J. Enrique Olivera Arce: Es la honestidad, estúpido

Por si no fuera suficiente el que a los mexicanos nos tengan nadando de a muertito en un mar de porquería, un nuevo escándalo inserto en el marco de una interminable guerra sucia entre grupos de poder político y económico, agita la mierda elevando el nivel de las olas y acelerando el proceso de descomposición de la sociedad mexicana. Todo en un escenario mundial de desastre y uno nacional en el que el vacío de poder, combinado con ausencia de rumbo y pérdida de la brújula, de un inepto titular del poder ejecutivo federal, tiene al país al garete y ofertándose al mejor postor.

Si alguna virtud podemos señalarle a la democracia norteamericana, es la de la honestidad de algunos funcionarios del más alto nivel que, como Judd Gregg, ahora ex secretario de comercio, quien siguiendo los pasos de Bill Richardson prefirió renunciar al cargo antes que comprometerse con las políticas públicas diseñadas por Barack Obama para paliar la crisis de la economía real. Virtud que contrasta con el cinismo de un secretario de Estado en México que, sorprendido in fraganti como mentiroso y desleal, se niega a renunciar tras haber aceptado su desliz al haber acusado, sin pruebas legalmente aceptables, al ex presidente Carlos Salinas de Gortari de haberse robado la mitad de la “partida secreta” asignada a la presidencia de la República.

Sin duda Luís Téllez, secretario de comunicaciones y transportes, con su afirmación grabada y difundida, no descubrió el hilo negro. Para el pueblo de México existe la convicción de que Salinas de Gortari saqueó al país, a más de reducir al Estado a su mínima expresión, atendiendo a la receta del llamado “Consenso de Washington. Sin embargo, por su cargo actual y el de primer nivel desempeñado al lado del ex presidente Ernesto Zedillo, la sola sospecha de su deslealtad y el hecho comprobado y por el aceptado de que el contenido de la grabación difundida es verídico, bastaría para que de inmediato presentara su renuncia. En igual forma, Felipe Calderón estaría obligado a cesarlo sin mayor contemplación. Lo cual no ha tenido lugar.

Obligado estaría también Acción Nacional para descalificarle, en tanto ya es público que el alto funcionario afirmó que “extrañaba al PRI”, su partido de origen. Lo cual tampoco se ha dado, antes al contrario, desde la cúpula panista se le exculpa y se le protege, en tanto la grabación de marras no constituye prueba legal ante un tribunal.

Pero de que podemos sorprendernos en un país de leyes en el que los mayormente obligados a cumplirlas y hacerlas cumplir, se las pasan por lo más pando, contando para ello con la protección y complicidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Un escándalo más que quedará impune y sujeto al olvido de un pueblo que parece no tener memoria. Cabría preguntarse: ¿se tiene razón el desgarre de vestiduras cuando desde el norte funcionarios de primer nivel afirman que México es un Estado fallido?

¿Cuánto tiempo aguantaremos nadando de a muertito entre las agitadas olas de la mierda? Sociedad masoquista al fin, esperaremos que sea el tiempo el que ofrezca la respuesta.

Alfredo Méndez: Ampara la Corte a un trabajador contra práctica de tienda de raya en Wal-Mart

La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) amparó el pasado miércoles a un empleado de la cadena comercial Wal-Mart, en el estado de Chihuahua, quien decidió cuestionar el llamado Plan de Previsión Social que había firmado voluntariamente con la empresa.

Dicho convenio establece que el trabajador adquiere vales de despensa con descuento a su salario, mismos que sólo puede canjear por mercancías y servicios de venta en establecimientos de Wal-Mart.

“Este plan es similar a la práctica que se llevaba a cabo en las antiguas tiendas de raya en que los trabajadores también recibían el pago de su salario mediante vales de despensa para ser canjeados en dichas tiendas propiedad del patrón, con la diferencia de que los productos los adquirían a un precio alto”, indicó ayer la Corte en un comunicado.

El concepto de vales de despensa que utiliza Wal-Mart para sus empleados es muy parecido a la estrategia implementada durante el siglo XIX por las llamadas “tiendas de raya”. En ese tipo de comercios, los hacendados y empresarios de aquella época pagaban a sus trabajadores mediante vales que sólo eran canjeables en tiendas del mismo patrón, el cual después vendía sus mercancías a precios elevados, a fin de recuperar la inversión destinada a los salarios.

Contraviene el artículo 123

Raúl Avila Andujo fue el empleado de Wal-Mart que impugnó el convenio y solicitó el amparo. Si otros trabajadores también están inconformes con el plan de vales de esa compañía, deberán tramitar su demanda de amparo y esperar varios meses a que su caso concluya.

“Un contrato de trabajo que obligue directa o indirectamente a los empleados a adquirir artículos de consumo en tiendas o lugares determinados contraviene los principios fundamentales consignados en el artículo 123 constitucional, por lo que debe declararse nulo de pleno derecho”, indicó el comunicado.

Según el boletín, “la segunda sala de la Corte declaró la nulidad del convenio reclamado mediante el cual el trabajador manifestó su conformidad en adherirse al Plan de Previsión Social relativo al otorgamiento de vales de despensa para ser canjeados por mercancía y servicios en los establecimientos propiedad del patrón.

“En la resolución se consideró, además, que del análisis comparativo entre la práctica de las antiguas tiendas de raya abolidas por la Constitución de 1917, y el objeto del convenio adicional al contrato de plan de previsión social establecido por el patrón en el caso concreto, al que se adhiere el trabajador en forma voluntaria para adquirir vales de despensa que serán canjeados en establecimientos propiedad de aquél, se desprende que ambas figuras son semejantes, ya que el costo de los respectivos descuentos no son absorbidos por el patrón, sino por el trabajador”, puntualizó la Corte.

Arguye crisis para la explotación, denuncia líder sindical en EU

Cientos de empresas, como la cadena Wal-Mart, explotan a sus trabajadores, en especial los hispanos, con el argumento de la crisis económica que atraviesa Estados Unidos, denunció el jueves en Chicago, Estados Unidos, el dirigente sindicalista Moisés Zavala. Zavala, vicepresidente de United Food and Commercial Workers International Union (UFCW), sección 881.

Expuso que compañías como Wal-Mart obligan a sus empleados a checar su salida y regresar a trabajar tiempo extra sin paga.

“Se está volviendo costumbre entre los empleadores forzar al trabajador para que contribuya con su tiempo gratis, a fin de que la empresa se recupere y en el futuro pueda pagarle tiempo extra”, dijo el sindicalista.

Entrevistado en el marco de la Semana Laboral que organiza el Consulado Mexicano, dijo que esa afectación laboral ha motivado a un mayor número de trabajadores a buscar protección sindical. “Hay más interés de sindicalizarse porque el argumento de la crisis económica ayuda a los empleadores a no pagar ni el sueldo mínimo y quitarle a los trabajadores cualquier beneficio”, agregó.

Al mismo tiempo, destacó que las empresas mantienen una campaña antisindical que atemoriza a los trabajadores y en muchos casos los hace desistir de su propósito.

“Pero en las actuales condiciones, que se están agravando para el trabajador en materia de salud y vivienda, ejercer este derecho le ofrece la posibilidad de negociar mejores sueldos y condiciones laborales, así como el respeto del empleador”, apuntó.

En tanto, Leticia Márques Prado, coordinadora regional de United Electrical Radio and Machine Workers of America (UE), comentó que esta organización inicialmente trabaja de manera clandestina con los trabajadores para organizarlos. “Debido al miedo que existe de ser despedidos si sus empleadores se enteran que quieren sindicalizarse, empezamos con un grupo de plena confianza y cuando se tiene una mayoría se hace pública su organización”, explicó.

La Jornada

* http://www.jornada.unam.mx/2008/09/05/index.php?section=economia&article=029n1eco

Jenaro Villamil: Los tiempos de las televisoras

Pocas empresas en México como Televisa y TV Azteca pueden presumir una capacidad de influencia tan eficaz en el Congreso. Los meses de mayo y junio este poder se exhibió con toda su crudeza. No deja de ser paradójico que en el periodo extraordinario que aprobó el fin del ritual presidencialista del “Día del Informe” y eliminó el “veto de bolsillo” que ejerce el titular del Ejecutivo sobre las iniciativas aprobadas en las cámaras legislativas, el Senado de la República haya instaurado el veto televisivo y aceptara la guillotina política contra Santiago Creel, que pasó a ser excoordinador de la bancada del PAN.

El cese de Creel fue la antesala para frenar una ley que afectaba los intereses del binomio televisivo (la iniciativa de Ricardo García Cervantes, 20 de junio 2008), pero también mandó a la “congeladora” una Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión que debería sustituir a la Ley Televisa e incorporar los criterios de la Suprema Corte de Justicia, emitidos hace exactamente un año (junio 2007) en materia de autonomía del organismo regulador, disponibilidad del espectro y límites a la concentración mediática.

Las televisoras aplicaron la teoría del efecto dominó: se cae Creel, vetan una ley vinculada a la agenda de la reforma electoral y, de paso, evitan que sus efectos puedan operar en los comicios federales de 2009 (el 28 de octubre de este año inicia formalmente el proceso electoral). Al mismo tiempo, presionan a la Suprema Corte de Justicia para que resuelva amparos de intelectuales y televisoras en contra de la reforma electoral.

¿En dónde radica la clave del veto de la telecracia? ¿Se trata sólo de rating y de la adicción a la pantalla que tiene la clase política mexicana de estos tiempos? ¿Serán Emilio Azcárraga Jean y Ricardo Salinas Pliego más astutos que sus predecesores en la relación medios-poder? ¿Su éxito en los salones de cabildeo legislativo se traduce también en un control de la opinión pública?

Para responder a estas preguntas tan abiertas, propongo hacer una revisión de los tres que ejes que describen los alcances y límites del poder televisivo:

1. El negocio del tiempo: Las televisoras no sólo hacen negocio de un bien público escaso –el espectro radioeléctrico–, sino de un insumo político muy valioso: el tiempo. En esencia, el negocio del rating no consiste en medir el puntaje de audiencia de un programa, sino en vender el tiempo de mayor audiencia masiva y “exportarlo” a otras áreas de la industria.

El acceso a la pantalla es venta de tiempo y espacio (ahí está Enrique Peña Nieto y sus ilegales contratos con Televisa a través de TV Promo para comprar tiempo en espacios informativos). Los contenidos a favor o en contra se miden en tiempo de pantalla, al igual que la popularidad, el carisma o el “posicionamiento de marca” o branding.

A diferencia de los políticos, las televisoras no tienen prisa. Televisa y TV Azteca tienen ventaja porque funcionan, de facto, como propietarias del tiempo en pantalla y saben explotar al máximo la prisa de los políticos. Aplican y reproducen una nueva regla no escrita del sistema mexicano: el rating sustituyó a las clientelas y al “dedazo” presidencial; y el marketing a los partidos y a la carrera política.

En septiembre de 2007, los políticos mexicanos tenían prisa por aprobar la reforma constitucional en materia electoral: Calderón, para no deberles más favores a quienes le han cobrado altos intereses por su presidencia deficitaria en legitimidad; el PAN, PRI y PRD, para saldar la vergüenza de aprobar la Ley Televisa en siete minutos en la Cámara de Diputados (5 diciembre 2005); y sus dirigencias y figuras políticas, para que estos cambios se hicieran antes de la agenda de los comicios federales de 2009 y antes de la reforma energética.

La habilidad de las televisoras consistió en esperar que ambos procesos se empataran para presionar mejor (elecciones y reforma energética). Dilataron a través de amparos la operatividad de los cambios constitucionales y apretaron en el momento clave: cuando Calderón y un sector del PRI están urgidos de sacar una “reforma mínima” a Pemex antes de la consulta capitalina del 27 de julio y antes del 1 de septiembre. Y le pusieron un precio a la prisa de Calderón: la cabeza de Santiago Creel a cambio de tiempo en pantalla para difundir a los defensores de la reforma calderonista a Pemex. Lo mismo les vendieron a Beatriz Paredes, a Manlio Fabio Beltrones y a Enrique Peña Nieto, entre otros priistas, con aspiraciones presidenciales.

Ahora tienen a su favor los tiempos: dominando al Congreso, posponen la configuración de los órganos reguladores del sector (Cofetel, SCT), aun cuando la Suprema Corte haya definido el 24 de junio que dos comisionados de Cofetel deben salir (Eduardo Ruiz Vega y Gerardo González Abarca). De la SCT ya obtuvieron lo que querían: el 12 de junio se les entregó el refrendo a 134 concesiones de radio y se ratificó el pacto con las televisoras.

2). La pretensión de uniformidad: Se ha insistido que el problema más grave en la estructura de los medios electrónicos en México es el fenómeno de la concentración. No hay duda que el sector está monopolizado. Televisa acapara con sus tres cadenas nacionales 66% de las 465 concesiones, tiene 52% de las audiencias y concentra 70% de la publicidad en pantalla comercial. TV Azteca tiene 28 por ciento de las concesiones, 21% de la audiencia y 25% de la publicidad (2007). Entre ambas acaparan 90% de las audiencias en televisión.

Este problema estructural se agrava a raíz de la crisis política posterior a los comicios del 2006. A cambio de darle tiempo en pantalla y dotarlo de visibilidad, el gobierno de Calderón presionó para lograr la uniformidad de los contenidos, sobre todo, en materia informativa.

Junto con las televisoras, los 5 grandes grupos radiofónicos dominantes (ACIR, Radiorama, Grupo Radio Centro, Grupo Radio Fórmula e Imagen) han aceptado este pacto con Los Pinos. A cambio, 80% del presupuesto en gasto de comunicación social que ejercerá en 2008 la administración federal se destinará a estas empresas. El monto es de 4 mil 890 millones de pesos, más de 1 mil 300 millones que el año anterior (Proceso 1651). También se pagaron con el refrendo de 134 concesiones de radio (12 de junio Monterrey).

Televisa ha obtenido otro logro: dilatar el tiempo para que Telmex se incorpore a la competencia por el triple play.

La uniformidad es el maquillaje de una credibilidad y una legitimidad no otorgadas en 2006. Por eso, concesionarios y gobierno cerraron filas para “limpiar” el espectro de voces discordantes. En 2008 salieron del aire los dos periodistas radiofónicos de mayor audiencia: Carmen Aristegui, en WRadio, y José Gutiérrez Vivó, dueño de Monitor.

“Censura preventiva” definió el analista Luis Linares Zapata al mecanismo para despedir a Aristegui de la radio comercial (La Jornada). El mensaje fue entendido por todos los informadores y comunicadores electrónicos: quien se atreva a ser autónomo y ejercer un periodismo de mínimo rigor se volverá discordante.

La “censura preventiva” se aplicó en el caso de Creel. Contradictorio, inconsistente, con demasiados compromisos poco transparentes con las televisoras durante su paso por Gobernación, Creel resultó ser la víctima propiciatoria de la pretensión de uniformidad televisiva y calderonista.

3). La opinión pública a modo: De los tres elementos, éste es el más engañoso y el punto débil de las televisoras. La televisión vende la idea de que sus audiencias son las que generan la opinión pública dominante. Y los políticos creen que un elevado rating es sinónimo de opinión favorable y, peor aún, de credibilidad. Este es el “mito genial” de estos tiempos. La televisión no sólo segmenta los contenidos (5 minutos entre corte comercial), sino también la realidad, los escándalos mediáticos, los debates importantes, su programación y las audiencias.

Ya no existen más las audiencias masivas impasibles, “manipulables” a golpes de pantalla. Las audiencias se han segmentado, eligen, discriminan información y opinión; y en muchos casos ejercen el zapping como único elemento de control ante la uniformidad de contenidos.

Como le sucedió al PRI desde 1968, Televisa y TV Azteca perdieron credibilidad y aún no se han enterado. Las verdaderas audiencias que generan opinión pública son las audiencias deliberativas, las que adoptan un punto de vista y, por tanto, una convicción. Estas audiencias deliberativas ven la televisión, generan rating, pero no se guían sólo a partir de los contenidos en pantalla en los asuntos públicos. Son una minoría, pero han ganado las batallas simbólicas y políticas recientes.

Umberto Eco escribió hace 24 años su ensayo sobre la “guerrilla semiológica”. En esencia, propuso que para cambiar la televisión era más importante transformar la actitud del receptor frente al mensaje y al medio. Él popularizó el término de “recepción crítica”. De alguna manera, en México las “guerrillas semiológicas” se han configurado en audiencias deliberativas, esencialmente críticas ante los medios electrónicos.

Son las audiencias que derrotaron a la Ley Televisa antes del fallo de la Suprema Corte de Justicia, que apoyaron la reforma constitucional en 2007, que se oponen a la privatización de Pemex y que, según las distintas encuestas, respaldan entre 60 y 75% la necesidad de una consulta en materia energética. Un segmento de esas audiencias consideran a Creel –a pesar de no haber tenido tiempo en pantalla— el político panista mejor perfilado para el 2012. Son las mismas audiencias que opinan que la salida de Aristegui y el cierre de Monitor constituyen hechos de censura.

¿Se traducen estas audiencias en ciudadanía y en votos? No necesariamente. Sin embargo, esa opinión pública no tiene prisa y no es uniforme. No va con los tiempos de las televisoras ni de los políticos. Su victoria es a mediano y largo plazos.

http://www.proceso.com.mx/analisis_int.html?an=60356

Manuel Fuentes Muñiz: La ignominia de la ley del ISSSTE

Posponer la elección del bono del ISSSTE del 30 de junio al 14 de noviembre es un reconocimiento del fracaso del gobierno federal por convencer a los cotizantes de ese sistema para que renuncien a su jubilación.

Apenas 5% ha aceptado recibir el bono a cambio de liberar al gobierno de Felipe Calderón de las responsabilidades de pensión para los beneficiarios y sus familiares.

Esta decisión tiene desesperados a los funcionarios responsables de operar las nuevas reformas de la ley del ISSSTE, sobre todo a Miguel Ángel Yunes, director del instituto, quien, el pasado jueves 12 de junio, anunció “una prórroga” (¿?) para la elección del bono económico que la inmensa mayoría de cotizantes rechaza.

A este servidor público parece que no le han informado que una ley no se puede cambiar nada más así por que sí. El director del ISSSTE no tiene facultades para que con una simple declaración pueda modificar plazos fijados por el Congreso de la Unión en una ley. Aquellos que pretendan hacer cambios sin facultades, es seguro que se meterán en problemas legales de responsabilidad.

El artículo séptimo transitorio de la ley referida establece terminantemente que “a partir del día primero de enero de 2008, los trabajadores tendrán seis meses para optar por el régimen previsto en el artículo décimo transitorio o por la acreditación de bonos de pensión del ISSSTE”.

¿Ahora por qué pretende desconocerla fijando otros plazos? ¿No le resultaron los planes del número de trabajadores que debería aceptar el bono? Es obvio que la cifra de 5% no les gusta y ahora están en un enredo estos funcionarios de escritorio.

El 14 de diciembre pasado, los personajes encargados de “la seguridad social” elaboraron un decreto, puesto a la firma del presidente de la República, de texto lamentable, que refleja el autoritarismo de quien lo redactó y la intención de afectar los derechos humanos laborales a quien está dirigido.

En ese decreto impusieron a las dependencias y entidades gubernamentales integrar una relación de las y los trabajadores que se negaran “…a recibir la notificación o los documentos, o a firmar de recibido y, con el apoyo de un representante del Órgano Interno de Control…”, levantar un acta “…para hacer constar la negativa, señalando en la misma el lugar y plazo en el que el documento de elección estará a disposición de los trabajadores”.

¿Por qué se legítima intimidar a trabajadoras y trabajadores que se nieguen a firmar de recibido un documento? Los cotizantes no deben ser acosados de ninguna forma, mucho menos mediante un decreto presidencial; y ahora, como no les han bastado los seis meses, pretenden un plazo mayor para presionarlos.

La Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD) presentó una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) desde el 25 de marzo pasado cuestionando la afectación a los derechos humanos de este seudo-reglamento, pero a este reclamo en contra de las autoridades federales ni siquiera se le ha dado trámite.

Graves violaciones

Ahora se encuentra a prueba la imparcialidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la que debe resolver las graves violaciones constitucionales en los derechos de los trabajadoras a quienes se impuso la ley del ISSSTE, y que enumero enseguida:

Se incrementaron los requisitos de edad (60 años de edad en hombres y 58 años en mujeres) y años de cotización para el disfrute de la jubilación (hombres 30 años y mujeres 28 años)

Se aumentaron las cotizaciones de 8% en los salarios que señalaba la ley anterior hasta 10.625% con la nueva legislación.

Se impone a las y los trabajadores cotizantes a elegir forzosamente, durante los meses de enero a junio de 2008, entre el régimen previsto en el artículo décimo transitorio o por la acreditación de los bonos del ISSSTE para renunciar a su jubilación (ahora quieren prolongar el plazo).

El artículo décimo transitorio de la ley del ISSSTE anula a partir del 2018 el derecho a obtener una pensión de cesantía en edad avanzada.

El décimo transitorio conlleva, en el caso de los riesgos de trabajo, a desnaturalizar la seguridad social al permitir que sean aseguradoras privadas las que otorguen una renta vitalicia en relación con lo aportado por la o el trabajador cotizante.

El artículo décimo transitorio impone un mínimo de 15 años de cotización para tener derecho a una pensión por invalidez o a la pensión de los familiares derivada del fallecimiento del o la trabajadora.

El artículo décimo transitorio anula el derecho a favor de los familiares cuando la o el jubilado, o en retiro por edad y tiempo de servicios o cesantía en edad avanzada, hubiere fallecido.

Se anula la prestación a los familiares de las y los derechohabientes por concepto de gastos funerarios cuando un o una pensionista ha fallecido.

Se establece la subrogación de servicios a terceros que presta dicha institución privatizando de hecho su función.

Desaparece el derecho del pensionado por jubilación, retiro por edad y tiempo de servicios, cesantía en edad avanzada e invalidez a la gratificación o aguinaldo.

Se individualizan las cuentas de las y los cotizantes, cancelando el carácter solidario de la seguridad social.

Se anula el carácter tutelar de la legislación de seguridad social, convirtiéndola en fiscal al cancelar la participación de la autoridad laboral en la solución de los conflictos que se llegaran a suscitar derivados de la jubilación, dejando exclusivamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la interpretación y aplicación de las normas en esta materia.

Finalmente se abroga la ley del ISSSTE reduciendo y eliminando derechos de los trabajadores cotizantes que ya laboraban con fecha anterior al 31 de marzo de 2007 afectando derechos ya adquiridos.

Esta ley del ISSSTE representa la ignominia de este gobierno y un atropello a los derechos de los y las trabajadoras. ¿Hasta cuándo?

http://www.proceso.com.mx/analisis_int.html?an=60114

Ma. Eugenia Sánchez Díaz de Rivera: ¿De qué está hecho el corazón del ser humano?

Me permito compartir con los lectores el texto que leí en el zócalo el sábado 5 de abril

Buenos días amigas y amigos:

Hace ya tres años que nos reunimos aquí alrededor de 40 mil o más personas, hace dos que presentamos en esta misma plaza el libro Los demonios del Edén. ¡Qué dolor que lo que nos convoque hoy sean nuevos atropellos y nuevos escándalos de impunidad!

Para los que hemos seguido el caso de Lydia Cacho, leer Memorias de una infamia fue como volver a recibir una a una las bofetadas que la colusión entre el poder político, el poder económico y el negocio del crimen le han dado –nos han dado– a la sociedad. Es constatar una vez más que Lydia Cacho ha recibido esos golpes en nuestro nombre y comprobar que no se ha dado por vencida. Con ello Lydia hace realidad la esperanza y fortalece nuestro ánimo.

En el libro vamos descubriendo al abuelo portugués que antes de partir le dijo “no es tan malo morir cuando has vivido apasionadamente”; a la madre psicóloga de carácter sólido y compromiso humano activo, que la llevaba a las “ciudades perdidas” en donde el corazón de Lydia sintonizaba con esas niñas que apenas podían sobrevivir; las comidas con toda la familia, el aire del Caribe, las profundidades misteriosas del mar, las tormentas y el miedo, los calambres de tanto nadar. Todo ello forma parte de un paisaje entrañable que Lydia nos cuenta para mostrarnos en dónde se arraiga su fuerza.

Y nos comparte sus experiencias, con los enfermos de sida que morían en sus brazos; con las redes de periodistas; sobre la fundación del CIAM (Centro Integral de Atención a la Mujer) que son los antecedentes de esta historia que se desenvuelve ante nuestra mirada aterrada aunque siempre, porque así es Lydia, con algún destello de esperanza, de luz, de silencio amoroso.

Si decía yo que el libro Los demonios del Edén parecía una novela de terror, éste parece una de suspenso.

Pero el tema del libro no es Lydia Cacho, no. El tema del libro no es un pleito entre Lydia Cacho y Mario Marín como se quiso hacer creer a la opinión pública. El libro trata de cómo el poder económico y el poder político se vinculan para encubrir a redes de crimen organizado; y no de cualquier clase de crimen, del más obscuro y abyecto, el de la explotación sexual de niños y niñas. El libro trata de cómo el Estado y sus instituciones atacan a quienes quieren denunciar ese universo siniestro, como el que Lydia va descubriendo a partir del diálogo, el sufrimiento y la angustia de Emma, la primera en denunciar a Succar Kurí.

Lydia nos cuenta su secuestro en Cancún por judiciales enviados desde Puebla. Hace el relato detallado de ese trayecto infernal, soportando a ratos una pistola en la boca, o los manoseos por parte de los judiciales o los insultos. Narra magistralmente lo que experimentan su cuerpo y su alma. Esos momentos angustiosos en Champotón, de noche, cuando amenazan con tirarla al mar. ¡Nunca encontrarán mi cuerpo! pensaba Lydia, preocupada por el dolor de sus familiares. Pero ahí los planes cambian, gracias a sus amigos, familiares y colegas periodistas, el tema había salido ya en los medios, y los judiciales reciben órdenes de llevarla a toda velocidad a Puebla. Antes de llegar a la PGR bajan a los judiciales hombres y suben a dos mujeres indicándoles con voz autoritaria: “Ustedes venían con ella desde Cancún”. Se trataba de un plan cuidadoso y perversamente diseñado.

¿De qué está hecho el corazón del ser humano? ¿Por qué junto a esos judiciales obscenos, prepotentes, dispuestos a matar, se encuentran policías que tratan de ayudar y custodias en la cárcel que la salvan de una violación inminente orquestada por Kamel Nacif y Juanito Nakad? ¿Qué decir del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos presionando, si presionando a Lydia, en los separos de la PGR, para que firmara que había sido bien tratada en el trayecto? “Si no firma, no sale hoy, ya se va la juez…”. ¿Nos damos cuenta de lo que eso significa? Y por otro lado, abogados como Xavier Olea, dispuestos a apoyarla a pesar de los riesgos. ¿De qué está hecho el corazón del ser humano?

Lydia reitera la solidaridad de familiares, amigos, periodistas, de instancias internacionales, de intelectuales y artistas y de cientos de seres desconocidos para ella, que la apoyan en su lucha contra un monstruo de mil cabezas. Habla de una paz profunda que le permite mantener “el corazón tibio y la cabeza fría”.

Pero la historia parece no tener fin, como constatamos esta mañana.

Emma recibe fuertes presiones e importantes sumas para retractarse, intentan matar a Lydia, Beatriz Paredes le dice que ya deje en paz a Marín, que no es para tanto; Felipe Calderón, que con tanta enjundia había dicho que había que llevar a Marín a juicio político, tiene que pagar deudas electorales, y aparece acompañado de él en muchas ocasiones. Kamel Nacif se pasea tranquilamente por donde quiere, los demás políticos involucrados: Emilio Gamboa Patrón, Miguel ángel Yunes, actúan como si nada hubiera pasado; empresarios poblanos aprovechan la coyuntura para fines personales y comentan que “Mario Marín es el mejor gobernador que ha tenido Puebla”: y la mayor parte de los medios, ante la presión o la conveniencia, cierran filas para silenciar el tema. Los que no lo hacen, como Carmen Aristegui, ya sabemos qué les ocurre.

Y para cerrar la pinza, la decisión de la SCJN que, por cierto, ya no aparece en el libro. A pesar de las evidencias mostradas por el valiente y honesto Ministro Juan N. Silva Meza, seis ministros votan a favor de exonerar a Marín.

Este hecho quedará como uno de los más negros en la historia de la Suprema Corte. Con este hecho el Tribunal Supremo del país lo que hizo fue:

–Certificar la impunidad de los funcionarios públicos y empresarios delincuentes.

–Avalar que se trate como delincuentes a los periodistas y a los defensores de derechos humanos.

–Encubrir a las redes de pederastia.

–Enviar el mensaje de que sólo el servilismo es capaz de proteger a un ciudadano.

Nada destruye más a las instituciones, nada genera más violencia y deteriora la moral de una nación que la impunidad.

El asunto Lydia Cacho ha sido el detonante que ha evidenciado un universo latente, político y emocional, que se trastoca cuando alguien se atreve a sacarlo a la luz. Ha vuelto serviles a los que no eran, a los que ya lo eran los ha llevado a entregar su humanidad al poder, ha despertado miedos que se manifiestan de formas diversas: acallando voces –la propia y la de los demás– o violentando más a las víctimas. Ha hecho visible cómo el oportunismo de empresarios pragmáticos o voraces aprovecha dramas como éstos para favorecer sus negocios, ha mostrado cómo las negociaciones cupulares entre partidos políticos pueden destrozar a los ciudadanos. Pero también a hecho presente la fuerza que puede emerger de una persona que solidaria con los que sufren hace, diría Pessoa, “del miedo una escalera”, de cada golpe un paso de danza, de cada esfuerzo un acto de amor.

Historia de una infamia es un acto más de defensa de la dignidad de los seres humanos. Gracias Lydia.

* Maru Sánchez es académica de la Universidad Iberoamericana (UIA) Puebla.

* Link: http://circulodeescritores.blogspot.com.

Arnoldo Kraus: Dignidad: breves y efímeras notas

Con alguna frecuencia los diccionarios no definen adecuadamente determinados términos. No por incapacidad, sino porque existen palabras muy complejas –que más que palabras son vivencias–, ya sea por su significado per se, o bien por la multiplicidad y las divergencias de opinión que se tengan acerca del término. Dignidad es uno de ellos. En el Diccionario de la lengua española de la Real Academia Española (vigésima segunda edición, 2001) se lee: Dignidad. 1. Cualidad de digno. 2. Excelencia, realce. 3. Gravedad y decoro de las personas en la manera de comportarse (siguen otras acepciones). De la palabra digno se dice: 1. Merecedor de algo. 2. Correspondiente, proporcionado al mérito y condición de alguien o algo (siguen otras acepciones). No concuerdo: ¿decoro?, ¿merecedor?, ¿mérito?…

Un breve ejemplo del México vivo y actual como abreboca y para comprender la cortedad del diccionario. La reciente decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en relación con el caso Lydia Cacho, Manuel Marín y el abuso sexual y sicológico de niñas y niños tiene que ver con muchos principios, entre ellos, el de la dignidad. Todos suponíamos que la Suprema Corte era uno de los últimos bastiones donde tenía cabida y se profesaba la dignidad y (casi) todos aseguramos que abusar sexual y comercialmente de niñas es indigno (con toda intención omito temas como ética, justicia).

La actitud de la Suprema Corte, al exonerar al señor Marín, expone bien las diferentes y complejas acepciones del principio dignidad: los ministros consideraron, entre otras cosas, que el comercio sexual no es indigno y, por extensión, que la actitud del gobernador de Puebla y asociados, al no ser indigna, es adecuada (o incluso digna). Esa serie de eventos podría, in extremis, sugerir que nuestros ministros no consideran indigno el tráfico sexual. Si intentamos dejar al lado todo lo que no sabemos, pero suponemos conocer con respecto a la decisión de los magistrados, el affaire Cacho-Marín ilustra algunas de las diatribas del concepto dignidad: lo que es obvio para algunos no los es para otros, ya que la realidad puede interpretarse de formas diversas.

La dignidad humana es esencialmente un principio individual que se caracteriza por conceptos y percepciones adquiridos a lo largo de la vida y de la suma de las experiencias, buenas o malas, que poco a poco determinan la arquitectura del ser; es una vivencia heterogénea que se modifica a través del tiempo y se relaciona con lo que cada sujeto siente y piensa de sí mismo; la dignidad determina, asimismo, lo que cada persona está dispuesta a aceptar o no, tanto como individuo como en sus nexos con la sociedad. Los atributos anteriores tienen también que ver con el respeto hacia la propia persona y hacia la comunidad.

Son muchos los vínculos que se asocian con el concepto dignidad. Entre otros, la clase social, la educación, la época, la religión, las ideas de justicia, derechos humanos y ética, en ciertos países el sexo, en demasiados las preferencias sexuales. El listado anterior explica el porqué de la heterogeneidad y de la multiplicidad de las miradas acerca de este principio.

Suele decirse también que la dignidad es una cualidad que no tiene precio. Kant lo explica bien: “En el reino de los fines, todo tiene un precio o una dignidad. Aquello que tiene precio puede ser sustituido por algo equivalente; en cambio, lo que se halla por encima de todo precio y, por tanto, no admite nada equivalente, tiene una dignidad”. Desde la perspectiva kantiana la dignidad impide que el ser humano sea utilizado, comprado o modificado de acuerdo con los intereses de otras personas; esa noción le permite a la persona conducirse de acuerdo con los principios (me gustaría apellidarlos éticos) que rigen su forma de ser.

La dignidad implica fidelidad hacia uno mismo y por extensión hacia los demás; significa también que las personas no son instrumentos, sino, como también dice Kant, fines en sí mismos; por eso, la consabida idea de que los seres humanos no son ni remplazables ni intercambiables.

La dignidad es un concepto asimétrico que varía entre culturas e individuos. Eso explica la dificultad que tienen los diccionarios cuando explican el tema o la que confrontamos quienes –en medicina es un tema frecuente– pensamos en él. El nunca suficientemente manido ejemplo de la Suprema Corte explica también que al menos para ellos –y para quienes resulten responsables de su decisión– la dignidad no es ni un concepto complejo ni una idea en la cual se deba reparar demasiado.

* La Jornada
* http://www.jornada.unam.mx/2008/01/02/index.php?section=opinion&article=014a2pol

León Bendesky: Nomás tantito

¿Qué tanto es tantito? Ese es hoy un verdadero enigma en México. La Suprema Corte juzgó que la agresión a Lydia Cacho que involucra al gobernador de Puebla fue leve y no amerita ningún castigo. No sólo queda un gran interrogante sobre este asunto que tiene que ver con la legalidad y la misma confianza en la justicia. También se deja en la penumbra la cuestión de la red en torno a la pederastia que aglutina a poderosos personajes, y los posibles delitos en torno de ella que se asocian con este proceso.

Antes, la justicia había determinado que las violaciones electorales del ex presidente Fox en 2006 habían existido en efecto, pero que no eran graves, nomás fueron un tantito. De ahí que el ya ex presidente del IFE, Luis Carlos Ugalde, pueda decir sin recato alguno que se ha construido una mentira histórica sobre aquellas elecciones presidenciales.

El caso es que él ya no está y su desempeño, junto con el resto de los consejeros, ha dejado expuesta de nueva cuenta la frágil democracia, incluso en el sentido más restrictivo de las campañas políticas y los votos. El IFE ciudadano va tener un retroceso cuando ni siquiera se había consolidado plenamente. La nueva ley electoral no nace como parte de un proceso de evolución hacia la madurez política, sino para remendar lo que fue posible hacer con la ley anterior por parte de todos los participantes: el gobierno, los partidos, los candidatos, los grandes empresarios, la radio y la televisión.

Este último par de años no han sido memorables en cuanto a la procuración de la justicia, el cumplimiento de la ley, el fortalecimiento institucional y la definición clara de los compromisos y las alianzas políticas. Sigue habiendo personajes e instituciones que operan como piezas clave en la estructura de control político en el país y que comprometen de modo significativo un cambio y una real modernización democrática.

Qué tanto es tantito cuando se trata de la inseguridad pública. En el caso de la lucha contra la delincuencia y el narcotráfico, que empezó a tambor batiente al inicio de este gobierno, no hay indicios claros de la disminución notable y duradera de esas actividades. En el asunto general de la seguridad y la lucha contra el crimen no hay demasiado lugar para la práctica del nomás tantito, pues de ese modo inevitablemente la fuerza pública será rebasada y la sociedad queda inerme.

Y cuando se trata de los secuestros simulados por teléfonos celulares, no pasa de ahí, o sea, de una forma más del catálogo de la inseguridad, hasta que una serie de diputados las reciben casi al mismo tiempo y durante una sesión en el Congreso. Entonces ya no es nomás tantito. Y cuando policías auxiliares y judiciales protagonizan una balacera en plena colonia Del Valle de la ciudad de México en un episodio más de extorsión, pues nomás fueron tantitos balazos en plena vía pública.

La OCDE reprobó a México, una vez más, por sus malos resultados en el sistema educativo. De nuevo se advierte que la situación no es nomás de que nos falta un tantito, sino que es grave. De repente, como si se tratara de una aparición, la responsable de la SEP declara que en 2012, es decir, en sólo cinco años, el país llegará a los niveles de España a Chile.

Para empezar, ese objetivo no es muy preciso, pues el primero está alrededor del nivel 25 y el segundo del 42 de un total de 57 países que fueron clasificados; así que no se sabe adónde se apunta. Pero la crisis educativa del país es ya de muy larga duración y la verdad es que no se pueden inventar secretarios de educación como se ha hecho durante muchos sexenios, sin que se imponga un proyecto de largo plazo, sin vaivenes y con metas verificables y suficiente presupuesto. Tampoco se pueden sostener estructuras de poder sindical como la que priva en ese sector. Ya no son nomás tantitos los jóvenes con mayor capacidad y mejor preparación los que se van del país por falta de oportunidades.

Los acuerdos sobre la política económica a los que se llegaron con la más reciente reforma, que fue la base del presupuesto federal de 2008, están igualmente en el marco del nomás tantito. Las expectativas de crecimiento más optimistas lo sitúan, también para 2012, en una tasa de 5 por ciento anual, todavía menos que el promedio anual del periodo de 20 años anterior al inicio de las reformas estructurales a medidos de la década de 1980. En cuanto a la recaudación, tal como fue planteada la modificación impositiva con la Cetu, el gobierno no esperaba un aumento significativo.

Los precios suben, pero nomás tantito, y lo mismo pasa con las tasas de interés y la depreciación del peso frente al dólar. No hay claridad sobre qué tanto es tantito para seguir sosteniendo la actual estabilidad financiera que hasta ahora se alcanza esencialmente por los ingresos derivados del petróleo. En ese contexto tantito desempleo abierto no significa mucho en términos de la eficiencia del funcionamiento de la economía. La ocupación de la fuerza de trabajo está estrechamente ligada a la abundante emigración de los trabajadores, que, ésos sí, no son nomás tantitos.

* La Jornada
* leon@jornada.com.mx
* http://www.jornada.unam.mx/2007/12/03/index.php?section=opinion&article=033a1eco