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Lydia Cacho: Paramilitares en casa

Cuando aun tenía escoltas de la AFI por amenazas de muerte, los guardias privados de mi vecino, un millonario norteamericano, preguntaron a mi escolta cómo conseguir armas.
Cada día encontramos más grupos de seguridad privada dispuestos a llevar armas, legales o ilegales, para proteger las propiedades y personas de las familias adineradas de México, que a pesar de la inseguridad eligen quedarse en nuestro país.
Las leyes de la Física dicen que todo vacío tiende a llenarse eventualmente; es así como el vacío de seguridad poco a poco es llenado por especialistas de protección personal.
Ni siquiera las agencias de seguridad tradicional parecen confiables para quienes pueden pagarlas.
Nada pueden contra narcotraficantes, sicarios, zetas y secuestradores profesionales fuertemente armados. El comercio de armas ilegales es una realidad.
Este fenómeno no es nuevo, Colombia pasó por la creación de cuerpos especializados que más tarde pasaron a formar parte de grupos paramilitares criminales llamados Autodefensas Unidas. La complejidad del tema apenas nos permite poner sobre la mesa algunas preocupaciones.
En los tiempos del famoso Tigre Azcárraga, dueño del gran emporio televisivo nacional, el Ejército creó un grupo de especialistas asignados para él y para los periodistas de la empresa.
Estos soldados fueron elegidos minuciosamente, entrenados como escoltas y dotados de armas, cuyos permisos se renuevan cada año luego de un examen y el registro. Nadie más que el ejército puede autorizar la asignación de armas legales para guardianes que no pertenezcan a agencias policíacas especializadas.
Y sólo el ejército aprueba la portación de armas para caza deportiva o clubes de tiro. Los escoltas desarmados, lo sabemos, no son otra cosa que escudos humanos para balas, testigos de robo o secuestro, o chóferes de lujo. Los empresarios también lo saben.
Monterrey, el Distrito Federal, Sinaloa y Guadalajara son algunas de las ciudades con un mayor número de familias resguardadas por escoltas privados, la mayoría armados y entrenados para matar si es necesario.
Algunos privilegiados, como la dueña de FEMSA, son escoltados por el FBI.
Cada día más empresas especializadas en valoración de riesgo, risk assesment, abren oficinas en México. Son ejecutivos altamente especializados en estrategias integrales de protección de personas y familias adineradas. Negocian rescates, investigan al personal que labora en casa o en la empresa, desde la nana hasta la secretaria.
Algunos que han hecho grandes fortunas en Colombia, a raíz de la guerra contra el narco y la inseguridad resultante, han visto el potencial de México.
Su creciente presencia contradice las buenas noticias que nos cuentan desde Gobernación. Más allá de la anécdota, resulta imprescindible analizar las consecuencias que pueden resultar de este fenómeno de cuerpos de seguridad privada o policías paralelas.
Cuando el dueño de un poderoso diario nacional dijo que huye de México por miedo otros veinte le siguen. El nerviosismo del gobierno no es menor, los inversionistas que se expatrían por la inseguridad, eventualmente se llevaran su dinero, dejaran de invertir en nuestro país. Décadas de corrupción e impunidad revelan sus efectos, ahora contra ricos y pobres.

http://www.noroeste.com.mx/opinion.php?id_seccion=104

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J. Enrique Olivera Arce: El pueblo calla pero no olvida

Desde un destacado columnista que le calificara como show, hasta un secretario de gobierno que minimizara la relevancia social y política de un hecho insólito a todas luces lamentable en suelo veracruzano, nadie, en los círculos políticos y mediáticos de la entidad, interpretó el verdadero significado de la inmolación del luchador social y líder agrario Ramiro Guillén Tapia, o cuando menos eso reflejó el tratamiento a la información por los medios y opinión de diversos comentaristas. Hubo necesidad de que un hombre, conocedor del trasfondo espiritual de la conducta humana, alzara su voz para destacar y entender un hecho ya conocido por el mundo entero.

Sí. Únicamente el Arzobispo de Xalapa, Hipólito Reyes Larios, dijo que la muerte del dirigente indígena es una “llamada de atención a las autoridades” para que tengan oídos y ojos abiertos a la realidad, siendo urgente hacer justicia y evitar que más personas recurran a medidas desesperadas para ser escuchados.

Pueden surgir muchas voces justificando la actuación de las autoridades en este caso específico, o en otros similares. Fundamentadas o no, lo cierto es que en todo el país empiezan a surgir “llamadas de atención” que no pueden echarse en saco roto, ignorándolas o minimizándolas. Hoy, a cuarenta años de la masacre del 2 de octubre del 68, otro hecho insólito lo recomienda: un joven brillante, tras recibir de manos del Sr. Calderón Hinojosa en Palacio Nacional un valioso reconocimiento por su desempeño académico, cara a cara, de frente, le espetó a la máxima autoridad de este país el epíteto de “espurio”. Guardada la necesaria proporción, entre el acto voluntario del dirigente campesino auto inmolado y el atrevimiento del joven galardonado, no existe diferencia. El valor para manifestar el descontento social frente a un gobierno sordo y omiso les iguala.

¿Qué pasa en México? Es lo que deberían preguntarse las autoridades frente a hechos que hablan por sí solos de un país sin rumbo, víctima de la pobreza y la desigualdad, sumido en la corrupción, la impunidad, la desconfianza y el burocratismo. Pero también, para nuestro infortunio, en un cada vez mayor grado de indiferencia y deshumanización en amplios sectores de la población.

El Arzobispo Reyes Larios, por diplomacia o por no lastimar la imagen del gobierno que preside su amigo, Fidel Herrera Beltrán, se quedó corto. La “llamada de atención”, equivale a un “ya basta” y así se interpreta en los sectores más desprotegidos, especialmente en las comunidades indígenas cuya paciencia se agota, tras quinientos años de espera de un trato justo que nunca llega.

He escuchado algunos comentarios en los que se señala “que el mal ya está hecho, la noticia de la inmolación de Ramiro Guillen Tapia ha dado la vuelta al mundo para desprestigio de Veracruz”. U otros que consideran que “lo ganado por el gobernador con la promoción de la entidad en los círculos internacionales del poder económico y financiero, se derrumbó en unas horas a causa de un loco”. “Miguel Ángel Yunes capitalizará a su favor la pifia de la secretaría de gobierno”. “Ante la cercanía del proceso electoral del 2009, hay que meterle billete para parar el escándalo”. La pobreza de la política veracruzana así se expresa. Por encima de los intereses de las mayorías, sus carencias y sus actos desesperados, se impone el discurso vano; el falso baño de pueblo; los intereses particulares o de grupo de una minoría insensible y falta de visión, que todo lo tasa en votos y  componendas.

Frente a ello, con la complicidad del silencio de los medios, la interpretación del Arzobispo quedará como una puntada anecdótica de la ultraderecha clerical. Para el pueblo común, para los indígenas, el sacrificio de Guillen Tapia es un hito más en la larga cadena de la memoria histórica de los mexicanos. El pueblo calla pero no olvida, así se refrendó ayer, 2 de octubre, a 40 años del genocidio.

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Lorenzo Meyer: El verdadero peligro para México

Desviar la atención. El auténtico peligro para la viabilidad de México ha estado a la vista de todos y desde hace mucho tiempo: la profunda corrupción de sus instituciones públicas.

Vicente Fox y la alianza conservadora que él encabezó encontraron muy útil concentrar el grueso de la energía y recursos del gobierno y sus aliados —medios de difusión, organizaciones empresariales, iglesias, el viejo corporativismo, etcétera— en difundir la idea de que el gran peligro para México eran la oposición electoral de izquierda y su proyecto. A estas alturas ya debiera de haber quedado claro que el auténtico enemigo de la sociedad mexicana ha sido otro: la gran corrupción pública y su inseparable acompañante, la impunidad.

Ambos factores, aunados a la falta de dinamismo de la economía y a la muy injusta estructura social, son las razones principales de que el crimen organizado haya alcanzado la posición dominante que hoy ejerce. Y lo peor es que quienes se supone que encabezan la lucha contra las organizaciones criminales son los que antes engañaron con el falso diagnóstico, pero que hoy se alarman porque la descomposición del entramado institucional ha llegado al punto de que ya apareció el terrorismo incipiente.

Una definición. Una forma de empezar a entender las razones de un fenómeno complejo es formular una definición adecuada, y la profesora Cindy C. Combs propone una particularmente útil del terrorismo: “Una síntesis de guerra y teatro, una dramatización de la violencia más condenable —la que se perpetra contra gente inocente— que se desarrolla frente a una audiencia con la intención de crear un clima de miedo con objetivos políticos”, (Terrorism in the Twenty-First Century: Universidad de Carolina del Norte, 2003, p. 10).

Lo ocurrido el pasado 15 de septiembre en la celebración de la Independencia nacional en Morelia —el estallido de dos granadas lanzadas deliberadamente sobre una multitud que celebraba un aniversario más de la independencia—, se corresponde con la definición de Combs: una brutal puesta en escena de la peor de las violencias, aunque ya no para crear sino para exacerbar el miedo colectivo. A partir de ese atentado quedó claro que nadie se debe considerar a salvo de la violencia criminal: ni pobres ni ricos, ni niños ni ancianos, ni los comprometidos ni los indiferentes, ni los de izquierda ni los de derecha. Obviamente, el objetivo final de quienes actuaron en Morelia es político: mandar un mensaje a los responsables de formular e implementar la política estatal contra el crimen organizado para que no interfieran con su actividad.

En principio, la acción en Morelia pareciera diseñada para demostrar a todos que, no obstante la movilización militar ordenada por Felipe Calderón desde diciembre de 2006, su gobierno no es capaz de cumplir su función básica y razón de ser: proteger la vida y bienes de los ciudadanos.

¿Quién exactamente decidió poner en evidencia la incapacidad de las autoridades mediante un ataque a gente absolutamente al margen de cualquier acción contra las bandas criminales? No lo sabemos aún, pero queda claro que esa acción es simplemente el eslabón más reciente de una cadena que empezó con el reguero público de cadáveres de narcotraficantes rivales, policías e incluso de algunos militares (¡más de 3,300 en lo que va de este año!). Esa mezcla de teatro y guerra subió de tono con las mutilaciones y decapitaciones de algunas de las víctimas, con los mensajes a las autoridades en sitios públicos y dio un paso más con las ostentosas matanzas colectivas, como las recientes en Yucatán y en La Marquesa —de una docena pasaron a dos docenas de ejecutados en una sola acción y sin que quede claro por qué se les ejecutó— para concluir con lo ocurrido el pasado día 15: el asesinato de ocho inocentes frente al gobernador del Estado, en una plaza supuestamente vigilada y en la tierra natal de quien está al frente del Poder Ejecutivo. Hasta ahora seguimos sin saber quién fue responsable del salto cualitativo en la inseguridad ni el motivo preciso de la acción.

El crimen organizado es una fuerza dominante en muchos municipios del país, pero recurrir al terrorismo es retar no sólo a un gobierno local, sino al federal y a sus poderosos aliados (a empresarios, a Washington, a la iglesia). ¿Para qué el desplante? ¿Se quiso dejar en claro ante todos que los criminales pueden imponer sus agendas por sobre las del resto de los actores políticos? ¿Buscaron cobrar el rompimiento de acuerdos ya pactados o inducir a buscar uno nuevo? Se pueden formular éstas y otras preguntas similares o diferentes —por ejemplo, ¿pudiera ser una acción llevada a cabo por algún grupo político para crear un clima de mano dura?—, pero de momento no hay respuesta. Sin embargo, la falta de información no impide abordar otros aspectos del fenómeno violento.

¿Un pago diferido? El régimen autoritario que caracterizó la vida política mexicana de casi todo el siglo XX presumió de haber construido el sistema de poder más sólido de América Latina y uno de los más estables del mundo. Pero esa estabilidad no democrática tuvo un costo muy alto que hoy seguimos pagando todos. Parte central de ese costo fue la institucionalización de la corrupción y de la impunidad y hasta hoy nada efectivo se ha hecho por poner fin a esa herencia infame.

En la etapa clásica del dominio del PRI sólo el presidente podía llamar a cuentas a los grandes corruptos. En las pocas ocasiones en que se puso a uno de ellos ante un juez, la acción poco o nada tuvo que ver con la justicia real y sí mucho con la “justicia selectiva”, tan útil al poder presidencial para mantener la disciplina entre la clase política; un buen ejemplo fue el encarcelamiento del líder petrolero Joaquín Hernández Galicia, “La Quina”, por Carlos Salinas.

Sin embargo, frente a cada “quinazo” hubo centenas de casos conspicuos de impunidad. Manuel Ávila Camacho, por ejemplo, dejó hacer y deshacer a Maximino, su hermano; el círculo íntimo de Miguel Alemán empleó a fondo sus posibilidades de corrupción sin límites; Carlos Hank González se convirtió en símbolo de cómo un político pobre se transformaba en lo opuesto gracias a la protección presidencial. Arturo Durazo Moreno hizo de su amistad con José López Portillo la palanca para convertir a la policía capitalina en una estructura del crimen organizado. Las cuentas suizas de Raúl Salinas o la buena fortuna de los hijos de Marta Sahagún no se explican sin una relación directa entre poder presidencial y negocios privados. La lista de casos se podría extender hasta dar forma a un volumen similar al directorio telefónico.

Como no hay crimen organizado exitoso —y el mexicano vaya que lo es— sin algún tipo de complicidad entre criminales y autoridades, el ambiente de corrupción generado por el sistema autoritario del siglo XX resultó un excelente caldo de cultivo para que nacieran y prosperaran las organizaciones criminales hasta llegar a convertirse, de marginales y subordinadas, en rivales de la clase política. Lo anterior fue posible por la combinación de corrupción institucional con la cercanía geográfica del gran mercado norteamericano de las drogas. Como bien lo señalara Luis Astorga en su historia del narcotráfico mexicano —El siglo de las drogas, (México: Espasa Calpe, 1996)— esa actividad empezó a echar raíces en México hace ya más de medio siglo, protegida por algunos gobernadores y militares en el norte del país pero, con las condiciones propicias descritas, esa actividad creció hasta salirse del control del poder político e imponer sus propias reglas, que es la situación actual.

¿Qué hacer? No hay respuesta fácil, pero cualquier intento por romper el círculo vicioso requiere abrir varios frentes de lucha contra los auténticos enemigos de México. Hay que empezar por la difícil pero indispensable tarea de crear una policía auténtica. Perseguir seriamente no sólo a los narcotraficantes de base, sino a sus socios indispensables y que además de los policías corruptos es toda la red de empresas y empresarios lavadores de dinero y los miembros de la clase política que dan protección al crimen organizado: presidentes municipales, gobernadores, altos funcionarios del aparato de seguridad. Y finalmente, abrir oportunidades reales de trabajo a los jóvenes. Miguel de la Madrid anunció pero nunca se llevó a cabo la renovación moral de la política mexicana y desde 1982 la economía no tiene vitalidad.

En suma, que el verdadero enemigo de México es la combinación de corrupción pública con una economía formal sin brío. Si ambos problemas no se enfrentan con inteligencia y voluntad, no es imposible el retorno del Estado fallido del siglo XIX.

http://www.yucatan.com.mx/noticia.asp?cx=9$2900000000$3918131&f=20080925

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J. Enrique Olivera Arce: ¿Unidad para qué?

Desde lo más profundo de la descomposición del sistema económico y político de la Nación, se llama a la unidad de todos los mexicanos para hacerle frente a la escalada de violencia en que incurre el crimen organizado. Retóricamente suena bien y efectivamente, sólo con la unidad se puede ir al rescate y reconstrucción de un tejido social en crisis en el que todos estamos involucrados. Sin embargo, no son pocos los que desgarrándose las vestiduras claman por ello llevando agua a su molino. Para estos, unidad, es la consigna de moda y el especular sin sustento alguno sobre los responsables de la condenable agresión a inermes ciudadanos en Morelia, es la tarea. Pareciendo discordante y fuera de lugar el que mediáticamente desde el PRI surja la pregunta: ¿Unidad para qué?

Interrogante contra corriente que resulta por demás lógica, cuando al mismo tiempo el Secretario de Gobernación afirma que no habrá cambios en la estrategia del gobierno federal en el combate a la delincuencia organizada., sin mediar una evaluación autocrítica y creíble sobre los resultados hasta ahora obtenidos en la sacudida al avispero. Y mucho menos sobre la situación que hoy guarda el Estado-Nación, caldo de cultivo para la trasgresión impune del estado de derecho.

Después del niño ahogado, todos a una a tapar el pozo. (¿Quiénes?) ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Con qué? Nadie lo sabe a ciencia cierta, pues para empezar, una guerra no se inicia dando palos de ciego, sin tener claros propósito, objetivos, estrategia, y medios para alcanzar la victoria. Naturalmente, también y en primer término, identificar al enemigo, conocer de sus propósitos últimos, calificando a su vez su capacidad real y potencial para saber a que y a quienes se pretende enfrentar.

Se nos dice de un poderío financiero del enemigo, muy superior a las disponibilidades del gobierno; se habla de sus nexos con aliados externos desparramados por todo el orbe, y se afirma todos los días, que se le va venciendo en la medida del alto número de capos de rostro patibulario que las fuerzas del orden atrapan o eliminan y que, en esa misma medida, son substituidos por otros de igual o sin duda ya, peor catadura. El cuento de nunca acabar. Pero nunca, hasta ahora, se ha tenido la atingencia de informar a la ciudadanía que el ejército de capos y sicarios que operan en el terreno, está al servicio de poderosas empresas criminales y altos ejecutivos que desde lujosas oficinas, con sofisticada tecnología planean y conducen impunemente sus ilícitas operaciones, lo mismo en México que en otras latitudes.

Nada parece indicar que contra estas altas esferas de la delincuencia organizada, personajes de cuello blanco y finas maneras, se privilegie la estrategia de la guerra emprendida. Nada se nos dice al respecto ni se observan avances en tal sentido. La cabeza principal de la hidra sigue siendo un misterio no resuelto. No se conoce al enemigo más allá de los daños que hoy lamentamos.

Por los resultados y daños colaterales, para el común de los ciudadanos queda la impresión de que no se ha tomado para nada en cuenta lo anterior. El enemigo, al que ya se califica “traidor a la patria”, es un fantasma que está en todos lados y al mismo tiempo no está en ningún lugar. Lo mismo podría ubicársele en el bando de los malos que en el de los que se dicen ser los buenos. La corrupción y la impunidad que domina en México, impide establecer distingo alguno para diferenciar a los unos de los otros.

La sabiduría popular enseña que “según el sapo es la pedrada”. Y está visto que no se alcanzará la victoria oponiendo violencia a la violencia en el terreno, si no se combate al corazón del enemigo en su madriguera, oponiendo inteligencia superior a la que hoy por hoy parece dominar en las altas esferas de la industria del crimen, como bien lo saben los señores de las fuerzas armadas que conocen de la manufactura del paño.

Así que unidad ¿para qué? ¿En torno a qué? ¿A los gobernantes en turno? ¿A un sistema de procuración de justicia cuestionado? ¿O a una inexistente política con visión de Estado que sin atentar contra los derechos humanos y clima de libertad cuya construcción ha costado mucha sangre al pueblo de México, haga de la racionalidad, buen juicio, honestidad, y un profundo amor a la patria su estandarte? La unidad a secas, en abstracto, al costo social y político que sea, únicamente conduce al pensamiento único; al fascismo dictatorial que el enemigo real pretende imponernos.

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Jorge Zepeda Patterson: Prensa y negros del arroz

No hay posibilidad de ser ingenuo luego de algunos meses de cubrir a la clase política Felipe Calderón se quejó el jueves de que los periodistas sólo damos malas noticias. Y tiene razón: nota roja, pleitos entre políticos, ineptitudes de las autoridades e infamias similares. Pero los periodistas nos preguntamos: ¿podemos escribir y hablar de otras cosas sin caer en la frivolidad o la irresponsabilidad? ¿Hay manera de difundir los discursos sin transparentar el escepticismo que inspiran?

Hace unos meses difundimos las declaraciones triunfalistas de Calderón en el sentido de que estábamos ganando la guerra en contra del crimen organizado. Recibieron despliegue de ocho columnas, de la misma forma que las contundentes declaraciones de Fox hace cuatro años, y las de Zedillo hace 11, que anunciaban la erradicación de la inseguridad ¿Qué se supone que debamos de hacer la próxima ocasión que el Presidente asegure, como ya lo hizo, que defenderá la canasta básica, mejorará la economía o vencerá a los cárteles de la droga? ¿Es mala leche hablarle de desempleo al ex candidato que se declaró “el presidente del empleo”?

Las autoridades acusan a los periodistas de ser cínicos y escépticos, de buscar por fuerza “los negros del arroz” en toda acción del poder público. Es posible que así sea. Pero puedo asegurar que no hay posibilidad de ser ingenuo o mantener en alta estima la condición humana luego de algunos meses de cubrir a la clase política. Se aprende pronto que la autoridad sólo dice lo que conviene a sus intereses. En el mejor de los casos es parcial al resaltar ciertos temas y obviar otros; en el peor, simplemente miente. Luego de algún tiempo el reportero no tiene sino dos caminos: corromperse y divulgar la idílica versión oficial o buscar “los negritos del arroz”.

Ciertamente los periodistas somos malos fiscales a la hora de investigar los vicios públicos. Carecemos de los instrumentos jurídicos y la calificación necesaria. Pero al menos podemos detectarla. Y tenemos que hacerlo porque los fiscales autorizados no están sirviendo. Mario Villanueva, ex gobernador de Quintana Roo, fue el último miembro de la alta clase política que cayó en prisión. Eso fue hace nueve años. Usted escoja: ¿ya no hay corrupción o aumentó la impunidad?

Los lectores piden que los medios hablemos de otras cosas: de los casos de éxito de la sociedad civil, de todo aquello que la comunidad está haciendo. Hay que hacerlo, sí, pero no podemos olvidar que nuestra mayor responsabilidad es evitar que la vida pública sea patrimonio de la autoridad. No podemos dejar los asuntos que atañen a todos en las manos exclusivas de una clase política que nos muestra, una y otra vez, que actúa para su beneficio y, en muchas ocasiones, en detrimento de todos.

Nos encantaría que las autoridades nos dieran motivos para sentirnos orgullos de difundir lo que hacen o dicen. Sería formidable aplaudir la llegada al gabinete de algún personaje con prestigio, y no sólo jóvenes desconocidos sin mayor mérito que la incondicionalidad que le deben a su jefe. Festejaríamos la destitución del góber precioso, el enjuiciamiento de los Bribiesca o el fin de los privilegios de los monopolios.

El Presidente aseguró que difundir malas noticias de forma sistemática equivale a renunciar a la esperanza. Por el contrario, no publicarlas equivale a resignarse, a vivir en espejismos, a encerrarse en la negación, hasta que el destino nos alcance. Mostrar los vicios públicos y las incongruencias de los poderosos representa la única esperanza de que algún día las cosas cambien, aunque sólo lo hagan para no ser exhibidos en la prensa.

* El Universal

http://www.eluniversal.com.mx/columnas/73613.html

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J. Enrique Olivera Arce: Inseguridad. Dejar pasar, dejar hacer, es la constante.

El fenómeno de violencia desbordada y deshumanización que ocupa nuestra atención hoy día, no es algo que surge por generación espontánea ni resultado de circunstancias coyunturales propias de un estado de cosas de un  país que habiendo perdido el rumbo, tardíamente busca y no encuentra acomodo en la globalidad. Lo que hoy preocupa y tiene desconcertada a la sociedad mexicana viene de atrás; resultante de un proceso histórico de acumulación de frustración y descomposición social, en el que el dejar hacer, dejar pasar, es la constante.  Hoy simplemente, conflictos históricamente no resueltos, hacen crisis saliéndose de cauce.

El fenómeno de la violencia no es nuevo en el país. Se remonta a la época colonial, con antecedentes en las sociedades prehispánicas y hoy día se expresa con mayor fuerza no en el ámbito de la seguridad pública como mediáticamente se construye una falsa percepción del fenómeno. El mayor grado de violencia se expresa, entre otras cosas, en la explotación y marginación de los pueblos indígenas, en el trabajo inhumano en las minas, en el trabajo infantil, en el congelamiento a lo largo de varias décadas de los salarios de los trabajadores, en el abandono del campo, en la relación asimétrica de genero,  en la exclusión de los jóvenes de una vida digna y con esperanza, y en la expoliación de que es objeto el pueblo de México por parte de trasnacionales extranjeras, que controlan los principales renglones de la economía. La pobreza extrema, la desigualdad y la exclusión, son dialécticamente causa y efecto en el proceso de acumulación de frustración y descomposición de la sociedad mexicana.

La corrupción, la impunidad, la opacidad y el afán desmedido de acumulación de riqueza de una minoría rampante y el privilegio de la especulación por sobre la generación del valor real de la producción, impulsan y retroalimentan dicho proceso, pero de ninguna manera pueden considerarse causa última; en tanto que a su vez estas conductas antisociales son consecuencia estructural de raíces profundas en un México que no termina de construirse, que persiste siempre en arribar tardíamente a los eventos que jalonan el desarrollo de una humanidad en constante evolución. De un país que históricamente no ha encontrado rumbo y que persiste por marchar por camino equivocado entre conflictos no resueltos.

Pretender erradicar el mal de raíz, combatiendo los efectos sin atender las causas, es tanto o más criminal que aquello que se dice combatir. El número de niños que fallecen antes de cumplir cinco años, por hambre o por enfermedad, no se destaca ni en los discursos ni en las marchas de una clase media confundida y manipulada. Como tampoco figura en el mensaje mediático el número de indígenas víctimas del abandono o la represión, ni el número de trabajadores que mueren cotidianamente a consecuencia enfermedades propias de condiciones laborales inhumanas. Mucho menos es objeto de atención y preocupación el número cada vez mayor de mexicanos en condiciones de pobreza extrema, como eufemísticamente se califica a la miseria.

Así, la inseguridad pública, a la luz de la percepción mediática que se nos impone, en primera y última instancia, termina por ser simple pretexto para gobernantes y empresarios que con ello reproducen e incrementan corrupción e impunidad. Más vehículos, más armas, más equipo, más instalaciones, más publicidad, cierran el círculo de la demanda y la oferta de estos bienes materiales. Los mismos de siempre suman riqueza, en tanto avanza el proceso de acumulación de frustración y descomposición social,  en un país que bien merece mejor destino.

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Ricardo Rocha: Cada quien a los suyo

Se manifiestan pobres y trabajadores inconformes contra una política económica que no genera empleos

Tiempos difíciles los que hemos vivido en las horas recientes, pero más los que se avecinan. En las grandes avenidas los ricos y las clases medias altas expresan su hartazgo por la inseguridad, la impunidad y una violencia desatada como nunca antes: ¡si no pueden, váyanse!
También en las calles se manifiestan los pobres y los trabajadores inconformes y feroces contra una política económica que no genera empleos, que achica los salarios y encoge un dinero que cada vez alcanza menos para la supervivencia. En las plazas públicas se concentran las brigadas en defensa del petróleo y advierten de movilizaciones cada vez más intensas si se procede a la privatización de Pemex.
Días estos en que la criminalidad es salpicadero escatológico con descabezados sin fin en un territorio cada vez más ancho. Al mismo tiempo, asaltan un cuartel militar a espaldas de la mansión del ex presidente. Y aparecen las narcomantas de tecnología láser con una calidad de impresión y una sincronía que espantan tanto como las acusaciones y las fotos del presidente pa’ bajo.
Mientras tanto, en EL UNIVERSAL leemos que fallan los pactos y se disparan los precios. También que se derrumban los pronósticos optimistas sobre el crecimiento económico. Según la Cepal, si acaso llegaremos a 2.3%, el más bajo de toda esta América Latina, incluidos países centroamericanos y del Caribe: seremos los peores o los más incapaces. Y si a esto agregamos el factor inflación —ya a un alarmante 6%—, pues lo más probable es que no sólo no crezcamos sino que descrezcamos abajo del cero. En paralelo, los alimentos son materia de especulación o desaparecen por escasez.
Por si fuera poco, una caída inoportuna y la agenda presidencial se sale de control: se cancela un mensaje mañanero y radiotelevisado en la mañana del día 1. Extinguido por conveniencia el viejo ritual del informe, el péndulo se va hasta el otro extremo: ningún mensaje integral sobre hacia dónde —para bien o para mal— camina el gobierno. Se suprimen también un encuentro con la prensa y la comida con el gabinete y sus amigos. No son buenas señales.
Tampoco son buenos los presagios; en el mero mes de exacerbaciones patrióticas, el país volverá a desgarrarse por un debate petrolero que todavía apunta al todo o nada; una dura negociación al interior del Congreso que ha desbordado ya los recintos parlamentarios y que divide y confronta al país en todas partes. Y en el momento más crítico una nueva disputa por el Zócalo que ahora puede rebasar aquello de que “cada quien su grito”. Se está reeditando la lucha por la Independencia. Es, de nuevo, la disputa por la nación en un momento climático y de rabia social apenas contenida.
Días de truenos e incertidumbre que muchos, sin embargo, se niegan a ver y admitir. Como si la realidad no fuera demasiado evidente. Otra vez encerrados en sus burbujas de cristal antibalas. Sin asomarse jamás por las ventanillas de sus aviones privados para no ver la molestia de los cinturones de miseria en los despegues y aterrizajes: el autismo como autocomplacencia, la ceguera como defensa.
En la nueva versión del día del presidente, un paseo por los medios nos dice que todo va bien, que los problemas son menores, que los inconvenientes se están superando, que el futuro es promisorio y que no hay de qué preocuparse. También desmiente una y otra vez su salida anticipada, aunque la posibilidad sea de suyo remota o guajira. Lo cual no es tampoco buen síntoma cuando se cumple apenas un tercio de su gobierno.

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