Eduardo Galeano: Operación Plomo Impune

Para justificarse, el terrorismo de estado fabrica terroristas: siembra odio y cosecha coartadas. Todo indica que esta carnicería de Gaza, que según sus autores quiere acabar con los terroristas, logrará multiplicarlos.

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Desde 1948, los palestinos viven condenados a humillación perpetua. No pueden ni respirar sin permiso. Han perdido su patria, sus tierras, su agua, su libertad, su todo. Ni siquiera tienen derecho a elegir sus gobernantes. Cuando votan a quien no deben votar, son castigados. Gaza está siendo castigada. Se convirtió en una ratonera sin salida, desde que Hamas ganó limpiamente las elecciones en el año 2006. Algo parecido había ocurrido en 1932, cuando el Partido Comunista triunfó en las elecciones de El Salvador. Bañados en sangre, los salvadoreños expiaron su mala conducta y desde entonces vivieron sometidos a dictaduras militares. La democracia es un lujo que no todos merecen.

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Son hijos de la impotencia los cohetes caseros que los militantes de Hamas, acorralados en Gaza, disparan con chambona puntería sobre las tierras que habían sido palestinas y que la ocupación israelita usurpó. Y la desesperación, a la orilla de la locura suicida, es la madre de las bravatas que niegan el derecho a la existencia de Israel, gritos sin ninguna eficacia, mientras la muy eficaz guerra de exterminio está negando, desde hace años, el derecho a la existencia de Palestina.

Ya poca Palestina queda. Paso a paso, Israel la está borrando del mapa.

Los colonos invaden, y tras ellos los soldados van corrigiendo la frontera. Las balas sacralizan el despojo, en legítima defensa.

No hay guerra agresiva que no diga ser guerra defensiva. Hitler invadió Polonia para evitar que Polonia invadiera Alemania. Bush invadió Irak para evitar que Irak invadiera el mundo. En cada una de sus guerras defensivas, Israel se ha tragado otro pedazo de Palestina, y los almuerzos siguen. La devoración se justifica por los títulos de propiedad que la Biblia otorgó, por los dos mil años de persecución que el pueblo judío sufrió, y por el pánico que generan los palestinos al acecho.

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Israel es el país que jamás cumple las recomendaciones ni las resoluciones de las Naciones Unidas, el que nunca acata las sentencias de los tribunales internacionales, el que se burla de las leyes internacionales, y es también el único país que ha legalizado la tortura de prisioneros.

¿Quién le regaló el derecho de negar todos los derechos? ¿De dónde viene la impunidad con que Israel está ejecutando la matanza de Gaza? El gobierno español no hubiera podido bombardear impunemente al País Vasco para acabar con ETA, ni el gobierno británico hubiera podido arrasar Irlanda para liquidar a IRA. ¿Acaso la tragedia del Holocausto implica una póliza de eterna impunidad? ¿O esa luz verde proviene de la potencia mandamás que tiene en Israel al más incondicional de sus vasallos?

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El ejército israelí, el más moderno y sofisticado del mundo, sabe a quien mata. No mata por error. Mata por horror. Las víctimas civiles se llaman daños colaterales, según el diccionario de otras guerras imperiales. En Gaza, de cada diez daños colaterales, tres son niños. Y suman miles los mutilados, víctimas de la tecnología del descuartizamiento humano, que la industria militar está ensayando exitosamente en esta operación de limpieza étnica.

Y como siempre, siempre lo mismo: en Gaza, cien a uno. Por cada cien palestinos muertos, un israelí.

Gente peligrosa, advierte el otro bombardeo, a cargo de los medios masivos de manipulación, que nos invitan a creer que una vida israelí vale tanto como cien vidas palestinas. Y esos medios también nos invitan a creer que son humanitarias las doscientas bombas atómicas de Israel, y que una potencia nuclear llamada Irán fue la que aniquiló Hiroshima y Nagasaki.

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La llamada comunidad internacional , ¿existe?

¿Es algo más que un club de mercaderes, banqueros y guerreros? ¿Es algo más que el nombre artístico que los Estados Unidos se ponen cuando hacen teatro?

Ante la tragedia de Gaza, la hipocresía mundial se luce una vez más. Como siempre, la indiferencia, los discursos vacíos, las declaraciones huecas, las declamaciones altisonantes, las posturas ambiguas, rinden tributo a la sagrada impunidad.

Ante la tragedia de Gaza, los países árabes se lavan las manos. Como siempre. Y como siempre, los países europeos se frotan las manos.

La vieja Europa, tan capaz de belleza y de perversidad, derrama alguna que otra lágrima, mientras secretamente celebra esta jugada maestra. Porque la cacería de judíos fue siempre una costumbre europea, pero desde hace medio siglo esa deuda histórica está siendo cobrada a los palestinos, que también son semitas y que nunca fueron, ni son, antisemitas. Ellos están pagando, en sangre contante y sonante, una cuenta ajena.

(Este artículo está dedicado a mis
amigos judíos asesinados por las
dictaduras latinoamericanas que
Israel asesoró)

 

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Brecha http://www.brecha.com.uy/alter/index.php?option=com_content&task=view&id=585&Itemid=70

Lorenzo Meyer: El verdadero peligro para México

Desviar la atención. El auténtico peligro para la viabilidad de México ha estado a la vista de todos y desde hace mucho tiempo: la profunda corrupción de sus instituciones públicas.

Vicente Fox y la alianza conservadora que él encabezó encontraron muy útil concentrar el grueso de la energía y recursos del gobierno y sus aliados —medios de difusión, organizaciones empresariales, iglesias, el viejo corporativismo, etcétera— en difundir la idea de que el gran peligro para México eran la oposición electoral de izquierda y su proyecto. A estas alturas ya debiera de haber quedado claro que el auténtico enemigo de la sociedad mexicana ha sido otro: la gran corrupción pública y su inseparable acompañante, la impunidad.

Ambos factores, aunados a la falta de dinamismo de la economía y a la muy injusta estructura social, son las razones principales de que el crimen organizado haya alcanzado la posición dominante que hoy ejerce. Y lo peor es que quienes se supone que encabezan la lucha contra las organizaciones criminales son los que antes engañaron con el falso diagnóstico, pero que hoy se alarman porque la descomposición del entramado institucional ha llegado al punto de que ya apareció el terrorismo incipiente.

Una definición. Una forma de empezar a entender las razones de un fenómeno complejo es formular una definición adecuada, y la profesora Cindy C. Combs propone una particularmente útil del terrorismo: “Una síntesis de guerra y teatro, una dramatización de la violencia más condenable —la que se perpetra contra gente inocente— que se desarrolla frente a una audiencia con la intención de crear un clima de miedo con objetivos políticos”, (Terrorism in the Twenty-First Century: Universidad de Carolina del Norte, 2003, p. 10).

Lo ocurrido el pasado 15 de septiembre en la celebración de la Independencia nacional en Morelia —el estallido de dos granadas lanzadas deliberadamente sobre una multitud que celebraba un aniversario más de la independencia—, se corresponde con la definición de Combs: una brutal puesta en escena de la peor de las violencias, aunque ya no para crear sino para exacerbar el miedo colectivo. A partir de ese atentado quedó claro que nadie se debe considerar a salvo de la violencia criminal: ni pobres ni ricos, ni niños ni ancianos, ni los comprometidos ni los indiferentes, ni los de izquierda ni los de derecha. Obviamente, el objetivo final de quienes actuaron en Morelia es político: mandar un mensaje a los responsables de formular e implementar la política estatal contra el crimen organizado para que no interfieran con su actividad.

En principio, la acción en Morelia pareciera diseñada para demostrar a todos que, no obstante la movilización militar ordenada por Felipe Calderón desde diciembre de 2006, su gobierno no es capaz de cumplir su función básica y razón de ser: proteger la vida y bienes de los ciudadanos.

¿Quién exactamente decidió poner en evidencia la incapacidad de las autoridades mediante un ataque a gente absolutamente al margen de cualquier acción contra las bandas criminales? No lo sabemos aún, pero queda claro que esa acción es simplemente el eslabón más reciente de una cadena que empezó con el reguero público de cadáveres de narcotraficantes rivales, policías e incluso de algunos militares (¡más de 3,300 en lo que va de este año!). Esa mezcla de teatro y guerra subió de tono con las mutilaciones y decapitaciones de algunas de las víctimas, con los mensajes a las autoridades en sitios públicos y dio un paso más con las ostentosas matanzas colectivas, como las recientes en Yucatán y en La Marquesa —de una docena pasaron a dos docenas de ejecutados en una sola acción y sin que quede claro por qué se les ejecutó— para concluir con lo ocurrido el pasado día 15: el asesinato de ocho inocentes frente al gobernador del Estado, en una plaza supuestamente vigilada y en la tierra natal de quien está al frente del Poder Ejecutivo. Hasta ahora seguimos sin saber quién fue responsable del salto cualitativo en la inseguridad ni el motivo preciso de la acción.

El crimen organizado es una fuerza dominante en muchos municipios del país, pero recurrir al terrorismo es retar no sólo a un gobierno local, sino al federal y a sus poderosos aliados (a empresarios, a Washington, a la iglesia). ¿Para qué el desplante? ¿Se quiso dejar en claro ante todos que los criminales pueden imponer sus agendas por sobre las del resto de los actores políticos? ¿Buscaron cobrar el rompimiento de acuerdos ya pactados o inducir a buscar uno nuevo? Se pueden formular éstas y otras preguntas similares o diferentes —por ejemplo, ¿pudiera ser una acción llevada a cabo por algún grupo político para crear un clima de mano dura?—, pero de momento no hay respuesta. Sin embargo, la falta de información no impide abordar otros aspectos del fenómeno violento.

¿Un pago diferido? El régimen autoritario que caracterizó la vida política mexicana de casi todo el siglo XX presumió de haber construido el sistema de poder más sólido de América Latina y uno de los más estables del mundo. Pero esa estabilidad no democrática tuvo un costo muy alto que hoy seguimos pagando todos. Parte central de ese costo fue la institucionalización de la corrupción y de la impunidad y hasta hoy nada efectivo se ha hecho por poner fin a esa herencia infame.

En la etapa clásica del dominio del PRI sólo el presidente podía llamar a cuentas a los grandes corruptos. En las pocas ocasiones en que se puso a uno de ellos ante un juez, la acción poco o nada tuvo que ver con la justicia real y sí mucho con la “justicia selectiva”, tan útil al poder presidencial para mantener la disciplina entre la clase política; un buen ejemplo fue el encarcelamiento del líder petrolero Joaquín Hernández Galicia, “La Quina”, por Carlos Salinas.

Sin embargo, frente a cada “quinazo” hubo centenas de casos conspicuos de impunidad. Manuel Ávila Camacho, por ejemplo, dejó hacer y deshacer a Maximino, su hermano; el círculo íntimo de Miguel Alemán empleó a fondo sus posibilidades de corrupción sin límites; Carlos Hank González se convirtió en símbolo de cómo un político pobre se transformaba en lo opuesto gracias a la protección presidencial. Arturo Durazo Moreno hizo de su amistad con José López Portillo la palanca para convertir a la policía capitalina en una estructura del crimen organizado. Las cuentas suizas de Raúl Salinas o la buena fortuna de los hijos de Marta Sahagún no se explican sin una relación directa entre poder presidencial y negocios privados. La lista de casos se podría extender hasta dar forma a un volumen similar al directorio telefónico.

Como no hay crimen organizado exitoso —y el mexicano vaya que lo es— sin algún tipo de complicidad entre criminales y autoridades, el ambiente de corrupción generado por el sistema autoritario del siglo XX resultó un excelente caldo de cultivo para que nacieran y prosperaran las organizaciones criminales hasta llegar a convertirse, de marginales y subordinadas, en rivales de la clase política. Lo anterior fue posible por la combinación de corrupción institucional con la cercanía geográfica del gran mercado norteamericano de las drogas. Como bien lo señalara Luis Astorga en su historia del narcotráfico mexicano —El siglo de las drogas, (México: Espasa Calpe, 1996)— esa actividad empezó a echar raíces en México hace ya más de medio siglo, protegida por algunos gobernadores y militares en el norte del país pero, con las condiciones propicias descritas, esa actividad creció hasta salirse del control del poder político e imponer sus propias reglas, que es la situación actual.

¿Qué hacer? No hay respuesta fácil, pero cualquier intento por romper el círculo vicioso requiere abrir varios frentes de lucha contra los auténticos enemigos de México. Hay que empezar por la difícil pero indispensable tarea de crear una policía auténtica. Perseguir seriamente no sólo a los narcotraficantes de base, sino a sus socios indispensables y que además de los policías corruptos es toda la red de empresas y empresarios lavadores de dinero y los miembros de la clase política que dan protección al crimen organizado: presidentes municipales, gobernadores, altos funcionarios del aparato de seguridad. Y finalmente, abrir oportunidades reales de trabajo a los jóvenes. Miguel de la Madrid anunció pero nunca se llevó a cabo la renovación moral de la política mexicana y desde 1982 la economía no tiene vitalidad.

En suma, que el verdadero enemigo de México es la combinación de corrupción pública con una economía formal sin brío. Si ambos problemas no se enfrentan con inteligencia y voluntad, no es imposible el retorno del Estado fallido del siglo XIX.

http://www.yucatan.com.mx/noticia.asp?cx=9$2900000000$3918131&f=20080925

Epigmenio Ibarra: Un pase de coca en NY; dos granadas en Morelia

…y siete muertos habría que añadir y más de cien heridos y los muchos más que, me temo, habrán de caer todavía. Allá, en Nueva York, en Chicago, en Washington o en Denver, la droga que sale de aquí y distribuyen, con total impunidad, los cárteles norteamericanos, verdaderos dueños del negocio, alivia las angustias cotidianas de más 7 millones de adictos que, pase, toque o inyección de por medio, sobrellevan así el idílico “american way of life”. Sistema de vida, que por cierto, se sostiene, además de sus ingresos legales, la venta de armas, claro, es uno de ellos, gracias a la entrada en circulación, libre de las ataduras de la economía formal a la que, sin embargo, oxigena, de más de 300 mil millones de dólares anuales, producto del tráfico y consumo local de estupefacientes. Mientras allá pues la vida se organiza en torno a la droga, aquí morimos por ella.

En este país que se hunde bajo el peso de la impunidad, la corrupción y el accionar creciente del crimen organizado, ese flujo indetenible de armas y centenares de millones de dólares que viene del norte produce y seguirá produciendo zozobra, incertidumbre, muerte. Muerte a tal grado violenta e indiscriminada que hemos perdido incluso la capacidad de asombro ante tanto decapitado y tanta masacre; 12 en Mérida, 10 en Juárez, 24 en La Marquesa; las cifras no cesan de crecer y ahora se engrosan con civiles inocentes que no hacían sino estar ahí, en una plaza pública, entre miles más, disfrutando la fiesta de una independencia cuyo significado amenaza con perderse del todo.

Dice bien Tony Garza, el embajador estadunidense, fueron narcoterroristas los que lanzaron las granadas. Elude sin embargo el funcionario la responsabilidad de su gobierno en la génesis de esos monstruos. Sí, en el terreno de la política y por su celo fundamentalista, el gobierno estadunidense ha terminado por ser, triste y paradójicamente, uno de los más activos promotores del terrorismo al que con tanto denuedo combate, es su actitud laxa e irresponsable ante el consumo de drogas de sus propios ciudadanos y la falta total de compromiso con la persecución y el castigo de los capos locales lo que ha hecho crecer el negocio del narcotráfico y lo que, a fin de cuentas, ha terminado por generar figuras de la calaña de Escobar o de Osiel Cárdenas y ha permitido la integración y el desarrollo de grupos criminales como los cárteles del Golfo, de Juárez, de Sinaloa o bien de grupos paramilitares como La Familia y Los Zetas.

También del norte, por cierto, es que llegan las armas con las que los capos se matan entre sí, matan a las autoridades que los combaten y matan a los civiles que se les atraviesan en el camino, o cuya muerte sirve, como en el caso de Morelia, para “calentar una plaza” y dañar a sus competidores. También con esas armas –con las que venden a los capos y las que venden a los cuerpos de seguridad– hacen pues negocio los estadunidenses. Eso se le olvido decir al señor Garza y también hablar de cómo la industria del entretenimiento no cesa, de manera subliminal si se quiere, de promover el consumo y de celebrar a aquellos actores, cantantes, figuras públicas que fuman mariguana o son adictos a la cocaína. Qué más da que jueguen con eso; en Hollywood, Wall Street o Washington la droga no deja de ser sino una travesura que merece cuando más la reprimenda de un juez y ocasiona un rentable escándalo mediático. Aquí en Morelia, mientras tanto, esa misma droga que tan campantes consumen los estadunidenses, produce cuerpos desgarrados por la metralla.

Ya tenían los capos granadas –y muchas– en su poder. Quien las tiene –es una ley de las armas– las usa. Ya, incluso, las habían lanzado antes; en una discoteca en Nuevo León, contra la tropa que se aproximaba a una casa de seguridad en Sinaloa y luego en Guanajuato contra una base militar. Quien incorpora explosivos a su arsenal sabe, desde que lo hace, que su poder no se gobierna y que tarde o temprano habrá de causar bajas civiles. Ahora en Morelia, porque así convenía a sus intereses, los narcos las lanzaron, sin más, contra la multitud. Les convenía hacerlo. Era barato. Era sencillo.

No es pues, me parece, del todo cierto que los capos mexicanos hayan dado ahora, con este atentado, un salto cualitativo en su accionar. Caminan ya hace tiempo en esta misma dirección. Hace unas semanas ametrallaron a una multitud en Creel; antes habían dispuesto –no lo lograron– el estallido de coches bombas en Sinaloa. Su única doctrina es la violencia indiscriminada; la muerte ejemplar.

Vivimos, hace ya tiempo, un proceso de escalamiento del conflicto que no habrá de detenerse –pese a los estentóreos llamados a la unidad– si algo no cambia o no hacemos que cambie en los Estados Unidos. Acabar con la amenaza, contenerla siquiera, será imposible en tanto sigan llegando del norte tal cantidad de armas y de dólares. Cortar la ruta de abastecimiento del enemigo, de eso Washington sabe mucho, es vital para ganar una guerra.

http://www.milenio.com/node/81914

Lorenzo Meyer: Un proyecto con más de 60 años

Camino al estado fallido. Este artículo estaba hecho cuando ocurrió el atentado terrorista en Morelia, un asunto tan grave que debe abordarse de inmediato. Lo ocurrido este 15 de septiembre significa el temido salto cualitativo en la cadena de fracasos de las instituciones públicas. La raíz de tales fracasos es la corrupción e impunidad que la clase política ha tolerado, fomentado y aprovechado de tiempo atrás. Finalmente se ha perdido el control. La responsabilidad de lo que acontece es de la minoría dirigente pero las consecuencias afectan a todos y todos tenemos que responder, aunque sin pretender que las diferencias sobre cuál es el interés nacional con relación al petróleo y asuntos similares se haya borrado.

El neoalemanismo. En más de un sentido, el panismo hoy es un nuevo alemanismo. El gobierno de Miguel Alemán (1946-1952) fue el triunfo de la derecha posrevolucionaria sobre lo que quedaba del cardenismo. El panismo del 2000 a la fecha es el triunfo de la derecha no priista sobre los herederos del cardenismo. Sin embargo, y aunque en la práctica el grupo que se supone que hoy controla al Gobierno Federal es una derecha tan dura y corrupta como la alemanista, hay diferencias: ésta es menos eficaz, más torpe que aquélla.

Las semejanzas entre el proyecto de Alemán y el del gobierno actual se da en varios campos, entre otros en el petrolero. Las fuentes para sostener tal argumento son muchas, pero hay una particularmente significativa: los archivos del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Veamos algunos de sus numerosos documentos.

Desencuentro. En un memorando del 20 de agosto de 1948, el entonces primer secretario de la embajada norteamericana en México, Harry R. Turkel, informó sobre los pormenores de una conversación reciente con Jorge Viesca, secretario del presidente Alemán. El meollo de lo discutido se puede resumir así: desde la perspectiva alemanista, los serios problemas en los que entonces atravesaba la economía y la política mexicanas –déficit en el intercambio con el exterior, devaluación del 75 por ciento, inflación, carestía, descontento popular e incluso rumores de golpe militar- se podrían haber evitado o disminuido si Washington hubiera respondido positivamente a su petición de un préstamo sustantivo para llevar a cabo un programa acelerado de exploración y explotación petrolera en gran escala. Como el préstamo no se otorgó, el resultado fue la devaluación del peso con su consiguiente cauda de efectos negativos.

En los círculos del poder mexicanos se sospechaba –y con razón- que a pesar de las buenas relaciones de “Mr. Amigo” con el presidente Harry Truman, éste le había negado el préstamo para obligarle a cimentar su programa de expansión petrolera en la única otra fuente disponible: en las empresas petroleras de Estados Unidos. De esa manera, y desde la perspectiva norteamericana, así se matarían varios pájaros con la misma piedra: se marginaría a Pemex del plan de expansión, se abría de nuevo la puerta mexicana a las empresas petroleras privadas norteamericanas y se aumentarían las reservas cercanas de combustible, tan necesarias en caso de un nuevo conflicto mundial. En dicha reunión, el lado norteamericano se defendió y argumentó que el préstamo se había negado no como forma de presión, sino simplemente porque el Gobierno no había presentado bien su solicitud, (Archivo del Departamento de Estado. Asuntos Internos de México, 812.00/8-2048). Obviamente esa razón “diplomática” no debió de haber convencido ni a quien la formuló.

El proyecto. Del documento citado se desprenden varias conclusiones. En primer lugar, que hace ya sesenta años un gobierno tan conservador como el actual buscaba solucionar sus problemas económicos –entre otros, la baja recaudación fiscal- por la misma vía fácil que hoy se pretende volver a recorrer: invitar al capital externo a extraer para luego exportar el recurso natural no renovable más valioso del país y así superar sin resolver dificultades económicas y políticas. Alemán asumía la conducta propia del político y no del estadista: posponer o evitar la solución de fondo, buscar una temporal –la exportación de petróleo- y seguir adelante.

Para entonces, la embajada norteamericana ya tenía clara conciencia de que su lucha por reabrir la puerta del petróleo mexicano a sus empresas tenía como principal obstáculo no a Alemán y a su grupo de alegres explotadores del poder en beneficio personal, sino al ex presidente Lázaro Cárdenas y lo que quedaba del verdadero nacionalismo revolucionario. Durante la II Guerra Mundial y en los años siguientes, México había pedido una serie de préstamos al Export-Import Bank de Estados Unidos (Eximbank) para actividades de infraestructura y desarrollo económico y, en términos generales, había obtenido respuestas positivas, pero no en el caso del petróleo.

Desde julio de 1944 el propio presidente norteamericano, Franklin D. Roosevelt, le había hecho saber al secretario de Relaciones de México, Ezequiel Padilla, que si el gobierno mexicano necesitaba recursos para aumentar su producción petrolera, debía recurrir al capital privado norteamericano, aunque más adelante se matizó la posición: Washington podría interesarse en ayudar a Pemex a localizar nuevos depósitos pero a condición de que éstos se consideraran como reservas estratégicas para la defensa continental, (Foreign Relations of the United States, 1945, Vol. IX, Washington, Departamento de Estado, 1969).

Cuando Alemán asumió el poder, el gobierno norteamericano estaba al tanto de cuál era la posición del ex presidente Cárdenas. En un memorando fechado el 12 de agosto de 1948, el embajador norteamericano, de nuevo basándose en conversaciones entre Turkel y otro político mexicano –con Manuel Germán Parra, profesor y economista que se movía a sus anchas lo mismo entre alemanistas que entre cardenistas-, señalaba que Cárdenas se oponía a usar el petróleo como la salida fácil a los problemas económicos del Gobierno. Para el general michoacano, México no debería volver a ser un gran exportador de petróleo; se debería colocar en el exterior apenas el crudo necesario para compensar las importaciones de derivados del petróleo que México se viera obligado a hacer. Según Parra, para el ex presidente que había nacionalizado el petróleo sólo una emergencia internacional justificaría exportaciones irrestrictas de hidrocarburos, es decir, únicamente si ocurría algo semejante a lo sucedido durante la II Guerra Mundial y Estados Unidos necesitara el combustible. En todo caso, sería una medida temporal pues los recursos estratégicos y no renovables del país no se deberían poner nunca en el mercado internacional como si fueran una materia prima cualquiera.

Por lo que respecta a la decisión de volver a admitir empresas privadas extranjeras al sector petrolero, Cárdenas era partidario de evitarlo. Sin embargo, el ex presidente estaba dispuesto a pasar el trago amargo de volver a recibir empresas petroleras norteamericanas si ésa era la única manera de evitar el desabasto interno, pero siempre y cuando no se admitiera al principal enemigo de la expropiación de 1938 –a la poderosa Standard Oil- ni se firmaran “contratos riesgo”, es decir, que a las empresas que se contratara para trabajar en campos mexicano se les debería pagara por su labor con una suma pactada de antemano pero nunca con una proporción del petróleo que encontraran, pues ya se hablaba de entregarles el 20 por ciento del valor de lo que extrajeran, (archivo citado, 812.00/8-1248).

Como bien sabemos, al final Alemán se impuso sobre el ex presidente Cárdenas y entre 1949 y 1951 firmó cinco “contratos riesgo” con otras tantas empresas norteamericanas aunque se cuidó de no hacerlo con la Standard Oil. De manera indirecta, pero clara, Cárdenas manifestó su oposición a lo que consideró una política contraria al interés nacional mexicano en materia de petróleo. Lo hizo, entre otras maneras, vía la publicación de una serie de artículos críticos de un legislador michoacano, Natalio Vázquez Pallares. Finalmente, en los 1960 esos contratos se cancelaron, aunque México debió de indemnizar a las empresas petroleras afectadas.

Un capítulo histórico que no concluye. La lucha por el control del petróleo mexicano se inició hace prácticamente un siglo, con el maderismo, y no ha cesado. Es cierto que ha habido periodos de tregua más o menos prolongada, pero nada más. Cada vez que la economía mexicana entra en dificultades la presión externa por recuperar algún grado de control sobre nuestro combustible ha renacido. Debemos resistir la tentación de la solución fácil en aras del auténtico interés colectivo de largo plazo.

http://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/181885.un-proyecto-con-mas-de-60-anos.html

J. Enrique Olivera Arce: ¿Unidad para qué?

Desde lo más profundo de la descomposición del sistema económico y político de la Nación, se llama a la unidad de todos los mexicanos para hacerle frente a la escalada de violencia en que incurre el crimen organizado. Retóricamente suena bien y efectivamente, sólo con la unidad se puede ir al rescate y reconstrucción de un tejido social en crisis en el que todos estamos involucrados. Sin embargo, no son pocos los que desgarrándose las vestiduras claman por ello llevando agua a su molino. Para estos, unidad, es la consigna de moda y el especular sin sustento alguno sobre los responsables de la condenable agresión a inermes ciudadanos en Morelia, es la tarea. Pareciendo discordante y fuera de lugar el que mediáticamente desde el PRI surja la pregunta: ¿Unidad para qué?

Interrogante contra corriente que resulta por demás lógica, cuando al mismo tiempo el Secretario de Gobernación afirma que no habrá cambios en la estrategia del gobierno federal en el combate a la delincuencia organizada., sin mediar una evaluación autocrítica y creíble sobre los resultados hasta ahora obtenidos en la sacudida al avispero. Y mucho menos sobre la situación que hoy guarda el Estado-Nación, caldo de cultivo para la trasgresión impune del estado de derecho.

Después del niño ahogado, todos a una a tapar el pozo. (¿Quiénes?) ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Con qué? Nadie lo sabe a ciencia cierta, pues para empezar, una guerra no se inicia dando palos de ciego, sin tener claros propósito, objetivos, estrategia, y medios para alcanzar la victoria. Naturalmente, también y en primer término, identificar al enemigo, conocer de sus propósitos últimos, calificando a su vez su capacidad real y potencial para saber a que y a quienes se pretende enfrentar.

Se nos dice de un poderío financiero del enemigo, muy superior a las disponibilidades del gobierno; se habla de sus nexos con aliados externos desparramados por todo el orbe, y se afirma todos los días, que se le va venciendo en la medida del alto número de capos de rostro patibulario que las fuerzas del orden atrapan o eliminan y que, en esa misma medida, son substituidos por otros de igual o sin duda ya, peor catadura. El cuento de nunca acabar. Pero nunca, hasta ahora, se ha tenido la atingencia de informar a la ciudadanía que el ejército de capos y sicarios que operan en el terreno, está al servicio de poderosas empresas criminales y altos ejecutivos que desde lujosas oficinas, con sofisticada tecnología planean y conducen impunemente sus ilícitas operaciones, lo mismo en México que en otras latitudes.

Nada parece indicar que contra estas altas esferas de la delincuencia organizada, personajes de cuello blanco y finas maneras, se privilegie la estrategia de la guerra emprendida. Nada se nos dice al respecto ni se observan avances en tal sentido. La cabeza principal de la hidra sigue siendo un misterio no resuelto. No se conoce al enemigo más allá de los daños que hoy lamentamos.

Por los resultados y daños colaterales, para el común de los ciudadanos queda la impresión de que no se ha tomado para nada en cuenta lo anterior. El enemigo, al que ya se califica “traidor a la patria”, es un fantasma que está en todos lados y al mismo tiempo no está en ningún lugar. Lo mismo podría ubicársele en el bando de los malos que en el de los que se dicen ser los buenos. La corrupción y la impunidad que domina en México, impide establecer distingo alguno para diferenciar a los unos de los otros.

La sabiduría popular enseña que “según el sapo es la pedrada”. Y está visto que no se alcanzará la victoria oponiendo violencia a la violencia en el terreno, si no se combate al corazón del enemigo en su madriguera, oponiendo inteligencia superior a la que hoy por hoy parece dominar en las altas esferas de la industria del crimen, como bien lo saben los señores de las fuerzas armadas que conocen de la manufactura del paño.

Así que unidad ¿para qué? ¿En torno a qué? ¿A los gobernantes en turno? ¿A un sistema de procuración de justicia cuestionado? ¿O a una inexistente política con visión de Estado que sin atentar contra los derechos humanos y clima de libertad cuya construcción ha costado mucha sangre al pueblo de México, haga de la racionalidad, buen juicio, honestidad, y un profundo amor a la patria su estandarte? La unidad a secas, en abstracto, al costo social y político que sea, únicamente conduce al pensamiento único; al fascismo dictatorial que el enemigo real pretende imponernos.

José Cueli: Instinto de muerte

En una época que se afana por prestigiar la investigación experimental, la tecnología de punta y la comunicación a través de los mass media, de los datos verificables y cuantificables, de las verdades absolutas (?), ¿cómo transmutar en análisis experimentales unas imágenes que no llegan a la conciencia y que la mágica sutileza del sicoanálisis no reclama de nosotros otra realidad que ha de vivirse transportando a otro campo que se nos va de las manos? ¿Cómo transmutarlo si es el sicoanálisis con su instinto de muerte un reactivo al revés, una inopinada visión retrospectiva de lo que es y no es?

Si el mundo se nos revela con ínfulas de urbanidad electrónica suprema, pero desmentido por las disonancia de una agitación estruendosa –guerras, hambre, terrorismo, crueldad, tortura, corrupción, violencia y desintegración familiar, desigualdad social, violación de los más elementales derechos humanos– que lo invade todo, que se diría ser una etapa masiva de cientificidad, que haga un hombre en trance de transformación y traslado, una partícula perfectamente hábil y anodina para el cumplimiento de unos propósitos que rebasan a la razón, pero lo “adaptan” a vivir en sociedad, cuya finalidad nadie penetra.

El instinto de muerte freudiano es anterior a este desmando crítico, perpetuamente tornadizo, apresado en garras de eternidad. Tratar de detener lo que se nos escapa, se nos va de las manos, en un laboratorio es cosa vana. ¿Es la materia la que queda o la que se va, la que se transforma, la que se traspone? ¿Y, las formas se pierden o, más bien, se repiten, se eternizan como anunciaba Freud en Más allá del principio del placer? ¿Qué da movimiento al instinto de muerte, a la crueldad, a la violencia y a la tortura?

Freud amplía la noción de psique y al lado opuesto de la razón encuentra el inconsciente, y en oposición al instinto de vida encuentra el de muerte, estableciendo de este modo la posibilidad de concebir, como parte constitutiva de lo humano, esa fuerza contraria a la razón, determinante para explicar lo que hasta entonces había quedado inaccesible a la ciencia.

Freud no es aceptado por la academia positivista propietaria de la ciencia, porque ésta es hija de la razón, y la razón no acepta al inconsciente, al no ser medible ni predecible ni verificable.

Fue el siglo XX, ¿y lo será el XXI?, la centuria de la ciencia de los hechos, el método experimental, el de intervenir en su conjunto, incluyendo al hombre dándole las formas más caprichosas. La estructura del universo se va descifrando por la actitud omnipotente del hombre que no considera límites físicos ni sociales ni morales a sus actos, pues cree que él mismo fue quien los inventó.

Sin embargo, tanto científicismo que deja de lado a la sicología de las profundidades de Freud no ha podido, sino por el contrario, frenar la descomposición social y la violencia y capacidad de la destructividad humana. No es ignorando al inconsciente y a la parte “negra” que nos habita y constituye como lograremos, si es que es posible, dar todavía esperanza al futuro de la humanidad.

De nada ha servido la ciencia medible, precisa y aséptica que ha dado paso a la creación de tecnología de punta para crear armamento complejo para matar y aniquilar.

Hartos estamos de escuchar discursos cargados de estulticia en los que se habla y actúa desde la prepotencia imperialista de “bombas inteligentes”, guerras, (léase) matanzas preventivas. Ya no cabe el engaño.

A pesar de la manipulación y el uso alevoso y perverso de los mass media, las imágenes de tortura no hacen sino constatar que hemos perdido el rumbo.

Quizá aún haya tiempo de enmendar tantos errores. Pero para ello habrá que estudiar con más profundidad la naturaleza humana.

http://www.jornada.unam.mx/2008/09/19/index.php?section=opinion&article=a06a1cul

Octavio Rodríguez Araujo: ¿Política del miedo?

En Morelia, Michoacán, la noche de la celebración de la Independencia de México fue sangrienta. Dos granadas de fragmentación explotaron entre la muchedumbre: siete muertos y más de cien heridos fue el saldo conocido hasta la mañana del día siguiente. Esto no había pasado, no que yo recuerde. No fue un acto guerrillero; los grupos guerrilleros en México nunca han actuado de esta forma, se han cuidado de respetar las vidas humanas. Fue un acto terrorista, para provocar miedo y muerte, miedo a la muerte también.

A partir de ahora cualquier lugar, solitario en una calle oscura o en medio de la muchedumbre, es peligroso. Nadie sabe lo que le pueda pasar, y Calderón, insensible y obstinado, insiste –después de conocer la tragedia– en que los mexicanos “sin excepción” debemos unirnos en la desenfrenada e improvisada carrera de su desgobierno contra el crimen organizado, incluso denunciando a los agresores o proporcionando información para dar con ellos. Para completar el cuadro “aseveró que se equivocan quienes pretenden que el miedo haga presa a la sociedad” (Reforma.com, 16/09/08).

¿Y qué es lo que se puede esperar, además de miedo, después de las explosiones de Morelia? Si eso ocurrió en un pacífico festejo popular, ¿por qué no en cualquier otro tipo de acto o en un mitin de apoyo o de rechazo convocados por cualquier motivo por un líder, un partido o el mismo gobierno? En otros países ha habido actos terroristas recientes en el transporte (en Madrid el 11 de marzo de 2004 y en Londres el 7 de julio del año siguiente), en cafeterías y restaurantes, en plazas públicas, en hoteles y en las calles donde han explotado no pocos automóviles. Aquí ya contamos con esos escenarios.

En México, desde que se inició la guerra de Calderón contra los narcotraficantes, han muerto más personas que quienes se supone son las víctimas de aquéllos, es decir, los que consumen drogas ilícitas y que, también supuestamente, el gobierno trata de proteger con su guerra (¿será?). Y es ésta, la guerra, la que ha motivado el uso de granadas de fragmentación antes de Morelia, por ejemplo en Sonora el mes pasado, aunque no fueran activadas (La Jornada on line, 21/08/08), disparos con armas de alto poder en casi todas las ciudades importantes del país y asaltos a mano armada en casas y barrios, donde antes no había pasado nada de este tipo.

No. No hay motivo para tener miedo, es solamente algo que imaginamos porque los mexicanos nos hemos vuelto paranoicos y aprensivos. Imaginamos los secuestros de todo tipo y nivel, así como los levantones, los asesinatos, las mutilaciones y los asaltos. Si no fuera por nuestra delirante imaginación viviríamos tan tranquilos como antes de que Calderón iniciara su valerosa guerra rodeado del Estado Mayor Presidencial y de ambientes de seguridad de la más alta tecnología.

¿Por qué habríamos de tener miedo si sólo nos encontramos entre dos fuegos? Por un lado los bandidos y por el otro los policías y los soldados. Éstos también dan miedo: catean domicilios sin orden judicial, amagan poblaciones enteras, violan y roban cuando pueden o cuando se embriagan o se drogan. La seguridad nacional que Calderón ha querido garantizar se ha vuelto la inseguridad nacional, y todavía nos pide que lo apoyemos en esta lucha sin cuartel, que nos unamos todos (“pueblo y gobierno”), que no tengamos miedo y que combatamos con ligas y cáscaras de limón al crimen organizado y a los enemigos de México.

¿Por qué no habríamos de pensar, ya que nos han vuelto paranoicos, que el aumento de la criminalidad ha sido deliberado como una política de gobierno para justificar la militarización del país y quitarnos nuestros derechos y libertades (cada vez más restringidos)? Se ha hecho en Estados Unidos bajo el desgobierno de Bush, lo han hecho los dictadores de América Latina en aquellos tiempos que ahora, ingenuamente, creemos ya superados, ¿por qué no también en México? El argumento ha sido, precisamente, “la seguridad nacional”, y el resultado logrado ha sido su contrario. Nunca, desde hace setenta años, el país había vivido con tanta inseguridad.

Mi tía Irene (todos tenemos una tía Irene) me decía hace poco que leer todos los días “tantos muertos aquí y allá” podría resultar igual que una vacuna: insensibilizarnos ante la muerte, acostumbrarnos a vivir en un mundo (un país) irremediablemente peligroso. Tal vez tenía razón esa tía Irene, pero el problema es que alguien quiere que tengamos miedo, que no nos insensibilicemos, que no nos acostumbremos a vivir en peligro. Y la receta fue, por ahora, el 15 de septiembre en Morelia. Y en este caso da igual quién puso las granadas de fragmentación o los artefactos explosivos que hayan sido. Los muertos y los heridos nada tenían que ver con el narcotráfico ni con la lucha de Calderón y Bush contra aquél: fue una acción para provocar miedo e inseguridad y para que no pocos ciudadanos atemorizados demanden ahora que el gobierno endurezca todavía más sus políticas contra el crimen, aunque en ello les vaya perder sus derechos y libertades. El miedo y la incertidumbre, debe recordarse, propician exigencias de “mano dura y firme” entre la población, especialmente entre las clases medias. Todas las dictaduras del siglo pasado fueron precedidas de exigencias de este tipo: desde el fascismo italiano a principios de los años veinte, pasando por el nazismo alemán, hasta las últimas dictaduras latinoamericanas. Léanse, si no, las cartas y comentarios en los periódicos en Internet y no sólo en los de derecha: muchos piden o exigen mano dura y firme, y hasta más.

¡Cuidado! Something is rotten not only in the state of Denmark… but also in Mexico –se diría en un Hamlet actual.

DAVID ALANDETE: El Partido Republicano enseña su rostro más radical

En las primarias fueron contrincantes. Pero los tres principales competidores contra John McCain por la nominación del Partido Republicano se unieron el miércoles en un duro ataque contra lo que bautizaron como “la prensa liberal”, contra la izquierda, contra Washington y contra el candidato demócrata a la presidencia de EE UU, Barack Obama.

Olvidados los tiempos del conservadurismo compasivo, Rudolph Giuliani, Mike Huckabee y Mitt Romney imprimieron un tono radical a la Convención de Saint Paul y acusaron al senador por Illinois de falta de firmeza ante el terrorismo islamista y de atesorar menos experiencia ejecutiva que cualquiera de los dos miembros de la candidatura republicana.

“Los demócratas han renunciado a ganar la guerra de Irak y han renunciado a América”, dijo el ex alcalde de Nueva York Rudolph Giuliani. En una severa crítica al Partido Demócrata, dijo que en su Convención, en Denver, “raramente mencionaron los ataques del 11 de septiembre de 2001. Viven un estado de negación respecto a la mayor amenaza que vive nuestro país”.

El ex gobernador de Arkansas Mike Huckabee acusó a Obama de ser el candidato que pondrá a Estados Unidos “en riesgo en un mundo peligroso”. Mitt Romney, por su parte, aportó puntos del ideario neoconservador al asegurar que los republicanos son los únicos que creen “en la distinción entre el bien y el mal”, mientras Obama “duda y se doblega” ante el terrorismo.

Giuliani defendió a McCain como “un soldado de a pie en la revolución conservadora de Reagan”. De hecho, los tres ex candidatos le atribuyeron a McCain el rol de defensor del legado del célebre presidente republicano de los años ochenta. “El camino adecuado es el que lideró Ronald Reagan hace 30 años y que ahora recorrerán John McCain y Sarah Palin”, dijo Romney, que fue gobernador de Massachusetts entre 2003 y 2007.

En su intervención, este político mormón unió directamente la presidencia de George W. Bush a la candidatura de McCain. “Bush definió a los Estados que patrocinan el terrorismo como lo que son: un eje del mal”, afirmó, en una defensa de la tradición neoconservadora de los años más recientes del Partido Republicano. “El islamismo radical y violento es el demonio, y debemos vencerlo”.

“Queremos pasar de un Washington liberal a un Washington conservador”, dijo Romney, en tono desafiante. “Los liberales cambiarían la sociedad de las oportunidades por la dependencia de la caridad del Gobierno”, dijo, detallando a continuación un ideario económico netamente republicano: “El camino adecuado consiste en reducir el gasto del Gobierno, en bajar los impuestos, en exterminar las grandes regulaciones y los mandatos, detener las tasas a las empresas y enfrentarse al apetito de tiranosaurio de los sindicatos”.

Tanto Romney como Giuliani acusaron a los demócratas de la crisis energética que vive EE UU. Ambos defendieron la propuesta de McCain de abrir las costas estadounidenses a más perforaciones petrolíferas. “Es el Congreso liberal el que nos hace más dependientes de los tiranos de Oriente Próximo”, dijo el ex gobernador de Massachusetts.

Los discursos de los tres ex candidatos fueron, también, una defensa de la experiencia política de Sarah Palin y un encendido ataque personal contra Obama y su compañero de candidatura, Joe Biden. ” tiene ya más experiencia en un puesto ejecutivo que toda la candidatura demócrata”, dijo el ex alcalde de Nueva York. “Ha sido alcaldesa, y sabéis cómo me gusta este trabajo. Lo siento, Barack, si [el puesto de alcaldesa] no es lo suficientemente glamuroso”, dijo.

Los tres antiguos adversarios se sometieron obedientemente a la disciplina de partido en sus comparecencias. Sólo uno, el ex gobernador de Arkansas y ministro baptista Mike Huckabee, reconoció entre risas que, al principio, hubiera querido ser él quien leyera el discurso de aceptación de la candidatura el jueves por la noche. Pero el Huckabee del miércoles fue un ariete más en la táctica de acoso y derribo diseñada por el estratega electoral Steve Schmidt, amigo personal de Karl Rove y arquitecto de la campaña de McCain. “Sarah Palin obtuvo más votos como alcaldesa de Wasilla, Alaska, que Joe Biden en su candidatura a la presidencia”, dijo.

Fue Huckabee quien más se cebó con “los medios elitistas” por subrayar diversas polémicas en las que Palin se ha visto envuelta recientemente. La prensa, dijo, “ha hecho algo que parecía imposible de conseguir: unir al Partido Republicano y a todos los estadounidenses en apoyo del senador McCain y la gobernadora Palin”.

http://www.elpais.com/articulo/internacional/Partido/Republicano/ensena/rostro/radical/elpepuint/20080905elpepiint_3/Tes

Raúl Zibechi: Entre el golpismo y la democracia vigilada

Lo sucedido antes y lo que está sucediendo después del referendo revocatorio en Bolivia merece ser discutido y analizado por las izquierdas antisistémicasy los movimientos sociales latinoamericanos, ya que forma parte de las nuevas estrategias para sostener la dominación, implementadas por las elites los últimos siete años, luego del 11 de septiembre de 2001. No se trata de estrategias inéditas, sino del permanente perfeccionamiento de las que van ganando impulso desde la derrota imperial en Vietnam.

Como muestran Bolivia, Colombia y Venezuela, están emergiendo nuevas derechas autoritarias, que no rehuyen los golpes de Estado, pero que ahora asumen formas diferentes a los golpes militares clásicos. Ya no pretenden derribar presidentes con tanques en la calle ni bombardeos a los palacios de gobierno. Uno de los objetivos más destacados, en esta etapa, es obstaculizar la gobernabilidad democrática y popular, no importando si los gobiernos son apoyados por la población, si son sostenidos por mayorías y si actúan dentro de la ley. Pese a haber ganado más de diez elecciones, Hugo Chávez fue acusado reiteradas veces de dictador o de autoritario.

Para impedir la gobernabilidad en procesos de cambio social, las nuevas derechas han encontrado modos para promover una suerte de inestabilidad de masas mediante grandes movilizaciones populares impulsadas desde arriba, convocadas por los grandes medios monopolizados. Aquí el papel de los medios es importante, pero no factor decisivo. Mucho más importante es fomentar la intolerancia y los miedos de las clases medias, y de importantes sectores populares, hacia los diferentes (indios, pobres, otras lenguas y culturas). Insuflar miedo da buenos dividendos, de ahí que en todos los procesos mencionados la delincuencia y la violencia urbana se hayan disparado o ésa es la impresión dominante entre buena parte de la población.

En Colombia el elemento movilizador es el “terrorismo” de las FARC, pero en Argentina un padre de familia, cuyo hijo fue asesinado por delincuentes, Juan Carlos Blumberg, movilizó cientos de miles con la excusa de la inseguridad ciudadana, codo a codo con la ultraderecha, contra el gobierno de Néstor Kirchner. Las nuevas derechas, sean las autonomistas de Santa Cruz o las que defienden una televisora golpista en Caracas, tienen capacidad de movilización de masas, apelan a demandas “democráticas” y utilizan un lenguaje familiar a las izquierdas, pero para promover fines antidemocráticos y los intereses de las elites. A menudo meten en el mismo saco a las viejas derechas y a los dirigentes de los movimientos sociales y de izquierda, como hizo el prefecto golpista de Santa Cruz, Ruben Costas, quien la noche del referendo atacó por igual a Evo y a Jorge Quiroga, dirigente de Podemos: “Con la presencia del pueblo, derrotamos el oportunismo político que sin escrúpulos unió a la derecha conservadora y al masismo totalitario para destruir a esta patria emergente, alejada de los privilegios de la verdadera oligarquía que es el MAS”. Discursos como éste son desvaríos oportunistas, pero lo cierto es que las nuevas derechas enarbolan demandas sentidas por amplias franjas de la población.

Estos discursos y esas prácticas obedecen a dos nuevas orientaciones de las elites globales. La primera fue formulada por Robert M. Gates, secretario de Defensa de Estados Unidos, en su discurso en la Universidad Estatal de Kansas, titulado “La restauración de los instrumentos no militares del poder estadunidense” (Military Review, mayo-junio de 2008). Quien sirvió a siete presidentes como director de la CIA sostiene que su país puede mantener la hegemonía mundial a condición de “fortalecer nuestras capacidades de usar el poder ‘blando’ y establecer una mejor integración con el poder ‘duro’”.

Sacando conclusiones de la experiencia en Irak y Afganistán, Gates sostuvo que “el logro del éxito militar no es suficiente para vencer, sino el desarrollo económico, la construcción institucional y el imperio de la ley”. Para conseguirlo, se trata de “atraer civiles con experiencia en el agro, gobernabilidad y otros aspectos del desarrollo”, como una de las claves de las políticas de contrainsurgencia. La segunda cuestión, íntimamente ligada a ésta, es el apoyo material y en orientación a esas nuevas elites, como sucede en Bolivia.

Según denuncia del premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel, el embajador de Estados Unidos en La Paz, Philip S. Goldberg, es el gran articulador de la oposición, inspirada en su odio a los indios. En 2007, la agencia de cooperación USAID desembolsó 124 millones de dólares en ayudas a la “sociedad civil” boliviana, canalizados por los prefectos de los departamentos de la Media Luna autonomista, embanderada detrás del departamento de Santa Cruz. Una estrategia muy similar a la utilizada en Venezuela.

Para los estrategas actuales del imperio, la democracia se reduce a elecciones con resultados mínimamente creíbles. Ni la democracia ni los servicios sociales son derechos que tiene la población, sino formas de mejorar el control y asegurar la hegemonía.

A la era de los golpes de Estado le sucedieron los “golpes de mercado”, como el que obligó la renuncia del presidente argentino Raúl Alfonsín en 1989, o de Hernán Siles Suazo en Bolivia, en 1985, en medio de la hiperinflación promovida por “los mercados” para destituir gobiernos a los que consideraban poco fiables. Ahora se trata de destituir procesos más que presidentes, impedir cambios de fondo motorizados por bases sociales organizadas y que cuentan con masivo apoyo popular. Un golpe de Estado clásico sería contraproducente, toda vez que los sectores populares aprendieron a revertirlos, como sucedió en Venezuela en 2002. La estrategia del desgaste y la ingobernabilidad ocupa el primer lugar en la agenda.

Miguel Concha: Sistemas penitenciarios y derechos humanos

Los regímenes latinoamericanos se encuentran hoy ante el dilema de favorecer la seguridad por encima de los derechos humanos. En muchos de ellos se han destinado enormes recursos económicos al resguardo y castigo de las personas sancionadas, que nunca serán suficientes ante el crecimiento de la delincuencia y el acelerado ritmo de encarcelamiento.

Conceptos como “democracia”, “seguridad”, “delincuencia”, “crimen organizado” y “terrorismo” han contribuido a que la mayoría de los sistemas jurídicos y penales de la región refuercen medidas cada vez menos tolerantes, no sólo contra la población que delinque, sino contra las personas que según el criterio del Estado podrían delinquir.

La tendencia a incrementar y ampliar las penas privativas de libertad para enfrentar el crimen ha provocado una gran sobrepoblación y hacinamiento en los centros de reclusión. Ello no obstante, los sistemas de administración de justicia en la región, especialmente los penitenciarios, son cada vez más conscientes de esta grave situación, que muchas veces conduce a situaciones insostenibles, como motines, fugas masivas, riñas y homicidios.

Lo anterior ha obligado a un debate entre diferentes actores, para encontrar alternativas que incorporen la temática de los derechos humanos como una vía concreta de solución para algunos de estos problemas. Según datos del Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente (ILANUD), en Latinoamérica se encuentran privadas de la libertad más de un millón de personas, de las cuales 60 por ciento aún no han sido enjuiciadas. La capacidad de las cárceles está sobrepasada en 162 por ciento en Honduras, 147 por ciento en República Dominicana, 145 por ciento en Brasil y 120 por ciento en Bolivia.

México no es ajeno a la inercia de emplear sistemáticamente la privación de la libertad como un recurso para enfrentar los problemas de seguridad, aunque esta estrategia no haya impactado en la percepción ciudadana de contar con mayor seguridad, ni haya reducido los índices de criminalidad. Aumentan en cambio los problemas de financiamiento de los centros de reclusión, propiciados por una sobrepoblación a 129 por ciento de su capacidad, y por las deficiencias en cuanto a la atención y resguardo de la población recluida. Uno de los casos más graves en México es el del Distrito Federal, que presenta 75 por ciento de sobrepoblación penitenciaria, tomando en cuenta que entre ella se encuentra un porcentaje de reos correspondientes al sistema federal.

El sistema penitenciario en la capital, en el que actualmente se encuentran 35 mil personas privadas de su libertad, cuenta en efecto con sólo una capacidad instalada para albergar a 20 mil reclusos y reclusas. Ello constituye un grave problema de hacinamiento, que afecta directamente la calidad y funcionamiento de las instalaciones, las cuales presentan un deterioro agravado por una asignación presupuestal reducida, ante los problemas que representa el encarcelamiento como recurso sistemático en la administración de justicia.

Frente a este panorama, que no es nuevo, una de las principales preocupaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) es la de velar por el respeto y protección de los derechos humanos dentro de los centros de reclusión en la capital. No ha sido tarea fácil. De las recomendaciones emitidas por la comisión desde su creación, 33 (20 por ciento del total) están relacionadas con el sistema penitenciario, y de las 7 mil 44 quejas que recibió la CDHDF el año pasado se desprende un total de 11 mil 428 violaciones a los derechos humanos. De entre éstas, 2 mil 503, o sea 21.9 por ciento, corresponden a distintos tipos de violaciones a los derechos humanos en el ámbito penitenciario.

Desde la perspectiva de la CDHDF, no es éticamente aceptable mantener las condiciones actuales de administración de justicia, hacinamiento y trato indigno de la población en los centros de reclusión. Por ello es importante abrir espacios de debate y discusión para encontrar alternativas y soluciones a la problemática que presenta el sistema de reclusión en México, que considere, entre otras cosas, una reforma del sistema de justicia, para lograr que sea el último recurso, y no el primero, la sanción que implica la privación de la libertad de la administración de justicia. Para buscar también penas alternativas de prisión, promover que la justicia sea pronta y expedita, y buscar opciones que mejoren las condiciones que viven actualmente las personas privadas de su libertad, en materia de salud, alimentación, seguridad, educación, trabajo, instalaciones y espacios. Fue por ello que el año pasado la CDHDF y el ILANUD, en coordinación con el Instituto Raoul Wallenberg de Derechos Humanos y Derecho Humanitario de Suecia, llevaron a cabo un seminario, con el fin de analizar la problemática que prevalece en los centros de reclusión del Distrito Federal y buscar alternativas para dignificar el trato a las personas recluidas. Como resultado, la CDHDF y el ILANUD publicaron este año el libro Sistemas penitenciarios y derechos humanos, como un aporte al debate sobre la construcción de un sistema penitenciario respetuoso y promotor de los derechos humanos de las personas privadas de libertad.

* La Jornada

* http://www.jornada.unam.mx/2008/06/07/index.php?section=opinion&article=016a2pol