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Manuel Justo Gaggero: Un Viaje Hacia las Utopías Revolucionarias (LXV): de revolucionarios y reformistas

La presencia del Che, combatiendo en Bolivia, profundizó la fuerte polémica que desde el triunfo de la Revolución Cubana se daba en el seno de la izquierda, en nuestro Continente y en todo el Tercer Mundo.

Por otra parte la tensión y finalmente la ruptura, en ese año 1967, entre la Unión Soviética y la Republica Popular China determinó nuevos alineamientos.

Nosotros, que militábamos en el seno del peronismo reconociendo como dirigentes a Alicia Eguren y a John William Cooke, entendíamos que sólo mediante la lucha armada era posible disputar, realmente, el poder a las clases dominantes y al Imperio.

Pensábamos que la Revolución liberadora debía conducir a la construcción del socialismo, y que en la misma el rol hegemónico lo tenía la clase obrera en nuestro país, dada su conformación socio económica y que esta, en su gran mayoría, se identificaba con el Movimiento.

La izquierda tradicional hablaba de una revolución democrático-burguesa o agraria y antiimperialista, reconociéndole a una, a nuestro juicio inexistente “burguesía nacional”, un rol importante.

Pensaban que existían sectores “patrióticos” en el seno de las Fuerzas Armadas y los convocaban permanentemente, denostando a los que nos considerábamos “guevaristas”, ya que nos caracterizaban como “pequeños burgueses apresurados e infantiles”, recurriendo a un texto de Lenin titulado “El izquierdismo enfermedad infantil del comunismo”; que en nada se aplicaba a este momento particular que vivía el Tercer Mundo.

Trataban de reducir el planteo del Che, acusándolo de “militarista y foquista”, y claramente anunciaron que no prestarían ningún apoyo a este, pese a los compromisos que, algunos dirigentes de estos partidos comunistas, habían contraído en La Habana.

En esta posición se alineaban las formaciones mas fieles a Moscú, que había proclamado, desde que se iniciara el proceso de “desestalinización”, que se abría una etapa de “coexistencia pacífica” con los Estados Unidos, por lo que se negaba todo apoyo explícito a los movimientos que luchaban por su liberación.

Esta postura había sido criticada públicamente por el Che en su Mensaje a la Tricontinental, criticas que nuestro compatriota profundiza en su correspondencia desde el Congo con algunos dirigentes cubanos, entre los que estaba su segundo en el Ministerio de Industrias, Orlando Borrego.

Para nosotros, en cambio, para todos los que soñábamos con una América Latina libre, tenía un gran significado que el Che hubiera abandonado su cargo en el gobierno revolucionario cubano y jugara su vida en la selva boliviana.

Sin duda de que era una demostración más del compromiso de este con la consigna “uno, dos, tres o más Vietnam”.

En esa línea “antiguevarista” jugaba un rol central el viejo Partido Comunista Argentino, cuyo Secretario General Victorio Codovilla había impartido claras instrucciones a la militancia de no prestar ninguna colaboración a los grupos que se empezaban a organizar en el país para sumarse a la gesta iniciada por el Che.

John ya había tenido fuertes discusiones en la Asamblea de la Tricontinental realizada en La Habana con Alcira de la Peña, la delegada del PCA.

En dicho encuentro se había recibido con entusiasmo la postura, a la que adhiriera nuestro compañero, que la mejor forma de solidarizarse con los procesos revolucionarios en curso era impulsar la revolución en todos los países sometidos.

En esos primeros meses de aquél año tuvimos una reunión en Buenos Aires en el que participaron, entre otros, Gustavo Roca, el abogado cordobés que hiciera una brillante defensa de los compañeros del EJP, Luis Cerutti Costa, que estaba organizando el Instituto de Capacitación Obrera avalado por Agustín Tosco y Raymundo Ongaro y Casiana Ahumada, codirectora de la Revista “Cristianismo y Revolución, entre otros”.

En la misma tomamos conciencia de que carecíamos de información sobre lo que estaba sucediendo en Bolivia, o que esta era muy escasa.

Aparentemente las primeras acciones habían sido exitosas, pese a que los combatientes estaban realizando un reconocimiento del terreno, instalando depósitos de alimentos y municiones y armando las redes urbanas de apoyo.

Gustavo nos contó que Ernesto, como el llamaba al Comandante, su viejo compañero del Colegio Monserrat de Córdoba, lo había visitado cuando viajaba hacia Bolivia interesándose por el estado de la causa penal de los sobrevivientes de la guerrilla de Masetti.

Estaba totalmente caracterizado, irreconocible, y tenía un documento a nombre de Adolfo Mena González, de nacionalidad uruguaya, que se presentaba con documentación también falsa como observador de la Organización de Estados Americanos; de esa forma había eludido todos los puestos fronterizos.

¿Que hacer? ¿Cómo solidarizarnos con este puñado de revolucionarios que soñaban con una América libre y unida? Ese era un gran dilema, que, como veremos mas adelante, en nuestras próximas notas, no logramos develar.

Manuel Justo Gaggero es ex director del Diario “El Mundo” y de las revistas “Nuevo Hombre” y “Diciembre 20”.

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Marcelo Colussi: Latinoamérica, en defensa de la universidad pública

En Latinoamérica las universidades tienen una larga historia. Se crearon ya en los primeros años de la conquista; la primera de ellas nace en 1538: la Imperial y Pontificia de Santo Tomás de Aquino en la isla de Santo Domingo. Años más tarde, en 1551, se fundan la de Lima y la Nacional de México.

En 1636, cuando apenas nacía la de Harvard en Estados Unidos, ya había trece universidades en la región latinoamericana, llegando más tarde a 31 en el momento en que se producen los procesos independentistas a comienzos del siglo XIX. En todos los casos, estas instituciones reflejaban el modelo medieval traído de Europa, asociado siempre con los poderes de la realeza y de la iglesia católica. Con la independencia de las nuevas repúblicas comienza a introducirse una nueva idea de universidad, acorde con el surgimiento de las nuevos Estados desarrollados sobre los modelos europeo y estadounidense, con la misión básica de formar profesionales liberales y desarrollar disciplinas académicas.

El modelo en juego imitaba el concepto napoleónico del siglo XIX, en el que la preparación profesional se separaba de los centros de generación del conocimiento, exclusivamente académicos y científicos. Frente a este modelo de profesional liberal fue surgiendo otra concepción en Alemania, donde aparece la “universidad de investigación”. Allí la enseñanza técnica se combinaba con la generación del conocimiento puro y la ciencia, lo cual tuvo el valor de una verdadera revolución académica. Ese esquema investigativo fue consolidándose en Europa durante el siglo XIX y luego en Estados Unidos, acorde al crecimiento económico que iba impulsando más y más desarrollos técnicos para la floreciente industria capitalista. Ese modelo se fue solidificando y es el imperante hoy día, en el que se da una asociación directa del conocimiento generado en la universidad con su aplicación práctica en la esfera económica, vía empresas privadas básicamente. En el transcurso del siglo XX la investigación científico-técnica terminó por ligarse enteramente al crecimiento económico, y las ciencias pasaron a ser el sostén de la industria moderna. El modelo universitario, por tanto, pasó a ser una actividad inseparable del crecimiento económico del capitalismo desarrollado, ya completamente alejado de los esquemas medievales que llegaron a Latinoamérica con los años de colonia.

En el siglo XXI esa tendencia se mantiene y profundiza, más aún con los nuevos paradigmas de producción caracterizados por la globalización de la economía y el paso hacia la “sociedad del conocimiento”, basada cada vez más en tecnologías hiper desarrolladas y sumamente cambiantes, enfermizamente competitivas. La tendencia, muy evidente en los países del Norte y que también llega al Sur, a veces provocando procesos distorsionados, forzados, es poner la universidad de investigación al total servicio del mercado, llegando así a la noción de “universidad empresarial”, donde lo que cuenta es la óptima relación costo-beneficio concebida desde el lucro y donde se va esfumando la idea de desarrollo social, de extensión y servicio comunitario. Pero todos estos procesos, surgidos en los países que marcan el rumbo, llegan a la región latinoamericana como tibia copia. No ha habido, en general, procesos con dinámicas propias. Siempre se ha tratado de imitar al Norte, visto como opulento y modelo a seguir.

A principios del siglo XX, en toda Latinoamérica tienen lugar procesos de profunda autocrítica y explosión renovadora en el seno de las universidades. Surgidas en la de Córdoba, Argentina, las protestas estudiantiles denunciaban la permanencia de estructuras clasistas y oligarcas en instituciones que no respondían a los procesos de modernización social que vivía el país por aquel entonces, con casas de altos estudios aún organizadas según criterios semi-medievales arrastrados durante toda la colonia, sentando así las bases para una ola de reformas universitarias y crítica social que en las primeras décadas del siglo va a barrer toda la región. Pero esos explosivos movimientos reformistas sólo llegaron a resultados reales en el plano político, sin alcanzar a transformar las estructuras económico-sociales de base de sus respectivas sociedades.

Las banderas fundamentales levantadas por estos movimientos eran la autonomía universitaria y la cogestión, elementos que se consideraron principios necesarios para convertir a las universidades en motores eficientes de la democratización social y cultural, y por tanto del desarrollo nacional. Pero sin dudas esos cambios no fueron suficientes para transformar las sociedades en que tuvieron lugar. Las desigualdades sociales se mantuvieron y el acceso a la educación superior siguió siendo algo selectivo, tal como se mantiene a la fecha. En realidad, el principal logro concreto que obtuvieron los movimientos de reforma universitaria fue el de incorporar la representación estudiantil a los organismos de gobierno de las casas de altos estudios. Con la autonomía, las distintas universidades latinoamericanas se convirtieron en centros de denuncias, semillero de luchas políticas y protestas contra el orden social imperante. Por largas décadas estas instituciones fueron un referente en la vanguardia intelectual pasando a ser centros de pensamiento crítico, y en la segunda mitad del siglo XX, el lugar donde se inspiraron numerosas propuestas de transformación revolucionaria. Pero todo eso ha cambiado en estas últimas décadas. Cambiado, claro está, a favor del gran capital y no en provecho de las mayorías populares.

Es necesario decir que aquellas reformas de inicios del siglo XX, si bien contribuyeron a crear un espíritu crítico entre estudiantes y catedráticos que se mantuvo activo por décadas, no lograron articular enteramente a las universidades con la producción de conocimiento y su función social. En toda la región latinoamericana, las universidades no se centraron en la creciente importancia de la ciencia para el cambio técnico-productivo, ni pudieron servir a proyectos políticos que superaran los modelos económicos dependientes y progresaran hacia la industrialización autosuficiente.

La historia de las universidades en Latinoamérica se ha ligado, fundamentalmente, a la formación de profesionales; su faceta de investigación y producción de nuevos conocimientos, tal como se dio en sus homólogas del Norte, no es lo que más ha destacado. A ello se agrega recientemente un proceso que refuerza lo anterior: el crecimiento imparable de las universidades privadas, concebidas especialmente como formadoras del recurso adecuado a la empresa privada que la demanda.

Vale tener en cuenta la forma en que el venezolano Vladimir Acosta sintetiza el perfil de nuestras casas de estudio superior: “uno de los grandes problemas de las universidades latinoamericanas es que son unas universidades colonizadas, dependientes, subordinadas a una visión derechista, globalizada, eurocentrista y blanca de mirar el mundo. Son universidades donde los saberes se disocian, se fragmentan, justamente para impedir una visión de totalidad, y para hacer del estudiante que se gradúa, que egresa como profesional, un profesional limitado, con una visión burocrática profesional, orientada en lo personal a hacer dinero, y en la visión que se tiene a encerrarse dentro de un marco profesional sin tener conocimiento de su identidad, de su historia y de su compromiso con su país”.

Hoy por hoy se ha instalado en la región la dinámica de universidad pública versus privada. Ese crecimiento enorme de las universidades privadas es un fenómeno muy propio de América Latina; ello se explica por las políticas neoliberales de los años 80 y 90 que, luego de las sangrientas dictaduras de décadas atrás, vinieron a privatizar todos los espacios. En la década de los 90 la privatización de la enseñanza superior alcanzó niveles notables en toda la región y a un ritmo muy acelerado, al mismo tiempo que se desarmaban los Estados nacionales y se privatizaban todos los servicios. En el transcurso de la década, la proporción de estudiantes matriculados en universidades privadas pasó de un 20% a cerca de 35%, lo que hace que la región cuente hoy con una de las mayores proporciones de estudiantes universitarios dentro de la opción privada en el mundo.

Estas universidades privadas se amoldan a cabalidad al modelo neoliberal que se ha impuesto, pues trabajan esencialmente para el mercado. Su visión se centra en la formación de recurso humano para las necesidades de la iniciativa privada, sin que cuente la idea de desarrollo nacional, de proyecto de país. Siempre copiando modelos de universidades “exitosas” (léase: privadas) del Norte, se prioriza la formación profesional de excelencia con criterios individualistas, sin pensamiento crítico. Los ideales de reforma universitaria de principios del siglo XX van quedando en el olvido. Disciplinas que fomenten la visión global de los procesos dando herramientas de análisis político-social para entender, y eventualmente transformar, las realidades nacionales, parecen ser cada vez menos importantes, reduciéndose su presencia en los planes de estudio, orientados más a la formación en aspectos técnicos.

De todos modos, como lo advierte Roberto Rodríguez Gómez, “la gran expansión del sector privado se ha realizado sobre la base de una multitud de pequeños establecimientos que, si bien ofrecen enseñanza de nivel profesional, carecen, por regla general, de estructuras de postrado y de investigación. Debe hacerse notar que no todas las instituciones de enseñanza superior pública en América Latina pueden ser clasificadas como “universidades de investigación”, es decir, como instituciones que cumplen realmente con las funciones de docencia, investigación y difusión. En otros términos, ese auge de la privatización de la enseñanza universitaria no significa necesariamente una explosión de calidad y de excelencia académica. Es, en todo caso, un síntoma más de los tiempos que corren, marcados por la prédica neoliberal.

Pero lo más preocupante de todo esto no es la posible desaparición de la universidad pública bajo el desarrollo vertiginoso de las privadas. Eso no pareciera posible, por diversas razones históricas. De hecho, el peso de las públicas es –y todo indica que seguirá siendo– mucho mayor que el de las privadas, tanto en presupuesto, estudiantes matriculados, presencia social e impacto con su extensión comunitaria, así como en investigación y producción de nuevos conocimientos. Lo que sí es alarmante es la ideología privatizadora que está en juego. Las universidades públicas se están privatizando en su concepción. Como bien lo expresó Deiby Ramírez: “la Universidad es pública cuando además de ser financiada por el Estado, está abierta con carácter de servicio público a todos los estratos sociales, y los beneficios de esa educación superior son para toda la sociedad”. Es decir: para ser un proyecto público no se trata sólo de recibir fondos públicos (la Nasa, en Estados Unidos, también los recibe, dicho sea de paso) sino de ver el modelo en función del que se trabaja. Las universidades públicas, acorde al nuevo dios-mercado que se ha impuesto con su omnímoda exigencia de eficiencia en la relación costo-beneficio (leyéndolo en clave capitalista: lo que no da ganancia hay que desecharlo, olvidémonos del interés social) se van constituyendo cada vez más en expresiones de la ideología privatista. Sus sistemas de post-grado lo evidencian de modo palmario: son todos pagos, en muchos casos más onerosos incluso que las ofertas de las universidades privadas. Lo cual no significa que, por fuerza, deba ser así: si hay voluntad política de mantener tanto ese segmento de la educación superior, como el proyecto universitario en su conjunto, en forma pública, se puede. Y el sistema no se resiente. Cuba, por ejemplo, que tiene excelentes universidades, mantiene todos sus post grados en forma gratuita para los propios ciudadanos cubanos. Evidentemente la decisión de adorar al dios mercado no es técnica; es política.

Amparándose en la idea de autosuficiencia financiera y desregulación (eufemismos para nombrar la privatización y la apología del mercado), las universidades públicas se han visto compelidas a diversificar sus fórmulas de financiamiento bajo la hipótesis de corresponsabilidad con el Estado por medio del cobro de cuotas de admisión y colegiaturas, venta de productos y servicios, concurrencia sobre financiamientos concursables, entre otras. Es decir: privatización encubierta.

Con todo ello, la universidad pública, aunque no desaparezca formalmente como tal, no deja de enviar un mensaje: hay que amoldarse a las fuerzas que lo deciden todo, es decir: el mercado. El proyecto en juego es seguir apuntalando un sistema económico basado en el lucro personal, que ya se ha demostrado infinitamente que no ofrece salida para las grandes mayorías de la población.

Pero definitivamente hay otras opciones a ese modelo. Luchar por la gratuidad de la educación superior y por el compromiso de la universidad con su comunidad es seguir manteniendo viva la esperanza en que la vida no sólo puede concebirse como mercancía para vender. En ese sentido, defender la universidad pública –y más aún: defenderla en Latinoamérica, donde la universidad tiene una larga historia de lucha social y compromiso con el pensamiento crítico– es seguir apostando por otro mundo posible, por darle forma a las utopías, por no resignarse ante la injusticia.

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Esteban Garaiz: Dos lagunas

“Mal comienza la semana para el que ahorcan en lunes”, reza un viejo proverbio castellano. Mal comienza el IFE el proceso electoral federal 2008-2009 removiendo con un palo el avispero del 2006 con una enorme torpeza política y una muy discutible visión jurídica, yendo más allá de sus atribuciones legales, después de las severas omisiones por su culpable tibieza hace dos años, y poniendo en tela de juicio, de arranque, su imparcialidad.

El senador panista Ricardo García Cervantes ha declarado que el IFE se está “extralimitando”. El Consejo General tiene facultades para sancionar a los partidos políticos, y sólo a los partidos, cuando sus dirigencias violan la ley electoral. No para sancionar a los legisladores y mucho menos cuando se trata de acciones en el seno de las cámaras del propio Congreso, que tienen claramente establecidas sus propias normas. Además, son dos las fracciones parlamentarias que tomaron las tribunas y sólo una sancionada por ello; es jurídicamente falso que a Vicente Fox se le impidió entregar su informe de ley.

Por lo que toca a los plantones de electores frustrados por todo el montón de irregularidades cometidas por tantos actores expresamente prohibidos por el Código Electoral, durante las precampañas y campañas de 2006, parece verdaderamente un terrible despropósito sancionar a un partido por lo que numerosos ciudadanos irritados hicieron en lo individual en el ejercicio legal y pacífico de un derecho constitucional, expresamente establecido en el artículo 6º, como es el derecho de manifestación. En todo caso, fue un acto postelectoral, que en nada afectó el resultado de la elección. Además de que, socialmente, resultó un eficaz desfogue para mantener la paz social, en una irritación colectiva que podría haberse desbordado.

Se podrá alegar que hubo afectaciones a terceros en vía pública y es válida la observación, como en cualquier manifestación. Lenta se ve la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para reglamentar el ejercicio de este derecho constitucional, que, como todas las garantías individuales debe tener y tiene sus acotaciones, básicamente derivadas de los derechos de los demás. Importante será que las autoridades —en este caso las del DF— reglamenten sobre el derecho de manifestación en la vía pública y establezcan mecanismos prácticos para conciliar los derechos de todas las partes. No estará de más recordar que los automóviles no tienen garantías individuales.

El Estado de derecho se violó sistemáticamente durante todo el proceso electoral de 2006, en las precampañas y en las campañas, y el Consejo General del IFE dejó hacer y dejó pasar. Hubo incluso consejeras que —leyendo tarjetas nerviosamente en el pleno— defendieron abiertas violaciones de dirigentes de corporaciones ajenas al proceso, a nombre de la libertad de expresión.

Que fueron violaciones a la ley, y que sesgaron la equidad de las campañas, lo dejó claramente establecido el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pero siguen impunes las personas físicas que las cometieron. Al Consejo General, según entiendo, no le correspondía, ni le corresponde, sancionar a terceros que interfieran ilegalmente en las campañas y en el proceso electoral. Pero sí se puede y sí se pudo, hacer oír su voz autorizada. No vimos durante todo el proceso ni una sola condena colegiada y formal en el seno de las sesiones públicas del consejo, acerca de estos actos claramente violatorios de la ley electoral y de los principios rectores de la función electoral. Y ésa sí era claramente una atribución del Consejo General y, en consecuencia, una obligación ética y política de cada consejero. Fueron abiertamente omisos. Podían haber hecho oír su voz alta y no lo hicieron.

También tenían la responsabilidad, y siguen teniéndola, de presentar las denuncias correspondientes ante la Fepade. Peor todavía que hayan quedado impunes sin que el Consejo General suba la voz ante las descaradas intromisiones de extranjeros, en violación del artículo 33° constitucional. No era aceptable la explicación del Instituto Nacional de Migración de que el extranjero Antonio Solá estaba contratado por una empresa privada a su vez contratada por un partido político: en todo caso justificaría su situación migratoria, no su anticonstitucional interferencia en los asuntos políticos del país, razón suficiente para su expulsión.

El Ejecutivo federal, responsable de la aplicación del artículo 33°, castigó al extranjero Antonio Solá concediéndole la nacionalidad mexicana a los 20 días del nuevo periodo presidencial. Ahora ese mexicano representa a Felipe Calderón en Madrid. Por lo que toca al ciudadano José Luis Barraza, recibe un homenaje al concluir su presidencia en el Consejo Coordinador Empresarial, al que acuden obsequiosos el entonces presidente del Consejo General, Luis Carlos Ugalde, y Calderón. Para redondear la sanción por el delito electoral en abierta violación del código, todo el mundo pudo leer las turbias condiciones en que le fue asignada la venta de Aeroméxico.

Arranca un nuevo proceso electoral. La reforma constitucional que prohibió comprar espacios en la radio y en la televisión para propaganda electoral es, sin duda, un enorme paso que, lejos de limitar la libertad de expresión, contribuye de manera definitiva a la equidad. Quedan dos peligrosas lagunas: una es el ya mencionado artículo 33° sin reglamentar. La otra es el poroso sistema de sustituciones en la integración de las mesas directivas de casilla, que tantas suspicacias provocó en 2006. Habrá que volver sobre estos temas.

http://www.milenio.com/node/91684

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Gerardo Fernández Casanova: Trabajadores petroleros

“Que el fraude electoral jamás se olvide”

Conforme a lo trazado en la estrategia, se cumplen las etapas de la
lucha en defensa del patrimonio nacional en materia de petróleo. Este
pasado domingo se concluyó con el proceso de la consulta pública,
mediante el cual más de dos y medio millones de mexicanos se
manifestaron en rechazo a las iniciativas de reforma de PEMEX
presentada por el gobierno espurio y, en por añadidura y en lo
conducente, a la formulada por el PRI de Beltrones. El comité
ciudadano que elaboró la propuesta alternativa por encargo del
Gobierno Legítimo y del FAP hizo su entrega formal y ya los senadores
del FAP la presentaron para su inclusión en las discusiones de las
comisiones senatoriales correspondientes. Todo está listo para que el
próximo domingo, en todas las plazas centrales de las capitales de los
estados y en la Plaza de la República del Distrito Federal, se
realicen las asambleas informativas del Movimiento Nacional en Defensa
del Petróleo, con lo que se mostrará que la determinación popular es
llegar hasta las últimas consecuencias para evitar la entrega de los
recursos naturales a la explotación por particulares y para asegurar
un operación energética congruente con los intereses de la Nación. El
caldero está, pues, en su punto.

Vale la pena detenerse a comentar respecto de la propuesta alternativa
que se entregó al Senado. En lo sustantivo, el conjunto de
modificaciones legales que se proponen (para el caso y por mandato
popular, se exigen) cierra cualquier resquicio por el que pudiera
pretenderse una privatización en toda la cadena que constituye la
industria petrolera; otorga a PEMEX las condiciones de autonomía
presupuestaria requeridas para su cabal desenvolvimiento, sin caer en
la trampa de la autonomía de gestión sino plenamente controlada por el
estado; prioriza la función detonadora del desarrollo industrial
endógeno otorgando preferencia a la ingeniería y a la provisión de
insumos, equipos y servicios de origen nacional; establece
disposiciones legales para asegurar el fortalecimiento del Instituto
Mexicano del Petróleo y de todos los organismos con capacidad de
desarrollo científico y tecnológico nacionales, evitando la perniciosa
costumbre que privilegió al extranjero; modifica la legislación
relativa a los derechos sobre la renta y los ingresos petroleros, en
términos de darle mayor transparencia y para permitir a la paraestatal
disponer de recursos de inversión para hacer frente a las necesidades
de su desarrollo y mantenimiento, incluidas las refinerías, los ductos
y las petroquímicas; ofrece los elementos legales necesarios para
combatir la corrupción y para asegurar una correcta rendición de
cuentas; aporta al diseño operativo del Consejo de Administración para
agilizar la toma de decisiones y profesionalizarlas. En resumen, la
iniciativa genera un verdadero fortalecimiento de la capacidad del
estado para conducir con eficacia y eficiencia el aprovechamiento del
recurso natural petrolero y ofrece la garantía de la seguridad
energética del país.

Hay sólo un punto en que la propuesta alternativa me parece
incorrecta. Me refiero al tratamiento de la participación de los
trabajadores petroleros en el Consejo de Administración. En la
actualidad los trabajadores participan en el órgano de dirección con
cinco representantes del Sindicato de Trabajadores Petroleros, cosa
que las propuestas de Calderón y de Beltrones dejan sin cambio. La
propuesta alternativa reduce a dos el número de representantes y lo
somete a elección libre y secreta por la totalidad de los
trabajadores, sin intervención de la directiva sindical. Voy a
argumentar:

1.- Lázaro Cárdenas merece toda la gratitud del pueblo de México por
la gesta de la expropiación petrolera, pero esta no hubiera sido
posible sin la intervención de los trabajadores, primero por su toma
de conciencia y la movilización de su fuerza (ni remotamente
comparable con los actuales sindicatos) que determinó las huelgas por
cuyas exigencias se dio el laudo de la Suprema Corte, el que condenó a
las petroleras transnacionales a cumplir las condiciones reclamadas
por los trabajadores, lo que constituyó el argumento básico para la
expropiación; segundo, por la entrega y la capacidad de los petroleros
mexicanos para mantener la industria en operación, aún con el boicot
decretado por las empresas y los gobiernos de sus respectivos países,
en oposición a la medida reivindicatoria. En México, junto a los
monumentos con la estatua de Lázaro Cárdenas, debiéramos tener
monumentos al petrolero desconocido. Esto generó un derecho histórico
insoslayable, menos aún para una propuesta formulada desde posiciones
de izquierda.

2.- El hecho incuestionable de que el Sindicato Petrolero ha devenido
en un organismo contrario a los intereses de los verdaderos
trabajadores y de la Nación, por causa de la corrupción de su
dirigencia, no justifica que se atente contra la vigencia del sistema
sindical. Si la representación ante el consejo se elige por fuera del
órgano sindical, se atenta contra su integridad. Es como si para curar
un mal se receten medicamentos que lo curen, pero que también maten al
paciente. La solución, por el contrario, es proveer a la movilización
de los trabajadores de base al efecto de que depuren su dirigencia y
puedan ejercer un sindicalismo honesto. Me queda claro que una de las
facetas de la corrupción de la actual dirigencia sindical es la que le
facilita al régimen del fraude electoral su intento privatizador. El
fortalecimiento del sindicato y su depuración serán siempre un
baluarte en la defensa del patrimonio nacional.

Dicho lo anterior, vámonos con todo en la defensa del petróleo. Nos
vemos el domingo en la plaza.

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Cobertura Consulta: En Jaliso Yo Decido

http://www.consultajalisco.org/index.html

En esta página podrán encontrar el lugar de las casillas para emitir su opinión sobre la Consulta Energética del próximo domingo 24 de agosto, la página traer todos los municipios en que se llevará a cabo en el Estado de Jalisco.  Haz CLICK AQUI y te llevará a la página de los organizadores de la Consulta Ciudadana en jalisco. Ahí sólo debes seleccionar tu municipio , hacer CLICK en VER  y se abrirá una pantalla  con  el listado de todas las mesas  del municipio, el distrito al cual pertenecen, la ubicación exacta y los responsables de ellas.

NO OLVIDEN LLEVAR SU CREDENCIAL DE ELECTOR IFE!!! SIN ELLA NO PODRAN PARTICIPAR

Consulta Ciudadana en Jalisco

Consulta Ciudadana en Jalisco

Horarios

Cabe señalar, que el próximo domingo 24 de agosto los centros de recepción abrirán de las 8:00 horas a las 18:00 horas, o hasta que el último de los ciudadanos formados termine de opinar.

Para ello, se instalarán centros de recepción ubicados en lugares de mayor afluencia ciudadana, cada uno con más de una mesa receptora de opinión. Los ciudadanos podrán inscribirse para ser funcionarios de estas mesas.

Mi agradecimiento muy especial al Lic. Esteban Garaiz por proporcionarme la dirección

http://www.consultajalisco.org

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Claudia Sheimbaum: Qué sigue después de la Consulta Ciudadana?

* Entrevista a la secretaria de secretaria de Patrimonio Nacional y coordinadora del Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo, Claudia Sheinbaum Pardo

La semana pasada, entre otras actividades, se nombró una comisión por parte del Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo, para definir el plan de acción que vamos a lleva a cabo. En esta comisión estamos Alejandra Barrales, Ricardo Ruiz, Jesusa Rodríguez y su servidora.

Queremos informarles como parte de este nuevo periodo, de esta nueva etapa, como parte del plan de acción, estamos planteando una parte que ustedes ya conocen, que es el apoyo a la consulta ciudadana que se realizará los próximos 10 y 24.

Vamos a continuar con estas actividades, saben que la consulta está apoyada por el Movimiento, por los partidos del Frente Amplio Progresista, y que está organizada por un consejo ciudadano y la observancia de Alianza y Propuesta Cívica.

La segunda es, también ustedes ya la conocen, pero vale la pena comentarla, es la propuesta que se va a presentar por parte del Frente Amplio Progresista al Congreso de la Unión, que se decidió que la preparara el grupo de expertos que participó en los foros de debate y el grupo de intelectuales en defensa del petróleo, que ya la están elaborando y en el momento en que esté lista, será presentada al Congreso de la Unión.

Y, la tercera, estamos llamando a una movilización nacional en todos los estados de la República, en todas las capitales de la República, el próximo 31 de agosto. En el Distrito Federal será en el Monumento a la Revolución y en todas las capitales habrá movilización de todos los brigadistas.

Esta es con el objetivo de estar alertas a cualquier albazo y a cualquier aprobación que pretenda la privatización del petróleo.

Hay otras actividades, que las iremos mencionando, pero estás son actividades que hemos decidido.

P: ¿En qué van a consistir estas movilizaciones?
R: Son mítines en las plazas principales de todo el país, con los brigadistas. Ustedes saben que al menos tenemos 200 mil brigadistas en defensa del petróleo en todo el país y este será el mecanismo de organización de esta movilización.
P: ¿En todo caso se les llamaría a movilizarse…?
R: En ese momento es para estar alerta y de acuerdo como se vayan dando las circunstancias, si quieren aprobar una propuesta –independientemente de la propuesta que haya presentado el grupo de intelectuales— que sea privatizadora, entonces haremos otro tipo de movilizaciones.

P: ¿Se están preparando, quizá sea muy fuerte decir, para la guerra, pero parece ser que es eminente una confrontación o un enfrentamiento entre quienes promueven la iniciativa privatizadora y no?
R: Ojalá y no se así, ojalá se abra la puerta a esta otra visión, que se está planteando, que es una visión que ya se demostró en la consulta ciudadana del pasado 27 de julio, en donde votaron en las nueve entidades de la República alrededor de un millón de ciudadanos y en el Distrito Federal 820 mil.

Es contundente lo que está diciendo la gente, que no quiere la privatización del petróleo y en ese sentido nosotros nos vamos a movilizar.

P: ¿Pero también parece contundente lo que están diciendo los panistas de que van a con todo?
R: Nosotros nos estamos preparando para la movilización, en caso de que suceda esto que tú mencionas, que lo planteen de esa manera, no vamos a claudicar de ninguna manera en una lucha que para nosotros es vital para nuestro país.

P: ¿Decía López Obrador que ya se tienen muchas acciones, éstos mítines es lo más barato?
R: Es lo primero.

P: ¿Qué opinión tiene con relación a la reunión que tendrán las dirigencias del PRI, PAN y PRD en el Senado de la República, este miércoles, para ver precisamente la reforma energética?
R: El PRD está trabajando por su cuenta, pero lo importante aquí es que haya un acuerdo de que quien presente la iniciativa sea este grupo de expertos e intelectuales.

P: ¿No afecta ese tipo de reuniones a la movilización a la cual ustedes están convocando?
R: De ninguna manera.

P: ¿Andrés Manuel qué dice al respecto?
R: Que te conteste Andrés Manuel. Muchas gracias.

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J. Enrique Olivera Arce: El tesorito en España

Como era de esperarse, para el gobierno español es motivo de regocijo la sola posibilidad de la privatización energética en México y la participación de las empresas de su país en la explotación petrolera. Las declaraciones del Jefe de gobierno, manifestando su optimismo en torno a la reforma que sobre el particular promueve Calderón Hinojosa, no dejan lugar a dudas. Al fin y al cabo, está en su derecho y su interés por ampliar la presencia  de capital español en América Latina; no sólo es legítimo sino que además explícitamente se encuadra dentro de las estrategias a seguir en materia de energía y política exterior del país ibérico.

Lo que no es justificable es el que Calderón Hinojosa haga caravanas con sombrero ajeno al gobierno y empresarios de la España monárquica, ofreciendo lo que es propiedad de todos los mexicanos y no del gobierno de México. Anticipándose a lo que en su momento el Congreso habrá de determinar en materia de reformas a PEMEX; dando por sentado que será con capital extranjero y no con recursos de la Nación como habrá de financiarse el fortalecimiento y modernización de la paraestatal.

Así como seguramente da por sentado que sus iniciativas serán aprobadas en los términos, de acuerdo a sus intenciones privatizadoras. Con debate, con consulta ciudadana o sin estos instrumentos. De otra manera hubiera sido más cauto, manifestando su respeto tanto al esfuerzo que tiene lugar en el Senado de la República, como en las iniciativas de llevar a consulta ciudadana  el tema petrolero. Lejos de ello, por principio de cuentas,  ante el gobierno español descalificó la riqueza de conceptos y clarificaciones que viene arrojando el debate, afirmando que únicamente se han discutido temas ideológicos y políticos y no elementos importantes y sustantivos de su iniciativa.

Con lo que, de paso, descalifica la historia del pueblo de México e ignora que precisamente lo que implica una reforma de fondo en PEMEX, responde a la necesidad de poner ciencia, tecnología y economía petrolera bajo la conducción de la política y al servicio de toda la Nación. Con la carga ideológica y visión de futuro que ello conlleva.

Reduciendo el debate en el Senado a una confrontación coyuntural de intereses partidistas con vista a futuros comicios. Lo que, sin descartarlo porque estamos en México, es asunto de política doméstica y no asunto a dirimir en el exterior frente a gobierno extranjero.

Resultado de una estrategia previamente acordada, se endurece la postura del PAN gobierno. Se substituye al coordinador de la bancada panista en el Senado por un incondicional de línea dura que, inicia su encargo declarando que una de las principales tareas de su grupo parlamentario es relanzar la defensa de las iniciativas presidenciales para modernizar Petróleos Mexicanos, a la par que también hace mofa del debate en el Senado descalificando a los ponentes invitados y afirmando que “…al concluir la discusión se extenderá a reporteros y personal de seguridad un diploma de expertos en energía por chutarse los foros, a los cuales estamos trayendo puras lumbreras”.

Así las cosas, la percepción que deja la primera etapa del viajecito de Calderón Hinojosa a España, es la de la existencia de una estrategia ya acordada con sectores afines del PRI de dejar pasar el debate en el Senado para, al término de este, sin más proceder a la aprobación de las iniciativas de reformas mediante el mayoriteo en ambas Cámaras, previo ajuste y maquillaje en lo oscurito atendiendo a intereses específicos del partido tricolor. Dejándole a los medios de comunicación la tarea de vender la idea de que la consulta ciudadana resulta improcedente,  porque sería una manifestación más de una absurda insistencia en privilegiar la ideología y la política por sobre lo sustantivo de los más caros intereses futuros de la Nación. El tesorito de Calderón.

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