Raúl Zibechi: En América Latina igual que en África

La política de seguridad y defensa de Estados Unidos hacia América Latina, en el periodo posterior al 11 de setiembre de 2001, no suele ser formulada de forma tan nítida y transparente como lo hace el Pentágono en otras regiones. En no pocas ocasiones, quienes estudian y analizan las políticas de Washington hacia su patio trasero, chocan con opacidades y medias verdades, y deben rastrear los objetivos trazados por la superpotencia a través de una multitud de rastros dispersos, para luego armar el rompecabezas.

En el caso del Comando de África (Africom), creado el 6 de febrero de 2007, las propias publicaciones vinculadas a las fuerzas armadas estadunidenses develan los objetivos que se persiguen con su creación, con tanta transparencia que merecen ser leídas como forma de comprender mejor la polítca del Comando Sur (USSOUTHCOM) y la recién creada Cuarta Flota, con injerencia en América del Sur, América Central y el Caribe.

El Africom supuso la creación de un comando único para África, continente del que antes se ocupaban tres comandos: el Comando Europeo; el Comando Central, que se encarga de la estratégica región de Medio Oriente, y el Comando del Pacífico. El Africom involucra a todos los países africanos, con la excpeción de Egipto, que por sus vínculos con Medio Oriente e Israel está bajo responsabilidad del Comando Central.

En el discurso en el que anunció la creación del Comando de África, George W. Bush mencionaba los términos “desarrollo, salud, educación, democracia y crecimiento económico”, entre los objetivos prioritarios a desarrollar. Una primera cuestión a tomar en cuenta, que enseña la amplitud de campos de intervención de la fuerza militar.

El Pentágno considera que la creación del Africom obedece a “la creciente importancia geopolítica que África representa para los intereses de Estados Unidos”, según un informe de la revista Military Review (marzo-abril de 2008), portavoz del pensamiento militar. Entre los “intereses estratégicos” que Washington procura defender en África, figuran: combatir el terrorismo, contener conflictos armados y crisis humanitarias, retardar la difusión del sida, bajar la tasas de criminalidad internacional, garantizar el acceso a recursos naturales y contrabalancear la creciente influencia china. Fuera de duda, son las dos últimas las cuestiones centrales, y a las que el mencionando informe dedica el mayor espacio.

Respecto a la necesidad de “salvaguardar la energía”, objetivo prioritario del Pentágono, se concluye que Estados Unidos “llegará a depender cada vez más de la capacidad de África de producir petróleo, un artículo de existencia limitada”. Calcula que hacia 2015, 25 por ciento del petróleo que importa Washington provendrá de África, frente a sólo 18 por ciento de 2006. Ya en ese año, el petróleo africano estaba apenas por debajo del importado desde el golfo Pérsico (1.8 millones de barriles diarios frente a 2.2 millones), destacando Nigeria que es hoy el quinto proveedor de Estados Unidos. Según la revista militar, “el Africom podría involucrarse una vez más en la seguridad marítima del golfo de Guinea, con la finalidad de cooperar en el control de volatilidad (del precio del petróleo), dado que existe gran potencial para perforación petrolífera en aguas profundas”.

La “influencia de China en África” es la otra gran preocupación militar de Estados Unidos. “El continente está emergiendo rápidamente como un campo de batalla competitivo, que ha sido descrito por algunos intelectuales estadunidenses de defensa, como una guerra fría económica con China, especialmente por la obtención de recursos”, señala Military Review.

Los analistas militares consideran que la competencia por petróleo es “una preocupación estratégica para Estados Unidos”, lo que implica que es un tema militar de primer orden, que puede ameritar acciones de combate.

Con 700 empresas estatales chinas en África, el país asiático se ha convertido en el tercer socio comercial del continente luego de Estados Unidos y Francia, por delante de Gran Bretaña. El comercio bilateral África-China creció de mil millones de dólares en 1995, a 50 mil millones en 2006. Angola y Sudáfrica, con 20 mil millones entre ambas, encabezan la lista. En septiembre de 2002, Estados Unidos advirtió a China que no apoyara a “los países abundantes en recursos naturales sin considerar el nivel de desgobierno o mal comportamiento en el exterior de esos regímenes”, en el documento La estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos.

Aprendiendo de los fracasos en Irak y Afganistán, donde la victoria militar se terminó evaporando, el Pentágono pretende ensayar “un nuevo paradigma de seguridad” en el que el desarrollo y la seguridad vayan de la mano y se refuercen mutuamente para anticipar crisis y conflictos. En su particular lenguaje, se trata de poner en primer lugar las “operaciones de estabilidad” que, en adelante, tendrán rango similar a las operaciones de combate. Esto se concreta en que el Comando de África asume el control de las agencias de cooperación para el desarrollo, como USAID y otras “organizaciones civiles”. Dicho de otro modo, y tal como lo formula Military Review: “¿Cómo se conforma una estructura que es un comando unificado militar, pero que necesita incorporar la suficiente participación civil y además no parecer que toma el control de estas agencias y autoridades?”

Ése es precisamente el punto. En este continente, los problemas centrales para Washington son hidrocarburos y el llamado “populismo radical”, que incluye desde Cuba hasta Venezuela y Bolivia, y un amplio abanico de movimientos sociales. Toca descubrir, denunciar y aislar, sin caer en formas de macartismo y estalinismo, a aquellos “civiles” que trabajan para defender los intereses imperiales, “sin parecer” que lo hacen para “un comando unificado militar” del Pentágono. En América Latina, la cooperación para el desarrollo evidencia que las fronteras entre lo militar y lo civil son casi imperceptibles.

* La Jornada

* http://www.jornada.unam.mx/2008/09/12/index.php?section=opinion&article=023a2pol

Carmelo Ruiz Marrero: ¿Son seguros los transgénicos?

¿A qué se debe la controversia en torno a los alimentos genéticamente modificados, también conocidos como transgénicos? ¿Son seguros para consumo o no?

Quienes defienden los transgénicos argumentan que no hay evidencia científicamente válida de que hagan daño. ¿Existe tal evidencia o no? Esta pregunta tiene sólo dos respuestas posibles, y ninguna de las dos trae sosiego. O respondo que sí hay evidencia de daños o respondo que no la hay. Podría responder de inmediato que sí, pero para demostrar que es la pregunta incorrecta responderé de primera intención que no.

Si no existe tal evidencia, todavía el debate queda abierto, todavía no queda demostrado para nada que sean seguros. Después de todo, ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia.

Quien esté tranquilo y satisfecho con la aseveración de que no hay evidencia de daños está presumiendo que alguien en alguna parte está haciendo o ha hecho averiguaciones a respecto. Los defensores de los transgénicos señalan, con un aire de finalidad como para poner fin al debate, que la agencia estadounidense FDA, que vela por la inocuidad de medicamentos y alimentos, declaró que estos productos son sustancialmente equivalentes a sus contrapartes no transgénicos y que por lo tanto no presentan ningún riesgo novedoso al consumidor.

Pero la FDA no examina los alimentos transgénicos. Lo que hace es aceptar los datos que le someten las compañías que los hacen. Casi todos los estudios que someten son confidenciales. Si son tan seguros estos productos, ¿Por qué la confidencialidad?

“El consultar la FDA sobre la seguridad de alimentos transgénicos es un ejercicio puramente voluntario, en el que la agencia recibe resúmenes sin datos y conclusiones sin fundamento”, informa el investigador Jeffrey Smith en su excelente libro ‘Genetic Roulette’ (Ruleta Genética). “Si la compañía alega que sus alimentos son seguros, la FDA no tiene más preguntas. Por lo tanto, se aprueban para venta variedades transgénicas que nunca fueron alimentadas a animales en estudios de seguridad rigurosos y probablemente nunca a humanos tampoco.”

La FDA “depende casi totalmente de la notificación voluntaria de las compañías de biotecnología”, advierten los científicos húngaros Arpad Pusztai y Susan Bardocz. La FDA “sólo acepta las aseguranzas de las compañías de biotecnología de que su producto es seguro.”

Los defensores de los transgénicos nos dicen que son los productos más minuciosa y exhaustivamente examinados de toda la historia y hacen referencia a montañas de estudios y datos a este fin. Pero cuando uno excluye los estudios que son confidenciales entonces la pila se achica bastante. De la pila que queda, la mayor parte consiste de estudios que si bien son minuciosos fueron hechos para determinar variables agronómicas relacionadas a la productividad y rendimiento, datos que no tienen ninguna utilidad para determinar inocuidad. Una vez excluimos esos, la pila de estudios y datos se achica más aún.

De los estudios que tienen alguna relevancia a la salud humana, ¿Cuántos de estos son públicos y no confidenciales? ¿Cuantos han pasado por el proceso de revisión por los pares y sido publicados en la literatura científica? Como que la pila sigue achicándose. Y de éstos, ¿cuántos NO fueron financiados por la industria de biotecnología?

¿Quién puede creer que la fuente de financiamiento de una investigación científica no es de importancia? En un informe publicado en la revista Nutritional Health, I. F. Pryme y R. Lembcke observan que los estudios científicos sobre transgénicos que no son financiados por la industria tienden a encontrar problemas con serias implicaciones para la salud humana, mientras que los estudios financiados por la industria nunca encuentran ningún problema.

De cualquier modo, ¿Qué compañía ha encontrado algo malo con sus propios productos? ¿Cuántas décadas pasaron antes de que la industria tabaquera admitiera tímidamente que quizás podía existir alguna relación entre su producto y el cáncer?

Sepan ustedes que los estudios sobre transgénicos revisados por los pares y debidamente publicados que tengan alguna relevancia a la salud humana son apenas más de veinte. De estos, ¿Cuántos fueron realizados con sujetos humanos? Uno solamente. Es realmente preocupante que se hayan comercializado estos productos de manera masiva cuando la base de datos sobre su inocuidad es tan diminuta.

Las pocas veces que datos confidenciales sobre alimentos transgénicos han salido a la luz pública éstos han resultado ser sumamente preocupantes.

El 22 de mayo de 2005 el periódico inglés The Independent reportó la existencia de un informe secreto de la compañía de biotecnología Monsanto sobre su maíz transgénico Mon 863. Según el informe, de 1,139 páginas, ratas alimentadas con este maíz por trece semanas tuvieron conteos anormalmente altos de células blancas y linfocitos en la sangre, los cuales aumentan en casos de cáncer, envenenamiento o infección; bajos números de reticulocitos (indicio de anemia); pérdida de peso en los riñones (lo cual indica problemas con la presión arterial); necrosis del hígado; niveles elevados de azúcar en la sangre (posiblemente diabetes); y otros síntomas adversos. Portavoces de Monsanto aseguraron que la compañía haría público el informe, pero no lo hizo de buena gana, alegando “confidencialidad”, y al principio sólo publicó un sumario de once páginas. No fue sino hasta que un tribunal alemán ordenó su divulgación unos meses después que el texto entero fue hecho público.

Es importante señalar que esta importante información es pública no por la buena fe de Monsanto sino porque algún buen empleado con acceso a documentos confidenciales de la compañía se tomó el riesgo de llevarla a la prensa. De no ser por este héroe anónimo, todavía hoy seríamos felizmente ignorantes sobre los efectos del Mon 863. Cabe preguntar entonces, ¿Habrá otros transgénicos nocivos que la industria de biotecnología nos está dando de comer a sabiendas de que son dañinos?

¿Qué más se puede esperar de una compañía como Monsanto? El excelente documental Le Monde Selon Monsanto (“El Mundo Según Monsanto”) de la cineasta francesa Marie Monique Robin, muestra cómo esta corporación ha pasado décadas negando responsabilidad por los horrendos daños a la salud ocasionados por el Agente Naranja, defoliante tóxico que ésta fabricó y que se utilizó extensamente en la guerra de Vietnam.

También se presenta en el filme el caso del pueblo de Anniston, en Alabama, EEUU, el cual sufrió por décadas de contaminación de sustancias tóxicas conocidas como PCB vertidas por Monsanto, contaminación que la compañía pretendió encubrir. En el curso de la batalla que la comunidad de Anniston dio en corte salió a luz un memorando interno de la compañía que decía “No nos podemos dar el lujo de perder un solo dólar de ganancia” (We can’t afford to lose one dollar of business).

En vista de estos hechos, ¿Qué se puede esperar de esta compañía cuando nos asegura que sus transgénicos son seguros? Robin y yo no criticamos a Monsanto de manera arbitraria y gratuita. Es que la compañía tiene 90% del mercado mundial de cultivos transgénicos, por lo tanto es sólo justo que reciba 90% de nuestras críticas.

Otro caso preocupante que demuestra que la FDA no está haciendo nada en lo absoluto para asegurar la inoucuidad de los transgénicos es el del guisante australiano. En 2005 un guisante transgénico experimental desarrollado en Australia por la Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization provocó una fuerte reacción inmunológica en ratas de laboratorio.

Científicos de la escuela de investigación médica John Curtin en la ciudad de Canberra sometieron el guisante transgénico a una batería de pruebas de las que normalmente se hacen a medicamentos, no a alimentos. Las ratas que ingirieron el producto mostraron cambios significativos en sus sistemas inmunológicos y nódulos linfáticos. Esto es más que suficiente para prohibir su consumo.

Hay que enfatizar que las pruebas que realizaron los australianos no son requeridas por ley para alimentos transgénicos en Estados Unidos. Este producto hubiera entrado al mercado estadounidense si hubiera pasado por el sistema regulatorio de la FDA. Por lo tanto, no nos sorprenda que productos transgénicos igual o más nocivos que el guisante en cuestión pueden estar en el mercado ahora mismo.

Igual o más interesante que los resultados del experimento es el hecho de que los mismos científicos que desarrollaron el guisante y realizaron el experimento no entendían la importancia de lo que habían hecho. Las pruebas que habían realizado nunca antes se habían hecho con alimentos transgénicos y aún así ellos realmente estaban convencidos de que las pruebas que habían hecho eran la norma en el resto del mundo. Esto demuestra que los propios biotecnólogos- al menos la mayoría de ellos- están sumamente desinformados sobre su propio quehacer.

En honor a la verdad, la FDA sí examinó productos transgénicos, pero lo hizo una sola vez, en 1992. En ese entonces determinó que estos alimentos son perfectamente seguros y que al no presentar ningún riesgo nuevo, no necesitan de pruebas adicionales.

La agencia se negó a hacer públicos los documentos internos relacionados a estas pruebas, lo cual provocó en 1998 una demanda de una coalición de grupos de sociedad civil dirigidos por la Alliance for Biointegrity exigiendo que se hagan públicos. El juez le dio la razón a la parte demandante y como resultado se hicieron públicas sobre 44 mil páginas de documentos relacionados con las pruebas realizadas sobre los transgénicos. Estos documentos enseñan que, contrario a lo que decía la alta cúpula de la FDA, no había ningún consenso entre los científicos de la agencia en cuanto a la seguridad de los transgénicos, y que varios de ellos expresaban serias preocupaciones sobre riesgos a la salud.

Los documentos desclasificados son interesantísimos y educativos. En uno de ellos, fechado 6 de marzo de 1992, el microbiólogo Louis Pribyl dice que “los efectos involuntarios no pueden ser despachados tan fácilmente, simplemente implicando que éstos también ocurren en la crianza convencional. Hay una profunda diferencia entre los tipos de efectos inesperados de la crianza convencional y los de la ingeniería genética.” Por su parte, la oficial de cumplimiento Linda Kahl advirtió en un memorando con fecha de 8 de enero de 1992 que al “tratar de forzar una conclusión final de que no hay diferencia entre alimentos modificados por ingeniería genética y alimentos modificados mediante prácticas de crianza tradicional (la agencia está tratando de) meter una ficha cuadrada en un hoyo redondo… Los procesos de ingenería genética y crianza tradicional son diferentes y de acuerdo a los expertos técnicos de la agencia, llevan a riesgos diferentes.”

Resulta que el oficial puesto a cargo de la investigación sobre transgénicos no era científico sino abogado, el licenciado Michael Taylor. Previo a su servicio público representó a Monsanto. Y tras terminar su labor en la FDA volvió al sector privado y llegó a ser vicepresidente de Monsanto. Es un caso clásico de poner el cabro a velar las lechugas. En inglés le llaman ‘revolving door’, el conflicto de interés creado por el continuo movimiento de profesionales entre los sectores privado y público.

Y el caso de Taylor no es nada fuera de lo ordinario. Clarence Thomas, ahora juez del Tribunal Supremo de EEUU, fue abogado de Monsanto, y el ex-secretario de defensa Donald Rumsfeld fue por ocho años jefe de la farmacéutica Searle, la cual Monsanto compró en 1985. Y Anne Veneman, la primera secretaria de agricultura de la administración Bush-Cheney, había estado en la junta de Calgene, empresa comprada por Monsanto en 1997.

La activista e investigadora Beth Burrows, fundadora del Instituto Edmonds, dedicó años a investigar el ‘revolving door’ de la industria biotecnológica pero eventualmente abandonó este esfuerzo porque ella razonó que sería más provechoso hacer una lista de los servidores públicos que NO estaban brincando a las compañías de biotecnología.

En su tiempo en la FDA el supervisor inmediato de Taylor era James Maryanski, quien fue confrontado por Robin en su documental. El pobre, sin duda sintiéndose emboscado, murmuró algunos argumentos cantinflescos a la vez que admitía que efectivamente había disidencia entre los científicos de la agencia en torno a la inocuidad de los transgénicos. Pero aún así se les aprobó, en contra del propio reglamento de la FDA.

Podría hablarles de muchas otras instancias que demuestran que las preocupaciones acerca de la inocuidad de los transgénicos, como las papas de Pusztai, la tragedia del triptófano, el fiasco de la hormona transgénica rBGH, las ratas de Ermakova, el testimonio de Kirk Azevedo, y muchas más, están bien fundamentadas. Pero por la cuestión de la brevedad, vayamos directo al argumento de remate: el etiquetado.

Si estos alimentos son tan seguros, ¿por qué se opone la industria a que vayan etiquetados para que los consumidores puedan identificarlos y usar su criterio para decidir si los quieren comprar o no? Los argumentos de las compañías en contra del etiquetado no son ni remotamente convincentes. Simplemente no confían en su propio producto y tampoco confían en la inteligencia del consumidor. Quizás se oponen porque sin etiquetado no puede haber trazabilidad, y sin trazabilidad no se puede asignar responsabilidad si alguno de estos alimentos transgénicos resulta tener efectos imprevistos.

Las denuncias y cuestionamientos aquí presentados no constituyen oposición a toda biotecnología, como creen erróneamente algunos. Es simplemente un reclamo de que se salvaguarde la ecología, la salud humana y el interés público en el desarrollo de esta y cualquier otra nueva tecnología. Los biotecnólogos no tienen por qué considerar inoportunos los planteamientos aquí expuestos, si son los mejores intereses de la humanidad lo que les motiva. Si lo que les motiva es el lucro y la ambición entonces se puede entender su molestia.

Referencias:

Cummins, Claire. “Uncertain Peril: Genetic Engineering and the Future of Seeds”. Beacon Press, 2008.

Robin, Marie Monique. Le Monde Selon Monsanto. http://www.arte.tv/lemondeselonmonsanto

Smith, Jeffrey. “Genetic Roulette: The Documented Health Risks of Genetically Engineered Foods”

Traavik, Terje & Lim Li Ching, editores. Biosafety First: Holistic Approaches to Risk and Uncertainty in Genetic Engineering and Genetically Modified Organisms” Tapir Academic Press, 2007.

Washington Post. “Monsanto hid decades of pollution” 1 de enero 2002.

Ruiz Marrero es periodista y educador ambiental, autor del libro “Balada Transgénica” y director del Proyecto de Bioseguridad de Puerto Rico.

* Argenpress

http://www.argenpress.info/2008/09/son-seguros-los-transgnicos.html

Alejandro Teitelbaum: La regla de oro del sistema: Privatizar las ganancias y socializar las pérdidas y las deudas

El rasgo principal del sistema capitalista consiste en la apropiación privada de los frutos del trabajo social, es decir la expropiación por los capitalistas de los valores creados por los trabajadores manuales e intelectuales.

Estos valores se crean en el proceso de producción de bienes y servicios (industria, agricultura, investigación científica, educación, atención médica, transporte, agua corriente, electricidad, salubridad, etc.). Deducido el precio de la fuerza de trabajo, el valor restante es el plusvalor o plusvalía, medida económica de la explotación de la fuerza de trabajo, que se intensifica cada vez más a escala mundial y es la base fundamental de la acumulación capitalista.

Pero, sobre todo en los últimos decenios, esa expropiación de valores se produce también fuera del proceso productivo y de la prestación de servicios, principalmente a través del capital financiero especulativo, lo que permite a una ínfima minoría apropiarse en forma parasitaria del fruto de trabajo y de los ahorros de los pueblos de todo el mundo, al margen de la economía real. Este proceso tiene frecuentemente una vertiente francamente delictiva, donde la corrupción ocupa un lugar muy importante.

Por ejemplo en Estados Unidos, el gigante transnacional de la energía Enron se declaró en quiebra reconociendo una deuda de 40 mil millones de dólares y dejó en la calle a su personal (12000 personas), al que, por añadidura, despojó del capital previsional de su jubilación, invertido en acciones de la propia empresa. En otras quiebras de grandes bancos o grupos financieros transnacionales, miles de pequeños ahorristas han visto evaporarse el fruto de muchos años de esfuerzos e incluso de privaciones.

Después de Enron se sucedieron otros casos similares como el de WorldCom y resultaron implicados los dos más grandes bancos estadounidenses: Citygroup y JP Morgan Chase.

El caso más reciente con proyección mundial es el de la crisis de los préstamos hipotecarios a alto riesgo (subprimes) con tasa de interés variable, que ha dejado sin liquidez a muchos Bancos privados lo que ha conducido a los Bancos Centrales a inyectar en el mercado financiero decenas o centenares de miles de millones de dólares.

Esta crisis dejó en la calle a decenas de miles de modestos deudores hipotecarios proprietarios de viviendas en Estados Unidos. Por eso el Gobierno de ese país ha decidido invertir 200.000 millones de dólares de los contribuyentes para salvar…al capital financiero concentrado en Fannie Mae y Freddie Mac. Y las principales bolsas mundiales saltan de alegría.

Esta es una característica común de los Gobiernos actuales, aun los más opuestos al intervencionismo estatal en la economía: socorrer con los dineros del pueblo al gran capital en dificultades. O dicho más precisamente, tapar los agujeros dejados por el capital privado como resultado de sus fechorías.

En Argentina los grandes grupos financieros nacionales e internacionales con la complicidad de los Bancos y de los sucesivos gobiernos y con la bendición y participación del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, han despojado al país mediante políticas desenfrenadas de privatización de los bienes y servicios públicos y de los recursos naturales, de endeudamiento externo e interno real o ficticio, de estatización de deudas privadas, etc.

La deuda externa

El caso de la deuda externa es ejemplar, pues ha consistido y consiste en privatizar los beneficios y socializar las pérdidas.

En 1982 la dictadura militar y su Ministro de Economía Cavallo estatizaron la deuda privada de cientos de empresas por un monto de unos 14000 millones de dólares.

Se hizo mediante un “seguro de cambio” que consistía en asegurarle al deudor el valor del dólar al momento del pago de la deuda. Por ejemplo si debía 10.000 dólares a un valor de 10 pesos por dólar, llegado el momento de abonarla, el deudor solo pagaba los 10.000 dólares a 10 pesos el dólar. La diferencia en caso de un aumento del dólar la absorbía el Estado, el pueblo. Es decir se transfirió la deuda privada a la sociedad argentina.

Gran parte de la deuda estatizada eran “auto-préstamos”es decir préstamos que se hacía la misma empresa con dinero que tenia ahorrado en bancos exteriores. El banco emisor del crédito era el testaferro de la empresa y el cómplice de esta estafa. Muchas empresas fueron descubiertas como FATE, SADE, algunas del grupo TECHINT, BGH, SIDECO.

A mediados del año 2000 el juez Jorge Ballestero dictó sentencia en la causa “Alejandro Olmos s/denuncia” iniciada en 1982, estableciendo la responsabilidad de los funcionarios de la dictadura que contrajeron la deuda y la corresponsabilidad de los organismos internacionales como el FMI, que aprobaron prestamos ilícitos y fraudulentos. Como la acción penal había prescripto, el juez Ballestero remitió el fallo al Congreso, para que tomase la intervención que la Constitución Nacional le confiere en el manejo de la deuda externa (art. 75). La mayoría parlamentaria nunca se ocupó del tema.

La reciente decisión del Gobierno de pagar 6700 millones al Club de París, cuando habría que hacer una auditoría previa para averiguar qué parte de la deuda es legítima, cuánto se debe, si se debe algo, es otro caso de socialización de las deudas, porque se pagará con los dineros del pueblo, depositados en el Banco Central.

Como el hambre viene comiendo, el Club de Paris quiere más y dice que el monto de la deuda es de 7900 millones.

Y la ronda infernal de pagos y nuevos endeudamientos no tiene miras de acabar.

El caso de Aerolíneas Argentinas repite esa constante que consiste en privatizar las ganancias y socializar las perdidas

El Gobierno de Menen vendió Aerolíneas Argentinas en 1990 libre de deudas y cuando daba ganancias a la empresa entonces estatal española Iberia, que estaba prácticamente en bancarrota y a la que el gobierno español se disponía a privatizar previa capitalización mediante la adquisición por monedas de patrimonios sanos como era entonces AA.

Las aeronaves y la mayoría de las propiedades de Aerolíneas (tanto las oficinas centrales como oficinas en París, Nueva York, Los Angeles, Roma y Francfort) fueron liquidadas; varios aviones fueron vendidos o hipotecados, algunos activos fueron dados en préstamo, se perdieron varias rutas internacionales y los tres simuladores de vuelos para la instrucción de los pilotos fueron vendidos. La empresa contrajo una deuda enorme y dejó de dar ganancias. Los problemas internos de Iberia y de sus filiales la llevaron a la bancarrota en 1994, momento en el que el accionariado de Aerolíneas pasó a la Sociedad Española de Participaciones Industriales, ente público de participaciones industriales del Estado español.

En junio de 2001 se suspendieron los vuelos a siete destinos internacionales y la aerolínea entró en convocatoria de acreedores. En octubre del mismo año, el control de Aerolíneas Argentinas y Austral fue cedido a Air Comet, un consorcio formado por las aerolíneas privadas españolas Spanair y Air Comet junto con el operador de turismo Viajes Marsans, que adquirió el 92,1% de las acciones.

Y ahora que queda muy poco de AA (salvo deudas) el Gobierno de Cristina Kirchner la reestatiza.

El Gobierno de CFK quiere cerrar a cualquier costo financiero y en exclusivo beneficio de Marsans, una gestión calamitosa y delictiva (vaciamiento de la empresa) por parte del empresario español. Gestión calamitosa y delictiva que contó con la complicidad del Gobierno de Kirchner.

Por eso Jaime firmó el acuerdo con Marsans, con la aprobación de la Casa Rosada, acuerdo que sigue existiendo porque hasta ahora nadie lo declaró nulo, ni siquiera la ley de “rescate” de Aerolíneas que acaba de sancionar el Congreso.

En lugar de celebrar ese acuerdo en la Casa Rosada con toda la comparsa, el Gobierno debería haberse apresurado a desconocerlo declarando que Jaime había ultrapasado las instrucciones recibidas. Y dejar inmediatamente cesante a este último.

Evidentemente esto no podía ocurrir porque Jaime no actuó por su cuenta pues forma parte, junto con los K, De Vido y algunos otros, del círculo estrecho de la camarilla gobernante.

Las consecuencias de este actitud del Gobierno y de los parlamentarios frente al acuerdo firmado por Jaime son nefastas para el interés nacional, porque el Grupo Marsans puede invocarlo para recurrir al CIADI (tribunal arbitral del Banco Mundial) fundándose en el artículo 10 del Tratado de Promoción y Promoción de Inversiones celebrado entre Argentina y España octubre de 1991.

Dicho artículo 10, si bien establece la competencia de los tribunales del Estado donde se realizó la inversión en caso de controversia entre las partes, autoriza a la parte insatisfecha con el fallo del tribunal nacional a recurrir al tribunal arbitral. Lo que deja la vía libre a Marsans para reclamar indemnizaciones millonarias ante el CIADI.

Durante los años 90 Menen firmó casi 60 Tratados Bilaterales de Promoción y Protección de Inversiones y en setiembre de 1991 adhirió al CIADI (ratificación parlamentaria en julio de 1994, ley 24353) lo que le ha quitado al Estado argentino el poder de decisión en materia de políticas económicas.

Y desde entonces ni los Gobiernos Kirchner ni el Parlamento han hecho nada para romper esas ataduras, pudiendo hacerlo mediante la denuncia, evitando la tácita reconducción, etc.

Por ejemplo en el Congreso duerme el Expte. 1598-D-07. “Eduardo Macaluse.

Declaración de nulidad absoluta de toda prórroga de jurisdicción argentina y de la Ley 24353, de convenio sobre arreglo de diferencias relativas a inversiones entre Estados y nacionales de otros Estados”.

Por cierto que la derecha, ferviente partidaria de las privatizaciones, está en contra de la reestatización de AA, como ahora está a favor del pago de la deuda a los miembros del Club de Paris.

Los escribas del Gobierno, no sin cierta habilidad para hacer pasar su mensaje, despotrican contra la política aerocomercial que ha llevado a la actual situación catastrófica en la materia y sostienen que la solución (la menos mala dicen algunos de ellos) es reestatizar AA. Pero se saltean cuidadosamente el tema crucial de quién se hace cargo de los pasivos y si se le paga algo a Marsans o no. Cuando la actuación del Gobierno en este asunto conduzca a un nuevo despojo (la reprivatización total o parcial de AA, como prevé la ley aprobada por el Congreso, una vez pagadas las deudas) dirán también que la “solución” es “la menos mala”. Según los mismos escribas, pagar al Club de Paris también es una buena medida.

La mayoría de la burocracia sindical –vieja tradición argentina que se remonta a los años 50- se pone la escarapela y repite el discurso oficial. Habría que preguntarles qué hicieron y dijeron cuando se privatizó Aerolíneas y mientras Marsans dejaba a la empresa “en pelotas”.

Buena parte de la gente de “izquierda” sustituye la reflexión destinada a proponer una alternativa apropiada a la política del Gobierno por frases como : la reestatización de Aerolíneas “es un paso en la recuperación del patrimonio nacional”, dicen. Y “hay que mantener la línea de bandera”, afirman. Y no pocos de ellos también “se olvidan” del tema de los pasivos y si hay que pagar o no a Marsans.

Dan una respuesta “virtual” o simbólica a un problema real que pone en juego los intereses nacionales y del pueblo trabajador.

Sin tener para nada en cuenta la realidad de los hechos y su contexto.

El contexto: Más de cincuenta años de expoliación

El contexto es una política gubernamental de entrega del patrimonio nacional y contraria a los intereses de los trabajadores (ambos aspectos siempre van juntos) que, con breves y tímidas pausas, se remonta a principios de los años 50 (segundo peronismo de Perón), siguió con las diferentes dictaduras militares, el frondizismo, el alfonsinismo, el peronismo de Menen y el peronismo de los Kirchner.

El giro hacia esta política que sigue hasta hoy podría situarse a principios de los años 50 con la misión Cereijo a los Estados Unidos, el contrato petrolero con la California, filial de la Standard Oil y la cuenta regresiva iniciada entonces en la participación de los trabajadores en el ingreso nacional, que llegó al 53 por ciento en los años 49-50 y que en 2007 fue del 28%. Menos que en 2001 (31%) pese a que la ocupación y el salario real aumentaron entre 2001 y 2007.

Lo que en otros términos quiere decir que la tasa de explotación de los trabajadores está aumentando desde 1950, incluso está aumentando desde que asumió Kirchner hasta ahora.

La realidad de los hechos

La realidad de los hechos en cuanto a AA es que a esta altura casi no es un patrimonio, ni nacional ni extranjero. Es prácticamente una cáscara vacía, casi sin aviones y con algunas rutas autorizadas. Y muchas deudas, que ni siquiera se sabe a cuanto ascienden. Así que reestatizando AA prácticamente lo único que se reestatizan son deudas. Salvo que se encuentre una manera de recuperar la empresa libre de pasivo.

Porque lo que tiene que estar absolutamente claro es que no hay que pagar ni un centavo por AA al grupo Marsans ni reconocer ninguna de sus deudas.

No hay que repetir lo que Cavallo hizo con la deuda externa de las grandes empresas, hipotecando un poco más el fundamento del auténtico patrimonio nacional, que es la riqueza creada por los que trabajan.

El tema de la línea de bandera merece reflexión.

Algunos Estados tienen línea de bandera (línea monopolizada por el Estado o con participación estatal) por razones políticas y económicas y aún simbólicas (en algunos casos esa denominación tiene poco contenido real).

Parece obvio que conviene que el Estado monopolice o por lo menos tenga el poder de decisión en las líneas de cabotaje, sobre todo si tiene una política nacional de desarrollo armónico del transporte aéreo, ferroviario, vial y por agua.

En Argentina esa política por ahora no existe y en materia de cabotaje Kirchner le dio a LAN Chile las rutas internas más rentables. Y el resto de la política de vuelos de cabotaje no ha podido ser más catastrófica.

En cuanto a tener una línea de bandera para las rutas internacionales, la tendencia general es a la desaparición o a la privatización parcial de las líneas de bandera, como consecuencia de los altos costos de explotación, la fuerte competencia y un acentuado proceso de concentración del transporte aéreo civil (son contínuas las fusiones y adquisiciones de grandes empresas internacionales de transporte aéreo). Y al proceso de concentración y privatización se suman los despidos de personal y la superexplotación del personal restante para disminuir los costos.

Varig, que figura como línea de bandera de Brasil, fue una empresa muy fuerte hasta que estuvo al borde de la quiebra y fue comprada en 2007 por la empresa privada Gol. Alitalia está en cesación de pagos y busca compradores entre los inversores italianos y empresas aerocomerciales extranjeras. Air France y KLM de Holanda tuvieron que fusionarse para sobrevivir e Iberia busca ahora la fusión con British Airways.

Pese a que Venezuela y Bolivia tratan de poner en funciones líneas de bandera, el contexto internacional no parece ahora económicamente muy viable para salir a competir en solitario con una línea de bandera en el transporte áereo internacional, sobre todo partiendo prácticamente de cero.

Algunas opciones razonables podrían ser una alianza o asociación de líneas de bandera latinoamericanas o una asociación o alianza de una línea de capital estatal argentino (pero sin cargar con las deudas de AA) con grandes empresas como Air France-KLM, Lufthansa y/o alguna gran aerolínea árabe o asiática.

Pero lo importante es lo que falta, en esto como en todo lo demás: una política global y coherente en defensa del interés nacional, entendido éste como el que responde a las necesidades y legítimas aspiraciones populares en materia de bienestar, alimentación, salud, vivienda, salubridad, transporte, educación, cultura, libertad y seguridad.

No se puede esperar nada de esto de la camarilla gobernante, pues sus tres objetivos centrales son: 1) preservar un sistema político, económico y social agotado y en crisis, como lo viene haciendo desde que llenó el vacío político que generaron los acontecimientos de 2001, 2) favorecer la concentración del gran capital, viejo y nuevo, en el campo (fiesta sojera), en la industria y en los servicios y 3) enriquecerse ellos y sus amigos con participaciones abiertas o encubiertas.

Esta es una mala copia de la situación en Francia entre 1848 y 1851 descripta por Marx en su “18 Brumario de Luis Bonaparte”:

“No es suficiente decir, como lo hacen los franceses, que su nación ha sido sorprendida… Falta explicar cómo una nación de 36 millones de habitantes ha podido ser sorprendida por tres capitanes de industria…”… “El 2 de diciembre la revolución de febrero fue escamoteada por el juego de manos de un tramposo…”.

Por cierto que cuando Marx escribía “tres capitanes de industria” no pensaba en Kirchner, De Vido y Jaime y escribiendo “tramposo” tampoco tenía en la mente a Kirchner.

Argenpress

http://www.argenpress.info/2008/09/la-regla-de-oro-del-sistema-privatizar.html

Ernesto Carmona: El lado oscuro del Chile de hoy

¿Qué ha cambiado en Chile desde que fue derribado el gobierno democráticamente elegido de Salvador Allende? Han transcurrido 35 años, 17 de dictadura militar y 18 de “transición a la democracia” conducida por una coalición hegemonizada por los partidos Socialista, Demócrata Cristiano y Por la Democracia, seguidos de otros menores, como el partido Radical, llamada Concertación de Partidos por la Democracia.

La primera observación es que la “transición” lleva ya más tiempo que la dictadura. Pero las condiciones de vida del pueblo han empeorado dramáticamente desde la época de Allende. Y hay poca cabida para protestar. Hoy existe una perversa democracia formal que limita el acceso de los pobres a la política y excluye de cualquier participación a la minoría comunista y a otros grupos izquierdistas. Existe un sistema binominal de elecciones que fue creado precisamente para que dos grandes bloques –la derecha y la Concertación– se alternen perpetuamente en el poder, tal como ocurre con los demócratas y republicanos en EEUU.

El fin de la dictadura no fue sólo el resultado de la lucha del pueblo, que aportó generosamente su sangre, instigado por quienes hoy gobiernan al país, sino que prevaleció un acuerdo político impulsado por los mismos factores internacionales que provocaron la caída de Salvador Allende, es decir, EEUU, la CIA, la USAID, el Fondo Nacional para la Democracia (NED, su sigla en inglés) y las grandes corporaciones transnacionales, cuyos negocios de explotación de los recursos naturales mejoraron notoriamente en estos últimos 18 años, según todos los indicadores. Los sectores que producen mayores ganancias al capital local e internacional son la minería del cobre, que es 70% privada, y la industria de la celulosa que se extrae de los bosques del territorio indígena, entre muchos otros rubros.

Neo-derecha “progresista”

La dictadura sigue presente, pero con otra apariencia, en el exitoso modelo de “desarrollo democrático” que padece Chile, pero que se exporta como imagen envidiable para otros países. La carta magna de la dictadura, que data de 1980, ha sido legitimada por sucesivas reformas constitucionales “de parche” concertadas por el gobierno con la derecha parlamentaria. Cada vez que tienen la oportunidad, las organizacionales patronales de la derecha económica manifiestan su satisfacción por la marcha de sus negocios bajo la administración concertacionista, particularmente bajo el sexenio presidencial de Ricardo Lagos (2000-2006).

En estos 18 años de “transición a la democracia”, la Concertación se convirtió en una neo-derecha, con tintura socialista y social cristiana, como ocurrió antes con los partidos “progresistas” en Europa y en otras latitudes, donde la social democracia imitó a la democracia cristiana como nueva expresión partidaria renovada de la derecha tradicional. El socialismo de hoy no es el mismo de los tiempos de Allende. El partido del presidente inmolado que pretendió realizar reformas sociales involuciona por el mismo camino que siguieron antes sus colegas socialistas de España y Francia, los laboristas del Reino Unido, el partido “trabalhista” de Brasil y tantos otros. El Chile de hoy se puede transitar libremente pero por carreteras privadas. Santiago tiene una red de autopistas urbanas que cobran. La gente se ve triste porque está endeudada, aunque existe algo de trabajo, pero precario y “flexibilizado”. Los empleadores no tienen que complicarse con la seguridad social de sus trabajadores. La educación, la salud y la previsión social se han privatizado, convirtiéndose en negocios o “industrias”

Una nueva clase política de apariencia “democrática y progresista” se incrustó en la superestructura del poder del Estado para administrar la expoliación del pueblo chileno y de sus recursos naturales con mayor “eficiencia” que los militares y con pocos reclamos de los trabajadores, gracias al control de la Concertación sobre la Central Unica de Trabajadores (CUT). Esa clase política también ha puesto en marcha un proceso de corrupción a expensas de los fondos públicos sin precedentes en la historia política republicana del país.

Los rebeldes son jovenes

Los disidentes, incluidos cientos de miles de izquierdistas allendistas, no tienen cabida en esta democracia, porque el sistema electoral binominal les bloquea su acceso al Parlamento. Los jóvenes se niegan a inscribirse voluntariamente en los registros electorales. O sea, rehúsan adquirir el derecho al voto. Una vez inscritos tendrían la obligación de concurrir a votar a riesgo de severas sanciones. Si el derecho a voto no se ejerce, en Chile hay castigo. Y el gobierno pretende legislar una inscripción automática al cumplirse la mayoría de edad de 18 años, manteniendo la obligatoriedad del voto, en un esfuerzo desesperado por recuperar la representatividad perdida. Paradojalmente, quienes se oponen a esta medida totalitaria son los propios herederos políticos del pinochetismo que ahora juegan al populismo electoral al mejor estilo del Partido Popular español.

Cuando algunos sindicatos que no están bajo el control de la Concertación y ciertos sectores de la sociedad chilena manifiestan su descontento con el nuevo modelo político-económico que favorece a los ricos, son brutalmente reprimidos por el gobierno nominalmente “socialista”, en nombre del sagrado sistema legal heredado de la dictadura que garantiza la expoliación neoliberal. Los más afectados han sido los sindicatos de trabajadores subcontratados –o tercerizados con empleo precario y “flexible”–, los estudiantes y la etnia mapuche, cuyo territorio permanece ocupado militarmente por años, sin nada que envidiarle a Palestina. Y al igual que Israel, Chile hace caso omiso a las recomendaciones de los organismos de derechos humanos de Naciones Unidas. La región mapuche, con sus habitantes en extrema pobreza perpetua, es un territorio ocupado por Carabineros bajo permanente estado de sitio, mientras sus tierras son explotadas por las industrias madereras de los grupos económicos más ricos de Chile.

El gobierno de la socialista Michele Bachelet eligió el camino de la represión, hasta con 1.500 detenciones de jóvenes estudiantes en el mes de julio 2008. La policía militarizada de Carabineros ejerce una brutalidad sin restricciones, incluso en detenciones regulares ordenadas por algún tribunal. El fallecimiento del jefe policial en un accidente aéreo en Panamá, mientras andaba de compras con su familia y ciertos allegados, fue convertido en tragedia nacional por el gobierno y los medios de comunicación, con duelo oficial y un derroche propagandístico que elevó al difunto a la categoría de un santo.

El rol de los medios

Todo esto ocurre mientras existe una creciente criminalización de la protesta civil, que comenzó reduciendo a 14 años la responsabilidad penal de los jóvenes. Los estudiantes que protestan en las calles corren el riesgo de ser procesados como autores de crímenes, no de desórdenes públicos, como ya ocurre en países como El Salvador, que hizo suya la ley antiterrorista de EEUU, la Patriot Act. Sin embargo, cuando un estudiante de 15 años es detenido y apaleado por Carabineros en las calles de cualquier ciudad, debe permanecer detenido hasta que sus padres vayan a rescatarlo a la comisaría. Es decir, hay un doble estándar entre los derechos ciudadanos y la responsabilidad penal que siempre opera contra los jóvenes.

El debate parlamentario se realizada entre cuatro paredes, casi igual que en los tiempos de la dictadura, sólo que ahora la sala es más grande y hay más protagonistas de la clase política disfrutando de un salario que pagan “todos los chilenos”. Tampoco hay debate público democrático en la prensa, donde no hay acceso para todas las opiniones ni existe cabida para los críticos y disidentes. Los grandes medios de comunicación –cuya propiedad está súper concentrada– apoyan las medidas represivas y demás políticas del gobierno que son del agrado de los grupos económicos y de los poderes fácticos. Los medios practican un doble juego de apoyo y crítica, aunque las portadas más populares se dedican a temas banales. Dos empresarios controlan la prensa escrita del país, Agustín Edwards y Alvaro Saieh, a través de sus diarios insignia El Mercurio y La Tercera. La televisión exhibe el mismo signo ideológico, estigmatiza las protestas sociales, cultiva la banalidad y criminaliza peyorativamente a sus protagonistas a través de todos los canales. El candidato presidencial Sebastián Piñera, que es la versión local de Silvio Berlusconi, tiene su propio canal de televisión, mientras otro responde al Vaticano, un tercero pertenece al multimillonario Ricardo Claro, del Opus Dei, otros dos pertenecen al magnate mexicano Angel González y el canal del Estado es co-gobernador por los intereses comunes de un directorio acordado en cuotas entre la derecha y la Concertación.

Diputados “elegidos” a dedo

Resulta imposible describir in extenso en una simple crónica al Chile de hoy, a 35 años de la muerte de Salvador Allende. Hay múltiples brochazos para pintar esta situación. Por ejemplo, en estos días los chilenos se enteraron de la asunción de un nuevo diputado que jamás fue sometido al voto popular. Se trata del reemplazante socialista del fallecido Juan Bustos, presidente de la Cámara. La ley permitió que el sucesor fuera designado a dedo por el partido del difunto. El premio recayó en Marcelo Schilling, que se hizo célebre como organizador de “La Oficina”, una instancia de espionaje interno creada por Patricio Aylwin (2000-2004) que Ricardo Lagos convirtió en la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), para vigilar a los disidentes domésticos.

Los empresarios exportadores de productos primarios como uvas, manzanas y peras llevan años quejándose de la devaluación del dólar, que es un fenómeno mundial, no chileno. Con dinero proveniente de las ventas del 30% del cobre que el Estado sigue poseyendo (Allende nacionalizó el 100% de ese recurso), el Banco Central destinó 8 mil millones de dólares para comprar dólares durante todo 2008, haciendo subir artificialmente el precio de la divisa extranjera en el mercado interno a fin de beneficiar a los exportadores. Con esta medida se desató una inflación que eleva dramáticamente el costo de la vida y de la energía, que es básicamente importada como gas de Argentina. De paso, se violó una de las sagradas normas de la economía neoliberal, al manipular “la mano libre del mercado”, pero esto no le importa a los diarios como El Mercurio, que defienden a sangre y fuego el neoliberalismo. El ministro de Hacienda Andrés Velasco llegó a decir que las últimas cifras de aumento del desempleo son buenas porque indican que hay más gente buscando trabajo (sic).

…Y echaron a mi vecino…

Chile fue el país más golpeado por el retrógrado experimento neoliberal mundial que comenzó en los años 70. Precisamente para esa experimentación con un pueblo atado, encarcelado o asesinado, sin capacidad de reclamar, se estableció una dictadura militar. Hoy sus cifras macroeconómicas son buenas, se muestran como ejemplares para otros países, pero los números benefician exclusivamente a los que ya son ricos y al capital extranjero. Los grandes empresarios suelen decir por televisión que ahora sí el país va por “el camino correcto” del crecimiento. Pero crecimiento ¿para dónde? ¿Hacía qué?… Mientras yo escribía esta historia en esta mañana de lunes, vino la policía, un tribunal y la fuerza policial a desalojar y lanzar a la calle a mi vecino de clase media porque no ha pagado su departamento… Como diría Bertold Brecha, ¿cuándo vendrán por mí?…

http://www.argenpress.info/2008/09/35-aos-de-salvador-allende-el-lado.html

Arnoldo Kraus: Aborto legal y voluntario: dos filos

La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de declarar constitucional la despenalización del aborto voluntario antes de las 12 semanas de gestación aprueba una práctica común, soterrada y ancestral. La resolución evitará que las mujeres que antes abortaban sin las condiciones indispensables de higiene, o sin la protección médica suficiente, sufran lesiones graves, físicas y sicológicas o, incluso, la muerte. No sobra decir que la mayoría de las mujeres que arriesgaban su vida durante ese proceso pertenece a estratos económicos pobres. Desde que se despenalizó el aborto en el Distrito Federal, sobre todo las mujeres pobres, las que carecen de servicios fundamentales, tienen la posibilidad de acceder a los hospitales que provee la ciudad. Aunque no sea parte de la aprobación, esa verdad es fundamental: las mujeres ricas abortan en sitios adecuados y las pobres lo hacen perforadas por su realidad.

Como todos los grandes dictámenes, la legalización del aborto deviene múltiples rubros y expone la imposibilidad del diálogo entre quienes lo aceptan y quienes lo rechazan. Subrayo dos. El primer tópico debe leerse como un triunfo de la razón: las mujeres son seres autónomos que tienen la capacidad de decidir, motu proprio, qué es lo que más les conviene como personas. Capacidad que engloba términos como realidad, definición de vida, maternidad, estatus social, salud y relación con el medio circundante, incluyendo, sobre todo, a sus seres queridos.

El segundo rubro, conocido y muy nocivo, confronta las divisiones ya existentes entre la sociedad y el poder, cuyo eje de vida es el laicismo contra quienes norman su conducta, sean personas morales o políticos, bajo la égida de la religión. El problema no es sencillo: confronta la postura de voces cimentales como son las de la Procuraduría General de la República (PGR), la de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la de la Iglesia contra las posiciones de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y las de los librepensadores.

En una sociedad, harto dividida y muy dañada, como es la que habita en la ciudad de México, la legalización del aborto profundizará la asimetría entre instituciones y personas, y ahondará viejas rencillas. Es muy probable que esa decisión agudice las fracturas ya existentes para abordar temas tan ingentes como los secuestros, la privatización de Pemex o la validez o no de la cadena perpetua. Aunque no es más que una hipótesis, no sería extraño que la despenalización del aborto incremente la intolerancia de quienes consideran la enmienda, como ha expresado el cardenal Norberto Rivera, una “ley criminal”. Aseverar que es criminal la decisión de la SCJN es equivocado, peligroso e irresponsable. Bien haría el cardenal si midiese el significado de sus palabras.

No sobra recordar que muchos de nuestros políticos actúan, si no la mayoría de las veces, sí con demasiada frecuencia de acuerdo con su propio beneficio y no a favor de la nación. Desde esa perspectiva, la decisión de la SJCN puede servir de pretexto para que organismos como la PGR o la CNDH actúen, cada vez más, monopolizando decisiones sin pensar en el bien común.

En temas tan ríspidos como el de la despenalización del aborto no sobra enfatizar que la intolerancia sólo tiene una cara. Ni las mujeres que apoyan la decisión denuestan a quienes la consideran inadecuada ni los médicos que la validan actúan contra quienes se oponen. En muchos países suele reproducirse esa política y en más de una nación se han asesinado médicos por practicar abortos. Tanto las organizaciones políticas, como la Iglesia y las organizaciones del estilo Provida deberían aceptar la decisión y no fomentar, con discursos en las tribunas o con actitudes en la calle, ningún tipo de violencia.

Aunque entiendo que muchas ideas lindan con el absurdo, es lícito proponer. Si bien es casi imposible que la Iglesia tradicional modifique su ideario, los dirigentes de instituciones tan indispensables como la PGR y la CNDH deberían tener la suficiente madurez y sensatez para encarar la validación de la despenalización del aborto.

Es evidente que la nación desconfía, quizás ahora más que nunca, de las representaciones políticas. Esas instituciones deben tener la capacidad de fomentar la tolerancia, así como la obligación de explicar públicamente que aceptan el dictamen. Desde la perspectiva de la ética, ésa tiene que ser su conducta. Desde la mirada de la tolerancia, ése es su deber. No hay más. De lo que se habla es, precisamente, de su quehacer: la Corte votó por leyes, por personas, por derechos humanos, por lo que avala la Constitución.

* La Jornada

* http://www.jornada.unam.mx/2008/09/03/index.php?section=opinion&article=026a2pol

Contacta ‘SOS’ a cónsul para apoyar a salmantino

El presidente de la organización “Discriminación Internacional Querétaro” ratifica su apoyo

El grupo “SOS, Discriminación Internacional Querétaro” no ha abandonado el caso del estudiante salmantino detenido en Sevilla, España, y ha logrado hacer contacto con el cónsul de México en Madrid, Carlos López Estrada, quien le ha informado las condiciones de salud en las que se encuentra el joven becario y parte de las acciones legales a favor del mexicano.

Apenas el 8 de abril pasado, el presidente de “SOS, Discriminación Internacional Querétaro”, Manuel Edmundo Ramos Gutiérrez, envió una carta al cónsul Carlos López Estrada para que se les informe sobre el proceso que se le sigue al estudiante Alejandro Ordaz Moreno y las condiciones en que éste se encuentra.

El diplomático mexicano le hizo saber que recientemente visitó a Alejandro en la prisión, mencionando que el estado de salud del joven es bueno, aunque solicitando al encargado del centro penitenciario se le atendiera de fuertes dolores de cabeza

Además le indica que ha estado en constante contacto con el padre de Alejandro y el despacho de abogados que la familia contrató para la defensa.

Además, le explica que “se certificó, a través de lo dicho por el propio connacional, que ha recibido un trato adecuado en el centro donde se encuentra detenido, aunque señaló haber recibido agresiones en la comisaría en la que fue retenido inicialmente por la policía, lo que, desde luego, estará siendo investigado por el abogado defensor”.

En respuesta, la organización contra la discriminación internacional le informa al embajador que seguirá al pendiente del caso, por lo que solicitan se les continúe informado el proceso que se lleva a cabo, así como se les brinde orientación sobre el procedimiento a seguir, para visitar a Alejandro, y mostrarle el apoyo y solidaridad directamente.

http://www.correo-gto.com.mx/notas.asp?id=69300

Anamaría Ashwell: Monsanto y el maíz de México

Hace varios años, cuando el helado de Ben and Jerry’s en homenaje a los Grateful Dead, cuyo sabor es Cherry García, imprimió en su empaque una etiqueta que decía “Estamos en contra de la hormona bovina recombinada. Las familias de granjeros que nos proveen de leche y crema se han comprometido a no utilizar en sus vacas la hormona rBGH…” era el momento para que todos en el planeta –no solo en Burlington Vermont donde se elabora este helado artesanal y de culto– nos pusiéramos a pensar en lo que estaba detrás. Porque lo que estaba detrás era Monsanto; es decir, una de las compañías con el historial más negro –por contaminación irreversible de suelos y aguas, así también por prácticas empresariales siniestras (ver Barlett, D y Steele J. La cosecha de miedo de Monsanto en Vanity Fair, mayo 2008)– que se conoce en EU.

De investigaciones independientes como ésta sabemos hoy de los recursos legales y tráfico de influencias que son su practica empresarial para atacar o defenderse por actos consumados contra de la salud y la ecología y que son dignos de una película de terror. Por eso, cuando en 2006 Jesús Madrazo Yris director para América Latina de Monsanto anunció inversiones millonarias –24 millones de dólares– para “mejorar las semillas híbridas de maíz” en México, esa era una noticia que no había que celebrar. Sin apenas percatarnos, Monsanto inmediatamente después se unió con Bayer y Gruma para emprender un “modelo agroempresarial” en 7 mil has. de Chiapas, cuya producción se vendió (según el diario Reforma 14–05–2008) casi en su totalidad a Maseca. Milpas campesinas chiapanecas fueron sembradas 7 mil 45 sacos de solo dios sabe qué tipo de semillas modificadas y se volvieron más productivas gracias a 3 mil 375 toneladas de fertilizantes y ¡3 mil 854 litros de insecticidas! en un solo ciclo agrícola.

Monsanto la inició John Francis Queeny, en San Luis Missouri, en 1901 con la producción de sacarina que hasta entonces sólo se importaba a USA desde Alemania. Le puso el nombre de “Monsanto Chemical Works” porque era el nombre de su esposa. La compañía se expandió hasta producir derivados de vainilla, cafeína y drogas sedativas y laxantes. Cuando a Queeny le diagnosticaron cáncer en 1920 Monsanto se volvió verdaderamente Monsanto, un emporio global, bajo la dirección de su único hijo édgar.

La compañía se expandió en poco tiempo hacía la producción de goma, aditivos para combustibles, plásticos, resinas, cafeína artificial, líquidos industriales, vinil, detergente para lavaplatos, anti congelantes, herbicidas, pesticidas y fertilizantes. Su gran salto ganancial vino, sin embargo, en 1981 cuando creó un centro de investigación de biología molecular y se avocó a desentrañar la genética de plantas y semillas comestibles. En 1982 los científicos de Monsanto lograron modificar genéticamente células vegetales. Ernest Jaworski, director del programa, declaró a la prensa estadounidense: “A partir de ahora es posible introducir virtualmente cualquier gen dentro de la célula de una planta con la meta final de aumentar la productividad de las siembras”.

A raíz de esto, en 2002 Monsanto se reorganizó y eliminó su producción de químicos y fibras sintéticas para concentrarse en el negocio de semillas modificadas de algodón, soya, canola y maíz. La responsabilidad legal y social por contaminación de por lo menos 50 sitios, pendientes de posibles juicios legales en su contra, producto de su anterior historial como industria química, fue minimizada. Por eso pocos saben que Monsanto, antes de esta reorganización como empresa agrícola, producía industrialmente dioxina, derivado de la producción del insecticida que vendía bajo el nombre de 245 T, entre 1929 y 1995. Dioxina es una combinación de químicos altamente tóxicos que provocan enfermedades del corazón e hígado y alteran el sistema reproductivo humano. Por más pequeñas las cantidades utilizadas éste persiste por tiempo indefinido en el suelo y se acumula en el cuerpo humano. En su versión más tóxica provoca cáncer. En 1949 una caldera que cocinaba este herbicida explotó en la planta que Monsanto tenía en Nitro, Virginia Occidental. Cientos de trabajadores y residentes se enfermaron. Monsanto minimizó el accidente y continuó su producción: en 1960 produjo el Agente Naranja, el poderoso herbicida con dioxina, que el ejército norteamericano utilizó en Vietnam para destruir la foresta y la jungla durante la guerra. En 1969 dejó de producirlo pero la contaminación de suelos y agua que dejó en Nitro, así como la salud deteriorada de sus residentes, persistió y existe hoy una demanda legal en su contra (Monsanto alega que esta inconformidad no tiene méritos y que se defenderá “vigorosamente” en la corte). Así también sucedió en Anniston, Alabama donde Monsanto, entre 1929 y 1971 produjo PCBs; un líquido refrigerante para transformadores y equipos eléctricos. Los PCBs son tóxicos en extremo y provocan daños al sistema inmunológico, endócrino y reproductivo en humanos. 37 años después de que Monsanto detuvo esa producción, la planta y las tierras de la fábrica son consideradas las más contaminadas y peligrosas para humanos en EU. Los residentes de Anniston, después de una batalla legal larga y costosa, lograron que Monsanto inicie la limpieza y la compañía tuvo que pagar 550 millones de dólares a los residentes pero las personas, el suelo y los ríos de Anniston permanecerán contaminados para siempre; mientras tanto los trabajadores y residentes de otra planta similar, en Groesfaen, Gales en la Gran Bretaña, lidian con la misma situación: todos lo que fueron expuestos por la fábrica de Monsanto viven hoy contaminados con PCBs. En 1993 la agencia federal que regula comestibles y drogas en Estados Unidos (FDA) aprobó el uso comercial de una hormona artificial rBST (bajo el nombre Posilac) desarrollada por Monsanto para incrementar la producción de leche en vacas. Cuando granjeros estadounidenses rehusaron utilizarla e informaron a sus clientes que sus vacas estaban libre de la hormona (tiene efectos secundarios en el ganado aunque a corto plazo no se ha comprobado efectos negativos en humanos) Monsanto inició una batalla legal en contra de la etiquetación de productos lácteos que indicara al consumidor que estaban libre de la hormona.

Monsanto argumenta hoy que sus años de contaminación ambiental y de daños a la salud pública quedaron atrás. Hoy se presenta como una compañía agroindustrial, cuyos productos son la gran promesa para elevar productividad agrícola y mejorar la balanza alimenticia mundial. Pero al mismo tiempo que comercializa sus semillas alteradas y patentadas (nadie puede certificar las consecuencias de la siembra y consumo de algunas de éstas –a largo plazo– sobre suelos y en la salud humana) paga a un ejército de abogados y empleados para perseguir y demandar a cualquier agricultor que infrinja las patentes de sus más de 624 semillas genéticamente modificadas. Con todos los recursos imaginables, Monsanto patrulla y vigila todos los lugares del planeta donde venden y siembran sus semillas. Si son semillas modificadas del maíz, por ejemplo, el que las usa puede contaminar variedades criollas dejándolas también estériles o alteradas –eso no le incumbe y más bien le conviene a Monsanto– pero el agricultor no puede guardar las semillas modificadas ni prestarlas ni venderlas a otro so pena de un juicio cuya meta es quebrar al “infractor”. Monsanto engancha así para siempre, obligando a comprarles semillas en cada nuevo ciclo agrícola y lo que aparentemente sale más barato y productivo a corto plazo en realidad somete al agricultor a una versión moderna de la tienda de rayas. El peligro de contagio a las semillas nativas del maíz, volviéndolas estériles o con composición alterada, es, además, una realidad.

Los campesinos maiceros de México, los guardianes milenarios de la cultura culinaria y artística mesoamericana del maíz ¿serán las siguientes víctimas de Monsanto?

La Jornada de Oriente
Link: http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2008/04/15/puebla/o1ash10.php