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J. Enrique Olivera Arce: ¿Unidad para qué?

Desde lo más profundo de la descomposición del sistema económico y político de la Nación, se llama a la unidad de todos los mexicanos para hacerle frente a la escalada de violencia en que incurre el crimen organizado. Retóricamente suena bien y efectivamente, sólo con la unidad se puede ir al rescate y reconstrucción de un tejido social en crisis en el que todos estamos involucrados. Sin embargo, no son pocos los que desgarrándose las vestiduras claman por ello llevando agua a su molino. Para estos, unidad, es la consigna de moda y el especular sin sustento alguno sobre los responsables de la condenable agresión a inermes ciudadanos en Morelia, es la tarea. Pareciendo discordante y fuera de lugar el que mediáticamente desde el PRI surja la pregunta: ¿Unidad para qué?

Interrogante contra corriente que resulta por demás lógica, cuando al mismo tiempo el Secretario de Gobernación afirma que no habrá cambios en la estrategia del gobierno federal en el combate a la delincuencia organizada., sin mediar una evaluación autocrítica y creíble sobre los resultados hasta ahora obtenidos en la sacudida al avispero. Y mucho menos sobre la situación que hoy guarda el Estado-Nación, caldo de cultivo para la trasgresión impune del estado de derecho.

Después del niño ahogado, todos a una a tapar el pozo. (¿Quiénes?) ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Con qué? Nadie lo sabe a ciencia cierta, pues para empezar, una guerra no se inicia dando palos de ciego, sin tener claros propósito, objetivos, estrategia, y medios para alcanzar la victoria. Naturalmente, también y en primer término, identificar al enemigo, conocer de sus propósitos últimos, calificando a su vez su capacidad real y potencial para saber a que y a quienes se pretende enfrentar.

Se nos dice de un poderío financiero del enemigo, muy superior a las disponibilidades del gobierno; se habla de sus nexos con aliados externos desparramados por todo el orbe, y se afirma todos los días, que se le va venciendo en la medida del alto número de capos de rostro patibulario que las fuerzas del orden atrapan o eliminan y que, en esa misma medida, son substituidos por otros de igual o sin duda ya, peor catadura. El cuento de nunca acabar. Pero nunca, hasta ahora, se ha tenido la atingencia de informar a la ciudadanía que el ejército de capos y sicarios que operan en el terreno, está al servicio de poderosas empresas criminales y altos ejecutivos que desde lujosas oficinas, con sofisticada tecnología planean y conducen impunemente sus ilícitas operaciones, lo mismo en México que en otras latitudes.

Nada parece indicar que contra estas altas esferas de la delincuencia organizada, personajes de cuello blanco y finas maneras, se privilegie la estrategia de la guerra emprendida. Nada se nos dice al respecto ni se observan avances en tal sentido. La cabeza principal de la hidra sigue siendo un misterio no resuelto. No se conoce al enemigo más allá de los daños que hoy lamentamos.

Por los resultados y daños colaterales, para el común de los ciudadanos queda la impresión de que no se ha tomado para nada en cuenta lo anterior. El enemigo, al que ya se califica “traidor a la patria”, es un fantasma que está en todos lados y al mismo tiempo no está en ningún lugar. Lo mismo podría ubicársele en el bando de los malos que en el de los que se dicen ser los buenos. La corrupción y la impunidad que domina en México, impide establecer distingo alguno para diferenciar a los unos de los otros.

La sabiduría popular enseña que “según el sapo es la pedrada”. Y está visto que no se alcanzará la victoria oponiendo violencia a la violencia en el terreno, si no se combate al corazón del enemigo en su madriguera, oponiendo inteligencia superior a la que hoy por hoy parece dominar en las altas esferas de la industria del crimen, como bien lo saben los señores de las fuerzas armadas que conocen de la manufactura del paño.

Así que unidad ¿para qué? ¿En torno a qué? ¿A los gobernantes en turno? ¿A un sistema de procuración de justicia cuestionado? ¿O a una inexistente política con visión de Estado que sin atentar contra los derechos humanos y clima de libertad cuya construcción ha costado mucha sangre al pueblo de México, haga de la racionalidad, buen juicio, honestidad, y un profundo amor a la patria su estandarte? La unidad a secas, en abstracto, al costo social y político que sea, únicamente conduce al pensamiento único; al fascismo dictatorial que el enemigo real pretende imponernos.

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Ángel Guerra Cabrera: Unasur, memorable cumbre

La cumbre de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) sobre la grave situación en Bolivia ha sido un nuevo y rotundo grito de independencia y unidad de América Latina. Por primera vez un grupo significativo de sus presidentes condena y adopta decisiones prácticas contra una conjura golpista orquestada por el imperio del norte. Este hecho y cada idea en la Declaración de la Moneda, aunque no se mencione por su nombre, señalan con el dedo acusador a Estados Unidos: la simbólica alusión a Salvador Allende y el categórico compromiso con el respeto a la soberanía, la no injerencia en los asuntos internos, la integridad e inviolabilidad territorial, la democracia y los derechos humanos.

Eso es lo sustantivo de la cumbre, que de modo unánime dio su apoyo irrestricto al presidente Evo Morales, condenó a los grupos desestabilizadores y sus acciones vandálicas, la masacre de campesinos en Pando que “no debe” quedar impune, exigió poner fin a esas acciones y la devolución de las instalaciones gubernamentales ocupadas como condición al inicio de un diálogo “conducido por el legítimo gobierno de Bolivia” y advirtió que no aceptará el golpe “civil” atentatorio contra la integridad territorial de Bolivia. Es trascendente el nombramiento de comisiones para investigar la masacre, acompañar el diálogo de La Paz con la oposición y brindarle el apoyo logístico que requiera. Unasur, en suma, enfrentó airosamente su primer gran desafío y ello refleja la emergencia en nuestra América de un nuevo tipo de gobiernos celosos de la soberanía nacional y con sensibilidad social, obviamente impulsados por las decisivas luchas populares que han llevado a la cabeza de ellos a buena parte de los reunidos en Santiago de Chile.

La cumbre ha sido un resonante triunfo político de Evo Morales y un reconocimiento a su talla de estadista, así como al talento político con que él y los movimientos sociales bolivianos han conducido la difícil brega por una democracia de las mayorías; y una derrota política dentro y fuera de Bolivia de los prefectos separatistas y su titiritero. Constituye también una clara advertencia a éste y a las oligarquías de la región de que no podrán seguir actuando impunemente con el matonismo que acostumbraban en otros tiempos. Deja sentado un precedente importante para la defensa indeclinable de la democracia en América Latina, que aquellos sólo respetan cuando se reduce a sus aspectos formales y no toca sus intereses ni con el pétalo de una rosa. Por ello es valiosa frente a las acciones ferozmente desestabilizadoras en Venezuela, donde se ha llegado al intento de magnicidio, y a los sucesos semejantes evidenciados, con distintos grados de intensidad, en Paraguay, Argentina, Ecuador, Honduras y Nicaragua. En fin de cuentas, todos ellos convergentes a la contraofensiva que desde el ataque a la soberanía territorial de Ecuador intenta montar Estados Unidos para aplastar los gobiernos y fuerzas populares latinoamericanas que han puesto en solfa su hegemonía política y control tradicionales sobre nuestros recursos naturales.

Bolivia, Venezuela, Cuba y Ecuador son los objetivos principales a golpear pero debe considerarse que la Cuarta Flota y otros instrumentos de intervención militar como el Plan Colombia responden a designios imperiales yanquis de reconfiguración geopolítica mucho más amplios. No es casual la oposición al restablecimiento de esa fuerza de asalto en los círculos gobernantes de Brasil, potencia económica emergente de peso mundial poseedora de estratégicas reservas de agua, biodiversidad y energéticas, así como de Argentina, colosal productora de alimentos; ambos dueños de vías fluviales y geografía de enorme importancia económica y militar.

El espaldarazo a Evo en la reunión de Santiago cobra mayor importancia cuando es evidente que la batalla por Bolivia entra en su fase más crítica, pues Washington y su jauría mediática, con CNN y El País a la cabeza, persisten en su aliento a la subversión fascista. Bolivia necesita más solidaridad que nunca.

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Alvaro Montero Mejía: El Estado de Derecho ha sucumbido

Queridas compañeras y compañeros de la Hora del Silencio
El próximo lunes, 15 de septiembre, día de la Independencia, procuraremos estar aquí, como todos los lunes, a fin de leerles un mensaje sobre el significado de ese valor trascendental que es la independencia nacional. A todos los que reciban este mensaje, los invitamos a acompañarnos este lunes próximo a las ocho de la noche, aquí, frente a la casa de Oscar Arias, a fin de confirmarle nuestra irrenunciable voluntad de defender a Costa Rica, de impedir que, con las acciones económicas y políticas impulsadas por su gobierno, dejemos de ser, los hombres y mujeres de Costa Rica, los únicos e insustituibles amos y señores del destino de la Patria.

Aunque en ese momento Oscar Arias haya regresado a Costa Rica, estamos casi seguros de que no se atreverá a convocar a la ciudadanía o asistir a un acto multitudinario de celebración patriótica. En primer lugar, los Arias saben que han perdido toda autoridad moral para hablarles a los costarricenses de ese valor supremo, la independencia, que ellos se han encargado de hacer jirones. En segundo lugar, no desean enfrentar esa repulsa de espontánea indignación, que provocan cada vez que aparecen ante miles de conciudadanos. Quizás esperan pacientes que el gobierno chino, con una generosidad que el gobierno de los Arias no merece, les construya ese nuevo circo romano, llámese estadio nacional, donde el pueblo sencillo, embebido por la droga futbolera, le tributaria una ovación en su apertura. Debemos estar advertidos y prevenidos, porque es seguro que los Arias planean convertir la inauguración del nuevo estadio nacional, en el más importante acto político electoral de la campaña de 2010.
En días recientes, se ha acrecentado el escándalo derivado del empleo que el ministro Zumbado hizo con los fondos de Taiwán, depositados en el BCIE. En efecto, la Contraloría presentó una denuncia ante el Ministerio Público para que investigue el supuesto delito derivado del destino que se le dio esos fondos.
Realmente impresiona la capacidad de los Arias para encontrar chivos expiatorios de modo que, ante las innumerables tropelías cometidas durante su administración, sean sus subordinados y no ellos mismos, los que encaren las responsabilidades políticas y hasta penales derivadas de sus actos.
Cuando dos subordinados suyos, Fernando Sánchez y Kevin Casas redactaron el famoso memorándum del miedo, por encargo directo de los Arias, la prensa no puso en el tapete que ese memorándum fue sólo un resumen operativo de las conclusiones sacadas en una reunión con ellos. El apremio de las fuerzas conservadoras por aprobar el TLC a costa de todo, les permitió silenciar la verdad de lo ocurrido. Cuando Fernando Berrocal cometió la imprudencia de acusar la penetración de las FARC en la política costarricense, amparándose en el gobierno colombiano, tal como lo había confirmado Laura Chinchilla, se fue Berrocal para su casa. Ahora el ministro Zumbado aparece como el responsable de los malos manejos de los fondos donados por Taiwán. Pero veamos. Cuando el gobierno de Taiwán decidió hacerle esa donación a Costa Rica, ya los Arias habían tomado la decisión de romper con los isleños y establecer relaciones con la República Popular China. Por esa razón, fueron los Arias y no Zumbado, quienes decidieron que sus dineros fueran depositados en el BCIE. Cuando esos fondos fueron trasladados al Ministerio de la Vivienda, jamás el banco centroamericano lo habría hecho sin una orden expresa de los Arias. Cuando el ministro Zumbado, decidió cambiarles el destino, era imposible que los Arias no lo supieran, por más que Zumbado dijera, en un gesto elemental de lealtad, que no lo había consultado “para no importunar al Presidente”.
De modo que quienes deberían encarar la acusación de la Contraloría y la presentación del caso ante el Ministerio Público, son los hermanos Arias y sólo en segundo término el ministro encargado. Aparentemente, la Contraloría pasó por alto el artículo 130 de la Constitución que expresamente dice: “El Poder Ejecutivo lo ejercen, en nombre del pueblo, el Presidente de la República y los Ministros de Gobierno en calidad de obligados colaboradores”.
“Obligado colaborador” significa que le deben lealtad al Presidente y que sólo hacen aquello que deciden juntos o en función expresa de la responsabilidad de su cargo. El cargo de un Ministro no es una responsabilidad autónoma, desprendida de la naturaleza que la Constitución le da a eso que denomina Poder Ejecutivo. Cuando la Constitución habla de los Ministros del gobierno (artículo 141), dice con absoluta claridad que “Para el despacho de los negocios que correspondan al Poder Ejecutivo habrá los Ministros de Gobierno que determine la ley”.
La Constitución no dice que el Poder Ejecutivo lo ejerzan solos, sujetos a sus propias y personales decisiones, los Ministros de Gobierno ni expresa, en ninguna parte, que aquel que los nombra y remueve libremente (artículo 139), sea absolutamente irresponsable por los actos que cometan aquellos a quienes nombra como miembros del Poder Ejecutivo. Si un Ministro se excede en sus funciones, es responsable el Ministro, pero también lo es, aquel que lo nombra y orienta.
Esto que afirmamos no es una simple interpretación de las normas constitucionales, sino lo que expresamente dice la Constitución. En efecto, el artículo 148 textualmente dice:
“el Presidente de la República será responsable del uso que hiciere de aquellas atribuciones que según esta Constitución le corresponden en forma exclusiva. Cada Ministro de Gobierno será conjuntamente responsable con el Presidente, respecto al ejercicio de las atribuciones que esta Constitución les otorgue a ambos”. En efecto, el artículo 140 de la Constitución, que señala los deberes y atribuciones que corresponden conjuntamente al Presidente y al respectivo Ministro de Gobierno, en el inciso siete dice:
“disponer la recaudación e inversión de las rentas nacionales de acuerdo con las leyes”.
En estricto sentido y en apego a la letra de la Constitución, la Contraloría debió solicitarle a la Asamblea Legislativa que procediera a investigar, de acuerdo con los elementos de convicción aportados, si procedía o no, el levantamiento de la inmunidad presidencial para los efectos de un eventual enjuiciamiento del Presidente. Porque no tiene absolutamente ningún sentido que sea sometido a una investigación y eventual procesamiento, aquel que actuó como “obligado colaborador” y no aquel que lo nombró y para quien colaboraba. Al menos es lo que expresamente indica y ordena la Constitución.
¿Qué más tendremos que ver? ¿Qué nuevos actos arbitrarios presenciaremos y hasta dónde llegará la subordinación de los órganos rectores de la institucionalidad pública, obligados a mantener el imperio de la ley?
En nuestras manos está el resarcimiento que la democracia costarricense merece. Esta lucha por la unidad y sus consecuencias político-electorales, se ha convertido en una verdadera causa nacional.
* Argenpress

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