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Julio María Sanguinetti: No basta votar

Bien se sabe que la democracia no es sólo elecciones, condición necesaria pero no suficiente. Una democracia supone un gobierno electo por el pueblo; como dice Popper, procedimientos no violentos para sacudirse una mala administración; la adecuada autonomía de los poderes de gobierno; la vigencia consentida de un Estado de derecho y el respeto general por las libertades y garantías de los ciudadanos.

En el umbral del Bicentenario de nuestras repúblicas latinoamericanas, ese ideal tan largamente acariciado, está aún lejos. Se vota: todos los gobiernos, salvo la conocida excepción cubana, son resultado de elecciones y ello debe valorarse. Incluso en los dos países más grandes, podemos señalar algunos avances notables. Brasil posee hoy partidos nacionales estables y México ha estrenado un sistema electoral transparente con una alternancia política razonablemente aceptada.

Más allá de estas gratificantes comprobaciones, nos encontramos con inestabilidades y degradaciones imposibles de ocultar. Caído el Muro de Berlín y superada la guerra fría, nuestro hemisferio se alejó de la diabólica dialéctica de unos sustentando guerrillas marxistas desde Cuba y otros dictaduras desde Washington. Pareció que nos llegaba un tiempo de paz, en que la democracia podría brillar, pues dependía simplemente del esfuerzo de los demócratas latinoamericanos. Los hechos no han sido tan gratificantes.

En Brasil (1992), renuncia el presidente Fernando Collor de Melo ante la inminencia de un juicio político. En Paraguay (1999), el presidente Cubas renuncia y se exilia en Brasil, a raíz de las revueltas desencadenas por el asesinato del vicepresidente Argaña, quedando la Presidencia en manos del titular del Senado González Macchi, quien a duras penas termina su mandato. El caso peruano fue uno de los más detonantes, con la dimisión de Alberto Fujimori (2000), quien abandonó la Presidencia luego de ser reelecto, a raíz de descubrirse una trama siniestra de corrupción y espionaje que manejaba un capitán Montesinos, de triste memoria. Argentina (2001) vio caer al presidente Fernando de la Rúa a raíz de una crisis económica severa y el acoso de piquetes organizados que se adueñaron de la calle; todo lo cual dio paso a tres presidentes provisionales en dos meses, finalmente sustituidos por Eduardo Duhalde, quien alcanza la normalización institucional. En Bolivia, entre 2003 y 2005 se produce la estrepitosa caída del presidente Sánchez de Lozada, y más tarde la de su sustituto Carlos Mesa, para abrir espacio finalmente a la elección de Evo Morales, administrador de un país agrietado en dos partes por un persistente conflicto étnico. En Ecuador (2005), el presidente Lucio Gutiérrez cae en medio de revueltas populares.

Este sucinto relato apenas resume las caídas presidenciales. No podemos ignorar la degradación democrática que se vive bajo gobiernos populistas como el de Venezuela, donde se ha instaurado la Presidencia eterna y cerrado la principal estación privada de televisión, mientras la otra independiente sobrevive bajo amenaza. A lo que se añaden vaciamientos institucionales tan fuertes como el de que, electo en Caracas un alcalde opositor, se dictó una ley despojándolo de todas sus competencias, transferidas a una nueva superautoridad creada para administrar la ciudad capital. Tampoco cabe olvidar la permanente furia reeleccionista que entra a los mandatarios en ejercicio y que no parece terminar.

Todo esto viene a cuento de los dramáticos episodios ocurridos en Honduras, que registran el primer golpe militar de esta etapa histórica. Golpe sui géneris, porque nació del Parlamento y el Poder Judicial, que enfrentados al presidente terminaron reclamando una intervención militar para deponerlo y desterrarlo. No hay duda de que este presidente se había extralimitado hasta el punto de que no hubiera un solo diputado de su partido que levantara la mano en su favor. Pero tampoco hay duda de que cualesquiera fueran sus excesos, nunca debió ser el Ejército el arbitrario ejecutor de un derrocamiento presidencial, que bien ha sido calificado internacionalmente como un golpe de Estado.

Dos siglos de independencia no habilitan ya más excusas. No se puede seguir hablando de la herencia hispánica, del imperialismo norteamericano o del comunismo internacional. Nuestras repúblicas aún adolecen de inmadurez democrática y ello se advierte en el debate diario. Si una dictadura es de izquierda o derecha, será buena o mala para unos u otros, al margen de su condición autoritaria. Y ello ocurre en los medios políticos tanto como en las universidades, todavía ancladas en debates ideológicos que ya debían haberse librado a la historia.

Hemos vivido un quinquenio milagroso del mercado internacional, que derramó excedentes fabulosos. Hubo algunos avances, pero magros en el conjunto, porque -como dice Alain Touraine- “las chances de desarrollo dependen hoy más de las condiciones políticas y sociales que de las condiciones económicas”. Sólo los países con estabilidad pudieron aprovechar satisfactoriamente la bonanza, como pasó en Chile, Brasil, Colombia o Perú. Pasada la buena racha y enfrentados nuevamente a la dura competencia de los mercados, se hace más imprescindible que nunca la seguridad jurídica y la estabilidad política. Que es, justamente, lo que vemos resquebrajarse en variadas partes del hemisferio.

Julio María Sanguinetti, ex presidente de Uruguay, es abogado y periodista.

Fuente: El País

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Jorge Camil: Micheletti (goriletti, pinocheletti)

¿Quién dijo que habíamos superado los cuartelazos, asonadas y pronunciamientos militares en América Latina? Los términos tienen resabios del siglo pasado, cuando creíamos que habían pasado a la historia. ¡Ah!, pero si le pregunta a los poderes fácticos que expulsaron al presidente Manuel Zelaya en Honduras le dirán, como lo caracterizó con increíble cinismo y vaguedad deliberada el golpista Roberto Micheletti a CNN en Español, que fue una sucesión constitucional apoyada por las fuerzas armadas. ¡Menuda estupidez!

El problema es que Micheletti, líder del Congreso a quien los golpistas le confirieron la presidencia, y Alberto Rubí, su fiscal general, han sido incapaces de precisar cuál fue el delito de lesa patria cometido por Manuel Zelaya. Vergonzosamente se contradicen, se hacen bolas; cambian constantemente la cronología de los acontecimientos, mostrando con su conducta culposa que se trató de lo que fue: un golpe de Estado.

Los golpistas, conscientes de que iniciaban una aventura a contracorriente de la historia, y antes de que surgiera la ola de reproche mundial, comenzaron a urdir ridículas teorías exculpatorias. Inventaron una supuesta carta de renuncia, aseguraron (sin precisarlo) que hubo violaciones graves a la Constitución. Éstas, las supuestas violaciones, crecieron de tono al mismo ritmo que la indignación mundial, hasta convertirse en traición a la patria. Eso dejó claro para las nuevas generaciones por qué ostentamos el título de repúblicas bananeras.

Lo único cierto es que grupos poderosos de la ultraderecha –empresarios, clero y fuerzas armadas (¡los sospechosos de siempre!)– comenzaron a sospechar que el barco de Zelaya se ladeaba hacia la izquierda. (Luis Hernández Navarro publicó en La Jornada el 30/6/09 un excelente artículo titulado: La conversión de Manuel Zelaya. En él ilustra los motivos del golpe: Zelaya se acercó demasiado a Hugo Chávez, cambió su discurso en favor de los pobres y se incorporó a la Alternativa Bolivariana para las Américas, Alba.)

¡Anatema! ¿Otro Chávez? ¿Otro país latinoamericano que se unía a la ola de países afiliados a la izquierda? Cuba, Nicaragua, Venezuela, Argentina, Bolivia, Ecuador, Paraguay, Uruguay, Brasil, Chile. ¿Y ahora Honduras? Alba y todos los países de América Latina, junto con la Organización de Estados Americanos (OEA), el Grupo de Río y Naciones Unidas condenaron el golpe sin reservas. Estados Unidos, el poder tras los golpes militares del siglo pasado en América Latina, ha actuado con sospechosa cautela, especialmente después de que Obama se reunió con Álvaro Uribe en la Casa Blanca. (Ya lo había pronosticado el propio Zelaya: si Estados Unidos no los apoya los golpistas no duran 48 horas. Lo malo es que han durado.) A pesar de los consejos de Uribe, Obama se pronunció en contra del golpe, pero no retiró a su embajador. Aun así, la superpotencia permitió a la OEA que actuara por primera vez por consenso sin línea de Washington.

La otra sorpresa fue Felipe Calderón, que como secretario pro tempore del Grupo de Río condenó el golpe en una sesión extraordinaria del organismo. Instó a los golpistas a restituir el orden constitucional y retiró al embajador mexicano de Tegucigalpa.

¿La doctrina Estrada rediviva? (Aunque le duela a Jorge Castañeda, siempre tan moderno, ésa fue la teoría que rigió con éxito la política exterior de México durante casi todo el siglo pasado; la que nos convirtió en ejemplo en América Latina: el derecho a la autodeterminación de los pueblos.) Eso no pasa de moda, Castañeda, porque la alternativa es abrirle la puerta a la superpotencia intervencionista de George W. Bush. Obama, en cambio, al menos de cara al exterior, muestra frente al gorilazo un regreso al multilateralismo de Bill Clinton, que no ha de ser nada fácil, cuando se escucha día y noche el canto de los grillos que habitan Foggy Bottom, el sótano nebuloso, donde se ha diseñado la política exterior para América Latina desde los tiempos inmemoriales de los hermanos Dulles (John, secretario de Estado, y Allen, fundador de la CIA). Pero heme aquí, recordando personajes e instituciones del siglo XX en pleno XXI. Así de anacrónicos son los acontecimientos y los actos del golpista que finalmente llegó a la presidencia por la vía de las armas.

El gobierno de facto ignoró a la OEA: hagan lo que quieran, le contestó el presidente de la Corte Suprema a José Miguel Insulza, y éste promovió al día siguiente la suspensión de Honduras. En su delirio tercermundista el golpista, cuyo canciller se refiere a Obama como el negrito que no sabe nada, indica ahora que quiere negociar, no el regreso de Zelaya, en eso fue claro, sino las medidas económicas que podrían destruir a un pueblo hundido en la pobreza. Por ahora ganó Micheletti, el empresario que expulsó a Zelaya y le impidió regresar al país bloqueando las pistas del aeropuerto con saldo de dos muertos y varios heridos; el golpista a quien el ingenio de los seguidores de Zelaya convirtió por las calles de Tegucigalpa en goriletti y pinocheletti.

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