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Homar Garcés: Será el chavismo capaz de emular a Chávez?

La incógnita originada a raíz del estado de salud del Presidente Hugo Chávez y la perspectiva de unas nuevas elecciones presidenciales ante la imposibilidad que éste no pueda seguir dirigiendo el gobierno de Venezuela obliga a todos sus seguidores a plantearse seriamente si le darán o no continuidad al proceso revolucionario bolivariano, generando mayores mecanismos de participación popular y unas relaciones de producción que ayuden a erradicar la explotación capitalista.

Con mayor énfasis en ello debiera actuar la actual dirigencia chavista, tomando en cuenta que -tras más de una década ininterrumpida- el proceso revolucionario bolivariano produjo mejoras sustanciales de las condiciones de vida de una amplia gama de familias venezolanas (incluso de aquellas que son propietarias de grandes medios de producción, las cuales han incrementado sus ganancias anuales, y aun así siguen adversando abiertamente al régimen de Chávez). Pero ello no es suficiente ni debe ser lo máximo que se podría aspirar alcanzar, a imi.tación de cualquier otro proceso de carácter nacionalista y socialdemócrata. La interrogante, por consiguiente, tendería a despejarse en la misma medida que el chavismo sea capaz de asumir decididamente el compromiso histórico de construir el socialismo revolucionario del siglo XXI.

El chavismo entonces tendrá que comprender que la unidad lograda por el carisma de Chávez debe concretarse mediante la elaboración, el debate y la ejecución de propuestas revolucionarias viables, a fin de asegurar la transición que haga definitivo el socialismo, en las cuales se remarque y respete la vital importancia de los sectores populares en la sustentación y orientación del proceso revolucionario bolivariano. Tratar de convivir con el enemigo ideológico que ansía su fin, sería un error táctico que acarrearía graves consecuencias a este último para que se mantenga en el tiempo, acabando por reproducir los mismos vicios y corruptelas administrativos existentes al amparo del pacto de Punto Fijo. En vez de esto, aquellos que se hallan al frente del gobierno, de los partidos políticos y de las diferentes organizaciones de base tienen ante sí el reto de refundar la República venezolana en lo que implicaría una real transformación socialista de la sociedad en todos sus órdenes, de una manera revolucionaria verdaderamente radical. Para ello es imprescindible sistematizar, extender y profundizar la formación de una conciencia realmente revolucionaria y socialista (no retórica) entre los sectores populares, sin dogmas y en medio de un debate abierto y constante como elemento característico del pensamiento y la práctica del socialismo bolivariano. Al mismo tiempo, tendría que abocarse al establecimiento de una dirección colegiada del proceso revolucionario bolivariano, provista de un programa revolucionario común que incluya todos los criterios y expresiones de las diversas agrupaciones políticas y sociales que lo impulsan.

Toda esta coyuntura representa una extraordinaria oportunidad para que el chavismo -en todas sus vertientes existentes- demuestre hasta qué nivel está dispuesto a llevar a cabo la revolución socialista bolivariana en Venezuela, y si es capaz de emular o no a Chávez, dedicando todas sus energías vitales a dicha meta a tiempo completo, y de medir sus potencialidades creadoras frente a las amenazas enemigas, jugándose no sólo el destino del país sino el de todos los demás pueblos de nuestra América que confían en su ejemplo y perseverancia.

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Ángel Guerra Cabrera: Paraguay despierta

El ascenso de Fernando Lugo a la presidencia de Paraguay es otro jalón en la ola transformadora de América Latina, nutrida de sustanciosas y multicolores savias populares. Lugo encarna el cristianismo de profunda entraña ética que alumbró en el Nuevo Mundo cuando Bartolomé de las Casas abogó en defensa de sus pueblos originarios, luego resonante de tintes indígenas y africanos en las campanadas libertarias de Dolores, hasta sentar en la segunda mitad del siglo XX, con la teología de la liberación, una impronta en la lectura de los evangelios abrazada definitivamente a los pobres de la Tierra y enriquecedora de las corrientes laicas del pensamiento revolucionario latinoamericano.

Su memorable discurso de toma de posesión evoca la fecunda tradición de experiencias emancipatorias muy diversas que han hecho posible y perfilado el gran cambio latinoamericano actual, y se pronuncia ardorosamente por la pertinencia de su rescate. Pese a que los tiempos que corren –afirmó– se obstinan en demostrarnos que el pasado es una construcción sin implicancias en el devenir, nosotros queremos encontrar sus valores y sus signos para que en la semiótica del futuro se encuentren nítidas las motivaciones que claman por un mañana que reitere los logros y no repita los errores.

Al reivindicar a Gaspar Rodríguez de Francia y a los López, padre e hijo, como referentes del proceso que inicia en Paraguay, Lugo se colocó en la vertiente histórica más avanzada de América Latina, pues fue bajo la conducción de esos hombres que se fundó la primera experiencia exitosa de construcción nacional antioligárquica, antimperialista y antiliberal al sur del río Bravo. Allí, a diferencia de lo que ocurría en los demás países de América Latina en el siglo XIX, no había campesinos sin tierra ni mendigos ni ladrones ni niños que no supieran leer ni escribir; el ferrocarril, el telégrafo y la siderurgia surgieron y funcionaron espléndidamente como empresas del Estado; las exportaciones sostenían la inversión y el gasto social en una administración pública austera y honrada; había superávit fiscal y no existía deuda externa, los indígenas recibieron la ciudadanía y se rescató su modelo de agricultura de dos cosechas anuales; existían reservas nacionales para los malos tiempos y no se conocía el hambre. Aquello era intolerable cuando auspiciada por Inglaterra se imponía en el mundo la religión del libre comercio, adoptada ciegamente por las oligarquías del Río de la Plata y del imperio lusobrasileño. Como luego harían con Fidel Castro, Salvador Allende, Hugo Chávez y Evo Morales, los periódicos liberales satanizaban a Francisco Solano López: el Atila de Asunción era uno de los calificativos que le endilgaban al líder del único proyecto de desarrollo económico y social independiente triunfante en el continente.

Bajo la batuta del Foreign Office y de su embajador en Buenos Aires se preparó meticulosamente la Guerra de la Triple Alianza contra Paraguay, financiada, cómo no, por la banca británica, que Eduardo Galeano fulminó en su imprescindible obra Las venas abiertas de América Latina como el capítulo más infame de la historia latinoamericana. Las oligarquías de Argentina, Brasil y Uruguay lanzaron sus ejércitos a una operación genocida que casi exterminó al pueblo paraguayo. La campaña militar que Bartolomé Mitre calculó en tres meses duró cinco años. Al final no había sobrevivido ningún paraguayo entre 15 y 65 años, sólo quedaba con vida 25 por ciento de la población tras una heroica resistencia finalizada dramáticamente con la caída en combate de López al frente de los restos famélicos y harapientos de su pueblo en armas. “Muero con la patria”, se ha afirmado que exclamó en el postrer momento. Y es que aquel Paraguay, ejemplo de soberanía, independencia y dignidad, dejó de existir con él.

Por eso Lugo ha dicho que “la digna estirpe paraguaya despierta nuevamente”. Así será.

La Jornada

http://www.jornada.unam.mx/2008/08/21/index.php?section=opinion&article=034a1mun

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Eric Toussaint: Características de las experiencias en curso en Venezuela, Ecuador y Bolivia

En América Latina, si exceptuamos a Cuba, podemos señalar tres grandes categorías de gobiernos. En primer lugar, los gobiernos de derecha, aliados de Washington, que desempeñan un papel activo en la región y ocupan una posición estratégica: son los de Álvaro Uribe en Colombia, Alan García en Perú y Felipe Calderón en México.

En segundo lugar, hallamos presuntos gobiernos «de izquierda» que llevan a cabo una política neoliberal y apoyan a la burguesía nacional o regional en sus proyectos: Brasil, Uruguay, Chile, Nicaragua y el gobierno de Cristina Fernando Kirchner, de los peronistas argentinos. Son gobiernos que hacen una política neoliberal, que favorece al gran capital, maquillada con algunas medidas de asistencia social. En efecto, doran un poco la píldora neoliberal aplicando programas sociales. Por ejemplo en Brasil, las familias pobres reciben un poco de ayuda del gobierno, lo que le asegura el apoyo popular en las regiones más pobres del país.

Algunos de estos gobiernos intentan mejorar sus relaciones con Washington, especialmente con el establecimiento de acuerdos de libre comercio con Estados Unidos. Chile firmó uno y Lula, en Brasil, también busca un acuerdo con Washington en torno a una serie de asuntos políticos. Pero al mismo tiempo persisten grandes divergencias de opinión entre el gobierno de Lula y Estados Unidos. Dichas divergencias se refieren a la defensa de los intereses de la burguesía brasileña que conciernen a la agricultura y a una serie de sectores industriales, especialmente los dirigidos a la exportación, que no aceptan el proteccionismo de Estados Unidos.

En la tercera categoría de países se encuentran Venezuela, Bolivia y Ecuador, que se enfrentan con la oposición activa de importantes sectores de la clase capitalista local y de Washington. Cuba es, en sí misma, una cuarta categoría.

La importancia de las movilizaciones populares…

En cuanto a los países que conforman la tercera categoría, Venezuela, Bolivia y Ecuador, hay que señalar que únicamente podremos entender la política de estos países si tenemos en cuenta las potentes movilizaciones populares que jalonan su historia reciente. En Ecuador, cuatro presidentes de la derecha fueron devueltos a sus casas entre 1997 y 2005 gracias a las grandes movilizaciones de la población. En Bolivia surgieron importantes luchas contra la privatización del agua en abril de 2000 y a finales de 2004. Las movilizaciones relacionadas con el gas, en octubre de 2003, derrocaron e hicieron huir (a Estados Unidos) al presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. Venezuela, desde 1989, ha conocido las importantes movilizaciones que inauguraron las grandes luchas sociales contra el Fondo Monetario Internacional, que se desarrollaron a escala planetaria en los años noventa. Pero fueron todavía más espectaculares las enormes movilizaciones populares del 12 de abril de 2002, manifestaciones espontáneas de protesta contra el golpe de Estado para derrocar a Hugo Chávez. Estas movilizaciones consiguieron, directamente, el regreso de Hugo Chávez al palacio presidencial de Miraflores el 13 de abril de 2002. Las grandes movilizaciones populares son un factor decisivo en la existencia y supervivencia de los gobiernos de Venezuela, Bolivia y Ecuador.

… y de la adopción democrática de nuevas constituciones

El segundo punto importante es la revisión de la Constitución. En 1999 en Venezuela, durante el primer mandato de Hugo Chávez, se adoptó por referéndum una nueva Constitución democrática (redactada por una Asamblea Constituyente). Dicha Constitución, que sigue actualmente en vigor, ha garantizado más derechos culturales, económicos y sociales a la mayoría de la población venezolana. Además, la propia Constitución, estableció un mecanismo democrático que permite revocar, a media legislatura, a los cargos elegidos a todos los niveles (incluido el presidente de la República). La adopción de una nueva Constitución en Venezuela, posteriormente inspiró a los gobiernos de Bolivia y Ecuador. Bolivia adoptó una nueva Constitución en 2007, y en Ecuador una Asamblea Constituyente, elegida en septiembre de 2007, está redactando un proyecto de nueva Constitución que se someterá a referéndum en septiembre de 2008. ¡Son reformas efectivamente profundas! Esos cambios políticos democráticos que se están llevando a cabo en estos tres países no sólo se han silenciado sistemáticamente en los medios de comunicación de los países más industrializados y otros, sino que además dichos medios han orquestado una campaña constante de injurias con el fin de presentar a los jefes de Estado de los tres países como repulsivos dirigentes populistas y autoritarios.

Las experiencias de estos tres países andinos, en relación con la adopción de nuevas Constituciones, son muy ricas. Deberían inspirar a los pueblos y las fuerzas políticas de los demás países. Sólo hay que comparar la situación de Europa, con la ausencia de un procedimiento democrático para la aprobación del Tratado constitucional. Por supuesto, las experiencias en curso en Venezuela, Bolivia y Ecuador también tienen contradicciones y límites importantes que hay que analizar. En Ecuador, el proceso de reforma en curso moviliza amplios sectores sociales. Se eligió al actual presidente, Rafael Correa, a finales de 2006, por una gran mayoría, sin que tuviera un partido político o parlamentarios detrás de él. A pesar de la fuerte oposición de la derecha y de todos los medios de comunicación -en Ecuador no hay ningún canal público estatal de televisión y radio-, Correa ganó el referéndum para convocar una Asamblea Constituyente con el 82% de los votos. El movimiento político que Correa ha construido sobre la marcha en el transcurso de 2007 consiguió más de un 70% de los votos en las elecciones para la Asamblea Constituyente. Si añadimos a sus aliados, se beneficia de una mayoría de más del 80%.

En la actualidad, en Ecuador, hay una Asamblea Constituyente a la que los movimientos sociales están invitados de forma permanente, con el fin de tener mejor en cuenta sus propuestas. De esta forma, la nueva Constitución puede ser elaborada por una amplia mayoría de la población. Por lo tanto es un proceso muy abierto y muy interesante. Conoceremos el resultado definitivo a finales de julio, cuando la Asamblea Constituyente haya adoptado el proyecto de la nueva Constitución para someterlo a continuación a referéndum, a finales de septiembre. Es probable que el texto que se presente al sufragio sea criticable en diversos aspectos (la ausencia del concepto de plurinacionalidad para conformar el país, como piden las principales organizaciones indias, la ausencia del derecho a refutarlo o la ausencia de la prohibición de los OGM).

En Bolivia, el proceso de revisión se lleva a cabo en un medio mucho más conflictivo. El partido de Evo Morales, el MAS, ganó claramente la mayoría simple en el parlamento (55%), pero no tiene la mayoría absoluta de los dos tercios. Eso complica la situación. Finalmente, la nueva Constitución se adoptó en diciembre de 2007 a pesar de las obstrucciones, a veces violentas, de la derecha y las clases dominantes. En consecuencia, la situación está polarizada en extremo debido a una movilización muy agresiva del sector reaccionario. La derecha entró en acción con una campaña racista y la amenaza de una separación territorial de la parte occidental del país, donde domina la situación. Esta revuelta reaccionaria ha conseguido frenar, hasta ahora, la celebración del referéndum sobre la nueva Constitución.

Vuelta al control público de las riquezas naturales

Un tercer punto importante: los gobiernos de Venezuela, Bolivia y Ecuador tomaron medidas para reforzar el sector público y obtener el control de los recursos naturales. En Venezuela, el Estado tomó el control de la gran compañía petrolera PDVSA que, aunque era pública, favorecía los intereses privados y declaraba la mayoría de sus rentas en Estados Unidos. Fue una batalla muy dura. La clase capitalista organizó un golpe de Estado en abril de 2002 seguido de un cierre que paralizó la empresa en diciembre de 2002 y enero de 2003. El producto interior bruto de Venezuela se hundió en los primeros meses de 2003, pero finalmente el gobierno recuperó el control de la situación con el apoyo de la mayoría del pueblo. El año pasado, el Estado venezolano también ha conseguido el control de un importante campo de petróleo, la falla del Orinoco. En Venezuela, el Estado produce dos tercios del petróleo, y un tercio las grandes compañías petroleras. Pero actualmente el petróleo se explota en el marco de nuevos contratos negociados en los que el Estado recauda más rentas que antes. Hay que añadir otras nacionalizaciones: la producción y distribución eléctrica, las telecomunicaciones (CANTV), la siderurgia (SIDOR, que cuenta con 15.000 trabajadores), el sector del cemento y las empresas de producción alimentaria. Sin olvidar la reforma agraria, dirigida a entregar la tierra a quienes la trabajan.

Bolivia nacionalizó el petróleo y la producción de gas en 2006. Evo Morales envió al ejército para controlar los campos petroleros, pero las multinacionales siguen estando activas ya que son ellas las que extraen el petróleo y el gas. Claramente, el Estado es el propietario de las riquezas naturales, pero son las grandes multinacionales quienes explotan el petróleo y el gas. De ahí la importancia estratégica de los acuerdos entre Venezuela y Bolivia, que permitirán a Bolivia reforzar una compañía petrolera pública para extraer y refinar el petróleo y el gas. Bolivia no tiene refinería; las que tiene Ecuador son insuficientes. Bolivia y Ecuador exportan petróleo e importan combustible y otros productos refinados. De ahí, también en esto, la importancia de acuerdos estratégicos entre Venezuela, Ecuador y Bolivia para reforzar la autonomía de los dos últimos.

Lo que Venezuela, Bolivia y Ecuador tienen en común con la segunda categoría de países (Brasil, Uruguay, Chile, Argentina), es una política determinada de programas de asistencia pública. No se trata de rechazar pura y simplemente estas medidas, pero es totalmente necesario promover la creación de puestos de trabajo, subir fuertemente los salarios y garantizar más derechos sociales y económicos para los asalariados, campesinos, artesanos, comerciantes, pensionistas y otros subsidiados sociales. Venezuela y Bolivia han avanzado en esta dirección pero todavía queda mucho que hacer.

Ecuador: ¿Suspenderá Correa el pago de una parte de la deuda?

Ecuador emprendió una importante iniciativa relacionada con la deuda pública. Rafael Correa creó, en julio de 2007, la Comisión de auditoría integral de la deuda pública interna y externa (CAIC). Es una comisión compuesta por doce miembros de los movimientos sociales y ONG de Ecuador, seis miembros de campañas internacionales para la anulación de la deuda del Tercer Mundo (formo parte de la Comisión como representante del CADTM) y cuatro representantes del Estado (el ministerio de Hacienda, el Tribunal de Cuentas, la Comisión anticorrupción y la fiscalía general). Lo que es interesante, es que aquí no se habla de representantes de la sociedad civil (que incluye a las asociaciones patronales, por ejemplo), sino de delegados de los movimientos sociales como el movimiento indígena (CONAIE) y otros movimientos sociales radicales de Ecuador. La idea de Correa y un sector de su gobierno es evitar el reembolso de una gran parte de la deuda pública.

Si Correa consigue su propósito, eso significaría un enfrentamiento directo con su propia burguesía nacional, porque es la burguesía ecuatoriana quien saca el mayor provecho del reembolso del lastre de la deuda pública. Significaría también un enfrentamiento con los mercados financieros internacionales y con el Banco Mundial. La derecha del gobierno y los grandes grupos financieros, sin contar el Banco Mundial y las capitales de los países más industrializados, ejercen una fuerte presión para convencer al gobierno de Correa de que no haga nada. Éste deberá tomar una decisión a mediados de julio de 2008, cuando el CAIC entregue su informe. No hay nada seguro y cabe la posibilidad de que Correa decida evitar el enfrentamiento.

La estrategia de Estados Unidos y los capitalistas locales: enfrentamiento y separación

La estrategia de Estados Unidos y de la clase capitalista local se orienta claramente hacia el enfrentamiento: el golpe de Estado contra Chávez en 2002, el cierre patronal de diciembre de 2002 y enero de 2003 o las campañas de los medios de comunicación en Bolivia, Ecuador y Venezuela contra el gobierno.

Pero el asunto fundamental es una nueva estrategia de división del país. La clase capitalista de Bolivia organiza la escisión de la parte occidental del país. La que los medios de comunicación denominan «la media luna», con Santa Cruz como principal centro económico. Los grandes latifundistas y los dueños de las empresas de exportación (en particular de soja transgénica) incitan a la población a declarar la independencia frente al Estado nacional. Habitualmente recurren a actuaciones racistas. Hay que afirmar sin ambages que la población de esta rica región no constituye una nación que tendría derecho a la autodeterminación. El gobierno responde a la derecha que está dispuesto a conceder más autonomía a las regiones pero no la separación, y en este caso tiene razón.

En Ecuador, el centro económico se encuentra en Guayaquil, en la costa del Pacífico, mientras que Quito -que también es muy importante económicamente- es la capital política, situada a 2.800 metros de altitud en la cordillera de los Andes. La clase capitalista de Guayaquil quiere declarar su independencia bajo la dirección de su alcalde derechista.

En Venezuela, el gobernador del Estado occidental de Zulia (que tiene una frontera con Colombia) blande la amenaza de una separación. Todo esto constituye, sin ninguna duda, una premeditada estrategia continental de Washington, que intenta apoyar a la burguesía capitalista local en un proceso de escisión de los países que viven experiencias de izquierda.

Esto nos recuerda la política de Bélgica, Estados Unidos y otras potencias con respecto a la provincia de Katanga, en la República Democrática del Congo. Recordemos que las capitales occidentales apoyaron el separatismo de Katanga contra el Primer Ministro Patrice Lumumba. Cuando el dictador pro occidental Mobutu tomó el poder (después del asesinato de Lumumba a quien llevaron por la fuerza a Katanga y lo entregaron a sus peores enemigos), las grandes potencias dejaron de apoyar a los separatistas… Me parece un asunto importante, porque algunos en la izquierda consideran estas divisiones de los países como una expresión irrefutable del derecho de los pueblos a la autodeterminación. En el caso de Bolivia, es claramente la reacción de la burguesía capitalista local contra los derechos de la mayoría india de la nación. Por si fuera poco, generalmente utilizan un lenguaje racista y reaccionario. El alcalde de Santa Cruz, Percy Fernández, declaró el 9 de diciembre de 2007 comentando la adopción del proyecto de la nueva Constitución por la Asamblea Constituyente que: «¡En este país, pronto será necesario pintarse y ponerse las plumas para existir!». Desde entonces, sus partidarios organizaron agresiones contra los indios quienes constituyen, hay que recordarlo, la mayoría de la población del país y son víctimas, desde hace más de cinco siglos, de la dominación de Europa y sus descendientes.

La estrategia de Washington y ciertas capitales europeas incluye todavía otro aspecto. El conflicto entre la multinacional ExxonMobil y la compañía petrolera estatal de Venezuela PDVSA, el desacuerdo entre Occidental Petroleum de Estados Unidos y PetroEcuador, una empresa pública de Ecuador, el desacuerdo entre Telecom Italia y Bolivia, etcétera. Las grandes multinacionales (sin olvidar Petrobras, de Brasil) se oponen a las decisiones de los tres gobiernos de izquierda de restaurar el control público sobre las riquezas naturales. Dichas multinacionales utilizan el tribunal del Banco Mundial (CIADI) para resolver los desacuerdos que conciernen a las inversiones. También recurren a los tribunales de comercio, como el de Londres, Amsterdam o Nueva York. Existe el riesgo de que en los próximos meses estalle un conflicto relativo a un contrato entre dos gobiernos latinoamericanos: el presidente electo de Paraguay, Fernando Lugo, que asumirá sus funciones en agosto de 2008, declaró que revisará el contrato leonino impuesto por Brasil a su país en la época en que ambos vivían bajo dictaduras militares (el contrato de Itaipú, que se remonta a 1973). Efectivamente, mientras que el precio de la energía sube fuertemente, Brasil paga un precio ridículo por la electricidad que se produce en Paraguay. Paraguay y Brasil tienen pesos económicos totalmente diferentes y Paraguay tiene toda la razón para exigir la revisión del contrato o su derogación. Este tipo de situaciones conflictivas demuestra la necesidad de los países de América Latina de salir del CIADI, como hizo Bolivia, y crear un organismo latinoamericano para resolver los litigios que surgen entre los Estados y las multinacionales (del norte o del sur) o que enfrentan a los Estados latinoamericanos entre ellos. Por supuesto, en este último caso, hay que buscar primero un acuerdo bilateral antes de recurrir a un organismo multilateral.

Los tratados de comercio entre los pueblos
En oposición a los tratados de libre comercio que firman algunos países de América Latina con Estados Unidos o la Unión Europea, merecen destacarse los nuevos acuerdos que se firmaron entre los gobiernos de Venezuela, Bolivia y Cuba. Hay que citar, por ejemplo, los 20.000 médicos cubanos que van a trabajar voluntariamente en Venezuela para proporcionar medicina gratuita, prioritariamente en los barrios pobres, o las 40.000 operaciones de cataratas u otros problemas oftalmológicos, de las que se beneficiaron gratuitamente los ciudadanos venezolanos en hospitales cubanos. A cambio, principalmente en forma de trueque, Venezuela proporciona petróleo a Cuba. El mismo tipo de acuerdos se aplica entre Venezuela y Bolivia.

En conclusión, las experiencias que se llevan a cabo en estos países son muy diferentes de la imagen caricaturesca y negativa que presentan la mayoría de los medios de comunicación. Los procesos en curso son complejos y a veces contradictorios, los retrocesos son posibles, incluso probables; quizás los gobiernos no puedan llegar lo suficientemente lejos en las transformaciones políticas y sociales a favor del pueblo. La desestabilización orquestada por las clases dominantes locales y Washington puede ralentizar el proceso en curso. Con la agresión de Colombia a Ecuador en marzo de 2002, está claro que Bogotá y Washington están dispuestas a utilizar el arma de la guerra contra los regímenes de Quito y Caracas.

Uno de los aspectos destacados que no hemos podido analizar en este artículo es la debilidad del control de los productores sobre el conjunto del proceso de producción (lo que se llama, en la tradición del movimiento de los trabajadores, el control obrero y la autogestión).

Original en francés: http://www.cadtm.org/spip.php?article3476

Traducción Caty R.).- Caty R. pertenece a los colectivos de Rebelión, Cubadebate y Tlaxcala. Esta traducción se puede reproducir libremente a condición de respetar su integridad y mencionar al autor, a la traductora y la fuente.

http://www.bolpress.com/art.php?Cod=2008062718

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Daniel Campione: Venezuela en perspectiva revolucionaria

La derrota en el referendum sobre la reforma constitucional en Venezuela ha dado lugar a una rica discusión acerca de su evaluación y los modos de resolver la problemática que plantea. En la mayoría de los casos, los interrogantes se dirigen a encontrar el modo de preservar y profundizar las transformaciones sociales a las que han dado lugar los nueve años de gobierno de Chávez en el poder. O lo que es lo mismo, a visualizar cómo afianzar y extender una perspectiva revolucionaria que, a partir del país caribeño, se proyecta sobre nuestro continente.

Al discurrir sobre la derrota se han volcado argumentos explicativos de variado tipo, que van desde críticas al diseño de la campaña hasta fenómenos de corrupción, burocratización e inoperancia al interior del gobierno y de los organismos revolucionarios en general, pasando por la propia concepción y alcance de la reforma constitucional. También han ocupado un lugar importante los alertas sobre la falta de solución a los problemas concretos de la población, como el abastecimiento alimenticio, las carencias en materia de vivienda, la inseguridad, el deterioro de las “misiones”. Y aquí y allá brotaron las advertencias sobre la creación de estratos privilegiados que se enriquecen mientras corean consignas revolucionarias.

Ese conjunto de factores seguramente jugó cada uno su papel, pero creemos que a ellos subyace algo más sustantivo, estructural, cuya comprensión es indispensable para analizar lo transcurrido y apuntar estratégicamente en dirección del futuro: La revolución bolivariana, como otros procesos progresivos latinoamericanos, está atravesada ella misma, su gobierno, su militancia, sus cuadros dirigentes, por la lucha de clases. Ese conflicto se proyecta, sin determinarla por completo, a la coexistencia entre concepciones diferentes, si no opuestas, de construcción política y social, al interior del propio poder “chavista”.

Esto quiere decir que junto con una visión anticapitalista, basada en la iniciativa popular, radical en su concepción de la democracia de abajo hacia arriba, anidan en el proceso revolucionario tendencias proclives a coexistir indefinidamente con el capitalismo (o más pudorosamente economía de mercado) y a mantenerse en los cauces de la democracia representativa tradicional. Y esa diferencia decisiva no cursa por aceptar o no la denominación de socialista para el proceso, o por estar a favor o en contra de determinada nacionalización. Más bien atiende a si se asigna o no un lugar protagónico a las clases populares conscientes y organizadas; si se apunta consecuentemente a una transformación radical de las relaciones sociales. o sólo se aspira a la redistribución de la riqueza, la inclusión social y demás tópicos que, asumiéndolo explícitamente o no, dejan incólume la sustancia de la explotación capitalista.

Han brotado luego del referendum los llamados a la reconciliación, desde la oposición y sectores del oficialismo. La amnistía presidencial que acaba de beneficiar a partícipes del golpe de abril de 2002 y otros atropellos, y algunas declaraciones presidenciales, indican cierta propensión a aceptar ese rumbo desde la cúspide del aparato estatal. Esto podría avanzar hacia su consumación si se busca una política de pactos con los partidos opositores y se procura la alianza con una sedicente “burguesía nacional”.

Habría que entender que la base para “reconciliarse” no puede ser otra que el estancamiento o el retroceso del proceso revolucionario, con la oposición en puja permanente por convertir el parate en reversión total, en desplazamiento del “chavismo” del poder, en retorno a una “normalidad” vaciada en el molde de la Colombia de Uribe o el México de Calderón. En el mejor de los casos quedaría en pie una política exterior moderadamente nacionalista, y cierto rumbo “desarrollista” de la economía. Vale decir, lo compatible con el umbral de tolerancia del núcleo de las clases dominantes y el imperialismo norteamericano para procesos “progresistas” en la región.

Allí está, sin embargo, el camino opuesto, aquél que en lugar de negociaciones o conciliación con gran capital y oposición, se dirija a ampliar la base social en las clases subalternas de la revolución bolivariana. A afianzar la identificación entre el proceso revolucionario, el rumbo estratégico que ha venido marcando el presidente Chávez, y las masas movilizadas y conscientes. Eso requiere la acentuación y extensión de todas aquellas medidas que mejoren el nivel de vida, junto con el compromiso y organización política de las clases populares. Y ello conlleva asumir que, más temprano que tarde, se confrontará con los intereses del gran capital local y extranjero, llegando a un nivel de no retorno, a un punto de definiciones para los que sustentan tomar un cauce “moderado”. Esto no se define a través de una reforma constitucional o de cualquier otra iniciativa legal. Requiere la construcción de poder social desde las clases subalternas, la concentración de una capacidad contrahegemónica que cohesione y consolide el poder popular al mismo tiempo que debilite y en última instancia destruya, al poder de las clases dominantes. Es una batalla económica, política, social y cultural, que no puede emprenderse exitosamente sin una reforma intelectual y moral en el interior del propio “chavismo”. Más temprano que tarde, se debe asumir que la propiedad privada de los principales medios de producción y las instituciones estatales construidas para mantener el poder de las clases populares limitado a la expresión periódica del sufragio, son por igual incompatibles con una transformación social radical.

Está claro que esa confrontación debe sostenerse, en decisiva medida, en organizaciones de base, conscientes y activas, que tengan todo que ganar en la radicalización revolucionaria, que puedan y quieran avanzar en la construcción de un poder político de nuevo tipo, que concluya por destruir las bases del antiguo estado, corroído por viejos y nuevos fenómenos de burocratismo y privilegio. Ellas pueden abrevar en las mejores páginas del proceso revolucionario venezolano, como han sido la exitosa resistencia popular a la tentativa de golpe, o al boicot económico. Y convertir las consignas gubernamentales de revisión, rectificación y reimpulso, lanzadas después del revés electoral, en un vigoroso torrente que desde abajo cohesione y amplíe el campo de los que están decididos a terminar con la explotación, la desigualdad y la injusticia.
Si la revolución venezolana arriba a victorias decisivas, a transformaciones irreversibles, la potencia expansiva de su ejemplo prestaría un envión importante a procesos como el boliviano, el ecuatoriano, y otros que puedan gestarse en el futuro cercano. América Latina vive una oportunidad histórica en cuanto a la posibilidad de encarnar una profunda desmentida al predominio absoluto e indefinido del poder del capital. El lugar que ocupa el trayecto a seguir por Venezuela en esa perspectiva es, a todas luces, decisivo.

* Argenpress
* http://www.argenpress.info/nota.asp?num=051121&Parte=0

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Daniel Campione: Venezuela en perspectiva revolucionaria

La derrota en el referendum sobre la reforma constitucional en Venezuela ha dado lugar a una rica discusión acerca de su evaluación y los modos de resolver la problemática que plantea. En la mayoría de los casos, los interrogantes se dirigen a encontrar el modo de preservar y profundizar las transformaciones sociales a las que han dado lugar los nueve años de gobierno de Chávez en el poder. O lo que es lo mismo, a visualizar cómo afianzar y extender una perspectiva revolucionaria que, a partir del país caribeño, se proyecta sobre nuestro continente.

Al discurrir sobre la derrota se han volcado argumentos explicativos de variado tipo, que van desde críticas al diseño de la campaña hasta fenómenos de corrupción, burocratización e inoperancia al interior del gobierno y de los organismos revolucionarios en general, pasando por la propia concepción y alcance de la reforma constitucional. También han ocupado un lugar importante los alertas sobre la falta de solución a los problemas concretos de la población, como el abastecimiento alimenticio, las carencias en materia de vivienda, la inseguridad, el deterioro de las “misiones”. Y aquí y allá brotaron las advertencias sobre la creación de estratos privilegiados que se enriquecen mientras corean consignas revolucionarias.

Ese conjunto de factores seguramente jugó cada uno su papel, pero creemos que a ellos subyace algo más sustantivo, estructural, cuya comprensión es indispensable para analizar lo transcurrido y apuntar estratégicamente en dirección del futuro: La revolución bolivariana, como otros procesos progresivos latinoamericanos, está atravesada ella misma, su gobierno, su militancia, sus cuadros dirigentes, por la lucha de clases. Ese conflicto se proyecta, sin determinarla por completo, a la coexistencia entre concepciones diferentes, si no opuestas, de construcción política y social, al interior del propio poder “chavista”.

Esto quiere decir que junto con una visión anticapitalista, basada en la iniciativa popular, radical en su concepción de la democracia de abajo hacia arriba, anidan en el proceso revolucionario tendencias proclives a coexistir indefinidamente con el capitalismo (o más pudorosamente economía de mercado) y a mantenerse en los cauces de la democracia representativa tradicional. Y esa diferencia decisiva no cursa por aceptar o no la denominación de socialista para el proceso, o por estar a favor o en contra de determinada nacionalización. Más bien atiende a si se asigna o no un lugar protagónico a las clases populares conscientes y organizadas; si se apunta consecuentemente a una transformación radical de las relaciones sociales. o sólo se aspira a la redistribución de la riqueza, la inclusión social y demás tópicos que, asumiéndolo explícitamente o no, dejan incólume la sustancia de la explotación capitalista.

Han brotado luego del referendum los llamados a la reconciliación, desde la oposición y sectores del oficialismo. La amnistía presidencial que acaba de beneficiar a partícipes del golpe de abril de 2002 y otros atropellos, y algunas declaraciones presidenciales, indican cierta propensión a aceptar ese rumbo desde la cúspide del aparato estatal. Esto podría avanzar hacia su consumación si se busca una política de pactos con los partidos opositores y se procura la alianza con una sedicente “burguesía nacional”.

Habría que entender que la base para “reconciliarse” no puede ser otra que el estancamiento o el retroceso del proceso revolucionario, con la oposición en puja permanente por convertir el parate en reversión total, en desplazamiento del “chavismo” del poder, en retorno a una “normalidad” vaciada en el molde de la Colombia de Uribe o el México de Calderón. En el mejor de los casos quedaría en pie una política exterior moderadamente nacionalista, y cierto rumbo “desarrollista” de la economía. Vale decir, lo compatible con el umbral de tolerancia del núcleo de las clases dominantes y el imperialismo norteamericano para procesos “progresistas” en la región.

Allí está, sin embargo, el camino opuesto, aquél que en lugar de negociaciones o conciliación con gran capital y oposición, se dirija a ampliar la base social en las clases subalternas de la revolución bolivariana. A afianzar la identificación entre el proceso revolucionario, el rumbo estratégico que ha venido marcando el presidente Chávez, y las masas movilizadas y conscientes. Eso requiere la acentuación y extensión de todas aquellas medidas que mejoren el nivel de vida, junto con el compromiso y organización política de las clases populares. Y ello conlleva asumir que, más temprano que tarde, se confrontará con los intereses del gran capital local y extranjero, llegando a un nivel de no retorno, a un punto de definiciones para los que sustentan tomar un cauce “moderado”. Esto no se define a través de una reforma constitucional o de cualquier otra iniciativa legal. Requiere la construcción de poder social desde las clases subalternas, la concentración de una capacidad contrahegemónica que cohesione y consolide el poder popular al mismo tiempo que debilite y en última instancia destruya, al poder de las clases dominantes. Es una batalla económica, política, social y cultural, que no puede emprenderse exitosamente sin una reforma intelectual y moral en el interior del propio “chavismo”. Más temprano que tarde, se debe asumir que la propiedad privada de los principales medios de producción y las instituciones estatales construidas para mantener el poder de las clases populares limitado a la expresión periódica del sufragio, son por igual incompatibles con una transformación social radical.

Está claro que esa confrontación debe sostenerse, en decisiva medida, en organizaciones de base, conscientes y activas, que tengan todo que ganar en la radicalización revolucionaria, que puedan y quieran avanzar en la construcción de un poder político de nuevo tipo, que concluya por destruir las bases del antiguo estado, corroído por viejos y nuevos fenómenos de burocratismo y privilegio. Ellas pueden abrevar en las mejores páginas del proceso revolucionario venezolano, como han sido la exitosa resistencia popular a la tentativa de golpe, o al boicot económico. Y convertir las consignas gubernamentales de revisión, rectificación y reimpulso, lanzadas después del revés electoral, en un vigoroso torrente que desde abajo cohesione y amplíe el campo de los que están decididos a terminar con la explotación, la desigualdad y la injusticia.
Si la revolución venezolana arriba a victorias decisivas, a transformaciones irreversibles, la potencia expansiva de su ejemplo prestaría un envión importante a procesos como el boliviano, el ecuatoriano, y otros que puedan gestarse en el futuro cercano. América Latina vive una oportunidad histórica en cuanto a la posibilidad de encarnar una profunda desmentida al predominio absoluto e indefinido del poder del capital. El lugar que ocupa el trayecto a seguir por Venezuela en esa perspectiva es, a todas luces, decisivo.

* Argenpress
* http://www.argenpress.info/nota.asp?num=051121&Parte=0

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Emir Sader: Por la paz en Colombia

La liberación de los primeros rehenes es un acto que debe ser saludado desde diversos puntos de vista. En primer lugar, porque recuperaron su libertad personas que habían estado recluidas durante varios años, aisladas del mundo y de sus familiares. Es un gesto humanitario que debe ser saludado como tal, con los debidos agradecimientos a todos los responsables, entre ellos y en primer lugar al presidente venezolano Hugo Chávez, luego a los representantes de gobiernos como los de Argentina, Cuba y Brasil, entre otros, por su apoyo.

En segundo lugar, porque Colombia es uno de los epicentros de la “guerra infinita” de EU y por primera vez este país deja de ser agente de la guerra para convertirse en mediador de eventuales procesos de paz. El mecanismo ya viciado impide éxito en diversos casos, el más largo de los cuales es Palestina.

Ni en Palestina ni en Irak ni en Afganistán ni en Colombia parecían prosperar iniciativas de resolución pacífica de los conflictos llevadas a cabo por Washington.

Es una buena sugerencia para que otros busquen soluciones o al menos alternativas que avancen en la dirección de la solución pacífica de los conflictos en el mundo. Una posibilidad para que gobiernos progresistas, y especialmente el Foro Social Mundial, busquen demostrar que “otro mundo es posible”, otras formas de superar la política de militarización de los conflitos de parte de la potencia imperial estadunidense.

En el caso colombiano se trata de no detenerse en la liberación de los detenidos de una parte y de otra, aunque éste sea el próximo paso concreto, que servirá de poco, si siguen en acción los paramilitares, si el ejército sigue atacando a campesinos, si siguen los secuestros; en fin, si la guerra sigue. De ahí que la propuesta de Hugo Chávez –promover una negociacion política que permita terminar con la guerra y replantear la relación del gobierno de Colombia con las FARC y el ELN en el plano político– sería un objetivo fundamental para que Colombia cierre ese capítulo duro de su historia que tantos sufrimientos causa a su pueblo, para que América Latina deje de tener un epicentro de las “guerras infinitas” del gobierno estadunidense, para que no se entorpezcan las relaciones entre los gobiernos del continente por esa guerra.

Y, finalmente, para que se sepa que se pueden resolver los conflictos sin apelar a la guerra, a la violencia, a la militarización, para lo cual es necesario tener gobiernos con iniciativa, audacia y compromiso para arribar a soluciones favorables al bienestar de nuestros pueblos, como ha sido el caso de Venezuela. Perderían los que apuestan a la violencia y a la guerra para ganar los conflictos; esto es, los fabricantes de armamentos, los que viven de eso en Colombia.

Ha llegado el momento de constituir una especie de Grupo de Amigos de Colombia con los gobiernos que han participado con éxito en esta primera negociación, tanto los latinoamericanos como los europeos, porque queda claro que esa acción tiene legitimidad y posibilidad de éxito.

La cuestión colombiana es un problema de los colombianos, pero se ha visto que el apoyo internacional tiene buenas posibilidades de éxito y apoyos internos e internacionales, además de que puede representar un nuevo hito en este comienzo de siglo, todavía dominado por las “guerra infinitas” del imperio.

América Latina puede dar al mundo el ejemplo de que puede resolver sola, de forma pacífica y justa, el conflicto colombiano.

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Carlos Montemayor: Las FARC y el terrorismo

El viernes de la semana pasada, en un discurso ante el Poder Legislativo de su país, el presidente venezolano Hugo Chávez se atrevió a plantear como una solución política el reconocimiento a las Fuerzas Armadas Revolucionaras de Colombia (FARC) como fuerzas beligerantes. Las reacciones nacionales e internacionales fueron en su mayor parte previsibles.

De inmediato, por ejemplo, el gobierno de Colombia rechazó la propuesta de reconocimiento de las FARC como fuerza beligerante e insistió en la solución militar para extirparlas como “un cáncer” a fin de que en 2010 Colombia se convierta en “un país sin terroristas”. En círculos políticos colombianos, la iniciativa de Chávez fue cuestionada incluso por constituir una intervención en asuntos internos colombianos. El portavoz del Departamento de Estado del gobierno de Estados Unidos, Sean McCormack, rechazó el 14 de enero la propuesta de retirar de la “lista de organizaciones terroristas” a las FARC, y la gobernante alemana Angela Merkel fue de la misma “escéptica” opinión un día después.

Interesante planteamiento el del presidente Chávez no por imposible de realizar, sino por la importancia de poner en la mesa de debate nacional e internacional el sesgado y utilitario concepto de “terrorismo” y descubrir otras capas de la realidad social en el mundo actual. Particularmente cuando la “injerencia internacional” de nuestros días no se origina en los círculos terroristas, sino en los financieros.

La senadora colombiana Piedad Córdoba expresó, por su parte, el 13 de enero, que “la gente tiene que entender que efectivamente las FARC son un ejército, son un sujeto político en el país, son una realidad política y no podemos olvidarnos de eso, porque en esa medida y de esa manera no vamos a lograr lo que queremos, que es la liberación de todos los compañeros”. El argumento es relevante: “son un sujeto político en el país, son una realidad política”. Ésta es la dimensión que varios gobiernos en el mundo tratan de eliminar, ocultar o distorsionar en procesos sociales de oposición o en movimientos de resistencia a ocupaciones territoriales de fuerzas extranjeras. No es difícil observar que en Chechenia, Irak, Palestina, Pakistán o Colombia, por poner algunos ejemplos, hay una práctica de descalificación política utilitaria a movimientos y procesos sociales. La petición de reconocer a las FARC en Colombia como fuerza beligerante se relaciona con numerosos casos de muchos países del mundo, incluido México.

En julio de 1997 fueron divulgados en el semanario Proceso algunos documentos de Inteligencia Militar, en uno de ellos, en una tarjeta dirigida al secretario de la Defensa, se lee lo siguiente:

“Entre los años 1991-1992 acudió a la Secretaría de la Defensa Nacional (EMDNS5) el doctor Alberto Zékelly, en ese entonces funcionario de la Secretaría de Relaciones Exteriores, con la pretensión de que esta dependencia mostrara su acuerdo para que nuestro país suscribiera el protocolo II adicional a los convenios de Ginebra, que regula conflictos armados de carácter interno. Esta secretaría estuvo en desacuerdo por considerar que con la firma de ese protocolo se ponía en riesgo de afectación la soberanía del país y se abría la posibilidad de una injerencia externa que en un caso determinado, incluso tratándose de bandas de narcotraficantes, pudieran alcanzar un estatus beligerante y, en consecuencia, acogerse al derecho internacional. Ante esta negativa, el doctor Zekelly propuso que se accediera a una petición de la Cruz Roja Internacional para abrir una oficina en México. Esta secretaría también se mostró contraria a esta pretensión.”

Queda claro que la Secretaría de la Defensa se opuso a que México firmara el protocolo II adicional a los convenios de Ginebra porque había detectado la presencia del grupo armado que después conoceríamos como EZLN. La firma del protocolo favorecería, en términos militares, al grupo armado antes aun de lanzar una declaración de guerra. Pero el otro argumento era peculiar: tal firma pondría en riesgo de afectación nuestra soberanía por facilitar la injerencia internacional. El planteamiento es contradictorio no sólo por la “injerencia” que México padecía ya desde ese momento con los organismos financieros internacionales, sino por este simple hecho: que el ejército esté actuando cada vez más a fondo en la lucha antinarcóticos es resultado ya de una injerencia internacional.

La ley estadunidense definió el terrorismo como la “violencia premeditada, políticamente motivada y llevada contra objetivos no combatientes por grupos subnacionales o agentes clandestinos” y el terrorismo internacional como el “que involucra a los ciudadanos o el territorio de más de un país”. En septiembre de 2001 el Departamento de Estado dio a conocer en Estados Unidos el Informe global sobre terrorismo, que identificaba a 29 organizaciones terroristas en todo el mundo. De ellas, 14 eran de tendencia extremista islámica y contaban con algún tipo de apoyo abierto o encubierto de gobiernos de países como Afganistán, Siria, Líbano, Irán o Libia.

El informe del Departamento de Estado presentaba en las fichas de cada una de estas organizaciones su descripción, sus principales actividades, su fuerza estimada, su área de operaciones y sus apoyos externos. Las organizaciones consideradas terroristas eran básicamente de fundamentalistas islámicos y de extrema izquierda. Incorporaron en la lista a organizaciones como las FARC, de Colombia, ETA, de España, e IRA, de Irlanda.

Según ese informe las organizaciones fundamentalistas islámicas habían aumentado su actividad por el estallido de la violencia en el conflicto palestino- israelí en septiembre del año 2000, dato relevante porque el documento apuntó que la mayoría de ellas tenían a Israel y a Estados Unidos entre sus principales blancos. Es decir, el rasgo que tipifica a las organizaciones que Estados Unidos considera terroristas no es “el terror” o daño que producen a grupos no combatientes, sino la descalificación política con que se les proscribe.

En abril del año pasado consideramos una forma de modernización de las leyes en México reconocer el delito de terrorismo como una realidad mundial de cuyo riesgo debemos precavernos, a sabiendas de que el término terrorismo no es resultado, en términos reales, de un análisis social, sino que proviene de una descalificación política utilitaria. En México se pretende asimilar el concepto de terrorismo a los grupos que emprendan ciertas acciones “que produzcan alarma, temor o terror en la población o en un grupo o sector de ella, para atentar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad para que tome una determinación.”

Resulta peligroso referirse al terrorismo como una fuerza que busca “presionar a la autoridad para que tome una determinación”. La parte riesgosa es la tentación de confundir el término terrorismo con la inconformidad social. En la base de esta tentadora confusión está la explicación de las reacciones inmediatas de los gobiernos colombiano y estadunidense de rechazar el reconocimiento de las FARC como fuerzas beligerantes. También la reacción extrema de César Gaviria, hoy líder del Partido Liberal: “Las afirmaciones del presidente Chávez constituyen un grave quebrantamiento de la Carta Democrática Interamericana”. Curiosa reacción, sobre todo ahora que en México y en el continente entero han venido presionando a todo tipo de autoridades, con magníficos resultados, las elites financieras e industriales de nuestros países, el sistema bancario (que en nuestro caso ha dejado de ser mexicano), los consorcios trasnacionales, los gobiernos de Estados Unidos, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Ante esta presión real para que las autoridades tomen “una determinación”, la presión de “los terroristas” parece una broma.

* La Jornada
* http://www.jornada.unam.mx/2008/01/17/index.php?section=opinion&article=018a1pol

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