Julio María Sanguinetti: No basta votar

Bien se sabe que la democracia no es sólo elecciones, condición necesaria pero no suficiente. Una democracia supone un gobierno electo por el pueblo; como dice Popper, procedimientos no violentos para sacudirse una mala administración; la adecuada autonomía de los poderes de gobierno; la vigencia consentida de un Estado de derecho y el respeto general por las libertades y garantías de los ciudadanos.

En el umbral del Bicentenario de nuestras repúblicas latinoamericanas, ese ideal tan largamente acariciado, está aún lejos. Se vota: todos los gobiernos, salvo la conocida excepción cubana, son resultado de elecciones y ello debe valorarse. Incluso en los dos países más grandes, podemos señalar algunos avances notables. Brasil posee hoy partidos nacionales estables y México ha estrenado un sistema electoral transparente con una alternancia política razonablemente aceptada.

Más allá de estas gratificantes comprobaciones, nos encontramos con inestabilidades y degradaciones imposibles de ocultar. Caído el Muro de Berlín y superada la guerra fría, nuestro hemisferio se alejó de la diabólica dialéctica de unos sustentando guerrillas marxistas desde Cuba y otros dictaduras desde Washington. Pareció que nos llegaba un tiempo de paz, en que la democracia podría brillar, pues dependía simplemente del esfuerzo de los demócratas latinoamericanos. Los hechos no han sido tan gratificantes.

En Brasil (1992), renuncia el presidente Fernando Collor de Melo ante la inminencia de un juicio político. En Paraguay (1999), el presidente Cubas renuncia y se exilia en Brasil, a raíz de las revueltas desencadenas por el asesinato del vicepresidente Argaña, quedando la Presidencia en manos del titular del Senado González Macchi, quien a duras penas termina su mandato. El caso peruano fue uno de los más detonantes, con la dimisión de Alberto Fujimori (2000), quien abandonó la Presidencia luego de ser reelecto, a raíz de descubrirse una trama siniestra de corrupción y espionaje que manejaba un capitán Montesinos, de triste memoria. Argentina (2001) vio caer al presidente Fernando de la Rúa a raíz de una crisis económica severa y el acoso de piquetes organizados que se adueñaron de la calle; todo lo cual dio paso a tres presidentes provisionales en dos meses, finalmente sustituidos por Eduardo Duhalde, quien alcanza la normalización institucional. En Bolivia, entre 2003 y 2005 se produce la estrepitosa caída del presidente Sánchez de Lozada, y más tarde la de su sustituto Carlos Mesa, para abrir espacio finalmente a la elección de Evo Morales, administrador de un país agrietado en dos partes por un persistente conflicto étnico. En Ecuador (2005), el presidente Lucio Gutiérrez cae en medio de revueltas populares.

Este sucinto relato apenas resume las caídas presidenciales. No podemos ignorar la degradación democrática que se vive bajo gobiernos populistas como el de Venezuela, donde se ha instaurado la Presidencia eterna y cerrado la principal estación privada de televisión, mientras la otra independiente sobrevive bajo amenaza. A lo que se añaden vaciamientos institucionales tan fuertes como el de que, electo en Caracas un alcalde opositor, se dictó una ley despojándolo de todas sus competencias, transferidas a una nueva superautoridad creada para administrar la ciudad capital. Tampoco cabe olvidar la permanente furia reeleccionista que entra a los mandatarios en ejercicio y que no parece terminar.

Todo esto viene a cuento de los dramáticos episodios ocurridos en Honduras, que registran el primer golpe militar de esta etapa histórica. Golpe sui géneris, porque nació del Parlamento y el Poder Judicial, que enfrentados al presidente terminaron reclamando una intervención militar para deponerlo y desterrarlo. No hay duda de que este presidente se había extralimitado hasta el punto de que no hubiera un solo diputado de su partido que levantara la mano en su favor. Pero tampoco hay duda de que cualesquiera fueran sus excesos, nunca debió ser el Ejército el arbitrario ejecutor de un derrocamiento presidencial, que bien ha sido calificado internacionalmente como un golpe de Estado.

Dos siglos de independencia no habilitan ya más excusas. No se puede seguir hablando de la herencia hispánica, del imperialismo norteamericano o del comunismo internacional. Nuestras repúblicas aún adolecen de inmadurez democrática y ello se advierte en el debate diario. Si una dictadura es de izquierda o derecha, será buena o mala para unos u otros, al margen de su condición autoritaria. Y ello ocurre en los medios políticos tanto como en las universidades, todavía ancladas en debates ideológicos que ya debían haberse librado a la historia.

Hemos vivido un quinquenio milagroso del mercado internacional, que derramó excedentes fabulosos. Hubo algunos avances, pero magros en el conjunto, porque -como dice Alain Touraine- “las chances de desarrollo dependen hoy más de las condiciones políticas y sociales que de las condiciones económicas”. Sólo los países con estabilidad pudieron aprovechar satisfactoriamente la bonanza, como pasó en Chile, Brasil, Colombia o Perú. Pasada la buena racha y enfrentados nuevamente a la dura competencia de los mercados, se hace más imprescindible que nunca la seguridad jurídica y la estabilidad política. Que es, justamente, lo que vemos resquebrajarse en variadas partes del hemisferio.

Julio María Sanguinetti, ex presidente de Uruguay, es abogado y periodista.

Fuente: El País

Jorge Zavaleta: La amazonía en venta

Los gremios más representativos de las comunidades nativas de la Amazonía anuncian que si el gobierno peruano prosigue en su intento de rematar los recursos naturales, los pobladores retornarán a sus bosques, no reconocerán al Estado y evitarán a toda costa el ingreso del capital privado.

Mientras los movimientos científicos y sociales buscan salidas para paliar el brusco cambio climático a través de mayor protección de la rica biodiversidad amazónica, el gobierno del Perú enfrenta batalla legal contra las comunidades de la Amazonía con el fin de atender el ingreso privilegiado del capital privado, arrasando ancestrales derechos de propiedad de sus antiguos pobladores.

Pues los habitantes de la Amazonía, esta vez han decidido articular una oposición sólida y constante, para evitar la arremetida gubernamental aprista y que se repita otro capítulo de violencia y olvido del Estado.

Para no retroceder a la época de los caucheros, en los pueblos de la selva aún están frescas las negras historias de colonos que recibieron grandes concesiones de tierras y establecieron relaciones de esclavitud con los aborígenes.

Solo una muestra. En los años cincuenta, al igual que en esta primera década del siglo XXI, hubo una ola privatizadora. La dictadura del entonces general Manuel Odría autorizó el ingreso a la selva del Ucayali del rico empresario Letorneau, llamado “Socio de Dios”.

Equipado con modernos tractores y potentes aserraderos, la empresa franco norteamericana apareció con una legión de predicadores del cristianismo ortodoxo y fundó más de una congregación y un centro de investigación de las lenguas nativas. Detrás de esa avanzada religiosa, las máquinas se encargaron de derribar miles y miles de hectáreas de bosques. En menos de 20 años, las más finas especies como cedro y caoba desaparecieron y no hubo autoridad que se preocupara por la reforestación.

La entonces pequeña ciudad de Pucallpa, capital de Ucayali, fue convertida en un desierto que no cesa de crecer con pobladores que huyen de las profundidades del bosque, en tanto, desde los puertos ribereños de los afluentes del Amazonas, parten rumbo a EEUU y Europa los barcos aserradores cargados de ricas especies naturales.

Desde mucho antes, la vida de las comunidades aborígenes fue muy difícil. Los habitantes del oriente peruano fueron tratados como desconocidos, como los otros. La subalternidad y la otredad, restan valor a la diversidad cultural.

Los nativos no se oponen al desarrollo integral de sus pueblos. Lo único que desean es que el inversionista respete su hábitat y que la explotación de los recursos sea el fruto de la concertación entre Estado y capital, en el marco de una legislación ambientalista, que hasta ahora es letra muerta.

En este tercer año del segundo gobierno aprista, el país pasa por una coyuntura que podría servir para refundar el Estado a partir del armónico desarrollo de la Amazonía. Pero ocurre lo contrario. El Ejecutivo ha reconocido que se equivocó de estrategia al saltar los compromisos internacionales como el Convenio 169 de la OIT que obliga al Estado a consultar a las comunidades sobre cualquier cambio en la forma de enajenación de las tierras.

El Congreso de la República, con el respaldo de la Defensoría del Pueblo y el voto oficialista en contra, ha tenido que derogar un primer Decreto Legislativo que reducía el número de votos necesarios de las comunidades nativas y campesinas para la toma de sus acuerdos.

Esta aparente tregua no convence a los aborígenes, porque el gobierno solo pretende afinar las condiciones para no entregar a los inversionistas los proyectos de exploración y extracción de petróleo, gas y biocombustibles, así como las vías interoceánicas con Brasil sin escuchar las demandas sociels de los comuneros.

La realidad de estos días revela improvisación de los gobernantes. Las unidades de prevención del Consejo de Ministros no muestran identificación con los proyectos del Ejecutivo. La tensión social sigue latente, aunque la autoridad política niega afanes represivos. En la reciente y pacífica movilización de la selva, la policía ha actuado con violencia. En Bagua, cerca de la frontera con Ecuador, fueron heridos de balas y perdigones varias decenas de comuneros. Las dirigencias comunales denunciaron que son objeto de persecución política por parte de la gubernamental Agencia Peruana de Cooperación Internacional.

La actual administración, no obstante su oferta electoral de continuar con la modernización del Estado iniciada por los presidentes Paniagua y Toledo, no ha involucrado la selva. Solo se ha centrado en más privatizaciones, nuevas regulaciones y liberalización de los mercados, sin tocar el “antiguo régimen”. La corrupción del Poder Judicial contribuye a la falta de credibilidad de las principales instituciones, aunque parece que este clima no incide todavía sobre el crecimiento de la macroeconomía.

Lamentablemente el Estado no tiene capacidad para trabajar con la Amazonía. En julio último, recién creó el Ministerio de Medio Ambiente para cumplir con los requisitos que establece el TLC con EEUU. Pero los informes de las propias organizaciones comunales indican que a la fecha 163 comunidades tienen dificultades en tramitar su titulación, 143 han solicitado ampliación de sus límites territoriales y otro tanto tiene conflictos de delimitación y de otro tipo.

El presidente Alan García con su discurso de El Perro del Hortelano, descalifica la posición de los nativos y solo busca beneficiar a las empresas mineras, petroleras y otros agentes interesados en las tierras de las comunidades campesinas y nativas. Ejemplos sobran:

La extracción del gas de Camisea, es un proyecto que tenía como objetivo cambiar la matriz energética del país y cubrir las necesidades de los pueblos por donde atraviesan los gasoductos del Cusco a Lima. Pero por falta de planificación, las principales ciudades del país hoy sufren apagones para derivar energía a las fábricas. Tirios y troyanos se preguntan ¿cómo organismos como el BID han comprometido a sus mejores técnicos en un lucrativo proyecto de exportación de gas natural a México y Chile, sin prever la demanda interna de la costa y menos aún de los pueblos del sur del Perú?

Las comunidades nativas consideran que García ignora sus culturas y que pretende gobernar sin consultar y dialogar con los involucrados. “Para la sociedad occidental la tierra es de uno cuando el título de propiedad está inscrito en los Registros Públicos. Para los indígenas el dueño es la Madre Tierra”. Los andinos la reconocen como Pachamama. La tierra, las montañas y cataratas son sagradas”, proclama la AIDESEP, organización que lideró el último paro regional.

Datos

La Amazonía tiene más de un millón de pobladores nativos, distribuidos en Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia, que forman parte de 177 grupos étnicos.

La Amazonía peruana abarca el 60% del territorio nacional y es habitada por el 13% de los 28 millones de peruanos.

Son 774.649 kilómetros cuadrados, donde viven unos 650.000 indígenas de 65 etnias, cada uno con su propio idioma y cultura.

Hay numerosos distritos donde la pobreza extrema llega al 100% y la perniciosa inflación está muy por encima de los 6 dígitos que aparece en Lima.

Solo en la Amazonía peruana existe el 10% de la biodiversidad del mundo y alberga el 30% del agua dulce.

http://www.argenpress.info/2008/09/per-la-amazona-en-venta.html

Cesar Vallejo: Masa

Al fin de la batalla,
y muerto el combatiente, vino hacia él un hombre
y le dijo: «No mueras, te amo tanto!»
Pero el cadáver ¡ay! siguió muriendo.

Se le acercaron dos y repitiéronle:
«No nos dejes! ¡Valor! ¡Vuelve a la vida!»
Pero el cadáver ¡ay! siguió muriendo.

Acudieron a él veinte, cien, mil, quinientos mil,
clamando: «Tanto amor, y no poder nada contra la muerte!»
Pero el cadáver ¡ay! siguió muriendo.

Le rodearon millones de individuos,
con un ruego común: «¡Quédate hermano!»
Pero el cadáver ¡ay! siguió muriendo.

Entonces, todos los hombres de la tierra
le rodearon; les vió el cadáver triste, emocionado;
incorporóse lentamente,
abrazó al primer hombre; echóse a andar…

* 10 de noviembre de 1937

Raúl Zibechi: Juicio a Fujimori: Una oportunidad para Perú

La extradición del ex presidente y ex dictador Alberto Fujimori, decidida por la Corte Suprema de Chile, puede contribuir a consolidar una democracia frágil y a disolver la cultura del miedo.

‘En este barrio casi todos apoyan a Fujimori’, confiesa Nelly, sentada en una banca del comedor Virgen del Carmen, en El Oasis, una barriada de la periferia de Villa El Salvador.

El barrio es un monumento a la pobreza: calles de tierra, casas de esteras, cartón y trozos de plástico, sin agua corriente ni saneamiento. Las últimas ‘tomas’ lucen aún las banderitas peruanas sobre cada vivienda, escudo imaginario para disuadir posibles desalojos. El comedor popular construido con láminas de madera es la única construcción con suelo de cemento. Cerca del mediodía los niños deambulan alrededor, esperando la hora del almuerzo que preparan rotativamente las 25 socias del comedor y es la única comida caliente a la que acceden, por apenas medio dólar.

Sin que nadie le pregunte, Nelly siente la necesidad de explicarse: ‘Nos decían que si no íbamos a los actos de Fujimori el comedor no recibiría más alimentos. Pasaban lista y los servicios de inteligencia vigilaban si las socias aplaudían y daban vivas al Chino. Si no mostrábamos entusiasmo, al mes siguiente llegaban menos raciones’.

Para las madres de El Oasis apoyar a Fujimori no era una opción política sino cuestión de sobrevivencia. Por eso, hablar de ‘clientelismo’ no contribuye a comprender que las relaciones asimétricas imponen a los más pobres asumir comportamientos públicos de aprobación a cambio de algo tan elemental como comida. El régimen del Fujimori, como el de Carlos Menem en Argentina, se ocupó de ellos, lubricando el acceso a las necesidades básicas con una buena dosis de autoritarismo.

Una dictadura especial

Este hombre de 69 años, nervioso e hipertenso, que llegó a Lima el sábado 22 de septiembre, parece una caricatura de aquel mandatario soberbio de sonrisa taimada que despreciaba a sus adversarios. Alberto Fujimori resultó electo no por sus virtudes sino por el rechazo de un país mestizo y andino a un candidato como Mario Vargas Llosa que representaba, demasiado ostentosamente, a las elites limeñas blancas y coloniales. Poco después de acceder a la presidencia, fue quedando en evidencia que el país estaba siendo gobernado por un déspota frío, calculador, implacable. Pronto estableció una férrea alianza con las cúpulas militares y empresariales, con las que estableció pactos de sangre y de dinero a cambio de impunidad y un rosario de casos de corrupción.

En abril de 1992 perpetró un autogolpe. Cerró el Congreso e intervino el Poder Judicial mediante la destitución de los opositores. Concentró el poder en sus manos y gobernó en adelante con el apoyo de los militares. Profundizó todos los males que heredó: la guerra sucia, la corrupción, la militarización del país y muy en particular de las áreas rurales, y la desnacionalización de la economía con la entrega al sector privado multinacional de la minería, los hidrocarburos y los servicios básicos. Como suelen hacer las dictaduras, realizó obras importantes de las que se beneficiaron algunos contratistas amigos pero que eran imprescindibles para un país hundido en la bancarrota y que salía de la hiperinflación.

En su favor, puede decirse que puso fin a la guerra y promovió cierto repunte de la economía. Lo primero lo consiguió violando de forma descarada los derechos humanos, con miles de desaparecidos y torturados, y encarcelando inocentes juzgados por ‘jueces sin rostro’, en una permanente parodia de justicia. Recibió un país en guerra, una guerra diferente en la que una de las partes, el Partido Comunista del Perú-Sendero Luminoso, fue responsable de más de la mitad de las 69,280 víctimas comprobadas por la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR). Fue una guerra contra los campesinos quechua-hablantes: 79% de las víctimas vivían en zonas rurales y 75% hablaban quechua u otras lenguas nativas. Sin embargo, cuando Fujimori se hizo con el poder absoluto los propios campesinos estaban enfrentando a Sendero, organizados en ‘rondas’, y les estaban ganando la guerra como bien recuerda el editorialista de La República , Mirko Lauer1.

Pero es la sentencia de la Corte Suprema de Chile la que pone al descubierto el carácter del fujimorismo. El fallo de 212 páginas se sustenta en las declaraciones del ex comandante general del Ejército, Nicolás Hermoza Ríos, y de miembros de escuadrón de la muerte Colina que echan por tierra la supuesta ‘ignorancia’ alegada por Fujimori sobre las matanzas y la violación de los derechos humanos. ‘Hay indicios claros de que Fujimori habría tenido, después del autogolpe, la concentración de todos los poderes del Estado y el mando superior de las fuerzas armadas y servicios de inteligencia, propició la creación de un organismo especial dentro de las fuerzas armadas para realizar operaciones en contra de las personas sospechosas de subversión o de enemigos políticos del régimen’2.

La sentencia asegura que Fujimori conocía la existencia del grupo Colina y que otorgó ascensos, premios y condecoraciones a sus miembros y que ‘muchas personas lo vieron dar órdenes a Montesinos, quien a su vez las entregaba al mencionado grupo Colina’. Transformó los sótanos del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE) ‘en su centro de actividad’, donde junto a Vladimiro Montesinos, jefe del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), ‘planificaban y ordenaban’ operaciones de exterminio.

‘Estos actos -señala la sentencia- eran el resultado de acciones planificadas por una organización o aparato de poder formado por el sie , liderado por Fujimori, que reúne los requisitos para ser considerada como una organización delictiva de poder organizado y jerarquizado’3.

La Corte Suprema concedió la extradición por los delitos de homicidio calificado y lesiones por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta. Y, además, por la compra de congresistas con fondos del SIN , por la entrega de 15 millones de fondos públicos a Montesinos, por la compra de medios de comunicación y otros delitos como las intercepciones de teléfonos privados. Como señala el ex presidente de la CVR, Salomón Lerner, la decisión de la justicia chilena ‘es un giro para la justicia penal internacional’.

En paralelo, considera que el mayor daño que Fujimori le hizo al país consistió en institucionalizar la corrupción: ‘El defenestró todos los poderes del Estado, compró la conciencia de los medios de comunicación, de políticos, de empresarios, de las fuerzas armadas; envenenó la conciencia y la cabeza del hombre común y corriente a través de diarios chicha (amarillos) que salpicaban porquería sobre el honor de las personas; degradó moralmente al país. Fujimori es mucho más culpable de todo por lo que hoy se le acusa’4.

Un tiempo nuevo

Es bueno recordar que fue la sociedad peruana movilizada la que puso fin al fujimorismo. Ahora, el presidente Alan García gobierna con apoyo de los restos del fujimorismo en el parlamento, donde esa fuerza conserva 13 diputados liderados por Keiko, hija del ex dictador. De ahí que muchos analistas y buena parte de la opinión pública manifiesten temor ante la posibilidad de un pacto García-Fujimori que podría concluir en un juicio-farsa que le imponga penas mínimas al reo.

Es cierto que el fujimorismo no es ahora un peligro para la democracia. Algo así muestran las encuestas y las esmirriadas manifestaciones de apoyo al extraditado, que no lograron la masividad a la que aspiraba Keiko. García, a quien algunos ven proclive a un acuerdo, respondió con dureza a las acusaciones de Keiko quien calificó las condiciones de detención de su padre como ‘terribles’. Forzado por las circunstancias, García explicó que la habitación del prisionero tiene casi 30 metros cuadrados, tiene acceso a una sala y un baño privados, y a un patio de 100 metros cuadrados. ‘No lo hemos enrejado, como se hizo en otras ocasiones. No le hemos puesto traje a rayas, como se hizo en otras ocasiones’, dijo García en alusión a la conducta de Fujimori cuando presentó a Abimael Guzmán, en septiembre de 1992, enjaulado y con traje de prisionero. ‘No habrá ensañamiento, odio ni venganza. Se respetará la dignidad de la persona’, aseguró el presidente5.

Pero las dudas de la amplia porción de la sociedad peruana que detesta al ex presidente tienen asidero en dos hechos. Por un lado, Fujimori posee gran cantidad de videos filmados por su ex asesor, Montesinos, que pueden inculpar a congresistas, políticos, propietarios de medios y un sinfín de personalidades. Es seguro que va a usarlos para chantajear al jurado.

Por otro, está el factor militar. Hasta el momento, ni un solo militar fue procesado por su participación en la guerra sucia. Hubo una mezcla de pacto implícito y de presiones para dejar fuera de responsabilidades al estamento militar, algo inédito en la región. Hasta dónde llegará la capacidad de presión de una cúpula militar que nunca fue purgada por la democracia, es algo que recién sabremos en los próximos meses. El fujimorismo fue un régimen cívico-militar, y no sería razonable que los uniformados quedaran al margen a la hora de rendir cuentas. Es muy probable que el propio Fujimori ponga el factor militar sobre la mesa.

Por último, más allá de los resultados de un juicio que puede durar meses, y tal vez más de un año, está el futuro de la sociedad peruana, de su incipiente democracia, de los movimientos y organizaciones sociales que provocaron la caída de la dictadura. Cualquiera que haya conocido el Perú de los 80 y recorra las calles del país de 2007, notará cambios importantes. Es un país diferente; pero no es otro país ya que no existen cambios sociales y culturales. Prueba de ello son las barriadas de la periferia de Lima, que congregan a más de cinco de sus casi nueve millones de habitantes. Es el otro país, el del apartheid, donde los pobres tienen siempre la piel más oscura, provienen de la región andina, hablan, visten y danzan en otras lenguas.

Esos dos países nunca se reconciliaron, ni se están encontrando, a no ser en una relación de subordinación. Comprender las raíces del fujimorismo supone adentrarse en las causas del autoritarismo, ya sea el de Sendero Luminoso o el de la dupla Fujimori-Montesinos, que no son más que dos caras de un mismo fenómeno. Desmontar el autoritarismo supone que las madres de El Oasis no se vean forzadas a dar vivas al que está arriba a cambio de bolsas de arroz. Siete años después de la caída del dictador, Nelly y sus amigas del comedor popular no pudieron mejorar la situación de sus hijos, muchos de ellos embarcados en la pequeña delincuencia que azota el barrio. Cuando acuden a la policía, les dicen que hagan justicia por mano propia porque la autoridad no puede hacerlo. ‘Desde el terremoto de Pisco, el Estado nos envía la mitad de los alimentos’, dice sin desesperación pero con una dosis de resentimiento.

Cronología

1989-Alberto Fujimori se impone en segunda vuelta a Mario Vargas Llosa con el 56% de los votos.

1992-El 5 de abril da un golpe de Estado y disuelve el parlamento. Convoca a elecciones para el Congreso Constituyente donde su partido obtiene la mayoría absoluta. En agosto es detenido Abimael Guzmán, máximo dirigente de Sendero Luminoso.

1995-Fujimori es reelegido por abrumadora mayoría. Amnistía a policías y militares condenados por violar los derechos humanos en la lucha contra la guerrilla. ‘Jueces sin rostro’ condenan a más de 2.000 personas entre 1992 y 1995.

1997-Destituye a miembros del Tribunal Constitucional que declararon que la Constitución impedía una nueva reelección de Fujimori.

2000-Fujimori presenta un millón de firmas falsas que avalan su reelección. Obtiene el 48.7% frente al 41% de su rival, Alejandro Toledo. La noche de las elecciones, el 9 de abril, miles de peruanos salen a las calles contra el fraude. Fujimori es proclamado vencedor en segunda vuelta a la que no concurre Toledo y pese a escrutarse un 54% de papeletas nulas. Estados Unidos y la oea toman distancias de Fujimori. Se difunden videos del asesor y jefe de inteligencia, Vladimiro Montesinos, sobornando a parlamentarios. En medio de gigantescas manifestaciones contra el régimen y acosado por denuncias de corrupción, Fujimori asiste el 15 de noviembre al Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, en Brunei; desde allí viaja a Tokio y envía su renuncia a la presidencia por fax. Valentín Paniagua es nombrado presidente transitorio.

2001-La Comisión de Derechos Humanos del Congreso peruano pide la extradición al parlamento de Japón.

2003-Japón rechaza la extradición mientras el Congreso peruano lo acusa de la matanza de 15 personas en Barrios Altos, en diciembre de 1991, y de nueve alumnos y un profesor en la Universidad La Cantuta, en julio de 1992.

2004-El gobierno peruano presenta una segunda solicitud de extradición por pago irregular de 15 millones de dólares al jefe de inteligencia Vladimiro Montesinos.

2005-El 7 de noviembre Fujimori llega sorpresivamente a Santiago de Chile donde es detenido a pedido del gobierno peruano.

2006-La Corte Suprema de Chile le impide salir del país.

2007-El 11 de julio el juez Orlando Alvarez emite un fallo rechazando el pedido de extradición. El 21 de septiembre la II Sala Penal de la Corte Suprema revoca el fallo de primera instancia y aprueba la extradición.

El ojo que llora

Al día siguiente de la extradición de Fujimori, una docena de presuntos partidarios del ex dictador atacó el monumento ‘El ojo que llora’, en memoria de las víctimas de la guerra interna que desangró al país desde 1980 cuando Sendero Luminoso se levantó en armas. El grupo amenazó al único guardia con armas de fuego, lo encadenaron y lo forzaron a arrodillarse mientras se dedicaron a romper las piedras que llevan inscritos los nombres de los desaparecidos y a volcar pintura roja sobre la escultura central.

‘El ojo que llora’ es una creación de la escultora Lika Mutal, enclavada en el parque denominado Campo de Marte, cerca del centro de Lima. Forma parte de la primera fase de la Alameda de la Memoria y se trata de la primera reparación simbólica a las víctimas de la violencia política. Consiste en un laberinto circular en cuyo centro, a una piedra-madre de cuatro toneladas que representa el centro interior de cada persona, se le ha superpuesto otra piedra ovoide que simboliza un ojo por el que cae un chorro de agua. A su alrededor y en el laberinto hay 27,000 piedras que representan a otras tantas víctimas registradas por la Comisión de la Verdad y Reconciliación, en las que se están inscribiendo los nombres.

* © Argenpress
* http://www.argenpress.info/nota.asp?num=047837&Parte=0