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Ana Anabitarte: Solicitan 13 años de cárcel para mexicano preso en Sevilla

La Fiscalía de Sevilla ha solicitado una condena de trece años de cárcel para Alejandro Ordaz Moreno, el estudiante mexicano de 29 años acusado de intentar matar a dos policías que supuestamente le confundieron con un delincuente.

En concreto el fiscal pide cuatro años de cárcel por dos delitos de intento de asesinato, cuatro años más por atentado a la autoridad y un año más por tenencia ilícita de armas.

Y pide una indemnización de 16 mil euros para un policía y 15 mil para el otro por las lesiones que el joven les causó y los daños morales.

Unas lesiones que según el parte médico provocaron traumatismo craneoencefálico, esguince cervical y contusiones que tuvieron cinco días hospitalizada y 75 de baja laboral a la mujer policía, y la fractura de un dedo de la mano, distensión cervical y contusión mandibular, por las que estuvo 70 días de baja su compañero.

Fernando Retamar, abogado del joven mexicano, reconoció en entrevista con EL UNIVERSAL que la petición de 13 años, “no es muy elevada teniendo en cuenta que podían haber solicitado mucho más: hasta 30 años, puesto que la acusación es de intento de homicidio”.

Retamar explicó que Alejandro no intentó asesinar a los dos policías, que no les apuntó con el arma y que lo único que hizo fue “intentar defenderse, ya que pensó que estaba siendo víctima de un secuestro exprés, puesto que los policías iban vestidos de paisano, eran las tres de la madrugada y Alejandro había bebido mucho”.

El abogado aseguró que sólo acepta el delito de lesiones, ya que Alejandro sí se pegó con los dos policías “para defenderse”, según sus propias palabras.

Alejandro Ordaz, de 29 años, fue detenido a las tres de la madrugada del pasado 8 de marzo.

Dos policías nacionales que prestaban servicio vestidos de paisano recibieron un aviso para identificar a una persona de determinadas características físicas que estaba acosando a tres mujeres.

Cuando circulaban por una calle del barrio de la Macarena, en Sevilla, los dos agentes se encontraron a Alejandro, cuyas características físicas coincidían con el sospechoso, y le solicitaron que se identificase.

Alejandro pensó que le querían secuestrar y los golpeó. Finalmente y después de una brutal pelea entre los tres, fue detenido y desde entonces está preso en la cárcel de Sevilla.

Tras el escrito de la Fiscalía, ahora falta que la acusación particular: los dos policías, presenten sus escritos, luego la defensa presente el suyo y la Sala decida el comienzo del juicio, que probablemente será antes de Navidad.

Aunque existe la posibilidad de llegar a un pacto. Es decir, que no haya juicio, que la defensa admita los delitos, y que la fiscalía, la acusación particular (los dos policías) y la defensa acuerden condenar a Alejandro a un determinado número de años de prisión.

Y si la pena es menor de seis años, según la legislación española al ser Alejandro mexicano, es decir, perteneciente a un país no miembro de la Unión Europea, se podría conmutar por la expulsión de España y no tendría que seguir en la cárcel.

Sería enviado automáticamente a México.

La otra opción sería ir a juicio “y jugárnosla toda a luchar porque sólo le condenen por un delito de lesiones, que la pena sería de tres años, pero que como no tiene antecedentes penales unido a la buena conducta se podrían ver reducidos”, según Retamar.

Independientemente de cualquiera de las dos opciones, lo que parece claro es que el acusado se arrepiente de todo lo que hizo aquella noche.

Prueba de ello es que ya ha mandado una carta a los dos policías, a través de la Sala, en la que les pide perdón por lo ocurrido, les explica que él es un buen estudiante que se encuentra en Sevilla becado por el CONACYT para realizar un doctorado en energías renovables, que jamás ha sido acusado de nada y que sólo una confusión le llevó a agredirles.

Esa carta unida al pago de la indemnización a los dos policías que Alejandro podría decidir llevar a cabo, sería un atenuante de reparación de daño a la hora de que el juez dicte sentencia.

http://www.eluniversal.com.mx/notas/551177.html

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Desde la Fe: 10 mentiras sobre la demanda contra el Cardenal Norberto Rivera en Los Ángeles

Si bien, a veces es difícil ser críticos con las situaciones que nos rompen esquemas viejos y oxidados, las que tambalean nuestras creencias y nos dicen cosas que nunca habíamos siquiera pensado. Creo que es necesario analizar en quién ponemos nuestra confianza antes de tomar decisiones y posturas respecto a actos tan abominables como lo es el la pederastia y el encubrimiento de quienes ofenden y lastiman de esta manera a los niños y sus comunidades.

Hemos tomado los textos de Desde la Fe para que pueda haber un debate abierto sobre las justificaciones que da el arzobispado mexicano respecto al tema del encubrimiento del pederasta Nicolás Aguilar siendo que en el sitio de tal revista no hay posibilidad de poner comentarios.

Joaquin Aguilar Méndez, right, a former altar boy, has sued the Rev. Nicolás Aguilar, shown in photo at left.

Joaquín Aguilar Méndez, right, a former altar boy, has sued the Rev. Nicolás Aguilar, shown in photo at left.

La discusión estará abierta para todos los que tengan material sobre el tema que se está tratando ya sea para apoyar los argumentos del arzobispado o contradecirlos. Este material pueden ser artículos, noticias, bibliografía, fotos, etc. No se publicarán comentarios/opiniones que se limiten a insultar o aplaudir sin tener un sustento concreto y referencias claras

Clitemnistra

Mentira 1: El cardenal Norberto Rivera Carrera fue demandado penalmente en la Corte Superior de Los Ángeles, California, por encubrir la conducta delictiva del P. Nicolás Aguilar Rivera, y por esa razón puede ir a la cárcel.

Respuesta:
Lo primero y más importante que debemos señalar es que el cardenal Norberto Rivera Carrera nunca encubrió al P. Nicolás Aguilar. Mientras fue Obispo de Tehuacán (Puebla) jamás recibió, en contra del P. Nicolás Aguilar, acusación alguna relacionada con abusos a menores de edad. De lo único que Mons. Rivera se enteró fue de una agresión perpetrada por un muchacho en el año de 1986, en contra del P. Aguilar, de lo cual se le advirtió a la Arquidiócesis de Los Ángeles que recibió al padre Nicolás Aguilar para trabajar un año.
En segundo lugar, es FALSO que el cardenal Norberto Rivera Carrera haya sido demandado penalmente. La demanda interpuesta en Los Ángeles, California, es de carácter CIVIL, y el presunto daño se repara económicamente, no con pena de cárcel.

Mentira 2. Al demandarlo civilmente, la supuesta víctima, Joaquín Aguilar, sólo está buscando la justicia y no tiene ningún interés económico.

Respuesta:
FALSO. La mayor parte de las demandas civiles interpuestas en los Estados Unidos de América pretenden obtener un jugoso recurso ECONÓMICO: el 95% de este tipo de querellas son ganadas por los demandantes. ES UN NEGOCIO SEGURO. Y es que el juicio civil en los Estados Unidos, en comparación con un juicio penal, no tiene el rigor de exigencia en cuanto a las pruebas. Es más una decisión sentimental del jurado, que una determinación objetiva.

Mentira 3. Los abogados de Joaquín Aguilar y la asociación SNAP no lucran con el dolor de las víctimas. Su lucha es desinteresada.
Respuesta:
FALSO. Los abogados que llevan estos casos en Estados Unidos contra la Iglesia Católica ganan la alta suma del 40% de las indemnizaciones obtenidas en los juicios. Es un NEGOCIAZO, pues reditúa aún más que invertir en la bolsa de valores y por eso, en los últimos días, varios bufetes norteamericanos se han asociado al caso de Joaquín Aguilar con la finalidad de ser partícipes de las jugosas ganancias que piensan obtener de este juicio contra el cardenal Rivera Carrera.

Mentira 4. El cardenal Rivera es culpable y debe pagar por ello.
Respuesta.
FALSO. Cuando sucedió el supuesto abuso del P. Nicolás Aguilar contra Joaquín Aguilar, monseñor Norberto Rivera era Obispo de Tehuacán; es decir, aún no era Arzobispo de México y por lo tanto no se le puede imputar responsabilidad de un sacerdote ni de lo acontecido en una diócesis que no estaban bajo su autoridad episcopal.

Mentira 5. El Sr. Joaquín Aguilar puso la demanda civil contra el cardenal Rivera Carrera en la Corte de Los Ángeles porque en México la justicia está corrompida y a él no se le hizo justicia.

Respuesta.
FALSO. La demanda penal interpuesta por Joaquín Aguilar en el Distrito Federal en contra del P. Nicolás Aguilar, se llevó a cabo conforme a derecho y de forma expedita tal como consta en la Averiguación Previa. El Sr. Joaquín Aguilar no ganó la demanda, simplemente porque jamás pudo comprobar que fue violado.
Debemos señalar que el verdadero motivo por el que Joaquín Aguilar presentó la demanda en Los Ángeles fue por el jugoso negocio que representa el hecho de interponer en Estados Unidos una demanda civil. Estamos hablando de ¡millones de dólares!, y esas ganancias jamás las podría obtener en México.

Mentira 6. La declaración del cardenal Rivera Carrera no fue voluntaria, sino que lo obligó a ello el juez de Los Ángeles, California.

Respuesta.
FALSO. Ningún juez del mundo tiene la posibilidad de venir a territorio mexicano a cumplir con un proceso judicial que se sigue en su país. Eso sería una inaceptable violación de nuestra soberanía nacional. El cardenal Rivera Carrera aceptó, en acuerdo con los abogados de su acusador, acceder de manera voluntaria a la larga entrevista que le hicieron con la finalidad de demostrar que no está ocultando nada y que siempre estará dispuesto a colaborar con la justicia.

Mentira 7. Los cardenales Rivera Carrera y Roger Mahony se están peleando y contradiciendo entre sí, a fin de salvarse de las acusaciones.

Respuesta.
FALSO. Dos cardenales jamás se atacan. Ciertamente en este caso hay dos posturas distintas, pero nunca el cardenal Rivera ha atacado al cardenal Mahony, y nunca el cardenal Mahony ha descalificado al cardenal Rivera.

Mentira 8. El cardenal Rivera Carrera no ha hecho nada por proteger a los niños de los malos sacerdotes.

Respuesta.
FALSO. La Arquidiócesis de México, que gobierna el cardenal Rivera Carrera, tiene un programa preventivo para proteger a las posibles víctimas inocentes de los malos sacerdotes, y, nadie como él, ha sido contundente en la condena de estos crímenes al pedir a los fieles laicos que denuncien a los malos sacerdotes ante las autoridades civiles y las eclesiásticas de las diócesis correspondientes.

Mentira 9. En México existen miles de casos de sacerdotes abusadores, tal como ha sucedido en los Estados Unidos.

Respuesta.
FALSO. No se puede comparar la situación de ambos países. Son dos realidades totalmente distintas, dos culturas diversas y dos maneras diferentes de vivir la experiencia eclesial. Gracias a Dios, en México se han dado hechos aislados y los malos sacerdotes, o han sido expulsados del estado clerical, o están pagando sus delitos en la cárcel, que es el lugar donde deben estar.

Mentira 10. La Iglesia es rica. Lo han demostrado las diócesis de Estados Unidos que han pagado sumas millonarias a las presuntas víctimas.

Respuesta.
FALSO. La Iglesia en México no es rica, pues con grandes dificultades cubre sus necesidades más apremiantes. Las sumas millonarias que han pagado las diócesis norteamericanas han afectado gravemente su labor pastoral: la atención a los más pobres, la ayuda a los mexicanos inmigrantes y muchos programas caritativos y de bienestar social para los creyentes y a favor de ancianos, mujeres y niños de la calle.

Revista Desde la Fe

http://www.desdelafe.com.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=1761&Itemid=35

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Miguel Concha: Sistemas penitenciarios y derechos humanos

Los regímenes latinoamericanos se encuentran hoy ante el dilema de favorecer la seguridad por encima de los derechos humanos. En muchos de ellos se han destinado enormes recursos económicos al resguardo y castigo de las personas sancionadas, que nunca serán suficientes ante el crecimiento de la delincuencia y el acelerado ritmo de encarcelamiento.

Conceptos como “democracia”, “seguridad”, “delincuencia”, “crimen organizado” y “terrorismo” han contribuido a que la mayoría de los sistemas jurídicos y penales de la región refuercen medidas cada vez menos tolerantes, no sólo contra la población que delinque, sino contra las personas que según el criterio del Estado podrían delinquir.

La tendencia a incrementar y ampliar las penas privativas de libertad para enfrentar el crimen ha provocado una gran sobrepoblación y hacinamiento en los centros de reclusión. Ello no obstante, los sistemas de administración de justicia en la región, especialmente los penitenciarios, son cada vez más conscientes de esta grave situación, que muchas veces conduce a situaciones insostenibles, como motines, fugas masivas, riñas y homicidios.

Lo anterior ha obligado a un debate entre diferentes actores, para encontrar alternativas que incorporen la temática de los derechos humanos como una vía concreta de solución para algunos de estos problemas. Según datos del Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente (ILANUD), en Latinoamérica se encuentran privadas de la libertad más de un millón de personas, de las cuales 60 por ciento aún no han sido enjuiciadas. La capacidad de las cárceles está sobrepasada en 162 por ciento en Honduras, 147 por ciento en República Dominicana, 145 por ciento en Brasil y 120 por ciento en Bolivia.

México no es ajeno a la inercia de emplear sistemáticamente la privación de la libertad como un recurso para enfrentar los problemas de seguridad, aunque esta estrategia no haya impactado en la percepción ciudadana de contar con mayor seguridad, ni haya reducido los índices de criminalidad. Aumentan en cambio los problemas de financiamiento de los centros de reclusión, propiciados por una sobrepoblación a 129 por ciento de su capacidad, y por las deficiencias en cuanto a la atención y resguardo de la población recluida. Uno de los casos más graves en México es el del Distrito Federal, que presenta 75 por ciento de sobrepoblación penitenciaria, tomando en cuenta que entre ella se encuentra un porcentaje de reos correspondientes al sistema federal.

El sistema penitenciario en la capital, en el que actualmente se encuentran 35 mil personas privadas de su libertad, cuenta en efecto con sólo una capacidad instalada para albergar a 20 mil reclusos y reclusas. Ello constituye un grave problema de hacinamiento, que afecta directamente la calidad y funcionamiento de las instalaciones, las cuales presentan un deterioro agravado por una asignación presupuestal reducida, ante los problemas que representa el encarcelamiento como recurso sistemático en la administración de justicia.

Frente a este panorama, que no es nuevo, una de las principales preocupaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) es la de velar por el respeto y protección de los derechos humanos dentro de los centros de reclusión en la capital. No ha sido tarea fácil. De las recomendaciones emitidas por la comisión desde su creación, 33 (20 por ciento del total) están relacionadas con el sistema penitenciario, y de las 7 mil 44 quejas que recibió la CDHDF el año pasado se desprende un total de 11 mil 428 violaciones a los derechos humanos. De entre éstas, 2 mil 503, o sea 21.9 por ciento, corresponden a distintos tipos de violaciones a los derechos humanos en el ámbito penitenciario.

Desde la perspectiva de la CDHDF, no es éticamente aceptable mantener las condiciones actuales de administración de justicia, hacinamiento y trato indigno de la población en los centros de reclusión. Por ello es importante abrir espacios de debate y discusión para encontrar alternativas y soluciones a la problemática que presenta el sistema de reclusión en México, que considere, entre otras cosas, una reforma del sistema de justicia, para lograr que sea el último recurso, y no el primero, la sanción que implica la privación de la libertad de la administración de justicia. Para buscar también penas alternativas de prisión, promover que la justicia sea pronta y expedita, y buscar opciones que mejoren las condiciones que viven actualmente las personas privadas de su libertad, en materia de salud, alimentación, seguridad, educación, trabajo, instalaciones y espacios. Fue por ello que el año pasado la CDHDF y el ILANUD, en coordinación con el Instituto Raoul Wallenberg de Derechos Humanos y Derecho Humanitario de Suecia, llevaron a cabo un seminario, con el fin de analizar la problemática que prevalece en los centros de reclusión del Distrito Federal y buscar alternativas para dignificar el trato a las personas recluidas. Como resultado, la CDHDF y el ILANUD publicaron este año el libro Sistemas penitenciarios y derechos humanos, como un aporte al debate sobre la construcción de un sistema penitenciario respetuoso y promotor de los derechos humanos de las personas privadas de libertad.

* La Jornada

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Italia impulsa la ley que convierte en delito la inmigración ilegal

El primer Consejo de Ministros de Silvio Berlusconi se celebra en Nápoles, hundida entre toneladas de basura.- El Gobierno aprueba también un decreto ley que endurece la penas de los ‘sin papeles’

El Gobierno de Silvio Berlusconi aprobó ayer un proyecto de ley que define la inmigración clandestina en Italia como un delito, según ha informado el ministro de Asuntos Exteriores, Franco Frattini. La decisión ha sido adoptada durante el primer Consejo de Ministros del Gobierno de Berlusconi, celebrado en la ciudad de Nápoles y que ha durado cuatro horas.

Esta polémica medida ha sido incluida en uno de los tres proyectos de ley sobre seguridad e inmigración aprobados ayer y ahora tendrá que ser debatida en el Parlamento, donde Berlusconi cuenta con una amplia mayoría.

La consideración de la inmigración clandestina como delito ya figuraba en una ley promulgada durante el anterior mandato de Berlusconi, que fue declarada parcialmente inconstitucional. Sin embargo, el primer ministro italiano, volvió a retomar la lucha contra la inmigración ilegal como una de sus principales banderas durante la campaña electoral y ya se ha convertido en uno de los asuntos centrales en la vida política italiana desde que el magnate de la comunicación regresó al poder.

La pena prevista para este delito va de los seis meses a los cuatro años de cárcel, según fuentes políticas citadas por los medios locales. Los partidos de la oposición son contrarios a la introducción de este delito pues, según el dirigente progresista Antonio Di Pietro, producirá “millones de fugitivos” y costará al Estado entre 45 y 50.000 millones de euros”. También se opone a la medida la Iglesia Católica, que lo considera un “error”, ya que, según ha dicho el cardenal Renato Martino, no se puede acusar a los inmigrantes de todo lo malo.

El Ejecutivo de centro-derecha también ha aprobado un decreto ley de inmediata aplicación en el que se agravan las penas a los sin papeles que delinquen. Ha sido rechazada, en cambio, la propuesta para que el Ejército ayude a la Policía a patrullar las áreas más peligrosas de las ciudades.

Penas más duras

Entre la serie de medidas, según las filtraciones a los medios, figura la expulsión de un extranjero cuando haya sido condenado a una pena superior a dos años; el aumento de la pena en un tercio cuando quien comete el delito es un clandestino y fija la permanencia máxima de los inmigrantes ilegales en los centros de acogida en 18 meses.

Quien alquile una vivienda a un ilegal puede ser condenado a una pena que va de seis meses a tres años y multas de entre 100 y 150.000 euros y la casa confiscada. Los padres que manden a sus hijos a la mendicidad pueden ser condenados hasta a tres años de cárcel y le se quitará la patria potestad.

También se contempla el aumento de las penas para los conductores borrachos o drogados, que pueden llegar hasta los diez años de cárcel, y el endurecimiento de los requisitos para adquirir la ciudadanía italiana para el cónyuge extranjero. Hasta ahora bastaban seis meses para conseguirla y a partir de ahora serán necesarios dos años de residencia legal.

“Los vertederos serán verdaderas áreas militarizadas”

Berlusconi ha elegido Nápoles como sede de su primera reunión ministerial para expresar su compromiso con solucionar la crisis de las basuras en esa ciudad sureña, asfixiada con miles de toneladas de inmundicia arrojada en las calles y en algunos pueblos de la periferia. Por ello, los ministros han aprobado a través de un decreto ley un plan extraordinario y urgente para solucionar la crisis y en el que se incluye la declaración de zonas militarizadas para los vertederos, condenas penales para quien impida su utilización y el nombramiento del jefe del Departamento de Protección Civil, Guido Bertolaso, para que supervise la situación.

Berlusconi ha anunciado que se reabrirán cinco vertederos, uno por cada provincia de Campania, que serán considerados “zonas de interés estratégico nacional”. “Serán verdaderas áreas militarizadas, y estarán protegidas por las fuerzas armadas”, ha explicado Berlusconi, que ha añadido que el lugar donde se situarán será secreto hasta su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Asimismo, para quien se introdujera en esas zonas se prevén penas que van de los tres meses a un año de cárcel, mientras que las condenas serán de hasta cinco años para quienes causen desordenes que impidan la normal utilización de los basureros.

Sin embargo, la celebración del Consejo de Ministros en la Prefectura (Gobierno civil) de Nápoles no ha estado exenta de críticas. Frente a las autoridades, que habían asegurado que todo el centro de la ciudad estaría hoy limpio, los medios locales señalaron que se pretendía mostrar hoy una ciudad “limpia” cuando en la periferia siguen acumuladas 50.000 toneladas de desechos.

http://www.elpais.com/articulo/internacional/Italia/impulsa/ley/convierte/delito/inmigracion/ilegal/elpepuint/20080521elpepuint_13/Tes

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Elie Wiesel: Fragmento de “El Testamento de un Poeta Judío Asesinado”

Poemas Inéditos (escritos en prisión de Paltiel Kossover)

Niños

Hijos de pobres
pobres niños.
Niños juiciosos y dulces,
aplicados o traviesos,
os guarda el exilio.
Los hombres no os merecen,
pobres niños
judíos.

Pan

En su celda
el prisionero
no piensa en Dios
ni en el mar
ni en la frescura
de la montaña;
en su celda
el prisionero hambriento
piensa en el pan:
su memoria
su Dios.

Noche

Ni refugio ni hogar.
Ni reposo ni olvido.
Trampa más bien, ratonera.
Ruidos al final.

Ciudades

Islotes de sombra,
cenizas de hogueras.
Callejuelas sinuosas,
ventanas ciegas,
destinos en desorden.
Ciudades dentro de ciudades,
odio más allá del odio.
Construidas por Caín,
para sus víctimas futuras.

Transeúntes

Reunidos por el azar,
por un instante
uno solo,
para liberar en ellos
al cazador del hombre.

Murallas

Visibles e invisibles.
Las más bajas ocultan
el horizonte.
Y lo reemplazan.
Murallas negras negras, rojas,
sucias y repulsivas
incluso si están limpias.
Obra de hombres,
sobrevivirán a los hombres.

Casas

Recuerdos desplazados,
cadáveres encogidos.
Comidas inconclusas,
armarios despanzurrados,
mesas volcadas,
oh que tonto es todo eso
y quee feo.
Vuelve a tu caverna,
hombre, para sobrevivir.

Asilos

Mal innombrable
miedo indecible,
rostros inmóviles,
dedos quebrados,
ojos obsesionados:
de estos locos
de estos mártires,
tendríamos que huir
y a ellos
hacerles huir.

(Traducidos del yiddish)

De la solapa:

Cuántas contradicciones, ambigüedades y paradojas en la vida de Paltiel Kossover, vida marcada por el mesianismoy el comunismo, la revolución y la poesía, desde el pogróm de la primera infancia, el destierro, las misiones clandestinas como agente del Komintern en Alemania Naziy en Palestina, la guerra de España, los combates en el frente ruso, todo eso para acabar en una celda aislada de la policía secreta soviética y donde el silencio es la más refinada de las torturas.
Esta novela-testimonio de acción, de ideas, y de aventuras refleja las angustias y los sueños de una época marcada por el desencanto y la violencia. Pero, más allá del desmoronamiento de un sueño, más allá de la muerte y el silencio, permanece esa risa que se hace oir repentinamente, liberadora y llena de esperanza aún si nadie comprende su verdadero sentido.

Wiesel, Elie El Testamento de un Poeta Judío Asesinado Ed. Pomaire, España 1980, pp 153

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Edgar González Ruiz: La discriminación en los tiempos de Fecal

Dando por inexistente el estado laico en México, hay jerarcas católicos que están persiguiendo judicialmente a sus críticos, tratando de obligarlos, como en la época de la Inquisición, a pedir perdón por su irreverencia, so pena de ir a la cárcel por la vía de cualquier triquiñuela legal, para lo cual los obispos cuentan con una legión de leguleyos.
Uno de ellos es el actual director jurídico de la Secretaría de Salud, Bernardo Fernández del Castillo, viejo militante derechista, cuyo despacho privado atiende asuntos del Arzobispado de México. Tramposamente, dicha secretaría ha pretextado que dicho funcionario no es empleado del mencionado y que “no ofrece trabajo personal alguno” a través de él, pues no es trabajador sino dueño del mismo.
Tan indignantes como esas situaciones son los trucos que jerarcas como el cardenal de México, Norberto Rivera, usan para perseguir a sus críticos. El año pasado, algunas personas se manifestaron ante Catedral exigiendo respeto al estado laico y castigo a los curas pederastas.
Rivera, quien ha sido acusado de cómplice de al menos un cura pederasta, arremetió a bordo de su camioneta blindada contra los manifestantes, lastimando a una de ellas, la señora Julia Klug. Las autoridades no hicieron caso de una demanda que ella inició contra el jerarca a raíz de esos hechos, pero sí dieron curso a una de Rivera contra ella, nada menos que por “agredir” su camioneta (pues considera sagrado el blindado en que transita) y, aunque parezca increíble, nada menos que “por discriminación”.
Desde hace tiempo minorías sexuales y religiosas han estado pidiendo a las autoridades garantías contra la discriminación que a favor de la Iglesia Católica, o por influencia de viejos prejuicios (como en el caso de la ancestral homofobia), practican algunas autoridades o empresarios o empleados.
Tramposamente, los jerarcas y sus abogados le cambian el sentido a esas disposiciones hasta hacerlo completamente opuesto del original, para alegar que quien pida respeto al estado laico está “discriminando” a la jerarquía católica, porque ella no piensa así. Es decir, quieren imponer como regla que criticarla es “discriminarla”, y alegan también las críticas contra Rivera deben entenderse como motivadas por el hecho de ser católico, y por lo tanto, como “discriminación religiosa”.
Es una trampa que el clero nos está tendiendo a todos, si no somos solidarios contra los ahora agredidos y perseguidos por la jerarquía. Entre los grupos que han sido atacados por ella se cuenta la llamada Iglesia de la Santa Muerte, que rinde culto a la muerte, lo cual aunque nos pueda parecer extraño, debe respetarse de acuerdo con libertad de creencias.
Usando a Carlos Abascal, activista de la ultraderecha que el sexenio pasado fue secretario de Gobernación, la jerarquía logró que las autoridades le quitaran el registro a la Santa Muerte, para lo cual Abascal alegó que su teología y nomenclatura era inconsistente, como si él debiera aplicar no las leyes civiles sino los dogmas religiosos.
Una y otra vez, la Iglesia de la Santa Muerte ha sido objeto de campañas difamatorias por parte de funcionaros del Arzobispado, quienes la consideran un culto “diabólico” y “criminal” y fomentan la discriminación contra sus adeptos, por lo cual dicha iglesia los ha denunciado ante el el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred.
Hugo Valdemar, vocero del Arzobispado y uno de los denunciados, ha respondido a ese recurso en forma prepotente, diciendo “le tiene sin cuidado” y tildando de “ignorantes” a los responsables de la Santa Muerte, porque el Conapred depende de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y esa instancia, dijo recientemente, no tiene ninguna injerencia ni “incumbencia” sobre la Iglesia católica.
En todo caso, la CNDH actualmente está al servicio de la jerarquía católica, pues su responsable es el abogado José Luis Soberanes, militante católico desde hace muchos años, y quien forma parte de una red interamericana contraria al estado laico: el llamado “Consorcio Latinoamericano de Libertad Religiosa”. Por añadidura, Soberanes, junto con el procurador de la república, promovió la revisión de la despenalización del aborto en la ciudad de México, pues como católico conservador, está empeñado en encarcelar a las mujeres que aborten, en lugar de proporcionarles ayuda médica para que lo hagan de manera segura.
Aliados del gobierno y del clero, los “grandes” medios de comunicación, defienden a los ensotanados y satanizan a los disidentes políticos y religiosos, lo que facilita enormemente la persecución que quiere instaurar la jerarquía.
El pasado viernes 15, a sólo dos días de que el clero lleve a cabo manifestaciones pidiendo que se castigue a las mujeres que abortan, tuvo que presentarse Klug ante las autoridades judiciales, pero no lo hicieron los leguleyos del cardenal, quienes por vía telefónica, hicieron saber en los tribunales que si Julia les pedía perdón públicamente, ellos retirarían los cargos, bastante ridículos, que lanzaron contra ella.
Valientemente, y al contrario que otros militantes “de la izquierda”, Julia se negó a retractarse, dando con ello inusitado ejemplo de civismo y valentía. En nuestro país contamos con la medalla Belisario Domínguez, el legislador que en 1913 fue asesinado por el dictador católico Victoriano Huerta, por haberse atrevido a decirle sus verdades mientras que los periódicos de la época, lo mismo que la jerarquía católica, desde el Papa hasta muchos curas se deshacían en elogios para el “excelentísimo señor presidente”, igual que hacen hoy los obispos con Felipe Calderón, Fecal.
En la ignominia que prevalece hoy en México, la medalla Belisario Domínguez no ha premiado la valentía y la conciencia cívica, sino el oportunismo y la represión, de tal suerte que el poder fecal se la otorgó al médico y exfuncionario Jesús Kumate, como premio a su actitud tan incondicionalmente oficialista que lo llevó al extremo de unirse a las huestes fanáticas de la organización antiabortista Provida.
En la persona de Julia, el clero nos está amenazando a todos, pues siente que por tener al gobierno incondicionalmente de su parte, cualquier razón que esgrima, aún la más absurda (entender la crítica como “discriminación”, o “agredir” un blindado que nos atropella) le parece ya infalible, y lo es para el gobierno derechista y para los medios a su servicio.

* Sendero del Peje
* http://senderodelpeje.blogspot.com/2008/02/perverto-quiere-que-le-pidan-perdn.html

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