Julio María Sanguinetti: No basta votar

Bien se sabe que la democracia no es sólo elecciones, condición necesaria pero no suficiente. Una democracia supone un gobierno electo por el pueblo; como dice Popper, procedimientos no violentos para sacudirse una mala administración; la adecuada autonomía de los poderes de gobierno; la vigencia consentida de un Estado de derecho y el respeto general por las libertades y garantías de los ciudadanos.

En el umbral del Bicentenario de nuestras repúblicas latinoamericanas, ese ideal tan largamente acariciado, está aún lejos. Se vota: todos los gobiernos, salvo la conocida excepción cubana, son resultado de elecciones y ello debe valorarse. Incluso en los dos países más grandes, podemos señalar algunos avances notables. Brasil posee hoy partidos nacionales estables y México ha estrenado un sistema electoral transparente con una alternancia política razonablemente aceptada.

Más allá de estas gratificantes comprobaciones, nos encontramos con inestabilidades y degradaciones imposibles de ocultar. Caído el Muro de Berlín y superada la guerra fría, nuestro hemisferio se alejó de la diabólica dialéctica de unos sustentando guerrillas marxistas desde Cuba y otros dictaduras desde Washington. Pareció que nos llegaba un tiempo de paz, en que la democracia podría brillar, pues dependía simplemente del esfuerzo de los demócratas latinoamericanos. Los hechos no han sido tan gratificantes.

En Brasil (1992), renuncia el presidente Fernando Collor de Melo ante la inminencia de un juicio político. En Paraguay (1999), el presidente Cubas renuncia y se exilia en Brasil, a raíz de las revueltas desencadenas por el asesinato del vicepresidente Argaña, quedando la Presidencia en manos del titular del Senado González Macchi, quien a duras penas termina su mandato. El caso peruano fue uno de los más detonantes, con la dimisión de Alberto Fujimori (2000), quien abandonó la Presidencia luego de ser reelecto, a raíz de descubrirse una trama siniestra de corrupción y espionaje que manejaba un capitán Montesinos, de triste memoria. Argentina (2001) vio caer al presidente Fernando de la Rúa a raíz de una crisis económica severa y el acoso de piquetes organizados que se adueñaron de la calle; todo lo cual dio paso a tres presidentes provisionales en dos meses, finalmente sustituidos por Eduardo Duhalde, quien alcanza la normalización institucional. En Bolivia, entre 2003 y 2005 se produce la estrepitosa caída del presidente Sánchez de Lozada, y más tarde la de su sustituto Carlos Mesa, para abrir espacio finalmente a la elección de Evo Morales, administrador de un país agrietado en dos partes por un persistente conflicto étnico. En Ecuador (2005), el presidente Lucio Gutiérrez cae en medio de revueltas populares.

Este sucinto relato apenas resume las caídas presidenciales. No podemos ignorar la degradación democrática que se vive bajo gobiernos populistas como el de Venezuela, donde se ha instaurado la Presidencia eterna y cerrado la principal estación privada de televisión, mientras la otra independiente sobrevive bajo amenaza. A lo que se añaden vaciamientos institucionales tan fuertes como el de que, electo en Caracas un alcalde opositor, se dictó una ley despojándolo de todas sus competencias, transferidas a una nueva superautoridad creada para administrar la ciudad capital. Tampoco cabe olvidar la permanente furia reeleccionista que entra a los mandatarios en ejercicio y que no parece terminar.

Todo esto viene a cuento de los dramáticos episodios ocurridos en Honduras, que registran el primer golpe militar de esta etapa histórica. Golpe sui géneris, porque nació del Parlamento y el Poder Judicial, que enfrentados al presidente terminaron reclamando una intervención militar para deponerlo y desterrarlo. No hay duda de que este presidente se había extralimitado hasta el punto de que no hubiera un solo diputado de su partido que levantara la mano en su favor. Pero tampoco hay duda de que cualesquiera fueran sus excesos, nunca debió ser el Ejército el arbitrario ejecutor de un derrocamiento presidencial, que bien ha sido calificado internacionalmente como un golpe de Estado.

Dos siglos de independencia no habilitan ya más excusas. No se puede seguir hablando de la herencia hispánica, del imperialismo norteamericano o del comunismo internacional. Nuestras repúblicas aún adolecen de inmadurez democrática y ello se advierte en el debate diario. Si una dictadura es de izquierda o derecha, será buena o mala para unos u otros, al margen de su condición autoritaria. Y ello ocurre en los medios políticos tanto como en las universidades, todavía ancladas en debates ideológicos que ya debían haberse librado a la historia.

Hemos vivido un quinquenio milagroso del mercado internacional, que derramó excedentes fabulosos. Hubo algunos avances, pero magros en el conjunto, porque -como dice Alain Touraine- “las chances de desarrollo dependen hoy más de las condiciones políticas y sociales que de las condiciones económicas”. Sólo los países con estabilidad pudieron aprovechar satisfactoriamente la bonanza, como pasó en Chile, Brasil, Colombia o Perú. Pasada la buena racha y enfrentados nuevamente a la dura competencia de los mercados, se hace más imprescindible que nunca la seguridad jurídica y la estabilidad política. Que es, justamente, lo que vemos resquebrajarse en variadas partes del hemisferio.

Julio María Sanguinetti, ex presidente de Uruguay, es abogado y periodista.

Fuente: El País

Esteban Garaiz: Izar la bandera blanca

En San Felipe Torres Mochas, mi municipio natal en el norte del estado de Guanajuato, todavía se recuerda el triste episodio de los maestros desorejados y martirizados, a instigación del cura párroco, por pertenecer a las Misiones Culturales. El general Lázaro Cárdenas no pudo evitar el impulso: ingresó en el templo, subió los escalones del presbiterio y alzando el brazo, apuntó con su dedo al sacerdote. “Ese señor es el responsable”, dijo ante los azorados feligreses y feligresas. Ese fue su castigo.

Han pasado 70 años y seguimos teniendo seis millones de analfabetos. Mientras tanto, la presidenta vitalicia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación promueve el cierre de las escuelas normales por “falta de demanda”. Sólo Cuba ha cumplido en América Latina su compromiso con las Naciones Unidas y ha podido izar la bandera blanca de la alfabetización, cuyo Día Internacional se celebra cada año el 8 de septiembre.

No es consuelo. Ya se sabe que todos los países americanos que fueron conquistados y colonizados por España y Portugal fueron estructurados como sociedades terriblemente desiguales y estamentadas, y que su independencia no significó en realidad ningún cambio significativo en la estructura de origen colonial. En el caso de México, el proceso de “desconquista” que querían los insurgentes, tuvo que esperar cien años hasta que la Revolución mexicana, después de liberar a los peones de las haciendas de la deuda eterna impagable, le dio al artículo 3° todo el peso constitucional para que la educación universal, pública y gratuita fuera el verdadero motor de la capilaridad social y de la integración nacional de los mexicanos de todos los orígenes y castas en una nación cohesionada.

Vinieron las Misiones Culturales y el gran impulso educativo con José Vasconcelos; la creación de los internados y del Instituto Politécnico Nacional con Lázaro Cárdenas (ante la resistencia de la autonomía de la UNAM para crear carreras técnicas); la Campaña Nacional contra el Analfabetismo, impulsada por Jaime Torres Bodet en 1944; la creación del Instituto Nacional de Mejoramiento del Magisterio; la formación de los Libros de Texto Gratuitos, los desayunos escolares, las normales rurales, la educación bilingüe para indígenas.

Definitivamente la Revolución mexicana dejó la tarea a medias. Llegó el año de 1982 y el grupo en el poder se dio el golpe de Estado más severo, traicionando a sus propios electores y a su propia plataforma electoral, o sea: al mandato ciudadano.

Hoy nos informa el subsecretario de Educación Media Superior, Miguel Székely, que en el periodo de 2000 a la fecha, en ocho años, el número de analfabetos se redujo en 140 mil personas. No sabemos si es porque se murieron. Dijo también el subsecretario que “cada vez es más difícil llegar al núcleo duro del problema”. Del 8 por ciento de los mexicanos que son analfabetos de más de quince años, tres de cada cuatro tienen más de 40 años de edad; y la mayoría son de la tercera edad y mayormente mujeres.

La marginación, como se sabe, es un fenómeno complejo, que tiene casi siempre, como punto de arranque, la marginación geográfica. El proceso de alfabetización de los mexicanos más marginados, si quiere ser eficaz, tiene que acompañarse de obras de sanidad, agua potable y drenaje o letrinas, salud y nutrición materno-infantil, higiene, comunicación, abasto alimentario y apoyo a la producción autónoma. Habrá que “darles el pez y enseñarles a pescar”. No están orillados en los últimos rincones del país por su propia decisión.

Mañana 10 de septiembre se inicia la Conferencia Regional de América Latina y el Caribe sobre Alfabetización, bajo los auspicios de la Unesco. Es de esperarse que este aliciente de los organismos internacionales resulte útil para comprender a cabalidad que la marginación es un mal social inaceptable y complejo y cada sociedad nacional debe hacer esfuerzos extraordinarios para revertir el daño que hizo en sus procesos históricos el núcleo nacional al que pertenecemos.

Nos dice Székely que en este sexenio no se logrará abatir el analfabetismo de seis millones de mexicanos ni el rezago educativo de otros 27 millones. Nos queda una buena tarea pendiente, y no se resolverá confundiendo la “falta de demanda” con la falta de plazas magisteriales y cerrando normales. Lo que falta es voluntad política.

http://www.milenio.com/node/76542

Arnoldo Kraus: Aborto legal y voluntario: dos filos

La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de declarar constitucional la despenalización del aborto voluntario antes de las 12 semanas de gestación aprueba una práctica común, soterrada y ancestral. La resolución evitará que las mujeres que antes abortaban sin las condiciones indispensables de higiene, o sin la protección médica suficiente, sufran lesiones graves, físicas y sicológicas o, incluso, la muerte. No sobra decir que la mayoría de las mujeres que arriesgaban su vida durante ese proceso pertenece a estratos económicos pobres. Desde que se despenalizó el aborto en el Distrito Federal, sobre todo las mujeres pobres, las que carecen de servicios fundamentales, tienen la posibilidad de acceder a los hospitales que provee la ciudad. Aunque no sea parte de la aprobación, esa verdad es fundamental: las mujeres ricas abortan en sitios adecuados y las pobres lo hacen perforadas por su realidad.

Como todos los grandes dictámenes, la legalización del aborto deviene múltiples rubros y expone la imposibilidad del diálogo entre quienes lo aceptan y quienes lo rechazan. Subrayo dos. El primer tópico debe leerse como un triunfo de la razón: las mujeres son seres autónomos que tienen la capacidad de decidir, motu proprio, qué es lo que más les conviene como personas. Capacidad que engloba términos como realidad, definición de vida, maternidad, estatus social, salud y relación con el medio circundante, incluyendo, sobre todo, a sus seres queridos.

El segundo rubro, conocido y muy nocivo, confronta las divisiones ya existentes entre la sociedad y el poder, cuyo eje de vida es el laicismo contra quienes norman su conducta, sean personas morales o políticos, bajo la égida de la religión. El problema no es sencillo: confronta la postura de voces cimentales como son las de la Procuraduría General de la República (PGR), la de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la de la Iglesia contra las posiciones de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y las de los librepensadores.

En una sociedad, harto dividida y muy dañada, como es la que habita en la ciudad de México, la legalización del aborto profundizará la asimetría entre instituciones y personas, y ahondará viejas rencillas. Es muy probable que esa decisión agudice las fracturas ya existentes para abordar temas tan ingentes como los secuestros, la privatización de Pemex o la validez o no de la cadena perpetua. Aunque no es más que una hipótesis, no sería extraño que la despenalización del aborto incremente la intolerancia de quienes consideran la enmienda, como ha expresado el cardenal Norberto Rivera, una “ley criminal”. Aseverar que es criminal la decisión de la SCJN es equivocado, peligroso e irresponsable. Bien haría el cardenal si midiese el significado de sus palabras.

No sobra recordar que muchos de nuestros políticos actúan, si no la mayoría de las veces, sí con demasiada frecuencia de acuerdo con su propio beneficio y no a favor de la nación. Desde esa perspectiva, la decisión de la SJCN puede servir de pretexto para que organismos como la PGR o la CNDH actúen, cada vez más, monopolizando decisiones sin pensar en el bien común.

En temas tan ríspidos como el de la despenalización del aborto no sobra enfatizar que la intolerancia sólo tiene una cara. Ni las mujeres que apoyan la decisión denuestan a quienes la consideran inadecuada ni los médicos que la validan actúan contra quienes se oponen. En muchos países suele reproducirse esa política y en más de una nación se han asesinado médicos por practicar abortos. Tanto las organizaciones políticas, como la Iglesia y las organizaciones del estilo Provida deberían aceptar la decisión y no fomentar, con discursos en las tribunas o con actitudes en la calle, ningún tipo de violencia.

Aunque entiendo que muchas ideas lindan con el absurdo, es lícito proponer. Si bien es casi imposible que la Iglesia tradicional modifique su ideario, los dirigentes de instituciones tan indispensables como la PGR y la CNDH deberían tener la suficiente madurez y sensatez para encarar la validación de la despenalización del aborto.

Es evidente que la nación desconfía, quizás ahora más que nunca, de las representaciones políticas. Esas instituciones deben tener la capacidad de fomentar la tolerancia, así como la obligación de explicar públicamente que aceptan el dictamen. Desde la perspectiva de la ética, ésa tiene que ser su conducta. Desde la mirada de la tolerancia, ése es su deber. No hay más. De lo que se habla es, precisamente, de su quehacer: la Corte votó por leyes, por personas, por derechos humanos, por lo que avala la Constitución.

* La Jornada

* http://www.jornada.unam.mx/2008/09/03/index.php?section=opinion&article=026a2pol

Bernardo Barranco V: Fernando Lugo, el pastor de la transición

Paraguay vive jornadas históricas; no sólo puso fin a un larguísimo predominio autoritario del Partido Colorado, sin violencia, por la vía electoral, sino que arriba al poder un clérigo católico: Fernando Lugo, quien ante el vacío de liderazgos políticos asumió la responsabilidad inédita de presentarse como candidato de oposición,  enfrentando el repudio de sus adversarios políticos y de sectores del propio clero.

Hasta hace dos años Lugo era obispo de San Pedro, la región más pobre del país, y se reconoce en la tradición de la teología de la liberación, en particular admite ser discípulo del legendario obispo indigenista de Riobamba, Ecuador, Leonidas Proaño, con quien trabajó más de cinco años. El pasado 15 de agosto tomó protesta en medio de inmensas expectativas y temores que representa una transición democrática y un nuevo gobierno heterogéneo con muchos actores sin experiencia pública.

Leonardo Boff, uno de los padres de la teología latinoamericana, sancionado por Roma, describe así al nuevo presidente paraguayo: “Es un hombre que sabe escuchar y abrazar lo que viene de abajo, fruto de la experiencia de muchas generaciones. Es un honor para la propia teología ofrecer un cuadro de esta densidad política y ética para servir a un pueblo que tanto ha sufrido históricamente y que merece un destino mejor, integrado en las nuevas democracias del continente” (“Paraguay bajo el signo de la liberación”, 15/8/08).

Paraguay es uno de los países con menor desarrollo en América del Sur, con apenas 6 millones de habitantes, un pequeño sector agroexportador, que suma 7 por ciento de la población, es dueño de 93 por ciento de la superficie cultivable. El arrojo, la popularidad y la trayectoria en favor de las causas campesinas e indígenas llevaron a Fernando Lugo, siendo obispo, a encabezar en marzo de 2006 las protestas contra el presidente Nicanor Duarte Frutos, quien pretendía ostentar al mismo tiempo la presidencia del Partido Colorado violando la Constitución. Las manifestaciones fueron multitudinarias, apoyadas por católicos contra las pretensiones de Duarte, por cierto no católico, sino cristiano menonita. Posteriormente, Lugo coordina la conformación de corrientes y fracciones políticas en la Alianza Patriótica para el Cambio, y posteriormente rinde protesta como candidato opositor: “Hoy 25 de diciembre de 2006 oficialmente tomo la decisión de ponerme al servicio del pueblo paraguayo a través de la política”, renunciando así a su investidura clerical.

Lugo solicita a Roma su reducción a estado laical, al tiempo que recibe fuertes presiones eclesiásticas para desistir como candidato al extremo que el nuncio apostólico lo amenazó en un documento público: de continuar con sus aspiraciones políticas le serían impuestas penas canónicas. Efectivamente, el Vaticano rechazó la solicitud de Lugo y en febrero respondió con una suspensión a divinis, interrupción de sus funciones como sacerdote, fundamentando que: “La candidatura política de un obispo sería motivo de confusión y de división entre los fieles, una ofensa al laicado y una ‘clericalización’ de la misión específica de los laicos y de la misma vida política” (Decreto de suspensión a divinis, jueves 1/02/07, Zenit).

El triunfo arrollador de Lugo colocó al Vaticado en un dilema político y diplomático: ¿cómo reconocer a un presidente, electo popularmente, que ha sido sancionado severamente por los tribunales eclesiásticos?; especialmente cuando la ley canónica no prevé la salida de un obispo, presentándose  una situación nueva e inédita. La respuesta fue simple: por mandato directo del papa Benedicto XVI el Vaticano le concede el 30 de julio de 2008, la “pérdida del estado clerical”, con la consiguiente dispensa de “los votos religiosos hechos en el Verbo Divino, de la obligación del celibato y de las demás obligaciones que el estado clerical comporta”.

Para muchos analistas, Lugo no sólo superó la férrea defensa del autoritarismo colorado ni la oposición de Estados Unidos, sino también venció la rigidez; otros destacan el oportunismo de Roma que se desdice de su primera sanción en aras de conservar preminencias en dicho país. Lugo goza de la simpatía general del clero, aunque oficialmente el episcopado paraguayo, a unos días de su investidura, ha tomado prudente distancia del nuevo gobierno.

Muy al estilo del presidente boliviano Evo Morales, Fernando toma posesión de la presidencia el pasado 15 de agosto en una ceremonia sencilla, vistiendo sin corbata y con sandalias.

Los meses que se avecinan serán particularmente difíciles; sería absurdo  afirmar que Lugo va a cambiar el perfil del país en su mandato y que llevará adelante cambios radicales que convulsionen los delicados equilibrios de poder y de intereses. La composición heterogénea de su gabinete, la comprometida situación en las cámaras legislativas y su falta de experiencia auguran una compleja transición. Tiene a su favor el apoyo de sus principales vecinos: Brasil, Argentina y Bolivia. Ya ha firmado convenios de cooperación con Venezuela. En su discurso inicial denota preocupación por la pobreza, los indígenas, la corrupción y el desarrollo agroindustrial. Tiene a su favor enorme aceptación ciudadana, que va más allá de alta popularidad, y goza de un liderazgo ético, pero no basta la ética para gobernar, requiere estrategia, recursos, acuerdos y el desahogo de políticas públicas eficaces.

En otros momentos, sacerdotes de la teología de la liberación llegaron al poder, derrocaron dictaduras como la de Somoza en Nicaragua y la de los Duvalier en Haití, pero se quedaron cortos frente a las necesidades materiales de la población y a las expectativas de justicia social que levantaron. Es enorme el reto de Fernando Lugo, así como los riesgos; podría ser un pastor de la transición y un actor clave de la democracia.

La Jornada

http://www.jornada.unam.mx/2008/08/20/index.php?section=opinion&article=022a1pol

J. Enrique Olivera Arce: Pero que necedad… Bastaría con escuchar al pueblo

¿Cómo habría que explicarle a nuestra clase política que lo que la ciudadanía está expresando por diversas vías, son mensajes más que evidentes de la necesidad de cambio de rumbo? México no puede ni debe ya seguir por el camino de la simulación democrática, so pena de un estallido social que complique aún más la ya de sí compleja y polarizada vida política nacional y su acompañante, el estancamiento y retroceso que acusa la economía.

Si lo que se pretende es involucrar a toda la sociedad en la búsqueda de respuestas a la problemática que se vive, este involucramiento no se logra ni por decreto ni por voluntarismo cupular. La sociedad tiene por si misma, desde la profundo de sus entrañas, que generar el impulso necesario para, a partir de una conciencia colectiva, le concite a asumirse corresponsable en la construcción de su presente proyectado al futuro. Lo que no es posible en tanto la mayoría transite su vida cotidiana bajo el velo de la desinformación, la manipulación y el engaño, que desde la cima del poder se le impone.

Lo cual salta a la vista en el reciente ejercicio de participación y consulta ciudadana. Los mismos que desde el poder niegan a la población la posibilidad de estar informada, han sido los primeros que agitar el argumento en contra del ejercicio democrático, de que la ciudadanía no cuenta con elementos de juicio para expresarse en torno a una temática de indudable interés para la Nación. Descalificando el legítimo interés de un importante segmento de la sociedad por participar en el debate, expresando su opinión en un asunto que compete a todos los mexicanos.

Y por si fuera poco, la reacción no duda en insistir en despreciar la inteligencia del pueblo de México, sacando de entre las “momias de Guanajuato” a un personaje ya juzgado y condenado por la historia reciente de este país, elevándolo al primer nivel decisorio del partido en el gobierno, “por haber dado futuro y democracia a México”. Ninguno de los partidos políticos que se ostentan como oposición, elevó su más enérgica condena frente a este hecho deleznable. Con su silencio se hacen cómplices de tal desprecio a la inteligencia popular.

Como también resulta harto sintomático de tal desprecio el que la clase política nacional en pleno, aplauda el papel protagónico que desde Los Pinos se asigna a otro personaje salido de las catacumbas, la auto asignada líder moral vitalicia del SNTE, en una simulada reforma con la que se pretende elevar la calidad educativa en México. Premiándose el corporativismo, la corrupción, la impunidad, y el retroceso democrático, como paradigmas del progreso y la modernidad.

Vaya necedad y que necesidad de restregarle en el rostro a las mayorías de este país, el papel de menor de edad que la cúpula del poder le asigna en la asimétrica relación entre mandantes y mandatarios. Reduciendo la legitimación del ejercicio del poder público a un mero asunto de retórica. Y aún así, la clase política se llena la boca llamando a la llamada “sociedad civil” a sumarse a presuntas soluciones a problemas que aquejan al país, que por principio, excluyen a la ciudadanía de su derecho a la participación democrática.

Hoy un renombrado comunicador veracruzano, me reiteró que la democracia representativa se legitima, de principio a fin, con el sufragio mayoritario a favor de los mandatarios electos, así se obtenga tal mayoriteo por un voto de diferencia. Si el pueblo se equivoca a la hora de elegir, “se chinga” y esperará su próxima oportunidad. En ello se sustenta la democracia simulada de este país.

pulsocritico@gmail.com

J. Enrique Olivera Arce: Jóvenes y amas de casa, víctimas propiciatorias de un sistema injusto

“Hemos descubierto al enemigo: somos nosotros”

• • • Joan Prats

Ocho jóvenes, tres de ellos adolescentes de entre 13 y 15 años, fueron asesinados la madrugada de ayer domingo, en Guamúchil, Sinaloa, dieron  a conocer los principales diarios de México. La Procuraduría de Justicia de Sinaloa informó que del lugar de los hechos fueron recogidos poco más de 300 casquillos de armas de fuego G-3, AR-15, 9 milímetros, y AK-47

Hasta el momento de redactar este apunte, a diferencia de lo acaecido en el antro News Divine de la ciudad de México, ni los presentadores de noticias de las televisoras ni las buenas conciencias de la reacción han procedido al correspondiente desgarre de vestiduras y mucho menos a soliviantar a la opinión pública en contra de las autoridades con motivo del artero crimen perpetrado en Guamúchil. ¿Es que acaso estas alarmantes noticias no merecen la indignación nacional? ¿O es que como sociedad ya nos estamos acostumbrando a mantenernos indiferentes frente al clima de inseguridad que se apodera del país, cuando los reprobables hechos provienen de la llamada “delincuencia organizada”? Salvo, claro está, cuando los medios de comunicación con fines interesadamente políticos, llevando agua a su molino, tocan las fibras más sensibles de los mexicanos fabricando chivos expiatorios.

La violencia que impera en el país dejó la semana anterior 124 muertos en 11 estados. El recuento total incluye los estados de Sinaloa, Chihuahua, Sonora, Baja California, Guerrero, Chiapas, Michoacán, Jalisco, Nuevo León, Durango y estado de México, reduciéndose mediáticamente el fenómeno a un asunto de estadística.

En otra nota, en la edición de ayer lunes del diario La Crónica, se dice que Genaro García Luna, titular de la SSPF declaró que: “Hemos encontrado, más en la industria del secuestro, la participación directa de amas de casa, de las mamás, ya no es sólo el hijo, sino la mamá del hijo que secuestra, custodiando a la víctima”, agregando, “Se dispensa que un hijo se desvíe al alcohol o la droga, ahora la mamá secuestra y esta perspectiva es grave, porque el eje de la sociedad, que es la familia, vive una perspectiva equivocada, diferente y esta es la vertiente que me ha tocado conocer y estudiar”.

Declaraciones estas últimas con las que se pone el dedo en la llaga. La criminalidad ha dejado de ser expresión aislada a combatir por los órganos del Estado encargados de proporcionar seguridad y justicia, constituyéndose en un fenómeno multidimensional generalizado, que amenaza con cubrir todo el territorio nacional. Poniendo al descubierto el alto grado de deterioro del tejido social, y en entredicho la vigencia misma del Estado como tal. Por tanto, un problema estructural multisectorial de orden político, que no se puede ni debe combatir únicamente con el uso de la fuerza. Más considerando que la desigualdad, la pobreza, la corrupción y la impunidad no le son ajenas al fenómeno delincuencial, en tanto contribuyen a la falta de credibilidad en las instituciones tradicionales frente a una realidad agobiante, que excluye de expectativas de desarrollo a cada vez más amplias capas de la población.

La sociedad mexicana vive una severa crisis de pérdida de valores, que se debe reconocer para actuar en consecuencia en todos los órdenes de la vida cotidiana. Cuando la criminalidad permea ya en la juventud, generando víctimas y victimarios entre adolescentes, amas de casa, madres de familia, que renuncian a su deber para con sus hijos y la sociedad, solidarizándose activamente con los delincuentes,  sin que ello sea motivo de indignación nacional, debería ser un grito de alerta y un llamado de atención lo mismo para quienes gobiernan este país que para la ciudadanía toda.

México se nos deshace entre las manos y las autoridades, en los tres órdenes de gobierno, insisten en que todo va bien. La mira de la clase dirigente está puesta en como deshacer el nudo gordiano del estancamiento económico en un modelo de desarrollo agotado, ocultando la realidad bajo el manto del triunfalismo mediático. No se puede seguir por este camino. No cuando el desempleo y la desesperanza orillan a los jóvenes y a las amas de casa a la muerte o delinquir, siendo víctimas propiciatorias de un sistema injusto, cuya única motivación es generar pantagruélicas riquezas para unos cuantos a costa del sacrificio de las mayorías.

Josu Jon Imaz: Energía y politica exterior

ABC.es 06 junio de 2008.- Steve Darrow es un dirigente demócrata en el estado norteamericano de Vermont. Este mes de mayo publicaba un artículo en el que decía que en una economía globalizada, cualquier país o alianza que pueda controlar el suministro de los recursos naturales, estará asegurando su propio futuro y el control sobre otros países. Defiende Darrow que en un futuro próximo el poder político será literalmente la capacidad de cerrar la válvula del gas o del petróleo a otros países. Un claro paradigma de esta visión es Dimitri Medvedev, recientemente elegido presidente de Rusia, y que presidía el conglomerado energético Gazprom desde el año 2000. No es casual en un país que ha hecho de la energía el instrumento estratégico de su política exterior y de su reposicionamiento en el concierto internacional. Rusia sabe que su poder político y económico ha crecido paralelo a su capacidad para abrir o cerrar el grifo.

Según las proyecciones del Departamento de Energía de Estados Unidos, el consumo mundial de petróleo pasará de 86 millones de barriles diarios en 2006 a 118 millones en el año 2030. Si las previsiones del Departamento de Energía para ese año se cumplen, necesitaremos inventar ocho nuevos Irán antes de 2030 para poder abastecer las necesidades de consumo del mundo. Si la producción actual iraní es de 4,2 millones de barriles al día, nos harán falta 32 millones nuevos. ¿De dónde los sacamos?

El National Intelligence Council (NCI) americano, en un trabajo publicado en 2004, no tiene dudas en que China e India, que carecen de recursos energéticos propios, tendrán que asegurar un acceso estable a suministradores externos, por lo que la necesidad de energía será un importante factor a la hora de conformar sus políticas exteriores y de defensa, incluida la expansión de su poder naval. La demanda creciente de nueva energía, y el predominio de los recursos fósiles en zonas geopolíticamente inestables con una presión creciente sobre ellas, lleva aparejado el riesgo de un nuevo juego de influencias que nos retrotrae al Great Game del siglo XIX en Asia central.

Hace mes y medio se ha constituido un nuevo gobierno. En una sociedad moderna las prioridades de la política exterior pasan por la influencia política, los intereses económicos y las políticas de cooperación, y en estos momentos estos tres vectores de la política exterior española están directamente entrelazados con la energía. Además, confluyen en un área geográfica de interés prioritario desde un punto de vista histórico y cultural, y más en un momento en el que nos preparamos para conmemorar el bicentenario de los procesos de independencia en Iberoamérica.

El momento presente en Iberoamérica está siendo influido por la energía como un elemento clave en la geopolítica regional y mundial. Hoy en día las reservas de hidrocarburos en esta región constituyen una oferta energética de primer orden y una referencia para la seguridad del abastecimiento energético mundial. China, Rusia e Irán así lo han entendido, y comienzan a extender sus redes de influencia económica e incluso política en el área. Estados Unidos está transformando su desinterés de esta última década en un progresivo interés por América Latina en aras de su seguridad energética. La nueva administración que gobierne EE.UU. tras las elecciones de noviembre, sea demócrata o republicana, volverá a poner el foco en su propio continente al considerarlo un área geopolítica de interés estratégico.

La política exterior española debe priorizar Iberoamérica en su agenda. Pero debe hacerlo con el convencimiento de que puede ser un actor en la nueva geopolítica energética de la región, no sólo por su posición e inversiones, sino también por su fortaleza en el sector. La posición puede articularse superando el viejo debate del expolio de los recursos naturales, y apostando por compartir proyectos y empresas en el sector desde el reforzamiento mutuo de las dos orillas del Atlántico.

Hoy, nuestra potencia en la energía renovable, tanto eólica como solar, puede ser un activo formidable para generar tejido industrial, tecnología y desarrollo económico en Iberoamérica. Según CC.OO, las energías renovables han creado ya 188.000 empleos industriales en España. La cooperación económica en este ámbito tiene potencial para hacer de América Latina un aliado que puede apalancar a su vez su desarrollo con la participación tecnológica y corporativa en este sector. Por otra parte, la energía renovable puede multiplicar nuestra cooperación al desarrollo en el área.

Hoy, hay todavía niños en Iberoamérica que mueren porque no hay energía para mantener frías las vacunas necesarias para salvarlos. Sin embargo, tenemos tecnología y medios para llevar agua y electricidad al último rincón de la región. Una política de cooperación reforzada con una fortaleza tecnológica y empresarial puede multiplicar su efecto humanitario. Nuestra política exterior necesita un sector energético fuerte y competitivo, comprometido con las prioridades del interés general. A su vez, la estrecha relación política y económica en Iberoamérica es un gran activo para las empresas energéticas que, desde las ventajas de su presencia en el sur, pueden reforzar su posición en el gran mercado norteamericano, que seguirá consumiendo la cuarta parte de la demanda energética mundial en un escenario de recursos cada vez más disputados.

La política exterior que desarrolle este gobierno tiene la oportunidad de ser un actor relevante en la piedra angular geopolítica por excelencia de América Latina: la energía. Los principales centros de análisis en materia energética perciben que las reservas de hidrocarburos de la región pueden cambiar el equilibrio mundial de la geopolítica energética del futuro. Y nosotros podemos estar ahí, bien emplazados, trabajando conjuntamente con la región. En beneficio mutuo.

* Josu Jon Imaz es Ex Presidente Del Pnv

http://www.abc.es/20080607/opinion-firmas/energia-politica-exterior_200806070306.html

Argenpress: Mensaje del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz

Foto: Argenpress

Queridos compatriotas:

Les prometí el pasado viernes 15 de febrero que en la próxima reflexión abordaría un tema de interés para muchos compatriotas. La misma adquiere esta vez forma de mensaje.

Ha llegado el momento de postular y elegir al Consejo de Estado, su Presidente, Vicepresidentes y Secretario.

Desempeñé el honroso cargo de Presidente a lo largo de muchos años. El 15 de febrero de 1976 se aprobó la Constitución Socialista por voto libre, directo y secreto de más del 95% de los ciudadanos con derecho a votar. La primera Asamblea Nacional se constituyó el 2 de diciembre de ese año y eligió el Consejo de Estado y su Presidencia. Antes había ejercido el cargo de Primer Ministro durante casi 18 años. Siempre dispuse de las prerrogativas necesarias para llevar adelante la obra revolucionaria con el apoyo de la inmensa mayoría del pueblo.

Conociendo mi estado crítico de salud, muchos en el exterior pensaban que la renuncia provisional al cargo de Presidente del Consejo de Estado el 31 de julio de 2006, que dejé en manos del Primer Vicepresidente, Raúl Castro Ruz, era definitiva. El propio Raúl, quien adicionalmente ocupa el cargo de Ministro de las F.A.R. por méritos personales, y los demás compañeros de la dirección del Partido y el Estado, fueron renuentes a considerarme apartado de mis cargos a pesar de mi estado precario de salud.

Era incómoda mi posición frente a un adversario que hizo todo lo imaginable por deshacerse de mí y en nada me agradaba complacerlo.

Más adelante pude alcanzar de nuevo el dominio total de mi mente, la posibilidad de leer y meditar mucho, obligado por el reposo. Me acompañaban las fuerzas físicas suficientes para escribir largas horas, las que compartía con la rehabilitación y los programas pertinentes de recuperación. Un elemental sentido común me indicaba que esa actividad estaba a mi alcance. Por otro lado me preocupó siempre, al hablar de mi salud, evitar ilusiones que en el caso de un desenlace adverso, traerían noticias traumáticas a nuestro pueblo en medio de la batalla. Prepararlo para mi ausencia, sicológica y políticamente, era mi primera obligación después de tantos años de lucha. Nunca dejé de señalar que se trataba de una recuperación ‘no exenta de riesgos’.

Mi deseo fue siempre cumplir el deber hasta el último aliento. Es lo que puedo ofrecer.

A mis entrañables compatriotas, que me hicieron el inmenso honor de elegirme en días recientes como miembro del Parlamento, en cuyo seno se deben adoptar acuerdos importantes para el destino de nuestra Revolución, les comunico que no aspiraré ni aceptaré- repito- no aspiraré ni aceptaré, el cargo de Presidente del Consejo de Estado y Comandante en Jefe.

En breves cartas dirigidas a Randy Alonso, Director del programa Mesa Redonda de la Televisión Nacional, que a solicitud mía fueron divulgadas, se incluían discretamente elementos de este mensaje que hoy escribo, y ni siquiera el destinatario de las misivas conocía mi propósito. Tenía confianza en Randy porque lo conocí bien cuando era estudiante universitario de Periodismo, y me reunía casi todas las semanas con los representantes principales de los estudiantes universitarios, de lo que ya era conocido como el interior del país, en la biblioteca de la amplia casa de Kohly, donde se albergaban. Hoy todo el país es una inmensa Universidad.

Párrafos seleccionados de la carta enviada a Randy el 17 de diciembre de 2007:

‘Mi más profunda convicción es que las respuestas a los problemas actuales de la sociedad cubana, que posee un promedio educacional cercano a 12 grados, casi un millón de graduados universitarios y la posibilidad real de estudio para sus ciudadanos sin discriminación alguna, requieren más variantes de respuesta para cada problema concreto que las contenidas en un tablero de ajedrez. Ni un solo detalle se puede ignorar, y no se trata de un camino fácil, si es que la inteligencia del ser humano en una sociedad revolucionaria ha de prevalecer sobre sus instintos.

‘Mi deber elemental no es aferrarme a cargos, ni mucho menos obstruir el paso a personas más jóvenes, sino aportar experiencias e ideas cuyo modesto valor proviene de la época excepcional que me tocó vivir.

‘Pienso como Niemeyer que hay que ser consecuente hasta el final.’

Carta del 8 de enero de 2008:

‘…Soy decidido partidario del voto unido (un principio que preserva el mérito ignorado). Fue lo que nos permitió evitar las tendencias a copiar lo que venía de los países del antiguo campo socialista, entre ellas el retrato de un candidato único, tan solitario como a la vez tan solidario con Cuba. Respeto mucho aquel primer intento de construir el socialismo, gracias al cual pudimos continuar el camino escogido.’

‘Tenía muy presente que toda la gloria del mundo cabe en un grano de maíz’, reiteraba en aquella carta.

Traicionaría por tanto mi conciencia ocupar una responsabilidad que requiere movilidad y entrega total que no estoy en condiciones físicas de ofrecer. Lo explico sin dramatismo.

Afortunadamente nuestro proceso cuenta todavía con cuadros de la vieja guardia, junto a otros que eran muy jóvenes cuando se inició la primera etapa de la Revolución. Algunos casi niños se incorporaron a los combatientes de las montañas y después, con su heroísmo y sus misiones internacionalistas, llenaron de gloria al país. Cuentan con la autoridad y la experiencia para garantizar el reemplazo. Dispone igualmente nuestro proceso de la generación intermedia que aprendió junto a nosotros los elementos del complejo y casi inaccesible arte de organizar y dirigir una revolución.

El camino siempre será difícil y requerirá el esfuerzo inteligente de todos. Desconfío de las sendas aparentemente fáciles de la apologética, o la autoflagelación como antítesis. Prepararse siempre para la peor de las variantes. Ser tan prudentes en el éxito como firmes en la adversidad es un principio que no puede olvidarse. El adversario a derrotar es sumamente fuerte, pero lo hemos mantenido a raya durante medio siglo.

No me despido de ustedes. Deseo solo combatir como un soldado de las ideas. Seguiré escribiendo bajo el título ‘Reflexiones del compañero Fidel’ . Será un arma más del arsenal con la cual se podrá contar. Tal vez mi voz se escuche. Seré cuidadoso.

Gracias.

Fidel Castro Ruz
18 de febrero de 2008
5 y 30 p.m.
* Argenpress
* http://www.argenpress.info/nota.asp?num=052157&Parte=0

Luis Hernández Navarro: La disputa por la hegemonía cultural iberoamericana

Un pequeño escándalo estalló durante 2003 en el mundo cultural mexicano. La casi desconocida pintora Mónica Roibal ganó un concurso de la Secretaría de Educación Pública (SEP) con una imagen de Emiliano Zapata, en la que el caudillo sureño era representado más como señorito andaluz que como el dirigente de una revolución agraria. La artista resultó ser esposa de Antonio Navalón, representante del poderoso grupo Prisa en México.

Al poco tiempo la comunidad artística se encontró con un nuevo motivo de indignación. Sin ninguna consideración sobre la calidad de su obra, el museo de San Ildefonso expuso generosamente la muestra El corazón sobre el asfalto, de la misma artista. Intermediario comercial ligado a los más sonados escándalos de corrupción política y financiera en España, periodista, amigo e intermediario del juez Baltasar Garzón, cabildero, personaje de la política y las finanzas, Antonio Navalón fue conocido en España con el apodo de El Conseguidor.

La historia no es solamente un ejemplo más de cómo los poderosos consorcios mediáticos influyen en el mundo cultural, definiendo su agenda y promocionando intelectuales y artistas, sino, también, de una tendencia general en las relaciones entre esas empresas y la política, de la que la salida de Carmen Aristegui de W Radio es apenas el último incidente.

Durante la presidencia de Belisario Bentancourt en Colombia, el grupo Prisa contrató al hijo del mandatario de la misma manera en la que ahora empleó al cuñado de Felipe Calderón. El reclutamiento de altos cargos del gobierno español por parte del grupo empresarial está documentado en el libro de Ramón Tijeras Lobbies: cómo funcionan los grupos de presión españoles.

Viajes, becas, premios artísticos o literarios, conferencias y publicaciones se han convertido en formidable instrumento de persuasión hacia las elites intelectuales latinoamericanas. A pesar de que varios países del área tienen poderosas industrias culturales y de entretenimiento (México, Brasil y Venezuela), la aspiración de ser un autor conocido en el conjunto del mundo hispanohablante depende, en mucho, de las redes editoriales, universidades y prensa españolas.

Papel clave en este proyecto de hegemonía cultural es el que desempeña el grupo Prisa, editor de El País. Periódicos, libros, revistas, música, canales de radio y televisión son terreno firme de esta empresa de comunicación. El consorcio posee más de 400 emisoras de radio en España. Tiene derechos o participaciones en seis editoras de libros, entre ellas la poderosa Santillana. Fuera de España es propietaria de diarios, estaciones de radio y revistas en Bolivia. Maneja 87 por ciento de Grupo Latino de Radio, que controla 300 emisoras radiales en Panamá, Chile, Colombia y Costa Rica. Posee, además, 50 por ciento del grupo Radiópolis en México. En América Latina cuenta con jugosos contratos de distribución de libros y todo tipo de material escolar a cargo del erario de varios estados iberoamericanos. Ha disfrutado de numerosos créditos blandos y ganado licitaciones de la partida de Ayuda al Desarrollo del Ministerio de Economía y de la Agencia Española de Desarrollo.

El universo del libro en español está compuesto por tres polos de producción de dimensiones diferentes, América Latina es uno. Ese universo lo constituyen más de 416 millones de seres humanos que consumen textos en esa lengua, localizados en España (41 millones 100 mil habitantes), en los 18 países hispanohablantes de América Latina (344 millones 532 mil personas) y en Estados Unidos (31 millones de hispanohablantes). Un estudio realizado entre 2002 y 2003 en los países del área lingüística (España y Latinoamérica) arroja un total de 107 mil 777 títulos editados en lengua española, de los cuales 59 mil 685 fueron publicados en la península ibérica y 48 mil 092 en los países latinoamericanos, preponderantemente en Argentina (27 por ciento) México (23 por ciento) y Colombia (18 por ciento). España ostenta fuerte actividad exportadora hacia América Latina, tanto por exportación del libro impreso como por la implantación de filiales de editoras españolas en las naciones latinoamericanas (602 millones de euros en 2001). En sentido inverso la exportación es muy débil (6.8 millones de dólares en 2003). Una relación de casi 100 a uno.

Columna vertebral de esta hegemonía semántica fue el recientemente fallecido Jesús Polanco, forjador del grupo Prisa. Parte de su imperio mediático fue construida en América Latina. Durante años fue el principal editor de prensa en lengua española y el único que actuó, simultáneamente, en los mercados de la información general, deportiva y económica. En España dominó hasta tal punto la radio privada, que en varias demarcaciones tenía más emisoras que todos sus competidores juntos.

Logró en tiempos del PSOE el monopolio de facto de la televisión de paga. Fue uno de los principales productores de cine y amo del próspero negocio de libros de texto tanto en España como en América Latina. Hizo los libros de historia para Augusto Pinochet. Sus editoriales de creación abarcan todos los segmentos de la actividad literaria y el pensamiento. Directa o indirectamente controló la actividad discográfica. Fue dueño de cadenas de libros, agencias de publicidad, hoteles, empresas de exportación.

Polanco fue un poder fáctico. Su poliédrica hegemonía sobre las industrias culturales le proporcionó formidable influencia. Fue la versión más cercana al ciudadano Kane que ha tenido el mundo español (Véase: Manuel García Viñó: El País: la cultura como negocio). Una de las claves de su éxito fue que, a pesar de provenir del entorno del franquismo, se quedó con la patente del progresismo. Junto a Felipe González caminó de la mano en el mundo de la política, los negocios y la cultura. Polanco –dice Pedro J. Ramírez, director de El Mundo– no tiene bancos, pero sí tiene banqueros. Sus relaciones con la oligarquía financiera fueron estrechas.

Sus mejores negocios en Latinoamérica fueron hechos con países regidos por dictaduras militares. Instalado en la cumbre del poder mediático, se convirtió en uno de los más grandes mediadores entre el mundo cultural latinoamericano y el español.

Como muestra la no renovación del contrato de Carmen Aristegui en W Radio, a la hora de definir prioridades informativas, para el consorcio empresarial cuestiones como la audiencia tienen una importancia secundaria. Después de todo, sus grandes negocios están en otra parte.

* La Jornada
* http://www.jornada.unam.mx/2008/01/22/index.php?section=opinion&article=019a1pol

Carlos Montemayor: Las FARC y el terrorismo

El viernes de la semana pasada, en un discurso ante el Poder Legislativo de su país, el presidente venezolano Hugo Chávez se atrevió a plantear como una solución política el reconocimiento a las Fuerzas Armadas Revolucionaras de Colombia (FARC) como fuerzas beligerantes. Las reacciones nacionales e internacionales fueron en su mayor parte previsibles.

De inmediato, por ejemplo, el gobierno de Colombia rechazó la propuesta de reconocimiento de las FARC como fuerza beligerante e insistió en la solución militar para extirparlas como “un cáncer” a fin de que en 2010 Colombia se convierta en “un país sin terroristas”. En círculos políticos colombianos, la iniciativa de Chávez fue cuestionada incluso por constituir una intervención en asuntos internos colombianos. El portavoz del Departamento de Estado del gobierno de Estados Unidos, Sean McCormack, rechazó el 14 de enero la propuesta de retirar de la “lista de organizaciones terroristas” a las FARC, y la gobernante alemana Angela Merkel fue de la misma “escéptica” opinión un día después.

Interesante planteamiento el del presidente Chávez no por imposible de realizar, sino por la importancia de poner en la mesa de debate nacional e internacional el sesgado y utilitario concepto de “terrorismo” y descubrir otras capas de la realidad social en el mundo actual. Particularmente cuando la “injerencia internacional” de nuestros días no se origina en los círculos terroristas, sino en los financieros.

La senadora colombiana Piedad Córdoba expresó, por su parte, el 13 de enero, que “la gente tiene que entender que efectivamente las FARC son un ejército, son un sujeto político en el país, son una realidad política y no podemos olvidarnos de eso, porque en esa medida y de esa manera no vamos a lograr lo que queremos, que es la liberación de todos los compañeros”. El argumento es relevante: “son un sujeto político en el país, son una realidad política”. Ésta es la dimensión que varios gobiernos en el mundo tratan de eliminar, ocultar o distorsionar en procesos sociales de oposición o en movimientos de resistencia a ocupaciones territoriales de fuerzas extranjeras. No es difícil observar que en Chechenia, Irak, Palestina, Pakistán o Colombia, por poner algunos ejemplos, hay una práctica de descalificación política utilitaria a movimientos y procesos sociales. La petición de reconocer a las FARC en Colombia como fuerza beligerante se relaciona con numerosos casos de muchos países del mundo, incluido México.

En julio de 1997 fueron divulgados en el semanario Proceso algunos documentos de Inteligencia Militar, en uno de ellos, en una tarjeta dirigida al secretario de la Defensa, se lee lo siguiente:

“Entre los años 1991-1992 acudió a la Secretaría de la Defensa Nacional (EMDNS5) el doctor Alberto Zékelly, en ese entonces funcionario de la Secretaría de Relaciones Exteriores, con la pretensión de que esta dependencia mostrara su acuerdo para que nuestro país suscribiera el protocolo II adicional a los convenios de Ginebra, que regula conflictos armados de carácter interno. Esta secretaría estuvo en desacuerdo por considerar que con la firma de ese protocolo se ponía en riesgo de afectación la soberanía del país y se abría la posibilidad de una injerencia externa que en un caso determinado, incluso tratándose de bandas de narcotraficantes, pudieran alcanzar un estatus beligerante y, en consecuencia, acogerse al derecho internacional. Ante esta negativa, el doctor Zekelly propuso que se accediera a una petición de la Cruz Roja Internacional para abrir una oficina en México. Esta secretaría también se mostró contraria a esta pretensión.”

Queda claro que la Secretaría de la Defensa se opuso a que México firmara el protocolo II adicional a los convenios de Ginebra porque había detectado la presencia del grupo armado que después conoceríamos como EZLN. La firma del protocolo favorecería, en términos militares, al grupo armado antes aun de lanzar una declaración de guerra. Pero el otro argumento era peculiar: tal firma pondría en riesgo de afectación nuestra soberanía por facilitar la injerencia internacional. El planteamiento es contradictorio no sólo por la “injerencia” que México padecía ya desde ese momento con los organismos financieros internacionales, sino por este simple hecho: que el ejército esté actuando cada vez más a fondo en la lucha antinarcóticos es resultado ya de una injerencia internacional.

La ley estadunidense definió el terrorismo como la “violencia premeditada, políticamente motivada y llevada contra objetivos no combatientes por grupos subnacionales o agentes clandestinos” y el terrorismo internacional como el “que involucra a los ciudadanos o el territorio de más de un país”. En septiembre de 2001 el Departamento de Estado dio a conocer en Estados Unidos el Informe global sobre terrorismo, que identificaba a 29 organizaciones terroristas en todo el mundo. De ellas, 14 eran de tendencia extremista islámica y contaban con algún tipo de apoyo abierto o encubierto de gobiernos de países como Afganistán, Siria, Líbano, Irán o Libia.

El informe del Departamento de Estado presentaba en las fichas de cada una de estas organizaciones su descripción, sus principales actividades, su fuerza estimada, su área de operaciones y sus apoyos externos. Las organizaciones consideradas terroristas eran básicamente de fundamentalistas islámicos y de extrema izquierda. Incorporaron en la lista a organizaciones como las FARC, de Colombia, ETA, de España, e IRA, de Irlanda.

Según ese informe las organizaciones fundamentalistas islámicas habían aumentado su actividad por el estallido de la violencia en el conflicto palestino- israelí en septiembre del año 2000, dato relevante porque el documento apuntó que la mayoría de ellas tenían a Israel y a Estados Unidos entre sus principales blancos. Es decir, el rasgo que tipifica a las organizaciones que Estados Unidos considera terroristas no es “el terror” o daño que producen a grupos no combatientes, sino la descalificación política con que se les proscribe.

En abril del año pasado consideramos una forma de modernización de las leyes en México reconocer el delito de terrorismo como una realidad mundial de cuyo riesgo debemos precavernos, a sabiendas de que el término terrorismo no es resultado, en términos reales, de un análisis social, sino que proviene de una descalificación política utilitaria. En México se pretende asimilar el concepto de terrorismo a los grupos que emprendan ciertas acciones “que produzcan alarma, temor o terror en la población o en un grupo o sector de ella, para atentar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad para que tome una determinación.”

Resulta peligroso referirse al terrorismo como una fuerza que busca “presionar a la autoridad para que tome una determinación”. La parte riesgosa es la tentación de confundir el término terrorismo con la inconformidad social. En la base de esta tentadora confusión está la explicación de las reacciones inmediatas de los gobiernos colombiano y estadunidense de rechazar el reconocimiento de las FARC como fuerzas beligerantes. También la reacción extrema de César Gaviria, hoy líder del Partido Liberal: “Las afirmaciones del presidente Chávez constituyen un grave quebrantamiento de la Carta Democrática Interamericana”. Curiosa reacción, sobre todo ahora que en México y en el continente entero han venido presionando a todo tipo de autoridades, con magníficos resultados, las elites financieras e industriales de nuestros países, el sistema bancario (que en nuestro caso ha dejado de ser mexicano), los consorcios trasnacionales, los gobiernos de Estados Unidos, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Ante esta presión real para que las autoridades tomen “una determinación”, la presión de “los terroristas” parece una broma.

* La Jornada
* http://www.jornada.unam.mx/2008/01/17/index.php?section=opinion&article=018a1pol