Siguiendo una hoja de ruta discutible, el gobierno decidió aumentar las tarifas de gas y agua, luego de la devaluación. Paradójicamente, de la quita de subsidios están a salvo los monopolios industriales. Así no vale.
La presidenta de la Nación, el ministro de Economía y el de Planificación apuraron un trago amargo que tenían pendiente desde la devaluación del 23 de enero. Anunciaron una progresiva quita de subsidios a los usuarios de gas de todo el país y del agua en la región metropolitana.
Esto se llama ajuste o tarifazo, por más que Cristina Fernández, Axel Kicillof y Julio de Vido se esmeraran en usar subterfugios. En buena medida esta alza de dos de los servicios públicos es hija directa de la devaluación y fue advertida por la oposición de derecha y los críticos de izquierda. Estos sectores, unos en aval de la devaluación y otros en contra, pronosticaron que luego el gobierno iría por un aumento en aquellos servicios -todavía falta la luz- y en poner un tope a las paritarias.
Parecería que con el dólar a 8 pesos -no faltan los que quieren elevarlo a 10-, el gobierno va a alinear hacia arriba las tarifas de los servicios públicos y quiere poner un freno a los aumentos salariales.
En ese último cometido ha tenido más intenciones que logros alcanzados. El resultado de la justificada lucha docente en Buenos Aires, que está cerrándose con un aumento del 32 al 34 o más por ciento para los conducidos por Roberto Baradel y Mirta Petrocini, indica que fue perforado el tope del 22-25 por ciento planteado por el PEN y Daniel Scioli. Ese techo ahora se llueve.
Más agradable a los oídos kirchneristas sonaron los números de la paritaria metalúrgica, del 27,5 por ciento en dos cuotas, pero bajo cuerda hay otro ítem que llevaría la cuenta al 30. Y ya se sabe que el maquillaje de porcentajes, a la corta o a la larga termina despintándose para mostrar la cara verdadera. Lo ocurrido con el Imdec así lo demuestra; una cosa es el dibujo y otra la realidad.
Nadie puede negar que ciertas boletas están atrasadas y que hay muchos hogares de clase media y alta que pueden y deberían pagar más. También hay una gran injusticia, todavía no abordada en esta operación, pues las tarifas de luz en Córdoba son 350 por ciento más caras que las de Buenos Aires. Que eso se corrija, cuanto antes, traería un poco más de igualdad en un país todavía injusto en esta temática.
La UIA apoya
Sin embargo, la “filosofía” de equidad social de la que presume Kicillof tiene varios agujeros. Es que junto con De Vido sostuvo que lo que el Estado se ahorre con el ajuste irá a mayor inversión en infraestructura para las empresas de gas y, lo que sobre, para financiamiento extra de la Asignación Universal y el plan Progresar. Lo último sería justo y razonable, pero no así lo primero. ¿Por qué el Estado tiene que financiar obras de gas que operan empresas privadas? Si el argumento oficial se repitiera cuando bajen los subsidios eléctricos, la pregunta se reiterará: ¿por qué los argentinos en su conjunto deben aportar a la inversión de monopolios, cuyas ganancias son particulares? Para colmo, en esa hipótesis, los beneficiados seguirían siendo los peores del grado, Edenor y Edesur…
El paso en falso dado por el gobierno fue aprovechado por la oposición y los monopolios mediáticos. Los opositores, que comparten el ajuste de referencia pero lo quisieran más bárbaro, han combinado algunas palabras de aliento con muchas críticas a la improvisación y doble discurso presidencial. Los diarios, radios y TV de la opo, se han hecho una fiesta con grandes titulares negativos. “Sube hasta 284 por ciento la tarifa de gas y 406 por ciento la de agua”, fue el título de “La Nación” (28/3). Clarín no le fue en zaga y así el resto de la escudería.
Algunos opositores, más francos, reconocieron su coincidencia con el ajuste. El diputado del Frente Renovador, José I. de Mendiguren, coincidió con el gobierno en la decisión adoptada. Y en ese mismo sentido se pronunció el ex ministro de Economía y diputado de UNEN, Martín Lousteau. Dime quién te elogia y te diré qué metidas de pata estás haciendo en lo económico…
El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Héctor Méndez, saludó el paquete de medidas. Esto no tiene dos lecturas sino una, inequívoca: los monopolios nucleados en aquella entidad están de acuerdo con la poda de subsidios porque supuestamente significará menor gasto público y pondrá un poco en caja el déficit fiscal. Estas fueron las prioridades de los industriales cuando apoyaron la devaluación de enero y se alarmaron por los reclamos de aumentos salariales, otro asunto donde ese empresariado top coincidió con CFK.
¿Y los monopolios?
El aumento de tarifas de gas y agua, no por tantas veces anunciado y luego postergado, deja de ser una decisión negativa por su impacto directo e indirecto en la población. Directo porque se tendrá que pagar más por el mismo servicio e indirecto porque esas alzas robustecerán los índices de inflación de abril y otros meses, lo que seguirá quitando capacidad adquisitiva a los salarios.
Más allá de los porcentajes máximos de los aumentos agitados por los medios opositores para meter miedo y hacer del ajuste doloroso algo monstruoso que no es, implicará un problema más para muchos argentinos menos favorecidos en sus ingresos. De todos modos, los anuncios puntualizaron que varios sectores no serán alcanzados, tales como jubilados que perciben la mínima, quienes cobran la AUH, etc. Como los exceptuados son de varios segmentos, no faltarán los partidarios del capitalismo salvaje que acusen al gobierno de quedarse a mitad de camino y de que le tiembla la mano. “Ya que ajustan, háganlo a fondo, lleguen hasta el hueso”, piensan en el fondo esos partidarios del neoliberalismo a ultranza; Massa o Macri lo harían mucho mejor, creen.
Como hay esas excepciones y contemplaciones se puede pensar que el ajuste, siendo negativo, no será el apocalipsis pronosticada por Clarín.
Llamativamente, ese monopolio y sus políticos amigos, no cuestionan lo que para el cronista es el meollo de la cuestión: los monopolios industriales quedan exceptuados de la quita de subsidios, cual si fueran un pobre abuelo que percibe la mínima de 2.400 pesos.
Lo dijo con todas las letras la presidenta en Olivos: “se va a mantener la totalidad del subsidio a la industria, para que siga siendo competitiva en el mercado interno y externo. Esto es para todos, para los pequeños, los medianos y hasta para los monopólicos”.
No quedaron dudas de la política pro-monopolios del gobierno en esta etapa de giro no progresista. Esas palabras fueron dichas en el mismo acto donde Cristina Fernández inauguró por video-conferencia una planta de colada continua de Techint en Terniun-Siderar de San Nicolás, la que en tiempos menemistas se apropió por centavos de Somisa.
Los sectores populares pueden quejarse de la suba del gas y el agua, y en el corto plazo de la luz, pero en última instancia podrían hacer un sacrificio y pagar más. Pero no lo pueden hacer de buena gana, sobre todo cuando escuchan a la jefa de Estado decir que ellos deben pagar más y Paolo Rocca, dueño de Techint, seguirá recibiendo la totalidad de los subsidios. ¿Acaso los necesita el principal grupo beneficiado por el auge de la construcción generado por el Procrear, según denunció en su momento Kicillof?
Cobrarle un poco más los servicios públicos a los que menos tienen, cobrarles bastante más a las capas medias y ricas, y dejar las cosas como están, beneficiando a los monopolios, no parece ser una política de inclusión social y equidad como la que vino pregonando el kirchnerismo.
¿Papa malvinero?
A despecho de esos giros hacia la diestra del gobierno en política interna, en materia internacional hubo dos buenas iniciativas.
La presidenta denunció el doble estándar de las potencias, especialmente Estados Unidos, que desconocen el referendo en Crimea, favorable a la unión con Rusia, y en simultáneo festejan los plebiscitos de los kelpers con apoyo británico en Malvinas.
En consecuencia la representante ante la ONU, Marita Perceval, se abstuvo en la votación de la Asamblea General donde Washington logró armar una mayoría condenando a Vladimir Putin. Esta marcha de la cancillería fue contradictoria, porque en la reunión anterior del Consejo de Seguridad Perceval había sufragado junto a EE.UU. en contra del referendo en Crimea. Lo importante es que al final, con la abstención, se tuvo una posición digna.
El otro asunto, de mayor interés aún para Argentina, es que esta semana se conmemorará el día de Malvinas. Y el gobierno viene sumando esfuerzos para que el 2 de abril se expresen todas las fuerzas amigas en favor de la soberanía. Con esa misión fue Daniel Filmus al Vaticano para interesar a Francisco en alguna gestión, sobre todo teniendo en cuenta que el 3 de abril recibirá a la reina Isabel.
Toda gestión que se haga para sumar voces por Malvinas está justificada, aunque es improbable que el Pontífice diga algo que pueda molestar a aquella reina.
¿Por qué no debatir la posibilidad de nacionalizar Shell hasta que Londres acepte sentarse a la mesa de negociación? Se lo atribuyen a Sarmiento: “la letra, con sangre, entra”. A las palabras, en cambio, se las lleva la bruma británica.
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