Bernardo Barranco V: Fernando Lugo, el pastor de la transición

Paraguay vive jornadas históricas; no sólo puso fin a un larguísimo predominio autoritario del Partido Colorado, sin violencia, por la vía electoral, sino que arriba al poder un clérigo católico: Fernando Lugo, quien ante el vacío de liderazgos políticos asumió la responsabilidad inédita de presentarse como candidato de oposición,  enfrentando el repudio de sus adversarios políticos y de sectores del propio clero.

Hasta hace dos años Lugo era obispo de San Pedro, la región más pobre del país, y se reconoce en la tradición de la teología de la liberación, en particular admite ser discípulo del legendario obispo indigenista de Riobamba, Ecuador, Leonidas Proaño, con quien trabajó más de cinco años. El pasado 15 de agosto tomó protesta en medio de inmensas expectativas y temores que representa una transición democrática y un nuevo gobierno heterogéneo con muchos actores sin experiencia pública.

Leonardo Boff, uno de los padres de la teología latinoamericana, sancionado por Roma, describe así al nuevo presidente paraguayo: “Es un hombre que sabe escuchar y abrazar lo que viene de abajo, fruto de la experiencia de muchas generaciones. Es un honor para la propia teología ofrecer un cuadro de esta densidad política y ética para servir a un pueblo que tanto ha sufrido históricamente y que merece un destino mejor, integrado en las nuevas democracias del continente” (“Paraguay bajo el signo de la liberación”, 15/8/08).

Paraguay es uno de los países con menor desarrollo en América del Sur, con apenas 6 millones de habitantes, un pequeño sector agroexportador, que suma 7 por ciento de la población, es dueño de 93 por ciento de la superficie cultivable. El arrojo, la popularidad y la trayectoria en favor de las causas campesinas e indígenas llevaron a Fernando Lugo, siendo obispo, a encabezar en marzo de 2006 las protestas contra el presidente Nicanor Duarte Frutos, quien pretendía ostentar al mismo tiempo la presidencia del Partido Colorado violando la Constitución. Las manifestaciones fueron multitudinarias, apoyadas por católicos contra las pretensiones de Duarte, por cierto no católico, sino cristiano menonita. Posteriormente, Lugo coordina la conformación de corrientes y fracciones políticas en la Alianza Patriótica para el Cambio, y posteriormente rinde protesta como candidato opositor: “Hoy 25 de diciembre de 2006 oficialmente tomo la decisión de ponerme al servicio del pueblo paraguayo a través de la política”, renunciando así a su investidura clerical.

Lugo solicita a Roma su reducción a estado laical, al tiempo que recibe fuertes presiones eclesiásticas para desistir como candidato al extremo que el nuncio apostólico lo amenazó en un documento público: de continuar con sus aspiraciones políticas le serían impuestas penas canónicas. Efectivamente, el Vaticano rechazó la solicitud de Lugo y en febrero respondió con una suspensión a divinis, interrupción de sus funciones como sacerdote, fundamentando que: “La candidatura política de un obispo sería motivo de confusión y de división entre los fieles, una ofensa al laicado y una ‘clericalización’ de la misión específica de los laicos y de la misma vida política” (Decreto de suspensión a divinis, jueves 1/02/07, Zenit).

El triunfo arrollador de Lugo colocó al Vaticado en un dilema político y diplomático: ¿cómo reconocer a un presidente, electo popularmente, que ha sido sancionado severamente por los tribunales eclesiásticos?; especialmente cuando la ley canónica no prevé la salida de un obispo, presentándose  una situación nueva e inédita. La respuesta fue simple: por mandato directo del papa Benedicto XVI el Vaticano le concede el 30 de julio de 2008, la “pérdida del estado clerical”, con la consiguiente dispensa de “los votos religiosos hechos en el Verbo Divino, de la obligación del celibato y de las demás obligaciones que el estado clerical comporta”.

Para muchos analistas, Lugo no sólo superó la férrea defensa del autoritarismo colorado ni la oposición de Estados Unidos, sino también venció la rigidez; otros destacan el oportunismo de Roma que se desdice de su primera sanción en aras de conservar preminencias en dicho país. Lugo goza de la simpatía general del clero, aunque oficialmente el episcopado paraguayo, a unos días de su investidura, ha tomado prudente distancia del nuevo gobierno.

Muy al estilo del presidente boliviano Evo Morales, Fernando toma posesión de la presidencia el pasado 15 de agosto en una ceremonia sencilla, vistiendo sin corbata y con sandalias.

Los meses que se avecinan serán particularmente difíciles; sería absurdo  afirmar que Lugo va a cambiar el perfil del país en su mandato y que llevará adelante cambios radicales que convulsionen los delicados equilibrios de poder y de intereses. La composición heterogénea de su gabinete, la comprometida situación en las cámaras legislativas y su falta de experiencia auguran una compleja transición. Tiene a su favor el apoyo de sus principales vecinos: Brasil, Argentina y Bolivia. Ya ha firmado convenios de cooperación con Venezuela. En su discurso inicial denota preocupación por la pobreza, los indígenas, la corrupción y el desarrollo agroindustrial. Tiene a su favor enorme aceptación ciudadana, que va más allá de alta popularidad, y goza de un liderazgo ético, pero no basta la ética para gobernar, requiere estrategia, recursos, acuerdos y el desahogo de políticas públicas eficaces.

En otros momentos, sacerdotes de la teología de la liberación llegaron al poder, derrocaron dictaduras como la de Somoza en Nicaragua y la de los Duvalier en Haití, pero se quedaron cortos frente a las necesidades materiales de la población y a las expectativas de justicia social que levantaron. Es enorme el reto de Fernando Lugo, así como los riesgos; podría ser un pastor de la transición y un actor clave de la democracia.

La Jornada

http://www.jornada.unam.mx/2008/08/20/index.php?section=opinion&article=022a1pol

Hecmilio Galván: Defender la soberanía alimentaría

En enero de este año, cables de prensa internacionales nos alertaban de una dramática situación. En los barrios pobres de Haití, la tierra arcillosa que cubre el centro del país (zona de Hincha) se ha convertido en una valiosa mercancía que se recolecta y se vende en los mercados. Es materia prima, increíblemente, para galletas comestibles que, con su sabor salobre y mineral, sacian el hambre de los habitantes empobrecidos de Haití.

Las noticias recientes que llegan desde Puerto Príncipe ahora, dan cuenta de una enorme crisis social, de movilizaciones y disturbios callejeros provocados por el aumento progresivo de los productos alimenticios que son cada vez más inalcanzables para los trabajadores haitianos.

Miles de personas se han lanzado a las calles para protestar contra el alza de precios, incendiando negocios y oficinas. Las protestas han llegado hasta el punto de que algunos manifestantes intentaron tomar por asalto el Palacio Presidencial, levantando barricadas y lanzando piedras contra la policía.

La tendencia alcista de los precios internacionales de las materias primas, sobretodo de los alimentos, se refleja automáticamente en Haití, sin que las autoridades puedan hacer mucho para evitarlo. La producción alimentaria local, diezmada por las importaciones, es incapaz, no sólo de responder positivamente ante el aumento de los precios internacionales, si no también de reducir el impacto negativo de la crisis mundial, garantizando alimentos a la población. Los precios de los alimentos suben y los ya alarmantes niveles de hambre y desnutrición tienden a crecer.

Pero, lo que sucede en Haití ahora, no es más que la consecuencia previsible de una crisis más antigua y latente, la que podemos definir como una crisis agroalimentaria. La crisis alimentaria haitiana, que amenaza con destruir mucho más la gobernabilidad de aquel país, es la consecuencia del empobrecimiento del país y de la destrucción de su aparato productivo agropecuario nacional.

La falta de soberanía alimentaría de la República de Haití, producto de las políticas de liberalización comercial acelerada, por un lado, y abandono del campo por otro, le impide al país caribeño enfrentar la escalada alcista de los precios de los alimentos en el mercado internacional, y tener un “colchón” alimentario para protegerse de la inestabilidad en los mercados internacionales y garantizar la alimentación de la población. Su alta dependencia agroalimentaria no le permite proteger a su población de los estragos del hambre. Esta fue una consecuencia previsible del modelo.

Y es qué las últimas tres décadas han sido decisivas para la desarticulación productiva de la economía haitiana actual y el aumento escalonado de la pobreza y las iniquidades sociales. La destrucción de la producción agropecuaria se vincula a una liberalización comercial acelerada e irresponsable, y a un abandono sistemático del sector en la política pública, ha ido sentando las bases para la eliminación de la cohesión social y política del país. La destrucción del campo haitiano, no sólo ha generado pérdida significativa en el empleo y en el producto, pobreza rural e impacto sobre el mercado cambiario y la balanza de pagos; si no que ha generado un enorme movimiento migratorio urbano-rural y hacia el exterior, con todas las consecuencias que este fenómeno conlleva, incluyendo un desarraigo y una pérdida de valores culturales.

Una aproximación general y rápida a la historia económica reciente de Haití permite sacar la conclusión de que ese país no logró una transición gradual que le permitiera una reestructuración económica desde la crisis del modelo sustitutivo de importaciones hasta el modelo neoliberal actual.

La liberalización económica emprendida en Haití en 1981, que incluyó la apertura de los puertos provinciales, y la reducción arancelaria (que pasan de 30 al 10% en los años 80’s), la eliminación de los impuestos a la exportación y licencias de importaciones, se inicia a instancias del Banco Mundial (BM) y la Agencia Desarrollo de los Estados Unidos USAID, quienes para esa época iniciaron una publicitada “estrategia de desarrollo conjunta” para Haití, basada en las cadenas de montaje y la exportación agrícola, que auguraba la conversión de la economía haitiana en el “Taiwán” del Caribe. La historia ha sido diametralmente diferente.

Este proceso de liberalización económica se afianza y continúa, con ciertos altibajos después de 1986 con la pérdida del poder de Duvalier. La segunda oleada neoliberal ocurre en Haití después del período del Golpe de Estado (1991-1994), cuando la política de liberalización comercial es reforzada en 1995 por la eliminación total y/o la fuerte reducción de los aranceles aduaneros a la importación. La estructura de los aranceles se simplificó para llegar a seis tipos: 0%, 3%, 5%, 10%, 15% y 57.8%. El arancel promedio en Haití pasa en 20 años, entre 1982 y 2002, de 27.7% en 1982, a 2.9% en 2002.

La liberalización generalizada del comercio en Haití se afianzó y desarrolló en el marco de un “Programa de ajuste estructural” de los que el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI) impusieron a los países subdesarrollados a raíz de la Crisis de la Deuda de principios de los 80´s y como una “condicionalidad” para el financiamiento. Estos condicionamientos convirtieron al régimen comercial haitiano en uno de los más abiertos de los países menos adelantados -PMA-.

La misma Organización Mundial del Comercio OMC, en sus tradicionales exámenes de políticas, ha criticado el modelo de liberalización comercial desarrollado en Haití a instancias del Banco Mundial y el FMI. Según la OMC “dada su gran dependencia de los gravámenes aplicados a las mercancías importadas, el país se enfrenta a riesgos crecientes de inestabilidad social, debidos, sin duda, a una liberalización del comercio demasiado intensa. En un contexto de dificultades internacionales, la fragilidad de sus estructuras socioeconómicas es cada vez mayor”. (OMC, 2003).

* Argenpress
* http://www.argenpress.info/nota.asp?num=055059&Parte=0