Carlos Fazio: La guerra y la paz

Felipe Calderón no escucha. La disyuntiva lanzada por el poeta y activista no violento Javier Sicilia fue guerra o paz. Y su opción fue muy clara: por un México en paz con justicia y dignidad. Lo que implica un rotundo noal enfoque militarista y la estrategia de guerra de la seguridad pública ordenados por Calderón. La respuesta del inquilino de Los Pinos pareció autista: no habrá cambio de estrategia porque tenemos la ley, la razón y la fuerza. Ergo, seguirá la guerra. Tampoco renunciará el superpolicía Genaro García Luna –émulo neodiazordacista del general Cueto, el de la matanza de Tlatelolco–, cuya defensa y control de daños quedó en manos de Televisa, los nuevos policías del pensamiento de la prensa vendida, y familiares de víctimas de la criminalidad cooptados por el gobierno.

Calderón no entendió que para Sicilia el Alto a la guerra y el No más sangre no son demandas simbólicas. Son reales. De allí que la contradicción, ahora, sea recrudecimiento de la militarización versus acciones de resistencia en el marco de la no violencia activa, que, de ir acumulando la fuerza moral y material de todos los que estamos hasta la madre de tanta violencia e inhumanidad generadas por una guerra absurda, a la manera de una bola de nieve podrá derivar en desobediencia civil pacífica.

Calderón no es sordo ni autista; tampoco insensible. Sus decisiones responden a una estrategia preconcebida, con eje en una doctrina de seguridad nacional importada. Como dijo Sicilia, la política de seguridad de Calderón fue diseñada por Estados Unidos. Su lógica es militar. Parte del mito de la guerra, como una realidad humana fundamental a la cual se reducen todas las demás. La guerra destruye la política y borra la frontera con la paz. La lógica de Calderón invierte la fórmula de Clausewitz: la política se transforma en la prolongación de la guerra gracias a otros medios. Si la política es la prolongación de la guerra, se asimila a la guerra y debe ser conducida por la guerra.

El uso de los conceptos no es inocente. En nombre de una presunta guerra a las drogas, Calderón instauró un régimen de excepción, con zonas del país bajo virtual estado de sitio. Calderón ha buscado poner al Estado y a la sociedad en función del estado de guerra. Lo primero lo logró. Durante cuatro años y medio la guerrade Calderón dominó la agenda pública: convirtió la nota roja en noticia principal de diarios y medios electrónicos. En el segundo objetivo, poner a la nación en permanente pie de guerra, fracasó. Su estrategia de guerra generó violencia, miedo y terror, pero no logró transformar a la sociedad en un inmenso ejército movilizado bajo su mando. Sus llamados a la unidad nacional contra los criminales, losverdaderos enemigos de México –los hijos de puta, diría Aguilar Camín–, fracasó porque se trata de una guerra fantasma, con base en un mito.

El mito de la guerra no obedece a un simple error intelectual: es útil. El culto de la seguridad sólo puede favorecer los privilegios y justificar el statu quo. El uso del Ejército, la Marina de guerra y la policía militarizada de García Luna es el sostén y justifica un tipo de sociedad basada en el centralismo autoritario y la explotación jerarquizada. Su papel ideológico cumple la función de perpetuar las relaciones entre dominadores y dominados. El método consiste en cambiar la ideología de la lucha de clases por otra ideología ficticia e inmovilista. De allí el apoyo del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, el Consejo Coordinador Empresarial y otros once grupos corporativos a la Ley de Seguridad Nacional enviada al Congreso por el Ejecutivo.

Eso Sicilia lo tiene claro: la violencia de los señores de la muerte es resultado de estructuras económicas y sociales que generan desigualdad y exclusión. La infame realidad y la demencia criminal se nutren de las omisiones, complicidades y/o colusiones mafiosas de los que detentan el poder: la partidocracia, los poderes fácticos y sus monopolios, las cúpulas empresariales y las jerarquías conservadoras de las iglesias, los gobiernos y las policías.

La militarización de la sociedad forma parte de un engranaje organizado, necesitado e institucionalizado para preservar el actual estado de cosas. Como ha quedado plasmado en el discurso beligerante de Calderón, alias El Churchill, utiliza el monopolio del poder (sic) para hacer la guerra en nombre de todos los mexicanos de bien, y quienes no lo apoyan son sospechosos de ser cómplices de los enemigos del Estado. Un Estado que se sirve del monopolio de las armas para hacer una guerra permanente contra el pueblo. Mientras más autoritario y violento es un Estado, más trata a la nación como enemiga.

Pero los ciudadanos están desarmados. De allí la necesidad de la política. La política es el arte de las transacciones de la tolerancia y el arte de lo posible. La política comienza cuando el Estado deja de ser violento y entra en diálogo con los ciudadanos; cuando el Estado se sujeta a las leyes resultado de un diálogo con los ciudadanos. La paz es la consecuencia de la renuncia a los medios violentos. Es decir, al uso de las armas que matan.

Sicilia se opone a una paz armada como parte de un modelo militar. Quiere llevar al régimen al terreno de las soluciones no armadas. El diálogo que ofrece Calderón es un monólogo; se siente poseedor de la verdad única y ofrece unacooperación con base en la dialéctica del amo y el esclavo. De arriba a abajo. Frente a esa manipulación maniquea del poder, la multitud que aspira a una paz con justicia y dignidad impulsa otra forma de hacer política; quiere una democracia participativa y más representativa. El nuevo Ya basta de los de abajo y las clases medias está dirigido a la reconstrucción del tejido social de la nación. La marcha significó la ruptura del terror y la posibilidad de que el dolor social se convierta en acción colectiva organizada. Los sonidos del silencio son otra forma de lucha. El alto a la guerra es hoy una cuestión de salvación nacional.

Fuente: La Jornada

Celso Calfullan: El cinismo de la derecha y del gobierno chileno

En líneas generales uno no puede estar de acuerdo con la expulsión de ninguna persona, en ningún país del mundo y no importa si este personaje es chileno o no. Pero lo que no podemos aceptar es el cinismo de los representantes de la UDI y RN, que salen condenando este hecho, haciendo gárgaras con el tema de los derechos humanos. Estos mismos personajes apoyaron a la dictadura de Pinochet en Chile y también apoyaron el asesinado, tortura y desaparición de miles de chilenos, sin decir absolutamente nada; bueno esto último no es correcto: por años ellos negaron que eso fuera verdad.

El cinismo de la Concertación.

Los gobiernos de la Concertación han expulsado a varios ciudadanos españoles, italianos y argentinos de este país, sólo por visitar algunas comunidades mapuche en el sur del país y para que no se enteraran de los atropellos a que son sometidos por el gobierno chileno. En ese caso parece que las expulsiones fueron correctas y no representaban ninguna violación de los derechos de las personas expulsadas y todavía menos de los mapuche.

Los Derechos Humanos y el sesgo político que hay detrás.

La derecha y la Concertación siempre están muy dispuestos para acusar las violaciones a los DD.HH. en países como Cuba, Venezuela, Bolivia o donde les indiquen sus amos Norteamericanos. Pero la derecha y la Concertación nunca hacen mención de las violaciones a los DD.HH. que realizan los Norteamericanos en Guantánamo; parece que las torturas aplicadas por los Estados Unidos, no son violaciones a los derechos humanos. Algo similar ocurre con las violaciones a los DD.HH. en China, parece que en ese caso son más importantes los acuerdos económicos bilaterales, que los derechos humanos de los chinos, así podríamos seguir con una lista interminable de ejemplos.

Viva la libertad de expresión de la derecha.

Otro ejemplo fue cuando Hugo Chávez cerró un canal de televisión en Venezuela. La derecha y la Concertación rasgaron vestiduras e hicieron gárgaras con la defensa de la libertad de expresión. Pero hace pocos días los fascistas y esclavistas de Santa Cruz (para los que no lo saben en las haciendas de Santa Cruz, todavía existen indígenas que son esclavos), se tomaron y destruyeron un canal de televisión y cerraron varias radioemisoras en Santa Cruz; de nuevo en este caso no tuvieron la misma actitud y no hubo llamados a defender la libertad de expresión. Lo mismo hizo la prensa de casi todo el continente que es controlada por los grandes grupos económicos de derecha, ellos prácticamente ocultaron todos los acontecimientos llevados acabo por la derecha fascista boliviana.

Estados Unidos: Viva la democracia, siempre y cuando sea de derecha.

En los Estados Unidos, son tan democráticos, que si alguna vez tuviste la osadía de criticar las políticas del imperio, ellos se reservan el derecho a dejarte entrar al país o no. Es como si te expulsaran antes de entrar al país. Esto sí es democracia, no la de Chávez.

http://www.elclarin.cl/index.php?option=com_content&task=view&id=13322&Itemid=45

Lydia Cacho: Paramilitares en casa

Cuando aun tenía escoltas de la AFI por amenazas de muerte, los guardias privados de mi vecino, un millonario norteamericano, preguntaron a mi escolta cómo conseguir armas.
Cada día encontramos más grupos de seguridad privada dispuestos a llevar armas, legales o ilegales, para proteger las propiedades y personas de las familias adineradas de México, que a pesar de la inseguridad eligen quedarse en nuestro país.
Las leyes de la Física dicen que todo vacío tiende a llenarse eventualmente; es así como el vacío de seguridad poco a poco es llenado por especialistas de protección personal.
Ni siquiera las agencias de seguridad tradicional parecen confiables para quienes pueden pagarlas.
Nada pueden contra narcotraficantes, sicarios, zetas y secuestradores profesionales fuertemente armados. El comercio de armas ilegales es una realidad.
Este fenómeno no es nuevo, Colombia pasó por la creación de cuerpos especializados que más tarde pasaron a formar parte de grupos paramilitares criminales llamados Autodefensas Unidas. La complejidad del tema apenas nos permite poner sobre la mesa algunas preocupaciones.
En los tiempos del famoso Tigre Azcárraga, dueño del gran emporio televisivo nacional, el Ejército creó un grupo de especialistas asignados para él y para los periodistas de la empresa.
Estos soldados fueron elegidos minuciosamente, entrenados como escoltas y dotados de armas, cuyos permisos se renuevan cada año luego de un examen y el registro. Nadie más que el ejército puede autorizar la asignación de armas legales para guardianes que no pertenezcan a agencias policíacas especializadas.
Y sólo el ejército aprueba la portación de armas para caza deportiva o clubes de tiro. Los escoltas desarmados, lo sabemos, no son otra cosa que escudos humanos para balas, testigos de robo o secuestro, o chóferes de lujo. Los empresarios también lo saben.
Monterrey, el Distrito Federal, Sinaloa y Guadalajara son algunas de las ciudades con un mayor número de familias resguardadas por escoltas privados, la mayoría armados y entrenados para matar si es necesario.
Algunos privilegiados, como la dueña de FEMSA, son escoltados por el FBI.
Cada día más empresas especializadas en valoración de riesgo, risk assesment, abren oficinas en México. Son ejecutivos altamente especializados en estrategias integrales de protección de personas y familias adineradas. Negocian rescates, investigan al personal que labora en casa o en la empresa, desde la nana hasta la secretaria.
Algunos que han hecho grandes fortunas en Colombia, a raíz de la guerra contra el narco y la inseguridad resultante, han visto el potencial de México.
Su creciente presencia contradice las buenas noticias que nos cuentan desde Gobernación. Más allá de la anécdota, resulta imprescindible analizar las consecuencias que pueden resultar de este fenómeno de cuerpos de seguridad privada o policías paralelas.
Cuando el dueño de un poderoso diario nacional dijo que huye de México por miedo otros veinte le siguen. El nerviosismo del gobierno no es menor, los inversionistas que se expatrían por la inseguridad, eventualmente se llevaran su dinero, dejaran de invertir en nuestro país. Décadas de corrupción e impunidad revelan sus efectos, ahora contra ricos y pobres.

http://www.noroeste.com.mx/opinion.php?id_seccion=104

Dilbertina: Recordando el porqué Our Words in Resistance es mi lugar

Hoy al saber el aniversario de Our Words in Resistance, me vino a la mente como empecé a visitar este sitio, hogar para los que hemos querido manifestar nuestros No. Y bien, les quiero comentar que el principal motor es y ha sido siempre hablar por Alejandro Ordaz Moreno.

Durante todo el mes de agosto no hemos tenido noticias de él, no hemos escrito de él, muchas personas como yo, llegaron a este lugar buscando información sobre Alejandro, por suerte el verano en España ha terminado, cuando menos las vacaciones de verano, esperemos que pronto se celebre su juicio y el resultado sea favorable para él y su familia.

Todos los días, al abrir este aparato que me mantiene conectada con ustedes, lo primero que hago es buscar la palabra Alejandro Ordaz Moreno, busco las noticias más actuales, entro a su página. No hay nada desde julio. Hoy que celebramos el primer aniversario de este maravilloso espacio encontré este artículo, es solamente, para leer y comprender un poco el lugar donde se encuentra Alejandro, esperando que el Gobierno y la Secretaría de Relaciones Exteriores comprendan la situación de él. Y no veamos una apelación por falta de ayuda del Consulado.

Gracias a todo el equipo de Our Words in Resistance por darme voz para expresar mi sentir sobre el caso de Alejandro.

Crimen y castigo

FREDERIC SÁNCHEZ

Llevo un tiempo visitando presos en centros penitenciarios españoles, como lo hacía en Francia años atrás, y creo que la situación se hace cada vez más difícil para las personas privadas de libertad, a lo que se suma el continuo aumento del número de presos y del tiempo de sus condenas. La deducción lógica que sigue a esta situación es la complicación de la labor de todos los actores que forman parte del mundo penitenciario, teniendo también consecuencias sobre los altos índices de reincidencia. Está lejos de mí la idea de una indulgencia melosa o de victimización ingenua hacia la persona reclusa. Se trata de un llamamiento al realismo, a la responsabilidad y madurez de toda una sociedad hacia unos ciudadanos aislados por un tiempo de ella.

Mientras oímos cada vez más voces, legítimas y justificadas en ciertos casos, pidiendo más protección y, por tanto, más castigo, se están apagando silenciosamente ideas del humanitarismo penal como la reinserción social, el tratamiento personal o el mínimo respeto a los derechos fundamentales de las personas momentáneamente entre rejas, olvidando que el mandato fundamental que debe presidir la fase de ejecución penal es la reinserción. Parece ser que inconsciente o conscientemente aceptamos la idea de que el preso, por ser preso, tiene que pasarlo mal, como si no fuera suficiente la privación de libertad.

Esta situación, que debiera presidir la normalidad penal, no se constata cuando observamos que el sistema pensado para la reintegración del individuo se ha convertido y corrompido de tal manera que se ha vuelto él mismo un generador de corrupción y exclusión, fomentando el efecto contrario al pretendido, que es la reeducación y reinserción del individuo. Un sistema donde el que tiene dinero sigue siendo muy favorecido, donde el fuerte domina al débil, donde el mercado de todo tipo de drogas es de lo más fructífero, donde se regatea el precio de mercancías supuestamente prohibidas como los móviles. ¿Qué sentido de derecho, justicia y respeto hacia el prójimo se va desarrollando en la cárcel?

Lo que descubrimos en realidad detrás de los muros de la prisión es la visión microscópica del funcionamiento de una sociedad, un espejo que revela a nuestras democracias su cuestionable desarrollo. Nuestra incapacidad de gestión de esta microsociedad nos da la medida de nuestro verdadero entendimiento de la naturaleza humana, nos interroga sobre la dignidad y la debilidad del hombre, sobre su sentido de la responsabilidad, sus capacidades para fingir, mentir y hacer recaer la responsabilidad en los demás.

Acaso pensamos que todos estos bumeranes lanzados detrás de los muros no volverán. Hablamos de personas de carne y hueso, con historias personales, únicas. Saldrán afectadas por su experiencia. Pienso en ese joven, para nada un delincuente, que entra por primera vez en prisión tras un error en su trayectoria y se ve sumergido en aguas turbias, sin más recurso que aprender a nadar en ellas, asimilando así los rudimentos de la delincuencia. No debemos olvidar el viejo dicho que nos aconseja jamás decir de ese agua no beberé. Desfilan por mi mente todos los que, llorando, me decían que nunca hubieran pensado caer tan bajo. No sólo es cuestión de educación; también de circunstancias de la vida.

Cuántas veces he oído a mi buen amigo Luis Chabaneix, abogado penalista, relatarme con mucha frustración sus luchas frente a una aplicación de la ley deshumanizada e impersonal, donde muy a menudo se trata de negociar la pena sin consideración de la persona. Vuelvo a visitar a Carlos en la cárcel, porque fue reintroducido entre rejas por no haber cumplido con una obligación -no arriesgada para nadie- y no respetar una regla de conducta.

También podría hablar del “doble castigo” del preso extranjero a la hora de reflexionar sobre la inmigración. Puedo mencionar ejemplos de denegación de derechos fundamentales reconocidos en la Ley Orgánica General Penitenciaria, como los permisos o la libertad condicional, por el sencillo hecho de que se trata de extranjeros, arguyendo el riesgo de fuga o la fecha de cumplimiento de pena lejana. A la hora de un consenso sobre la Constitución Europea, parece que los centros penitenciarios estén todavía fuera de esa preocupación. Evocar el caso de los africanos haría mucho más desolador el análisis, pues están aún más aislados jurídica y emocionalmente.

Esta penosa situación no es específica de España, sino que afecta a casi toda Europa, pero teniendo en cuenta el aumento de derechos promovidos por el Gobierno actual en beneficio de diversos colectivos, desearía que España fuese, también en este campo, el promotor de un verdadero cambio de las mentalidades. Ése es mi anhelo y ciertamente el de la mayoría de las personas circunstancialmente privadas de libertad.

La problemática carcelaria se inscribe dentro de una dimensión política, económica y social, pero también humana y espiritual, creo yo. “Todo el mundo quiere cambiar la humanidad, pero nadie piensa en cambiarse a sí mismo”, decía León Tolstói. La madurez de una sociedad se mide también por su capacidad para gestionar sus cárceles. Es tiempo de hacer frente al problema, no sólo castigando más y por más tiempo, sino reflexionando sobre el mandato reinsertador que preside la fase de ejecución penal y haciendo de ese mandato una preocupación auténtica.

Frederic Sánchez es capellán de prisiones francés.

http://www.elpais.com/articulo/opinion/Crimen/castigo/elpepuopi/20080905elpepiopi_5/Tes

Jesús Aranda: Rechazan 10 ministros parte del proyecto antiaborto de Aguirre

La despenalización del aborto hasta la semana 12 de gestación “no infringe ninguna regla ni valor de la Constitución”, por lo que me pronuncio por la validez de la reformas al Código Penal y a la Ley de Salud del Distrito Federal, aseveró el ministro José de Jesús Gudiño Pelayo, quien precisó que la Carta Magna no considera “valores absolutos” y que el régimen constitucional exige “conciliar valores que no necesariamente son compatibles”.

Al igual que Genaro Góngora Pimentel, Gudiño rechazó el proyecto que pretende penalizar la interrupción del embarazo, además puso como ejemplo el conflicto entre la libertad de la mujer sobre su cuerpo y el valor de la vida del concebido. En el caso del Distrito Federal, dijo, la Asamblea Legislativa (ALDF) se inclinó porque la mujer decida hasta las 12 semanas de gestación y, a partir de ahí, la ley protege al producto de la concepción.

Por la mañana, el ministro instructor Sergio Salvador Aguirre Anguiano ya había sufrido su primer derrota, cuando 10 de sus compañeros rechazaron parte de su proyecto y consideraron que la Asamblea Legislativa sí tiene facultades para legislar en materia penal y de salud.

Hubo consenso en que las autoridades capitalinas no violaron la Constitución al despenalizar el aborto bajo ciertas condiciones –quedó para después la discusión respecto a si dicha despenalización se apegó o no a la Carta Magna– y que fueron legales las medidas adoptadas por el gobierno local para garantizar el acceso a los servicios públicos de salud a las mujeres que deseen abortar.

Esta decisión mayoritaria, que para muchos presentes fue el anticipo de que el pleno validará la reforma capitalina con al menos seis votos, molestó a Aguirre, quien lamentó que el documento en el que sustentaba que la ALDF había invadido la competencia del Congreso de la Unión hubiera sido “zarandeado” por el pleno.

En su intento por descalificar las argumentaciones de sus compañeros, dijo alzando la voz: “la señora ministra Góngora Pimentel, ¡perdón!, la señora Olga Sánchez Cordero nos dice…”, y remató diciendo que retiraba su documento para que no fuera incluido en el dictamen, a lo que se opuso tajante el ministro presidente Guillermo Ortiz Mayagoitia, quien después tomó la votación, que fue unánime en contra del texto de Aguirre.

“Finalmente logré la unanimidad”, dijo irónico el ministro instructor, a quien le fue negada la posibilidad de que en el resto de las sesiones conteste a cada uno de los ministros que hablen en contra de su proyecto. El ministro presidente determinó que hablará, pero hasta que termine la primera ronda de ministros.

En la sesión vespertina del pleno de la Corte se inició la discusión del tema de fondo de la acción de inconstitucionalidad que presentaron la Procuraduría General de la República (PGR) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en contra de las reformas al Código Penal y a la Ley de Salud del Distrito Federal, en donde Góngora y Gudiño reivindicaron también el pleno derecho de la mujer sobre su cuerpo y rechazaron abiertamente la pretensión de que el Estado imponga por ley la maternidad, como lo plantea el proyecto de dictamen que está a discusión.

“No encuentro en la Constitución nada que garantice el derecho a la vida y mucho menos que tenga que defenderse por la vía penal”, subrayó Góngora.

Ambos rechazaron el planteamiento del proyecto respecto a que la Constitución consagra el derecho a la vida y que exista una protección constitucional al producto desde la concepción sin restricciones ni limitaciones.

Góngora abundó que la penalización del aborto voluntario atenta contra los derechos a la salud, sexuales y reproductivos de la mujer y que “culminar el embarazo bajo amenaza de pena criminal” es discriminatorio, porque “la mujer que decida no ser madre es delincuente”, además de que no respeta “el momento biológico y físico cuando se sienta lista para disfrutar del ejercicio de la maternidad”.

El embarazo forzado “implica una forma de esclavitud, porque impone a la mujer un periodo de gestación en contra de su voluntad”; se discrimina a la mujer en razón de su condición social, porque los problemas de salud que generan los abortos inseguros tienen más impacto en las mujeres pobres.

Subrayó que el proyecto de Aguirre es “sesgado”, porque no incluyó una perspectiva de género en donde se tomen en cuenta los derechos reproductivos y sexuales de la mujer. En este contexto, puso como ejemplo la violación de derechos humanos en el caso la niña Paulina, a quien el gobierno de Baja California le impidió abortar, pese a que el embarazo fue producto de una violación.

Dijo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos conoció el asunto y recomendó al gobierno mexicano adoptar las medidas necesarias para garantizar el derecho a la interrupción del embarazo cuando esté permitido.

La discusión continuará este miércoles en doble sesión.

http://www.jornada.unam.mx/2008/08/27/index.php?section=capital&article=039n1cap

Nayeli Roldán: Abrogar ley de aborto, una derrota: Monsiváis

En vísperas de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la ley que permite a las mujeres interrumpir su embarazo antes de las 12 semanas, el escritor Carlos Monsiváis aseguró que declararla inconstitucional “sería una derrota del desarrollo civilizatorio de México”, pero confía en que no sucederá. Entrevistado luego de recibir la medalla Sor Juana Inés de la Cruz en la Universidad del Claustro, afirmó que los ministros de la Suprema Corte “no pueden dar marcha atrás a la despenalización del aborto”. En entrevista por separado, Martha Lamas, directora del Grupo de Información en Reproducción Elegida, indicó que no hay temor entre los grupos que apoyaron la despenalización, porque la discusión no será sobre el aborto, sino sobre constitucionalidad o no del proceso. “Si es así, tendremos ley para rato”, agregó. MILENIO reportó que los ministros de la SCJN recibieron un kit informativo elaborado por la organización Manos a la Vida que contiene un dvd y folletos con sustentos jurídicos, científicos, bioéticos y filosóficos para defender el valor de la vida y exponer las “contradicciones de la ley”. Ante esto, Lamas aseguró que todas las posiciones políticas tienen derecho a utilizar los recursos que cree convenientes para defender sus posiciones, pero consideró como “lamentable y patético” que recurran a materiales de ese tipo porque el debate no es ideológico ni de carácter emocional o sentimental.

http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=653342

John M. Ackerman: La ley como fetiche

El fetichismo se caracteriza por la atribución de poderes sobrenaturales a un objeto material o social. Augusto Comte utilizó el término para estudiar las religiones tradicionales que idolatran árboles, máscaras y tótems como entes mágicos. Carlos Marx teorizaba sobre el fetichismo del capital, que hace que las mercancías cobren vida y valor independiente del trabajo humano incorporado en ellas. Sigmund Freud escribió sobre los fetiches sexuales, encarnados en un objeto o una parte del cuerpo humano que provocan un deseo sexual desproporcionado. El fetichismo, pues, implica la extracción de algo de su contexto y la consecuente exageración de sus poderes propios.

La ley no es algo mágico o sobrenatural, sino una construcción social. Las normas son redactadas por personas con inquietudes políticas, escritas en un lenguaje en constante transformación, e interpretadas por seres humanos de carne y hueso. Es un grave error hablar de “la ley”, “el Estado de derecho” o “la legalidad” a secas, como si fueran entes con vida propia independiente del contexto social y político en que se desarrollan. Tal fetichismo de la norma nos remite a las peores épocas del autoritarismo del Estado en que ni la ciudadanía ni los servidores públicos tenían derecho a cuestionar o a interpretar la ley, sino tenían que limitarse a obedecer dócilmente la “razón del Estado”.

Los debates recientes sobre la consulta popular y la reforma petrolera demuestran que el fetichismo sigue vivo en el México democrático de hoy. En su agria réplica a Arnaldo Córdova (El Universal, viernes 13 de junio), Miguel Carbonell se erige guardián de la “ciencia jurídica” y califica a Córdova de “espiritista” e “ideólogo”. Carbonell se presenta como un intérprete puro del “alcance semántico” de las palabras de la Constitución, como alguien dotado de poderes sobrenaturales para sentir directamente y sin mediaciones la esencia de un objeto sagrado. Según él, todo lo demás es dogma e ideología. Pero cabe preguntarnos si el “espiritista” es Córdova o Carbonell, ya que al dar al traste con la historia del país y el pacto social encarnado en la Carta Magna el replicante termina convirtiendo la ley en fetiche.

Otro ejemplo al respecto lo constituye un texto reciente de José Woldenberg (“La consulta”, Reforma, 5 de junio) que recurre al famoso “principio de legalidad” para señalar que la consulta sería ilegal dado que los funcionarios públicos solamente pueden hacer lo que está explícitamente permitido por la ley. Siguiendo una larga tradición que utiliza este principio para justificar la inacción y la pasividad gubernamental, el autor concluye que Marcelo Ebrard no puede organizar una consulta en materia petrolera porque el Gobierno del Distrito Federal no cuenta con un voto en el Congreso de la Unión.

De acuerdo con la muy particular interpretación del antiguo consejero presidente del Instituto Federal Electoral (IFE), las autoridades públicas deben comportarse como autómatas burocratizados sin imaginación, creatividad o cercanía con la ciudadanía. Según Woldenberg, el jefe de Gobierno no tendría por qué inmiscuirse en asuntos que no son de su competencia, aun cuando un amplio porcentaje del presupuesto del Distrito Federal venga de participaciones federales financiadas precisamente por la renta petrolera.

El problema es que si llevamos esta lógica hasta sus últimas consecuencias llegaríamos a una situación de parálisis gubernamental verdaderamente absurda. Por ejemplo, el artículo 70 de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal señala que los recorridos de los jefes delegacionales tienen la finalidad de “verificar la forma y las condiciones en que se prestan los servicios públicos [así como] el estado en que se encuentren los sitios, obras e instalaciones en que la comunidad tenga interés”. No se hace mención alguna a la problemática social de la entidad. Así que si un ciudadano se acercara al jefe delegacional durante su recorrido para conversar sobre la drogadicción o el desempleo, el servidor público tendría que evitar este intercambio o de lo contrario exponerse a ser enjuiciado por “extralimitarse” en sus funciones.

En el mismo orden de ideas, Diego Valadés nos ha recordado que tampoco hay norma que ordene a la Presidencia de la República realizar encuestas todos los días. Sería tan absurdo prohibir una consulta popular como impedir la realización de estos cotidianos sondeos. Ambas actividades son ejercicios perfectamente legítimos orientados a conocer la opinión y el sentir de la población.

Desde luego que quienes nos gobiernan deben tener cierto margen de maniobra para atender las necesidades de la ciudadanía, escuchar al electorado y cumplir con el mandato popular. Las leyes no son fetiches y no debieran ser empleadas como programas de computación, sino interpretadas con un sentido histórico y aplicadas con creatividad, arrojo y apertura. La consulta propuesta para el 27 de julio es un ejemplo de la nueva forma de ejercer el poder público que empieza a articularse en el México democrático de hoy.

* La Jornada

* http://www.jornada.unam.mx/2008/06/16/index.php?section=opinion&article=022a1pol

Ezequiel Meler: Argentina, origen de la crisis en el campo

Modalidades de concentración de la tierra en la Argentina reciente

1.

El punto de partida de estas reflexiones es el reciente conflicto entre el gobierno y las corporaciones de productores agropecuarios. La cronología del mismo da inicio formal el 11 de marzo del presente año, cuando el gobierno anunció un nuevo sistema de retenciones móviles a las exportaciones de granos, ajustable al precio internacional, que despertó la enconada oposición de la mayoría de las agrupaciones de productores rurales. Homologados en su conjunto por un sistema tributario que, por sus propias características, no estaba preparado para diferenciar a las grandes explotaciones de las pequeñas y medianas, los representantes de las corporaciones reaccionaron, en una perfecta profecía autocumplida, como un único sujeto opositor.

Muchos referentes del progresismo citadino se preguntaron en estos días qué intereses, más allá de la coyuntura, podían unir a sectores aparentemente tan diferentes como la Federación Agraria y la Sociedad Rural. Las explicaciones, en la mayoría de los casos, reprodujeron anticuados estereotipos simplistas, ligados a imágenes de larga perduración en la memoria colectiva. De este modo, mientras los productores asociados podían presentarse ante los medios como “el campo” –y algún trasnochado llegó a ver en ellos el germen de una genuina lucha campesina, el gobierno, paradójicamente, no atinó a dar con un discurso público que lograse quebrar la unidad sectorial del bloque, y se refugió cómodamente en la imagen de un actor social singular, de vocación antidemocrática, políticamente hegemonizado por los grandes terratenientes.

2.

Por supuesto, el asunto es más complejo. Las transformaciones acaecidas en el agro argentino durante la última década son poco conocidas. No obstante, en términos estadísticos, está claro que asistimos a un renovado proceso de concentración productiva. Según un estudio elaborado por el Centro Interdisciplinario de Estudios Agrarios de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, entre 1988 y 2002 el número de explotaciones agropecuarias cayó en más de un 21%, pasando de 421.000 a 333.000. El fenómeno es más agudo en la Región Pampeana, donde, en el mismo período, la merma fue del 29%. Como contrapartida a la mencionada reducción en el número de explotaciones, el tamaño promedio de las mismas pasó de 469 hectáreas en 1988 a 588 en 2002. En la Región Pampeana, de nuevo, los números son peores: la escala promedio se incrementó en un 35%, pasando de 400 hectáreas en 1988 a 533 en 2002.(1)

Según el mismo estudio, el proceso, lejos de detenerse, se ha acelerado desde entonces. Sin embargo, la modalidad de la concentración ha variado. Fuera de la Región Pampeana, se ha incrementado la presencia directa de la gran propiedad, en la medida en que los adelantos técnicos permitieron la expansión de la frontera agraria a zonas antes improductivas. Por el contrario, en la Región Pampeana propiamente dicha, los grandes propietarios, aunque siguen estando presentes, ya no son el polo dinámico del proceso económico. Propiedad y explotación, al menos en la Pampa Húmeda, son categorías cada vez menos homologables. Como la tierra raramente se vende, aparece otra salida: el arriendo. Y otro actor: los grupos de inversión. Los nuevos protagonistas del proceso de acumulación de capital son, en efecto, los pools de siembra, grupos de inversión de tipo financiero, generalmente de origen extranjero, que arriendan una superficie de tierra significativa a diferentes propietarios por un período determinado, en general, por el término de una cosecha. Amparados en las ventajas que ofrece la combinación de diferentes factores, como una legislación permisiva, precios internacionales muy altos y un tipo de cambio extremadamente subvaluado, los pools de siembra se han consolidado como un agente económico insoslayable. Asimismo, cabe destacar que estos fondos de inversión, en la mayoría de los casos, están asociados a los oligopsonios de comercialización: un puñado de firmas multinacionales –Cargill, Bunge & Born, Dreyfuss, Noble Argentina, etc.- que concentran en sus manos, desde hace más de un siglo, la totalidad de las exportaciones argentinas al mercado mundial.(2)

3.

Este proceso, inevitablemente, ha desplazado del sector rural a miles de pequeños y medianos productores de tipo familiar. Ante la imposibilidad de competir, sea en términos técnicos, en economías de escala, o en términos de integración productiva, muchos chacareros han elegido convertirse en simples rentistas, opción que se entiende, asimismo, considerando los altos arrendamientos que perciben. En un proceso que asusta por la velocidad con que se desarrolla, la agricultura argentina se está quedando sin agricultores. Al mismo tiempo, el boom internacional de la demanda de soja vuelca las preferencias de los fondos de inversión hacia este producto, encareciendo el precio de la tierra de mejor calidad, tanto para el cultivo de otros cereales –principalmente, el trigo y el maíz- como para la actividad ganadera.

El desplazamiento, entonces, es doble: de producción y de productores. Y su repercusión sobre la cadena de precios no puede ser mayor, puesto que las actividades desplazadas, al realizarse forzosamente en tierras menos idóneas, generan mayores costos, que se traducen en significativos aumentos del precio de venta final. Aumentos que, huelga decirlo, repercuten en un ya muy golpeado mercado interno. De este modo, los pools de siembra, sin actuar como los agentes inmediatos del proceso de concentración de la tierra –pues, en general, no adquieren la misma en propiedad- se erigen en sus usuarios por excelencia, y por ende, adquieren el control del proceso productivo global.

4.

La conclusión es elemental. Cuando, el 11 de marzo, el gobierno anunció el nuevo esquema de retenciones móviles, bajo el argumento de que resultaba imprescindible detener el proceso de expansión del cultivo de soja, cometió, como mínimo, dos errores. Por un lado, centró su atención exclusivamente en qué se producía, y no en quién lo producía. Al separar ambas dimensiones, lanzó una medida no sólo explosiva, sino ineficaz: para los grandes pools de siembra, el cultivo de soja sigue siendo rentable, y por su control sobre el proceso de comercialización, estos sectores están en condiciones de descargar los nuevos costos sobre otros productores. Para los pequeños y medianos productores, en cambio, la nueva medida resultó una sentencia de muerte en términos de rentabilidad. La imposibilidad de competir con los fondos de inversión se hizo imposible. La opción por la entrega del campo en arriendo se volvió, más que conveniente, obligada. Y la reacción, desde luego, no se hizo esperar.

En otras palabras, las retenciones, lo sepa el gobierno o no, difícilmente modifiquen, siquiera en el mediano plazo, el escenario productivo del sector agropecuario argentino, pero sí tienen consecuencias inmediatas sobre el escenario social, al continuar y profundizar el proceso de desplazamiento de productores rurales. En segundo lugar, el gobierno subestimó la fuerza política de los fondos de inversión, largamente asociados a los intereses de los grandes propietarios locales. De este modo, quizás sin quererlo, galvanizó a los diferentes sectores sociales que componen el universo agropecuario argentino en un sólo interés. Detrás del negocio de la soja, como agudamente observó Alfredo Zaiat, está pariendo un nuevo bloque de poder:

“Los piquetes verdes que duraron 21 días fueron la exteriorización del poder económico emergente de los barones de la soja. A diferencia de las privatizadas y de los bancos, en este caso cuentan con el invalorable aporte, físico y discursivo, de pequeños productores, y de la clase media agraria ascendente. Como se pudo observar con nitidez en estos días, el gigantesco poder financiero del complejo sojero, que investigadores aliados al negocio de poroto denominan sin inocencia “tramas productivas”, lograron capturar el interés de políticos y de gran parte de los medios de comunicación. Hasta reductos de defensa del desarrollismo y de la industria han mudado su vocación a la tutela del negocio de la soja, integrado por grandes arrendatarios, pools de siembra, multinacionales de la semilla trasngénica, acopiadores y grandes exportadores […] El fabuloso ciclo de alza de las materias primas, impulsado por la revolución industrial tardía de China, el avance sostenido de India y el desarrollo de los biocombustibles, ha permitido la creación de un dinámico núcleo de poder económico […] El saldo del piquete del desabastecimiento fue el alumbramiento de un nuevo bloque de poder, que ha tenido como partero la invalorable colaboración de los pequeños productores”. (3)

5.

Lo cierto es que tampoco el gobierno hizo nada por evitar este proceso. Al contrario, se asoció a los sectores más concentrados, que en el contexto de la recuperación lograron balances espectaculares. No hubo consideración oficial alguna, en estos cinco años, para las consecuencias sociales del proceso socioeconómico descrito. En la coyuntura desatada por el lock out patronal, el gobierno, pese a su discurso “anti – oligárquico”, prefirió dialogar con las transnacionales y con los grandes del sector, tratando de acordar diferenciando por arriba y no por abajo. Tal vez por ello, varias propuestas de la Federación Agraria, como el proyecto para modificar la ley de arrendamientos –un aspecto central del modelo de monocultivo sojero- pasaron desapercibidas. Sin lugar a dudas, hubo aquí otro error de evaluación política: el nuevo bloque de poder se mostró más firme de lo previsto, desatando la peor crisis política desde 2001 a la fecha.

El nuevo escenario económico y social, emergente a la vez de la crisis de 2001 y de la modalidad de concentración que consolidó la recuperación posterior, requiere algo más que maquillaje. El gobierno debe actuar decididamente en contra de la concentración bajo la modalidad de arrendamientos, propulsando una nueva ley que recoja los proyectos archivados, actualizando la legislación y las fórmulas políticas del primer peronismo. Para eso, necesita recuperar paulatinamente la larga tradición de presencia estatal en el sector agropecuario, para convertirse por sí mismo en un árbitro eficiente en el terreno de la producción y comercialización de la riqueza agropecuaria del país. Después de todo, la historia argentina nos enseña que quien controle la distribución de la renta agraria, controla la economía, y, por carácter transitivo, gobierna el país.

[1] Véase Pablo Benchimol: “Latifundios y pools de siembra”, en Página 12, 20/04/08.
[2] Para un análisis del “modelo Cargill”, véase Scaletta, Claudio: “Gigantes invisibles”, en Página 12, 06/04/08.

[3] Zaiat, Alfredo: “El parto de un nuevo bloque de poder”, en Página 12, 13/04/08.

http://www.noticiasdelsur.com/nota.php?nota=7833

José Steinsleger: Qué es el crimen organizado

Poco y nada nos dice que instituciones, empresas públicas o privadas, gobiernos y grupos de personas organizadas dentro o por fuera de “la ley” vivan del “crimen organizado”.

La omnipotencia del llamado “libre mercado” permite imaginar que el “crimen organizado” representa la cara oculta de un gran negocio. Eufemísticamente, el negocio se denomina “crisis”. Crisis financiera, energética, alimentaria, de inseguridad, de valores, etcétera.

A mediados del siglo XVI las cosas eran más claras. Nadie hablaba de “crisis” y en las aguas del Caribe o en las costas de África occidental (donde la “modernidad” libró su guerra sucia), Europa llamaba “hermano” al pirata. Uno de ellos, William Patterson, fundó el Banco de Londres.

Valientes, feroces, inescrupulosos, desalmados, los piratas y negreros de la cristiandad resultaron ser los auténticos pioneros del “libre mercado”. Eficiencia y pragmatismo que fueron acompañados de hermosas y profundísimas reflexiones acerca de la “tolerancia” y ciertos “derechos del hombre” que excluían a tres cuartas partes de la humanidad.

¿Dinero “sucio”, producto del “crimen organizado”? Así como el “libre mercado” jamás hubo “dinero sucio”. La conquista de América y el saqueo colonial de África y Asia fueron empresas “dentro de la ley”, ejecutadas por la violencia del más fuerte, convencido a su vez de ser portador de determinado esquema de “civilización”.

Somos tributarios de una “civilización” que continúa vigente. Y la violencia en México y el resto del mundo empata con la dinámica del “libre mercado”. Convenido: hablamos de capitalismo. No obstante, la validez de la síntesis no permite el fácil tratamiento de la inaudita dosis de violencia que impera en los cuatro puntos del globo.

A diferencia de otras épocas, la violencia estructural y centrifugadora del capitalismo parecería obedecer a tres causas de fondo: la ideología liberal, que no puede legitimarse; la conservadora, que resulta demasiado anacrónica; y la socialista, que está por verse, pues tampoco consigue la lucidez necesaria para articular una noción de “porvenir”.

Genéricamente, las izquierdas más combativas hablan de “crisis terminal del sistema”. Y en efecto, el imperio carece de un Séneca o de un Marco Aurelio, en tanto sería grotesco asociar el genio de un Bill Gates con el de un Thomas A. Edison o un Henry Ford.

Por su lado (y aunque ideología, intención de deseos y aspirantes a dictar cátedra les sobra), las izquierdas tampoco consiguen reordenar y vislumbrar con claridad sus causas más nobles. Algunas de sus vertientes se resisten a ubicar a Bakunin o Proudhon en su época, otras andan convencidas de que los ideales del Che Guevara garantizan mecánicamente el triunfo de la revolución, y pocas son las que analizan lo particular para avanzar sobre la eventual transformación de lo general.

Incapacitadas para resolver la formidable crisis que han creado, las derechas sólo pueden sobrevivir a través del “crimen organizado”: los Bush en Estados Unidos, los Berlusconi, Sarkozy y Putin en Europa, los Uribe Vélez en América Latina.

Recordemos a Smedley Butler, general de división del Cuerpo de Marines. Decía Butler en 1933: “La banda de los militares no desconoce ni uno solo de los trucos del crimen organizado. Cuenta con ‘exploradores’, encargados de indicar quién es el enemigo; con ‘forzudos’ que destruyen al enemigo; con ‘cerebros’ que hacen los preparativos de guerra; y con un ‘gran jefe’, el capitalismo supranacionalista”.

Butler evoca su paso por Honduras, donde contribuyó a defender las empresas procesadoras de fruta de Estados Unidos (1903); por México, donde garantizó la seguridad de los intereses petroleros en Tampico (1914); por Haití y Cuba, donde “los muchachos del National City Bank” pudieron recaudar buenas rentas.

“En otras palabras –añade– fui un estafador, un criminal a sueldo del capitalismo. En aquel entonces sospechaba que formaba parte de una red del crimen organizado. Hoy estoy seguro de ello… Al recordar aquellos tiempos me da la impresión de que podría haber dado unos cuantos consejos a Al Capone. Él se limitó a dirigir una red de crimen organizado en tres distritos. Yo actué en tres continentes.”

Butler no era metafórico. Hasta el decenio de 1940, los gángsters de Chicago y otras grandes ciudades disputaron su “honorabilidad” en las calles, a balazo limpio. Finalmente, el general George C. Patton se alió con la mafia de Lucky Luciano para emprender con éxito la campaña de Sicilia, el viejo mafioso John Kennedy puso a un hijo en la presidencia, y otro abogado de la mafia, Richard Nixon, también llegó a la Casa Negra.

En consecuencia, si nada resta en el mundo salvo copiar a Estados Unidos en todo… ¿por qué no seguir su ejemplo? ¿Por qué no contar en México con una agenda política propia para ver qué se hace con el “crimen organizado”? ¿No va en juego la vida de miles de inocentes, empezando por los miles de modestos funcionarios de seguridad que están dejando en la orfandad y el desamparo a sus seres queridos?

– La Jornada

– http://www.jornada.unam.mx/2008/06/04/index.php?section=opinion&article=026a1pol

Italia impulsa la ley que convierte en delito la inmigración ilegal

El primer Consejo de Ministros de Silvio Berlusconi se celebra en Nápoles, hundida entre toneladas de basura.- El Gobierno aprueba también un decreto ley que endurece la penas de los ‘sin papeles’

El Gobierno de Silvio Berlusconi aprobó ayer un proyecto de ley que define la inmigración clandestina en Italia como un delito, según ha informado el ministro de Asuntos Exteriores, Franco Frattini. La decisión ha sido adoptada durante el primer Consejo de Ministros del Gobierno de Berlusconi, celebrado en la ciudad de Nápoles y que ha durado cuatro horas.

Esta polémica medida ha sido incluida en uno de los tres proyectos de ley sobre seguridad e inmigración aprobados ayer y ahora tendrá que ser debatida en el Parlamento, donde Berlusconi cuenta con una amplia mayoría.

La consideración de la inmigración clandestina como delito ya figuraba en una ley promulgada durante el anterior mandato de Berlusconi, que fue declarada parcialmente inconstitucional. Sin embargo, el primer ministro italiano, volvió a retomar la lucha contra la inmigración ilegal como una de sus principales banderas durante la campaña electoral y ya se ha convertido en uno de los asuntos centrales en la vida política italiana desde que el magnate de la comunicación regresó al poder.

La pena prevista para este delito va de los seis meses a los cuatro años de cárcel, según fuentes políticas citadas por los medios locales. Los partidos de la oposición son contrarios a la introducción de este delito pues, según el dirigente progresista Antonio Di Pietro, producirá “millones de fugitivos” y costará al Estado entre 45 y 50.000 millones de euros”. También se opone a la medida la Iglesia Católica, que lo considera un “error”, ya que, según ha dicho el cardenal Renato Martino, no se puede acusar a los inmigrantes de todo lo malo.

El Ejecutivo de centro-derecha también ha aprobado un decreto ley de inmediata aplicación en el que se agravan las penas a los sin papeles que delinquen. Ha sido rechazada, en cambio, la propuesta para que el Ejército ayude a la Policía a patrullar las áreas más peligrosas de las ciudades.

Penas más duras

Entre la serie de medidas, según las filtraciones a los medios, figura la expulsión de un extranjero cuando haya sido condenado a una pena superior a dos años; el aumento de la pena en un tercio cuando quien comete el delito es un clandestino y fija la permanencia máxima de los inmigrantes ilegales en los centros de acogida en 18 meses.

Quien alquile una vivienda a un ilegal puede ser condenado a una pena que va de seis meses a tres años y multas de entre 100 y 150.000 euros y la casa confiscada. Los padres que manden a sus hijos a la mendicidad pueden ser condenados hasta a tres años de cárcel y le se quitará la patria potestad.

También se contempla el aumento de las penas para los conductores borrachos o drogados, que pueden llegar hasta los diez años de cárcel, y el endurecimiento de los requisitos para adquirir la ciudadanía italiana para el cónyuge extranjero. Hasta ahora bastaban seis meses para conseguirla y a partir de ahora serán necesarios dos años de residencia legal.

“Los vertederos serán verdaderas áreas militarizadas”

Berlusconi ha elegido Nápoles como sede de su primera reunión ministerial para expresar su compromiso con solucionar la crisis de las basuras en esa ciudad sureña, asfixiada con miles de toneladas de inmundicia arrojada en las calles y en algunos pueblos de la periferia. Por ello, los ministros han aprobado a través de un decreto ley un plan extraordinario y urgente para solucionar la crisis y en el que se incluye la declaración de zonas militarizadas para los vertederos, condenas penales para quien impida su utilización y el nombramiento del jefe del Departamento de Protección Civil, Guido Bertolaso, para que supervise la situación.

Berlusconi ha anunciado que se reabrirán cinco vertederos, uno por cada provincia de Campania, que serán considerados “zonas de interés estratégico nacional”. “Serán verdaderas áreas militarizadas, y estarán protegidas por las fuerzas armadas”, ha explicado Berlusconi, que ha añadido que el lugar donde se situarán será secreto hasta su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Asimismo, para quien se introdujera en esas zonas se prevén penas que van de los tres meses a un año de cárcel, mientras que las condenas serán de hasta cinco años para quienes causen desordenes que impidan la normal utilización de los basureros.

Sin embargo, la celebración del Consejo de Ministros en la Prefectura (Gobierno civil) de Nápoles no ha estado exenta de críticas. Frente a las autoridades, que habían asegurado que todo el centro de la ciudad estaría hoy limpio, los medios locales señalaron que se pretendía mostrar hoy una ciudad “limpia” cuando en la periferia siguen acumuladas 50.000 toneladas de desechos.

http://www.elpais.com/articulo/internacional/Italia/impulsa/ley/convierte/delito/inmigracion/ilegal/elpepuint/20080521elpepuint_13/Tes