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Julio María Sanguinetti: No basta votar

Bien se sabe que la democracia no es sólo elecciones, condición necesaria pero no suficiente. Una democracia supone un gobierno electo por el pueblo; como dice Popper, procedimientos no violentos para sacudirse una mala administración; la adecuada autonomía de los poderes de gobierno; la vigencia consentida de un Estado de derecho y el respeto general por las libertades y garantías de los ciudadanos.

En el umbral del Bicentenario de nuestras repúblicas latinoamericanas, ese ideal tan largamente acariciado, está aún lejos. Se vota: todos los gobiernos, salvo la conocida excepción cubana, son resultado de elecciones y ello debe valorarse. Incluso en los dos países más grandes, podemos señalar algunos avances notables. Brasil posee hoy partidos nacionales estables y México ha estrenado un sistema electoral transparente con una alternancia política razonablemente aceptada.

Más allá de estas gratificantes comprobaciones, nos encontramos con inestabilidades y degradaciones imposibles de ocultar. Caído el Muro de Berlín y superada la guerra fría, nuestro hemisferio se alejó de la diabólica dialéctica de unos sustentando guerrillas marxistas desde Cuba y otros dictaduras desde Washington. Pareció que nos llegaba un tiempo de paz, en que la democracia podría brillar, pues dependía simplemente del esfuerzo de los demócratas latinoamericanos. Los hechos no han sido tan gratificantes.

En Brasil (1992), renuncia el presidente Fernando Collor de Melo ante la inminencia de un juicio político. En Paraguay (1999), el presidente Cubas renuncia y se exilia en Brasil, a raíz de las revueltas desencadenas por el asesinato del vicepresidente Argaña, quedando la Presidencia en manos del titular del Senado González Macchi, quien a duras penas termina su mandato. El caso peruano fue uno de los más detonantes, con la dimisión de Alberto Fujimori (2000), quien abandonó la Presidencia luego de ser reelecto, a raíz de descubrirse una trama siniestra de corrupción y espionaje que manejaba un capitán Montesinos, de triste memoria. Argentina (2001) vio caer al presidente Fernando de la Rúa a raíz de una crisis económica severa y el acoso de piquetes organizados que se adueñaron de la calle; todo lo cual dio paso a tres presidentes provisionales en dos meses, finalmente sustituidos por Eduardo Duhalde, quien alcanza la normalización institucional. En Bolivia, entre 2003 y 2005 se produce la estrepitosa caída del presidente Sánchez de Lozada, y más tarde la de su sustituto Carlos Mesa, para abrir espacio finalmente a la elección de Evo Morales, administrador de un país agrietado en dos partes por un persistente conflicto étnico. En Ecuador (2005), el presidente Lucio Gutiérrez cae en medio de revueltas populares.

Este sucinto relato apenas resume las caídas presidenciales. No podemos ignorar la degradación democrática que se vive bajo gobiernos populistas como el de Venezuela, donde se ha instaurado la Presidencia eterna y cerrado la principal estación privada de televisión, mientras la otra independiente sobrevive bajo amenaza. A lo que se añaden vaciamientos institucionales tan fuertes como el de que, electo en Caracas un alcalde opositor, se dictó una ley despojándolo de todas sus competencias, transferidas a una nueva superautoridad creada para administrar la ciudad capital. Tampoco cabe olvidar la permanente furia reeleccionista que entra a los mandatarios en ejercicio y que no parece terminar.

Todo esto viene a cuento de los dramáticos episodios ocurridos en Honduras, que registran el primer golpe militar de esta etapa histórica. Golpe sui géneris, porque nació del Parlamento y el Poder Judicial, que enfrentados al presidente terminaron reclamando una intervención militar para deponerlo y desterrarlo. No hay duda de que este presidente se había extralimitado hasta el punto de que no hubiera un solo diputado de su partido que levantara la mano en su favor. Pero tampoco hay duda de que cualesquiera fueran sus excesos, nunca debió ser el Ejército el arbitrario ejecutor de un derrocamiento presidencial, que bien ha sido calificado internacionalmente como un golpe de Estado.

Dos siglos de independencia no habilitan ya más excusas. No se puede seguir hablando de la herencia hispánica, del imperialismo norteamericano o del comunismo internacional. Nuestras repúblicas aún adolecen de inmadurez democrática y ello se advierte en el debate diario. Si una dictadura es de izquierda o derecha, será buena o mala para unos u otros, al margen de su condición autoritaria. Y ello ocurre en los medios políticos tanto como en las universidades, todavía ancladas en debates ideológicos que ya debían haberse librado a la historia.

Hemos vivido un quinquenio milagroso del mercado internacional, que derramó excedentes fabulosos. Hubo algunos avances, pero magros en el conjunto, porque -como dice Alain Touraine- “las chances de desarrollo dependen hoy más de las condiciones políticas y sociales que de las condiciones económicas”. Sólo los países con estabilidad pudieron aprovechar satisfactoriamente la bonanza, como pasó en Chile, Brasil, Colombia o Perú. Pasada la buena racha y enfrentados nuevamente a la dura competencia de los mercados, se hace más imprescindible que nunca la seguridad jurídica y la estabilidad política. Que es, justamente, lo que vemos resquebrajarse en variadas partes del hemisferio.

Julio María Sanguinetti, ex presidente de Uruguay, es abogado y periodista.

Fuente: El País

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Alejandro Teitelbaum: Abrumador rechazo popular a la Europa del gran capital

En las elecciones para el Parlamento Europeo del 7 de junio se ha registrado la tasa de abstención más elevada desde 1979. Desde esa fecha, en que la abstención fue del 40%, ésta no ha cesado de aumentar hasta alcanzar el 7 de junio casi el 60% como media europea. Desde el 80% en Eslovaquia y el 73% en Polonia y en Rumania hasta una baja tasa de abstención en los países donde el voto es obligatorio, pasando por el 60% en Francia y el 58% en Alemania.

La clase política europea pretende ignorar este claro mensaje de los pueblos que no quieren una Unión Europea tal como existe actualmente.

Ha sido, sin duda alguna, un claro rechazo a la Europa ultraliberal al servicio del gran capital, encarnada en las instituciones y en la práctica de la Unión Europea.

I. Las instituciones de la Unión Europea

Las tres instituciones principales de la Unión Europea son el Consejo de la Unión Europea, la Comisión y el Parlamento. Los miembros de este último son elegidos por el voto directo de los ciudadanos de los Estados Miembros.

1.El Consejo de la Unión Europea (antes Consejo de Ministros) está constituído por los primeros ministros o Jefes de Gobierno de los Estados Miembros de la Unión Europea. Sólo en algunas ocasiones participan en las reuniones los primeros ministros o jefes de Gobierno, pues a sus reuniones periódicas asiste el ministro correspondiente de cada uno de los gobiernos según sea el tema a tratar (en temas de agricultura, asistirán los ministros de agricultura, etc).

El Consejo toma sus decisiones, según establezcan los Tratados, por unanimidad, por mayoría cualificada : se asigna a cada Estado miembro un número de votos (voto ponderado), que es la forma en la que se toman las decisiones más importantes, y por mayoría simple para las decisiones de procedimiento.

2. El Parlamento, elegido por el voto directo de los ciudadanos, no tiene sin embargo el poder de iniciativa en materia legislativa, que corresponde en lo esencial a la Comisión Europea.

3. La Comisión Europea es algo así como el Poder ejecutivo de la Unión Europea, aunque también con amplias facultades legislativas (directrices, reglamentos y decisiones) espacio en el que tiene la iniciativa en las cuestiones fundamentales.

El Consejo de la Unión Europea designa, por mayoría calificada, al Presidente de la Comisión Europea y dicha designación se somete a la aprobación del Parlamento Europeo. El Presidente designado de la Comisión nombra, en consulta con el Consejo de Ministros , a los 27 Comisarios que componen la Comisión (uno por cada Estado Miembro). El conjunto de los miembros de la Comisión recibe la aprobación del Parlamento por mayoría simple, tras una serie de comparecencias de cada comisario ante las diferentes comisiones parlamentarias competentes. Al final de este proceso el Consejo de Ministros nombra a la Comisión en su conjunto, por mayoría calificada.

La función principal de la Comisión consiste en proponer y poner en práctica las políticas de la Unión Europea, vigilar la aplicación de los tratados europeos y tiene el quasi monopolio del derecho de iniciativa en el llamado « primer pilar » de la Unión Europea, que son sobre todo los temas económicos básicos, lo que le permite pesar en las decisiones del Parlamento y del Consejo de Ministros. Incluso el artículo 250 del Tratado Constitutivo de la Unión Europea requiere un voto unánime para que el Consejo de Ministros modifique una propuesta de la Comisión.

Pero, como pequeña compensación, el Parlamento y el Consejo de Ministros pueden pedir a la Comisión que adopte normas en alguna materia.

En los llamados segundo y tercer pilar la Comisión comparte el derecho de iniciativa con el Consejo de Ministros.

Existe el procedimiento de codecisión (Comisión, Consejo y Parlamento) pero en los hechos quien orienta la política de la Unión Europea es la Comisión, por razones institucionales y también porque las tendencias neoliberales y privatizadoras son compartidas por los Gobiernos conservadores, socialistas y de coalición conservadores-socialistas de los países de la Unión Europea, que entre ambos tienen el control total de las instituciones europeas.

Prueba de ello es que desde que se introdujo el procedimiento de codecisión en 1995, el Parlamento rechazó hasta 2004 dos proyectos sobre 420. Los 418 restantes se aprobaron en primera o en segunda lectura o después de un procedimiento de conciliación.

Así es como la política de la Unión Europea es consecuentemente ultraliberal y al servicio del gran capital y su ejecutante es la Comisión Europea.

El Proyecto de Tratado Constitucional europeo, destinado a dar jerarquía constitucional a la política neoliberal dominante en Europa, fue preparado por una asamblea de personas cooptadas y el texto definitivo del proyecto fue aprobado por los jefes de Estado y de Gobierno. No hubo participación de los ciudadanos, salvo en los países donde se decidió someter el texto a referendo, para su rechazo o aprobación. Para su entrada en vigor el proyecto requería la aprobación unánime de los Estados miembros. Pero en los referendos celebrados en Francia y Holanda fue rechazado por la mayoría de los votantes, de modo que el proyecto quedó archivado.

El Proyecto no proporcionaba respuesta alguna a los problemas sociales que se plantean actualmente en Europa : al amparo de la « libre circulación de mercancías, servicios, industrias, personas y capitales » la formación de enclaves industriales modernos en los países pobres del Este de Europa con salarios entre 5 y 10 veces inferiores a los de los países ricos del Oeste, la persistencia de una alta tasa de desocupación en esos mismos países y, como contrapartida, la caída de los salarios, el deterioro de los derechos laborales y el aumento de la jornada de trabajo y de la desocupación en los países más desarrollados del continente europeo.

Si hubiera entrado en vigor, para su ulterior reforma hubiera necesitado el acuerdo unánime de todos los Estados miembros, de modo que su enfoque neoliberal y antisocial hubiera resultado prácticamente inmodificable.

Después del rechazo del proyecto de Constitución Europea se elaboró un nuevo texto que firmaron los Gobiernos europeos en Lisboa el 13 de diciembre de 2007.

Para evitar los tropiezos sufridos por el Proyecto de Constitución en los países donde hubo referendos, esta vez todos los Gobiernos evitaron la consulta popular y el Tratado de Lisboa fue aprobado en todos los países por vía parlamentaria, salvo en Irlanda donde se sometió a referendo (porque asi lo dispone la Constitución) y fue rechazado.

La entrada en vigor del Tratado (que requiere la aprobación unánime de los Estados Miembros) estaba prevista para el primero de enero de 2009, pero debió postergarse a causa del rechazo de Irlanda, que, en principio, convocará a un nuevo referendo, previsto para el segundo semestre de 2009.

Salvo algunos cambios institucionales positivos (aumento de algunas prerrogativas, más bien formales, del Parlamento Europeo, resguardo en algunos aspectos de las facultades soberanas de los Estados nacionales), el Tratado de Lisboa no modifica la orientación prevaleciente de la normatividad europea vigente (Tratado instituyendo la Comunidad Europea, Roma 1957 y Tratado de la Unión Europea, Maastrich, 1993) y de la práctica de las instituciones europeas, poco democráticas y al servicio del gran capital.

II. La Unión Europea en la práctica.

1. Privatización de los servicios públicos.

Con sus directivas, la Comisión Europea, que trabaja en equipo con la Mesa Redonda de los Industriales Europeos – ERT (las transnacionales Volvo, Olivetti, Siemens, Unilever y otras), ha impulsado la privatización de las industrias más dinámicas y rentables, como las telecomunicaciones y las comunicaciones electrónicas y de numerosos servicios públicos, como el gas, la electricidad y el correo (privatizaciones ratificadas por el Parlamento Europeo).

La ideología subyacente de estas políticas está explicada en un documento de la Comisión Europea: “la participación activa de las industrias de servicios en las negociaciones es crucial para permitirnos alinear nuestros objetivos de negociación con las prioridades de las empresas. El AGCS (Acuerdo general sobre el comercio de servicios -OMC) no es solamente un acuerdo entre gobiernos. Es ante todo un instrumento en beneficio del mundo de los negocios”.

Con esta concepción se han privatizado la mayor parte de los servicios de provisión de agua potable y de saneamiento y están en la línea de mira la salud y la educación.

Más allá del círculo relativamente estrecho de la Mesa Redonda de los Industriales Europeos, las grandes empresas transnacionales europeas, agrupadas en la UNICE -Unión de las Confederaciones Industriales y de Empleadores de Europa- controlan estrechamente a la Comisión europea y los 39 miembros de la organización patronal mantienen representaciones permanentes en Bruselas y un verdadero ejército de « lobbystas » para influir sobre las decisiones de la Comisión. Veamos qué dice la UNICE de sí misma :

La UNICE es la voz del mundo de los negocios ante las instituciones de la Unión Europea. Sus 39 miembros son las organizaciones industriales multisectoriales y las organizaciones de empleadores de 31 países europeos y representa más de 16 millones de empresas, sobre todo pequeñas y medianas. La UNICE es también un interlocutor en el diálogo social europeo a nivel de la Unión Europea. La tarea principal de la UNICE es informar e influenciar los procesos de decisión en la Unión Europea, a fin de que las políticas y las propuestas legislativas con un efecto sobre la actividad económica en Europa tengan en cuenta las necesidades de las empresas. La primera prioridad de la UNICE es promover la competencia en el medio económico y la inversión a escala europea , el único camino para alcanzar un desarrollo más elevado y un empleo duradero. El mundo de los negocios necesita una Comisión eficaz. (http://www.unice.org/ Le porte-parole des entreprises en Europe).

2. Otros aspectos de la práctica de la Unión Europea.

a) Industria de armamentos.

En 2004 la Comisión Europea publicó un “Libro verde” titulado “Los contratos públicos de la defensa”en la perspectiva de abrir a la “libre competencia” la compra de material militar.

El 7 de diciembre de 2006 la Comisión emitió nuevas directrices tendientes a limitar las excepciones a la «libre competencia» en materia de contratos con la industria militar, con el propósito proclamado de continuar «liberalizando » dicho sector.

Esta presión a favor de la liberalización del sector vendría de los mismos industriales del armamento.

¿Quiénes son estos industriales del armamento?El diario Le Monde del 14 de julio de 2005 (Les fonds américains irriguent l’industrie de défense européenne) informaba que poderosos fondos de inversión americanos, Blackstone, KKR, One Equity Partner entre otros, están tomando el control de sectores de la industria europea vinculadas a la defensa: QinetiQ, Bofors Weapons, Gemplus…

b) Pluralismo en los medios de comunicación.

Como respuesta a la preocupación expresada en diversas ocasiones por miembros del Parlamento Europeo y por algunas ONG de que la concentración en la propiedad de medios de comunicación en algunos países de la UE da lugar a un “enorme poder de creación de opinión pública” y excluye los puntos de vista alternativos, la Comisión Europea, en un informe de enero de 2007, sostuvo que la tendencia a la concentración en la propiedad de los medios de comunicación y la entrada de grandes grupos internacionales en el mercado comunitario no implica necesariamente una reducción en el pluralismo informativo.

Agregaba la Comisión que el hecho de que propietarios extranjeros tengan un papel importante en algunos mercados no supone necesariamente “una amenaza al pluralismo de los medios”.

c) OGM.

La Comisión Europea puso fin a la moratoria resuelta en 1998 para todos los OGM y comenzó a autorizar algunos transgénicos. Así, en mayo de 2004 autorizó la importación del maíz dulce OGM Bt 11 destinado a la alimentación humana, a pesar de la oposición de la mayoría de los Estados europeos y desde setiembre de 2004 la misma Comisión agregó 31 variedades de maíz transgénico Monsanto MON810 al catálogo común de semillas de la Unión Europea.

Un documento de Amigos de la Tierra y Greenpeace cita informes científicos que mantuvo secretos la Comisión Europea, para demostrar que ésta, mientras por un lado se apoya en dichos informes para invocar las incertidumbres existentes sobre las consecuencias de los OGM para el medio ambiente y la salud en el litigio comercial que opone Argentina, Canadá y Estados Unidos a la Unión Europea en la Organización Mundial de Comercio, por otro lado, para autorizar la introducción de transgénicos en Europa, adopta la posición contraria y se basa en los informes y evaluaciones favorables a los OGM de la transnacional Monsanto. El documento de las dos organizaciones concluye que “la Comisión Europea más bien favorece los intereses de las industrias biotecnológicas que la protección del medio ambiente y de la salud humana”.

d) Biocarburantes.

Pese a los reconocidas consecuencias nefastas de la producción de biocarburantes sobre el precio de los alimentos y sus efectos prácticamente nulos contra la contaminación ambiental, la Comisión, el Consejo de Ministros y el Parlamento europeos han aprobado resoluciones relativas al fomento del uso de biocarburantes.

Excepcionalmente se levantan voces entre los diputados de los grupos mayoritarios (Partidos socialistas y conservadores) para tratar de modificar algún aspecto de las políticas de la Unión Europea. Por ejemplo algunos diputados están pidiendo una revisión en la política de promoción de los biocarburantes.

En abril de este año, el Parlamento Europeo logró rechazar definitivamente la directiva del Consejo de Ministros de la Unión Europea de junio de 2008 que mantenía la jornada laboral de 48 horas, pero autorizaba a que en virtud de acuerdos individuales entre empresarios y trabajadores, se pudiera aumentar la jornada laboral hasta 60 horas semanales, calculadas como media durante un periodo de 3 meses, e incluso hasta 65 horas en el caso de guardias médicas. Según esa directiva , se podrían incluso superar las 60 y las 65 horas semanales de trabajo en el caso de un acuerdo entre los interlocutores sociales o si así lo establece el convenio colectivo. No sería sorprendente que la Comisión y/o el Consejo reintroduzcan bajo otra forma esta directiva para autorizar el aumento de la jornada laboral en Europa.

e) Políticas neocolonialistas en Europa del Este, en Africa y en América Latina.

En un estudio de la Oficina Internacional del Trabajo de febrero de 2007 se sostiene que la flexibilidad laboral en los nuevos países miembros de la Unión Europea es extrema en ciertos casos, aumentando el costo social de su adhesión.

Alli se dice:

A casi un año de su ingreso a la UE, la evaluación de las condiciones de trabajo en los diez nuevos socios comunitarios muestra que éstas han sufrido un retroceso bajo la presión por ganar competitividad.

Entre las formas de flexibilidad laboral más frecuentes en esos países están los contratos temporales, el aumento del tiempo de trabajo y el recurso a contratos múltiples con el mismo empleado, uno para regular su trabajo habitual, otro que se aplica a sus horas suplementarias, entre otros casos.

Los resultados que se registran a un año de la ampliación de la UE – que se concretó el 1º de mayo de 2004 – indican que los antiguos miembros de la Unión Europea “han sido los que más se han beneficiado” con la entrada de los diez nuevos socios.

El editor del estudio, Daniel Vaughan-Whitehad, declaró: “Han ganado las empresas multinacionales, la mayoría de ellas francesas y alemanas, que se han instalado en varios países de Europa del Este” y que pueden mover sus capitales con mayor facilidad

La Unión Europea ha negociado una serie de acuerdos regionales de asociación económica, llamados EPA por sus siglas en inglés, con países pobres. Entre ellos los convenios de preferencias comerciales recíprocas en el marco del llamado Pacto de Cotonu, entre la UE y el grupo de 77 países que fueron enclaves coloniales europeos en África, el Caribe y el Pacífico (ACP). La UE, en sus propuestas de acuerdos comerciales, exige a los países del Sur que abran sus mercados a las empresas europeas, amenazando así empleos, industrias y servicios públicos en las naciones más pobres.

En cuanto a América Latina y el Caribe, la Declaración Final de la Cumbre social de los pueblos, Enlazando Alternativas realizada en Lima del 13 al 16 de mayo de 2008, decía entre otras cosas:

…rechazamos el proyecto de Acuerdos de Asociación propuesto por la Unión Europea y avalado por diversos gobiernos latinoamericanos y caribeños que solo buscan profundizar y perpetuar el actual sistema de dominación que tanto daño a hecho a nuestros pueblos. La estrategia de la Unión Europea “Europa Global : Competir en el mundo”, supone la profundización de las políticas de competitividad y crecimiento económico que buscan implementar la agenda de sus transnacionales y profundizar las políticas neoliberales, incompatibles con el discurso sobre el cambio climático, la reducción de la pobreza y la cohesión social. A pesar de que se pretende velar su naturaleza incorporando temas de cooperación y diálogo político, la esencia de la propuesta es abrir los mercados de capitales, bienes y servicios, proteger la inversión extranjera y reducir la capacidad del Estado de promover el desarrollo económico y social”.

En conclusión, la Unión Europea es profundamente antisocial (con 20 millones de desocupados y donde las desigualdades no cesan de profundizarse), atlantista y belicista (participación en la guerra del Golfo y en las agresiones contra Yugoslavia, Irak y Afganistán) a las antípodas de lo que tendría que ser: una potencia independiente y pacífica en el concierto mundial, democrática y social y dispuesta a establecer relaciones mutuamente ventajosas y en un pie de igualdad con otras regiones y países.

No es de extrañar entonces que la abstención haya sido ampliamente mayoritaria en todos los países europeos en las elecciones del 7 de junio.

Los pueblos europeos tienen conciencia de que la Unión Europea no representa sus intereses y que los Gobiernos que la integran (de derecha y socialistas) evitan cuidadosamente una verdadera democratización de sus instituciones y un giro hacia políticas sociales. Aunque tratan de reconquistar a la opinión pública con algunas reformas gatopardistas luego de cada rechazo popular en las urnas, cada vez más contundentes.

Las elecciones del 7 de junio fueron una tentativa de legitimar a través del sufragio popular esas orientaciones reaccionarias. Los Partidos Socialistas europeos entraron en el juego (puesto que participan en él compartiendo las instituciones europeas con la derecha mayoritaria). Entre ellos ni siquiera se pusieron de acuerdo para tratar de sacar al ultraliberal Barroso de la Presidencia de la Comisión Europea, cuya continuación en el cargo apoyan los “socialistas” Rodríguez Zapatero de España, Gordon Brown de Gran Bretaña y José Sócrates de Portugal.

Pero lamentablemente también entraron en el juego partidos de izquierda que se proclaman anticapitalistas. Sólo algunos grupos independientes denunciaron la trampa y llamaron a la abstención.

Una vez más los pueblos europeos, mayoritariamente y contra la partidocracia de todos los colores, le negaron legitimidad a la Unión Europea y a sus políticas ultraliberales.

Los representantes de los partidos más votados han hablado con todo cinismo de “victoria” porque han obtenido, por ejemplo en Francia el partido de Sarkozy, el 28% de los votos, es decir el apoyo del 11,2% de los electores potenciales.

Y los ciudadanos que han concurrido a las urnas han preferido mayoritariamente, en materia de política neoliberal, el original, encarnado por los partidos conservadores, que la copia, representada por los partidos socialistas en plena descomposición. Como ha sido el caso en Alemania, Francia, Gran Bretaña y España.

En ese contexto, la izquierda ha obtenido resultados insignificantes, a causa de su incapacidad de ofrecer una verdadera alternativa socialista al capitalismo en crisis profunda.

En Europa hay una verdadera crisis de legitimidad y de representatividad políticas, que dada la disgregación de la socialdemocracia y el fracaso de la izquierda, deja la puerta abierta a giros hacia una mayor derechización y al autoritarismo, como está ocurriendo con el sarkozismo en Francia y también en Italia, donde los fascistas forman parte del partido de Berlusconi en el Gobierno.

O a la instalación de regímenes de extrema derecha, hipótesis que no se puede descartar a la vista de los buenos resultados de los partidos de esa ideología en algunos países como Holanda y Austria., aunque en el marco de una alta tasa de abstención, del orden del 65%.

Fuente: ARGENPRESS

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Esteban Garaiz: Dos lagunas

“Mal comienza la semana para el que ahorcan en lunes”, reza un viejo proverbio castellano. Mal comienza el IFE el proceso electoral federal 2008-2009 removiendo con un palo el avispero del 2006 con una enorme torpeza política y una muy discutible visión jurídica, yendo más allá de sus atribuciones legales, después de las severas omisiones por su culpable tibieza hace dos años, y poniendo en tela de juicio, de arranque, su imparcialidad.

El senador panista Ricardo García Cervantes ha declarado que el IFE se está “extralimitando”. El Consejo General tiene facultades para sancionar a los partidos políticos, y sólo a los partidos, cuando sus dirigencias violan la ley electoral. No para sancionar a los legisladores y mucho menos cuando se trata de acciones en el seno de las cámaras del propio Congreso, que tienen claramente establecidas sus propias normas. Además, son dos las fracciones parlamentarias que tomaron las tribunas y sólo una sancionada por ello; es jurídicamente falso que a Vicente Fox se le impidió entregar su informe de ley.

Por lo que toca a los plantones de electores frustrados por todo el montón de irregularidades cometidas por tantos actores expresamente prohibidos por el Código Electoral, durante las precampañas y campañas de 2006, parece verdaderamente un terrible despropósito sancionar a un partido por lo que numerosos ciudadanos irritados hicieron en lo individual en el ejercicio legal y pacífico de un derecho constitucional, expresamente establecido en el artículo 6º, como es el derecho de manifestación. En todo caso, fue un acto postelectoral, que en nada afectó el resultado de la elección. Además de que, socialmente, resultó un eficaz desfogue para mantener la paz social, en una irritación colectiva que podría haberse desbordado.

Se podrá alegar que hubo afectaciones a terceros en vía pública y es válida la observación, como en cualquier manifestación. Lenta se ve la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para reglamentar el ejercicio de este derecho constitucional, que, como todas las garantías individuales debe tener y tiene sus acotaciones, básicamente derivadas de los derechos de los demás. Importante será que las autoridades —en este caso las del DF— reglamenten sobre el derecho de manifestación en la vía pública y establezcan mecanismos prácticos para conciliar los derechos de todas las partes. No estará de más recordar que los automóviles no tienen garantías individuales.

El Estado de derecho se violó sistemáticamente durante todo el proceso electoral de 2006, en las precampañas y en las campañas, y el Consejo General del IFE dejó hacer y dejó pasar. Hubo incluso consejeras que —leyendo tarjetas nerviosamente en el pleno— defendieron abiertas violaciones de dirigentes de corporaciones ajenas al proceso, a nombre de la libertad de expresión.

Que fueron violaciones a la ley, y que sesgaron la equidad de las campañas, lo dejó claramente establecido el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pero siguen impunes las personas físicas que las cometieron. Al Consejo General, según entiendo, no le correspondía, ni le corresponde, sancionar a terceros que interfieran ilegalmente en las campañas y en el proceso electoral. Pero sí se puede y sí se pudo, hacer oír su voz autorizada. No vimos durante todo el proceso ni una sola condena colegiada y formal en el seno de las sesiones públicas del consejo, acerca de estos actos claramente violatorios de la ley electoral y de los principios rectores de la función electoral. Y ésa sí era claramente una atribución del Consejo General y, en consecuencia, una obligación ética y política de cada consejero. Fueron abiertamente omisos. Podían haber hecho oír su voz alta y no lo hicieron.

También tenían la responsabilidad, y siguen teniéndola, de presentar las denuncias correspondientes ante la Fepade. Peor todavía que hayan quedado impunes sin que el Consejo General suba la voz ante las descaradas intromisiones de extranjeros, en violación del artículo 33° constitucional. No era aceptable la explicación del Instituto Nacional de Migración de que el extranjero Antonio Solá estaba contratado por una empresa privada a su vez contratada por un partido político: en todo caso justificaría su situación migratoria, no su anticonstitucional interferencia en los asuntos políticos del país, razón suficiente para su expulsión.

El Ejecutivo federal, responsable de la aplicación del artículo 33°, castigó al extranjero Antonio Solá concediéndole la nacionalidad mexicana a los 20 días del nuevo periodo presidencial. Ahora ese mexicano representa a Felipe Calderón en Madrid. Por lo que toca al ciudadano José Luis Barraza, recibe un homenaje al concluir su presidencia en el Consejo Coordinador Empresarial, al que acuden obsequiosos el entonces presidente del Consejo General, Luis Carlos Ugalde, y Calderón. Para redondear la sanción por el delito electoral en abierta violación del código, todo el mundo pudo leer las turbias condiciones en que le fue asignada la venta de Aeroméxico.

Arranca un nuevo proceso electoral. La reforma constitucional que prohibió comprar espacios en la radio y en la televisión para propaganda electoral es, sin duda, un enorme paso que, lejos de limitar la libertad de expresión, contribuye de manera definitiva a la equidad. Quedan dos peligrosas lagunas: una es el ya mencionado artículo 33° sin reglamentar. La otra es el poroso sistema de sustituciones en la integración de las mesas directivas de casilla, que tantas suspicacias provocó en 2006. Habrá que volver sobre estos temas.

http://www.milenio.com/node/91684

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Alvaro Montero Mejía: El Estado de Derecho ha sucumbido

Queridas compañeras y compañeros de la Hora del Silencio
El próximo lunes, 15 de septiembre, día de la Independencia, procuraremos estar aquí, como todos los lunes, a fin de leerles un mensaje sobre el significado de ese valor trascendental que es la independencia nacional. A todos los que reciban este mensaje, los invitamos a acompañarnos este lunes próximo a las ocho de la noche, aquí, frente a la casa de Oscar Arias, a fin de confirmarle nuestra irrenunciable voluntad de defender a Costa Rica, de impedir que, con las acciones económicas y políticas impulsadas por su gobierno, dejemos de ser, los hombres y mujeres de Costa Rica, los únicos e insustituibles amos y señores del destino de la Patria.

Aunque en ese momento Oscar Arias haya regresado a Costa Rica, estamos casi seguros de que no se atreverá a convocar a la ciudadanía o asistir a un acto multitudinario de celebración patriótica. En primer lugar, los Arias saben que han perdido toda autoridad moral para hablarles a los costarricenses de ese valor supremo, la independencia, que ellos se han encargado de hacer jirones. En segundo lugar, no desean enfrentar esa repulsa de espontánea indignación, que provocan cada vez que aparecen ante miles de conciudadanos. Quizás esperan pacientes que el gobierno chino, con una generosidad que el gobierno de los Arias no merece, les construya ese nuevo circo romano, llámese estadio nacional, donde el pueblo sencillo, embebido por la droga futbolera, le tributaria una ovación en su apertura. Debemos estar advertidos y prevenidos, porque es seguro que los Arias planean convertir la inauguración del nuevo estadio nacional, en el más importante acto político electoral de la campaña de 2010.
En días recientes, se ha acrecentado el escándalo derivado del empleo que el ministro Zumbado hizo con los fondos de Taiwán, depositados en el BCIE. En efecto, la Contraloría presentó una denuncia ante el Ministerio Público para que investigue el supuesto delito derivado del destino que se le dio esos fondos.
Realmente impresiona la capacidad de los Arias para encontrar chivos expiatorios de modo que, ante las innumerables tropelías cometidas durante su administración, sean sus subordinados y no ellos mismos, los que encaren las responsabilidades políticas y hasta penales derivadas de sus actos.
Cuando dos subordinados suyos, Fernando Sánchez y Kevin Casas redactaron el famoso memorándum del miedo, por encargo directo de los Arias, la prensa no puso en el tapete que ese memorándum fue sólo un resumen operativo de las conclusiones sacadas en una reunión con ellos. El apremio de las fuerzas conservadoras por aprobar el TLC a costa de todo, les permitió silenciar la verdad de lo ocurrido. Cuando Fernando Berrocal cometió la imprudencia de acusar la penetración de las FARC en la política costarricense, amparándose en el gobierno colombiano, tal como lo había confirmado Laura Chinchilla, se fue Berrocal para su casa. Ahora el ministro Zumbado aparece como el responsable de los malos manejos de los fondos donados por Taiwán. Pero veamos. Cuando el gobierno de Taiwán decidió hacerle esa donación a Costa Rica, ya los Arias habían tomado la decisión de romper con los isleños y establecer relaciones con la República Popular China. Por esa razón, fueron los Arias y no Zumbado, quienes decidieron que sus dineros fueran depositados en el BCIE. Cuando esos fondos fueron trasladados al Ministerio de la Vivienda, jamás el banco centroamericano lo habría hecho sin una orden expresa de los Arias. Cuando el ministro Zumbado, decidió cambiarles el destino, era imposible que los Arias no lo supieran, por más que Zumbado dijera, en un gesto elemental de lealtad, que no lo había consultado “para no importunar al Presidente”.
De modo que quienes deberían encarar la acusación de la Contraloría y la presentación del caso ante el Ministerio Público, son los hermanos Arias y sólo en segundo término el ministro encargado. Aparentemente, la Contraloría pasó por alto el artículo 130 de la Constitución que expresamente dice: “El Poder Ejecutivo lo ejercen, en nombre del pueblo, el Presidente de la República y los Ministros de Gobierno en calidad de obligados colaboradores”.
“Obligado colaborador” significa que le deben lealtad al Presidente y que sólo hacen aquello que deciden juntos o en función expresa de la responsabilidad de su cargo. El cargo de un Ministro no es una responsabilidad autónoma, desprendida de la naturaleza que la Constitución le da a eso que denomina Poder Ejecutivo. Cuando la Constitución habla de los Ministros del gobierno (artículo 141), dice con absoluta claridad que “Para el despacho de los negocios que correspondan al Poder Ejecutivo habrá los Ministros de Gobierno que determine la ley”.
La Constitución no dice que el Poder Ejecutivo lo ejerzan solos, sujetos a sus propias y personales decisiones, los Ministros de Gobierno ni expresa, en ninguna parte, que aquel que los nombra y remueve libremente (artículo 139), sea absolutamente irresponsable por los actos que cometan aquellos a quienes nombra como miembros del Poder Ejecutivo. Si un Ministro se excede en sus funciones, es responsable el Ministro, pero también lo es, aquel que lo nombra y orienta.
Esto que afirmamos no es una simple interpretación de las normas constitucionales, sino lo que expresamente dice la Constitución. En efecto, el artículo 148 textualmente dice:
“el Presidente de la República será responsable del uso que hiciere de aquellas atribuciones que según esta Constitución le corresponden en forma exclusiva. Cada Ministro de Gobierno será conjuntamente responsable con el Presidente, respecto al ejercicio de las atribuciones que esta Constitución les otorgue a ambos”. En efecto, el artículo 140 de la Constitución, que señala los deberes y atribuciones que corresponden conjuntamente al Presidente y al respectivo Ministro de Gobierno, en el inciso siete dice:
“disponer la recaudación e inversión de las rentas nacionales de acuerdo con las leyes”.
En estricto sentido y en apego a la letra de la Constitución, la Contraloría debió solicitarle a la Asamblea Legislativa que procediera a investigar, de acuerdo con los elementos de convicción aportados, si procedía o no, el levantamiento de la inmunidad presidencial para los efectos de un eventual enjuiciamiento del Presidente. Porque no tiene absolutamente ningún sentido que sea sometido a una investigación y eventual procesamiento, aquel que actuó como “obligado colaborador” y no aquel que lo nombró y para quien colaboraba. Al menos es lo que expresamente indica y ordena la Constitución.
¿Qué más tendremos que ver? ¿Qué nuevos actos arbitrarios presenciaremos y hasta dónde llegará la subordinación de los órganos rectores de la institucionalidad pública, obligados a mantener el imperio de la ley?
En nuestras manos está el resarcimiento que la democracia costarricense merece. Esta lucha por la unidad y sus consecuencias político-electorales, se ha convertido en una verdadera causa nacional.
* Argenpress

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Ernesto Carmona: El lado oscuro del Chile de hoy

¿Qué ha cambiado en Chile desde que fue derribado el gobierno democráticamente elegido de Salvador Allende? Han transcurrido 35 años, 17 de dictadura militar y 18 de “transición a la democracia” conducida por una coalición hegemonizada por los partidos Socialista, Demócrata Cristiano y Por la Democracia, seguidos de otros menores, como el partido Radical, llamada Concertación de Partidos por la Democracia.
La primera observación es que la “transición” lleva ya más tiempo que la dictadura. Pero las condiciones de vida del pueblo han empeorado dramáticamente desde la época de Allende. Y hay poca cabida para protestar. Hoy existe una perversa democracia formal que limita el acceso de los pobres a la política y excluye de cualquier participación a la minoría comunista y a otros grupos izquierdistas. Existe un sistema binominal de elecciones que fue creado precisamente para que dos grandes bloques –la derecha y la Concertación– se alternen perpetuamente en el poder, tal como ocurre con los demócratas y republicanos en EEUU.
El fin de la dictadura no fue sólo el resultado de la lucha del pueblo, que aportó generosamente su sangre, instigado por quienes hoy gobiernan al país, sino que prevaleció un acuerdo político impulsado por los mismos factores internacionales que provocaron la caída de Salvador Allende, es decir, EEUU, la CIA, la USAID, el Fondo Nacional para la Democracia (NED, su sigla en inglés) y las grandes corporaciones transnacionales, cuyos negocios de explotación de los recursos naturales mejoraron notoriamente en estos últimos 18 años, según todos los indicadores. Los sectores que producen mayores ganancias al capital local e internacional son la minería del cobre, que es 70% privada, y la industria de la celulosa que se extrae de los bosques del territorio indígena, entre muchos otros rubros.
Neo-derecha “progresista”
La dictadura sigue presente, pero con otra apariencia, en el exitoso modelo de “desarrollo democrático” que padece Chile, pero que se exporta como imagen envidiable para otros países. La carta magna de la dictadura, que data de 1980, ha sido legitimada por sucesivas reformas constitucionales “de parche” concertadas por el gobierno con la derecha parlamentaria. Cada vez que tienen la oportunidad, las organizacionales patronales de la derecha económica manifiestan su satisfacción por la marcha de sus negocios bajo la administración concertacionista, particularmente bajo el sexenio presidencial de Ricardo Lagos (2000-2006).
En estos 18 años de “transición a la democracia”, la Concertación se convirtió en una neo-derecha, con tintura socialista y social cristiana, como ocurrió antes con los partidos “progresistas” en Europa y en otras latitudes, donde la social democracia imitó a la democracia cristiana como nueva expresión partidaria renovada de la derecha tradicional. El socialismo de hoy no es el mismo de los tiempos de Allende. El partido del presidente inmolado que pretendió realizar reformas sociales involuciona por el mismo camino que siguieron antes sus colegas socialistas de España y Francia, los laboristas del Reino Unido, el partido “trabalhista” de Brasil y tantos otros. El Chile de hoy se puede transitar libremente pero por carreteras privadas. Santiago tiene una red de autopistas urbanas que cobran. La gente se ve triste porque está endeudada, aunque existe algo de trabajo, pero precario y “flexibilizado”. Los empleadores no tienen que complicarse con la seguridad social de sus trabajadores. La educación, la salud y la previsión social se han privatizado, convirtiéndose en negocios o “industrias”
Una nueva clase política de apariencia “democrática y progresista” se incrustó en la superestructura del poder del Estado para administrar la expoliación del pueblo chileno y de sus recursos naturales con mayor “eficiencia” que los militares y con pocos reclamos de los trabajadores, gracias al control de la Concertación sobre la Central Unica de Trabajadores (CUT). Esa clase política también ha puesto en marcha un proceso de corrupción a expensas de los fondos públicos sin precedentes en la historia política republicana del país.
Los rebeldes son jovenes
Los disidentes, incluidos cientos de miles de izquierdistas allendistas, no tienen cabida en esta democracia, porque el sistema electoral binominal les bloquea su acceso al Parlamento. Los jóvenes se niegan a inscribirse voluntariamente en los registros electorales. O sea, rehúsan adquirir el derecho al voto. Una vez inscritos tendrían la obligación de concurrir a votar a riesgo de severas sanciones. Si el derecho a voto no se ejerce, en Chile hay castigo. Y el gobierno pretende legislar una inscripción automática al cumplirse la mayoría de edad de 18 años, manteniendo la obligatoriedad del voto, en un esfuerzo desesperado por recuperar la representatividad perdida. Paradojalmente, quienes se oponen a esta medida totalitaria son los propios herederos políticos del pinochetismo que ahora juegan al populismo electoral al mejor estilo del Partido Popular español.
Cuando algunos sindicatos que no están bajo el control de la Concertación y ciertos sectores de la sociedad chilena manifiestan su descontento con el nuevo modelo político-económico que favorece a los ricos, son brutalmente reprimidos por el gobierno nominalmente “socialista”, en nombre del sagrado sistema legal heredado de la dictadura que garantiza la expoliación neoliberal. Los más afectados han sido los sindicatos de trabajadores subcontratados –o tercerizados con empleo precario y “flexible”–, los estudiantes y la etnia mapuche, cuyo territorio permanece ocupado militarmente por años, sin nada que envidiarle a Palestina. Y al igual que Israel, Chile hace caso omiso a las recomendaciones de los organismos de derechos humanos de Naciones Unidas. La región mapuche, con sus habitantes en extrema pobreza perpetua, es un territorio ocupado por Carabineros bajo permanente estado de sitio, mientras sus tierras son explotadas por las industrias madereras de los grupos económicos más ricos de Chile.
El gobierno de la socialista Michele Bachelet eligió el camino de la represión, hasta con 1.500 detenciones de jóvenes estudiantes en el mes de julio 2008. La policía militarizada de Carabineros ejerce una brutalidad sin restricciones, incluso en detenciones regulares ordenadas por algún tribunal. El fallecimiento del jefe policial en un accidente aéreo en Panamá, mientras andaba de compras con su familia y ciertos allegados, fue convertido en tragedia nacional por el gobierno y los medios de comunicación, con duelo oficial y un derroche propagandístico que elevó al difunto a la categoría de un santo.
El rol de los medios
Todo esto ocurre mientras existe una creciente criminalización de la protesta civil, que comenzó reduciendo a 14 años la responsabilidad penal de los jóvenes. Los estudiantes que protestan en las calles corren el riesgo de ser procesados como autores de crímenes, no de desórdenes públicos, como ya ocurre en países como El Salvador, que hizo suya la ley antiterrorista de EEUU, la Patriot Act. Sin embargo, cuando un estudiante de 15 años es detenido y apaleado por Carabineros en las calles de cualquier ciudad, debe permanecer detenido hasta que sus padres vayan a rescatarlo a la comisaría. Es decir, hay un doble estándar entre los derechos ciudadanos y la responsabilidad penal que siempre opera contra los jóvenes.
El debate parlamentario se realizada entre cuatro paredes, casi igual que en los tiempos de la dictadura, sólo que ahora la sala es más grande y hay más protagonistas de la clase política disfrutando de un salario que pagan “todos los chilenos”. Tampoco hay debate público democrático en la prensa, donde no hay acceso para todas las opiniones ni existe cabida para los críticos y disidentes. Los grandes medios de comunicación –cuya propiedad está súper concentrada– apoyan las medidas represivas y demás políticas del gobierno que son del agrado de los grupos económicos y de los poderes fácticos. Los medios practican un doble juego de apoyo y crítica, aunque las portadas más populares se dedican a temas banales. Dos empresarios controlan la prensa escrita del país, Agustín Edwards y Alvaro Saieh, a través de sus diarios insignia El Mercurio y La Tercera. La televisión exhibe el mismo signo ideológico, estigmatiza las protestas sociales, cultiva la banalidad y criminaliza peyorativamente a sus protagonistas a través de todos los canales. El candidato presidencial Sebastián Piñera, que es la versión local de Silvio Berlusconi, tiene su propio canal de televisión, mientras otro responde al Vaticano, un tercero pertenece al multimillonario Ricardo Claro, del Opus Dei, otros dos pertenecen al magnate mexicano Angel González y el canal del Estado es co-gobernador por los intereses comunes de un directorio acordado en cuotas entre la derecha y la Concertación.
Diputados “elegidos” a dedo
Resulta imposible describir in extenso en una simple crónica al Chile de hoy, a 35 años de la muerte de Salvador Allende. Hay múltiples brochazos para pintar esta situación. Por ejemplo, en estos días los chilenos se enteraron de la asunción de un nuevo diputado que jamás fue sometido al voto popular. Se trata del reemplazante socialista del fallecido Juan Bustos, presidente de la Cámara. La ley permitió que el sucesor fuera designado a dedo por el partido del difunto. El premio recayó en Marcelo Schilling, que se hizo célebre como organizador de “La Oficina”, una instancia de espionaje interno creada por Patricio Aylwin (2000-2004) que Ricardo Lagos convirtió en la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), para vigilar a los disidentes domésticos.
Los empresarios exportadores de productos primarios como uvas, manzanas y peras llevan años quejándose de la devaluación del dólar, que es un fenómeno mundial, no chileno. Con dinero proveniente de las ventas del 30% del cobre que el Estado sigue poseyendo (Allende nacionalizó el 100% de ese recurso), el Banco Central destinó 8 mil millones de dólares para comprar dólares durante todo 2008, haciendo subir artificialmente el precio de la divisa extranjera en el mercado interno a fin de beneficiar a los exportadores. Con esta medida se desató una inflación que eleva dramáticamente el costo de la vida y de la energía, que es básicamente importada como gas de Argentina. De paso, se violó una de las sagradas normas de la economía neoliberal, al manipular “la mano libre del mercado”, pero esto no le importa a los diarios como El Mercurio, que defienden a sangre y fuego el neoliberalismo. El ministro de Hacienda Andrés Velasco llegó a decir que las últimas cifras de aumento del desempleo son buenas porque indican que hay más gente buscando trabajo (sic).
…Y echaron a mi vecino…
Chile fue el país más golpeado por el retrógrado experimento neoliberal mundial que comenzó en los años 70. Precisamente para esa experimentación con un pueblo atado, encarcelado o asesinado, sin capacidad de reclamar, se estableció una dictadura militar. Hoy sus cifras macroeconómicas son buenas, se muestran como ejemplares para otros países, pero los números benefician exclusivamente a los que ya son ricos y al capital extranjero. Los grandes empresarios suelen decir por televisión que ahora sí el país va por “el camino correcto” del crecimiento. Pero crecimiento ¿para dónde? ¿Hacía qué?… Mientras yo escribía esta historia en esta mañana de lunes, vino la policía, un tribunal y la fuerza policial a desalojar y lanzar a la calle a mi vecino de clase media porque no ha pagado su departamento… Como diría Bertold Brecha, ¿cuándo vendrán por mí?…

http://www.argenpress.info/2008/09/35-aos-de-salvador-allende-el-lado.html

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J. Enrique Olivera Arce: Bipartidismo en México, sueño guajiro de la reacción

Hay quienes afirman que Germán Martínez Cázares, presidente nacional del PAN, tiene razón apostándole a un bipartidismo en México muy al estilo del modelo estadounidense, asumiéndose que el PRD está eliminado de la contienda política nacional. El sustento de tal presunción parte de la idea de que el partido del sol azteca, para unos es Andrés Manuel López Obrador, a quien equivocadamente se le considera políticamente liquidado, en tanto que para otros es ni más ni menos, que la estructura dirigente.

Paradójicamente, en la concepción bipartidista del sistema PAN-gobierno, Germán Martínez considera al PRI como la contraparte a vencer, en tanto que el partido tricolor piensa lo mismo del PAN, cuando en los hechos, el adversario real a enfrentar por ambos es el pueblo movilizado. El abstencionismo del 60 por ciento en las recientes elecciones nayaritas y el bajísimo nivel de aceptación de apenas un 7 por ciento alcanzado por el panismo, lo confirman.

A ello habría que agregar que más allá de la confrontación electoral, la movilización ciudadana indica también que en la correlación de fuerzas políticas de la Nación la verdadera oposición a las pretensiones de la derecha, está en una izquierda que ha tomado la calle.

La realidad también ofrece otra lectura. En primer término, el Movimiento en Defensa del Petróleo que encabeza López Obrador, no es el PRD ni está condicionado a la vida interna de este partido. En segunda instancia, el partido del sol azteca, a diferencia del PAN y el PRI, es un partido de masas y no un partido de cuadros dirigentes, lo que le diferencia en el espectro político electoral de México. Si la estructura partidista no responde a los intereses de las bases, como está ocurriendo, bien podría considerarse como expectativa válida, el que estas últimas optaran por la reconstrucción y renovación, dándole al partido nuevo cauce y derrotero, construyendo nuevos liderazgos que les sean funcionalmente afines.

De la elección del 2 de julio del 2006 a la fecha, han ocurrido muchas cosas, entre otras, el descorrimiento del velo tras el que se mantenía oculta la corrupción y pragmatismo de lo más atrasado de la representación de la izquierda electoral nacional.

La elección interna que seguramente desembocará en la anulación de la votación a favor de la presidencia y secretaría general del partido, constituyó un fuera máscaras que, en el marco del Movimiento en Defensa del Petróleo, ha dado lugar a un claro deslinde de quien es quien en el partido, así como en la izquierda en general. Ofreciéndose un nuevo escenario en el que la militancia perredista de base ya no es sólo número sujeto a manipulación y engaño.

Enriquecida en la movilización, la militancia está en un proceso ascendente de construcción de la toma de conciencia del papel a jugar por la izquierda en la vida nacional. Cualitativamente la base perredista en su gran mayoría no es la misma del 1988 o del 2006. Dialécticamente se ha elevado por sobre sí misma, debiéndosele considerar hoy como posible protagonista consecuente de su propia responsabilidad histórica al interior del PRD. Más allá del análisis simplista, en este nuevo escenario podría afirmarse que el PRD no está liquidado.

Ingenuo sería, eso sí, pensar que están dadas las condiciones para que en el terreno electoral, en el 2009, el PRD recuperara los niveles de aceptación registrados en julio del 2006. Falta un largo trecho por recorrer para que se de la obligada renovación del partido; sin perder de vista que la prioridad de la izquierda hoy es la defensa del petróleo evitando su privatización, y ello bien vale la derrota del perredismo en las elecciones intermedias, como un costo coyuntural a pagar. Y aún así, habría que sopesar en que medida la profundización de la movilización social no influirá electoralmente el próximo año a favor de un partido al que la reacción considera muerto y enterrado.

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J. Enrique Olivera Arce: México va por donde va y al que no le guste que compre otro

Ni tan poco ni tan mucho, sólo el necesario, diría el que el IFE por sus pistolas decreta que ese si es tan  legítimo como auténtico, al reconocer la necesidad de equilibrar mercado con Estado. Así fuera de dientes para afuera o porque la realidad le obliga, Calderón Hinojosa tardíamente descubre el hilo negro cuando ya  tan poderosa es la libertad del mercado para manejarnos a su antojo, como insignificante lo es el Estado mexicano para defendernos.

Sobran regulaciones y no hay alicientes para invertir en este subdesarrollado país, dicen quejumbrosos empresarios, transfiriendo sus caudales al exterior. Se equivocan de cabo a rabo,  y para muestra basta un botón. El que fuera  sector financiero nacional ha roto el récord mundial de velocidad en recuperar el capital originalmente invertido en el menor tiempo posible. La gran prensa se pregunta ¿Quién gana, limpio de polvo y paja, cerca de un millón de dólares por hora? No hay que dar muchas vueltas: la banca que opera en México que por algo es extranjera.

Sobre el particular, Carlos Fernández-Vega apunta que en mayo de 2001 la trasnacional estadunidense Citigroup adquirió Banamex mediante el pago en efectivo de 6 mil 500 millones de dólares y otro tanto en acciones del grupo, llevándole poco más de seis años recuperar su inversión, acumulando utilidades netas por casi 72 mil millones de pesos. En marzo de 2004, la trasnacional española BBVA compró el porcentaje que le faltaba (40.6) para que Bancomer fuera íntegramente de su propiedad. Para ello desembolsó alrededor de 4 mil 100 millones de dólares. De aquel entonces a la fecha, los neocolonialistas españoles del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria han acumulado casi 60 mil millones de pesos en utilidades netas, de tal suerte que en unos cuatro años recuperaron su generosa inversión, reportando a la fecha un excedente cercano a mil 300 millones de U.S. dólares.

Más de 132 mil millones de pesos en utilidades netas se han embolsado ambas instituciones en unos 6 años. Y 285 mil millones si se considera al sistema bancario en su conjunto, dice el experto que le sigue la pista al mundo empresarial. Excedentes que en su mayoría son repatriados para dar soporte a las economías de los países de origen de la banca extranjerizada.

Así de poderosa es la libertad de comercio que premia a inversionistas extranjeros y mata de hambre a más de 50 millones de compatriotas. En tanto que el Estado mexicano, engolosinado con los excedentes petroleros, manifiesta su pequeñez rescatando y condonando impuestos a Roberto Hernández, Garza Lagüera y demás osados muchachos, rampleros y cuenta chiles, que figuran de manera destacada en los archivos del FOBAPROA.

El Estado mexicano es un fracaso, afirman analistas norteamericanos, en tanto que el Banco Mundial señala que  México ya no es competitivo; hay que venderlo a quienes si saben hacer negocios; lo mismo da que sean gringos o gallegos, que se interesen en petróleo, electricidad, turismo o alimentos, pero ya, que el tiempo apremia.

¿Y Carlos Slim no es acaso mexicano? También sabe hacer dinero de la nada, le valen las regulaciones y los diezmos aportados a la corrupción, transformando mierda en oro, dicen algunos pazguatos. Si, es mexicano y efectivamente sabe para qué es valerse del Estado y sus debilidades para acumular riqueza, pero aguas, por si las dudas este señor ya se nos va con la música a otra parte, como que sabe lo que son sus alas cuando la lumbre ya llega a los aparejos.

Los barruntos de una gran tormenta ya están a la vista. La economía, petrolizada y dependiente de la de nuestros vecinos del norte, está en crisis terminal, ni crece ni ofrece esperanzas de reactivación en el corto y mediano plazo; la soberanía y autosuficiencia alimentaria, están en la lona, sin que se vislumbre solución viable alguna para su rescate; la crisis del sistema político se profundiza, perdiéndose representatividad, confianza y credibilidad institucional, avanzando hacia un perverso autoritarismo meta constitucional  bajo el control de la partidocracia, el duopolio televisivo y los gobernadores insulares. Mezcla explosiva que ya toca peligrosamente a nuestra puerta. Y sin embargo, desde las altas esferas de la administración pública federal se insiste en mantener el rumbo a contracorriente.

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