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Marcelo Colussi: Latinoamérica, en defensa de la universidad pública

En Latinoamérica las universidades tienen una larga historia. Se crearon ya en los primeros años de la conquista; la primera de ellas nace en 1538: la Imperial y Pontificia de Santo Tomás de Aquino en la isla de Santo Domingo. Años más tarde, en 1551, se fundan la de Lima y la Nacional de México.

En 1636, cuando apenas nacía la de Harvard en Estados Unidos, ya había trece universidades en la región latinoamericana, llegando más tarde a 31 en el momento en que se producen los procesos independentistas a comienzos del siglo XIX. En todos los casos, estas instituciones reflejaban el modelo medieval traído de Europa, asociado siempre con los poderes de la realeza y de la iglesia católica. Con la independencia de las nuevas repúblicas comienza a introducirse una nueva idea de universidad, acorde con el surgimiento de las nuevos Estados desarrollados sobre los modelos europeo y estadounidense, con la misión básica de formar profesionales liberales y desarrollar disciplinas académicas.

El modelo en juego imitaba el concepto napoleónico del siglo XIX, en el que la preparación profesional se separaba de los centros de generación del conocimiento, exclusivamente académicos y científicos. Frente a este modelo de profesional liberal fue surgiendo otra concepción en Alemania, donde aparece la “universidad de investigación”. Allí la enseñanza técnica se combinaba con la generación del conocimiento puro y la ciencia, lo cual tuvo el valor de una verdadera revolución académica. Ese esquema investigativo fue consolidándose en Europa durante el siglo XIX y luego en Estados Unidos, acorde al crecimiento económico que iba impulsando más y más desarrollos técnicos para la floreciente industria capitalista. Ese modelo se fue solidificando y es el imperante hoy día, en el que se da una asociación directa del conocimiento generado en la universidad con su aplicación práctica en la esfera económica, vía empresas privadas básicamente. En el transcurso del siglo XX la investigación científico-técnica terminó por ligarse enteramente al crecimiento económico, y las ciencias pasaron a ser el sostén de la industria moderna. El modelo universitario, por tanto, pasó a ser una actividad inseparable del crecimiento económico del capitalismo desarrollado, ya completamente alejado de los esquemas medievales que llegaron a Latinoamérica con los años de colonia.

En el siglo XXI esa tendencia se mantiene y profundiza, más aún con los nuevos paradigmas de producción caracterizados por la globalización de la economía y el paso hacia la “sociedad del conocimiento”, basada cada vez más en tecnologías hiper desarrolladas y sumamente cambiantes, enfermizamente competitivas. La tendencia, muy evidente en los países del Norte y que también llega al Sur, a veces provocando procesos distorsionados, forzados, es poner la universidad de investigación al total servicio del mercado, llegando así a la noción de “universidad empresarial”, donde lo que cuenta es la óptima relación costo-beneficio concebida desde el lucro y donde se va esfumando la idea de desarrollo social, de extensión y servicio comunitario. Pero todos estos procesos, surgidos en los países que marcan el rumbo, llegan a la región latinoamericana como tibia copia. No ha habido, en general, procesos con dinámicas propias. Siempre se ha tratado de imitar al Norte, visto como opulento y modelo a seguir.

A principios del siglo XX, en toda Latinoamérica tienen lugar procesos de profunda autocrítica y explosión renovadora en el seno de las universidades. Surgidas en la de Córdoba, Argentina, las protestas estudiantiles denunciaban la permanencia de estructuras clasistas y oligarcas en instituciones que no respondían a los procesos de modernización social que vivía el país por aquel entonces, con casas de altos estudios aún organizadas según criterios semi-medievales arrastrados durante toda la colonia, sentando así las bases para una ola de reformas universitarias y crítica social que en las primeras décadas del siglo va a barrer toda la región. Pero esos explosivos movimientos reformistas sólo llegaron a resultados reales en el plano político, sin alcanzar a transformar las estructuras económico-sociales de base de sus respectivas sociedades.

Las banderas fundamentales levantadas por estos movimientos eran la autonomía universitaria y la cogestión, elementos que se consideraron principios necesarios para convertir a las universidades en motores eficientes de la democratización social y cultural, y por tanto del desarrollo nacional. Pero sin dudas esos cambios no fueron suficientes para transformar las sociedades en que tuvieron lugar. Las desigualdades sociales se mantuvieron y el acceso a la educación superior siguió siendo algo selectivo, tal como se mantiene a la fecha. En realidad, el principal logro concreto que obtuvieron los movimientos de reforma universitaria fue el de incorporar la representación estudiantil a los organismos de gobierno de las casas de altos estudios. Con la autonomía, las distintas universidades latinoamericanas se convirtieron en centros de denuncias, semillero de luchas políticas y protestas contra el orden social imperante. Por largas décadas estas instituciones fueron un referente en la vanguardia intelectual pasando a ser centros de pensamiento crítico, y en la segunda mitad del siglo XX, el lugar donde se inspiraron numerosas propuestas de transformación revolucionaria. Pero todo eso ha cambiado en estas últimas décadas. Cambiado, claro está, a favor del gran capital y no en provecho de las mayorías populares.

Es necesario decir que aquellas reformas de inicios del siglo XX, si bien contribuyeron a crear un espíritu crítico entre estudiantes y catedráticos que se mantuvo activo por décadas, no lograron articular enteramente a las universidades con la producción de conocimiento y su función social. En toda la región latinoamericana, las universidades no se centraron en la creciente importancia de la ciencia para el cambio técnico-productivo, ni pudieron servir a proyectos políticos que superaran los modelos económicos dependientes y progresaran hacia la industrialización autosuficiente.

La historia de las universidades en Latinoamérica se ha ligado, fundamentalmente, a la formación de profesionales; su faceta de investigación y producción de nuevos conocimientos, tal como se dio en sus homólogas del Norte, no es lo que más ha destacado. A ello se agrega recientemente un proceso que refuerza lo anterior: el crecimiento imparable de las universidades privadas, concebidas especialmente como formadoras del recurso adecuado a la empresa privada que la demanda.

Vale tener en cuenta la forma en que el venezolano Vladimir Acosta sintetiza el perfil de nuestras casas de estudio superior: “uno de los grandes problemas de las universidades latinoamericanas es que son unas universidades colonizadas, dependientes, subordinadas a una visión derechista, globalizada, eurocentrista y blanca de mirar el mundo. Son universidades donde los saberes se disocian, se fragmentan, justamente para impedir una visión de totalidad, y para hacer del estudiante que se gradúa, que egresa como profesional, un profesional limitado, con una visión burocrática profesional, orientada en lo personal a hacer dinero, y en la visión que se tiene a encerrarse dentro de un marco profesional sin tener conocimiento de su identidad, de su historia y de su compromiso con su país”.

Hoy por hoy se ha instalado en la región la dinámica de universidad pública versus privada. Ese crecimiento enorme de las universidades privadas es un fenómeno muy propio de América Latina; ello se explica por las políticas neoliberales de los años 80 y 90 que, luego de las sangrientas dictaduras de décadas atrás, vinieron a privatizar todos los espacios. En la década de los 90 la privatización de la enseñanza superior alcanzó niveles notables en toda la región y a un ritmo muy acelerado, al mismo tiempo que se desarmaban los Estados nacionales y se privatizaban todos los servicios. En el transcurso de la década, la proporción de estudiantes matriculados en universidades privadas pasó de un 20% a cerca de 35%, lo que hace que la región cuente hoy con una de las mayores proporciones de estudiantes universitarios dentro de la opción privada en el mundo.

Estas universidades privadas se amoldan a cabalidad al modelo neoliberal que se ha impuesto, pues trabajan esencialmente para el mercado. Su visión se centra en la formación de recurso humano para las necesidades de la iniciativa privada, sin que cuente la idea de desarrollo nacional, de proyecto de país. Siempre copiando modelos de universidades “exitosas” (léase: privadas) del Norte, se prioriza la formación profesional de excelencia con criterios individualistas, sin pensamiento crítico. Los ideales de reforma universitaria de principios del siglo XX van quedando en el olvido. Disciplinas que fomenten la visión global de los procesos dando herramientas de análisis político-social para entender, y eventualmente transformar, las realidades nacionales, parecen ser cada vez menos importantes, reduciéndose su presencia en los planes de estudio, orientados más a la formación en aspectos técnicos.

De todos modos, como lo advierte Roberto Rodríguez Gómez, “la gran expansión del sector privado se ha realizado sobre la base de una multitud de pequeños establecimientos que, si bien ofrecen enseñanza de nivel profesional, carecen, por regla general, de estructuras de postrado y de investigación. Debe hacerse notar que no todas las instituciones de enseñanza superior pública en América Latina pueden ser clasificadas como “universidades de investigación”, es decir, como instituciones que cumplen realmente con las funciones de docencia, investigación y difusión. En otros términos, ese auge de la privatización de la enseñanza universitaria no significa necesariamente una explosión de calidad y de excelencia académica. Es, en todo caso, un síntoma más de los tiempos que corren, marcados por la prédica neoliberal.

Pero lo más preocupante de todo esto no es la posible desaparición de la universidad pública bajo el desarrollo vertiginoso de las privadas. Eso no pareciera posible, por diversas razones históricas. De hecho, el peso de las públicas es –y todo indica que seguirá siendo– mucho mayor que el de las privadas, tanto en presupuesto, estudiantes matriculados, presencia social e impacto con su extensión comunitaria, así como en investigación y producción de nuevos conocimientos. Lo que sí es alarmante es la ideología privatizadora que está en juego. Las universidades públicas se están privatizando en su concepción. Como bien lo expresó Deiby Ramírez: “la Universidad es pública cuando además de ser financiada por el Estado, está abierta con carácter de servicio público a todos los estratos sociales, y los beneficios de esa educación superior son para toda la sociedad”. Es decir: para ser un proyecto público no se trata sólo de recibir fondos públicos (la Nasa, en Estados Unidos, también los recibe, dicho sea de paso) sino de ver el modelo en función del que se trabaja. Las universidades públicas, acorde al nuevo dios-mercado que se ha impuesto con su omnímoda exigencia de eficiencia en la relación costo-beneficio (leyéndolo en clave capitalista: lo que no da ganancia hay que desecharlo, olvidémonos del interés social) se van constituyendo cada vez más en expresiones de la ideología privatista. Sus sistemas de post-grado lo evidencian de modo palmario: son todos pagos, en muchos casos más onerosos incluso que las ofertas de las universidades privadas. Lo cual no significa que, por fuerza, deba ser así: si hay voluntad política de mantener tanto ese segmento de la educación superior, como el proyecto universitario en su conjunto, en forma pública, se puede. Y el sistema no se resiente. Cuba, por ejemplo, que tiene excelentes universidades, mantiene todos sus post grados en forma gratuita para los propios ciudadanos cubanos. Evidentemente la decisión de adorar al dios mercado no es técnica; es política.

Amparándose en la idea de autosuficiencia financiera y desregulación (eufemismos para nombrar la privatización y la apología del mercado), las universidades públicas se han visto compelidas a diversificar sus fórmulas de financiamiento bajo la hipótesis de corresponsabilidad con el Estado por medio del cobro de cuotas de admisión y colegiaturas, venta de productos y servicios, concurrencia sobre financiamientos concursables, entre otras. Es decir: privatización encubierta.

Con todo ello, la universidad pública, aunque no desaparezca formalmente como tal, no deja de enviar un mensaje: hay que amoldarse a las fuerzas que lo deciden todo, es decir: el mercado. El proyecto en juego es seguir apuntalando un sistema económico basado en el lucro personal, que ya se ha demostrado infinitamente que no ofrece salida para las grandes mayorías de la población.

Pero definitivamente hay otras opciones a ese modelo. Luchar por la gratuidad de la educación superior y por el compromiso de la universidad con su comunidad es seguir manteniendo viva la esperanza en que la vida no sólo puede concebirse como mercancía para vender. En ese sentido, defender la universidad pública –y más aún: defenderla en Latinoamérica, donde la universidad tiene una larga historia de lucha social y compromiso con el pensamiento crítico– es seguir apostando por otro mundo posible, por darle forma a las utopías, por no resignarse ante la injusticia.

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Arnoldo Kraus: Carta a los miembros de El Colegio Nacional

Con profunda preocupación escribo este artículo. Dudé mucho antes de hacerlo. Dudé de su posible trascendencia y del permiso que supone dirigirme a Ustedes. Cuestioné su pertinencia y cavilé acerca del peso de las palabras. Decidí hacerlo por el impacto de sus voces. Recurro a su hábitat porque el país se desmorona.

La trascendencia no se refiere al impacto del artículo. Se refiere a la obligación que me he impuesto para elevar la voz y reclamar ante el marasmo y el profundo desasosiego que vive la nación, cuya caída, de seguir por ese camino, pronto nos conducirá a un abismo cuyas consecuencias aún no podemos prever.

La dirijo a El Colegio –otra forma de enfocar la trascendencia– por dos razones. Estoy convencido de que la incapacidad de los políticos mexicanos es grosera, execrable e infinita, y porque soy ferviente admirador de las cualidades de la inteligencia, atributo de sobra reconocido en los integrantes de tan dilecto cuerpo académico. Creo que esa característica, la inteligencia, exquisitamente distribuida entre sus miembros y representada en diversos renglones de sus quehaceres académico y artístico es motivo suficiente para suponer que a partir de esa riqueza, México podría volver a ser un país habitable. Escribo un país habitable porque temo que pronto, si no es que ayer, nos demos cuenta de que nuestra casa, nuestra nación, se nos ha escapado de las manos y nosotros con ella.

Las diferentes facetas de los representantes de El Colegio Nacional tienen el vigor que se consigue cuando mentalidades distintas analizan un problema. Ésa es una de las mayores virtudes de esa agrupación: mirar distinto, escuchar diferente, pensar en diversos tonos. La mezcla de inteligencias deviene crítica, reflexión, movimiento y cuestionamiento. Esa suma conlleva compromiso. La situación actual de México es alarmante. El panorama vital de nuestra nación es lúgubre y el mal crece como espuma. Se reproduce sin parar y amenaza la integridad del país.

Esta carta apela, con profundo respeto a esa inteligencia, al análisis y al compromiso de tan versados ciudadanos para cuestionar las políticas previas y actuales de nuestros gobernantes, cuyo hilo conductor ha sido el fracaso, cuya realidad es violencia, pobreza y encono. El resultado, desde la mirada de la pobreza, es, a todas luces, un país en quiebra.

En los rubros económico, educación y social México está en ruina. No se requieren más cadáveres innominados ni más trabajadores migratorios que arriesguen su vida para saber que nuestros gobiernos han hecho todo menos gobernar. Ese panorama, supongo, les permite a los miembros de El Colegio Nacional, discutir con el presidente Felipe Calderón, y, de ser prudente, exigir. No conozco otra instancia a la cual dirigirme. Su fuerza es la suma de sus historias. Su vigor proviene del respeto que la sociedad les brinda. Por eso decidí escribir.

Imposible pensar en resultados más mediocres y atemorizadores que los que ahora vivimos. Imposible escapar de la realidad. No es la serendipia la responsable de la notoria ausencia en las calles de México de nuestros ex presidentes y de la inmensa mayoría de nuestros ex ministros o ex gobernadores. Es otra cosa. Es su temor ante la ciudadanía y la vergüenza frente a la indigerible realidad de la pobreza y de la violencia lo que los mantiene sumidos en sus fortalezas o fuera de México. Ser político y vivir fuera de su país habla mal de ellos.

El permiso que me he dado para dirigir estas líneas a los miembros de El Colegio Nacional mezcla el asiento de un diván con una dosis in crescendo de indignación. El diván suma las querellas contra la clase política, que sexenio tras sexenio ha ahogado a los más pobres y que ahora ha doblado las manos contra el Golem que poco a poco fue sembrando. Un Golem versión México donde el poder ya no lo ejerce el gobierno, sino sus socios –policía, narcotraficantes–, y que día a día es más autónomo y cobra más fuerza. Un Golem tan agresivo como el cáncer más desdiferenciado. La indignación parte del miedo compartido, del cúmulo de asesinatos que no ceja y del sombrío futuro que empaña el porvenir de nuestra nación.

¿Cuándo sabremos que nuestro país se nos escapó de las manos? Nunca en los discursos de los políticos, con frecuencia en el análisis que de nuestra nación se hace en el extranjero, siempre en las calles que recorremos día a día.

* La Jornada
http://www.jornada.unam.mx/2008/09/24/index.php?section=opinion&article=022a2pol

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Raúl Zibechi: En América Latina igual que en África

La política de seguridad y defensa de Estados Unidos hacia América Latina, en el periodo posterior al 11 de setiembre de 2001, no suele ser formulada de forma tan nítida y transparente como lo hace el Pentágono en otras regiones. En no pocas ocasiones, quienes estudian y analizan las políticas de Washington hacia su patio trasero, chocan con opacidades y medias verdades, y deben rastrear los objetivos trazados por la superpotencia a través de una multitud de rastros dispersos, para luego armar el rompecabezas.

En el caso del Comando de África (Africom), creado el 6 de febrero de 2007, las propias publicaciones vinculadas a las fuerzas armadas estadunidenses develan los objetivos que se persiguen con su creación, con tanta transparencia que merecen ser leídas como forma de comprender mejor la polítca del Comando Sur (USSOUTHCOM) y la recién creada Cuarta Flota, con injerencia en América del Sur, América Central y el Caribe.

El Africom supuso la creación de un comando único para África, continente del que antes se ocupaban tres comandos: el Comando Europeo; el Comando Central, que se encarga de la estratégica región de Medio Oriente, y el Comando del Pacífico. El Africom involucra a todos los países africanos, con la excpeción de Egipto, que por sus vínculos con Medio Oriente e Israel está bajo responsabilidad del Comando Central.

En el discurso en el que anunció la creación del Comando de África, George W. Bush mencionaba los términos “desarrollo, salud, educación, democracia y crecimiento económico”, entre los objetivos prioritarios a desarrollar. Una primera cuestión a tomar en cuenta, que enseña la amplitud de campos de intervención de la fuerza militar.

El Pentágno considera que la creación del Africom obedece a “la creciente importancia geopolítica que África representa para los intereses de Estados Unidos”, según un informe de la revista Military Review (marzo-abril de 2008), portavoz del pensamiento militar. Entre los “intereses estratégicos” que Washington procura defender en África, figuran: combatir el terrorismo, contener conflictos armados y crisis humanitarias, retardar la difusión del sida, bajar la tasas de criminalidad internacional, garantizar el acceso a recursos naturales y contrabalancear la creciente influencia china. Fuera de duda, son las dos últimas las cuestiones centrales, y a las que el mencionando informe dedica el mayor espacio.

Respecto a la necesidad de “salvaguardar la energía”, objetivo prioritario del Pentágono, se concluye que Estados Unidos “llegará a depender cada vez más de la capacidad de África de producir petróleo, un artículo de existencia limitada”. Calcula que hacia 2015, 25 por ciento del petróleo que importa Washington provendrá de África, frente a sólo 18 por ciento de 2006. Ya en ese año, el petróleo africano estaba apenas por debajo del importado desde el golfo Pérsico (1.8 millones de barriles diarios frente a 2.2 millones), destacando Nigeria que es hoy el quinto proveedor de Estados Unidos. Según la revista militar, “el Africom podría involucrarse una vez más en la seguridad marítima del golfo de Guinea, con la finalidad de cooperar en el control de volatilidad (del precio del petróleo), dado que existe gran potencial para perforación petrolífera en aguas profundas”.

La “influencia de China en África” es la otra gran preocupación militar de Estados Unidos. “El continente está emergiendo rápidamente como un campo de batalla competitivo, que ha sido descrito por algunos intelectuales estadunidenses de defensa, como una guerra fría económica con China, especialmente por la obtención de recursos”, señala Military Review.

Los analistas militares consideran que la competencia por petróleo es “una preocupación estratégica para Estados Unidos”, lo que implica que es un tema militar de primer orden, que puede ameritar acciones de combate.

Con 700 empresas estatales chinas en África, el país asiático se ha convertido en el tercer socio comercial del continente luego de Estados Unidos y Francia, por delante de Gran Bretaña. El comercio bilateral África-China creció de mil millones de dólares en 1995, a 50 mil millones en 2006. Angola y Sudáfrica, con 20 mil millones entre ambas, encabezan la lista. En septiembre de 2002, Estados Unidos advirtió a China que no apoyara a “los países abundantes en recursos naturales sin considerar el nivel de desgobierno o mal comportamiento en el exterior de esos regímenes”, en el documento La estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos.

Aprendiendo de los fracasos en Irak y Afganistán, donde la victoria militar se terminó evaporando, el Pentágono pretende ensayar “un nuevo paradigma de seguridad” en el que el desarrollo y la seguridad vayan de la mano y se refuercen mutuamente para anticipar crisis y conflictos. En su particular lenguaje, se trata de poner en primer lugar las “operaciones de estabilidad” que, en adelante, tendrán rango similar a las operaciones de combate. Esto se concreta en que el Comando de África asume el control de las agencias de cooperación para el desarrollo, como USAID y otras “organizaciones civiles”. Dicho de otro modo, y tal como lo formula Military Review: “¿Cómo se conforma una estructura que es un comando unificado militar, pero que necesita incorporar la suficiente participación civil y además no parecer que toma el control de estas agencias y autoridades?”

Ése es precisamente el punto. En este continente, los problemas centrales para Washington son hidrocarburos y el llamado “populismo radical”, que incluye desde Cuba hasta Venezuela y Bolivia, y un amplio abanico de movimientos sociales. Toca descubrir, denunciar y aislar, sin caer en formas de macartismo y estalinismo, a aquellos “civiles” que trabajan para defender los intereses imperiales, “sin parecer” que lo hacen para “un comando unificado militar” del Pentágono. En América Latina, la cooperación para el desarrollo evidencia que las fronteras entre lo militar y lo civil son casi imperceptibles.

* La Jornada

* http://www.jornada.unam.mx/2008/09/12/index.php?section=opinion&article=023a2pol

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Alejandro Teitelbaum: La regla de oro del sistema: Privatizar las ganancias y socializar las pérdidas y las deudas

El rasgo principal del sistema capitalista consiste en la apropiación privada de los frutos del trabajo social, es decir la expropiación por los capitalistas de los valores creados por los trabajadores manuales e intelectuales.

Estos valores se crean en el proceso de producción de bienes y servicios (industria, agricultura, investigación científica, educación, atención médica, transporte, agua corriente, electricidad, salubridad, etc.). Deducido el precio de la fuerza de trabajo, el valor restante es el plusvalor o plusvalía, medida económica de la explotación de la fuerza de trabajo, que se intensifica cada vez más a escala mundial y es la base fundamental de la acumulación capitalista.
Pero, sobre todo en los últimos decenios, esa expropiación de valores se produce también fuera del proceso productivo y de la prestación de servicios, principalmente a través del capital financiero especulativo, lo que permite a una ínfima minoría apropiarse en forma parasitaria del fruto de trabajo y de los ahorros de los pueblos de todo el mundo, al margen de la economía real. Este proceso tiene frecuentemente una vertiente francamente delictiva, donde la corrupción ocupa un lugar muy importante.
Por ejemplo en Estados Unidos, el gigante transnacional de la energía Enron se declaró en quiebra reconociendo una deuda de 40 mil millones de dólares y dejó en la calle a su personal (12000 personas), al que, por añadidura, despojó del capital previsional de su jubilación, invertido en acciones de la propia empresa. En otras quiebras de grandes bancos o grupos financieros transnacionales, miles de pequeños ahorristas han visto evaporarse el fruto de muchos años de esfuerzos e incluso de privaciones.
Después de Enron se sucedieron otros casos similares como el de WorldCom y resultaron implicados los dos más grandes bancos estadounidenses: Citygroup y JP Morgan Chase.
El caso más reciente con proyección mundial es el de la crisis de los préstamos hipotecarios a alto riesgo (subprimes) con tasa de interés variable, que ha dejado sin liquidez a muchos Bancos privados lo que ha conducido a los Bancos Centrales a inyectar en el mercado financiero decenas o centenares de miles de millones de dólares.
Esta crisis dejó en la calle a decenas de miles de modestos deudores hipotecarios proprietarios de viviendas en Estados Unidos. Por eso el Gobierno de ese país ha decidido invertir 200.000 millones de dólares de los contribuyentes para salvar…al capital financiero concentrado en Fannie Mae y Freddie Mac. Y las principales bolsas mundiales saltan de alegría.
Esta es una característica común de los Gobiernos actuales, aun los más opuestos al intervencionismo estatal en la economía: socorrer con los dineros del pueblo al gran capital en dificultades. O dicho más precisamente, tapar los agujeros dejados por el capital privado como resultado de sus fechorías.
En Argentina los grandes grupos financieros nacionales e internacionales con la complicidad de los Bancos y de los sucesivos gobiernos y con la bendición y participación del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, han despojado al país mediante políticas desenfrenadas de privatización de los bienes y servicios públicos y de los recursos naturales, de endeudamiento externo e interno real o ficticio, de estatización de deudas privadas, etc.
La deuda externa
El caso de la deuda externa es ejemplar, pues ha consistido y consiste en privatizar los beneficios y socializar las pérdidas.
En 1982 la dictadura militar y su Ministro de Economía Cavallo estatizaron la deuda privada de cientos de empresas por un monto de unos 14000 millones de dólares.
Se hizo mediante un “seguro de cambio” que consistía en asegurarle al deudor el valor del dólar al momento del pago de la deuda. Por ejemplo si debía 10.000 dólares a un valor de 10 pesos por dólar, llegado el momento de abonarla, el deudor solo pagaba los 10.000 dólares a 10 pesos el dólar. La diferencia en caso de un aumento del dólar la absorbía el Estado, el pueblo. Es decir se transfirió la deuda privada a la sociedad argentina.
Gran parte de la deuda estatizada eran “auto-préstamos”es decir préstamos que se hacía la misma empresa con dinero que tenia ahorrado en bancos exteriores. El banco emisor del crédito era el testaferro de la empresa y el cómplice de esta estafa. Muchas empresas fueron descubiertas como FATE, SADE, algunas del grupo TECHINT, BGH, SIDECO.
A mediados del año 2000 el juez Jorge Ballestero dictó sentencia en la causa “Alejandro Olmos s/denuncia” iniciada en 1982, estableciendo la responsabilidad de los funcionarios de la dictadura que contrajeron la deuda y la corresponsabilidad de los organismos internacionales como el FMI, que aprobaron prestamos ilícitos y fraudulentos. Como la acción penal había prescripto, el juez Ballestero remitió el fallo al Congreso, para que tomase la intervención que la Constitución Nacional le confiere en el manejo de la deuda externa (art. 75). La mayoría parlamentaria nunca se ocupó del tema.
La reciente decisión del Gobierno de pagar 6700 millones al Club de París, cuando habría que hacer una auditoría previa para averiguar qué parte de la deuda es legítima, cuánto se debe, si se debe algo, es otro caso de socialización de las deudas, porque se pagará con los dineros del pueblo, depositados en el Banco Central.
Como el hambre viene comiendo, el Club de Paris quiere más y dice que el monto de la deuda es de 7900 millones.
Y la ronda infernal de pagos y nuevos endeudamientos no tiene miras de acabar.
El caso de Aerolíneas Argentinas repite esa constante que consiste en privatizar las ganancias y socializar las perdidas
El Gobierno de Menen vendió Aerolíneas Argentinas en 1990 libre de deudas y cuando daba ganancias a la empresa entonces estatal española Iberia, que estaba prácticamente en bancarrota y a la que el gobierno español se disponía a privatizar previa capitalización mediante la adquisición por monedas de patrimonios sanos como era entonces AA.
Las aeronaves y la mayoría de las propiedades de Aerolíneas (tanto las oficinas centrales como oficinas en París, Nueva York, Los Angeles, Roma y Francfort) fueron liquidadas; varios aviones fueron vendidos o hipotecados, algunos activos fueron dados en préstamo, se perdieron varias rutas internacionales y los tres simuladores de vuelos para la instrucción de los pilotos fueron vendidos. La empresa contrajo una deuda enorme y dejó de dar ganancias. Los problemas internos de Iberia y de sus filiales la llevaron a la bancarrota en 1994, momento en el que el accionariado de Aerolíneas pasó a la Sociedad Española de Participaciones Industriales, ente público de participaciones industriales del Estado español.
En junio de 2001 se suspendieron los vuelos a siete destinos internacionales y la aerolínea entró en convocatoria de acreedores. En octubre del mismo año, el control de Aerolíneas Argentinas y Austral fue cedido a Air Comet, un consorcio formado por las aerolíneas privadas españolas Spanair y Air Comet junto con el operador de turismo Viajes Marsans, que adquirió el 92,1% de las acciones.
Y ahora que queda muy poco de AA (salvo deudas) el Gobierno de Cristina Kirchner la reestatiza.
El Gobierno de CFK quiere cerrar a cualquier costo financiero y en exclusivo beneficio de Marsans, una gestión calamitosa y delictiva (vaciamiento de la empresa) por parte del empresario español. Gestión calamitosa y delictiva que contó con la complicidad del Gobierno de Kirchner.
Por eso Jaime firmó el acuerdo con Marsans, con la aprobación de la Casa Rosada, acuerdo que sigue existiendo porque hasta ahora nadie lo declaró nulo, ni siquiera la ley de “rescate” de Aerolíneas que acaba de sancionar el Congreso.
En lugar de celebrar ese acuerdo en la Casa Rosada con toda la comparsa, el Gobierno debería haberse apresurado a desconocerlo declarando que Jaime había ultrapasado las instrucciones recibidas. Y dejar inmediatamente cesante a este último.
Evidentemente esto no podía ocurrir porque Jaime no actuó por su cuenta pues forma parte, junto con los K, De Vido y algunos otros, del círculo estrecho de la camarilla gobernante.
Las consecuencias de este actitud del Gobierno y de los parlamentarios frente al acuerdo firmado por Jaime son nefastas para el interés nacional, porque el Grupo Marsans puede invocarlo para recurrir al CIADI (tribunal arbitral del Banco Mundial) fundándose en el artículo 10 del Tratado de Promoción y Promoción de Inversiones celebrado entre Argentina y España octubre de 1991.
Dicho artículo 10, si bien establece la competencia de los tribunales del Estado donde se realizó la inversión en caso de controversia entre las partes, autoriza a la parte insatisfecha con el fallo del tribunal nacional a recurrir al tribunal arbitral. Lo que deja la vía libre a Marsans para reclamar indemnizaciones millonarias ante el CIADI.
Durante los años 90 Menen firmó casi 60 Tratados Bilaterales de Promoción y Protección de Inversiones y en setiembre de 1991 adhirió al CIADI (ratificación parlamentaria en julio de 1994, ley 24353) lo que le ha quitado al Estado argentino el poder de decisión en materia de políticas económicas.
Y desde entonces ni los Gobiernos Kirchner ni el Parlamento han hecho nada para romper esas ataduras, pudiendo hacerlo mediante la denuncia, evitando la tácita reconducción, etc.
Por ejemplo en el Congreso duerme el Expte. 1598-D-07. “Eduardo Macaluse.
Declaración de nulidad absoluta de toda prórroga de jurisdicción argentina y de la Ley 24353, de convenio sobre arreglo de diferencias relativas a inversiones entre Estados y nacionales de otros Estados”.
Por cierto que la derecha, ferviente partidaria de las privatizaciones, está en contra de la reestatización de AA, como ahora está a favor del pago de la deuda a los miembros del Club de Paris.
Los escribas del Gobierno, no sin cierta habilidad para hacer pasar su mensaje, despotrican contra la política aerocomercial que ha llevado a la actual situación catastrófica en la materia y sostienen que la solución (la menos mala dicen algunos de ellos) es reestatizar AA. Pero se saltean cuidadosamente el tema crucial de quién se hace cargo de los pasivos y si se le paga algo a Marsans o no. Cuando la actuación del Gobierno en este asunto conduzca a un nuevo despojo (la reprivatización total o parcial de AA, como prevé la ley aprobada por el Congreso, una vez pagadas las deudas) dirán también que la “solución” es “la menos mala”. Según los mismos escribas, pagar al Club de Paris también es una buena medida.
La mayoría de la burocracia sindical –vieja tradición argentina que se remonta a los años 50- se pone la escarapela y repite el discurso oficial. Habría que preguntarles qué hicieron y dijeron cuando se privatizó Aerolíneas y mientras Marsans dejaba a la empresa “en pelotas”.
Buena parte de la gente de “izquierda” sustituye la reflexión destinada a proponer una alternativa apropiada a la política del Gobierno por frases como : la reestatización de Aerolíneas “es un paso en la recuperación del patrimonio nacional”, dicen. Y “hay que mantener la línea de bandera”, afirman. Y no pocos de ellos también “se olvidan” del tema de los pasivos y si hay que pagar o no a Marsans.
Dan una respuesta “virtual” o simbólica a un problema real que pone en juego los intereses nacionales y del pueblo trabajador.
Sin tener para nada en cuenta la realidad de los hechos y su contexto.
El contexto: Más de cincuenta años de expoliación
El contexto es una política gubernamental de entrega del patrimonio nacional y contraria a los intereses de los trabajadores (ambos aspectos siempre van juntos) que, con breves y tímidas pausas, se remonta a principios de los años 50 (segundo peronismo de Perón), siguió con las diferentes dictaduras militares, el frondizismo, el alfonsinismo, el peronismo de Menen y el peronismo de los Kirchner.
El giro hacia esta política que sigue hasta hoy podría situarse a principios de los años 50 con la misión Cereijo a los Estados Unidos, el contrato petrolero con la California, filial de la Standard Oil y la cuenta regresiva iniciada entonces en la participación de los trabajadores en el ingreso nacional, que llegó al 53 por ciento en los años 49-50 y que en 2007 fue del 28%. Menos que en 2001 (31%) pese a que la ocupación y el salario real aumentaron entre 2001 y 2007.
Lo que en otros términos quiere decir que la tasa de explotación de los trabajadores está aumentando desde 1950, incluso está aumentando desde que asumió Kirchner hasta ahora.
La realidad de los hechos
La realidad de los hechos en cuanto a AA es que a esta altura casi no es un patrimonio, ni nacional ni extranjero. Es prácticamente una cáscara vacía, casi sin aviones y con algunas rutas autorizadas. Y muchas deudas, que ni siquiera se sabe a cuanto ascienden. Así que reestatizando AA prácticamente lo único que se reestatizan son deudas. Salvo que se encuentre una manera de recuperar la empresa libre de pasivo.
Porque lo que tiene que estar absolutamente claro es que no hay que pagar ni un centavo por AA al grupo Marsans ni reconocer ninguna de sus deudas.
No hay que repetir lo que Cavallo hizo con la deuda externa de las grandes empresas, hipotecando un poco más el fundamento del auténtico patrimonio nacional, que es la riqueza creada por los que trabajan.
El tema de la línea de bandera merece reflexión.
Algunos Estados tienen línea de bandera (línea monopolizada por el Estado o con participación estatal) por razones políticas y económicas y aún simbólicas (en algunos casos esa denominación tiene poco contenido real).
Parece obvio que conviene que el Estado monopolice o por lo menos tenga el poder de decisión en las líneas de cabotaje, sobre todo si tiene una política nacional de desarrollo armónico del transporte aéreo, ferroviario, vial y por agua.
En Argentina esa política por ahora no existe y en materia de cabotaje Kirchner le dio a LAN Chile las rutas internas más rentables. Y el resto de la política de vuelos de cabotaje no ha podido ser más catastrófica.
En cuanto a tener una línea de bandera para las rutas internacionales, la tendencia general es a la desaparición o a la privatización parcial de las líneas de bandera, como consecuencia de los altos costos de explotación, la fuerte competencia y un acentuado proceso de concentración del transporte aéreo civil (son contínuas las fusiones y adquisiciones de grandes empresas internacionales de transporte aéreo). Y al proceso de concentración y privatización se suman los despidos de personal y la superexplotación del personal restante para disminuir los costos.
Varig, que figura como línea de bandera de Brasil, fue una empresa muy fuerte hasta que estuvo al borde de la quiebra y fue comprada en 2007 por la empresa privada Gol. Alitalia está en cesación de pagos y busca compradores entre los inversores italianos y empresas aerocomerciales extranjeras. Air France y KLM de Holanda tuvieron que fusionarse para sobrevivir e Iberia busca ahora la fusión con British Airways.
Pese a que Venezuela y Bolivia tratan de poner en funciones líneas de bandera, el contexto internacional no parece ahora económicamente muy viable para salir a competir en solitario con una línea de bandera en el transporte áereo internacional, sobre todo partiendo prácticamente de cero.
Algunas opciones razonables podrían ser una alianza o asociación de líneas de bandera latinoamericanas o una asociación o alianza de una línea de capital estatal argentino (pero sin cargar con las deudas de AA) con grandes empresas como Air France-KLM, Lufthansa y/o alguna gran aerolínea árabe o asiática.
Pero lo importante es lo que falta, en esto como en todo lo demás: una política global y coherente en defensa del interés nacional, entendido éste como el que responde a las necesidades y legítimas aspiraciones populares en materia de bienestar, alimentación, salud, vivienda, salubridad, transporte, educación, cultura, libertad y seguridad.
No se puede esperar nada de esto de la camarilla gobernante, pues sus tres objetivos centrales son: 1) preservar un sistema político, económico y social agotado y en crisis, como lo viene haciendo desde que llenó el vacío político que generaron los acontecimientos de 2001, 2) favorecer la concentración del gran capital, viejo y nuevo, en el campo (fiesta sojera), en la industria y en los servicios y 3) enriquecerse ellos y sus amigos con participaciones abiertas o encubiertas.
Esta es una mala copia de la situación en Francia entre 1848 y 1851 descripta por Marx en su “18 Brumario de Luis Bonaparte”:
“No es suficiente decir, como lo hacen los franceses, que su nación ha sido sorprendida… Falta explicar cómo una nación de 36 millones de habitantes ha podido ser sorprendida por tres capitanes de industria…”… “El 2 de diciembre la revolución de febrero fue escamoteada por el juego de manos de un tramposo…”.
Por cierto que cuando Marx escribía “tres capitanes de industria” no pensaba en Kirchner, De Vido y Jaime y escribiendo “tramposo” tampoco tenía en la mente a Kirchner.
Argenpress

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Esteban Garaiz: Izar la bandera blanca

En San Felipe Torres Mochas, mi municipio natal en el norte del estado de Guanajuato, todavía se recuerda el triste episodio de los maestros desorejados y martirizados, a instigación del cura párroco, por pertenecer a las Misiones Culturales. El general Lázaro Cárdenas no pudo evitar el impulso: ingresó en el templo, subió los escalones del presbiterio y alzando el brazo, apuntó con su dedo al sacerdote. “Ese señor es el responsable”, dijo ante los azorados feligreses y feligresas. Ese fue su castigo.

Han pasado 70 años y seguimos teniendo seis millones de analfabetos. Mientras tanto, la presidenta vitalicia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación promueve el cierre de las escuelas normales por “falta de demanda”. Sólo Cuba ha cumplido en América Latina su compromiso con las Naciones Unidas y ha podido izar la bandera blanca de la alfabetización, cuyo Día Internacional se celebra cada año el 8 de septiembre.

No es consuelo. Ya se sabe que todos los países americanos que fueron conquistados y colonizados por España y Portugal fueron estructurados como sociedades terriblemente desiguales y estamentadas, y que su independencia no significó en realidad ningún cambio significativo en la estructura de origen colonial. En el caso de México, el proceso de “desconquista” que querían los insurgentes, tuvo que esperar cien años hasta que la Revolución mexicana, después de liberar a los peones de las haciendas de la deuda eterna impagable, le dio al artículo 3° todo el peso constitucional para que la educación universal, pública y gratuita fuera el verdadero motor de la capilaridad social y de la integración nacional de los mexicanos de todos los orígenes y castas en una nación cohesionada.

Vinieron las Misiones Culturales y el gran impulso educativo con José Vasconcelos; la creación de los internados y del Instituto Politécnico Nacional con Lázaro Cárdenas (ante la resistencia de la autonomía de la UNAM para crear carreras técnicas); la Campaña Nacional contra el Analfabetismo, impulsada por Jaime Torres Bodet en 1944; la creación del Instituto Nacional de Mejoramiento del Magisterio; la formación de los Libros de Texto Gratuitos, los desayunos escolares, las normales rurales, la educación bilingüe para indígenas.

Definitivamente la Revolución mexicana dejó la tarea a medias. Llegó el año de 1982 y el grupo en el poder se dio el golpe de Estado más severo, traicionando a sus propios electores y a su propia plataforma electoral, o sea: al mandato ciudadano.

Hoy nos informa el subsecretario de Educación Media Superior, Miguel Székely, que en el periodo de 2000 a la fecha, en ocho años, el número de analfabetos se redujo en 140 mil personas. No sabemos si es porque se murieron. Dijo también el subsecretario que “cada vez es más difícil llegar al núcleo duro del problema”. Del 8 por ciento de los mexicanos que son analfabetos de más de quince años, tres de cada cuatro tienen más de 40 años de edad; y la mayoría son de la tercera edad y mayormente mujeres.

La marginación, como se sabe, es un fenómeno complejo, que tiene casi siempre, como punto de arranque, la marginación geográfica. El proceso de alfabetización de los mexicanos más marginados, si quiere ser eficaz, tiene que acompañarse de obras de sanidad, agua potable y drenaje o letrinas, salud y nutrición materno-infantil, higiene, comunicación, abasto alimentario y apoyo a la producción autónoma. Habrá que “darles el pez y enseñarles a pescar”. No están orillados en los últimos rincones del país por su propia decisión.

Mañana 10 de septiembre se inicia la Conferencia Regional de América Latina y el Caribe sobre Alfabetización, bajo los auspicios de la Unesco. Es de esperarse que este aliciente de los organismos internacionales resulte útil para comprender a cabalidad que la marginación es un mal social inaceptable y complejo y cada sociedad nacional debe hacer esfuerzos extraordinarios para revertir el daño que hizo en sus procesos históricos el núcleo nacional al que pertenecemos.

Nos dice Székely que en este sexenio no se logrará abatir el analfabetismo de seis millones de mexicanos ni el rezago educativo de otros 27 millones. Nos queda una buena tarea pendiente, y no se resolverá confundiendo la “falta de demanda” con la falta de plazas magisteriales y cerrando normales. Lo que falta es voluntad política.

http://www.milenio.com/node/76542

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José Blanco: Impunidad y sectarismo

Reunida la totalidad de la representación de la República (más invitados), conformada esta vez como Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP) –creado hace 23 años–, firmó un Acuerdo Nacional de la Seguridad, de 74 puntos, para enfrentar la ola de incontrolada delincuencia que se abate sobre el país. Un documento con muchas acciones necesarias, pero sin columna vertebral.

Aparentemente esa columna es la seguridad; es probable que esta nueva arma no esté apuntando al blanco central, aunque está ahí, entre los acuerdos. El blanco central se llama impunidad. En 23 años el CNSP, lejos de abatirla, ha contemplado pasivamente cómo las cabezas de la impunidad se multiplicaban como ocurría con la despiadada hidra de Lerna.

La principal función del Estado es justamente la seguridad de las personas. Lo dice a todas horas todo mundo. Así, el crecimiento de la inseguridad y el debilitamiento del Estado son las dos caras de la misma moneda. Un acuerdo nacional por la seguridad ha de ser un acuerdo por el fortalecimiento del Estado para cumplir esa función; fortalecer al Estado en esa función significa limpiar los establos de Augías (tarea que Hércules debía realizar en un solo día). El héroe debió desviar dos caudalosos ríos hacia los establos –el sistema policiaco y el sistema judicial– para barrer con la miles de toneladas de mierda que durante 30 años habían acumulado.

Sin esa hercúlea operación, la impunidad continuará reinando, es decir, la proliferación de la delincuencia seguirá encontrando campo fértil para crecer y multiplicarse. Ciertamente no es un trabajo de un día, y el atribulado padre de Fernando Martí no puede esperar que ello ocurra.

¿Es de creerse que alguien en sus cinco sentidos firme su propia sentencia de muerte? En México, por supuesto que sí. Todo lo que tiene que ocurrir es que la impunidad acorazada continúe incólume, indemne, rozagante. Por eso en el acuerdo por la seguridad se estamparon impúdicas firmas como la del precioso Mario Marín, la del de la piel paquidérmica Juan Sabines, la de la inefable maestra Gordillo, o la del de la cínica vida regalona, el caradura señor Deschamps, por ejemplo.

Las personas provenientes de los partidos políticos principalmente, que se han hecho cargo de las instituciones de la seguridad, son parte fundamental del problema, no de la solución; son ellos la encarnación de la impunidad. ¿Vamos a solicitarles atentamente que se practiquen el haraquiri?

Una sociedad que se organice y movilice será el único Hércules capaz de crear las condiciones para que personas responsables puedan llevar a cabo las arduas tareas que son indispensables para eliminar la impunidad. Los partidos no harán nada porque están hundidos en el sectarismo; lo peor de todo es que han arrastrado consigo a segmentos inmensos de la propia sociedad.

En uno de los textos más lúcidos que he leído de Carlos Monsiváis, el polígrafo escribe: “No hay discusión sobre la irracionalidad de esta matanza inenarrable, ¿pero qué significa la exigencia de tranquilidad y justicia? Sobre la violencia acrecentada de la delincuencia, no hay duda: debe frenarse con la acción de la justicia que impida el narcotráfico, los policías involucrados, los empresarios y políticos cómplices, etcétera. Pero esto se ha dicho en demasía y, ni modo, no ha pasado nada. Por eso, creo que uno de los pasos siguientes, al lado de las acciones del Poder Judicial, es un debate nacional de primer orden sobre la estructura de la impunidad, y creo que al lado de la Cumbre de Seguridad debe darse de varias maneras la Cumbre Alternativa donde las sociedades discutan desde su experiencia sobre su porvenir inmediato”.

Al tiempo que los establos son lavados, la prevención es indispensable, pero tampoco es un trabajo de un día. Es preciso abatir la desigualdad social, económica y educativa. Las tareas son ciertamente hercúleas. Pero la posibilidad de un debate instalado en la búsqueda de ese proyecto nacional para enfrenar los tres problemas señalados se antoja también para el poderoso hijo de Júpiter. Y en ello cuenta, y cuánto, el sectarismo ilimitado de nuestras elites políticas.

“No se necesita compartir la ideología de los organizadores de esta marcha para apreciar la decisión de los que van a marchar”, dice Monsiváis (refiriéndose a la marcha del próximo domingo). “Como se quiera ver, ejercen una alternativa ciudadana, válida en sí misma, y sus experiencias son las mismas de otros de convicciones políticas diversas. Ante la inseguridad, todos mezclamos el temor, el desconcierto, la confusión, el deseo de esclarecimiento, la crítica a las autoridades federales y regionales.” Si este tiempo de sectarismos brutales no fuera el que es, todos sin excepción tendrían que haber estado en esa marcha.

Pero el sectarismo nos impide ver la causa por la que pelear, y nos lleva a preguntarnos quiénes son los organizadores. Una desdichada confusión de partidos y ciudadanos. Cuánto nos hace falta mirar cómo las más extremas posiciones ideológicas marchan juntas en España contra los asesinatos de ETA. Contra los secuestros y las muertes y la extensa vida delincuencial que vivimos, debieran estar unidos los adversarios políticos y la sociedad toda.

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Arnoldo Kraus: México como secuestro

México, dice la organización no gubernamental IKV Pax Christi, ocupa el primer lugar en el número de secuestros a escala mundial. Terrible noticia, doloroso deshonor. La veracidad de la información es cruda y real. Ha conseguido que voces tan dispares como la de Felipe Calderón y la de Marcelo Ebrard consideren que los secuestros, la violencia y la inseguridad se conviertan en materia urgente dentro de sus obligaciones y prioridades. A ellos se han unido y se unirán muchas figuras públicas de nuestra nación. No es para menos. Mañana nuestros políticos van a Palacio Nacional. Hablarán. Nosotros esperaremos. Seremos, como siempre, los Godot mexicanos.

Se repite, con razón, que la educación, la vivienda y la salud son bienes indispensables y obligaciones del Estado hacia sus ciudadanos. Ahora debe agregarse a ese listado la seguridad como compromiso. A diferencia de las otras cualidades, cuya presencia o ausencia es obvia, la seguridad no era, hasta hace algunos años, tema de discusión cotidiana. Los políticos mentían diciendo que combatirían las muertes por inanición, pero no enlistaban dentro de sus discursos efectistas el combate contra la violencia. Ahora todos van a Palacio Nacional. Hablarán de los secuestros. Nosotros esperaremos. Seremos, no me aburro de repetir, el Godot, de Becket: nunca llega quien debe llegar.

El miedo, la desconfianza hacia los políticos y la policía, la violencia callejera y la presencia de la industria del secuestro han hecho que la seguridad, incluso de los más desprotegidos, ocupe lugar preminente en la conciencia de la vida cotidiana. Secuestro y violencia, no como enfermedad, sino como epidemia, se han adueñado de las primeras páginas de muchos rotativos nacionales e internacionales; se han apoderado de la conciencia del vivir de la ciudadanía mexicana. Conciencia dolorosa que se paga con angustia y con dinero. Conciencia que debería ser inconsciencia. Caminar por las calles con temor es anormal. Caminar con miedo es legado de nuestra clase política.

La angustia se comparte. Los ciudadanos la vivimos por la certeza de la inseguridad y los políticos porque su prestigio se cuestiona. Los gastos también corren por caminos paralelos. Las familias sufren lo indecible hasta lograr acuerdos con los secuestradores mientras que los políticos-policías invierten cifras millonarias, seguramente del erario nacional, para contratar guardaespaldas y comprar armamentos. (Imposible no abrir este paréntesis: he preguntado en muchas ocasiones en qué rubro hacendario quedan inscritos los guardaespaldas que cuidan a los políticos y a los empresarios y nunca he obtenido respuesta. La cifra ahí invertida debe ser elevada. Podría utilizarse, pienso, para cuidar a la ciudadanía.)

El secuestro se ha convertido en epidemia. Las epidemias son contagiosas. La del miedo por ser secuestrado y/o asesinado en la calle, no por atropello o por terremoto, sino por deambular en las calles calderonistas o ebrardistas es nefanda y vigente. Ni siquiera la tradicional inmunidad de nuestra clase política los ha protegido. Sendas declaraciones y vistosos desplegados en los periódicos dan cuenta del contagio.

Calderón, Ebrard y casi todos nuestros políticos están preocupados. Deben haber leído lo que se dice de su nación y de su ciudad en el mundo; les deben haber informado de las esquelas en los periódicos. Esas noticias, lo saben, son sólo la punta del iceberg. Nadie confía en la justicia mexicana. Como signo de inteligencia, es probable que ellos desconfíen tanto de nuestra justicia como el uno desconfía del otro, y como nosotros desconfíamos de ellos. Partiendo de esa premisa podrían sanear un poco las calles y paliar el miedo que nos habita. Partiendo de las descalificaciones que se prodigan deberían criticar lo que hacen y lo que no hacen.

No recuerdo en cuál película –palabras más, palabras menos– dice el hijo del actor principal: “entre los ladrones y la policía confío más en los primeros por su sinceridad”. A ese guión, que transcurre todos los días, en todas las calles, y en todos los tiempos del PRI, del PAN y del PRD agrego que aunado al malestar contra el cuerpo policial camina, imparable, una perturbadora desconfianza hacia la clase política. Como en tantas otras circunstancias, en México la realidad copia y supera la ficción. Gracias a la corrupción, a la impunidad y a los yerros de nuestros presidentes las películas detectivescas de Hollywood son, en México, palmaria realidad.

Hace muchos años escribí un artículo intitulado: “Adiós a la calle”. Repasaba la cruda verdad en la que se había convertido la ciudad de México y lamentaba que muchos niños ya no tenían la oportunidad de hacer de las calles su casa. Esa premonición crece sin coto. Hoy, aunque duele, preocupa distinto la escasa oportunidad de jugar en las calles. Esa preocupación ha sido remplazada por los secuestros y por la violencia.

Mi desconfianza hacia los políticos es nauseabunda, incurable e infinita. Me encantaría equivocarme. Mi esperanza es que las náuseas y la desconfianza que se profesan Calderón, Ebrard y anexas devenga acciones positivas.

La Jornada

http://www.jornada.unam.mx/2008/08/20/index.php?section=opinion&article=023a2pol

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