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Julio María Sanguinetti: No basta votar

Bien se sabe que la democracia no es sólo elecciones, condición necesaria pero no suficiente. Una democracia supone un gobierno electo por el pueblo; como dice Popper, procedimientos no violentos para sacudirse una mala administración; la adecuada autonomía de los poderes de gobierno; la vigencia consentida de un Estado de derecho y el respeto general por las libertades y garantías de los ciudadanos.

En el umbral del Bicentenario de nuestras repúblicas latinoamericanas, ese ideal tan largamente acariciado, está aún lejos. Se vota: todos los gobiernos, salvo la conocida excepción cubana, son resultado de elecciones y ello debe valorarse. Incluso en los dos países más grandes, podemos señalar algunos avances notables. Brasil posee hoy partidos nacionales estables y México ha estrenado un sistema electoral transparente con una alternancia política razonablemente aceptada.

Más allá de estas gratificantes comprobaciones, nos encontramos con inestabilidades y degradaciones imposibles de ocultar. Caído el Muro de Berlín y superada la guerra fría, nuestro hemisferio se alejó de la diabólica dialéctica de unos sustentando guerrillas marxistas desde Cuba y otros dictaduras desde Washington. Pareció que nos llegaba un tiempo de paz, en que la democracia podría brillar, pues dependía simplemente del esfuerzo de los demócratas latinoamericanos. Los hechos no han sido tan gratificantes.

En Brasil (1992), renuncia el presidente Fernando Collor de Melo ante la inminencia de un juicio político. En Paraguay (1999), el presidente Cubas renuncia y se exilia en Brasil, a raíz de las revueltas desencadenas por el asesinato del vicepresidente Argaña, quedando la Presidencia en manos del titular del Senado González Macchi, quien a duras penas termina su mandato. El caso peruano fue uno de los más detonantes, con la dimisión de Alberto Fujimori (2000), quien abandonó la Presidencia luego de ser reelecto, a raíz de descubrirse una trama siniestra de corrupción y espionaje que manejaba un capitán Montesinos, de triste memoria. Argentina (2001) vio caer al presidente Fernando de la Rúa a raíz de una crisis económica severa y el acoso de piquetes organizados que se adueñaron de la calle; todo lo cual dio paso a tres presidentes provisionales en dos meses, finalmente sustituidos por Eduardo Duhalde, quien alcanza la normalización institucional. En Bolivia, entre 2003 y 2005 se produce la estrepitosa caída del presidente Sánchez de Lozada, y más tarde la de su sustituto Carlos Mesa, para abrir espacio finalmente a la elección de Evo Morales, administrador de un país agrietado en dos partes por un persistente conflicto étnico. En Ecuador (2005), el presidente Lucio Gutiérrez cae en medio de revueltas populares.

Este sucinto relato apenas resume las caídas presidenciales. No podemos ignorar la degradación democrática que se vive bajo gobiernos populistas como el de Venezuela, donde se ha instaurado la Presidencia eterna y cerrado la principal estación privada de televisión, mientras la otra independiente sobrevive bajo amenaza. A lo que se añaden vaciamientos institucionales tan fuertes como el de que, electo en Caracas un alcalde opositor, se dictó una ley despojándolo de todas sus competencias, transferidas a una nueva superautoridad creada para administrar la ciudad capital. Tampoco cabe olvidar la permanente furia reeleccionista que entra a los mandatarios en ejercicio y que no parece terminar.

Todo esto viene a cuento de los dramáticos episodios ocurridos en Honduras, que registran el primer golpe militar de esta etapa histórica. Golpe sui géneris, porque nació del Parlamento y el Poder Judicial, que enfrentados al presidente terminaron reclamando una intervención militar para deponerlo y desterrarlo. No hay duda de que este presidente se había extralimitado hasta el punto de que no hubiera un solo diputado de su partido que levantara la mano en su favor. Pero tampoco hay duda de que cualesquiera fueran sus excesos, nunca debió ser el Ejército el arbitrario ejecutor de un derrocamiento presidencial, que bien ha sido calificado internacionalmente como un golpe de Estado.

Dos siglos de independencia no habilitan ya más excusas. No se puede seguir hablando de la herencia hispánica, del imperialismo norteamericano o del comunismo internacional. Nuestras repúblicas aún adolecen de inmadurez democrática y ello se advierte en el debate diario. Si una dictadura es de izquierda o derecha, será buena o mala para unos u otros, al margen de su condición autoritaria. Y ello ocurre en los medios políticos tanto como en las universidades, todavía ancladas en debates ideológicos que ya debían haberse librado a la historia.

Hemos vivido un quinquenio milagroso del mercado internacional, que derramó excedentes fabulosos. Hubo algunos avances, pero magros en el conjunto, porque -como dice Alain Touraine- “las chances de desarrollo dependen hoy más de las condiciones políticas y sociales que de las condiciones económicas”. Sólo los países con estabilidad pudieron aprovechar satisfactoriamente la bonanza, como pasó en Chile, Brasil, Colombia o Perú. Pasada la buena racha y enfrentados nuevamente a la dura competencia de los mercados, se hace más imprescindible que nunca la seguridad jurídica y la estabilidad política. Que es, justamente, lo que vemos resquebrajarse en variadas partes del hemisferio.

Julio María Sanguinetti, ex presidente de Uruguay, es abogado y periodista.

Fuente: El País

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J. Enrique Olivera Arce: Inseguridad. Dejar pasar, dejar hacer, es la constante.

El fenómeno de violencia desbordada y deshumanización que ocupa nuestra atención hoy día, no es algo que surge por generación espontánea ni resultado de circunstancias coyunturales propias de un estado de cosas de un  país que habiendo perdido el rumbo, tardíamente busca y no encuentra acomodo en la globalidad. Lo que hoy preocupa y tiene desconcertada a la sociedad mexicana viene de atrás; resultante de un proceso histórico de acumulación de frustración y descomposición social, en el que el dejar hacer, dejar pasar, es la constante.  Hoy simplemente, conflictos históricamente no resueltos, hacen crisis saliéndose de cauce.

El fenómeno de la violencia no es nuevo en el país. Se remonta a la época colonial, con antecedentes en las sociedades prehispánicas y hoy día se expresa con mayor fuerza no en el ámbito de la seguridad pública como mediáticamente se construye una falsa percepción del fenómeno. El mayor grado de violencia se expresa, entre otras cosas, en la explotación y marginación de los pueblos indígenas, en el trabajo inhumano en las minas, en el trabajo infantil, en el congelamiento a lo largo de varias décadas de los salarios de los trabajadores, en el abandono del campo, en la relación asimétrica de genero,  en la exclusión de los jóvenes de una vida digna y con esperanza, y en la expoliación de que es objeto el pueblo de México por parte de trasnacionales extranjeras, que controlan los principales renglones de la economía. La pobreza extrema, la desigualdad y la exclusión, son dialécticamente causa y efecto en el proceso de acumulación de frustración y descomposición de la sociedad mexicana.

La corrupción, la impunidad, la opacidad y el afán desmedido de acumulación de riqueza de una minoría rampante y el privilegio de la especulación por sobre la generación del valor real de la producción, impulsan y retroalimentan dicho proceso, pero de ninguna manera pueden considerarse causa última; en tanto que a su vez estas conductas antisociales son consecuencia estructural de raíces profundas en un México que no termina de construirse, que persiste siempre en arribar tardíamente a los eventos que jalonan el desarrollo de una humanidad en constante evolución. De un país que históricamente no ha encontrado rumbo y que persiste por marchar por camino equivocado entre conflictos no resueltos.

Pretender erradicar el mal de raíz, combatiendo los efectos sin atender las causas, es tanto o más criminal que aquello que se dice combatir. El número de niños que fallecen antes de cumplir cinco años, por hambre o por enfermedad, no se destaca ni en los discursos ni en las marchas de una clase media confundida y manipulada. Como tampoco figura en el mensaje mediático el número de indígenas víctimas del abandono o la represión, ni el número de trabajadores que mueren cotidianamente a consecuencia enfermedades propias de condiciones laborales inhumanas. Mucho menos es objeto de atención y preocupación el número cada vez mayor de mexicanos en condiciones de pobreza extrema, como eufemísticamente se califica a la miseria.

Así, la inseguridad pública, a la luz de la percepción mediática que se nos impone, en primera y última instancia, termina por ser simple pretexto para gobernantes y empresarios que con ello reproducen e incrementan corrupción e impunidad. Más vehículos, más armas, más equipo, más instalaciones, más publicidad, cierran el círculo de la demanda y la oferta de estos bienes materiales. Los mismos de siempre suman riqueza, en tanto avanza el proceso de acumulación de frustración y descomposición social,  en un país que bien merece mejor destino.

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José Blanco: Impunidad y sectarismo

Reunida la totalidad de la representación de la República (más invitados), conformada esta vez como Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP) –creado hace 23 años–, firmó un Acuerdo Nacional de la Seguridad, de 74 puntos, para enfrentar la ola de incontrolada delincuencia que se abate sobre el país. Un documento con muchas acciones necesarias, pero sin columna vertebral.

Aparentemente esa columna es la seguridad; es probable que esta nueva arma no esté apuntando al blanco central, aunque está ahí, entre los acuerdos. El blanco central se llama impunidad. En 23 años el CNSP, lejos de abatirla, ha contemplado pasivamente cómo las cabezas de la impunidad se multiplicaban como ocurría con la despiadada hidra de Lerna.

La principal función del Estado es justamente la seguridad de las personas. Lo dice a todas horas todo mundo. Así, el crecimiento de la inseguridad y el debilitamiento del Estado son las dos caras de la misma moneda. Un acuerdo nacional por la seguridad ha de ser un acuerdo por el fortalecimiento del Estado para cumplir esa función; fortalecer al Estado en esa función significa limpiar los establos de Augías (tarea que Hércules debía realizar en un solo día). El héroe debió desviar dos caudalosos ríos hacia los establos –el sistema policiaco y el sistema judicial– para barrer con la miles de toneladas de mierda que durante 30 años habían acumulado.

Sin esa hercúlea operación, la impunidad continuará reinando, es decir, la proliferación de la delincuencia seguirá encontrando campo fértil para crecer y multiplicarse. Ciertamente no es un trabajo de un día, y el atribulado padre de Fernando Martí no puede esperar que ello ocurra.

¿Es de creerse que alguien en sus cinco sentidos firme su propia sentencia de muerte? En México, por supuesto que sí. Todo lo que tiene que ocurrir es que la impunidad acorazada continúe incólume, indemne, rozagante. Por eso en el acuerdo por la seguridad se estamparon impúdicas firmas como la del precioso Mario Marín, la del de la piel paquidérmica Juan Sabines, la de la inefable maestra Gordillo, o la del de la cínica vida regalona, el caradura señor Deschamps, por ejemplo.

Las personas provenientes de los partidos políticos principalmente, que se han hecho cargo de las instituciones de la seguridad, son parte fundamental del problema, no de la solución; son ellos la encarnación de la impunidad. ¿Vamos a solicitarles atentamente que se practiquen el haraquiri?

Una sociedad que se organice y movilice será el único Hércules capaz de crear las condiciones para que personas responsables puedan llevar a cabo las arduas tareas que son indispensables para eliminar la impunidad. Los partidos no harán nada porque están hundidos en el sectarismo; lo peor de todo es que han arrastrado consigo a segmentos inmensos de la propia sociedad.

En uno de los textos más lúcidos que he leído de Carlos Monsiváis, el polígrafo escribe: “No hay discusión sobre la irracionalidad de esta matanza inenarrable, ¿pero qué significa la exigencia de tranquilidad y justicia? Sobre la violencia acrecentada de la delincuencia, no hay duda: debe frenarse con la acción de la justicia que impida el narcotráfico, los policías involucrados, los empresarios y políticos cómplices, etcétera. Pero esto se ha dicho en demasía y, ni modo, no ha pasado nada. Por eso, creo que uno de los pasos siguientes, al lado de las acciones del Poder Judicial, es un debate nacional de primer orden sobre la estructura de la impunidad, y creo que al lado de la Cumbre de Seguridad debe darse de varias maneras la Cumbre Alternativa donde las sociedades discutan desde su experiencia sobre su porvenir inmediato”.

Al tiempo que los establos son lavados, la prevención es indispensable, pero tampoco es un trabajo de un día. Es preciso abatir la desigualdad social, económica y educativa. Las tareas son ciertamente hercúleas. Pero la posibilidad de un debate instalado en la búsqueda de ese proyecto nacional para enfrenar los tres problemas señalados se antoja también para el poderoso hijo de Júpiter. Y en ello cuenta, y cuánto, el sectarismo ilimitado de nuestras elites políticas.

“No se necesita compartir la ideología de los organizadores de esta marcha para apreciar la decisión de los que van a marchar”, dice Monsiváis (refiriéndose a la marcha del próximo domingo). “Como se quiera ver, ejercen una alternativa ciudadana, válida en sí misma, y sus experiencias son las mismas de otros de convicciones políticas diversas. Ante la inseguridad, todos mezclamos el temor, el desconcierto, la confusión, el deseo de esclarecimiento, la crítica a las autoridades federales y regionales.” Si este tiempo de sectarismos brutales no fuera el que es, todos sin excepción tendrían que haber estado en esa marcha.

Pero el sectarismo nos impide ver la causa por la que pelear, y nos lleva a preguntarnos quiénes son los organizadores. Una desdichada confusión de partidos y ciudadanos. Cuánto nos hace falta mirar cómo las más extremas posiciones ideológicas marchan juntas en España contra los asesinatos de ETA. Contra los secuestros y las muertes y la extensa vida delincuencial que vivimos, debieran estar unidos los adversarios políticos y la sociedad toda.

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J. Enrique Olivera Arce: México va por donde va y al que no le guste que compre otro

Ni tan poco ni tan mucho, sólo el necesario, diría el que el IFE por sus pistolas decreta que ese si es tan  legítimo como auténtico, al reconocer la necesidad de equilibrar mercado con Estado. Así fuera de dientes para afuera o porque la realidad le obliga, Calderón Hinojosa tardíamente descubre el hilo negro cuando ya  tan poderosa es la libertad del mercado para manejarnos a su antojo, como insignificante lo es el Estado mexicano para defendernos.

Sobran regulaciones y no hay alicientes para invertir en este subdesarrollado país, dicen quejumbrosos empresarios, transfiriendo sus caudales al exterior. Se equivocan de cabo a rabo,  y para muestra basta un botón. El que fuera  sector financiero nacional ha roto el récord mundial de velocidad en recuperar el capital originalmente invertido en el menor tiempo posible. La gran prensa se pregunta ¿Quién gana, limpio de polvo y paja, cerca de un millón de dólares por hora? No hay que dar muchas vueltas: la banca que opera en México que por algo es extranjera.

Sobre el particular, Carlos Fernández-Vega apunta que en mayo de 2001 la trasnacional estadunidense Citigroup adquirió Banamex mediante el pago en efectivo de 6 mil 500 millones de dólares y otro tanto en acciones del grupo, llevándole poco más de seis años recuperar su inversión, acumulando utilidades netas por casi 72 mil millones de pesos. En marzo de 2004, la trasnacional española BBVA compró el porcentaje que le faltaba (40.6) para que Bancomer fuera íntegramente de su propiedad. Para ello desembolsó alrededor de 4 mil 100 millones de dólares. De aquel entonces a la fecha, los neocolonialistas españoles del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria han acumulado casi 60 mil millones de pesos en utilidades netas, de tal suerte que en unos cuatro años recuperaron su generosa inversión, reportando a la fecha un excedente cercano a mil 300 millones de U.S. dólares.

Más de 132 mil millones de pesos en utilidades netas se han embolsado ambas instituciones en unos 6 años. Y 285 mil millones si se considera al sistema bancario en su conjunto, dice el experto que le sigue la pista al mundo empresarial. Excedentes que en su mayoría son repatriados para dar soporte a las economías de los países de origen de la banca extranjerizada.

Así de poderosa es la libertad de comercio que premia a inversionistas extranjeros y mata de hambre a más de 50 millones de compatriotas. En tanto que el Estado mexicano, engolosinado con los excedentes petroleros, manifiesta su pequeñez rescatando y condonando impuestos a Roberto Hernández, Garza Lagüera y demás osados muchachos, rampleros y cuenta chiles, que figuran de manera destacada en los archivos del FOBAPROA.

El Estado mexicano es un fracaso, afirman analistas norteamericanos, en tanto que el Banco Mundial señala que  México ya no es competitivo; hay que venderlo a quienes si saben hacer negocios; lo mismo da que sean gringos o gallegos, que se interesen en petróleo, electricidad, turismo o alimentos, pero ya, que el tiempo apremia.

¿Y Carlos Slim no es acaso mexicano? También sabe hacer dinero de la nada, le valen las regulaciones y los diezmos aportados a la corrupción, transformando mierda en oro, dicen algunos pazguatos. Si, es mexicano y efectivamente sabe para qué es valerse del Estado y sus debilidades para acumular riqueza, pero aguas, por si las dudas este señor ya se nos va con la música a otra parte, como que sabe lo que son sus alas cuando la lumbre ya llega a los aparejos.

Los barruntos de una gran tormenta ya están a la vista. La economía, petrolizada y dependiente de la de nuestros vecinos del norte, está en crisis terminal, ni crece ni ofrece esperanzas de reactivación en el corto y mediano plazo; la soberanía y autosuficiencia alimentaria, están en la lona, sin que se vislumbre solución viable alguna para su rescate; la crisis del sistema político se profundiza, perdiéndose representatividad, confianza y credibilidad institucional, avanzando hacia un perverso autoritarismo meta constitucional  bajo el control de la partidocracia, el duopolio televisivo y los gobernadores insulares. Mezcla explosiva que ya toca peligrosamente a nuestra puerta. Y sin embargo, desde las altas esferas de la administración pública federal se insiste en mantener el rumbo a contracorriente.

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Alvaro Madrigal Castro: Inversiones depredadoras

El Tribunal Ambiental Administrativo desató la ira de los nuevos dioses. El celo con que ha asumido las tareas a su cargo, dirigidas a recomponer -si es que aún hay tiempo para ello- el patrimonio ambiental tan venido a menos, lo ha colocado en línea de colisión con la inescrupulosa codicia de unos nuevos ricos que, para desgracia de la Naturaleza, han encontrado cobijo y aliento en las estructuras del poder político. El Tribunal ha topado con montañas arrasadas, humedales destruidos, fuentes acuíferas explotadas en demasía y licencias para desarrollos urbanísticos curiosamente otorgadas o con sus alcances deformados por una imperdonable tolerancia, lo han obligado a clausurar obras e iniciar procesos sancionadores que han de causar cuantiosas pérdidas patrimoniales para unos cuantos pero portentosas lecciones de valentía e integridad para los más. Desató, así, las iras de concupiscentes empresarios que anteponen su interés personal al del país y que hoy mueven -como lo denunciaron los integrantes del T.A.A.- cielo y tierra para decapitarlos. Si ayer don Quijote advirtió a Sancho Panza de las secuelas que sobrevendrían tras dar con la, iglesia, hoy estaría advirtiéndole al Tribunal Ambiental Administrativo el significado de chocar con esa madeja de intereses que promueve el turismo depredador y la traída de inversión extranjera a cualquier precio. De nuevo, una manifestación más de que las oligarquías son intolerantes porque se gobiernan por la ley de hierro.

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Carolina: Carta del General Aponte Pólito

TIJUANA, Baja California(PH)

Agradezco la gentileza para poder utilizar el mismo espacio donde se publicó la petición que formuló el Lic. Rommel Moreno Manjarrez, procurador General de Justicia del Estado, respecto al ofrecimiento de pruebas que demuestren la corrupción en la que incurren algunos elementos de ciertas corporaciones policiales de esta entidad federativa.

Inicialmente, hago de su conocimiento que soy un militar que durante toda mi carrera profesional, me he esmerado en realizar mis actividades con entusiasmo, responsabilidad, eficiencia y honestidad; pero además, en mi contacto con la sociedad, expreso mis ideas con claridad, veracidad y entereza; motivo por el cual, me he ganado la confianza y respeto de mis compañeros de armas; así como la credibilidad y apoyo de la población civil, sobre todo en las acciones realizadas contra el narcotráfico, la corrupción y la impunidad, debido a que son actividades que causan graves daños a la sociedad mexicana; por lo antes señalado, el hecho de no dar respuesta a su solicitud dañaría severamente la credibilidad que he obtenido debido a muchos años de esfuerzo, privaciones y riesgos.

En tal orden de ideas y en relación a la petición que usted formuló por conducto de los medios de comunicación, le menciono que ésta fue tardía, desconcertante e innecesaria, ya que una semana antes, en una ceremonia de incineración de enervantes, el suscrito, informó a la sociedad de Baja California, los resultados excelentes que el personal de la II región militar ha obtenido en el combate al narcotráfico y delincuencia organizada, mencionando entre otros datos que en el año 2007, fueron aseguradas 399 toneladas con 481 kilos de mariguana; 2 mil 723 kilos de cocaína; 251 de heroína; 223 de ‘crystal’; 467 vehículos y 595 armas de fuego; asimismo, fueron puestos a disposición de las autoridades federales, 570 individuos por delitos contra la salud y violación a ley federal de armas de fuego; igualmente, en los primeros meses del presente año, se han asegurado: 72 toneladas con 257 kilos de mariguana; 222 kilos de cocaína; 3 de ‘crystal’; 15 de metanfetamina; 398 vehículos; 528 armas de fuego; y se han puesto a disposición de las autoridades federales, 392 personas detenidas en flagrancia por diversos delitos.

Finalmente hice mención, que para obtener mejores resultados en el combate al narcotráfico y a la delincuencia organizada, se debería continuar agilizando e impulsando las acciones para sanear algunas corporaciones policiacas, con el objeto de evitar que mediante la impunidad, se sigan desarrollando actividades delictivas en perjuicio de la sociedad, ya que desde la administración anterior, se han venido incrementando como se demuestra en las estadísticas contenidas en el programa integral de seguridad pública del estado de Baja California, mismas que revelan que la institución que usted representa, es la responsable de investigar y aportar las pruebas para evitar que mensualmente se sigan robando en Baja California 2 mil 682 vehículos, de los cuales el municipio de Tijuana resalta con mil 860 robos de automotores; Mexicali 484; Ensenada 192; Playas de Rosarito 77 y Tecate 69; también, le corresponde investigar los mil 120 robos mensuales a casas habitación que se registran en el Estado y que repercuten en el patrimonio de 437 familias de Tijuana; 276 de Mexicali; 128 de Ensenada; 26 de Playas de Rosarito y 56 de Tecate.

A su dependencia le corresponde investigar y esclarecer los 255 homicidios violentos que se registraron en Baja California durante el año 2007 y los 123 que se han presentado en lo que va del presente año, así como los numerosos secuestros y ‘levantones’ que tanto daño hacen a la sociedad de Baja California.

Con relación a su petición, de ofrecer pruebas de la corrupción y participación de ciertos integrantes de las corporaciones policíacas con el crimen organizado y otros ilícitos, no omito manifestarle que a pesar de que constitucionalmente, la función de investigar los delitos, perseguir a los delincuentes y la de aportar pruebas para la consignación de los probables responsables, corresponde a otras instancias, principalmente a la que usted representa; también, le expreso que durante las detenciones que en flagrancia ha efectuado el personal militar a mi cargo y de la información que se ha obtenido directamente de los probables responsables de hechos delictivos al momento de ser asegurados, se tienen datos suficientes, que ponen de manifiesto vertientes para iniciar la investigación correspondiente y que debieran ser tomadas en cuenta para combatir la delincuencia, siendo estas sólo algunas:

A. El 2 de marzo del 2008, el personal militar en atención a una denuncia ciudadana, respecto a hechos delictivos que se desarrollaban en una casa de seguridad ubicada en calle Jícama número 546, fraccionamiento Villa Floresta, deleg. La Presa, Tijuana, B.C., se registró un intercambio de disparos en donde posteriormente elementos militares liberaron a una persona que mantenían secuestrada; asimismo, resultó muerto un delincuente de nombre Juan Alberto Becerra Trujillo y se detuvo a Mario Montemayor Covarrubias (a) “El Abuelo”; en el lugar de los hechos se aseguraron 4 vehículos, 16 armas largas, 2 armas cortas, 75 cargadores, así como equipo táctico policial, siendo puesto a disposición del a. MPF, donde se integró la indagatoria a.P./Pgr/B.C./Tij/03/08-m-iii, en la que se tiene conocimiento que el indiciado declaró que José Heredia González, jefe del Grupo Antisecuestros de la Subprocuraduría contra el Crimen Organizado de la Procuraduría General de Justicia del Estado, en Tijuana, B.C. Junto con los agentes ministeriales Marco Javier Lujan Rosales y Arturo Quetzalcoatl Vargas Zermeño pertenecientes al mismo grupo antisecuestros y el policía municipal de Tijuana Gustavo Adolfo Rodríguez Magaña, eran los encargados de realizar secuestros y llevar a los plagiados a la casa de seguridad que estaba a su cargo, donde personalmente “El Abuelo” se los recibía, para que posteriormente estos policías ministeriales, realizaran las negociaciones para el cobro del rescate; incluso; cabe resaltar que como titular y responsable del grupo antisecuestros se encontraba el Lic. Jesús Nelson Rodríguez, quien actualmente funge como su asesor en la Procuraduría General de Justicia del Estado.

¿Que decepción causa saber que quienes tienen la encomienda de procurar hacer cumplir la ley, sean los que la vulneran por tener vínculos con la delincuencia organizada?

B. El 18 dic. 2007, con motivo del atentado en contra del cap. Jorge Eduardo Montero Álvarez, director de Seguridad Pública Municipal de Playas de Rosarito, B.C., donde resultó muerto el agente Guillermo Castro Corona, quien formaba parte de su escolta y herido el agente Leonel Pizaña Brit; fueron señalados los agentes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal José Ines Lucas Rodríguez; José Luís Lugo Báez (detenido después por personal militar el 1 feb. 2008 por delitos contra la salud y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos), Marco Antonio Arias Hernández, José Luís Ballesteros Sánchez, Cesar Beltrán Saldívar, Eduardo Bustos Ramírez, Carlos Peraza Gerardo (detenido con dos personas mas el 3 de abril del 2008 por personal de la PEP, asegurándole 7 armas largas y equipo táctico policial); Manuel Miguel Díaz Ayala; Junior Ernesto Escobar Kigner; Karlo Omar Herrera Sánchez y Mario Alberto Herrera Sánchez, quienes en contubernio con algunos policías municipales de Tijuana, B.C., mantienen vínculos con los líderes del crimen organizado y también se dedicaban al secuestro, ‘levantones’, homicidios, así como dar protección al ‘narcomenudeo’, principalmente en la delegación Primo Tapia de Playas de Rosarito; es conveniente señalar además, que algunos de ellos planearon y llevaron a cabo la agresión en contra del capitán Montero; por su parte, la Procuraduría General de la República atrajo las indagatorias en contra de los señalados, al considerarlos probables responsables de los delitos contra la salud y violación a la ley federal de armas de fuego, cuyas investigaciones y en especial las de pruebas de balística, revelaron que en tal atentado se utilizaron 22 diferentes armas de fuego, mismas que fueron empleadas en otros eventos violentos suscitados en el Estado, siendo los siguientes:

– El 19 dic. del 2006 el homicidio de Fernando Terán Álvarez y Noe Ríos Ortega, agentes de la PEP.

– El 22 sep. del 2007 el homicidio de Carlos Horacio Morales Méndez, agente de la PEP Y de Micael Rodríguez Hernández.

– El 30 oct. del 2007 en el enfrentamiento armado entre elementos de la Policía Federal Preventiva con integrantes de la organización “Arellano Félix” en el negocio “Mariscos Godoy” ubicado en Tijuana, B.C.

– El 04 dic. del 2007 el homicidio de José Juan Soriano Pereyra, cmte. Pol. Mpal. Tecate.

– El 14 ene. 2008 en Tijuana, B.C., asalto a un camión de valores.

¿En manos de quién está la seguridad de Baja California?

C. El 09 de feb. del 2008 y debido a la coordinación e intercambio de información que se tiene con la Policía Estatal Preventiva, se tuvo conocimiento que después de una persecución; fue detenido en Tijuana, B.C., por elementos de dicha coorporación policial, Miguel Ángel Castillo Belmontes, agente de la Policía Ministerial del Estado, a quien se le aseguró una arma de fuego calibre 9 mm. marca browning, un cargador con 10 cartuchos útiles, dos celulares, un radio nextel, una camioneta con la serie alterada, así como una bolsa que contenía en su interior cocaína, dos días después fue puesto en libertad y públicamente se mencionó que no era cocaína y que el vehículo era legal, situación por demás irregular, ya que se tuvo conocimiento que al “correr” la serie del citado automotor, se encontraba alterada y de acuerdo a información confidencial la cocaína entregada por el director de la Policía Estatal Preventiva a las autoridades judiciales del estado fue cambiada por otra sustancia, lo que motivó su libertad cuando el asunto fue turnado a la Procuraduría General de la República.

¿Qué interés de proteger a un presunto delincuente?

D. El día 8 de enero del 2008 esta comandancia de región militar, mediante oficio no. 022, hizo del conocimiento que: José Antonio Rodríguez Uribe, agente de la Policía Ministerial del Estado, con base en Tecate, B.C., le ofreció al cap. 1/O. de infantería retirado Jorge Eduardo Montero Álvarez, director de la Policía Municipal de Playas de Rosarito, B.C., ayudarlo a controlar la plaza y pactar con los líderes de la delincuencia organizada, con el fin de mantener el control de las bandas de secuestradores, asaltos a casa habitación y robo de vehículos, con la condición de que gestionara la salida del personal militar y de la Policía Federal Preventiva del municipio.

Por otra parte, es conveniente mencionar que los funcionarios de la Policía Municipal de Tijuana que desempeñaron los cargos más importantes en la administración anterior, constantemente hacen invitaciones al teniente coronel Julián Leyzaola, actual director de la Policía Municipal de Tijuana, para tener “pláticas de acercamiento”, a lo cual, el teniente coronel no ha aceptado; por lo anteriormente señalado se hace del conocimiento que los directores de seguridad pública de procedencia militar no pactarán con la delincuencia sino que continuarán trabajando en beneficio de la sociedad de Baja California.

¿Que decepción?

E. El día 3 de mayo del 2007 en diversos medios de comunicación a nivel nacional se difundió un video donde el ahora occiso José Ramón Velásquez Molina, quien fuera agente de la Policía Ministerial del Estado, señaló a quien en ese entonces se desempeñaba como Procurador General de Justicia del Estado (Antonio Martínez Luna) junto con otros funcionarios entre estos: Martín Guzmán Montelongo (a) “El Caballo”, Macario Nacay Jiménez, Hernando Villegas Delgado, Valente Tizoc Núñez Soto, Alejandro Ruiz Chaparro, Adolfo Roa Lara y Jaime Arroyo Flores, José Salas Espinoza entre otros, la mayoría pertenecientes a esa institución a su cargo como responsables de dar protección a las organizaciones criminales, no omitiendo mencionar que el nulo avance de las investigaciones sobre la información aportada en el video, ha originado que algunos integrantes de “la Asociación Esperanza contra las Desapariciones Forzosas y la Impunidad, A.C.”, se manifiesten públicamente para exigir que se esclarezcan las desapariciones de sus hijos, esposos y otros familiares, así como realizar por propia cuenta las investigaciones que a esa dependencia le corresponde; igualmente, algunos agraviados han hecho saber en forma personal al suscrito de la información que disponen, así como de la forma déspota e intimidatoria con la que fueron tratados por el Lic. Jesús Nelson Rodríguez, ex Subprocurador de la Unidad Especializada Antisecuestros en Tijuana, B.C. y actualmente su asesor para persuadirlos a no poner sus demandas; por cierto, el comandante de la Policía Ministerial Macario Nacay Jiménez señalado anteriormente por sus vínculos con la delincuencia organizada, asistía en representación de esa dependencia a su cargo a las juntas de coordinación de seguridad pública, en donde se enteraba de los asuntos y acuerdos establecidos.

¿Qué confianza se puede tener en ciertos funcionarios?

F. El 6 de febrero del presente año, en oficio número 124, se remitió información, a la primera autoridad administrativa de este municipio, en donde se hace del conocimiento que en denuncias ciudadanas, se menciona que Leocadio Núñez Meza (a) “Locadio” (hoy occiso), pertenecía a la Policía Municipal de Mexicali, B.C., trabajaba para la organización “Arellano Félix”, en coordinación con el comandante y 2/o. Cmte. de la base de intercepción aérea de la PGR: (Conocidos como “El Conejo” y “Cristian”) y con el Lic. David Flores Valenzuela, recibiendo una cuota mensual de 4 a 5 mil dólares para apoyar los descenso de aeronaves cargadas de drogas, así como abrirles el paso durante el traslado de enervantes hacia los EUA Y que en esta actividad también participaba José Fernando Funes López (a) “El Fune”, oficial de la DSPM de Mexicali inmediato superior del cmte. “Locadio”, quienes desde la pasada administración se han dedicado a actividades ilícitas, llegando a cargar las patrullas con enervantes, en complicidad con su superiores Jesús Samanias y Salas; por cierto, cabe mencionar que recientemente se suicido el ex subcomandante Leocadio Nuñez al reconocer su participación en los hechos delictivos.

G. El 13 nov. 2007 durante la carrera “Baja-1000”, se desplomó un helicóptero Bell-206-a1 sobre la carretera fed. no. 3, tramo Ensenada-San Felipe, B.C., a inmediaciones del Valle de San Matias, falleciendo el piloto Israel Romo Reyes y Pablo Gonzalez y resultando dos personas lesionadas, posteriormente a las 20:30 hrs., del día siguiente una persona que se identificó como Miguel Cortez Nuno y ser subinspector de la PFP División Caminos, pidió a las autoridades del fuero común, que le liberaran el cuerpo de Pablo González G., quien meses después las autoridades federales confirmarían que se trataba de Merardo León Ginojosa (a) “El Abulón”, por cierto, Miguel Cortez Nuno, subinspector de la PFP División caminos asistía a las juntas de coordinación del grupo Baja California y se enteraba de todos los asuntos tratados.

¿Cuántos elementos podrían tener vínculos con la delincuencia organizada?

H. El 19 abr. del presente año se tuvo conocimiento que Mario Alejandro Ramírez Dueñas, empleado en la Procuraduría General de Justicia de Baja California, en contubernio con el agente del Ministerio Público del orden común de la agencia especializada de robos de vehículos y policías ministeriales, se encuentran vinculados con bandas dedicadas al robo de vehículos, siendo su modo de operar el siguiente:

Los vehículos son robados en los Estados Unidos de América e ingresados a nuestro país, posteriormente son presentados en la Unidad de Robo de Vehículos, en donde se extiende una constancia de no robo, aún cuando estos cuenten con el reporte respectivo en el extranjero; posteriormente referidos automotores son empeñados en diferentes casas; de lo anterior.

Existen como pruebas las constancias no. 0055/31155 de fecha 4 de enero del 2008, firmada por el agente del Ministerio Público del orden común, adscrito a la Agencia Especializada de Robo de Vehículos, Lic. Ezequiel García Torres, firmando también como inspector López Rivera José y la no. 0568/387542 de fecha 7 de marzo del presente año, firmada por el agente del Ministerio Público del orden común, adscrito a la Agencia Especializada de Robo de Vehículos; Lic. Norma Alicia Gutiérrez Sevilla, firmando también como inspector Armando Serrano Quintero.

¿Esto no es corrupción?

I. Recientemente personal de la Procuraduría General de la República aseguró en la ciudad de Mexicali, B.C. A una persona con más de 300 kilogramos de mariguana, siendo trasladado a las instalaciones de la subdelegación de la Procuraduría General de la República, donde posteriormente llegaron 4 elementos pertenecientes a la Policía Ministerial del Estado a tratar de liberar al detenido y la droga.

Es conveniente mencionar que existe un video que prueba estos hechos delictivos, motivo por el cual las autoridades pertenecientes a la Subdelegacion de la PGR Pusieron la demanda correspondiente.

J. El día 5 de sep. del 2007 fueron ejecutados con armas largas, en el estacionamiento del centro comercial Wal Mart de Mexicali, Jorge Rodríguez Mundo y Jorge David Carreón Valdez, comandante el primero y efectivo el segundo de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI). Cabe mencionar que a mediados del mes de diciembre del 2007 se presentó en este C.G una persona, de la cual se reserva su nombre por seguridad, para hacer del conocimiento que la ejecución antes mencionada se debió a que ambas autoridades se apropiaron de 100 mil dólares de gente de la organización de los “Arellano Félix”.

K. El 04 ene. 2008 los agentes de la DSPM de Tijuana, al atender un reporte del C-4 sobre una privación ilegal de la libertad de una persona, en el centro comercial “Las Palmas” en la Delegación de La Mesa, Tijuana, B.C., detuvieron a José Galvez Rodríguez, agente activo de la AFI. Un día después y derivado de las declaraciones, son detenidos Erasmo Florentino Trujado Sánchez y Evaristo Morales Pérez, agentes de la misma corporación, por su participación en el plagio de un empresario, haciendo la aclaración que el agente Morales Pérez fue asesinado por un interno del Cereso de La Mesa, Tijuana, B.C., el día 31 de marzo del 2008, lo cual impidió que ampliara la declaración de los hechos en la diligencia judicial que ya estaba programada.

¡Que desgracia para la sociedad de Baja California!

L. De otras corporaciones no se mencionan los actos de corrupción debido a la reseña que han hecho algunos medios de comunicación, así como el espacio tan grande que ocuparían en este periódico.

Señor procurador:

Finalmente, le hago de su conocimiento que, debido a la confianza que la sociedad le tiene al Ejército, actualmente las unidades militares de la II región militar disponen, aproximadamente de 2000 denuncias ciudadanas, en donde algunas señalan hechos de corrupción por parte de empleados y funcionarios que engañan y abusan de la ignorancia, pobreza y debilidad de la gente para seguir enriqueciéndose y perjudicando a los ciudadanos en su vida, integridad, salud, patrimonio y bienestar; pero como este no es el tema que nos corresponde, sino el de las denuncias referentes a actos de corrupción que cometen algunos elementos de las corporaciones policiacas por lo que mencionare entre otras, las siguientes denuncias ciudadanas:

-Algunos acuden quincenal y mensualmente a las ‘narcotienditas’ a cobrar sus cuotas por la protección que les brindan a los ‘narcomenudistas’.

-Algunos proporcionan protección a delincuentes dedicados al tráfico de personas (‘polleros’).

-Algunos protegen a ladrones de bancos y de cajeros automáticos.

-Algunos elementos que protegen el descenso de aeronaves que trasladan enervantes.

-Algunos fungen como escolta de los principales líderes del narcotráfico.

-Algunos alquilan sus patrullas para el traslado de droga.

-Algunos funcionarios que recientemente en un aseguramiento importante de mariguana en el municipio de Ensenada, B.C., participaron en coordinación con personal militar, no sólo en el manejo de la información, sino también en la localización de la droga, mismos que posteriormente solicitaron a las autoridades militares que no fueran a mencionarase sus nombres, por lo que debido a esto y también por otras razones, se les perdió la confianza.

-Funcionarios que buscan ostentar el poder para favorecer a las organizaciones criminales, como es el caso de su asesora, a quien se le relaciona con una gran cantidad de irregularidades, que han perjudicado a la sociedad, relacionándola también con una organización denominada “el comando negro” que operaba en ensenada, B.C.

-Algunos elementos que extorsionan a la población y además cobran cuotas a los ladrones de vehículos y vendedores de partes robadas de los mismos.

-Agentes y peritos que modifican escenas del crimen y desaparecen pruebas, para evitar el esclarecimiento de los delitos y favorecer a los delincuentes.

-Funcionarios encargados de la administración y procuración de justicia que realizan una mala integración de las averiguaciones previas para evitar la consignación de los detenidos o favorecerlos durante su proceso judicial.

-Irregularidades que se cometen en los ceresos cotidianamente.

Por lo anteriormente expuesto espero haber dado respuesta a la petición del c. Procurador general de justicia del estado, esperando que se adopten las medidas correspondientes para continuar las acciones de depuración y se evite la comisión de delitos, por parte de elementos de las instituciones o corporaciones encargadas de velar por la seguridad, el orden, la paz pública y la procuración de justicia.

Señor Director:

Aprovecho el espacio que me brinda su periódico, para hacer del conocimiento de la sociedad de Baja California, que el personal de la II región militar, continuará cumpliendo con las órdenes giradas por el señor Presidente de la República y del señor Secretario de la Defensa Nacional, para enfrentar con decisión, perseverancia, eficacia y honestidad, las actividades relacionadas contra el narcotráfico y la delincuencia organizada; además, se mejorará la coordinación con la Policía Estatal Preventiva, los mandos de las policías municipales, así como con los nuevos comandantes de la Policía Federal, con la finalidad de tener mejores resultados en el combate a la delincuencia organizada, haciendo mención que recientemente se estableció comunicación con el C. Gobernador del Estado y con los CC. secretarios de gobierno y de seguridad pública de esta entidad federativa, para establecer las medidas que permitan enfrentar con éxito las actividades delictivas.

Por las atenciones prestadas le hago presente mi agradecimiento, quedando de usted su atento y seguro servidor.

El general de división D.E.M.

Sergio Aponte Polito.

* Nota Publicada: 22/04/2008 18:48

* http://www.frontera.info/EdicionEnLinea/Notas/Noticias/22042008/300044.aspx

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Modesto Emilio Guerrero: El Estado ‘Contra’ de América Latina

La apaciguadora Resolución de la OEA sobre la agresión militar colombiana a Ecuador resultó un empate a favor de Colombia que alentó al presidente Uribe a reiterar su ofensiva decididamente proyanqui en la Cumbre de Río. Esta aparente contradicción en los términos se resuelve de una manera muy simple.

Basta comparar el cálculo político de la agresión y los objetivos estratégicos de su patrocinante, EEUU, con el final del conflicto en la Asamblea de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la reunión del Grupo de Río realizadas en forma simultánea. El resultado es una contradicción que le puede costar caro al continente. Uribe fue salvado y con él, la vigencia de la “Doctrina Patriota” del actual grupo dominante en Washington. Lo cualitativamente nuevo es que esta vez esa Doctrina agresiva la aplica un Estado latinoamericano contra otro igual. Esto es lo que se ha consagrado en la OEA y Río.

Los babosos caminos de la OEA

Curiosamente, y para hacer más complejo el cuadro, el conflicto reveló un dato político de importancia: ya Estados Unidos no tiene en la OEA el mismo tipo de control que tenía hace 10, 20 o 30 años, cuando hacía e imponía lo que le daba la gana. Basta recordar el conflicto entre Ecuador y Perú, o el de Argentina contra Inglaterra y antes con el Chile de Pinochet, o más reciente, en 2002, cuando quiso aplicar la Carta Democrática al gobierno de Hugo Chávez.

La reacción de protesta contra la agresión fue esta vez unánime en todos los gobiernos de la región (excepto Las Bahamas, Estados Unidos y Canadá, además de Colombia, claro). Eso no era lo usual.

A pesar de la moderación de algunos, incluso de la duplicidad de otros, el hecho es que debe ser la primera resolución sobre un conflicto de alta intensidad regional, en el que todos declaran a horas apenas, su rechazo enfático a la acción agresora contra un país pequeño, que no es cualquier país, porque tiene un gobierno que se define hoy por su condición anti imperialista. Es mucho pedir para la OEA y para muchos gobiernos que sintieron la candela en sus barbas.

Hasta gobiernos tan moderados como los de Bachelet o Tabaré, Torrijos, saltaron con declaraciones de alto vuelo diplomático condenando una acción en la que se sintieron involucrados y por qué no, también amenazados. Incluso gobiernos tan pitiyanquis y adversos a los bolivarianos de Ecuador y Venezuela, como los de Perú y México, apoyaron a Correa contra la invasión de Uribe.

Pero hasta ahí llegó la cosa. La OEA fue el límite. Cada uno y una en la medida de sus condiciones políticas internas y de sus respectivas relaciones con Washington. La correcta efervescencia de las declaraciones iniciales aterrizó suave en la OEA y Dominicana.

Una OEA sin yanquis

La mejor definición de la OEA, la hizo el comandante Fidel Castro en 1962, cuando develó su función imperialista regional en el sistema de Estados en el nuevo orden mundial luego de la II Guerra Mundial: “Este organismo interamericano no es más que un ministerio de colonias de los Estados Unidos”, dijo Fidel tras la expulsión de Cuba de ese organismo en Montevideo, a instancias de lo que luego se conoció entonces como la “Doctrina Betancourt”, aludiendo a la propuesta de Rómulo Betancourt, el presidente venezolano de entonces. Betancour declaró que “absolutamente incompatible la presencia de Cuba en el organismo interamericano”, casi las mismas palabras usadas por el Enviado por Washington. Como se sabe la OEA es la conformación sistémica del proyecto semicolonizador de 1889 cuando inventaron en Washington la Conferencia Panamericana.

En esa perspectiva histórica y actual tiene absoluta razón el presidente ecuatoriano Rafael Correa cuando exige la constitución de un organismo regional que sólo contenga países caribeños y latinoamericanos. Sin el imperio adentro.

Dijo: “Necesitamos una OEA sólo conformada por países de la región, es decir una Organización de Estados Latinoamericanos”, resaltó Correa en su cadena radial de este sábado en Quito” (Rafael Correa, Aporrea, domingo 9 de marzo).

Tiene razón. Sería un paso útil en el camino de ruptura con el control estadounidense en Latinoamérica. La contradicción nace en la Resolución final votada por Ecuador y todos los países congregados en la reunión especial de la OEA, la semana pasada.

En el texto se dice todo lo que sirve para quedar bien con los principios universales del progreso humano y el bienestar de los pueblos, menos una cosa: Un Estado llamado Colombia, al mando de un tipo llamado Uribe, agredió a otro llamado Ecuador. La Resolución salva al régimen de Uribe.

Como reseñó la agencia bolivariana de noticias: “Caracas, 05 Mar. ABN.- La Organización de Estados Americanos (OEA) consideró que el operativo militar colombiano efectuado el pasado fin de semana en suelo ecuatoriano ‘constituye una violación de la soberanía’ de Ecuador, pero no condenó explícitamente a Colombia, de acuerdo con el texto de resolución aprobado, que deja en manos de los cancilleres las recomendaciones para solucionar la crisis.”

Si esto, la condena expresa y explícita, no queda clara, todo lo demás queda oscuro y baboso, escurridizo. Y ahí resalta la declaración de Daniel Ortega, el presidente de Nicaragua, quien advirtió correctamente, que el gobierno colombiano se puede sentir aupado y entusiasta de hacer lo mismo con el aún más pequeño país centroamericano.

Siguiendo las investigaciones del Centro de Estudios para una Nueva Mayoría, de Argentina, las Fuerzas Armadas de Colombia son 13 veces más grandes que las de Nicaragua, 11 más que las de Ecuador y 5 que las de Venezuela.

Pero con dos diferencias cualitativas, que no señala el Centro citado: Son las Fuerzas Armadas latinoamericanas mejor equipadas por Estados Unidos, con la mayor cantidad de dinero (sólo Irak e Israel la superan en esto) y tecnología de punta como la que usaron para “cazar” satelitalmente al comandante Raúl Reyes en el selvático pueblito de Sucumbíos, a dos kilómetros de la fronteras colombiana.

Las fuerzas militares y policiales (la pavorosa DAS) del Estado colombiano, son las mejor entrenadas al día de hoy para guerras agresivas, porque llevan casi medio siglo combatiendo guerrilleros bien armados, en grandes cantidades y en zonas amplias de selva y montaña, experiencia que ya perdieron casi todos los ejércitos latinoamericanos.

Lamentablemente el voto salvado de Nicaragua en la reunión de la OEA, fue fagocitado política y moralmente por la cumbre del Grupo de Río en Dominicana, donde todo terminó en abrazos entre Correa, Chávez y Ortega con Uribe. Aunque, como se sabe, los hechos son testarudos y la cruda realidad social, sobre todo la colombiana, no puede ser absorbida en una declaración diplomática.

Todo está firmado, nada está resuelto

La dialéctica, que suele ser buena acompañante en momentos críticos, enseña que en política, como en casi toda realidad viva, vale tanto lo que haga, diga y sienta una fuerza, como lo que haga, diga y sienta la fuerza contraria que la enfrenta. Si nos guiamos por el contenido absolutorio de las resoluciones de la OEA y Río, y la inmediata exultación casi afrodisíaca de los enemigos de los gobiernos de Ecuador, Venezuela, Bolivia, Cuba y Nicaragua, podremos entender, como se dice en la Venezuela bolivariana, “por donde van los tiros”.

En los caminos de la OEA y Río, los tiros fueron por el camino equivocado. Y esa vulnerabilidad la tratará de aprovechar el enemigo interno y el otro, para presionar más, no para congraciarse y colaborar en el “progreso de los pueblos”.

El correcto objetivo de evitar una guerra entre países hermanos y de no regalarle esa oportunidad a Washington, no estaba obligado a terminar en un mensaje político equivocado, donde se pierden las fronteras con un enemigo tan peligroso como el gobierno de Uribe. La imagen debe ser e inversamente proporcional al discurso y directamente proporcional a los principios. Sobre todo en el siglo del imperio de la imagen simbólica y mediática.

Además de la diplomacia burguesa, por esencia hipócrita y falaz, el siglo XX vio aparecer otra de tipo revolucionaria, donde hay que aprender a combinar los principios con el protocolo. Se le puede sonreír a Uribe, lo que no se debe es deponer su condena en una Resolución y postular que se puede construir junto con él una Latinoamérica mejor.

En ese aspecto tuvo total razón el presidente venezolano cuando declaró en Aló Presidente que el gobierno de Uribe estaba desautorizado moralmente para convocar la próxima reunión de la UNASUR (proyecto unionista de países sudamericanos). Pero entra en contradicción con la Resolución de la OEA y el acuerdo y la imagen de Río. Uribe no puede mutar de enemigo a amigo en 48 horas en dos escenarios diplomáticos.

Sobre todo porque la historia suele jugar malas pasadas. Las tres fronteras calientes de Colombia siguen intactas. Todo puede volver a saltar, sea con Nicaragua por las tres islas caribeñas, sea con Venezuela por todo lo que cruza por sus dos mil kilómetros de frontera, o sea en la misma Ecuador, por donde la guerrilla colombiana seguirá tratando de escapar, como lo haría cualquiera en una lucha similar.

Las causas del conflicto con Ecuador no cambiaron, al contrario, se potenciarán con los resultados, sobre todo por la urgente necesidad del imperialismo yanqui de extirpar al gobierno venezolano y poner bajo control a los de Nicaragua y Ecuador.

Colombia, el nuevo Estado Contra

Se ha puesto en evidencia la transnacionalización del conflicto interno colombiano, un conflicto que nació desde sus profundidades sociales y políticas en 1948 y dio un salto en 1964 cuando aparecen las FARC como un ejército guerrillero con raigambre campesina, junto a otros movimientos insurgentes. Esa realidad se modificó es cierto. Ni las FARC de hoy son las mismas ni están en las mismas condiciones militares, ni los otros movimientos tienen fuerza ofensiva. Otros capitularon.

La novedad que debemos registrar es que el Estado colombiano tiende a “israelizarse”, como advirtió Chávez, y lo que hizo en Ecuador indica que puede convertirse en el Estado gendarme en la subregión.

Como lo fue Honduras en los años ochenta para combatir la revolución Centroaméricana; como lo es Israel contra la causa palestina, árabe e islámica, como lo fue Sudáfrica contra la revolución anticolonial del continente negro, como lo fue Corea del Norte, o la Irak de Hussein en 1980 contra la Revolución Iraní.

Todo el siglo XX está lleno de casos similares. Estados tapón, Estados gendarme, Estados subimperialistas, etc., y otras formas transitorias de contención subregional. El imperialismo siempre se apoyó en otros Estados para ejercer su dominación semicolonial.

Lo advirtió el presidente nicaragüense en Dominicana, “Lo que ustedes hicieron en Ecuador los puede convencer de hacerlo pronto con nosotros por San Andrés”.

En esta dinámica continental, el régimen político colombiano representa lo nuevo. Paulatinamente se convierte en la más importante plataforma de las políticas estadounidenses en la región (Plan Patriota, Plan Colombia, Plan Amazonas), dirigidas a cinco objetivos bien definidos: la contención del Caribe occidental, la del Istmo, las reservas petroleras venezolanas, la prórroga del control de la base ecuatoriana de Manta en el Pacífico, la inconmensurable bioriqueza del Amazonas y el equilibrio geopolíticocomercial en la Comunidad Andina, donde EEUU logró dos TLC después del fracaso del ALCA.

Si el Estado colombiano no es más y con más vigor expansivo se debe a por lo menos tres razones:

Primero: tiene a Palestina adentro en las selvas del Caguán, en el Chocó, en Villavicencio.

Segundo: Sus principales fronteras las ocupan tres Estados independientes de Washington: Venezuela, Ecuador y Nicaragua, cada uno a su medida. En Venezuela y Ecuador hay suficiente movimiento social politizado para resistir, no así en Nicaragua.

Tercero: La burguesía colombiana no tiene ni la fuerza económica ni la base social de la sudafricana o la israelí; al contrario, su lumpenización mediante la integración de las fuerzas paramilitares a las instituciones y la economía tiende a debilitarla estructuralmente, y tercero: Estados Unidos no está en el mejor momento para andar montando Estados gendarmes, a pesar de su actual política mundial agresiva.

* Argenpress
* http://www.argenpress.info/nota.asp?num=052874&Parte=0

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