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Carlos Fazio: La guerra y la paz

Felipe Calderón no escucha. La disyuntiva lanzada por el poeta y activista no violento Javier Sicilia fue guerra o paz. Y su opción fue muy clara: por un México en paz con justicia y dignidad. Lo que implica un rotundo noal enfoque militarista y la estrategia de guerra de la seguridad pública ordenados por Calderón. La respuesta del inquilino de Los Pinos pareció autista: no habrá cambio de estrategia porque tenemos la ley, la razón y la fuerza. Ergo, seguirá la guerra. Tampoco renunciará el superpolicía Genaro García Luna –émulo neodiazordacista del general Cueto, el de la matanza de Tlatelolco–, cuya defensa y control de daños quedó en manos de Televisa, los nuevos policías del pensamiento de la prensa vendida, y familiares de víctimas de la criminalidad cooptados por el gobierno.

Calderón no entendió que para Sicilia el Alto a la guerra y el No más sangre no son demandas simbólicas. Son reales. De allí que la contradicción, ahora, sea recrudecimiento de la militarización versus acciones de resistencia en el marco de la no violencia activa, que, de ir acumulando la fuerza moral y material de todos los que estamos hasta la madre de tanta violencia e inhumanidad generadas por una guerra absurda, a la manera de una bola de nieve podrá derivar en desobediencia civil pacífica.

Calderón no es sordo ni autista; tampoco insensible. Sus decisiones responden a una estrategia preconcebida, con eje en una doctrina de seguridad nacional importada. Como dijo Sicilia, la política de seguridad de Calderón fue diseñada por Estados Unidos. Su lógica es militar. Parte del mito de la guerra, como una realidad humana fundamental a la cual se reducen todas las demás. La guerra destruye la política y borra la frontera con la paz. La lógica de Calderón invierte la fórmula de Clausewitz: la política se transforma en la prolongación de la guerra gracias a otros medios. Si la política es la prolongación de la guerra, se asimila a la guerra y debe ser conducida por la guerra.

El uso de los conceptos no es inocente. En nombre de una presunta guerra a las drogas, Calderón instauró un régimen de excepción, con zonas del país bajo virtual estado de sitio. Calderón ha buscado poner al Estado y a la sociedad en función del estado de guerra. Lo primero lo logró. Durante cuatro años y medio la guerrade Calderón dominó la agenda pública: convirtió la nota roja en noticia principal de diarios y medios electrónicos. En el segundo objetivo, poner a la nación en permanente pie de guerra, fracasó. Su estrategia de guerra generó violencia, miedo y terror, pero no logró transformar a la sociedad en un inmenso ejército movilizado bajo su mando. Sus llamados a la unidad nacional contra los criminales, losverdaderos enemigos de México –los hijos de puta, diría Aguilar Camín–, fracasó porque se trata de una guerra fantasma, con base en un mito.

El mito de la guerra no obedece a un simple error intelectual: es útil. El culto de la seguridad sólo puede favorecer los privilegios y justificar el statu quo. El uso del Ejército, la Marina de guerra y la policía militarizada de García Luna es el sostén y justifica un tipo de sociedad basada en el centralismo autoritario y la explotación jerarquizada. Su papel ideológico cumple la función de perpetuar las relaciones entre dominadores y dominados. El método consiste en cambiar la ideología de la lucha de clases por otra ideología ficticia e inmovilista. De allí el apoyo del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, el Consejo Coordinador Empresarial y otros once grupos corporativos a la Ley de Seguridad Nacional enviada al Congreso por el Ejecutivo.

Eso Sicilia lo tiene claro: la violencia de los señores de la muerte es resultado de estructuras económicas y sociales que generan desigualdad y exclusión. La infame realidad y la demencia criminal se nutren de las omisiones, complicidades y/o colusiones mafiosas de los que detentan el poder: la partidocracia, los poderes fácticos y sus monopolios, las cúpulas empresariales y las jerarquías conservadoras de las iglesias, los gobiernos y las policías.

La militarización de la sociedad forma parte de un engranaje organizado, necesitado e institucionalizado para preservar el actual estado de cosas. Como ha quedado plasmado en el discurso beligerante de Calderón, alias El Churchill, utiliza el monopolio del poder (sic) para hacer la guerra en nombre de todos los mexicanos de bien, y quienes no lo apoyan son sospechosos de ser cómplices de los enemigos del Estado. Un Estado que se sirve del monopolio de las armas para hacer una guerra permanente contra el pueblo. Mientras más autoritario y violento es un Estado, más trata a la nación como enemiga.

Pero los ciudadanos están desarmados. De allí la necesidad de la política. La política es el arte de las transacciones de la tolerancia y el arte de lo posible. La política comienza cuando el Estado deja de ser violento y entra en diálogo con los ciudadanos; cuando el Estado se sujeta a las leyes resultado de un diálogo con los ciudadanos. La paz es la consecuencia de la renuncia a los medios violentos. Es decir, al uso de las armas que matan.

Sicilia se opone a una paz armada como parte de un modelo militar. Quiere llevar al régimen al terreno de las soluciones no armadas. El diálogo que ofrece Calderón es un monólogo; se siente poseedor de la verdad única y ofrece unacooperación con base en la dialéctica del amo y el esclavo. De arriba a abajo. Frente a esa manipulación maniquea del poder, la multitud que aspira a una paz con justicia y dignidad impulsa otra forma de hacer política; quiere una democracia participativa y más representativa. El nuevo Ya basta de los de abajo y las clases medias está dirigido a la reconstrucción del tejido social de la nación. La marcha significó la ruptura del terror y la posibilidad de que el dolor social se convierta en acción colectiva organizada. Los sonidos del silencio son otra forma de lucha. El alto a la guerra es hoy una cuestión de salvación nacional.

Fuente: La Jornada

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Alejandro Ordaz No aparece

Publicamos íntegra una note de El Universal acerca de la presunta fuga de Alejandro Ordaz Moreno.

Alejandro Ordaz Moreno, el estudiante mexicano detenido el año pasado en Sevilla acusado de intentar matar a dos policías, se ha fugado y no se sabe donde se encuentra.

Según confirmó a EL UNIVERSAL su abogado, Fernando Retamar, el pasado 30 de julio tenía que haberse presentado ante el juez como hacía cada 15 días, pero no acudió.

Unos días antes Ordaz Moreno había sido declarado culpable de intentar asesinar a dos policías y condenado a ocho años y cuatro meses de cárcel. Ahora hay una orden de búsqueda y captura contra él dictada por la Interpol.

“Estoy muy sorprendido, reconoció Retamar, no imaginaba que se fuera a fugar porque aunque la sentencia era condenatoria, ni el fiscal ni la acusación particular habían pedido de nuevo su ingreso en prisión, así que podía haber seguido en libertad condicional bajo fianza como estaba hasta ahora, mientras la sentencia no fuera firme”, añadió.

También la Embajada de México en España, cuyo titular es Jorge Zermeño, está sorprendida y, sobre todo, decepcionada con la decisión del joven.

“La Embajada le prestó muchísimo apoyo, el cónsul le fue a ver a Sevilla cuando estaba en la cárcel, le ayudaron a buscar trabajo cuando salió en libertad condicional, el gobierno de Guanajuato aportó parte de los 50 mil dólares que Alejandro tuvo que pagar en concepto de indemnizaciones e incluso amigos del embajador Zermeño también le dieron dinero para que pudiera pagar el alquiler cuando el Conacyt dejó de pagarle la beca”, explicó Retamar.

“Así que todos están sorprendidos y decepcionados”, añadió.

Sobre su paradero, el letrado aseguró que probablemente se habrá ido a México con un pasaporte falso, puesto que el suyo se lo confiscó la justicia española cuando fue detenido.

“Yo no sé dónde está porque no me contesta el teléfono. Me imagino que se habrá ido a México porque su padre, que estuvo con él en España durante sus meses en prisión, llamó desde Guanajuato a la Embajada de México en Madrid, así que me imagino que él también se habrá ido para allá”.

El abogado supone que acabará siendo detenido y extraditado “porque como la Interpol ha girado una orden contra él, en cuanto lo detengan España emitirá una orden de extradición y será enviado de nuevo a Madrid donde deberá cumplir su condena, pero esta vez sin permisos ni beneficios penitenciarios por haberse fugado”.

Retamar asegura que Alejandro no le ha llamado y reconoce que si lo hace será más fácil que lo detengan “porque seguramente la policía ya me habrá pinchado el teléfono”.

Ordaz Moreno, de 30 años, fue detenido a las tres de la madrugada del 8 de marzo del año pasado en Sevilla -donde estudiaba un doctorado en energía renovable becado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt)- por dos policías nacionales vestidos de civil, quienes supuestamente lo confundieron con un delincuente.

Alejandro pensó que lo querían secuestrar y los golpeó, y después de una brutal pelea entre los tres, fue aprehendido.

Alejandro fue acusado de cuatro delitos: intento de homicidio a los dos policías, atentado contra la autoridad, tenencia ilícita de armas y delitos de lesiones. El fiscal solicitó 13 años de cárcel y la acusación particular (los dos policías) 29 años. Pero fue condenado a ocho.

“Yo creo que se ha fugado porque el Conacyt le había quitado la beca de 900 euros mensuales, porque le habían corrido de la Universidad de Sevilla por estar en la cárcel y porque no se veía con fuerzas de enfrentar una condena tan larga”, aseguró.

“Pero si quieres que te dé mi opinión personal, no creo que haya sido una decisión acertada”, añadió.

El abogado, que ya ha cobrado todos sus honorarios, piensa seguir con el caso y en unos días interpondrá un recurso contra la sentencia. “Será un recurso a ciegas porque no tengo a mi cliente para poder hablar con él, pero aun así lo haré”.

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Ana Anabitarte: Solicitan 13 años de cárcel para mexicano preso en Sevilla

La Fiscalía de Sevilla ha solicitado una condena de trece años de cárcel para Alejandro Ordaz Moreno, el estudiante mexicano de 29 años acusado de intentar matar a dos policías que supuestamente le confundieron con un delincuente.

En concreto el fiscal pide cuatro años de cárcel por dos delitos de intento de asesinato, cuatro años más por atentado a la autoridad y un año más por tenencia ilícita de armas.

Y pide una indemnización de 16 mil euros para un policía y 15 mil para el otro por las lesiones que el joven les causó y los daños morales.

Unas lesiones que según el parte médico provocaron traumatismo craneoencefálico, esguince cervical y contusiones que tuvieron cinco días hospitalizada y 75 de baja laboral a la mujer policía, y la fractura de un dedo de la mano, distensión cervical y contusión mandibular, por las que estuvo 70 días de baja su compañero.

Fernando Retamar, abogado del joven mexicano, reconoció en entrevista con EL UNIVERSAL que la petición de 13 años, “no es muy elevada teniendo en cuenta que podían haber solicitado mucho más: hasta 30 años, puesto que la acusación es de intento de homicidio”.

Retamar explicó que Alejandro no intentó asesinar a los dos policías, que no les apuntó con el arma y que lo único que hizo fue “intentar defenderse, ya que pensó que estaba siendo víctima de un secuestro exprés, puesto que los policías iban vestidos de paisano, eran las tres de la madrugada y Alejandro había bebido mucho”.

El abogado aseguró que sólo acepta el delito de lesiones, ya que Alejandro sí se pegó con los dos policías “para defenderse”, según sus propias palabras.

Alejandro Ordaz, de 29 años, fue detenido a las tres de la madrugada del pasado 8 de marzo.

Dos policías nacionales que prestaban servicio vestidos de paisano recibieron un aviso para identificar a una persona de determinadas características físicas que estaba acosando a tres mujeres.

Cuando circulaban por una calle del barrio de la Macarena, en Sevilla, los dos agentes se encontraron a Alejandro, cuyas características físicas coincidían con el sospechoso, y le solicitaron que se identificase.

Alejandro pensó que le querían secuestrar y los golpeó. Finalmente y después de una brutal pelea entre los tres, fue detenido y desde entonces está preso en la cárcel de Sevilla.

Tras el escrito de la Fiscalía, ahora falta que la acusación particular: los dos policías, presenten sus escritos, luego la defensa presente el suyo y la Sala decida el comienzo del juicio, que probablemente será antes de Navidad.

Aunque existe la posibilidad de llegar a un pacto. Es decir, que no haya juicio, que la defensa admita los delitos, y que la fiscalía, la acusación particular (los dos policías) y la defensa acuerden condenar a Alejandro a un determinado número de años de prisión.

Y si la pena es menor de seis años, según la legislación española al ser Alejandro mexicano, es decir, perteneciente a un país no miembro de la Unión Europea, se podría conmutar por la expulsión de España y no tendría que seguir en la cárcel.

Sería enviado automáticamente a México.

La otra opción sería ir a juicio “y jugárnosla toda a luchar porque sólo le condenen por un delito de lesiones, que la pena sería de tres años, pero que como no tiene antecedentes penales unido a la buena conducta se podrían ver reducidos”, según Retamar.

Independientemente de cualquiera de las dos opciones, lo que parece claro es que el acusado se arrepiente de todo lo que hizo aquella noche.

Prueba de ello es que ya ha mandado una carta a los dos policías, a través de la Sala, en la que les pide perdón por lo ocurrido, les explica que él es un buen estudiante que se encuentra en Sevilla becado por el CONACYT para realizar un doctorado en energías renovables, que jamás ha sido acusado de nada y que sólo una confusión le llevó a agredirles.

Esa carta unida al pago de la indemnización a los dos policías que Alejandro podría decidir llevar a cabo, sería un atenuante de reparación de daño a la hora de que el juez dicte sentencia.

http://www.eluniversal.com.mx/notas/551177.html

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Isaura Bustos: Buscan acuerdo con elementos españoles implicados en el caso de Alejandro Ordaz

Alejandro Ordaz Moreno, el joven salmantino recluido desde hace más de siete meses en una prisión de Sevilla, España, ahora busca hablar con los policías a los que supuestamente agredió, pretende llegar a un acuerdo “y ya cuando se llegue el juicio llegar a una cosa más tranquila y ya que queden indemnizados”, informó el padre del estudiante.

Alejandro con su familia.

En tanto, Ordaz Moreno, se encuentra a la espera que sea fijada la fecha para la realización de su juicio, “todavía no hay ni siquiera una fecha tentativa”, lamentó Esteban Ordaz Granados, padre de Alejandro.Entrevistado vía telefónica, informó que en últimas fechas le fue negada la libertad bajo fianza para que enfrentara el proceso desde fuera, esto dijo, debido a que el anterior abogado, Francisco Fernández Garoña, no aportó las pruebas necesarias para su defensa.

Recordó que desde el 21 de julio, Fernando Retamar es el abogado de Alejandro y por ello, pidió la instrucción para que se incorporaran las pruebas a su favor, sin embargo, ésta también fue negada.

Ordaz Granados señaló que, va a meter otra apelación, “ahorita se está platicando con el abogado, lo que requerimos es que se nos acepten las pruebas y hablar con los policías para llegar a un acuerdo, estas gentes están muy cerrados, no se prestan al diálogo, el mismo abogado de los policías está cerrándolos para seguir presionando y pidan más dinero para su indemnización”.

El padre del estudiante dijo “nos tenemos que adherir a lo que ellos pidan, es un país muy ajeno a las leyes de nosotros”, enfatizó.

Explicó que hay un proceso llamado instrucción y en éste se incorporan todas las pruebas, “el abogado que estuvo antes no metió nada, nada más estaba mintiendo, decía que sí había metido pruebas, que ya iba a ser el juicio, él mismo pidió que se retrasara el sumario y cuando pasa el juzgado ya no recibe pruebas” lamentó.

Detalló que por lo pronto se sigue insistiendo para que Alejandro obtenga la libertad bajo fianza y enfrente el proceso fuera del reclusorio y así pueda continuar con sus estudios.

Incluso dijo, Alejandro fue cambiado en el penal, fue separado de la población general para trasladarlo a un ‘módulo de respeto’ donde “está gente centrada y que no tiene nada qué ver con la delincuencia, le he metido libros y él sigue sobre su estudio para que cuando consiga su libertad continúe estudiando, ahí adentro sigue trabajando”, concluyó.

INTERVIENE EL GOBIERNO MEXICANO

En tanto, la madre de Alejandro, Isabel Moreno Martínez expresó en que ya son siete meses los que su hijo se encuentra recluido en Sevilla, España, y ahora, “nada más estamos a la espera de una buena noticia”.

Añadió que ahora la embajada mexicana si está involucrada, “por ella se le cambió de módulo, lo fueron a ver a prisión… ya está habiendo mucha intervención del gobierno para ver cómo se pueden mover, el abogado está metiendo todas las pruebas que mi esposo le pide… el abogado es muy bueno, pero aquella gente es muy lenta para moverse”, finalizó.

El pasado 8 de marzo, Alejandro Ordaz Moreno tuvo un enfrentamiento con la Policía de Sevilla. Fue detenido y consignado ante las autoridades judiciales.

El 10 de marzo, el Juzgado de Instrucción número uno de Sevilla le decretó prisión provisional comunicada y sin fianza, la cual puede alargarse hasta dos años.

En respuesta al recurso de apelación presentado por la defensa, la sala dispuso el 14 de abril mantener la orden de prisión preventiva. El próximo paso será solicitar la libertad bajo fianza del detenido, quien permanece en el Centro de Penitenciaría de Sevilla.

http://www.correo-gto.com.mx/notas.asp?id=89127

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Lorenzo Meyer: El verdadero peligro para México

Desviar la atención. El auténtico peligro para la viabilidad de México ha estado a la vista de todos y desde hace mucho tiempo: la profunda corrupción de sus instituciones públicas.

Vicente Fox y la alianza conservadora que él encabezó encontraron muy útil concentrar el grueso de la energía y recursos del gobierno y sus aliados —medios de difusión, organizaciones empresariales, iglesias, el viejo corporativismo, etcétera— en difundir la idea de que el gran peligro para México eran la oposición electoral de izquierda y su proyecto. A estas alturas ya debiera de haber quedado claro que el auténtico enemigo de la sociedad mexicana ha sido otro: la gran corrupción pública y su inseparable acompañante, la impunidad.

Ambos factores, aunados a la falta de dinamismo de la economía y a la muy injusta estructura social, son las razones principales de que el crimen organizado haya alcanzado la posición dominante que hoy ejerce. Y lo peor es que quienes se supone que encabezan la lucha contra las organizaciones criminales son los que antes engañaron con el falso diagnóstico, pero que hoy se alarman porque la descomposición del entramado institucional ha llegado al punto de que ya apareció el terrorismo incipiente.

Una definición. Una forma de empezar a entender las razones de un fenómeno complejo es formular una definición adecuada, y la profesora Cindy C. Combs propone una particularmente útil del terrorismo: “Una síntesis de guerra y teatro, una dramatización de la violencia más condenable —la que se perpetra contra gente inocente— que se desarrolla frente a una audiencia con la intención de crear un clima de miedo con objetivos políticos”, (Terrorism in the Twenty-First Century: Universidad de Carolina del Norte, 2003, p. 10).

Lo ocurrido el pasado 15 de septiembre en la celebración de la Independencia nacional en Morelia —el estallido de dos granadas lanzadas deliberadamente sobre una multitud que celebraba un aniversario más de la independencia—, se corresponde con la definición de Combs: una brutal puesta en escena de la peor de las violencias, aunque ya no para crear sino para exacerbar el miedo colectivo. A partir de ese atentado quedó claro que nadie se debe considerar a salvo de la violencia criminal: ni pobres ni ricos, ni niños ni ancianos, ni los comprometidos ni los indiferentes, ni los de izquierda ni los de derecha. Obviamente, el objetivo final de quienes actuaron en Morelia es político: mandar un mensaje a los responsables de formular e implementar la política estatal contra el crimen organizado para que no interfieran con su actividad.

En principio, la acción en Morelia pareciera diseñada para demostrar a todos que, no obstante la movilización militar ordenada por Felipe Calderón desde diciembre de 2006, su gobierno no es capaz de cumplir su función básica y razón de ser: proteger la vida y bienes de los ciudadanos.

¿Quién exactamente decidió poner en evidencia la incapacidad de las autoridades mediante un ataque a gente absolutamente al margen de cualquier acción contra las bandas criminales? No lo sabemos aún, pero queda claro que esa acción es simplemente el eslabón más reciente de una cadena que empezó con el reguero público de cadáveres de narcotraficantes rivales, policías e incluso de algunos militares (¡más de 3,300 en lo que va de este año!). Esa mezcla de teatro y guerra subió de tono con las mutilaciones y decapitaciones de algunas de las víctimas, con los mensajes a las autoridades en sitios públicos y dio un paso más con las ostentosas matanzas colectivas, como las recientes en Yucatán y en La Marquesa —de una docena pasaron a dos docenas de ejecutados en una sola acción y sin que quede claro por qué se les ejecutó— para concluir con lo ocurrido el pasado día 15: el asesinato de ocho inocentes frente al gobernador del Estado, en una plaza supuestamente vigilada y en la tierra natal de quien está al frente del Poder Ejecutivo. Hasta ahora seguimos sin saber quién fue responsable del salto cualitativo en la inseguridad ni el motivo preciso de la acción.

El crimen organizado es una fuerza dominante en muchos municipios del país, pero recurrir al terrorismo es retar no sólo a un gobierno local, sino al federal y a sus poderosos aliados (a empresarios, a Washington, a la iglesia). ¿Para qué el desplante? ¿Se quiso dejar en claro ante todos que los criminales pueden imponer sus agendas por sobre las del resto de los actores políticos? ¿Buscaron cobrar el rompimiento de acuerdos ya pactados o inducir a buscar uno nuevo? Se pueden formular éstas y otras preguntas similares o diferentes —por ejemplo, ¿pudiera ser una acción llevada a cabo por algún grupo político para crear un clima de mano dura?—, pero de momento no hay respuesta. Sin embargo, la falta de información no impide abordar otros aspectos del fenómeno violento.

¿Un pago diferido? El régimen autoritario que caracterizó la vida política mexicana de casi todo el siglo XX presumió de haber construido el sistema de poder más sólido de América Latina y uno de los más estables del mundo. Pero esa estabilidad no democrática tuvo un costo muy alto que hoy seguimos pagando todos. Parte central de ese costo fue la institucionalización de la corrupción y de la impunidad y hasta hoy nada efectivo se ha hecho por poner fin a esa herencia infame.

En la etapa clásica del dominio del PRI sólo el presidente podía llamar a cuentas a los grandes corruptos. En las pocas ocasiones en que se puso a uno de ellos ante un juez, la acción poco o nada tuvo que ver con la justicia real y sí mucho con la “justicia selectiva”, tan útil al poder presidencial para mantener la disciplina entre la clase política; un buen ejemplo fue el encarcelamiento del líder petrolero Joaquín Hernández Galicia, “La Quina”, por Carlos Salinas.

Sin embargo, frente a cada “quinazo” hubo centenas de casos conspicuos de impunidad. Manuel Ávila Camacho, por ejemplo, dejó hacer y deshacer a Maximino, su hermano; el círculo íntimo de Miguel Alemán empleó a fondo sus posibilidades de corrupción sin límites; Carlos Hank González se convirtió en símbolo de cómo un político pobre se transformaba en lo opuesto gracias a la protección presidencial. Arturo Durazo Moreno hizo de su amistad con José López Portillo la palanca para convertir a la policía capitalina en una estructura del crimen organizado. Las cuentas suizas de Raúl Salinas o la buena fortuna de los hijos de Marta Sahagún no se explican sin una relación directa entre poder presidencial y negocios privados. La lista de casos se podría extender hasta dar forma a un volumen similar al directorio telefónico.

Como no hay crimen organizado exitoso —y el mexicano vaya que lo es— sin algún tipo de complicidad entre criminales y autoridades, el ambiente de corrupción generado por el sistema autoritario del siglo XX resultó un excelente caldo de cultivo para que nacieran y prosperaran las organizaciones criminales hasta llegar a convertirse, de marginales y subordinadas, en rivales de la clase política. Lo anterior fue posible por la combinación de corrupción institucional con la cercanía geográfica del gran mercado norteamericano de las drogas. Como bien lo señalara Luis Astorga en su historia del narcotráfico mexicano —El siglo de las drogas, (México: Espasa Calpe, 1996)— esa actividad empezó a echar raíces en México hace ya más de medio siglo, protegida por algunos gobernadores y militares en el norte del país pero, con las condiciones propicias descritas, esa actividad creció hasta salirse del control del poder político e imponer sus propias reglas, que es la situación actual.

¿Qué hacer? No hay respuesta fácil, pero cualquier intento por romper el círculo vicioso requiere abrir varios frentes de lucha contra los auténticos enemigos de México. Hay que empezar por la difícil pero indispensable tarea de crear una policía auténtica. Perseguir seriamente no sólo a los narcotraficantes de base, sino a sus socios indispensables y que además de los policías corruptos es toda la red de empresas y empresarios lavadores de dinero y los miembros de la clase política que dan protección al crimen organizado: presidentes municipales, gobernadores, altos funcionarios del aparato de seguridad. Y finalmente, abrir oportunidades reales de trabajo a los jóvenes. Miguel de la Madrid anunció pero nunca se llevó a cabo la renovación moral de la política mexicana y desde 1982 la economía no tiene vitalidad.

En suma, que el verdadero enemigo de México es la combinación de corrupción pública con una economía formal sin brío. Si ambos problemas no se enfrentan con inteligencia y voluntad, no es imposible el retorno del Estado fallido del siglo XIX.

http://www.yucatan.com.mx/noticia.asp?cx=9$2900000000$3918131&f=20080925

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Marco Rascón: La República Reunida

Mientras los discursos son de a mentiritas, la violencia es de “a deveritas”: mientras las causas de la criminalidad son profundas, las respuestas superficiales; mientras la drogas dañan, su negocio mata; mientras el dolor se acumula, la ingenuidad crece; mientras el mal se extiende se vuelve más inexplicable.

Es lamentable ver a todos los poderes de la república reunidos contra la nada. Reunión de lluvia de ideas que no ha generado un mínimo de confianza ante los tufos de cinismo y ocurrencias surgidos de la reunión. Un solo punto de partida podría haber ayudado: que explicaran lo que realmente pasa.

La república se reunió ante el reconocimiento de la gravedad de la situación, pero el resultado ha sido anticlimático, ante la repetición de los diagnósticos y los análisis de los gobernadores, los tres poderes federales, los representantes de las instituciones públicas y privadas. ¿Acaso los secuestradores se han detenido en este año, sabiendo que Arizmendi el mochaorejas pasará toda su vida en prisión por delitos similares a los actuales? ¿Cuánto se ha gastado desde 1997 hasta ahora en “la seguridad” en aumento de policías, armamento, equipos modernos? ¿Cuánto más se gastará y qué resultados habrá?

Si viéramos a México a través de sus prisiones, nos daríamos cuenta de que la situación actual no es sino el reflejo, la expresión, de una nación enferma, de instituciones decadentes.

La Revolución Mexicana sobrevino tres años después de que Porfirio Díaz “modernizó” el sistema penitenciario: de los viejos penales de San Juan de Ulúa o la cárcel de Belem construyó las nuevas prisiones de Lecumberri, entre otras en el país con arquitectura francesa. De los centros de rehabilitación de la década de los 70 se pasó hace años a los penales de “alta seguridad” y todos son el mundo del hacinamiento, la corrupción, los centros de poder de la criminalidad mezclada con la injusticia.

Los gobiernos deben a los ciudadanos una explicación, porque se desconoce la naturaleza exacta de las ejecuciones que se han sucedido principalmente en el norte, pero que ahora se extienden por todo el país. Por el tamaño y la impunidad, se podría pensar que ya estamos frente a un nuevo poder, que es el paramilitarismo, mismo que actúa con una lógica de objetivos claros y sistemáticamente.

En paralelo a esto, están los aumentos de los secuestros con fines económicos, de los que que según la misma Procuraduría General de la República iban 64 al mes desde enero, lo cual da una cifra mayor a 500 en lo que va del año. Si la industria es floreciente, ¿por qué matan a las víctimas después de que se cumple con el pago? En ese punto, la violencia ha dejado de tener una racionalidad meramente lucrativa y se acerca a los objetivos del terror, la intimidación social, la contrainsurgencia y el paramilitarismo.

Cuando la república se reúne para luchar contra la nada y lo inexplicable, la causa oculta ha ganado la primera batalla: se supone que México vive una transición, pero la violencia hace que la sociedad piense en formas intolerantes, de dureza, más que en democracia. El terror se ha ido convirtiendo en consejero del retroceso, las formas autoritarias, los regímenes parapoliciacos, en vez de ver hacia el futuro. ¿Hay fuerzas políticas que se beneficien de lo que hoy sucede?

La república no ha explicado qué ha significado la presencia militar del ejército en la franja fronteriza del norte de México, que no ha servido para detener el flujo de ejecuciones diarias. ¿Cuál es el balance que podría dar el jefe supremo de las fuerzas armadas sobre la actuación de la institución? ¿Qué significa el desmantelamiento de las policías municipales y estatales? ¿Quiénes mueren: los que se oponen al crimen o sus aliados? ¿Quiénes los matan? ¿Estamos saliendo de la violencia, estamos a la mitad o estamos empezando?

Los anuncios que hizo la república sobre la depuración de las policías y la restructuración total no sólo son ingenuos, sino irresponsables. Anunciar esto es como informar de una devaluación con días de anticipación. ¿Qué estará pensando un policía en activo que ha cometido actos de corrupción individual o de grupo, incluso obligado por sus jefes? ¿Cómo actuará ante la amenaza de despido y el señalamiento? ¿Quiénes los sustituirán?

El tema de la seguridad es el de la sobrevivencia. La marcha del 30 de agosto entrará por Madero, manifestando su duelo y preocupación; a la salida verá que lleva las manos vacías para enfrentarse de nuevo a la cotidianidad con todos los riesgos, mientras el gobierno sigue negándose a explicar el problema y el origen de la violencia, pues quizás tenga una parte de responsabilidad que no quiere reconocer ni mínimamente.

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Arnoldo Kraus: México como secuestro

México, dice la organización no gubernamental IKV Pax Christi, ocupa el primer lugar en el número de secuestros a escala mundial. Terrible noticia, doloroso deshonor. La veracidad de la información es cruda y real. Ha conseguido que voces tan dispares como la de Felipe Calderón y la de Marcelo Ebrard consideren que los secuestros, la violencia y la inseguridad se conviertan en materia urgente dentro de sus obligaciones y prioridades. A ellos se han unido y se unirán muchas figuras públicas de nuestra nación. No es para menos. Mañana nuestros políticos van a Palacio Nacional. Hablarán. Nosotros esperaremos. Seremos, como siempre, los Godot mexicanos.

Se repite, con razón, que la educación, la vivienda y la salud son bienes indispensables y obligaciones del Estado hacia sus ciudadanos. Ahora debe agregarse a ese listado la seguridad como compromiso. A diferencia de las otras cualidades, cuya presencia o ausencia es obvia, la seguridad no era, hasta hace algunos años, tema de discusión cotidiana. Los políticos mentían diciendo que combatirían las muertes por inanición, pero no enlistaban dentro de sus discursos efectistas el combate contra la violencia. Ahora todos van a Palacio Nacional. Hablarán de los secuestros. Nosotros esperaremos. Seremos, no me aburro de repetir, el Godot, de Becket: nunca llega quien debe llegar.

El miedo, la desconfianza hacia los políticos y la policía, la violencia callejera y la presencia de la industria del secuestro han hecho que la seguridad, incluso de los más desprotegidos, ocupe lugar preminente en la conciencia de la vida cotidiana. Secuestro y violencia, no como enfermedad, sino como epidemia, se han adueñado de las primeras páginas de muchos rotativos nacionales e internacionales; se han apoderado de la conciencia del vivir de la ciudadanía mexicana. Conciencia dolorosa que se paga con angustia y con dinero. Conciencia que debería ser inconsciencia. Caminar por las calles con temor es anormal. Caminar con miedo es legado de nuestra clase política.

La angustia se comparte. Los ciudadanos la vivimos por la certeza de la inseguridad y los políticos porque su prestigio se cuestiona. Los gastos también corren por caminos paralelos. Las familias sufren lo indecible hasta lograr acuerdos con los secuestradores mientras que los políticos-policías invierten cifras millonarias, seguramente del erario nacional, para contratar guardaespaldas y comprar armamentos. (Imposible no abrir este paréntesis: he preguntado en muchas ocasiones en qué rubro hacendario quedan inscritos los guardaespaldas que cuidan a los políticos y a los empresarios y nunca he obtenido respuesta. La cifra ahí invertida debe ser elevada. Podría utilizarse, pienso, para cuidar a la ciudadanía.)

El secuestro se ha convertido en epidemia. Las epidemias son contagiosas. La del miedo por ser secuestrado y/o asesinado en la calle, no por atropello o por terremoto, sino por deambular en las calles calderonistas o ebrardistas es nefanda y vigente. Ni siquiera la tradicional inmunidad de nuestra clase política los ha protegido. Sendas declaraciones y vistosos desplegados en los periódicos dan cuenta del contagio.

Calderón, Ebrard y casi todos nuestros políticos están preocupados. Deben haber leído lo que se dice de su nación y de su ciudad en el mundo; les deben haber informado de las esquelas en los periódicos. Esas noticias, lo saben, son sólo la punta del iceberg. Nadie confía en la justicia mexicana. Como signo de inteligencia, es probable que ellos desconfíen tanto de nuestra justicia como el uno desconfía del otro, y como nosotros desconfíamos de ellos. Partiendo de esa premisa podrían sanear un poco las calles y paliar el miedo que nos habita. Partiendo de las descalificaciones que se prodigan deberían criticar lo que hacen y lo que no hacen.

No recuerdo en cuál película –palabras más, palabras menos– dice el hijo del actor principal: “entre los ladrones y la policía confío más en los primeros por su sinceridad”. A ese guión, que transcurre todos los días, en todas las calles, y en todos los tiempos del PRI, del PAN y del PRD agrego que aunado al malestar contra el cuerpo policial camina, imparable, una perturbadora desconfianza hacia la clase política. Como en tantas otras circunstancias, en México la realidad copia y supera la ficción. Gracias a la corrupción, a la impunidad y a los yerros de nuestros presidentes las películas detectivescas de Hollywood son, en México, palmaria realidad.

Hace muchos años escribí un artículo intitulado: “Adiós a la calle”. Repasaba la cruda verdad en la que se había convertido la ciudad de México y lamentaba que muchos niños ya no tenían la oportunidad de hacer de las calles su casa. Esa premonición crece sin coto. Hoy, aunque duele, preocupa distinto la escasa oportunidad de jugar en las calles. Esa preocupación ha sido remplazada por los secuestros y por la violencia.

Mi desconfianza hacia los políticos es nauseabunda, incurable e infinita. Me encantaría equivocarme. Mi esperanza es que las náuseas y la desconfianza que se profesan Calderón, Ebrard y anexas devenga acciones positivas.

La Jornada

http://www.jornada.unam.mx/2008/08/20/index.php?section=opinion&article=023a2pol

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Josetxo Zaldúa: El hartazgo social

Los gobiernos federal y de la ciudad de México escenificaron ayer lo que ojalá sea la guinda de los despropósitos oficiales acumulados en los últimos años respecto al estratégico asunto de la seguridad ciudadana. Uno y otro gobiernos, con buena voluntad, sin duda, desplegaron ayer ante la sociedad una batería de medidas que, ojalá nos equivoquemos, no solucionan el fondo de tan grave problema. Los planes anunciados son, en esencia, cosméticos. Y ello se debe a que, por desgracia, la clase política mexicana parece estar más pendiente de sus devaneos y ansias de poder que de realmente servir a la sociedad.

A nivel federal son incontables los cambios registrados en las membresías de los cuerpos policiales. Ayer Marcelo Ebrard no quiso ser menos y decretó la desaparición de la Judicial defeña. Y, al igual que Felipe Calderón, pide a la ciudadanía que haga de agente de inteligencia para denunciar a los bárbaros que casi nos tienen cercados. La falta de imaginación, en ambos casos, es estremecedora.

El asesinato de Fernando Martí, joven perteneciente a una familia acomodada –algo que nada tiene de malo–, desató una tremenda y tremendista campaña mediática que busca más víctimas políticas a modo que ahondar en el fango que propicia tan execrables actos. A la estrategia de acoso y derribo contra el gobierno de Ebrard por la inmensa mayoría de los medios de comunicación se sumó, irresponsablemente, el presidente Calderón, quien confundió la gimnasia con la magnesia al introducir el tema de la consulta sobre Pemex cuando hablaba de la supuesta ausencia de colaboración del gobierno defeño en el combate a la delincuencia.

Que Calderón y Ebrard se reúnan o no para tratar el problema les tiene sin cuidado a los capos de la violencia. La eficiencia policial nada tiene que ver con reuniones adornadas de grandilocuentes declaraciones. Sin hechos que las respalden, las palabras pierden su valor.

Que los medios de comunicación lleven a cabo, amparados en sus respectivas y sacrosantas líneas editoriales, campañas dispares y hasta disparatadas para dizque combatir esa lacra –algo que, por cierto, no les corresponde–, también le da igual a una gente que nació en la marginalidad, salvo contados casos.

Claro que si lo que se pretende es militarizar al país so pretexto de combatir a la delincuencia hay que reconocer que casi todos los medios de comunicación estamos contribuyendo, con nuestro corto alcance de miras, a que la sociedad cada vez entienda menos y que, por ende, germine la idea de que lo mejor es que el Ejército salga a las calles para ponernos en orden a todos.

Sobran gritos y sombrerazos mediáticos, sobran intereses particulares en los medios de comunicación –unos por puro dinero, otros por dizque posiciones ideológicas– y faltan actitudes que respalden el interés ciudadano. Falta, en suma, un ejercicio periodístico que se ubique en las antípodas de los intereses políticos y económicos. Los medios no deben servir a los políticos, antes lo contrario: deben ser el vehículo a través del cual la sociedad diga a los políticos lo que están haciendo mal.

En lugar de anunciarnos medidas etéreas, en lugar de aprovecharse de la zozobra social, los gobiernos, tanto federal como estatales, deberían abocarse a escuchar más el pulso social. Que gasten menos en propaganda y más en recursos para, por ejemplo, sentar las bases de una genuina profesionalización de los cuerpos de seguridad. Hay que pagar más a las policías, pero también hay que darles formación profesional. De nada sirve cambiar el nombre a los cuerpos de seguridad si la esencia no se transforma.

Y la sociedad tiene también su cuota de responsabilidad en este desaguisado. Negarlo, además de absurdo, imposibilitaría la imprescindible regeneración de los cuerpos de seguridad. Algunos de los que hoy pagan desplegados cargados de dolor –algo muy legítimo, ciertamente– son personeros de la ignominia nacional. Ignominia amparada, desgraciadamente, por gobiernos a los que poco les importa el bienestar nacional o la impartición de justicia a secas.

¿O acaso es políticamente incorrecto recordar lo que le están costando al erario nacional, a los bolsillos de casi todos los mexicanos, los rescates bancario y carretero, por mencionar algunos de los episodios económico-financieros que tienen postrado al país?

Y qué decir del sistema de ¿justicia?, auténtico corresponsable de la inseguridad que cuadricula al país. La estructura jurídica nacional, salvo honrosas excepciones, es un estercolero. En lo político y en lo social, por supuesto también en el terreno de la economía, los llamados impartidores de justicia han logrado, no sin empeño, que nadie crea en los fallos… porque generalmente fallan en favor de quien más tiene.

Hay que fingir demencia para no reconocer que la solución del problema, que la hay, requiere de un cambio de rumbo en la actual política económica y social, encaminada más a ahondar las desigualdades que a cerrarlas. La gente tiene derecho a que su trabajo sea bien remunerado, tiene derecho a tener un sistema socioeconómico que no beneficie a unos pocos en detrimento de las mayorías.

De igual manera, no podemos aspirar a que el actual estado de cosas cambie si la educación sigue como hasta ahora. Cada vez hay menos oportunidad de llegar a las aulas, cada vez se imparte más educación ineficiente. Estamos, en ese campo como en otros, igual que los cangrejos, con la vista en la retaguardia. Y para qué hablar del sistema de salud y del retiro… y de lo que usted quiera.

Se anuncian nuevas marchas contra la inseguridad y asistiremos a una nueva andanada mediática que buscará seguir poniendo nombre y apellido a los responsables de tal estado de cosas. Por supuesto, todo ello enderezado en una sola dirección. Marchar es legítimo, no más faltaba. Y da igual que la marcha sea de derechas o de izquierdas. La razón no entiende de ideologías. Es lo que cada quien siente.

Por cierto, ¿cuándo los desplegados contra los delincuentes de cuello blanco, contra ex presidentes y ex gobernadores y ex alcaldes y ex funcionarios de alto, medio y bajo nivel?, ¿quién los detendrá?, ¿quién los juzgará?, ¿qué autoridad tendrá los tamaños para meterlos tras las rejas?

¿O acaso la justicia sólo es para ajusticiar a los jodidos y a los defenestrados políticos?

Mientras nada de eso suceda, lo que importa, la inseguridad, seguirá presente, cual dinosaurio de Monterroso, al amanecer siguiente.Y la clase política y empresarial que hace posible todo eso seguirá también ahí… como el dinosaurio de Monterroso.

La Jornada
http://www.jornada.unam.mx/2008/08/12/index.php?section=opinion&article=007a1pol

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Bilhá Calderón: Mayoriteo impune

Bilhá Calderón

Fotos: Bilhá Calderón

Puebla, Pue. El Diputado local José Manuel Benigno Pérez Vega -alias Pepe Momoxpan- asistió el día de hoy a la sesión del Congreso del Estado de Puebla. Tras la golpiza de la que fue vícima el domingo pasado, el legislador PeTista se presentó a la sesión donde lo esperaban manifestantes de diferentes organizaciones que mostraron su solidadridad ante la denuncia que haría en contra del alcalde del municipio de Tlacotepec, a quien responsabiliza de los actos de violencia contra su persona.

Ya en el Pleno, habló de la agresión de la policía munipipal y pidió la destitución del edil de Tlacotepec de

No más impunidad en Puebla

No más impunidad en Puebla

Porfirio Díaz así como lo hicieron los representantes del PAN, PANAL, Convergencia, PRD y PT . Sin embargo, el mayoriteo PRIísta defendiendo al edil pasó el asunto a comisiones. Esta acción fue causa de reclamos e insultos de las personas que asistieron a la sesión de hoy.

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Contacta ‘SOS’ a cónsul para apoyar a salmantino

El presidente de la organización “Discriminación Internacional Querétaro” ratifica su apoyo

El grupo “SOS, Discriminación Internacional Querétaro” no ha abandonado el caso del estudiante salmantino detenido en Sevilla, España, y ha logrado hacer contacto con el cónsul de México en Madrid, Carlos López Estrada, quien le ha informado las condiciones de salud en las que se encuentra el joven becario y parte de las acciones legales a favor del mexicano.

Apenas el 8 de abril pasado, el presidente de “SOS, Discriminación Internacional Querétaro”, Manuel Edmundo Ramos Gutiérrez, envió una carta al cónsul Carlos López Estrada para que se les informe sobre el proceso que se le sigue al estudiante Alejandro Ordaz Moreno y las condiciones en que éste se encuentra.

El diplomático mexicano le hizo saber que recientemente visitó a Alejandro en la prisión, mencionando que el estado de salud del joven es bueno, aunque solicitando al encargado del centro penitenciario se le atendiera de fuertes dolores de cabeza

Además le indica que ha estado en constante contacto con el padre de Alejandro y el despacho de abogados que la familia contrató para la defensa.

Además, le explica que “se certificó, a través de lo dicho por el propio connacional, que ha recibido un trato adecuado en el centro donde se encuentra detenido, aunque señaló haber recibido agresiones en la comisaría en la que fue retenido inicialmente por la policía, lo que, desde luego, estará siendo investigado por el abogado defensor”.

En respuesta, la organización contra la discriminación internacional le informa al embajador que seguirá al pendiente del caso, por lo que solicitan se les continúe informado el proceso que se lleva a cabo, así como se les brinde orientación sobre el procedimiento a seguir, para visitar a Alejandro, y mostrarle el apoyo y solidaridad directamente.

http://www.correo-gto.com.mx/notas.asp?id=69300

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