldría a condenar a muerte un sistema penal ya en profunda crisis y haría todavía más complejas esas mismas expulsiones. Las cárceles, ya abarrotadas, reventarían, y los centros de estancia temporal se convertirían en campos de concentración. Y todo, para atrapar a unas personas culpables sólo de huir de un país a otro en busca de un modo de supervivencia.

Se ha olvidado que la inmigración aporta nuevas formas de seguridad. Como recuerda Luca Einaudi en su libro Le politiche dell’immigrazione in Italia dall’Unità ad oggi, los ejércitos de cuidadores han permitido pasar de un sistema de bienestar social a un sistema de bienestar privado, al extender la asistencia personal más allá de las clases privilegiadas. También ha habido seguridad para las empresas, que han dispuesto de una mano de obra inencontrable por otras vías. Y asimismo seguridad para el país, puesto que es precisamente la aportación de los inmigrantes al PIB la que permitió eludir el peligro de recesión entre 2003 y 2005 y la que ha contribuido a pagar las pensiones de toda la población.

Para abordar el tema de la inseguridad ciudadana, no basta recordar que las estadísticas sobre la evolución de los delitos muestran, al menos en algunos sectores, una disminución. La sensación de inseguridad no nace sólo de la extensión de los fenómenos criminales, sino de una demanda de protección contra un mundo que se considera hostil, contra presencias inesperadas en territorios habitados desde siempre por una comunidad cohesionada; en definitiva, contra los cambios culturales. ¿Qué hay que hacer?

Un alcalde no puede aparecer en televisión diciendo “No pido la pena de muerte, pero comprendo a quien la exige”. Lo que debe hacer es evocar la sombra de un gran lombardo, Cesare Beccaria -jurista del siglo XVIII, autor de De los delitos y de las penas-, y recordar que contribuyó a civilizar el mundo con sus posiciones contra la pena de muerte. Cuando un alcalde ve a sus conciudadanos incómodos en la plaza del pueblo, no manda quitar los bancos para evitar que vayan a sentarse en ellos los inmigrantes. Cuando la situación es incendiaria, no propone la creación de un “comisario para los gitanos”, con lo que se confirma la hostilidad hacia toda una etnia. Ésa es la diferencia entre desempeñar una función pública y convertirse en empresarios del miedo.

En el discurso de presentación del Gobierno, Berlusconi subrayó que “es preciso restablecer plenamente la seguridad de la vida cotidiana con normas de derecho que sirvan para reafirmar el imperio de la ley en todo el territorio del Estado”. Bien dicho. Es de esperar, por tanto, una estrategia de reconquista de las regiones perdidas, cedidas al control de la Camorra, la ‘Ndrangheta y la Mafia. Y esto no es cambiar de tema. Los terribles sucesos de Nápoles han puesto de manifiesto, precisamente, el protagonismo de la Camorra, único poder presente en la ciudad, empresario del miedo que ejerce la violencia para aumentar su propia legitimidad social.

El debate parlamentario debe pulir el paquete recién aprobado por el Gobierno y concentrarse en una mejor utilización de las normas existentes, el refuerzo de las capacidades de investigación y la adecuación de los recursos. Hace falta una mano muy dura contra las auténticas ilegalidades: contra quienes explotan el trabajo negro y contra los capataces abusivos, contra las redes de tráfico ilícito, mendicidad, prostitución. Espero que los sondeos sobre estos asuntos se lleven a cabo sin olvidar la larga reflexión sobre los plebiscitos como instrumentos de manipulación de la opinión pública. Un ejemplo clásico: la petición a los ciudadanos de que se pronuncien sobre la pena de muerte al día siguiente de una matanza. La democracia es frialdad, reflexión, filtro. Si pierde esa capacidad, se pierde a sí misma.

Stefano Rodotà, catedrático de Derecho Civil en la Universidad de Roma La Sapienza, y ex diputado en el Parlamento italiano. © La Repubblica 2008. Traducción de María Luisa Rodríguez Tapia

http://www.elpais.com/articulo/opinion/Italia/empresarios/miedo/elpepuopi/20080524elpepiopi_13/Tes Parlamento italiano. © La Repubblica 2008. Traducción de María Luisa Rodríguez Tapia

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