Raúl Zibechi: En América Latina igual que en África

La política de seguridad y defensa de Estados Unidos hacia América Latina, en el periodo posterior al 11 de setiembre de 2001, no suele ser formulada de forma tan nítida y transparente como lo hace el Pentágono en otras regiones. En no pocas ocasiones, quienes estudian y analizan las políticas de Washington hacia su patio trasero, chocan con opacidades y medias verdades, y deben rastrear los objetivos trazados por la superpotencia a través de una multitud de rastros dispersos, para luego armar el rompecabezas.

En el caso del Comando de África (Africom), creado el 6 de febrero de 2007, las propias publicaciones vinculadas a las fuerzas armadas estadunidenses develan los objetivos que se persiguen con su creación, con tanta transparencia que merecen ser leídas como forma de comprender mejor la polítca del Comando Sur (USSOUTHCOM) y la recién creada Cuarta Flota, con injerencia en América del Sur, América Central y el Caribe.

El Africom supuso la creación de un comando único para África, continente del que antes se ocupaban tres comandos: el Comando Europeo; el Comando Central, que se encarga de la estratégica región de Medio Oriente, y el Comando del Pacífico. El Africom involucra a todos los países africanos, con la excpeción de Egipto, que por sus vínculos con Medio Oriente e Israel está bajo responsabilidad del Comando Central.

En el discurso en el que anunció la creación del Comando de África, George W. Bush mencionaba los términos “desarrollo, salud, educación, democracia y crecimiento económico”, entre los objetivos prioritarios a desarrollar. Una primera cuestión a tomar en cuenta, que enseña la amplitud de campos de intervención de la fuerza militar.

El Pentágno considera que la creación del Africom obedece a “la creciente importancia geopolítica que África representa para los intereses de Estados Unidos”, según un informe de la revista Military Review (marzo-abril de 2008), portavoz del pensamiento militar. Entre los “intereses estratégicos” que Washington procura defender en África, figuran: combatir el terrorismo, contener conflictos armados y crisis humanitarias, retardar la difusión del sida, bajar la tasas de criminalidad internacional, garantizar el acceso a recursos naturales y contrabalancear la creciente influencia china. Fuera de duda, son las dos últimas las cuestiones centrales, y a las que el mencionando informe dedica el mayor espacio.

Respecto a la necesidad de “salvaguardar la energía”, objetivo prioritario del Pentágono, se concluye que Estados Unidos “llegará a depender cada vez más de la capacidad de África de producir petróleo, un artículo de existencia limitada”. Calcula que hacia 2015, 25 por ciento del petróleo que importa Washington provendrá de África, frente a sólo 18 por ciento de 2006. Ya en ese año, el petróleo africano estaba apenas por debajo del importado desde el golfo Pérsico (1.8 millones de barriles diarios frente a 2.2 millones), destacando Nigeria que es hoy el quinto proveedor de Estados Unidos. Según la revista militar, “el Africom podría involucrarse una vez más en la seguridad marítima del golfo de Guinea, con la finalidad de cooperar en el control de volatilidad (del precio del petróleo), dado que existe gran potencial para perforación petrolífera en aguas profundas”.

La “influencia de China en África” es la otra gran preocupación militar de Estados Unidos. “El continente está emergiendo rápidamente como un campo de batalla competitivo, que ha sido descrito por algunos intelectuales estadunidenses de defensa, como una guerra fría económica con China, especialmente por la obtención de recursos”, señala Military Review.

Los analistas militares consideran que la competencia por petróleo es “una preocupación estratégica para Estados Unidos”, lo que implica que es un tema militar de primer orden, que puede ameritar acciones de combate.

Con 700 empresas estatales chinas en África, el país asiático se ha convertido en el tercer socio comercial del continente luego de Estados Unidos y Francia, por delante de Gran Bretaña. El comercio bilateral África-China creció de mil millones de dólares en 1995, a 50 mil millones en 2006. Angola y Sudáfrica, con 20 mil millones entre ambas, encabezan la lista. En septiembre de 2002, Estados Unidos advirtió a China que no apoyara a “los países abundantes en recursos naturales sin considerar el nivel de desgobierno o mal comportamiento en el exterior de esos regímenes”, en el documento La estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos.

Aprendiendo de los fracasos en Irak y Afganistán, donde la victoria militar se terminó evaporando, el Pentágono pretende ensayar “un nuevo paradigma de seguridad” en el que el desarrollo y la seguridad vayan de la mano y se refuercen mutuamente para anticipar crisis y conflictos. En su particular lenguaje, se trata de poner en primer lugar las “operaciones de estabilidad” que, en adelante, tendrán rango similar a las operaciones de combate. Esto se concreta en que el Comando de África asume el control de las agencias de cooperación para el desarrollo, como USAID y otras “organizaciones civiles”. Dicho de otro modo, y tal como lo formula Military Review: “¿Cómo se conforma una estructura que es un comando unificado militar, pero que necesita incorporar la suficiente participación civil y además no parecer que toma el control de estas agencias y autoridades?”

Ése es precisamente el punto. En este continente, los problemas centrales para Washington son hidrocarburos y el llamado “populismo radical”, que incluye desde Cuba hasta Venezuela y Bolivia, y un amplio abanico de movimientos sociales. Toca descubrir, denunciar y aislar, sin caer en formas de macartismo y estalinismo, a aquellos “civiles” que trabajan para defender los intereses imperiales, “sin parecer” que lo hacen para “un comando unificado militar” del Pentágono. En América Latina, la cooperación para el desarrollo evidencia que las fronteras entre lo militar y lo civil son casi imperceptibles.

* La Jornada

* http://www.jornada.unam.mx/2008/09/12/index.php?section=opinion&article=023a2pol

Jorge Zavaleta: La amazonía en venta

Los gremios más representativos de las comunidades nativas de la Amazonía anuncian que si el gobierno peruano prosigue en su intento de rematar los recursos naturales, los pobladores retornarán a sus bosques, no reconocerán al Estado y evitarán a toda costa el ingreso del capital privado.

Mientras los movimientos científicos y sociales buscan salidas para paliar el brusco cambio climático a través de mayor protección de la rica biodiversidad amazónica, el gobierno del Perú enfrenta batalla legal contra las comunidades de la Amazonía con el fin de atender el ingreso privilegiado del capital privado, arrasando ancestrales derechos de propiedad de sus antiguos pobladores.

Pues los habitantes de la Amazonía, esta vez han decidido articular una oposición sólida y constante, para evitar la arremetida gubernamental aprista y que se repita otro capítulo de violencia y olvido del Estado.

Para no retroceder a la época de los caucheros, en los pueblos de la selva aún están frescas las negras historias de colonos que recibieron grandes concesiones de tierras y establecieron relaciones de esclavitud con los aborígenes.

Solo una muestra. En los años cincuenta, al igual que en esta primera década del siglo XXI, hubo una ola privatizadora. La dictadura del entonces general Manuel Odría autorizó el ingreso a la selva del Ucayali del rico empresario Letorneau, llamado “Socio de Dios”.

Equipado con modernos tractores y potentes aserraderos, la empresa franco norteamericana apareció con una legión de predicadores del cristianismo ortodoxo y fundó más de una congregación y un centro de investigación de las lenguas nativas. Detrás de esa avanzada religiosa, las máquinas se encargaron de derribar miles y miles de hectáreas de bosques. En menos de 20 años, las más finas especies como cedro y caoba desaparecieron y no hubo autoridad que se preocupara por la reforestación.

La entonces pequeña ciudad de Pucallpa, capital de Ucayali, fue convertida en un desierto que no cesa de crecer con pobladores que huyen de las profundidades del bosque, en tanto, desde los puertos ribereños de los afluentes del Amazonas, parten rumbo a EEUU y Europa los barcos aserradores cargados de ricas especies naturales.

Desde mucho antes, la vida de las comunidades aborígenes fue muy difícil. Los habitantes del oriente peruano fueron tratados como desconocidos, como los otros. La subalternidad y la otredad, restan valor a la diversidad cultural.

Los nativos no se oponen al desarrollo integral de sus pueblos. Lo único que desean es que el inversionista respete su hábitat y que la explotación de los recursos sea el fruto de la concertación entre Estado y capital, en el marco de una legislación ambientalista, que hasta ahora es letra muerta.

En este tercer año del segundo gobierno aprista, el país pasa por una coyuntura que podría servir para refundar el Estado a partir del armónico desarrollo de la Amazonía. Pero ocurre lo contrario. El Ejecutivo ha reconocido que se equivocó de estrategia al saltar los compromisos internacionales como el Convenio 169 de la OIT que obliga al Estado a consultar a las comunidades sobre cualquier cambio en la forma de enajenación de las tierras.

El Congreso de la República, con el respaldo de la Defensoría del Pueblo y el voto oficialista en contra, ha tenido que derogar un primer Decreto Legislativo que reducía el número de votos necesarios de las comunidades nativas y campesinas para la toma de sus acuerdos.

Esta aparente tregua no convence a los aborígenes, porque el gobierno solo pretende afinar las condiciones para no entregar a los inversionistas los proyectos de exploración y extracción de petróleo, gas y biocombustibles, así como las vías interoceánicas con Brasil sin escuchar las demandas sociels de los comuneros.

La realidad de estos días revela improvisación de los gobernantes. Las unidades de prevención del Consejo de Ministros no muestran identificación con los proyectos del Ejecutivo. La tensión social sigue latente, aunque la autoridad política niega afanes represivos. En la reciente y pacífica movilización de la selva, la policía ha actuado con violencia. En Bagua, cerca de la frontera con Ecuador, fueron heridos de balas y perdigones varias decenas de comuneros. Las dirigencias comunales denunciaron que son objeto de persecución política por parte de la gubernamental Agencia Peruana de Cooperación Internacional.

La actual administración, no obstante su oferta electoral de continuar con la modernización del Estado iniciada por los presidentes Paniagua y Toledo, no ha involucrado la selva. Solo se ha centrado en más privatizaciones, nuevas regulaciones y liberalización de los mercados, sin tocar el “antiguo régimen”. La corrupción del Poder Judicial contribuye a la falta de credibilidad de las principales instituciones, aunque parece que este clima no incide todavía sobre el crecimiento de la macroeconomía.

Lamentablemente el Estado no tiene capacidad para trabajar con la Amazonía. En julio último, recién creó el Ministerio de Medio Ambiente para cumplir con los requisitos que establece el TLC con EEUU. Pero los informes de las propias organizaciones comunales indican que a la fecha 163 comunidades tienen dificultades en tramitar su titulación, 143 han solicitado ampliación de sus límites territoriales y otro tanto tiene conflictos de delimitación y de otro tipo.

El presidente Alan García con su discurso de El Perro del Hortelano, descalifica la posición de los nativos y solo busca beneficiar a las empresas mineras, petroleras y otros agentes interesados en las tierras de las comunidades campesinas y nativas. Ejemplos sobran:

La extracción del gas de Camisea, es un proyecto que tenía como objetivo cambiar la matriz energética del país y cubrir las necesidades de los pueblos por donde atraviesan los gasoductos del Cusco a Lima. Pero por falta de planificación, las principales ciudades del país hoy sufren apagones para derivar energía a las fábricas. Tirios y troyanos se preguntan ¿cómo organismos como el BID han comprometido a sus mejores técnicos en un lucrativo proyecto de exportación de gas natural a México y Chile, sin prever la demanda interna de la costa y menos aún de los pueblos del sur del Perú?

Las comunidades nativas consideran que García ignora sus culturas y que pretende gobernar sin consultar y dialogar con los involucrados. “Para la sociedad occidental la tierra es de uno cuando el título de propiedad está inscrito en los Registros Públicos. Para los indígenas el dueño es la Madre Tierra”. Los andinos la reconocen como Pachamama. La tierra, las montañas y cataratas son sagradas”, proclama la AIDESEP, organización que lideró el último paro regional.

Datos

La Amazonía tiene más de un millón de pobladores nativos, distribuidos en Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia, que forman parte de 177 grupos étnicos.

La Amazonía peruana abarca el 60% del territorio nacional y es habitada por el 13% de los 28 millones de peruanos.

Son 774.649 kilómetros cuadrados, donde viven unos 650.000 indígenas de 65 etnias, cada uno con su propio idioma y cultura.

Hay numerosos distritos donde la pobreza extrema llega al 100% y la perniciosa inflación está muy por encima de los 6 dígitos que aparece en Lima.

Solo en la Amazonía peruana existe el 10% de la biodiversidad del mundo y alberga el 30% del agua dulce.

http://www.argenpress.info/2008/09/per-la-amazona-en-venta.html

John Saxe-Fernández: Calderón, ficha de EU

El endoso de Calderón a la integración militar bajo auspicio de EU por medio del Comando Norte (CN), la ASPAN, la Iniciativa Mérida y el Proyecto Mesoamérica, arriesga la integridad territorial mexicana y le adjudica a la oficina presidencial el patético papel de “ficha” (asset) de EU en el tablero estratégico de las Américas; una capitulación de soberanía y de liderazgo latinoamericano que comparte con Álvaro Uribe, su homólogo colombiano.

Cabe recordar que la Iniciativa Mérida, gemela del Plan Colombia, es un inductor presupuestal que integra a México al CN mediante negocios: asesorías, equipo, entrenamiento, intercambio de información y movilización conjunta de tropas bajo los bastidores de empresas contratistas tipo Blackwater y DynCorp, brazos clandestinos del Pentágono al mando de ex oficiales militares y de inteligencia estadunidenses, como ya se advirtió desde estas páginas.

La construcción imperial de coaliciones de corte militar-empresarial, usando el CN y la ASPAN, se encamina, por conducto de la Iniciativa Mérida, a desvanecer la función de “defensa nacional” en las fuerzas armadas mexicanas, para sustituirla por tareas de “seguridad interna” o de corte netamente policial.

Estas instancias castrenses también se coordinan con el Comando Sur que opera del Suchiate a la Patagonia y tienen entre sus objetivos: a) el posicionamiento territorial para el control de la población y los recursos naturales de América Latina con despliegues de bases, operativos navales, aéreos y terrestres; y b) la utilización de la Iniciativa Mérida y el Plan Colombia como arietes para una ofensiva oligárquico-imperial encaminada a generar sinergias entre ambos comandos que refuerzan su dominio de América Central y el Caribe desplegando operaciones abiertas y encubiertas para socavar, por la vía de la desestabilización socioeconómica y militar, el proceso de formación de coaliciones sudamericanas en curso.

La mencionada sinergia se explicitó en el comunicado del Proyecto Mesoamericano cuando los nueve mandatarios participantes “… reiteraron su disposición a estrechar la cooperación entre sus países y con EU en el marco de la Iniciativa Mérida” (BBC-Mundo, 29/6/08).

Esos operativos se intensificaron después que Brasilia informó a la secretaria Rice de su apoyo para la formación de una estructura sudamericana de defensa que excluye a la potencia norteña.

Al poco tiempo se registraron los violentos ataques contra territorio ecuatoriano desde Colombia, haciéndose visible la acción oculta de EU actuando a través de su “ficha” colombiana.

Así se puso en práctica la doctrina de la guerra preventiva, de las “fronteras flexibles” y de lo que el Pentágono concibe como el derecho de intervenir militarmente en “espacios de precaria gobernabilidad” –dotados sin excepción de abundantes y estratégicos recursos naturales–, todo en abierto desacato del derecho internacional y de acuerdos multilaterales suscritos por EU con América Latina.

El regreso de la “diplomacia de las cañoneras” con la puesta en operación el martes pasado de la cuarta Flota –establecida durante la Segunda Guerra Mundial contra ataques submarinos alemanes y desactivada desde 1950– lo anunció el Pentágono con una gira por la región del almirante Jim Savridis, a cargo del Comando Sur, exactamente una semana antes del cónclave fundacionaaal de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), realizado en Brasilia, el 23 de mayo pasado, cuyo fundamento es la defensa conjunta de la inviolabilidad territorial de los firmantes, en contraste con las doctrinas y programas castrenses hilvanados con diseños de desincorporación territorial del Banco Mundial-BID y ONG “ambientalistas”, para una refuncionalización estadunidense del espacio nacional, como ocurrió con los ferrocarriles de México y que la iniciativa energética de Calderón llevaría a los vastos complejos económico-territoriales, involucrados en la operación diaria de. Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad.