Julio Morejón: Israel: Una ideología en harapos o trampas de Benjamín

Israel se estremeció cuando a principios de mes casi medio millón de manifestantes se concentraron en diversas ciudades para exigir al gobierno del bloque Likud, de Benjamín Netanyahu, cambios económicos y sociales.

 

Ese país -tenido como uno de los más estables del Oriente Medio, pese a su cariz guerrerista- ha sufrido en ocasiones convulsiones internas que lo colocaron al borde de la crisis, como resultó cuando las guerrillas del Hizbalá derrotaron a sus tropas en la pasada guerra de Líbano.

Tal suceso repercutió negativamente en la élite político-militar israelí, que percibió el revés como el resquebrajamiento de su poderío subregional y que podía afectar su abigarrada concepción de la seguridad, especialmente antiárabe.

Sin embargo, el actual conflicto social no parece relacionarse en forma directa con el “enemigo tradicional”, sino que es la expresión pública de un proceso que denota las inconsistencias de un sistema que trata de preservar dogmas de una ideología política ajena a la contemporaneidad.

Esta vez son los llamados indignados, integrantes de un movimiento nacido en Tel Aviv, que en corto tiempo aglutinó a millares de ciudadanos alrededor de demandas relativas al declive del nivel de vida y contra la incapacidad gubernamental de restablecer paradigmas de beneficios que les salvaguarde de la ortodoxia neoliberal.

La iniciativa tomó forma cuando una joven, Dafni Lif, “plantó una tienda de campaña en un céntrico bulevar de la ciudad tras quedarse sin el apartamento que alquilaba”.

Ese caso fue seguido por otros en similares o en parecidas condiciones, lo que llenó con celeridad la avenida de centenares de cobertizos, una clara manifestación de protesta que continuó escalando cada día.

En julio salieron a la calle 300 mil indignados, sobre todo, para rechazar el alto precio de la vivienda en todo el país.

A principios de este mes se convocó a la llamada marcha del millón, que finalmente sacó a 450 mil personas a las calles israelíes, y se evalúa como la movilización más importante en la historia del Estado.

Según la prensa, tras la demostración en Tel Aviv, la inconformidad “se extendió a otras ciudades y fue el movimiento más amplio de protesta socioeconómica que tuvo como germen la lucha contra los elevados precios de la vivienda, para luego pasar a pronunciarse en contra del incremento del costo de la vida”.

Esa situación lanza por la borda el criterio de que el modelo socioeconómico israelí carece de distorsiones o deformaciones como lo hicieron creer en el imaginario internacional desde los tiempos de su instalación como Estado, en mayo de 1948.

En aquel entonces la célula esencial era el factor colectivo, que posibilitó avanzar en su desarrollo interno y como gendarme de occidente en la estratégica región del Oriente Medio, después la imagen de cooperativa cedió su espacio a la propiedad privada corporativa y luego a la de tipo neoliberal, la cual opera ahora.

Si bien el sueño del Gran Israel persiste como un propósito colonial y se evidencia su apego con la usurpación de tierras árabes, ocupadas durante 1967, cuando la llamada Guerra de los Seis Días, hoy la realidad es una bofetada muchas veces inesperada y difícil de esquivar, y la pretendida fraternidad es historia.

Muchas demandas se centraron en la carestía de la vivienda, cuyos precios en los últimos cinco años aumentaron alrededor de un 30 por ciento, lo que se considera un asunto muy sensible, incluso entre los más escépticos.

Los jefes de la protesta social subrayaron que no hay una decisión oficial de ningún tipo para desarticular sus protestas e insistieron en que cada integrante de la demostración decidiera individualmente sus próximos pasos en las jornadas que se avecinan, que podrían ser convulsas.

Según ellos, los lugares de acampada desde el pasado mes de julio “se convertirán a partir de ahora en puntos de encuentro para foros de debate y asambleas”, lo cual puede devenir testigo crítico o enjuiciar la gestión de la autoridad.

Los recientes sucesos son acciones que fragmentan la imagen unitaria confeccionada por el Estado de Israel; afloran fisuras en la médula política y a eso se adiciona el descrédito moral a la luz del derecho por la apropiación de zonas palestinas para ampliar las colonias en Cisjordania y el bloqueo a la Franja de Gaza.

Todo esto acontece cuando un asunto crucial se debatirá en las Naciones Unidas, la inclusión de Palestina como Estado miembro de esa organización, la cual en 1948 adoptó la Resolución 181 (II) que arrancó a ese territorio de su histórico asiento y lanzó a su pueblo a un peregrinar aún sin concluir.

Algunas fuentes facultadas para conceptualizar el momento por el que transita Tel Aviv dejan claro que ese instante no se debe agotar y plantean la configuración de un liderazgo útil y realista e incluso se refieren a que es positiva una remodelación de la izquierda frente al ultraderechismo del Likud.

En esa línea, la incertidumbre motiva pensar cuál será la nueva jugada de Benjamín Netanyahu ante el escarnio mundial anunciado, cuando la ONU acepte en su seno en octubre a un país ocupado, lo cual se estima respalden unos 160 países.

Sin embargo, no es de extrañar que para capitalizar algunos puntos el primer ministro maniobre con la carta del oportunismo.

Netanyahu podría optar por enmascarar problemas básicos de su administración, los cuales harían estallar al Estado como institución y culpar por ellos, como lo ha hecho antes a la crisis mundial, como al entorno árabe y a sus vecinos palestinos, en fin, todo para restar credibilidad al evento histórico que se aproxima.

Al final, la interrogante que subyace es hasta cuándo Benjamín continuará haciendo trampas.

Julio María Sanguinetti: No basta votar

Bien se sabe que la democracia no es sólo elecciones, condición necesaria pero no suficiente. Una democracia supone un gobierno electo por el pueblo; como dice Popper, procedimientos no violentos para sacudirse una mala administración; la adecuada autonomía de los poderes de gobierno; la vigencia consentida de un Estado de derecho y el respeto general por las libertades y garantías de los ciudadanos.

En el umbral del Bicentenario de nuestras repúblicas latinoamericanas, ese ideal tan largamente acariciado, está aún lejos. Se vota: todos los gobiernos, salvo la conocida excepción cubana, son resultado de elecciones y ello debe valorarse. Incluso en los dos países más grandes, podemos señalar algunos avances notables. Brasil posee hoy partidos nacionales estables y México ha estrenado un sistema electoral transparente con una alternancia política razonablemente aceptada.

Más allá de estas gratificantes comprobaciones, nos encontramos con inestabilidades y degradaciones imposibles de ocultar. Caído el Muro de Berlín y superada la guerra fría, nuestro hemisferio se alejó de la diabólica dialéctica de unos sustentando guerrillas marxistas desde Cuba y otros dictaduras desde Washington. Pareció que nos llegaba un tiempo de paz, en que la democracia podría brillar, pues dependía simplemente del esfuerzo de los demócratas latinoamericanos. Los hechos no han sido tan gratificantes.

En Brasil (1992), renuncia el presidente Fernando Collor de Melo ante la inminencia de un juicio político. En Paraguay (1999), el presidente Cubas renuncia y se exilia en Brasil, a raíz de las revueltas desencadenas por el asesinato del vicepresidente Argaña, quedando la Presidencia en manos del titular del Senado González Macchi, quien a duras penas termina su mandato. El caso peruano fue uno de los más detonantes, con la dimisión de Alberto Fujimori (2000), quien abandonó la Presidencia luego de ser reelecto, a raíz de descubrirse una trama siniestra de corrupción y espionaje que manejaba un capitán Montesinos, de triste memoria. Argentina (2001) vio caer al presidente Fernando de la Rúa a raíz de una crisis económica severa y el acoso de piquetes organizados que se adueñaron de la calle; todo lo cual dio paso a tres presidentes provisionales en dos meses, finalmente sustituidos por Eduardo Duhalde, quien alcanza la normalización institucional. En Bolivia, entre 2003 y 2005 se produce la estrepitosa caída del presidente Sánchez de Lozada, y más tarde la de su sustituto Carlos Mesa, para abrir espacio finalmente a la elección de Evo Morales, administrador de un país agrietado en dos partes por un persistente conflicto étnico. En Ecuador (2005), el presidente Lucio Gutiérrez cae en medio de revueltas populares.

Este sucinto relato apenas resume las caídas presidenciales. No podemos ignorar la degradación democrática que se vive bajo gobiernos populistas como el de Venezuela, donde se ha instaurado la Presidencia eterna y cerrado la principal estación privada de televisión, mientras la otra independiente sobrevive bajo amenaza. A lo que se añaden vaciamientos institucionales tan fuertes como el de que, electo en Caracas un alcalde opositor, se dictó una ley despojándolo de todas sus competencias, transferidas a una nueva superautoridad creada para administrar la ciudad capital. Tampoco cabe olvidar la permanente furia reeleccionista que entra a los mandatarios en ejercicio y que no parece terminar.

Todo esto viene a cuento de los dramáticos episodios ocurridos en Honduras, que registran el primer golpe militar de esta etapa histórica. Golpe sui géneris, porque nació del Parlamento y el Poder Judicial, que enfrentados al presidente terminaron reclamando una intervención militar para deponerlo y desterrarlo. No hay duda de que este presidente se había extralimitado hasta el punto de que no hubiera un solo diputado de su partido que levantara la mano en su favor. Pero tampoco hay duda de que cualesquiera fueran sus excesos, nunca debió ser el Ejército el arbitrario ejecutor de un derrocamiento presidencial, que bien ha sido calificado internacionalmente como un golpe de Estado.

Dos siglos de independencia no habilitan ya más excusas. No se puede seguir hablando de la herencia hispánica, del imperialismo norteamericano o del comunismo internacional. Nuestras repúblicas aún adolecen de inmadurez democrática y ello se advierte en el debate diario. Si una dictadura es de izquierda o derecha, será buena o mala para unos u otros, al margen de su condición autoritaria. Y ello ocurre en los medios políticos tanto como en las universidades, todavía ancladas en debates ideológicos que ya debían haberse librado a la historia.

Hemos vivido un quinquenio milagroso del mercado internacional, que derramó excedentes fabulosos. Hubo algunos avances, pero magros en el conjunto, porque -como dice Alain Touraine- “las chances de desarrollo dependen hoy más de las condiciones políticas y sociales que de las condiciones económicas”. Sólo los países con estabilidad pudieron aprovechar satisfactoriamente la bonanza, como pasó en Chile, Brasil, Colombia o Perú. Pasada la buena racha y enfrentados nuevamente a la dura competencia de los mercados, se hace más imprescindible que nunca la seguridad jurídica y la estabilidad política. Que es, justamente, lo que vemos resquebrajarse en variadas partes del hemisferio.

Julio María Sanguinetti, ex presidente de Uruguay, es abogado y periodista.

Fuente: El País

Celso Calfullan: El cinismo de la derecha y del gobierno chileno

En líneas generales uno no puede estar de acuerdo con la expulsión de ninguna persona, en ningún país del mundo y no importa si este personaje es chileno o no. Pero lo que no podemos aceptar es el cinismo de los representantes de la UDI y RN, que salen condenando este hecho, haciendo gárgaras con el tema de los derechos humanos. Estos mismos personajes apoyaron a la dictadura de Pinochet en Chile y también apoyaron el asesinado, tortura y desaparición de miles de chilenos, sin decir absolutamente nada; bueno esto último no es correcto: por años ellos negaron que eso fuera verdad.

El cinismo de la Concertación.

Los gobiernos de la Concertación han expulsado a varios ciudadanos españoles, italianos y argentinos de este país, sólo por visitar algunas comunidades mapuche en el sur del país y para que no se enteraran de los atropellos a que son sometidos por el gobierno chileno. En ese caso parece que las expulsiones fueron correctas y no representaban ninguna violación de los derechos de las personas expulsadas y todavía menos de los mapuche.

Los Derechos Humanos y el sesgo político que hay detrás.

La derecha y la Concertación siempre están muy dispuestos para acusar las violaciones a los DD.HH. en países como Cuba, Venezuela, Bolivia o donde les indiquen sus amos Norteamericanos. Pero la derecha y la Concertación nunca hacen mención de las violaciones a los DD.HH. que realizan los Norteamericanos en Guantánamo; parece que las torturas aplicadas por los Estados Unidos, no son violaciones a los derechos humanos. Algo similar ocurre con las violaciones a los DD.HH. en China, parece que en ese caso son más importantes los acuerdos económicos bilaterales, que los derechos humanos de los chinos, así podríamos seguir con una lista interminable de ejemplos.

Viva la libertad de expresión de la derecha.

Otro ejemplo fue cuando Hugo Chávez cerró un canal de televisión en Venezuela. La derecha y la Concertación rasgaron vestiduras e hicieron gárgaras con la defensa de la libertad de expresión. Pero hace pocos días los fascistas y esclavistas de Santa Cruz (para los que no lo saben en las haciendas de Santa Cruz, todavía existen indígenas que son esclavos), se tomaron y destruyeron un canal de televisión y cerraron varias radioemisoras en Santa Cruz; de nuevo en este caso no tuvieron la misma actitud y no hubo llamados a defender la libertad de expresión. Lo mismo hizo la prensa de casi todo el continente que es controlada por los grandes grupos económicos de derecha, ellos prácticamente ocultaron todos los acontecimientos llevados acabo por la derecha fascista boliviana.

Estados Unidos: Viva la democracia, siempre y cuando sea de derecha.

En los Estados Unidos, son tan democráticos, que si alguna vez tuviste la osadía de criticar las políticas del imperio, ellos se reservan el derecho a dejarte entrar al país o no. Es como si te expulsaran antes de entrar al país. Esto sí es democracia, no la de Chávez.

http://www.elclarin.cl/index.php?option=com_content&task=view&id=13322&Itemid=45

Lydia Cacho: Paramilitares en casa

Cuando aun tenía escoltas de la AFI por amenazas de muerte, los guardias privados de mi vecino, un millonario norteamericano, preguntaron a mi escolta cómo conseguir armas.
Cada día encontramos más grupos de seguridad privada dispuestos a llevar armas, legales o ilegales, para proteger las propiedades y personas de las familias adineradas de México, que a pesar de la inseguridad eligen quedarse en nuestro país.
Las leyes de la Física dicen que todo vacío tiende a llenarse eventualmente; es así como el vacío de seguridad poco a poco es llenado por especialistas de protección personal.
Ni siquiera las agencias de seguridad tradicional parecen confiables para quienes pueden pagarlas.
Nada pueden contra narcotraficantes, sicarios, zetas y secuestradores profesionales fuertemente armados. El comercio de armas ilegales es una realidad.
Este fenómeno no es nuevo, Colombia pasó por la creación de cuerpos especializados que más tarde pasaron a formar parte de grupos paramilitares criminales llamados Autodefensas Unidas. La complejidad del tema apenas nos permite poner sobre la mesa algunas preocupaciones.
En los tiempos del famoso Tigre Azcárraga, dueño del gran emporio televisivo nacional, el Ejército creó un grupo de especialistas asignados para él y para los periodistas de la empresa.
Estos soldados fueron elegidos minuciosamente, entrenados como escoltas y dotados de armas, cuyos permisos se renuevan cada año luego de un examen y el registro. Nadie más que el ejército puede autorizar la asignación de armas legales para guardianes que no pertenezcan a agencias policíacas especializadas.
Y sólo el ejército aprueba la portación de armas para caza deportiva o clubes de tiro. Los escoltas desarmados, lo sabemos, no son otra cosa que escudos humanos para balas, testigos de robo o secuestro, o chóferes de lujo. Los empresarios también lo saben.
Monterrey, el Distrito Federal, Sinaloa y Guadalajara son algunas de las ciudades con un mayor número de familias resguardadas por escoltas privados, la mayoría armados y entrenados para matar si es necesario.
Algunos privilegiados, como la dueña de FEMSA, son escoltados por el FBI.
Cada día más empresas especializadas en valoración de riesgo, risk assesment, abren oficinas en México. Son ejecutivos altamente especializados en estrategias integrales de protección de personas y familias adineradas. Negocian rescates, investigan al personal que labora en casa o en la empresa, desde la nana hasta la secretaria.
Algunos que han hecho grandes fortunas en Colombia, a raíz de la guerra contra el narco y la inseguridad resultante, han visto el potencial de México.
Su creciente presencia contradice las buenas noticias que nos cuentan desde Gobernación. Más allá de la anécdota, resulta imprescindible analizar las consecuencias que pueden resultar de este fenómeno de cuerpos de seguridad privada o policías paralelas.
Cuando el dueño de un poderoso diario nacional dijo que huye de México por miedo otros veinte le siguen. El nerviosismo del gobierno no es menor, los inversionistas que se expatrían por la inseguridad, eventualmente se llevaran su dinero, dejaran de invertir en nuestro país. Décadas de corrupción e impunidad revelan sus efectos, ahora contra ricos y pobres.

http://www.noroeste.com.mx/opinion.php?id_seccion=104

J. Enrique Olivera Arce: El pueblo calla pero no olvida

Desde un destacado columnista que le calificara como show, hasta un secretario de gobierno que minimizara la relevancia social y política de un hecho insólito a todas luces lamentable en suelo veracruzano, nadie, en los círculos políticos y mediáticos de la entidad, interpretó el verdadero significado de la inmolación del luchador social y líder agrario Ramiro Guillén Tapia, o cuando menos eso reflejó el tratamiento a la información por los medios y opinión de diversos comentaristas. Hubo necesidad de que un hombre, conocedor del trasfondo espiritual de la conducta humana, alzara su voz para destacar y entender un hecho ya conocido por el mundo entero.

Sí. Únicamente el Arzobispo de Xalapa, Hipólito Reyes Larios, dijo que la muerte del dirigente indígena es una “llamada de atención a las autoridades” para que tengan oídos y ojos abiertos a la realidad, siendo urgente hacer justicia y evitar que más personas recurran a medidas desesperadas para ser escuchados.

Pueden surgir muchas voces justificando la actuación de las autoridades en este caso específico, o en otros similares. Fundamentadas o no, lo cierto es que en todo el país empiezan a surgir “llamadas de atención” que no pueden echarse en saco roto, ignorándolas o minimizándolas. Hoy, a cuarenta años de la masacre del 2 de octubre del 68, otro hecho insólito lo recomienda: un joven brillante, tras recibir de manos del Sr. Calderón Hinojosa en Palacio Nacional un valioso reconocimiento por su desempeño académico, cara a cara, de frente, le espetó a la máxima autoridad de este país el epíteto de “espurio”. Guardada la necesaria proporción, entre el acto voluntario del dirigente campesino auto inmolado y el atrevimiento del joven galardonado, no existe diferencia. El valor para manifestar el descontento social frente a un gobierno sordo y omiso les iguala.

¿Qué pasa en México? Es lo que deberían preguntarse las autoridades frente a hechos que hablan por sí solos de un país sin rumbo, víctima de la pobreza y la desigualdad, sumido en la corrupción, la impunidad, la desconfianza y el burocratismo. Pero también, para nuestro infortunio, en un cada vez mayor grado de indiferencia y deshumanización en amplios sectores de la población.

El Arzobispo Reyes Larios, por diplomacia o por no lastimar la imagen del gobierno que preside su amigo, Fidel Herrera Beltrán, se quedó corto. La “llamada de atención”, equivale a un “ya basta” y así se interpreta en los sectores más desprotegidos, especialmente en las comunidades indígenas cuya paciencia se agota, tras quinientos años de espera de un trato justo que nunca llega.

He escuchado algunos comentarios en los que se señala “que el mal ya está hecho, la noticia de la inmolación de Ramiro Guillen Tapia ha dado la vuelta al mundo para desprestigio de Veracruz”. U otros que consideran que “lo ganado por el gobernador con la promoción de la entidad en los círculos internacionales del poder económico y financiero, se derrumbó en unas horas a causa de un loco”. “Miguel Ángel Yunes capitalizará a su favor la pifia de la secretaría de gobierno”. “Ante la cercanía del proceso electoral del 2009, hay que meterle billete para parar el escándalo”. La pobreza de la política veracruzana así se expresa. Por encima de los intereses de las mayorías, sus carencias y sus actos desesperados, se impone el discurso vano; el falso baño de pueblo; los intereses particulares o de grupo de una minoría insensible y falta de visión, que todo lo tasa en votos y  componendas.

Frente a ello, con la complicidad del silencio de los medios, la interpretación del Arzobispo quedará como una puntada anecdótica de la ultraderecha clerical. Para el pueblo común, para los indígenas, el sacrificio de Guillen Tapia es un hito más en la larga cadena de la memoria histórica de los mexicanos. El pueblo calla pero no olvida, así se refrendó ayer, 2 de octubre, a 40 años del genocidio.

Dilbertina: Los Países de Latinoamérica y el Cisne Agonizante

Con respeto a mi amigo el Sr. Ronald Vidal.

Los hechos ocurridos en México en estos últimos meses, me llevan a reflexionar sobre los demás países del continente, los latinoamericanos, esos países que han sufrido durante años y años, guerras, muerte, pobreza extrema, el franco enfrentamiento de sus sociedades.

Durante mucho tiempo nosotros nos veíamos muy lejos de ellos, no volteábamos a verlos, tal vez sólo veíamos de reojo para criticar sus dictaduras, o ir de paseo a conocer Buenos Aires, el carnaval de Río de Janeiro o conocer la Suiza de América, ¡que soberbia! Que mal hicimos en no ver un poco su historia, en no ver los procesos por los que han pasado, ahora al ver a nuestro México lindo y querido, que de lindo solo le queda la letra de la canción, es una obligación leer su devenir político y no solo voltear ante el Cisne agonízate, los Estados Unidos. Aprenderíamos mucho más de los países de que tienen nuestras raíces, que hablan nuestro idioma, que nuestro mestizaje es igual o parecido al suyo, ver que lo que nos une a Estados Unidos es una frontera, un muro, un saqueo por parte de ellos, unas reglas que nos han dictado para bailar al son que nos toquen.

Estas últimas dos semanas han ocurrido dos hechos en México y en Estados Unidos que son de suma importancia.

En México, los atentados en Morelia, ahora tal vez podamos decir, por parte de los Zetas, y no solo el atentado en Morelia el día 15 de septiembre, sino los muchos asesinatos, balaceras, inseguridad, secuestros, que se vive en todo México, de norte a sur y de este a oeste, la semana pasada, yo misma sentí el miedo que produce el saber que en mi estado hubo una persecución de Narcos y Policías, el miedo de escuchar el incesante pulular de las sirenas, el desalojo de un centro comercial, dos hospitales, balas perdidas sobre la población civil, y por la noche seguir escuchando por detrás de mi puerta el ir y venir de esas patrullas que atemorizan, ¿que nos espera en México? ¿Cómo creer a Calderón y su súper gabinete de seguridad? ¿Por qué no nos dijo que también habría sangre de civiles, cuando se atrevió a declarar la guerra al narcotráfico de manera frontal con armas? ¿Por qué no hacerlo desde la base económica, donde les duela más? No es válido que Calderón salga y diga que sabía que era un cáncer, pero que al abrir al enfermo, vieron la metástasis había invadido al enfermo, ese enfermo es México. Sí alguien sabe porque se han publicado hasta ahora, las alarmantes cifras del 50% del crecimiento de consumo de drogas en México, que me lo explique por favor.

He leído varios artículos de lo que paso y sigue pasando en Colombia, al declarar por ordenes de los Estados Unidos, el franco ataque al narcotráfico por medio de las armas, tienen más de 40 años sufriendo de lo que hoy en México, gracias al Plan México y Plan Mérida estamos empezando a padecer, estamos en peores condiciones que en el año 1968, cuando en octubre mataron a cientos de estudiantes en la plaza de las tres culturas. A mi cabeza vienen más preguntas, preguntas que formularon, someramente, los senadores esta semana al joven aprendiz de Secretario de Gobernación, el amigo de Calderón, Juan Camilo Mouriño, preguntándole ¿de donde vienen las armas que tienen las bandas organizadas?, el respondió, algo que todos sabemos, de Estados Unidos, porque entonces no poner una barrera nosotros, un muro aún más grande que el de ellos, para evitar el tráfico de armas a nuestros países. También durante su comparecencia, dijo que no hay presos o desaparecidos políticos, Usted le cree? Rosario Ibarra de Piedra, luchadora incansable, madre de un desaparecido, dice que ahora está peor que en el 68, que ahora no sabes quién se lleva a los desaparecidos. Creo que sí alguien sabe del tema es ella, es esa mujer que tiene 40 años buscando a su hijo y ayudando a otras madres, esposas e hijos a buscar a un ser querido.

La siguiente noticia de esta semana, fue algo esperado, el hoyo negro, el desplomé del neoliberalismo, si bien es cierto que el modelo impuesto por Alan Greenspan en Chile, fue consideraron como el milagro chileno, milagro chileno que dicho sea de paso costo muchas vidas en el régimen dictatorial de Pinochet, muchos sabemos que existe mucha desigualdad en ese país gracias a ese modelo económico, que se ha demostrado que no sirve, ahora por fin los economistas voltean sus ojos a la teoría económica de Joseph E. Stiglitz, pero no aceptan totalmente la caída del modelo neoliberal. Joseph Stiglitz, lo dice muy bien, nos encontramos ante la peor crisis económica desde los años 30, todo estaría bien si solo pasara en los Estados Unidos y no tuviera repercusiones en todo el planeta, la mayoría de nuestras economías en América Latina están ligadas a este monstruo llamado Neoliberalismo y Globalización, ellos los USAS nos han llevado a fuerza de presión a establecer en nuestros países este sistema. ¿Que pasara con nuestras pensiones? , las famosas AFORES, ¿que pasara con nuestros precios en comida, nuestros créditos, nuestros empleos, nuestra pequeña empresa?, ¿cuanto pegara la crisis en nuestros países latinoamericanos?

Un amigo banquero me dice, no te angusties, en cuanto aprueben el plan de Rescate en USA todo se compondrá en México, pobre joven, que no ha vivido otra crisis en México, o siempre ha vivido en crisis y ya se acostumbro, los que hemos vivido crisis económicas en el país de norte sabemos que a nosotros nos pega el doble, ya que sus intereses están fincados en salvarse ellos a costa de los países de nuestra América. Al ver el primer debate entre McCain y Obama y no aceptar tajantemente que su sistema neoliberal fracaso, pienso que todo seguirá igual, sea quien sea que gane, tratarán de luchar porque este vuelva a resurgir, no han tenido suficiente, y claro primero buscaran atacar otras economías, para salvar la suya, abrir los ojos ante esto, me produce miedo.

Lorenzo Meyer: El verdadero peligro para México

Desviar la atención. El auténtico peligro para la viabilidad de México ha estado a la vista de todos y desde hace mucho tiempo: la profunda corrupción de sus instituciones públicas.

Vicente Fox y la alianza conservadora que él encabezó encontraron muy útil concentrar el grueso de la energía y recursos del gobierno y sus aliados —medios de difusión, organizaciones empresariales, iglesias, el viejo corporativismo, etcétera— en difundir la idea de que el gran peligro para México eran la oposición electoral de izquierda y su proyecto. A estas alturas ya debiera de haber quedado claro que el auténtico enemigo de la sociedad mexicana ha sido otro: la gran corrupción pública y su inseparable acompañante, la impunidad.

Ambos factores, aunados a la falta de dinamismo de la economía y a la muy injusta estructura social, son las razones principales de que el crimen organizado haya alcanzado la posición dominante que hoy ejerce. Y lo peor es que quienes se supone que encabezan la lucha contra las organizaciones criminales son los que antes engañaron con el falso diagnóstico, pero que hoy se alarman porque la descomposición del entramado institucional ha llegado al punto de que ya apareció el terrorismo incipiente.

Una definición. Una forma de empezar a entender las razones de un fenómeno complejo es formular una definición adecuada, y la profesora Cindy C. Combs propone una particularmente útil del terrorismo: “Una síntesis de guerra y teatro, una dramatización de la violencia más condenable —la que se perpetra contra gente inocente— que se desarrolla frente a una audiencia con la intención de crear un clima de miedo con objetivos políticos”, (Terrorism in the Twenty-First Century: Universidad de Carolina del Norte, 2003, p. 10).

Lo ocurrido el pasado 15 de septiembre en la celebración de la Independencia nacional en Morelia —el estallido de dos granadas lanzadas deliberadamente sobre una multitud que celebraba un aniversario más de la independencia—, se corresponde con la definición de Combs: una brutal puesta en escena de la peor de las violencias, aunque ya no para crear sino para exacerbar el miedo colectivo. A partir de ese atentado quedó claro que nadie se debe considerar a salvo de la violencia criminal: ni pobres ni ricos, ni niños ni ancianos, ni los comprometidos ni los indiferentes, ni los de izquierda ni los de derecha. Obviamente, el objetivo final de quienes actuaron en Morelia es político: mandar un mensaje a los responsables de formular e implementar la política estatal contra el crimen organizado para que no interfieran con su actividad.

En principio, la acción en Morelia pareciera diseñada para demostrar a todos que, no obstante la movilización militar ordenada por Felipe Calderón desde diciembre de 2006, su gobierno no es capaz de cumplir su función básica y razón de ser: proteger la vida y bienes de los ciudadanos.

¿Quién exactamente decidió poner en evidencia la incapacidad de las autoridades mediante un ataque a gente absolutamente al margen de cualquier acción contra las bandas criminales? No lo sabemos aún, pero queda claro que esa acción es simplemente el eslabón más reciente de una cadena que empezó con el reguero público de cadáveres de narcotraficantes rivales, policías e incluso de algunos militares (¡más de 3,300 en lo que va de este año!). Esa mezcla de teatro y guerra subió de tono con las mutilaciones y decapitaciones de algunas de las víctimas, con los mensajes a las autoridades en sitios públicos y dio un paso más con las ostentosas matanzas colectivas, como las recientes en Yucatán y en La Marquesa —de una docena pasaron a dos docenas de ejecutados en una sola acción y sin que quede claro por qué se les ejecutó— para concluir con lo ocurrido el pasado día 15: el asesinato de ocho inocentes frente al gobernador del Estado, en una plaza supuestamente vigilada y en la tierra natal de quien está al frente del Poder Ejecutivo. Hasta ahora seguimos sin saber quién fue responsable del salto cualitativo en la inseguridad ni el motivo preciso de la acción.

El crimen organizado es una fuerza dominante en muchos municipios del país, pero recurrir al terrorismo es retar no sólo a un gobierno local, sino al federal y a sus poderosos aliados (a empresarios, a Washington, a la iglesia). ¿Para qué el desplante? ¿Se quiso dejar en claro ante todos que los criminales pueden imponer sus agendas por sobre las del resto de los actores políticos? ¿Buscaron cobrar el rompimiento de acuerdos ya pactados o inducir a buscar uno nuevo? Se pueden formular éstas y otras preguntas similares o diferentes —por ejemplo, ¿pudiera ser una acción llevada a cabo por algún grupo político para crear un clima de mano dura?—, pero de momento no hay respuesta. Sin embargo, la falta de información no impide abordar otros aspectos del fenómeno violento.

¿Un pago diferido? El régimen autoritario que caracterizó la vida política mexicana de casi todo el siglo XX presumió de haber construido el sistema de poder más sólido de América Latina y uno de los más estables del mundo. Pero esa estabilidad no democrática tuvo un costo muy alto que hoy seguimos pagando todos. Parte central de ese costo fue la institucionalización de la corrupción y de la impunidad y hasta hoy nada efectivo se ha hecho por poner fin a esa herencia infame.

En la etapa clásica del dominio del PRI sólo el presidente podía llamar a cuentas a los grandes corruptos. En las pocas ocasiones en que se puso a uno de ellos ante un juez, la acción poco o nada tuvo que ver con la justicia real y sí mucho con la “justicia selectiva”, tan útil al poder presidencial para mantener la disciplina entre la clase política; un buen ejemplo fue el encarcelamiento del líder petrolero Joaquín Hernández Galicia, “La Quina”, por Carlos Salinas.

Sin embargo, frente a cada “quinazo” hubo centenas de casos conspicuos de impunidad. Manuel Ávila Camacho, por ejemplo, dejó hacer y deshacer a Maximino, su hermano; el círculo íntimo de Miguel Alemán empleó a fondo sus posibilidades de corrupción sin límites; Carlos Hank González se convirtió en símbolo de cómo un político pobre se transformaba en lo opuesto gracias a la protección presidencial. Arturo Durazo Moreno hizo de su amistad con José López Portillo la palanca para convertir a la policía capitalina en una estructura del crimen organizado. Las cuentas suizas de Raúl Salinas o la buena fortuna de los hijos de Marta Sahagún no se explican sin una relación directa entre poder presidencial y negocios privados. La lista de casos se podría extender hasta dar forma a un volumen similar al directorio telefónico.

Como no hay crimen organizado exitoso —y el mexicano vaya que lo es— sin algún tipo de complicidad entre criminales y autoridades, el ambiente de corrupción generado por el sistema autoritario del siglo XX resultó un excelente caldo de cultivo para que nacieran y prosperaran las organizaciones criminales hasta llegar a convertirse, de marginales y subordinadas, en rivales de la clase política. Lo anterior fue posible por la combinación de corrupción institucional con la cercanía geográfica del gran mercado norteamericano de las drogas. Como bien lo señalara Luis Astorga en su historia del narcotráfico mexicano —El siglo de las drogas, (México: Espasa Calpe, 1996)— esa actividad empezó a echar raíces en México hace ya más de medio siglo, protegida por algunos gobernadores y militares en el norte del país pero, con las condiciones propicias descritas, esa actividad creció hasta salirse del control del poder político e imponer sus propias reglas, que es la situación actual.

¿Qué hacer? No hay respuesta fácil, pero cualquier intento por romper el círculo vicioso requiere abrir varios frentes de lucha contra los auténticos enemigos de México. Hay que empezar por la difícil pero indispensable tarea de crear una policía auténtica. Perseguir seriamente no sólo a los narcotraficantes de base, sino a sus socios indispensables y que además de los policías corruptos es toda la red de empresas y empresarios lavadores de dinero y los miembros de la clase política que dan protección al crimen organizado: presidentes municipales, gobernadores, altos funcionarios del aparato de seguridad. Y finalmente, abrir oportunidades reales de trabajo a los jóvenes. Miguel de la Madrid anunció pero nunca se llevó a cabo la renovación moral de la política mexicana y desde 1982 la economía no tiene vitalidad.

En suma, que el verdadero enemigo de México es la combinación de corrupción pública con una economía formal sin brío. Si ambos problemas no se enfrentan con inteligencia y voluntad, no es imposible el retorno del Estado fallido del siglo XIX.

http://www.yucatan.com.mx/noticia.asp?cx=9$2900000000$3918131&f=20080925

Lorenzo Meyer: Un proyecto con más de 60 años

Camino al estado fallido. Este artículo estaba hecho cuando ocurrió el atentado terrorista en Morelia, un asunto tan grave que debe abordarse de inmediato. Lo ocurrido este 15 de septiembre significa el temido salto cualitativo en la cadena de fracasos de las instituciones públicas. La raíz de tales fracasos es la corrupción e impunidad que la clase política ha tolerado, fomentado y aprovechado de tiempo atrás. Finalmente se ha perdido el control. La responsabilidad de lo que acontece es de la minoría dirigente pero las consecuencias afectan a todos y todos tenemos que responder, aunque sin pretender que las diferencias sobre cuál es el interés nacional con relación al petróleo y asuntos similares se haya borrado.

El neoalemanismo. En más de un sentido, el panismo hoy es un nuevo alemanismo. El gobierno de Miguel Alemán (1946-1952) fue el triunfo de la derecha posrevolucionaria sobre lo que quedaba del cardenismo. El panismo del 2000 a la fecha es el triunfo de la derecha no priista sobre los herederos del cardenismo. Sin embargo, y aunque en la práctica el grupo que se supone que hoy controla al Gobierno Federal es una derecha tan dura y corrupta como la alemanista, hay diferencias: ésta es menos eficaz, más torpe que aquélla.

Las semejanzas entre el proyecto de Alemán y el del gobierno actual se da en varios campos, entre otros en el petrolero. Las fuentes para sostener tal argumento son muchas, pero hay una particularmente significativa: los archivos del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Veamos algunos de sus numerosos documentos.

Desencuentro. En un memorando del 20 de agosto de 1948, el entonces primer secretario de la embajada norteamericana en México, Harry R. Turkel, informó sobre los pormenores de una conversación reciente con Jorge Viesca, secretario del presidente Alemán. El meollo de lo discutido se puede resumir así: desde la perspectiva alemanista, los serios problemas en los que entonces atravesaba la economía y la política mexicanas –déficit en el intercambio con el exterior, devaluación del 75 por ciento, inflación, carestía, descontento popular e incluso rumores de golpe militar- se podrían haber evitado o disminuido si Washington hubiera respondido positivamente a su petición de un préstamo sustantivo para llevar a cabo un programa acelerado de exploración y explotación petrolera en gran escala. Como el préstamo no se otorgó, el resultado fue la devaluación del peso con su consiguiente cauda de efectos negativos.

En los círculos del poder mexicanos se sospechaba –y con razón- que a pesar de las buenas relaciones de “Mr. Amigo” con el presidente Harry Truman, éste le había negado el préstamo para obligarle a cimentar su programa de expansión petrolera en la única otra fuente disponible: en las empresas petroleras de Estados Unidos. De esa manera, y desde la perspectiva norteamericana, así se matarían varios pájaros con la misma piedra: se marginaría a Pemex del plan de expansión, se abría de nuevo la puerta mexicana a las empresas petroleras privadas norteamericanas y se aumentarían las reservas cercanas de combustible, tan necesarias en caso de un nuevo conflicto mundial. En dicha reunión, el lado norteamericano se defendió y argumentó que el préstamo se había negado no como forma de presión, sino simplemente porque el Gobierno no había presentado bien su solicitud, (Archivo del Departamento de Estado. Asuntos Internos de México, 812.00/8-2048). Obviamente esa razón “diplomática” no debió de haber convencido ni a quien la formuló.

El proyecto. Del documento citado se desprenden varias conclusiones. En primer lugar, que hace ya sesenta años un gobierno tan conservador como el actual buscaba solucionar sus problemas económicos –entre otros, la baja recaudación fiscal- por la misma vía fácil que hoy se pretende volver a recorrer: invitar al capital externo a extraer para luego exportar el recurso natural no renovable más valioso del país y así superar sin resolver dificultades económicas y políticas. Alemán asumía la conducta propia del político y no del estadista: posponer o evitar la solución de fondo, buscar una temporal –la exportación de petróleo- y seguir adelante.

Para entonces, la embajada norteamericana ya tenía clara conciencia de que su lucha por reabrir la puerta del petróleo mexicano a sus empresas tenía como principal obstáculo no a Alemán y a su grupo de alegres explotadores del poder en beneficio personal, sino al ex presidente Lázaro Cárdenas y lo que quedaba del verdadero nacionalismo revolucionario. Durante la II Guerra Mundial y en los años siguientes, México había pedido una serie de préstamos al Export-Import Bank de Estados Unidos (Eximbank) para actividades de infraestructura y desarrollo económico y, en términos generales, había obtenido respuestas positivas, pero no en el caso del petróleo.

Desde julio de 1944 el propio presidente norteamericano, Franklin D. Roosevelt, le había hecho saber al secretario de Relaciones de México, Ezequiel Padilla, que si el gobierno mexicano necesitaba recursos para aumentar su producción petrolera, debía recurrir al capital privado norteamericano, aunque más adelante se matizó la posición: Washington podría interesarse en ayudar a Pemex a localizar nuevos depósitos pero a condición de que éstos se consideraran como reservas estratégicas para la defensa continental, (Foreign Relations of the United States, 1945, Vol. IX, Washington, Departamento de Estado, 1969).

Cuando Alemán asumió el poder, el gobierno norteamericano estaba al tanto de cuál era la posición del ex presidente Cárdenas. En un memorando fechado el 12 de agosto de 1948, el embajador norteamericano, de nuevo basándose en conversaciones entre Turkel y otro político mexicano –con Manuel Germán Parra, profesor y economista que se movía a sus anchas lo mismo entre alemanistas que entre cardenistas-, señalaba que Cárdenas se oponía a usar el petróleo como la salida fácil a los problemas económicos del Gobierno. Para el general michoacano, México no debería volver a ser un gran exportador de petróleo; se debería colocar en el exterior apenas el crudo necesario para compensar las importaciones de derivados del petróleo que México se viera obligado a hacer. Según Parra, para el ex presidente que había nacionalizado el petróleo sólo una emergencia internacional justificaría exportaciones irrestrictas de hidrocarburos, es decir, únicamente si ocurría algo semejante a lo sucedido durante la II Guerra Mundial y Estados Unidos necesitara el combustible. En todo caso, sería una medida temporal pues los recursos estratégicos y no renovables del país no se deberían poner nunca en el mercado internacional como si fueran una materia prima cualquiera.

Por lo que respecta a la decisión de volver a admitir empresas privadas extranjeras al sector petrolero, Cárdenas era partidario de evitarlo. Sin embargo, el ex presidente estaba dispuesto a pasar el trago amargo de volver a recibir empresas petroleras norteamericanas si ésa era la única manera de evitar el desabasto interno, pero siempre y cuando no se admitiera al principal enemigo de la expropiación de 1938 –a la poderosa Standard Oil- ni se firmaran “contratos riesgo”, es decir, que a las empresas que se contratara para trabajar en campos mexicano se les debería pagara por su labor con una suma pactada de antemano pero nunca con una proporción del petróleo que encontraran, pues ya se hablaba de entregarles el 20 por ciento del valor de lo que extrajeran, (archivo citado, 812.00/8-1248).

Como bien sabemos, al final Alemán se impuso sobre el ex presidente Cárdenas y entre 1949 y 1951 firmó cinco “contratos riesgo” con otras tantas empresas norteamericanas aunque se cuidó de no hacerlo con la Standard Oil. De manera indirecta, pero clara, Cárdenas manifestó su oposición a lo que consideró una política contraria al interés nacional mexicano en materia de petróleo. Lo hizo, entre otras maneras, vía la publicación de una serie de artículos críticos de un legislador michoacano, Natalio Vázquez Pallares. Finalmente, en los 1960 esos contratos se cancelaron, aunque México debió de indemnizar a las empresas petroleras afectadas.

Un capítulo histórico que no concluye. La lucha por el control del petróleo mexicano se inició hace prácticamente un siglo, con el maderismo, y no ha cesado. Es cierto que ha habido periodos de tregua más o menos prolongada, pero nada más. Cada vez que la economía mexicana entra en dificultades la presión externa por recuperar algún grado de control sobre nuestro combustible ha renacido. Debemos resistir la tentación de la solución fácil en aras del auténtico interés colectivo de largo plazo.

http://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/181885.un-proyecto-con-mas-de-60-anos.html

J. Enrique Olivera Arce: ¿Unidad para qué?

Desde lo más profundo de la descomposición del sistema económico y político de la Nación, se llama a la unidad de todos los mexicanos para hacerle frente a la escalada de violencia en que incurre el crimen organizado. Retóricamente suena bien y efectivamente, sólo con la unidad se puede ir al rescate y reconstrucción de un tejido social en crisis en el que todos estamos involucrados. Sin embargo, no son pocos los que desgarrándose las vestiduras claman por ello llevando agua a su molino. Para estos, unidad, es la consigna de moda y el especular sin sustento alguno sobre los responsables de la condenable agresión a inermes ciudadanos en Morelia, es la tarea. Pareciendo discordante y fuera de lugar el que mediáticamente desde el PRI surja la pregunta: ¿Unidad para qué?

Interrogante contra corriente que resulta por demás lógica, cuando al mismo tiempo el Secretario de Gobernación afirma que no habrá cambios en la estrategia del gobierno federal en el combate a la delincuencia organizada., sin mediar una evaluación autocrítica y creíble sobre los resultados hasta ahora obtenidos en la sacudida al avispero. Y mucho menos sobre la situación que hoy guarda el Estado-Nación, caldo de cultivo para la trasgresión impune del estado de derecho.

Después del niño ahogado, todos a una a tapar el pozo. (¿Quiénes?) ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Con qué? Nadie lo sabe a ciencia cierta, pues para empezar, una guerra no se inicia dando palos de ciego, sin tener claros propósito, objetivos, estrategia, y medios para alcanzar la victoria. Naturalmente, también y en primer término, identificar al enemigo, conocer de sus propósitos últimos, calificando a su vez su capacidad real y potencial para saber a que y a quienes se pretende enfrentar.

Se nos dice de un poderío financiero del enemigo, muy superior a las disponibilidades del gobierno; se habla de sus nexos con aliados externos desparramados por todo el orbe, y se afirma todos los días, que se le va venciendo en la medida del alto número de capos de rostro patibulario que las fuerzas del orden atrapan o eliminan y que, en esa misma medida, son substituidos por otros de igual o sin duda ya, peor catadura. El cuento de nunca acabar. Pero nunca, hasta ahora, se ha tenido la atingencia de informar a la ciudadanía que el ejército de capos y sicarios que operan en el terreno, está al servicio de poderosas empresas criminales y altos ejecutivos que desde lujosas oficinas, con sofisticada tecnología planean y conducen impunemente sus ilícitas operaciones, lo mismo en México que en otras latitudes.

Nada parece indicar que contra estas altas esferas de la delincuencia organizada, personajes de cuello blanco y finas maneras, se privilegie la estrategia de la guerra emprendida. Nada se nos dice al respecto ni se observan avances en tal sentido. La cabeza principal de la hidra sigue siendo un misterio no resuelto. No se conoce al enemigo más allá de los daños que hoy lamentamos.

Por los resultados y daños colaterales, para el común de los ciudadanos queda la impresión de que no se ha tomado para nada en cuenta lo anterior. El enemigo, al que ya se califica “traidor a la patria”, es un fantasma que está en todos lados y al mismo tiempo no está en ningún lugar. Lo mismo podría ubicársele en el bando de los malos que en el de los que se dicen ser los buenos. La corrupción y la impunidad que domina en México, impide establecer distingo alguno para diferenciar a los unos de los otros.

La sabiduría popular enseña que “según el sapo es la pedrada”. Y está visto que no se alcanzará la victoria oponiendo violencia a la violencia en el terreno, si no se combate al corazón del enemigo en su madriguera, oponiendo inteligencia superior a la que hoy por hoy parece dominar en las altas esferas de la industria del crimen, como bien lo saben los señores de las fuerzas armadas que conocen de la manufactura del paño.

Así que unidad ¿para qué? ¿En torno a qué? ¿A los gobernantes en turno? ¿A un sistema de procuración de justicia cuestionado? ¿O a una inexistente política con visión de Estado que sin atentar contra los derechos humanos y clima de libertad cuya construcción ha costado mucha sangre al pueblo de México, haga de la racionalidad, buen juicio, honestidad, y un profundo amor a la patria su estandarte? La unidad a secas, en abstracto, al costo social y político que sea, únicamente conduce al pensamiento único; al fascismo dictatorial que el enemigo real pretende imponernos.

Alvaro Montero Mejía: El Estado de Derecho ha sucumbido

Queridas compañeras y compañeros de la Hora del Silencio

El próximo lunes, 15 de septiembre, día de la Independencia, procuraremos estar aquí, como todos los lunes, a fin de leerles un mensaje sobre el significado de ese valor trascendental que es la independencia nacional. A todos los que reciban este mensaje, los invitamos a acompañarnos este lunes próximo a las ocho de la noche, aquí, frente a la casa de Oscar Arias, a fin de confirmarle nuestra irrenunciable voluntad de defender a Costa Rica, de impedir que, con las acciones económicas y políticas impulsadas por su gobierno, dejemos de ser, los hombres y mujeres de Costa Rica, los únicos e insustituibles amos y señores del destino de la Patria.

Aunque en ese momento Oscar Arias haya regresado a Costa Rica, estamos casi seguros de que no se atreverá a convocar a la ciudadanía o asistir a un acto multitudinario de celebración patriótica. En primer lugar, los Arias saben que han perdido toda autoridad moral para hablarles a los costarricenses de ese valor supremo, la independencia, que ellos se han encargado de hacer jirones. En segundo lugar, no desean enfrentar esa repulsa de espontánea indignación, que provocan cada vez que aparecen ante miles de conciudadanos. Quizás esperan pacientes que el gobierno chino, con una generosidad que el gobierno de los Arias no merece, les construya ese nuevo circo romano, llámese estadio nacional, donde el pueblo sencillo, embebido por la droga futbolera, le tributaria una ovación en su apertura. Debemos estar advertidos y prevenidos, porque es seguro que los Arias planean convertir la inauguración del nuevo estadio nacional, en el más importante acto político electoral de la campaña de 2010.

En días recientes, se ha acrecentado el escándalo derivado del empleo que el ministro Zumbado hizo con los fondos de Taiwán, depositados en el BCIE. En efecto, la Contraloría presentó una denuncia ante el Ministerio Público para que investigue el supuesto delito derivado del destino que se le dio esos fondos.

Realmente impresiona la capacidad de los Arias para encontrar chivos expiatorios de modo que, ante las innumerables tropelías cometidas durante su administración, sean sus subordinados y no ellos mismos, los que encaren las responsabilidades políticas y hasta penales derivadas de sus actos.

Cuando dos subordinados suyos, Fernando Sánchez y Kevin Casas redactaron el famoso memorándum del miedo, por encargo directo de los Arias, la prensa no puso en el tapete que ese memorándum fue sólo un resumen operativo de las conclusiones sacadas en una reunión con ellos. El apremio de las fuerzas conservadoras por aprobar el TLC a costa de todo, les permitió silenciar la verdad de lo ocurrido. Cuando Fernando Berrocal cometió la imprudencia de acusar la penetración de las FARC en la política costarricense, amparándose en el gobierno colombiano, tal como lo había confirmado Laura Chinchilla, se fue Berrocal para su casa. Ahora el ministro Zumbado aparece como el responsable de los malos manejos de los fondos donados por Taiwán. Pero veamos. Cuando el gobierno de Taiwán decidió hacerle esa donación a Costa Rica, ya los Arias habían tomado la decisión de romper con los isleños y establecer relaciones con la República Popular China. Por esa razón, fueron los Arias y no Zumbado, quienes decidieron que sus dineros fueran depositados en el BCIE. Cuando esos fondos fueron trasladados al Ministerio de la Vivienda, jamás el banco centroamericano lo habría hecho sin una orden expresa de los Arias. Cuando el ministro Zumbado, decidió cambiarles el destino, era imposible que los Arias no lo supieran, por más que Zumbado dijera, en un gesto elemental de lealtad, que no lo había consultado “para no importunar al Presidente”.

De modo que quienes deberían encarar la acusación de la Contraloría y la presentación del caso ante el Ministerio Público, son los hermanos Arias y sólo en segundo término el ministro encargado. Aparentemente, la Contraloría pasó por alto el artículo 130 de la Constitución que expresamente dice: “El Poder Ejecutivo lo ejercen, en nombre del pueblo, el Presidente de la República y los Ministros de Gobierno en calidad de obligados colaboradores”.

“Obligado colaborador” significa que le deben lealtad al Presidente y que sólo hacen aquello que deciden juntos o en función expresa de la responsabilidad de su cargo. El cargo de un Ministro no es una responsabilidad autónoma, desprendida de la naturaleza que la Constitución le da a eso que denomina Poder Ejecutivo. Cuando la Constitución habla de los Ministros del gobierno (artículo 141), dice con absoluta claridad que “Para el despacho de los negocios que correspondan al Poder Ejecutivo habrá los Ministros de Gobierno que determine la ley”.

La Constitución no dice que el Poder Ejecutivo lo ejerzan solos, sujetos a sus propias y personales decisiones, los Ministros de Gobierno ni expresa, en ninguna parte, que aquel que los nombra y remueve libremente (artículo 139), sea absolutamente irresponsable por los actos que cometan aquellos a quienes nombra como miembros del Poder Ejecutivo. Si un Ministro se excede en sus funciones, es responsable el Ministro, pero también lo es, aquel que lo nombra y orienta.

Esto que afirmamos no es una simple interpretación de las normas constitucionales, sino lo que expresamente dice la Constitución. En efecto, el artículo 148 textualmente dice:

“el Presidente de la República será responsable del uso que hiciere de aquellas atribuciones que según esta Constitución le corresponden en forma exclusiva. Cada Ministro de Gobierno será conjuntamente responsable con el Presidente, respecto al ejercicio de las atribuciones que esta Constitución les otorgue a ambos”. En efecto, el artículo 140 de la Constitución, que señala los deberes y atribuciones que corresponden conjuntamente al Presidente y al respectivo Ministro de Gobierno, en el inciso siete dice:

“disponer la recaudación e inversión de las rentas nacionales de acuerdo con las leyes”.

En estricto sentido y en apego a la letra de la Constitución, la Contraloría debió solicitarle a la Asamblea Legislativa que procediera a investigar, de acuerdo con los elementos de convicción aportados, si procedía o no, el levantamiento de la inmunidad presidencial para los efectos de un eventual enjuiciamiento del Presidente. Porque no tiene absolutamente ningún sentido que sea sometido a una investigación y eventual procesamiento, aquel que actuó como “obligado colaborador” y no aquel que lo nombró y para quien colaboraba. Al menos es lo que expresamente indica y ordena la Constitución.

¿Qué más tendremos que ver? ¿Qué nuevos actos arbitrarios presenciaremos y hasta dónde llegará la subordinación de los órganos rectores de la institucionalidad pública, obligados a mantener el imperio de la ley?

En nuestras manos está el resarcimiento que la democracia costarricense merece. Esta lucha por la unidad y sus consecuencias político-electorales, se ha convertido en una verdadera causa nacional.

* Argenpress

http://www.argenpress.info/2008/09/costa-rica-el-estado-de-derecho-ha.html