Raúl Zibechi: En América Latina igual que en África

La política de seguridad y defensa de Estados Unidos hacia América Latina, en el periodo posterior al 11 de setiembre de 2001, no suele ser formulada de forma tan nítida y transparente como lo hace el Pentágono en otras regiones. En no pocas ocasiones, quienes estudian y analizan las políticas de Washington hacia su patio trasero, chocan con opacidades y medias verdades, y deben rastrear los objetivos trazados por la superpotencia a través de una multitud de rastros dispersos, para luego armar el rompecabezas.

En el caso del Comando de África (Africom), creado el 6 de febrero de 2007, las propias publicaciones vinculadas a las fuerzas armadas estadunidenses develan los objetivos que se persiguen con su creación, con tanta transparencia que merecen ser leídas como forma de comprender mejor la polítca del Comando Sur (USSOUTHCOM) y la recién creada Cuarta Flota, con injerencia en América del Sur, América Central y el Caribe.

El Africom supuso la creación de un comando único para África, continente del que antes se ocupaban tres comandos: el Comando Europeo; el Comando Central, que se encarga de la estratégica región de Medio Oriente, y el Comando del Pacífico. El Africom involucra a todos los países africanos, con la excpeción de Egipto, que por sus vínculos con Medio Oriente e Israel está bajo responsabilidad del Comando Central.

En el discurso en el que anunció la creación del Comando de África, George W. Bush mencionaba los términos “desarrollo, salud, educación, democracia y crecimiento económico”, entre los objetivos prioritarios a desarrollar. Una primera cuestión a tomar en cuenta, que enseña la amplitud de campos de intervención de la fuerza militar.

El Pentágno considera que la creación del Africom obedece a “la creciente importancia geopolítica que África representa para los intereses de Estados Unidos”, según un informe de la revista Military Review (marzo-abril de 2008), portavoz del pensamiento militar. Entre los “intereses estratégicos” que Washington procura defender en África, figuran: combatir el terrorismo, contener conflictos armados y crisis humanitarias, retardar la difusión del sida, bajar la tasas de criminalidad internacional, garantizar el acceso a recursos naturales y contrabalancear la creciente influencia china. Fuera de duda, son las dos últimas las cuestiones centrales, y a las que el mencionando informe dedica el mayor espacio.

Respecto a la necesidad de “salvaguardar la energía”, objetivo prioritario del Pentágono, se concluye que Estados Unidos “llegará a depender cada vez más de la capacidad de África de producir petróleo, un artículo de existencia limitada”. Calcula que hacia 2015, 25 por ciento del petróleo que importa Washington provendrá de África, frente a sólo 18 por ciento de 2006. Ya en ese año, el petróleo africano estaba apenas por debajo del importado desde el golfo Pérsico (1.8 millones de barriles diarios frente a 2.2 millones), destacando Nigeria que es hoy el quinto proveedor de Estados Unidos. Según la revista militar, “el Africom podría involucrarse una vez más en la seguridad marítima del golfo de Guinea, con la finalidad de cooperar en el control de volatilidad (del precio del petróleo), dado que existe gran potencial para perforación petrolífera en aguas profundas”.

La “influencia de China en África” es la otra gran preocupación militar de Estados Unidos. “El continente está emergiendo rápidamente como un campo de batalla competitivo, que ha sido descrito por algunos intelectuales estadunidenses de defensa, como una guerra fría económica con China, especialmente por la obtención de recursos”, señala Military Review.

Los analistas militares consideran que la competencia por petróleo es “una preocupación estratégica para Estados Unidos”, lo que implica que es un tema militar de primer orden, que puede ameritar acciones de combate.

Con 700 empresas estatales chinas en África, el país asiático se ha convertido en el tercer socio comercial del continente luego de Estados Unidos y Francia, por delante de Gran Bretaña. El comercio bilateral África-China creció de mil millones de dólares en 1995, a 50 mil millones en 2006. Angola y Sudáfrica, con 20 mil millones entre ambas, encabezan la lista. En septiembre de 2002, Estados Unidos advirtió a China que no apoyara a “los países abundantes en recursos naturales sin considerar el nivel de desgobierno o mal comportamiento en el exterior de esos regímenes”, en el documento La estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos.

Aprendiendo de los fracasos en Irak y Afganistán, donde la victoria militar se terminó evaporando, el Pentágono pretende ensayar “un nuevo paradigma de seguridad” en el que el desarrollo y la seguridad vayan de la mano y se refuercen mutuamente para anticipar crisis y conflictos. En su particular lenguaje, se trata de poner en primer lugar las “operaciones de estabilidad” que, en adelante, tendrán rango similar a las operaciones de combate. Esto se concreta en que el Comando de África asume el control de las agencias de cooperación para el desarrollo, como USAID y otras “organizaciones civiles”. Dicho de otro modo, y tal como lo formula Military Review: “¿Cómo se conforma una estructura que es un comando unificado militar, pero que necesita incorporar la suficiente participación civil y además no parecer que toma el control de estas agencias y autoridades?”

Ése es precisamente el punto. En este continente, los problemas centrales para Washington son hidrocarburos y el llamado “populismo radical”, que incluye desde Cuba hasta Venezuela y Bolivia, y un amplio abanico de movimientos sociales. Toca descubrir, denunciar y aislar, sin caer en formas de macartismo y estalinismo, a aquellos “civiles” que trabajan para defender los intereses imperiales, “sin parecer” que lo hacen para “un comando unificado militar” del Pentágono. En América Latina, la cooperación para el desarrollo evidencia que las fronteras entre lo militar y lo civil son casi imperceptibles.

* La Jornada

* http://www.jornada.unam.mx/2008/09/12/index.php?section=opinion&article=023a2pol

Raúl Zibechi: Entre el golpismo y la democracia vigilada

Lo sucedido antes y lo que está sucediendo después del referendo revocatorio en Bolivia merece ser discutido y analizado por las izquierdas antisistémicasy los movimientos sociales latinoamericanos, ya que forma parte de las nuevas estrategias para sostener la dominación, implementadas por las elites los últimos siete años, luego del 11 de septiembre de 2001. No se trata de estrategias inéditas, sino del permanente perfeccionamiento de las que van ganando impulso desde la derrota imperial en Vietnam.

Como muestran Bolivia, Colombia y Venezuela, están emergiendo nuevas derechas autoritarias, que no rehuyen los golpes de Estado, pero que ahora asumen formas diferentes a los golpes militares clásicos. Ya no pretenden derribar presidentes con tanques en la calle ni bombardeos a los palacios de gobierno. Uno de los objetivos más destacados, en esta etapa, es obstaculizar la gobernabilidad democrática y popular, no importando si los gobiernos son apoyados por la población, si son sostenidos por mayorías y si actúan dentro de la ley. Pese a haber ganado más de diez elecciones, Hugo Chávez fue acusado reiteradas veces de dictador o de autoritario.

Para impedir la gobernabilidad en procesos de cambio social, las nuevas derechas han encontrado modos para promover una suerte de inestabilidad de masas mediante grandes movilizaciones populares impulsadas desde arriba, convocadas por los grandes medios monopolizados. Aquí el papel de los medios es importante, pero no factor decisivo. Mucho más importante es fomentar la intolerancia y los miedos de las clases medias, y de importantes sectores populares, hacia los diferentes (indios, pobres, otras lenguas y culturas). Insuflar miedo da buenos dividendos, de ahí que en todos los procesos mencionados la delincuencia y la violencia urbana se hayan disparado o ésa es la impresión dominante entre buena parte de la población.

En Colombia el elemento movilizador es el “terrorismo” de las FARC, pero en Argentina un padre de familia, cuyo hijo fue asesinado por delincuentes, Juan Carlos Blumberg, movilizó cientos de miles con la excusa de la inseguridad ciudadana, codo a codo con la ultraderecha, contra el gobierno de Néstor Kirchner. Las nuevas derechas, sean las autonomistas de Santa Cruz o las que defienden una televisora golpista en Caracas, tienen capacidad de movilización de masas, apelan a demandas “democráticas” y utilizan un lenguaje familiar a las izquierdas, pero para promover fines antidemocráticos y los intereses de las elites. A menudo meten en el mismo saco a las viejas derechas y a los dirigentes de los movimientos sociales y de izquierda, como hizo el prefecto golpista de Santa Cruz, Ruben Costas, quien la noche del referendo atacó por igual a Evo y a Jorge Quiroga, dirigente de Podemos: “Con la presencia del pueblo, derrotamos el oportunismo político que sin escrúpulos unió a la derecha conservadora y al masismo totalitario para destruir a esta patria emergente, alejada de los privilegios de la verdadera oligarquía que es el MAS”. Discursos como éste son desvaríos oportunistas, pero lo cierto es que las nuevas derechas enarbolan demandas sentidas por amplias franjas de la población.

Estos discursos y esas prácticas obedecen a dos nuevas orientaciones de las elites globales. La primera fue formulada por Robert M. Gates, secretario de Defensa de Estados Unidos, en su discurso en la Universidad Estatal de Kansas, titulado “La restauración de los instrumentos no militares del poder estadunidense” (Military Review, mayo-junio de 2008). Quien sirvió a siete presidentes como director de la CIA sostiene que su país puede mantener la hegemonía mundial a condición de “fortalecer nuestras capacidades de usar el poder ‘blando’ y establecer una mejor integración con el poder ‘duro’”.

Sacando conclusiones de la experiencia en Irak y Afganistán, Gates sostuvo que “el logro del éxito militar no es suficiente para vencer, sino el desarrollo económico, la construcción institucional y el imperio de la ley”. Para conseguirlo, se trata de “atraer civiles con experiencia en el agro, gobernabilidad y otros aspectos del desarrollo”, como una de las claves de las políticas de contrainsurgencia. La segunda cuestión, íntimamente ligada a ésta, es el apoyo material y en orientación a esas nuevas elites, como sucede en Bolivia.

Según denuncia del premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel, el embajador de Estados Unidos en La Paz, Philip S. Goldberg, es el gran articulador de la oposición, inspirada en su odio a los indios. En 2007, la agencia de cooperación USAID desembolsó 124 millones de dólares en ayudas a la “sociedad civil” boliviana, canalizados por los prefectos de los departamentos de la Media Luna autonomista, embanderada detrás del departamento de Santa Cruz. Una estrategia muy similar a la utilizada en Venezuela.

Para los estrategas actuales del imperio, la democracia se reduce a elecciones con resultados mínimamente creíbles. Ni la democracia ni los servicios sociales son derechos que tiene la población, sino formas de mejorar el control y asegurar la hegemonía.

A la era de los golpes de Estado le sucedieron los “golpes de mercado”, como el que obligó la renuncia del presidente argentino Raúl Alfonsín en 1989, o de Hernán Siles Suazo en Bolivia, en 1985, en medio de la hiperinflación promovida por “los mercados” para destituir gobiernos a los que consideraban poco fiables. Ahora se trata de destituir procesos más que presidentes, impedir cambios de fondo motorizados por bases sociales organizadas y que cuentan con masivo apoyo popular. Un golpe de Estado clásico sería contraproducente, toda vez que los sectores populares aprendieron a revertirlos, como sucedió en Venezuela en 2002. La estrategia del desgaste y la ingobernabilidad ocupa el primer lugar en la agenda.

Raúl Zibechi: Paraguay: el fin de la dictadura colorada

El resonante triunfo de Fernando Lugo y la derrota del Partido Colorado luego de 61 años en el poder llenan de satisfacción a toda la izquierda y a los movimientos sociales del continente. El partido de la dictadura de Alfredo Stroessner, de las desapariciones, la corrupción y la tortura, el partido del Plan Cóndor, sufrió una aplastante derrota, aunque controla resortes importantes del poder, como la administración pública y el parlamento.

En la derrota del Partido Colorado jugaron papel destacado los movimientos campesinos. Desde el fin de la dictadura, en 1989, han sido factor clave en la resistencia al monocultivo de soya, que expulsa a miles de campesinos del campo y del país. La respuesta del colorismo ante el desborde del aparato clientelar y de control por la movilización campesina fue militarizar las áreas rurales institucionalizando las guardias armadas de los terratenientes. Más de 2 mil campesinos procesados y decenas de asesinados es el saldo de estos casi 20 años de lucha campesina, en los que se han recuperado cientos de miles de hectáreas del latifundio.

Al candidato de la Alianza Patriótica para el Cambio –un frente que va de los liberales a los movimientos sociales– le tocará lidiar con una herencia maldita. En minoría en el parlamento, está forzado a tejer alianzas con los colorados o con el golpista Lino Oviedo. Una administración pública corrupta e ineficiente, donde los funcionarios han sido nombrados siempre a dedo por los caudillos colorados, estará dispuesta a boicotear cualquier intento de cambio. El Partido Colorado en la oposición, dirigido por el hasta ahora presidente Nicanor Duarte, buscará bloquear aun las más tímidas reformas y las medidas que busquen frenar la corrupción.

La capacidad de presión del agronegocio y de los ganaderos será otra dificultad mayor para el gobierno de Lugo. En pocos años Paraguay se ha convertido en gran exportador mundial de soya, cultivo que ya cubre más de 2 millones de hectáreas. Estos sectores, aliados a menudo con el contrabando y en ocasiones el narcotráfico, serán los grandes desestabilizadores, a juzgar por lo que viene sucediendo en Bolivia. El nombre del futuro ministro de Agricultura es una de las claves del nuevo gobierno, que todos esperan conocer en Asunción.

La heterogénea alianza que llevó a Lugo al gobierno tiene como socio mayoritario al Partido Liberal, que colocó en la vicepresidencia a Federico Franco. Aunque lleva décadas en la oposición, y muchos de sus militantes fueron perseguidos por la dictadura de Stroessner, los liberales son parte del sistema hegemónico en Paraguay. Difícilmente serán un aliado a la hora de introducir cambios de fondo, ligados como están a las tramas clientelares y a prácticas de corrupción similares a las de los colorados. Los medios anuncian que el futuro canciller será el liberal Marco Balmelli, un hombre con buenas relaciones con Washington, crítico del Mercosur y distante de Bolivia y Venezuela.

Además de las dificultades internas, el futuro gobierno de Lugo deberá renegociar los tratados de las represas de Itaipú (con Brasil) y Yacyretá (con Argentina), uno de los ejes de su campaña electoral. Una frase que suele escucharse a menudo en Asunción dice que “Brasil explota a Paraguay en Itaipú”. Ése fue uno de los grandes titulares del diario ABC Color el día del triunfo de Lugo. Para la derecha, es útil desviar la atención hacia el exterior como forma de dejar intactos los privilegios locales. Sin embargo, no les falta razón a los paraguayos, ni al propio Lugo, cuando demandan una urgente revisión de esos tratados.

La represa binacional de Itaipú tiene una potencia instalada de 8 mil 250 megavatios, de los cuales Paraguay consume 5 por ciento y debe exportar 95 por ciento a su vecino a precio de costo, según el tratado firmado por la dictadura de Stroessner en 1973. Itaipú abastece 20 por ciento de la energía que consume el industrializado Brasil. Paraguay recibe apenas 300 millones de dólares al año, muy por debajo del precio internacional y del costo de reposición de la energía vendida. Ricardo Canese, ingeniero especializado en energía, estima que los 53 mil GW que se venden anualmente a Brasil tienen un precio de mercado no inferior a 4 mil millones de dólares, algo así como dos tercios del producto interno bruto de Paraguay. Lugo no pretende llegar tan lejos, pero sostiene que su país debe recibir entre uno y medio y dos mil millones de dólares, o sea, entre cinco y siete veces el valor actual.

En un principio, Lula dijo que hay un acuerdo firmado y que no está dispuesto a revisarlo. Los paraguayos sostienen que el tratado fue firmado en la dictadura de Stroessner, envuelto en casos de corrupción, y que es hora de sentarse a discutir. Afortunadamente, el canciller brasileño Ceslo Amorim dijo: “vamos a continuar discutiendo con Paraguay cómo puede obtener una remuneración adecuada por su energía”. Y reconoció que un aumento del precio “sería lo justo” y que “Brasil no quiere ser visto como un país imperialista”. En la última reunión de gabinete, Lula admitió flexibilizar la posición de Brasil para aumentar el precio de la energía que compra a Paraguay.

La revisión de estos acuerdos no es tema menor. Recuperar la soberanía energética es, para Paraguay, lo mismo que la nacionalización de los hidrocarburos para Bolivia. Un sustancial aumento de los ingresos del paupérrimo Estado paraguayo sería un balón de oxígeno para afrontar reformas urgentes en la salud y la educación, además de la necesaria reforma agraria. Todo indica que superar tantas dificultades hace necesario que los movimientos sigan presionando para evitar que el gobierno de Lugo, quien tendrá la enorme responsabilidad de desmontar el sólido aparato clientelar colorado, quede atrapado por las alianzas que debió tejer para llegar al gobierno.

* La Jornada
* http://www.jornada.unam.mx/2008/04/25/index.php?section=opinion&article=024a1pol

Raúl Zibechi: Guardia Indígena

En las montañas del norte del departamento del Cauca, en la cordillera central de Colombia, a unos 100 kilómetros al sur de Cali, se viene desarrollando desde hace varias décadas una de las más notables experiencias de construcción de un mundo diferente al hegemónico. La región está atravesada de múltiples conflictos: terratenientes con extensas plantaciones de caña contra pequeños campesinos, multinacionales buscando explotar minerales que necesitan expulsar pueblos enteros, narcotraficantes aliados con paramilitares contra todos lo que se interpongan en sus negocios y, finalmente, la eterna guerra colombiana, cuyo último gran capítulo cumplió esta semana 60 años, al celebrarse un nuevo aniversario del asesinato del líder liberal Jorge Eliécer Gaitán.

En medio de esa guerra parece un milagro que los indígenas del norte del Cauca sigan adelante con sus proyectos de vida y esperanza. En una pequeña superficie de 190 mil hectáreas entre los mil 200 y los 4 mil metros sobre el nivel del mar, de las que sólo 10 mil son planas, algo más de 110 mil personas (85 por ciento indios nasa, 5 por ciento guambianos y 10 por ciento afros y mestizos) han puesto en marcha una experiencia única en Sudamérica, que tiene sin embargo mucho en común con el neozapatismo de Chiapas y su construcción de un mundo nuevo. Vale decir que 80 por ciento de esas tierras han sido recuperadas a los terratenientes a lo largo de más de 30 años de luchas, en los que la violencia se ha cobrado miles de vidas indígenas.

En esa región, 25 mil familias viven en 304 veredas, pequeños pueblos rurales, y se autogobiernan por medio de 18 cabildos, autoridad indígena tradicional reconocida en la Constitución de 1991, pero acosada por el Estado y sus fuerzas armadas. La estructura de poder se fue construyendo de abajo arriba: asambleas de las veredas eligen alguaciles que acompañan a los gobernadores de los cabildos, que son elegidos a su vez por grandes asambleas en cada uno de los resguardos indígenas. Los cabildos son formas de poder indígena enraizados en territorios o resguardos.

Los nasa (“gente”, en lengua originaria) buscan afirmar la justicia comunitaria, la educación y la salud propias, el control sobre el territorio y el autogobierno. “Eso es para nosotros el mandar obedeciendo”, dice Ezequiel Vitonás, veterano dirigente nasa que fue gobernador y ahora acompaña el proceso que encabeza la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN). En sus territorios autogobernados han construido proyectos trascendentales, como el Espacio de Formación de Derecho Propio, una escuela de la que este año saldrán los primeros 60 consejeros jurídicos que trabajarán “para ejercer autonomía desde el derecho propio”. La escuela fue una decisión de las comunidades para fortalecer el autogobierno ante las amenazas externas, pero también para apoyar a las autoridades promoviendo evaluaciones colectivas para superar los conflictos internos.

Otro espacio notable es el Centro de Educación, Capacitación e Investigación para el Desarrollo Integral de la Comunidad (CECIDIC), definido como “un lugar de encuentro de la comunidad nasa”, que funciona en una finca recuperada de 68 hectáreas en el resguardo de San Francisco. El centro depende de los cabildos y fue construido por medio de grandes mingas comunitarias. Aunque el pueblo nasa puso en pie proyectos de educación bilingüe desde 1980, el CECIDIC trabaja en la formación para una educación propia que exprese un modelo educativo nuevo. Unos 800 jóvenes se forman en el bachillerato agrícola con énfasis en lo ambiental y en la organización comunitaria y otros 150 participan en carreras universitarias como etnoeducación, tecnología en agroindustria, economía y ciencias sociales. Los estudiantes aprenden trabajando en el sector agrosilvopastoril, en la escuela de artes y oficios y en las escuelas de animadores comunitarios.

Pero la experiencia más notable es quizá la Guardia Indígena, definida como “un instrumento de resistencia frente a la injusticia”, como “comunidad al servicio de la comunidad y defensa de nuestro territorio”. Ante la agudización del conflicto armado y una serie de asesinatos cometidos por paramilitares, las comunidades y los cabildos decidieron recomponer sus intrumentos de seguridad, entre ellos la Guardia Indígena, que fue reconocida por las autoridades nasa en una gran asamblea realizada en el resguardo de Tacueyó, en mayo de 2001. No tiene carácter militar y sus miembros se identifican por el tradicional bastón de mando de las autoridades indígenas.

Cada vereda elige en asamblea 10 guardias y un coordinador, lo que suma algo más de 3 mil guardias indígenas coordinados en cada resguardo. Se pueden ver mujeres y varones desde 12 hasta 50 años. La formación política es el aspecto más importante, ya que la guardia se considera más educativa que represiva. Todos los meses realizan talleres obligatorios, que suelen durar tres días y que luego cada coordinador replica en su vereda. Los guardias con los que fue posible conversar aseguran que no actúan como policías y que, por el contrario, se consideran “formadores de organización, protectores de la comunidad y defensores de la vida sin involucrarnos en la guerra”. Por cierto, tanto las fuerzas armadas del Estado como las FARC se sienten incómodas, por decir lo menos, con esos comuneros que en grandes grupos se reúnen para proteger a su pueblo.

Los cabildos y la Guardia Indígena definieron “sitios de asamblea permanente” donde las comunidades se congregan en situaciones de emergencia, sobre todo durante los frecuentes enfrentamientos armados en una de las regiones más violentas de Colombia. Ellos los definen como “sitios de resistencia indígena, espacios para la protección, la reflexión y el análisis comunitario”. En el proceso nasa es muy firme la apuesta a no ingresar en la guerra y resistir juntos. Pero se han propuesto hacerlo “respetando la diversidad y la diferencia”, o sea, sin llegar a convertirse en fotocopia de los actores que en seis décadas asesinaron a más de un millón de colombianos.

* La Jornada
* http://www.jornada.unam.mx/2008/04/12/index.php?section=opinion&article=021a2pol

Raúl Zibechi: La segunda fase del Plan Colombia en acción

Es muy probable que el bombardeo del ejército colombiano contra el campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en suelo ecuatoriano haya sido la primera acción de envergadura del Plan Colombia II, estrenado hace un año con un gigantesco presupuesto que multiplica por cinco los fondos destinados al Plan Colombia I. El objetivo de la segunda fase consiste en una Estrategia para el Fortalecimiento de la Democracia y el Desarrollo Social para el periodo 2007-2013. Las inversiones se elevan de 10 mil 700 millones de la primera fase a 43 mil 800 millones para la segunda, una cifra alucinante que sólo podrá ser compensada por las expectativas de las multinacionales –las grandes beneficiarias– de conseguir grandes ganancias en Colombia.

Más allá de las declaraciones, todo indica que la segunda fase del Plan Colombia no estará dirigida hacia lo que declaran sus promotores, como ya sucedió con la primera fase. Un buen ejemplo es lo que viene sucediendo con los cultivos de coca. Es cierto que el volumen de cultivos parece haber disminuido en Colombia, pero se mantiene estable en los últimos años, y en una década las exportaciones de cocaína a Estados Unidos no han decrecido y registraron un récord en 2007. Según diversos análisis, lo que está sucediendo es una difusión de los cultivos a otras regiones y a otros países. Más aún, las técnicas de los exportadores se vienen perfeccionando con la construcción de decenas de semisubmarinos que pueden transportar hasta 12 toneladas de cocaína cada uno. La Guardia Costera estadunidense informa que este año espera capturar hasta 120 submarinos de los narcos frente a los 23 capturados en los últimos años. La proclamada guerra contra las drogas es un fracaso inocultable.

Por otro lado, la prensa colombiana informa estos días que los paramilitares están de retorno luego de unas breves vacaciones. El grupo más activo se denomina ahora Águilas Negras. Cuenta con unos 4 mil efectivos procedentes de paramilitares que no se acogieron a la desmovilización auspiciada por el gobierno de Álvaro Uribe y por nuevos efectivos reclutados por los narcotraficantes, con los cuales estos grupos tendrían especial afinidad. Días atrás lanzaron amenazas de muerte contra los movimientos sociales convocantes de la marcha del 6 de marzo en homenaje a las víctimas del paramilitarismo. Una parte considerable de esos grupos actúa cerca de la frontera con Venezuela.

Respecto de la guerrilla, aunque debilitada está lejos de ser derrotada, y aunque ha sido duramente golpeada en varias regiones, su principal retaguardia, en las selvas del sur, se mantiene intacta. Ahí fracasó estrepitosamente el Plan Patriota, que pretendió desalojar a las FARC de una región que conocen y controlan hace tiempo. En resumidas cuentas, el Plan Colombia I consiguió algunos resultados, pero está lejos de ser un éxito, por lo menos en función de los objetivos declarados. Sin embargo, tanto el Plan Colombia I como su segunda fase están dando muy buenos resultados en dos aspectos no declarados y ni siquiera mencionados lateralmente en la propuesta: los negocios marchan viento en popa y la desestabilización de la región ha escalado varios pasos.

En efecto, el llamado “clima de negocios” que se respira en las principales ciudades del país, que se resume en las inversiones extranjeras directas, revela que Colombia se ha convertido en uno de los destinos preferidos de las multinacionales de la minería, los hidrocarburos y el agronegocio. Hoy se coloca sólo detrás de México, Brasil y Chile en su capacidad de captar inversiones. Se asegura que la mayor seguridad es lo que explica esta afluencia de capitales. En realidad, gracias a la intensificación de la guerra promovida por el Plan Colombia hay ya 4 millones de desplazados, 10 por ciento de la población del país, que están siendo expulsados precisamente de aquellas zonas apetecidas por el negocio multinacional. Puede decirse que la política del desplazamiento forzado es funcional, y necesaria, para el aterrizaje de las multinacionales.

El Plan Colombia II pretende actuar de modo decisivo sobre las dos fronteras calientes: Venezuela y Ecuador, además de profundizar la penetración en la región del Cauca, donde opera el movimiento indígena colombiano, el único actor social capaz de plantarle cara a la guerra y a las multinacionales. Ello augura un futuro inmediato más que complejo para el subcontinente. La acción militar del primero de marzo puede ser apenas la primera de una serie destinada a desbordar la guerra interior más allá de las fronteras, siguiendo los pasos de los cultivos de coca. No se trata de una desviación sino de un efecto deseado. La política hegemónica de Washington pasa por la desestabilización de los gobiernos de Hugo Chávez, Evo Morales y Rafael Correa, pero también por acotar las iniciativas provenientes del Mercosur. De ahí la reciente propuesta de Brasil de crear un Consejo de Seguridad de Sudamérica, que incluye sólo a los 10 países de la región.

Según el ministro de Defensa brasileño, Nelson Jobim, se trata de una iniciativa brasileña que de forma explícita excluye a Estados Unidos. La iniciativa comenzó a ser diseñada durante la crisis militar entre Ecuador, Venezuela y Colombia y se propone el control de las fronteras, la lucha contra grupos ilegales y la posibilidad de participar en operaciones de paz como las que encabeza Brasil en Haití, en la que participa un amplio contingente militar de la región. Otras versiones aseguran que la creación del Consejo de Seguridad regional fue pactado en la reciente visita de Condoleezza Rice a Brasil, ya que Washington seguiría interesado en que el país de Lula modere los ímpetus de Venezuela y Bolivia.

Aún es pronto para saber cuál de las dos lecturas es la más cercana a la realidad. Sin embargo, ya sabemos que la segunda fase del Plan Colombia está destinada a barrer con aquellos que desde los movimientos y los gobiernos se oponen, aun parcialmente, a la política de “dominio de espectro total” diseñada por las multinacionales y el imperio.

* La Jornada
* http://www.jornada.unam.mx/2008/03/28/index.php?section=opinion&article=023a1pol

Raúl Zibechi: Movimientos en contextos de guerra

El 6 de marzo los movimientos sociales y políticos de Colombia consiguieron abrir una brecha en un escenario marcado por el militarismo, la polarización y la guerra. En más de 20 ciudades, miles de personas salieron a las calles convocadas por un abanico de organizaciones entre las que destaca el Movimiento Nacional de Víctimas de los Crímenes de Estado (Movice), en homenaje a los asesinados y desaparecidos por los paramilitares. Sólo en Bogotá fueron más de 200 mil.

No fue sencillo. El 4 de febrero millones de colombianos habían repudiado a las FARC, convocados por el gobierno de Álvaro Uribe, quien utilizó toda la maquinaria del Estado para alentar la convocatoria, pero también autoconvocados por el cansancio con una guerra que dura ya seis décadas, desde el asesinato del líder liberal Jorge Eliécer Gaitán, en 1948. Se estima que sólo en los primeros años de La Violencia, como se denomina en Colombia la guerra entre conservadores y liberales que se desató el mismo día del magnicidio, murieron 200 mil personas. A partir de 1960 la guerra fue escalando a niveles desconocidos en un continente atravesado por conflictos sociales que las elites se empeñan en militarizar.

Colombia ostenta el segundo lugar del mundo en cantidad de población desplazada por la violencia: 4 millones, 10 por ciento de la población. Según Iván Cepeda, dirigente del Movice, cuyo padre fue asesinado por paramilitares en 1994 por el “delito” de pertenecer al partido legal Unión Patriótica, unos 20 mil colombianos fueron enterrados en fosas clandestinas en las dos últimas décadas. Entre ellos figuran 2 mil 550 sindicalistas y mil 700 indígenas, además de 5 mil miembros de la UP. Entre 1982 y 2005 los paramilitares perpetraron más de 3 mil 500 masacres y robaron 6 millones de hectáras. Desde 2002, luego de la desmovilización, asesinaron a 600 personas cada año y llegaron a controlar 35 por ciento del Congreso, según denuncia del Movice.

Aunque todos los actores de la guerra –fuerzas armadas del Estado, paramilitares y guerrilla– violentan y asesinan a la población civil, los paramilitares gozan de impunidad gracias a los acuerdos de desmovilización pactados con el gobienro de Uribe. De acuerdo con organismos de derechos humanos, la supuesta desmovilización paramilitar es un amplio operativo de impunidad, toda vez que la Fiscalía tiene registradas 121 mil 547 víctimas de delitos de los grupos paramilitares que están quedando sin castigo. Hasta ahora sólo 55 dirigentes paramilitares han sido llevados a la cárcel, entre ellos una veintena de parlamentarios oficalistas. La Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia investigan a un centenar de estrechos colaboradores del presidente Uribe por sus conexiones con los paramilitares.

Estos hechos y la denuncia de Newsweek sobre las relaciones que el propio Uribe mantuvo con los paramilitares permiten a analistas considerar que se está produciendo la paramilitarización del Estado. Siguiendo el modelo que se implementa en Afganistán e Irak, en las zonas donde el ejército consigue erradicar a la guerrilla se procede a una restructuración del poder “que fusiona las instituciones y la sociedad civil en un marco cívico militar”, señala Cepeda. Corresponde a las fuerzas de seguridad aplicar la Doctrina de Acción Integral, por la cual los uniformados se encargan de los servicios básicos, acciones sociales y humanitarias, sustituyendo al Estado nacional decrépito. En una sociedad de ese tipo no existe espacio para movimientos sociales autónomos, acusados de terroristas.

Estas prácticas son hijas de la guerra y contribuyen a militarizar la sociedad a través de un rígido y estricto control vertical. Pero no son un fin en sí mismas; el control de la población se pone al servicio de la dominación de los territorios de los que fueron expulsados los campesinos. En Colombia, las 6 millones de hectáreas usurpadas en las dos últimas décadas y las zonas de frontera donde pretenden avanzar los paramilitares son territorios de las comunidades afrodescendientes e indígenas en los que se están asentando las multinacionales con proyectos de minería y cultivos para la producción de agrocombustibles. La guerra es un negocio exitoso para el capital, que le permite conquistar y controlar territorios para ampliar su proceso de acumulación.

En ese clima, la marcha del 6 de marzo fue estigmatizada por el gobierno de Uribe. Varios ministros dijeron que era a favor de FARC, aserto que desmintieron los rehenes recién liberados por esa guerrilla al acudir a la convocatoria. Es la primera vez que una acción tan masiva de la sociedad civil consigue abrirse paso en medio de la guerra. Hasta ahora las acciones masivas contra el conflicto habían sido de carácter local y protagonizadas por actores regionales, destacando la Minga por la Vida, marcha a Cali de las comunidades indígenas del Cauca en setiembre de 2004.

Es probable que la jornada del 6 de marzo se convierta en un parteaguas para los movimientos y la sociedad civil colombiana. En diciembre, en el coloquio en homenaje a Andrés Aubry celebrado en San Cristóbal de las Casas, el subcomandante Marcos señaló que la guerra es una forma esencial “por la que el capitalismo se impone e implanta en la periferia”. Agregó que “es en la paz donde es más difícil hacer negocios”, para concluir: “Por eso la paz es anticapitalista”.

El 6 de marzo, el Consejo Regional Indígena del Cauca, bajo el lema Ni imperio, ni guerra, ni FARC, señaló en un comunicado: “La guerra es un medio hacia un fin, la anexión de territorios y el sometimiento de pueblos con fines económicos. Nada hay más subversivo y antimperialista que una paz digna que garantice la soberanía de los pueblos y nuestro derecho a definir y seguir nuestra agenda sin que nos la impongan imperios y ejércitos”. Al parecer, desde los sótanos de nuestras sociedades las cosas se ven con otra luz.

* La Jornada
* http://www.jornada.unam.mx/2008/03/14/index.php?section=opinion&article=024a1pol

Raúl Zibechi: Nuevos escollos para el Mercosur

La remodelación del gabinete ministerial realizada por el presidente uruguayo Tabaré Vázquez, con el objetivo de afrontar los dos últimos años de su gobierno y reposicionar a la izquierda de cara a las elecciones de fines de 2009, deja un sabor amargo para quienes apuestan a fortalecer el Mercosur y promover la integración regional.

Vázquez removió a cinco de sus 11 ministros con el argumento de dar un perfil más técnico que político a su equipo de gobierno y reducir la edad promedio del gabinete. Dos de los relevos son los más destacados: José Mujica, dirigente tupamaro y ministro de Ganadería, y el canciller Reinaldo Gargano, histórico líder socialista, dejan sus cargos para retornar al parlamento. Mientras el cargo de Mujica lo pasa a gestionar su más cercano colaborador, el de Gargano será ocupado a partir del primero de marzo por el hasta ahora secretario de Presidencia, Gonzalo Fernández.

Gargano ha sido el más firme defensor del Mercosur en el gobierno de Vázquez y se enfrentó directamente al ministro de Economía, Danilo Astori, en todos los temas importantes: en las relaciones de Uruguay respecto a sus vecinos, Argentina y Brasil, sobre la conveniencia de integrar el Banco del Sur, la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos y el énfasis en la integración regional. Por eso Gargano fue blanco de la derecha y de los grandes medios de comunicación, quienes lo tildaron de “blando” en el conflicto con Argentina y de llevar adelante una política exterior errática por su defensa del Mercosur y de la incorporación de Venezuela a la alianza regional.

Con el nuevo canciller las cosas van a cambiar, aunque paulatinamente. En el conflicto por las fábricas de celulosa con Argentina no pueden esperarse cambios de fondo. Pero en la relación con Estados Unidos y en la posición uruguaya ante el Mercosur, Fernández parece más cercano a las posturas del ministro de Economía, quien ha sido un ferviente defensor del TLC y de marcar distancias con la región. La sorda disputa que se daba en el interior del gobierno de Vázquez en torno a estos temas parece haber llegado a su fin.

La nueva relación de fuerzas, promovida directamente por Vázquez, es un guiño a la interna del Frente Amplio (FA), la fuerza que sostiene al gobierno y se dispone a elegir al candidato a suceder al actual presidente. El FA atraviesa una difícil y crítica situación interna, aunque el gobierno cuenta con un amplio apoyo en la opinión pública que hace casi seguro su triunfo en las elecciones del próximo año.

En su último congreso, celebrado en diciembre, el FA no pudo elegir nuevo presidente ante la imposibilidad de llegar a acuerdos de consenso entre las fuerzas que lo integran. Pero ese equilibrio de fuerzas deberá romperse en los próximos meses y el recambio ministerial anuncia algunas tendencias posibles. Una, quizá la más importante, es la fuerza que viene adquiriendo la candidatura presidencial de Danilo Astori. Hasta ahora, sus adversarios apostaban a una renuncia conjunta con Mujica –los dos principales precandidatos–, ya que ninguno de los dos tiene los consensos necesarios. Sin embargo, si bien Vázquez no se ha pronunciado públicamente en favor de Astori, debe recordarse que cuando lo nombró como futuro ministro de Economía en una gira por Estados Unidos, aun antes de ganar las elecciones, le aseguró que sería “su” candidato en 2009.

Este deslizamiento hacia posiciones afines a acuerdos comerciales con Estados Unidos se produce en una coyuntura continental en la cual aún no se han sedimentado las más recientes convulsiones. Entre ellas, cabe destacar la nueva realidad venezolana posterior a la derrota del referendo sobre el “socialismo del siglo XXI” y la guerra comercial en curso de la multinacional Exxon Mobil contra el gobierno de Hugo Chávez. Este año será decisivo para el futuro del proceso bolivariano, jaqueado por problemas económicos, elevada inflación y escasez de alimentos, y las dificultades del chavismo para abrir un debate sobre las razones de la derrota en el referendo de diciembre. Todo indica que la inestabilidad tiende a instalarse nuevamente, pero ahora de la mano de errores en la conducción del proceso.

El gobierno encabezado por Evo Morales tampoco consigue superar los permanentes jaques de la oposición, que cuenta con considerable apoyo de masas.

En líneas generales, la impresión dominante es que la tensión hacia los cambios, que fue claramente perceptible entre 2003 y 2005, se ha ido diluyendo hasta casi desaparecer. Por un lado, el eje más dinámico ha dejado de ser el conformado por Bolivia, Ecuador y Venezuela, para trasladarse a Brasil y Argentina, empeñados en jugar un papel dirigente en la región. Pero en ambos, no sólo se ha desvanecido cualquier intento por salir del modelo neoliberal, sino que las opciones realizadas los llevan a seguir profundizándolo de la mano de los monocultivos de soya y caña de azúcar y del complejo forestación-celulosa. Por otro, las principales propuestas de cambio regional, formuladas las más de las veces por Venezuela, siguen sin concretarse –como el Gasoducto del Sur– o encuentran serias dificultades para convertirse en verdaderas alternativas, como el recién creado Banco del Sur.

La mayor parte de los gobiernos autoproclamados progresistas y de izquierda de la región comienzan ahora a mirar de reojo las consecuencias para la región de la crisis mundial provocada por el hundimiento del sector inmobiliario de los Estados Unidos. De no darse pasos rápidos hacia la creación de una unidad monetaria regional, como advirtió hace pocas semanas el economista peruano Oscar Ugarteche, es probable que no se consiga eludir la onda expansiva de la crisis en curso.

En suma, ingresamos en una situación de pre-crisis, que presenta la oportunidad de implementar cambios de fondo si se aprendieran las lecciones de los últimos cinco años, en los que faltó voluntad para comenzar a salir del modelo hegemónico.

* La Jornada
* http://www.jornada.unam.mx/2008/02/19/index.php?section=opinion&article=019a2pol