Celso Calfullan: El cinismo de la derecha y del gobierno chileno

En líneas generales uno no puede estar de acuerdo con la expulsión de ninguna persona, en ningún país del mundo y no importa si este personaje es chileno o no. Pero lo que no podemos aceptar es el cinismo de los representantes de la UDI y RN, que salen condenando este hecho, haciendo gárgaras con el tema de los derechos humanos. Estos mismos personajes apoyaron a la dictadura de Pinochet en Chile y también apoyaron el asesinado, tortura y desaparición de miles de chilenos, sin decir absolutamente nada; bueno esto último no es correcto: por años ellos negaron que eso fuera verdad.

El cinismo de la Concertación.

Los gobiernos de la Concertación han expulsado a varios ciudadanos españoles, italianos y argentinos de este país, sólo por visitar algunas comunidades mapuche en el sur del país y para que no se enteraran de los atropellos a que son sometidos por el gobierno chileno. En ese caso parece que las expulsiones fueron correctas y no representaban ninguna violación de los derechos de las personas expulsadas y todavía menos de los mapuche.

Los Derechos Humanos y el sesgo político que hay detrás.

La derecha y la Concertación siempre están muy dispuestos para acusar las violaciones a los DD.HH. en países como Cuba, Venezuela, Bolivia o donde les indiquen sus amos Norteamericanos. Pero la derecha y la Concertación nunca hacen mención de las violaciones a los DD.HH. que realizan los Norteamericanos en Guantánamo; parece que las torturas aplicadas por los Estados Unidos, no son violaciones a los derechos humanos. Algo similar ocurre con las violaciones a los DD.HH. en China, parece que en ese caso son más importantes los acuerdos económicos bilaterales, que los derechos humanos de los chinos, así podríamos seguir con una lista interminable de ejemplos.

Viva la libertad de expresión de la derecha.

Otro ejemplo fue cuando Hugo Chávez cerró un canal de televisión en Venezuela. La derecha y la Concertación rasgaron vestiduras e hicieron gárgaras con la defensa de la libertad de expresión. Pero hace pocos días los fascistas y esclavistas de Santa Cruz (para los que no lo saben en las haciendas de Santa Cruz, todavía existen indígenas que son esclavos), se tomaron y destruyeron un canal de televisión y cerraron varias radioemisoras en Santa Cruz; de nuevo en este caso no tuvieron la misma actitud y no hubo llamados a defender la libertad de expresión. Lo mismo hizo la prensa de casi todo el continente que es controlada por los grandes grupos económicos de derecha, ellos prácticamente ocultaron todos los acontecimientos llevados acabo por la derecha fascista boliviana.

Estados Unidos: Viva la democracia, siempre y cuando sea de derecha.

En los Estados Unidos, son tan democráticos, que si alguna vez tuviste la osadía de criticar las políticas del imperio, ellos se reservan el derecho a dejarte entrar al país o no. Es como si te expulsaran antes de entrar al país. Esto sí es democracia, no la de Chávez.

http://www.elclarin.cl/index.php?option=com_content&task=view&id=13322&Itemid=45

Esteban Garaiz: Dos lagunas

“Mal comienza la semana para el que ahorcan en lunes”, reza un viejo proverbio castellano. Mal comienza el IFE el proceso electoral federal 2008-2009 removiendo con un palo el avispero del 2006 con una enorme torpeza política y una muy discutible visión jurídica, yendo más allá de sus atribuciones legales, después de las severas omisiones por su culpable tibieza hace dos años, y poniendo en tela de juicio, de arranque, su imparcialidad.

El senador panista Ricardo García Cervantes ha declarado que el IFE se está “extralimitando”. El Consejo General tiene facultades para sancionar a los partidos políticos, y sólo a los partidos, cuando sus dirigencias violan la ley electoral. No para sancionar a los legisladores y mucho menos cuando se trata de acciones en el seno de las cámaras del propio Congreso, que tienen claramente establecidas sus propias normas. Además, son dos las fracciones parlamentarias que tomaron las tribunas y sólo una sancionada por ello; es jurídicamente falso que a Vicente Fox se le impidió entregar su informe de ley.

Por lo que toca a los plantones de electores frustrados por todo el montón de irregularidades cometidas por tantos actores expresamente prohibidos por el Código Electoral, durante las precampañas y campañas de 2006, parece verdaderamente un terrible despropósito sancionar a un partido por lo que numerosos ciudadanos irritados hicieron en lo individual en el ejercicio legal y pacífico de un derecho constitucional, expresamente establecido en el artículo 6º, como es el derecho de manifestación. En todo caso, fue un acto postelectoral, que en nada afectó el resultado de la elección. Además de que, socialmente, resultó un eficaz desfogue para mantener la paz social, en una irritación colectiva que podría haberse desbordado.

Se podrá alegar que hubo afectaciones a terceros en vía pública y es válida la observación, como en cualquier manifestación. Lenta se ve la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para reglamentar el ejercicio de este derecho constitucional, que, como todas las garantías individuales debe tener y tiene sus acotaciones, básicamente derivadas de los derechos de los demás. Importante será que las autoridades —en este caso las del DF— reglamenten sobre el derecho de manifestación en la vía pública y establezcan mecanismos prácticos para conciliar los derechos de todas las partes. No estará de más recordar que los automóviles no tienen garantías individuales.

El Estado de derecho se violó sistemáticamente durante todo el proceso electoral de 2006, en las precampañas y en las campañas, y el Consejo General del IFE dejó hacer y dejó pasar. Hubo incluso consejeras que —leyendo tarjetas nerviosamente en el pleno— defendieron abiertas violaciones de dirigentes de corporaciones ajenas al proceso, a nombre de la libertad de expresión.

Que fueron violaciones a la ley, y que sesgaron la equidad de las campañas, lo dejó claramente establecido el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pero siguen impunes las personas físicas que las cometieron. Al Consejo General, según entiendo, no le correspondía, ni le corresponde, sancionar a terceros que interfieran ilegalmente en las campañas y en el proceso electoral. Pero sí se puede y sí se pudo, hacer oír su voz autorizada. No vimos durante todo el proceso ni una sola condena colegiada y formal en el seno de las sesiones públicas del consejo, acerca de estos actos claramente violatorios de la ley electoral y de los principios rectores de la función electoral. Y ésa sí era claramente una atribución del Consejo General y, en consecuencia, una obligación ética y política de cada consejero. Fueron abiertamente omisos. Podían haber hecho oír su voz alta y no lo hicieron.

También tenían la responsabilidad, y siguen teniéndola, de presentar las denuncias correspondientes ante la Fepade. Peor todavía que hayan quedado impunes sin que el Consejo General suba la voz ante las descaradas intromisiones de extranjeros, en violación del artículo 33° constitucional. No era aceptable la explicación del Instituto Nacional de Migración de que el extranjero Antonio Solá estaba contratado por una empresa privada a su vez contratada por un partido político: en todo caso justificaría su situación migratoria, no su anticonstitucional interferencia en los asuntos políticos del país, razón suficiente para su expulsión.

El Ejecutivo federal, responsable de la aplicación del artículo 33°, castigó al extranjero Antonio Solá concediéndole la nacionalidad mexicana a los 20 días del nuevo periodo presidencial. Ahora ese mexicano representa a Felipe Calderón en Madrid. Por lo que toca al ciudadano José Luis Barraza, recibe un homenaje al concluir su presidencia en el Consejo Coordinador Empresarial, al que acuden obsequiosos el entonces presidente del Consejo General, Luis Carlos Ugalde, y Calderón. Para redondear la sanción por el delito electoral en abierta violación del código, todo el mundo pudo leer las turbias condiciones en que le fue asignada la venta de Aeroméxico.

Arranca un nuevo proceso electoral. La reforma constitucional que prohibió comprar espacios en la radio y en la televisión para propaganda electoral es, sin duda, un enorme paso que, lejos de limitar la libertad de expresión, contribuye de manera definitiva a la equidad. Quedan dos peligrosas lagunas: una es el ya mencionado artículo 33° sin reglamentar. La otra es el poroso sistema de sustituciones en la integración de las mesas directivas de casilla, que tantas suspicacias provocó en 2006. Habrá que volver sobre estos temas.

http://www.milenio.com/node/91684

Pronunciamiento de OCS ante el Asalto a oficinas de Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC)

Pronunciamiento de OCS ante el Asalto a oficinas de Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC)

México D.F., 29 de julio de 2008

Este fin de semana, las oficinas de Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), ubicadas en la capital del país, fueron allanadas. Varios equipos de cómputo, archivos y materiales necesarios para llevar a cabo su labor periodística fueron sustraídos, y varios documentos administrativos fueron destruidos.

Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC) es parte fundamental de las organizaciones civiles que promueven y protegen el respeto de los derechos humanos de las mujeres y la libertad de expresión en México.

Desde 1988, CIMAC se ha consagrado a la promoción y difusión en los medios de comunicación de temas relacionados con los derechos humanos y la inclusión y avance de las mujeres en México y América Latina, partiendo de los principios de equidad, justicia social y democracia.

Arnaldo Córdova: La equidad en el derecho

La reforma constitucional en materia electoral provocó reacciones en cadena que eran previsibles: al impedir que individuos o grupos puedan emitir opiniones, incluso adversas en contra de candidatos o partidos en los procesos electorales, se puso el grito en el cielo y comenzó a decirse que eso era violatorio de la libertad de expresión. Diversos organismos empresariales y un grupo de intelectuales interpusieron sendos amparos ante la justicia federal, fundando su agravio en la letra del artículo sexto constitucional, que garantiza la libertad de expresión y el derecho a la información. Ya la Corte ha determinado, en revisión, que ella no puede decidir del asunto porque no puede pronunciarse sobre la constitucionalidad de la Carta Magna.

Esos grupos, evidentemente, desconocen el derecho y, al parecer, contrataron abogados chicaneros que sólo hicieron lo que se les pidió. No sólo por las razones que la Corte ha dado en su primer fallo (otro fue sobre la violación del artículo 135 que instituye el procedimiento para reformar la Carta Magna), sino porque no entienden lo que el principio jurídico de equidad significa para la elaboración, la interpretación y la aplicación del derecho. Ese concepto es tan complejo que parece inasible en su sentido (es como si tuviera miles de significados), pero que lo es sólo porque ha sido una preocupación permanente a lo largo de milenios.

Era lógico que en el curso de la historia se dieran tantas significaciones. Pero si vemos su evolución a través de los siglos, aparece claro que sólo se trata de muchos modos en que dicho concepto ha sido visto. Hoy en día, prácticamente, ya no hay disensiones entre los juristas en torno a su significado. Hasta antes de que proliferara el asociacionismo moderno (sindicatos, ligas agrarias, sufragistas, partidos de masas, feministas, etcétera), la equidad era vista más bien como un principio de justicia que servía para corregir la rigidez de la ley.

Con la aparición de lo que el filósofo del derecho alemán, Gustav Radbruch, llamó el derecho social (Grundzüge der Rechtsphilosophie, 1914) se trastocó la anterior rígida oposición entre derecho privado y derecho público, para incorporar otras clases de derecho como el laboral, el agrario, el nuevo familiar, el económico y muchos más, formando una esfera intermedia que es la de los derechos sociales, que son, ante todo, derechos de equidad. Radbruch decía: “Si se parte de la concreta individualidad de cada hombre en particular se desemboca necesariamente en la negación del ordenamiento jurídico, en la anarquía”.

Ahora, todos los juristas, casi sin excepción, están concordes en que la equidad no es algo que esté fuera del derecho, que venga a él desde afuera, sino que es el método que el juez debe seguir al interpretar las normas y aplicarlas. Ahora se considera que la equidad está dentro del organismo conceptual y obligatorio del derecho en todas sus ramas. El propio Radbruch escribía: “… en la realidad del derecho, la libertad del económicamente fuerte se vuelve, de una libertad de disponer de las cosas, en una libertad de disponer de los hombres”.

Las nuevas disposiciones constitucionales en materia electoral derivan de ese principio. La equidad busca eliminar toda ventaja que se dé a una parte en perjuicio de otra. La equidad ha venido a delimitar e, incluso, a restringir los derechos de libertad cuando su ejercicio puede dar lugar a una desventaja en perjuicio de otros. Y ante eso no vale la interpretación de las palabras aisladas de la ley. El maestro Recaséns Siches escribía que “es un dislate enorme pensar en la posibilidad de una interpretación literal… equivaldría a negar el sentido del lenguaje mismo” (voz Equidad, Enciclopedia Jurídica Omeba).

Un espot del Consejo Coordinador Empresarial en contra de López Obrador en la campaña electoral de 2006 o el pronunciamiento de algunos clérigos en ese mismo sentido eran, con toda evidencia, un elemento inequitativo en la justa electoral, aunque se hicieran en nombre de la libertad de expresión. Eso fue lo que el legislador quiso corregir con la reforma constitucional. El que las dos grandes televisoras se convirtieran en partes interesadas en la contienda, con el enorme poder económico y mediático del que gozan, era inequitativo, porque imponía una situación de desventaja que en el derecho es inadmisible.

Alguien dijo que un grupo de activistas podía juntar su dinerito y publicar un manifiesto pronunciándose sobre los candidatos. El legislador decidió que, para evitar situaciones inequitativas, era obligado negar esa malentendida libertad de opinión a todos aquellos que se ubicaran por fuera de los partidos y éstos sólo pueden seguir un nuevo procedimiento que incluye el que el IFE contrate tiempos y espacios para que ellos se expresen y de ninguna manera podrán, en ningún tiempo, hacerlo por sí solos.

La Corte también se ha declarado sobre la pretendida violación al procedimiento señalado en el 135 para reformar la Constitución y ha encontrado que el Congreso no lo violó en absoluto y dicho procedimiento fue adecuado. Ahora los felones serán para los defensores de la libertad de expresión legisladores, senadores y diputados, que sólo actuaron en nombre de la equidad en el derecho.

Ni para qué hablar aquí de los empresarios y sus abogados que interpusieran otros recursos (alguno de los cuales fue admitido por un juez veracruzano). Además, parece que ellos aspiran a imponernos el modo de hacer las cosas en Estados Unidos, en donde las elecciones no las deciden los votos de los ciudadanos, sino el dinero. Claro que pueden participar en la política, pero individualmente y sin que tomen ventaja de su posición privilegiada. No es mucho pedirles, pues ellos tienen el poder suficiente para cabildear en los gobiernos a favor de sus intereses. ¿Para qué quieren influir en el curso de unas elecciones y no esperan, como corresponde, a que los nuevos gobernantes sean electos?

Todos los ministros de la Corte son juristas ilustrados y es de esperarse de ellos que recuerden siempre que la equidad no es un simple adorno de la ley, sino el verdadero eje en torno al cual se da la interpretación del derecho cuando se trata de dictar lo que los juristas llaman, desde hace mucho tiempo, normas individualizadas y que no son otra cosa que las sentencias y fallos de las autoridades judiciales.

La Jornada

http://www.jornada.unam.mx/2008/07/06/index.php?section=opinion&article=018a1pol

¿Que pasa con la libertad de expresión cuando en un país gobierna la derecha?

Cuando Carmen Aristegui salió de Radio W, me acorde de la película Hay Motivo, una crítica a la libertad de prensa durante la época en que gobernó España José María Aznar, busque algunos artículos de esa época, me encontré no solo este sino con muchos más, es para poder entender que cuando gobierna en un país la derecha la libertad de expresión es la primera que sufre los estragos.

16 Diciembre 2005

Cuando gobierna el PSOE se recorta la libertad de expresión

Por Julia Navarro

No salgo de mi asombro. La verdad es que aún estoy conmocionada por las declaraciones del ex presidente Aznar aludiendo entre otras cosas a que “cuando gobierna el PSOE se recorta la libertad de expresión”. He leído la frase unas cuantas veces porque ya digo que no me cabe en la cabeza que Aznar, don José María Aznar se atreva a decir una cosa así.

No entro en sus juicios sobre la actual situación de nuestro país, pero sí en su juicio sobre la situación de la libertad de expresión en España en el momento actual. Y es que desde la Transición a nuestros días, el periodo más oscuro para la libertad de expresión fueron, precisamente, los años de gobierno del PP. Se persiguió a periodistas que no eran afines al PP, y la persecución consistió en dejarles sin trabajo, en la calle, ya fuera en medios públicos como en privados.

Ministros de Aznar, pongamos Pío Cabanillas, que se atrevían a vetar tertulianos en emisoras privadas, y sé de lo que hablo porque yo tuve el honor de ser vetada por el entonces portavoz de Aznar. En los medios públicos el PP hizo una autentica ‘razzia’ mandando a la calle o al limbo a todos aquellos que no eran de obediencia debida al PP.

Las presiones en los medios privados de comunicación estuvieron a la orden del día, por no recordar que el entonces Gobierno hizo lo indecible por sentar en el banquillo a un importante empresario de la comunicación.

No digo yo que el PSOE haga las cosas de maravilla, porque todos los gobiernos se ponen de los nervios con quienes les critican y tienden inmediatamente a considerar a periodistas amigos y enemigos, pero desde luego en esta etapa, hasta ahora, no se ha perseguido a ningún periodistas como se hizo en la etapa Aznar.

Ya digo que los políticos llevan mal lo de la libertad de expresión de los periodistas, y que además tienden a favorecer a determinados medios en detrimento de otros para así defender sus intereses, pero de verdad, de verdad lo de perseguir periodistas es lo que se hizo durante los años de mandato de José María Aznar. De manera que escuchar al señor ex presidente de Gobierno, José María Aznar, hablar de libertad de expresión a mi personalmente me produce urticaria, porque en su caso es un auténtico ejercicio de cinismo. Como lo es en el caso de muchos que le jalean y que han sido instrumentos suyos a la hora de perseguir a quienes no les eran afines. Hay asuntos sobre los que Aznar debería de guardar un discreto silencio.

http://www.espacioblog.com/sotnasol/post/2005/12/16/cuando-gobierna-psoe-se-recorta-libertad-expresion

Teodoro Rentería Arróyave: Nada que celebrar

¡Nada que Celebrar! Esta pequeña frase de apenas tres palabras, para el gremio organizado, pero sobre todo para el de México, no se puede convertir en un lugar común ante el cúmulo brutal de los atentados a periodistas y sus medios, debe ser por el contrario el reclamo permanente ante las autoridades que tienen la obligación de garantizar las libertades de prensa y expresión y el derecho a la información que les asiste a los pueblos.

Mañana sábado, como cada 3 de mayo se celebra “El Día Mundial de la Libertad de Prensa”, instituido por Naciones Unidas; todos los periodistas nacionales en conjunción con la Federación Latinoamericana de Periodistas, FELAP-México, que encabeza a nivel continental el compañero colega Juan Carlos Camaño, y la Federación de Asociaciones de Periodistas de Mexicanos, FAPERMEX, que preside el también compañero y colega, Roberto Piñón Olivas, no tenemos nada que celebrar.

México continúa con el vergonzoso primer lugar en atentados a periodistas y sus medios sólo por debajo de Irak, que es un casi sui géneris, por sufrir una guerra de intervención por parte del imperio. Aquí en nuestro país del año 2000 a la fecha, exacto desde que se entronizó el llamado gobierno del cambio, nos han asesinado a 46 periodistas y continúan desaparecidos 8, sin contar los cientos de atentados y agravios a los informadores y sus medios.

El análisis no deja lugar a dudas en el sentido de que en lugar de disminuir el fenómeno se incrementa ante la falta de decisión política de las autoridades correspondientes para revertirlo. En el sexenio de Vicente Fox Quesada fueron muertos 5 periodistas por año y se secuestró a un informador cada doce meses. En lo que va del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, han asesinado a un periodista por mes, en total 16 y se han secuestrado a un periodista cada cuatro meses, en total 4.

‘Los ataques contra la libertad de prensa son ataques contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la libertad misma y contra todo lo que representan las Naciones Unidas’, ha afirmado el secretario general del organismo mundial, Ban-Ki Moon, y tal parece que es letra muerta en nuestro país.

En 1993 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la iniciativa de los países miembros de la Organización de Naciones Unidas para Ciencia la Cultura y la Humanidad, UNESCO, de proclamar el 3 de mayo como Día Mundial de la Libertad de Prensa, con la idea de ‘fomentar la libertad de prensa en el mundo al reconocer que una prensa libre, pluralista e independiente es un componente esencial de toda sociedad democrática’.

Cada año la UNESCO conmemora esta fecha, rindiendo tributo de esta manera a los numerosos periodistas alrededor del mundo que por decisión profesional ponen en peligro sus vidas en el esfuerzo de informar a sus sociedades y de promover el libre flujo de la información.

La UNESCO convoca cada 3 de mayo a todos los países miembros y a sus sociedades a reflexionar sobre la libertad de prensa y los diversos tópicos que atañen a los temas del periodismo, la información y la comunicación.

‘El oficio de periodista nunca había sido tan peligroso’, asegura por su parte el Directo General de la UNESCO, Koichiro Matsuura. Totalmente de acuerdo, pero si este fenómeno existe a nivel mundial, en México se agudiza desgarradoramente, de ahí nuevamente nuestro llamado urgente y angustioso al presidente, Felipe Calderón Hinojosa para que tome la decisión política de revertir el fenómeno y con ello asegurar en nuestro país las libertades fundamentales del ser humano: las de prensa y expresión.

Por ahora los periodistas y el gremio organizado en su conjunto no tenemos ¡nada que celebrar!

* Argenpress
* http://www.argenpress.info/nota.asp?num=054660&Parte=0

José Blanco: Derecho vs derecho

Hace dos semanas escribí en este espacio: “La salida de W Radio de Carmen Aristegui… es una prueba contundente de que en México ubicamos los derechos derivados de la capitalización realizada sobre un bien público por encima del derecho a la libertad de expresión”.

En su última entrega la propia conductora escribió: “El debate se centra en si se puede o debe colocar la llamada libertad de empresa por encima de la libertad de expresión o de las libertades fundamentales de periodistas y ciudadanos. El caso W ha tocado seriamente esa fibra”. Ése es, sin duda, el núcleo de un problema que es a un tiempo jurídico y político.

Mainstream es un anglicismo (literalmente corriente principal) que se usa para referirse al pensamiento o las preferencias aceptadas mayoritariamente por una sociedad. El término ha cobrado fuerte relevancia en los estudios actuales sobre los medios de comunicación de masas, que han adquirido peso decisivo en las creencias y en la formación de opiniones en la sociedad actual.

La mainstream para cierta parcela del pensamiento económico sostiene con razón que el mercado genera resultados subóptimos, en el caso de la producción o generación de un conjunto de determinados bienes. Los economistas suelen llamarlos “fallas del mercado” (por supuesto, no se trata da fallas).

En tales casos es imprescindible la intervención del Estado para ajustar o corregir tales “fallas” y alcanzar un resultado óptimo. Es el caso de los bienes públicos. La salud, o la educación, o la información, o la difusión de las ideas, o la defensa nacional. El mercado no puede resolver estos casos y es preciso que el Estado intervenga con las herramientas que le son propias: las leyes.

Las sociedades contemporáneas están repletas de contradicciones y antagonismos, una inmensa cantidad de las cuales derivan precisamente de la operación del mercado. Sin Estado (o con un Estado abstinente en su papel de mantener unida y en desarrollo a la sociedad) y sin leyes no tendríamos una sociedad, sino una selva en la que los animales mayores y/o más feroces devoran a los animales con atributos de fuerza y de ferocidad menor.

Es claro que el mercado no es el medio ideal para la generación de los bienes públicos. Un bien público es un bien económico cuya naturaleza conlleva dos características básicas: la no rivalidad en su uso o consumo (el uso o consumo por un individuo no reduce la cantidad para otros) y la imposibilidad de aplicar el principio de exclusión de los beneficios (ni por medios físicos ni legales) que el bien público ha de proveer a todos.

El “problema” que entrañan los bienes públicos es que la naturaleza del mercado y los principios que lo rigen no puede valorar adecuadamente tales productos y en el mejor de los casos el mecanismo mercantil proporciona un suministro distinto del que sería eficiente e indispensable para la sociedad como un todo. Por ello es preciso emplear medios de suministro del bien público de que se trate, distintos del mercado, para solventar las dificultades. (Véase Buchanan, James M.: Demanda y oferta de bienes públicos, 1968; Stiglitz, Joseph E.: La economía del sector público, 2003.)

No es extraño que el artículo 19 de la Declaración universal de derechos humanos disponga: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”. Ésta es la mainstream internacional –desde 1948–, en materia de derechos humanos de opinión y de recibir información y opiniones, por cualquier medio de expresión.

No es extraño tampoco que la Convención americana sobre derechos humanos establezca en su artículo 13, fracción 3ª que “no se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones”.

Las empresas Prisa y Televisa, al cancelar el noticiero Hoy por hoy, han mostrado que la racionalidad empresarial, económica (dicen que tienen números rojos) o política (más bien por aquí parece ir la onda hertziana), produjo una carambola política de 10 mil bandas al manejar o manipular el bien público concesionado –el espacio radioeléctrico y las ondas hertzianas que en él se propagan– y generó una enorme “falla de mercado” y una violación de disposiciones legales vigentes en México.

Puesto que sobre ese bien público esas empresas han realizado una (gigantesca) inversión, tales actores del mercado reclaman derechos que derivan de su propiedad (el capital invertido). Esos derechos han hecho colisión con las disposiciones legales asociadas al bien público que a las empresas les fue concesionado.

Sólo parece haber dos caminos para que el Estado resuelva esta contradicción insoluble en el espacio de las empresas referidas. O bien el Estado les retira la concesión por la violación legal cometida en el uso de un bien público, o bien el Congreso crea un organismo de Estado (no de gobierno), con todas las regulaciones del caso y las limitaciones y acotaciones que necesariamente conllevan los derechos de ser informados y de libertad de expresión. De esta manera el Estado compensa o corrige la “falla de mercado” y la violación de derechos vigentes en este país.

De todos modos, algún tipo de sanción tendrían que recibir las empresas abusivas, por ignorar la responsabilidad que adquirieron al recibir en concesión el bien público que explotan.