Arnoldo Kraus: México como secuestro

México, dice la organización no gubernamental IKV Pax Christi, ocupa el primer lugar en el número de secuestros a escala mundial. Terrible noticia, doloroso deshonor. La veracidad de la información es cruda y real. Ha conseguido que voces tan dispares como la de Felipe Calderón y la de Marcelo Ebrard consideren que los secuestros, la violencia y la inseguridad se conviertan en materia urgente dentro de sus obligaciones y prioridades. A ellos se han unido y se unirán muchas figuras públicas de nuestra nación. No es para menos. Mañana nuestros políticos van a Palacio Nacional. Hablarán. Nosotros esperaremos. Seremos, como siempre, los Godot mexicanos.

Se repite, con razón, que la educación, la vivienda y la salud son bienes indispensables y obligaciones del Estado hacia sus ciudadanos. Ahora debe agregarse a ese listado la seguridad como compromiso. A diferencia de las otras cualidades, cuya presencia o ausencia es obvia, la seguridad no era, hasta hace algunos años, tema de discusión cotidiana. Los políticos mentían diciendo que combatirían las muertes por inanición, pero no enlistaban dentro de sus discursos efectistas el combate contra la violencia. Ahora todos van a Palacio Nacional. Hablarán de los secuestros. Nosotros esperaremos. Seremos, no me aburro de repetir, el Godot, de Becket: nunca llega quien debe llegar.

El miedo, la desconfianza hacia los políticos y la policía, la violencia callejera y la presencia de la industria del secuestro han hecho que la seguridad, incluso de los más desprotegidos, ocupe lugar preminente en la conciencia de la vida cotidiana. Secuestro y violencia, no como enfermedad, sino como epidemia, se han adueñado de las primeras páginas de muchos rotativos nacionales e internacionales; se han apoderado de la conciencia del vivir de la ciudadanía mexicana. Conciencia dolorosa que se paga con angustia y con dinero. Conciencia que debería ser inconsciencia. Caminar por las calles con temor es anormal. Caminar con miedo es legado de nuestra clase política.

La angustia se comparte. Los ciudadanos la vivimos por la certeza de la inseguridad y los políticos porque su prestigio se cuestiona. Los gastos también corren por caminos paralelos. Las familias sufren lo indecible hasta lograr acuerdos con los secuestradores mientras que los políticos-policías invierten cifras millonarias, seguramente del erario nacional, para contratar guardaespaldas y comprar armamentos. (Imposible no abrir este paréntesis: he preguntado en muchas ocasiones en qué rubro hacendario quedan inscritos los guardaespaldas que cuidan a los políticos y a los empresarios y nunca he obtenido respuesta. La cifra ahí invertida debe ser elevada. Podría utilizarse, pienso, para cuidar a la ciudadanía.)

El secuestro se ha convertido en epidemia. Las epidemias son contagiosas. La del miedo por ser secuestrado y/o asesinado en la calle, no por atropello o por terremoto, sino por deambular en las calles calderonistas o ebrardistas es nefanda y vigente. Ni siquiera la tradicional inmunidad de nuestra clase política los ha protegido. Sendas declaraciones y vistosos desplegados en los periódicos dan cuenta del contagio.

Calderón, Ebrard y casi todos nuestros políticos están preocupados. Deben haber leído lo que se dice de su nación y de su ciudad en el mundo; les deben haber informado de las esquelas en los periódicos. Esas noticias, lo saben, son sólo la punta del iceberg. Nadie confía en la justicia mexicana. Como signo de inteligencia, es probable que ellos desconfíen tanto de nuestra justicia como el uno desconfía del otro, y como nosotros desconfíamos de ellos. Partiendo de esa premisa podrían sanear un poco las calles y paliar el miedo que nos habita. Partiendo de las descalificaciones que se prodigan deberían criticar lo que hacen y lo que no hacen.

No recuerdo en cuál película –palabras más, palabras menos– dice el hijo del actor principal: “entre los ladrones y la policía confío más en los primeros por su sinceridad”. A ese guión, que transcurre todos los días, en todas las calles, y en todos los tiempos del PRI, del PAN y del PRD agrego que aunado al malestar contra el cuerpo policial camina, imparable, una perturbadora desconfianza hacia la clase política. Como en tantas otras circunstancias, en México la realidad copia y supera la ficción. Gracias a la corrupción, a la impunidad y a los yerros de nuestros presidentes las películas detectivescas de Hollywood son, en México, palmaria realidad.

Hace muchos años escribí un artículo intitulado: “Adiós a la calle”. Repasaba la cruda verdad en la que se había convertido la ciudad de México y lamentaba que muchos niños ya no tenían la oportunidad de hacer de las calles su casa. Esa premonición crece sin coto. Hoy, aunque duele, preocupa distinto la escasa oportunidad de jugar en las calles. Esa preocupación ha sido remplazada por los secuestros y por la violencia.

Mi desconfianza hacia los políticos es nauseabunda, incurable e infinita. Me encantaría equivocarme. Mi esperanza es que las náuseas y la desconfianza que se profesan Calderón, Ebrard y anexas devenga acciones positivas.

La Jornada

http://www.jornada.unam.mx/2008/08/20/index.php?section=opinion&article=023a2pol

Miguel Concha: Sistemas penitenciarios y derechos humanos

Los regímenes latinoamericanos se encuentran hoy ante el dilema de favorecer la seguridad por encima de los derechos humanos. En muchos de ellos se han destinado enormes recursos económicos al resguardo y castigo de las personas sancionadas, que nunca serán suficientes ante el crecimiento de la delincuencia y el acelerado ritmo de encarcelamiento.

Conceptos como “democracia”, “seguridad”, “delincuencia”, “crimen organizado” y “terrorismo” han contribuido a que la mayoría de los sistemas jurídicos y penales de la región refuercen medidas cada vez menos tolerantes, no sólo contra la población que delinque, sino contra las personas que según el criterio del Estado podrían delinquir.

La tendencia a incrementar y ampliar las penas privativas de libertad para enfrentar el crimen ha provocado una gran sobrepoblación y hacinamiento en los centros de reclusión. Ello no obstante, los sistemas de administración de justicia en la región, especialmente los penitenciarios, son cada vez más conscientes de esta grave situación, que muchas veces conduce a situaciones insostenibles, como motines, fugas masivas, riñas y homicidios.

Lo anterior ha obligado a un debate entre diferentes actores, para encontrar alternativas que incorporen la temática de los derechos humanos como una vía concreta de solución para algunos de estos problemas. Según datos del Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente (ILANUD), en Latinoamérica se encuentran privadas de la libertad más de un millón de personas, de las cuales 60 por ciento aún no han sido enjuiciadas. La capacidad de las cárceles está sobrepasada en 162 por ciento en Honduras, 147 por ciento en República Dominicana, 145 por ciento en Brasil y 120 por ciento en Bolivia.

México no es ajeno a la inercia de emplear sistemáticamente la privación de la libertad como un recurso para enfrentar los problemas de seguridad, aunque esta estrategia no haya impactado en la percepción ciudadana de contar con mayor seguridad, ni haya reducido los índices de criminalidad. Aumentan en cambio los problemas de financiamiento de los centros de reclusión, propiciados por una sobrepoblación a 129 por ciento de su capacidad, y por las deficiencias en cuanto a la atención y resguardo de la población recluida. Uno de los casos más graves en México es el del Distrito Federal, que presenta 75 por ciento de sobrepoblación penitenciaria, tomando en cuenta que entre ella se encuentra un porcentaje de reos correspondientes al sistema federal.

El sistema penitenciario en la capital, en el que actualmente se encuentran 35 mil personas privadas de su libertad, cuenta en efecto con sólo una capacidad instalada para albergar a 20 mil reclusos y reclusas. Ello constituye un grave problema de hacinamiento, que afecta directamente la calidad y funcionamiento de las instalaciones, las cuales presentan un deterioro agravado por una asignación presupuestal reducida, ante los problemas que representa el encarcelamiento como recurso sistemático en la administración de justicia.

Frente a este panorama, que no es nuevo, una de las principales preocupaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) es la de velar por el respeto y protección de los derechos humanos dentro de los centros de reclusión en la capital. No ha sido tarea fácil. De las recomendaciones emitidas por la comisión desde su creación, 33 (20 por ciento del total) están relacionadas con el sistema penitenciario, y de las 7 mil 44 quejas que recibió la CDHDF el año pasado se desprende un total de 11 mil 428 violaciones a los derechos humanos. De entre éstas, 2 mil 503, o sea 21.9 por ciento, corresponden a distintos tipos de violaciones a los derechos humanos en el ámbito penitenciario.

Desde la perspectiva de la CDHDF, no es éticamente aceptable mantener las condiciones actuales de administración de justicia, hacinamiento y trato indigno de la población en los centros de reclusión. Por ello es importante abrir espacios de debate y discusión para encontrar alternativas y soluciones a la problemática que presenta el sistema de reclusión en México, que considere, entre otras cosas, una reforma del sistema de justicia, para lograr que sea el último recurso, y no el primero, la sanción que implica la privación de la libertad de la administración de justicia. Para buscar también penas alternativas de prisión, promover que la justicia sea pronta y expedita, y buscar opciones que mejoren las condiciones que viven actualmente las personas privadas de su libertad, en materia de salud, alimentación, seguridad, educación, trabajo, instalaciones y espacios. Fue por ello que el año pasado la CDHDF y el ILANUD, en coordinación con el Instituto Raoul Wallenberg de Derechos Humanos y Derecho Humanitario de Suecia, llevaron a cabo un seminario, con el fin de analizar la problemática que prevalece en los centros de reclusión del Distrito Federal y buscar alternativas para dignificar el trato a las personas recluidas. Como resultado, la CDHDF y el ILANUD publicaron este año el libro Sistemas penitenciarios y derechos humanos, como un aporte al debate sobre la construcción de un sistema penitenciario respetuoso y promotor de los derechos humanos de las personas privadas de libertad.

* La Jornada

* http://www.jornada.unam.mx/2008/06/07/index.php?section=opinion&article=016a2pol