Julio María Sanguinetti: No basta votar

Bien se sabe que la democracia no es sólo elecciones, condición necesaria pero no suficiente. Una democracia supone un gobierno electo por el pueblo; como dice Popper, procedimientos no violentos para sacudirse una mala administración; la adecuada autonomía de los poderes de gobierno; la vigencia consentida de un Estado de derecho y el respeto general por las libertades y garantías de los ciudadanos.

En el umbral del Bicentenario de nuestras repúblicas latinoamericanas, ese ideal tan largamente acariciado, está aún lejos. Se vota: todos los gobiernos, salvo la conocida excepción cubana, son resultado de elecciones y ello debe valorarse. Incluso en los dos países más grandes, podemos señalar algunos avances notables. Brasil posee hoy partidos nacionales estables y México ha estrenado un sistema electoral transparente con una alternancia política razonablemente aceptada.

Más allá de estas gratificantes comprobaciones, nos encontramos con inestabilidades y degradaciones imposibles de ocultar. Caído el Muro de Berlín y superada la guerra fría, nuestro hemisferio se alejó de la diabólica dialéctica de unos sustentando guerrillas marxistas desde Cuba y otros dictaduras desde Washington. Pareció que nos llegaba un tiempo de paz, en que la democracia podría brillar, pues dependía simplemente del esfuerzo de los demócratas latinoamericanos. Los hechos no han sido tan gratificantes.

En Brasil (1992), renuncia el presidente Fernando Collor de Melo ante la inminencia de un juicio político. En Paraguay (1999), el presidente Cubas renuncia y se exilia en Brasil, a raíz de las revueltas desencadenas por el asesinato del vicepresidente Argaña, quedando la Presidencia en manos del titular del Senado González Macchi, quien a duras penas termina su mandato. El caso peruano fue uno de los más detonantes, con la dimisión de Alberto Fujimori (2000), quien abandonó la Presidencia luego de ser reelecto, a raíz de descubrirse una trama siniestra de corrupción y espionaje que manejaba un capitán Montesinos, de triste memoria. Argentina (2001) vio caer al presidente Fernando de la Rúa a raíz de una crisis económica severa y el acoso de piquetes organizados que se adueñaron de la calle; todo lo cual dio paso a tres presidentes provisionales en dos meses, finalmente sustituidos por Eduardo Duhalde, quien alcanza la normalización institucional. En Bolivia, entre 2003 y 2005 se produce la estrepitosa caída del presidente Sánchez de Lozada, y más tarde la de su sustituto Carlos Mesa, para abrir espacio finalmente a la elección de Evo Morales, administrador de un país agrietado en dos partes por un persistente conflicto étnico. En Ecuador (2005), el presidente Lucio Gutiérrez cae en medio de revueltas populares.

Este sucinto relato apenas resume las caídas presidenciales. No podemos ignorar la degradación democrática que se vive bajo gobiernos populistas como el de Venezuela, donde se ha instaurado la Presidencia eterna y cerrado la principal estación privada de televisión, mientras la otra independiente sobrevive bajo amenaza. A lo que se añaden vaciamientos institucionales tan fuertes como el de que, electo en Caracas un alcalde opositor, se dictó una ley despojándolo de todas sus competencias, transferidas a una nueva superautoridad creada para administrar la ciudad capital. Tampoco cabe olvidar la permanente furia reeleccionista que entra a los mandatarios en ejercicio y que no parece terminar.

Todo esto viene a cuento de los dramáticos episodios ocurridos en Honduras, que registran el primer golpe militar de esta etapa histórica. Golpe sui géneris, porque nació del Parlamento y el Poder Judicial, que enfrentados al presidente terminaron reclamando una intervención militar para deponerlo y desterrarlo. No hay duda de que este presidente se había extralimitado hasta el punto de que no hubiera un solo diputado de su partido que levantara la mano en su favor. Pero tampoco hay duda de que cualesquiera fueran sus excesos, nunca debió ser el Ejército el arbitrario ejecutor de un derrocamiento presidencial, que bien ha sido calificado internacionalmente como un golpe de Estado.

Dos siglos de independencia no habilitan ya más excusas. No se puede seguir hablando de la herencia hispánica, del imperialismo norteamericano o del comunismo internacional. Nuestras repúblicas aún adolecen de inmadurez democrática y ello se advierte en el debate diario. Si una dictadura es de izquierda o derecha, será buena o mala para unos u otros, al margen de su condición autoritaria. Y ello ocurre en los medios políticos tanto como en las universidades, todavía ancladas en debates ideológicos que ya debían haberse librado a la historia.

Hemos vivido un quinquenio milagroso del mercado internacional, que derramó excedentes fabulosos. Hubo algunos avances, pero magros en el conjunto, porque -como dice Alain Touraine- “las chances de desarrollo dependen hoy más de las condiciones políticas y sociales que de las condiciones económicas”. Sólo los países con estabilidad pudieron aprovechar satisfactoriamente la bonanza, como pasó en Chile, Brasil, Colombia o Perú. Pasada la buena racha y enfrentados nuevamente a la dura competencia de los mercados, se hace más imprescindible que nunca la seguridad jurídica y la estabilidad política. Que es, justamente, lo que vemos resquebrajarse en variadas partes del hemisferio.

Julio María Sanguinetti, ex presidente de Uruguay, es abogado y periodista.

Fuente: El País

Celso Calfullan: El cinismo de la derecha y del gobierno chileno

En líneas generales uno no puede estar de acuerdo con la expulsión de ninguna persona, en ningún país del mundo y no importa si este personaje es chileno o no. Pero lo que no podemos aceptar es el cinismo de los representantes de la UDI y RN, que salen condenando este hecho, haciendo gárgaras con el tema de los derechos humanos. Estos mismos personajes apoyaron a la dictadura de Pinochet en Chile y también apoyaron el asesinado, tortura y desaparición de miles de chilenos, sin decir absolutamente nada; bueno esto último no es correcto: por años ellos negaron que eso fuera verdad.

El cinismo de la Concertación.

Los gobiernos de la Concertación han expulsado a varios ciudadanos españoles, italianos y argentinos de este país, sólo por visitar algunas comunidades mapuche en el sur del país y para que no se enteraran de los atropellos a que son sometidos por el gobierno chileno. En ese caso parece que las expulsiones fueron correctas y no representaban ninguna violación de los derechos de las personas expulsadas y todavía menos de los mapuche.

Los Derechos Humanos y el sesgo político que hay detrás.

La derecha y la Concertación siempre están muy dispuestos para acusar las violaciones a los DD.HH. en países como Cuba, Venezuela, Bolivia o donde les indiquen sus amos Norteamericanos. Pero la derecha y la Concertación nunca hacen mención de las violaciones a los DD.HH. que realizan los Norteamericanos en Guantánamo; parece que las torturas aplicadas por los Estados Unidos, no son violaciones a los derechos humanos. Algo similar ocurre con las violaciones a los DD.HH. en China, parece que en ese caso son más importantes los acuerdos económicos bilaterales, que los derechos humanos de los chinos, así podríamos seguir con una lista interminable de ejemplos.

Viva la libertad de expresión de la derecha.

Otro ejemplo fue cuando Hugo Chávez cerró un canal de televisión en Venezuela. La derecha y la Concertación rasgaron vestiduras e hicieron gárgaras con la defensa de la libertad de expresión. Pero hace pocos días los fascistas y esclavistas de Santa Cruz (para los que no lo saben en las haciendas de Santa Cruz, todavía existen indígenas que son esclavos), se tomaron y destruyeron un canal de televisión y cerraron varias radioemisoras en Santa Cruz; de nuevo en este caso no tuvieron la misma actitud y no hubo llamados a defender la libertad de expresión. Lo mismo hizo la prensa de casi todo el continente que es controlada por los grandes grupos económicos de derecha, ellos prácticamente ocultaron todos los acontecimientos llevados acabo por la derecha fascista boliviana.

Estados Unidos: Viva la democracia, siempre y cuando sea de derecha.

En los Estados Unidos, son tan democráticos, que si alguna vez tuviste la osadía de criticar las políticas del imperio, ellos se reservan el derecho a dejarte entrar al país o no. Es como si te expulsaran antes de entrar al país. Esto sí es democracia, no la de Chávez.

http://www.elclarin.cl/index.php?option=com_content&task=view&id=13322&Itemid=45

Evo Morales Ayma: Carta abierta a propósito de la directiva de retorno de la UE

Hasta finales de la Segunda guerra mundial, Europa fue un continente de emigrantes. Decenas de millones de Europeos partieron a las Américas para colonizar, escapar de las hambrunas, las crisis financieras, las guerras o de los totalitarismos europeos y de la persecución a minorías étnicas.

Hoy, estoy siguiendo con preocupación el proceso de la llamada ”directiva retorno”. El texto, validado el pasado 5 de junio por los ministros del Interior de los 27 países de la Unión Europea, tiene que ser votado el 18 de junio en el Parlamento Europeo.

Siento que endurece de manera drástica las condiciones de detención y expulsión a los migrantes indocumentados, cualquiera sea su tiempo de permanencia en los países europeos, su situación laboral, sus lazos familiares, su voluntad y sus logros de integración.
A los países de América Latina y Norteamérica llegaron los europeos, masivamente, sin visas ni condiciones impuestas por las autoridades. Fueron siempre bienvenidos, y lo siguen siendo, en nuestros países del continente americano, que absorbieron entonces la miseria económica europea y sus crisis políticas. Vinieron a nuestro continente a explotar riquezas y a transferirlas a Europa, con un altísimo costo para las poblaciones originales de América. Como en el caso de nuestro Cerro Rico de Potosí y sus fabulosas minas de plata que permitieron dar masa monetaria al continente europeo desde el siglo XVI hasta el XIX. Las personas, los bienes y los derechos de los migrantes europeos siempre fueron respetados.

Hoy, la Unión Europea es el principal destino de los migrantes del mundo lo cual es consecuencia de su positiva imagen de espacio de prosperidad y de libertades públicas. La inmensa mayoría de los migrantes viene a la UE para contribuir a esta prosperidad, no para aprovecharse de ella. Ocupan los empleos de obras públicas, construcción, en los servicios a la persona y hospitales, que no pueden o no quieren ocupar los europeos. Contribuyen al dinamismo demográfico del continente europeo, a mantener la relación entre activos e inactivos que vuelve posible sus generosos sistemas de seguridad social y dinamizan el mercado interno y la cohesión social. Los migrantes ofrecen una solución a los problemas demográficos y financieros de la UE.

Para nosotros, nuestros migrantes representan la ayuda al desarrollo que los Europeos no nos dan – ya que pocos países alcanzan realmente el mínimo objetivo del 0,7% de su PIB en la ayuda al desarrollo. América Latina recibió, en 2006, 68.000 millones de dólares de remesas, o sea más que el total de las inversiones extranjeras en nuestros países. A nivel mundial alcanzan 300.000 millones de dólares, que superan a los 104.000 millones otorgados por concepto de ayuda al desarrollo. Mi propio país, Bolivia, recibió mas del 10% del PIB en remesas (1.100 millones de dólares) o un tercio de nuestras exportaciones anuales de gas natural.

Es decir que los flujos de migración son benéficos tanto para los Europeos y de manera marginal para nosotros del Tercer Mundo ya que también perdemos a contingentes que suman millones de nuestra mano de obra calificada, en la que de una manera u otra nuestros Estados, aunque pobres, han invertido recursos humanos y financieros.

Lamentablemente, el proyecto de ”directiva retorno” complica terriblemente esta realidad.

Si concebimos que cada Estado o grupo de Estados puede definir sus políticas migratorias en toda soberanía, no podemos aceptar que los derechos fundamentales de las personas sean denegados a nuestros compatriotas y hermanos latinoamericanos. La ”directiva retorno” prevé la posibilidad de un encarcelamiento de los migrantes indocumentados hasta 18 meses antes de su expulsión -o ”alejamiento”, según el término de la directiva. ¡18 meses! ¡Sin juicio ni justicia! Tal como está hoy el proyecto de texto de la directiva viola claramente los artículos 2, 3, 5, 6, 7, 8 y 9 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. En particular el artículo 13 de la Declaración reza:

”1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado.

2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país”.

Y, lo peor de todo, existe la posibilidad de encarcelar a madres de familia y menores de edad, sin tomar en cuenta su situación familiar o escolar, en estos centros de internamientos donde sabemos ocurren depresiones, huelgas de hambre, suicidios. ¿Cómo podemos aceptar sin reaccionar que sean concentrados en campos compatriotas y hermanos latinoamericanos indocumentados, de los cuales la inmensa mayoría lleva años trabajando e integrándose? ¿De qué lado esta hoy el deber de ingerencia humanitaria? ¿Dónde está la ”libertad de circular”, la protección contra encarcelamientos arbitrarios?

Paralelamente, la Unión Europea trata de convencer a la Comunidad Andina de Naciones (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú) de firmar un ”Acuerdo de Asociación” que incluye en su tercer pilar un Tratado de Libre Comercio, de misma naturaleza y contenido que los que imponen los Estados Unidos. Estamos bajo intensa presión de la Comisión Europea para aceptar condiciones de profunda liberalización para el comercio, los servicios financieros, propiedad intelectual o nuestros servicios públicos. Además a título de la protección jurídica se nos presiona por el proceso de nacionalización del agua, el gas y telecomunicaciones realizados en el Día Mundial de los Trabajadores. Pregunto, en ese caso ¿dónde está la ”seguridad jurídica” para nuestras mujeres, adolescentes, niños y trabajadores que buscan mejores horizontes en Europa?

Promover la libertad de circulación de mercancías y finanzas, mientras en frente vemos encarcelamiento sin juicio para nuestros hermanos que trataron de circular libremente. Eso es negar los fundamentos de la libertad y de los derechos democráticos.

Bajo estas condiciones, de aprobarse esta ”directiva retorno”, estaríamos en la imposibilidad ética de profundizar las negociaciones con la Unión Europea, y nos reservamos del derecho de normar con los ciudadanos europeos las mismas obligaciones de visa que nos imponen a los Bolivianos desde el primero de abril de 2007, según el principio diplomático de reciprocidad. No lo hemos ejercido hasta ahora, justamente por esperar buenas señales de la UE.

El mundo, sus continentes, sus océanos y sus polos conocen importantes dificultades globales: el calentamiento global, la contaminación, la desaparición lenta pero segura de recursos energéticos y biodiversidad mientras aumenta el hambre y la pobreza en todos los países, fragilizando nuestras sociedades. Hacer de los migrantes, que sean documentados o no, los chivos expiatorios de estos problemas globales, no es ninguna solución. No corresponde a ninguna realidad. Los problemas de cohesión social que sufre Europa no son culpa de los migrantes, sino el resultado del modelo de desarrollo impuesto por el Norte, que destruye el planeta y desmiembra las sociedades de los hombres.

A nombre del pueblo de Bolivia, de todos mis hermanos del continente regiones del mundo como el Maghreb, Asia y los países de Africa, hago un llamado a la conciencia de los líderes y diputados europeos, de los pueblos, ciudadanos y activistas de Europa, para que no se apruebe el texto de la ”directiva retorno”.

Tal cual la conocemos hoy, es una directiva de la vergüenza. Llamo también a la Unión Europea a elaborar, en los próximos meses, una política migratoria respetuosa de los derechos humanos, que permita mantener este dinamismo provechoso para ambos continentes y que repare de una vez por todas la tremenda deuda histórica, económica y ecológica que tienen los países de Europa con gran parte del Tercer Mundo, que cierre de una vez las venas todavía abiertas de América Latina. No pueden fallar hoy en sus ”políticas de integración” como han fracasado con su supuesta ”misión civilizatoria” del tiempo de las colonias.

Reciban todos ustedes, autoridades, europarlamentarios, compañeras y compañeros saludos fraternales desde Bolivia. Y en particular nuestra solidaridad a todos los ”clandestinos”.

Evo Morales Ayma

Presidente de la República de Bolivia

http://www.noticiasdelsur.com/nota.php?nota=9022

José Antonio Crespo: Consulta petrolera

Es bastante clara la estrategia diseñada por Andrés López Obrador y el FAP en torno a la reforma petrolera. Se trata de echar abajo la iniciativa de Felipe Calderón, de frustrar la iniciativa. Y en caso de que fuese aprobada (en sus actuales términos o incluso más adelgazada), generarle al gobierno un enorme costo político (con vías a su derrocamiento, sospechan muchos y afirma Dolores Padierna). El siguiente paso consiste en preguntar a la ciudadanía su parecer sobre el destino de “nuestro” petróleo (es un decir, pues buena parte de su renta acaba en los bolsillos de gobernadores, altos funcionarios, líderes sindicales y hasta en los casinos de las Vegas). El argumento es políticamente vendible; sobre un asunto tan trascendente no pueden decidir un puñado de ciudadanos (los legisladores, que apenas pasan los 600), por más representativos que sean – aunque muchos no se sienten por ellos representados -, sino que es el pueblo directamente quien debería tomar dicha decisión, o al menos expresarse para que su posición sea considerada por los legisladores. La democracia representativa tiene límites, se dice. En contraparte, se ha dicho con razón, someter esa decisión a la ciudadanía a través del plebiscito no es posible constitucionalmente, pues a nivel federal no existe la figura. Es cierto. A lo cual el FAP replica que se puede introducir en la Constitución para ejercitar la democracia directa en este asunto en particular. Sin embargo, con lo deseable que es adoptar figuras de democracia directa, es cierto que su regulación no es cosa sencilla.

Por más atractiva y deseable que resulte, conlleva varios problemas técnicos. Su regulación exige despejar preguntas como ¿quiénes pueden decidir qué temas deben someterse a la decisión de los ciudadanos? ¿El Ejecutivo, el Congreso, con cuántos votos, bajo qué condiciones? ¿La ciudadanía puede también proponerlo – cosa deseable-, en cuyo caso, con cuántas firmas de por medio? ¿Qué nivel de complejidad técnica puede soportar la participación ciudadana antes de tomar una decisión de gran calado? ¿Cómo debe proporcionarse al ciudadano la información pertinente? ¿Quién formula las preguntas de la consulta? ¿Qué nivel de concurrencia debe exigirse para hacer vinculante el resultado? Y es que la democracia directa se presta no sólo para complementar la democracia representativa – algo sano – sino también para evadirla – algo insano. Quien dispone de una mayoría en el Congreso, evitará el plebiscito pues no lo necesita, y en cambio se arriesga a perder en él. A la inversa, quien no cuenta con una mayoría parlamentaria, intentará bajar el tema a la ciudadanía. Entonces, para evitar que un partido minoritario recurra al plebiscito en cada asunto que pierda en el Congreso, o que un presidente que haga lo propio, las figuras de democracia directa deben reglamentarse con suma atingencia. No todas las decisiones públicas pueden ni deben someterse a la ciudadanía, o el resultado sería la parálisis gubernamental. Desde luego, temas tan trascendentales como una reforma petrolera (o la despenalización del aborto) justifican ese recurso. Pero reglamentar la democracia directa tomaría mucho tiempo, lo que desde luego beneficiaría al FAP en su intento por echar abajo la reforma calderonista.

Por eso mismo, el FAP ha venido anunciando que hará su propia consulta, misma que, de hacerse sin visos de formalidad, no gozaría de mucha confianza, pues podría hacer la pregunta a modo – lo cual es clave – además de que a su convocatoria asistirían sólo – o casi – quienes comparten su rechazo a la reforma calderonista. Además, ¿quién garantizaría la pulcritud del proceso y la fidelidad del resultado – pues no podría ser el IFE -, sobre todo tras haber visto cómo se las gasta el PRD en sus procesos electorales? Y ahí es donde viene la hábil maniobra de Marcelo Ebrard. Más allá de no compartir esencialmente su postura sobre la reforma, debemos reconocer que políticamente hizo un excelente movimiento político: en la capital sí se hará una consulta popular con cariz oficial, pues está prevista en el estatuto capitalino. Es cierto que se trata de una reforma federal, por lo cual no podría someterse a plebiscito, pero ¿por qué no una consulta, siendo un tema de elevado interés general? Puede decirse – aun con razón – que las consultas son parte de una táctica “dilatoria y provocadora”, pero ahí donde se celebren satisfarán el deseo de participar del 78 % de los ciudadanos (según una encuesta nacional de Gea-Isa, entre otras). De ahí el desafío que hace Ebrard a todos los gobernadores; preguntar a sus gobernados qué quieren. A menos que teman el resultado, reta Marcelo.

El resultado de esas consultas probablemente será desechado por la mayoría de legisladores, pero quedarían como desdeñosos de la voluntad ciudadana que dicen representar. Y en un tema como el petróleo, eso se ve bastante mal. Lo dicho por el subsecretario Jordy Herrera, en sentido de que “la población está participando de muchas maneras (como por ejemplo) siguiendo las discusiones”, no generará demasiado entusiasmo cívico (30/V/08). ¿A eso debe reducirse la expresión ciudadana? ¿A ver los debates (los que puedan) minimizados además por los medios oficialistas? Está pues ya estructurado el alegato para justificar la previsible movilización contra la reforma petrolera; un puñado de legisladores “entregan” nuestro petróleo a intereses extranjeros (simbolizados por Juan Camilo Mouriño) “por encima del pueblo”, que exigía ser tomado en cuenta y no lo fue. Y ante tal atropello – se dirá con vehemencia -, no es posible quedarse cruzados de brazos. En eso consistió la sagaz jugada política de Ebrard. El gobierno, supongo, estará preparándose para el cantado escenario de la movilización (¿o lo tomará por sorpresa?

http://www.correo-gto.com.mx/notas.asp?id=71493

Gabriela Rodríguez: Juegos perversos

Uno nunca es lo suficientemente ingenuo para perder el asombro ante la perversión de las estrategias políticas, en especial las de la derecha en los poderes federales. Se trata de acciones que no sólo se multiplican, sino que se refinan y adquieren grados de sofisticación alarmantes.

Y no me refiero al tema de la privatización energética o la dependencia alimentaria, que son factores estructurales y más que vigentes para debilitar nuestros derechos económicos, sino a la política de población y de formación ciudadana en la escuela. Se trata de una agenda para debilitar los derechos democráticos y el poder de decisión de las y los ciudadanos, que viene incorporándose silenciosamente en México (importada del país del norte) para complementar y funcionalizar la política social a intereses macroeconómicos

Hoy podemos registrar un conjunto de contradicciones que evidencian una política encubierta y de facto que tiene tentáculos en las diferentes esferas de poder: la del Ejecutivo, del Judicial y del Legislativo.

Los hechos:

1. Se mantiene el lenguaje democrático en planes y programas nacionales mientras se financian actividades que contradicen el enfoque y las acciones concretas en los ámbitos operativos. Tal es el caso de la formación ciudadana y la educación sexual de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Mientras el programa de estudios y los libros de texto del nivel de educación básica desde hace 10 años se enfocan a fortalecer los valores democráticos, la formación crítica, la autonomía moral y el ejercicio de los derechos humanos, en particular en las asignaturas de ciencias naturales y de formación cívica y ética, gobernadores y empresarios (hasta hoy sabemos de Jalisco, Baja California, Chihuahua y Puebla) financian y distribuyen en las aulas de las escuelas públicas libros paralelos no autorizados por la SEP en los que no se mencionan los derechos humanos ni los marcos jurídicos que los sustentan, que sesgan y censuran la información opuesta a preceptos católicos, además de fomentar la discriminación sexual y la ignorancia.

2. Funcionarios públicos buscan legitimarse ante organizaciones civiles y grupos progresistas sosteniendo un lenguaje vanguardista en actos públicos (derechos de las mujeres, equidad de género, igualdad y no discriminación, laicidad del Estado), y simultáneamente realizan acciones en sentido contrario. La muestra la ofrecieron quienes encabezan la CNDH y la PGR al presentar las acciones de inconstitucionalidad respecto a la ley que despenaliza la interrupción del embarazo en el Distrito Federal. Más: la primera dama y la subsecretaria de Población, Migración y Asuntos Religiosos inauguran y apoyan un congreso que fomenta “la cultura de la vida y de la familia” en Guadalajara.

3. Se crea una iniciativa legal para controlar la información estadística mediante la cual el INEGI dejaría de ser autónomo, regresaría al Poder Ejecutivo federal la designación de todos los miembros de la junta de gobierno del rebautizado INEG (Instituto Nacional de Estadística y Geografía) y tendría en sus manos el control de las encuestas, así como normar la producción de toda la información estadística del país.

4. Censurar las noticias en los medios. Dos casos ¿o causas?: Lydia Cacho y Carmen Aristegui.

5. Debilitar instituciones progresistas. Se disminuyen los presupuestos de género y de las políticas de población federales mientras se alientan movimientos sindicales contra funcionarios de la Secretaría de Salud del Distrito Federal o del Instituto de las Mujeres de la ciudad de México.

6. Se somete el Poder Judicial a intereses partidistas. Según seis magistrados de la Suprema Corte de Justicia, la tortura sicológica del gobernador de Puebla a la periodista Lydia Cacho (quien denunció una red de pederastas) no fue una violación a los derechos humanos.

7. Erosionar el Estado laico. El senador Federico Döring presenta iniciativa para crear una comisión de asuntos religiosos que fortalecería los derechos de las Iglesias (“libertad religiosa”, educación religiosa en la escuela pública, acceso a medios y a la función pública de sacerdotes) para así contrarrestar una iniciativa pluripartidista que busca fortalecer y precisar la laicidad del Estado dentro de la reforma constitucional. Además se busca negociar y hacer alianzas entre legisladores de la derecha priísta (Manlio Fabio Beltrones) y líderes de la “izquierda” más pragmática (Ruth Zavaleta) para empoderar a jerarcas eclesiales y autorizar que sacerdotes puedan ser funcionarios públicos, abriendo la ventana para manipular desde el púlpito candidaturas y políticas.

Siete líneas contundentes, más lo que se acumule en la semana, y aunque no es fácil decodificar las estrategias por ser tergiversadas y acordarse en lo oscurito, los actos permiten intuir la existencia de una lógica articulada con metas a mediano y largo plazos.

* La Jornada
* Contacto de la autora: gabriela_afluentes@prodigy.net.mx
* http://www.jornada.unam.mx/2008/03/14/index.php?section=politica&article=024a2pol