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Octavio Rodríguez Araujo: ¿Política del miedo?

En Morelia, Michoacán, la noche de la celebración de la Independencia de México fue sangrienta. Dos granadas de fragmentación explotaron entre la muchedumbre: siete muertos y más de cien heridos fue el saldo conocido hasta la mañana del día siguiente. Esto no había pasado, no que yo recuerde. No fue un acto guerrillero; los grupos guerrilleros en México nunca han actuado de esta forma, se han cuidado de respetar las vidas humanas. Fue un acto terrorista, para provocar miedo y muerte, miedo a la muerte también.

A partir de ahora cualquier lugar, solitario en una calle oscura o en medio de la muchedumbre, es peligroso. Nadie sabe lo que le pueda pasar, y Calderón, insensible y obstinado, insiste –después de conocer la tragedia– en que los mexicanos “sin excepción” debemos unirnos en la desenfrenada e improvisada carrera de su desgobierno contra el crimen organizado, incluso denunciando a los agresores o proporcionando información para dar con ellos. Para completar el cuadro “aseveró que se equivocan quienes pretenden que el miedo haga presa a la sociedad” (Reforma.com, 16/09/08).

¿Y qué es lo que se puede esperar, además de miedo, después de las explosiones de Morelia? Si eso ocurrió en un pacífico festejo popular, ¿por qué no en cualquier otro tipo de acto o en un mitin de apoyo o de rechazo convocados por cualquier motivo por un líder, un partido o el mismo gobierno? En otros países ha habido actos terroristas recientes en el transporte (en Madrid el 11 de marzo de 2004 y en Londres el 7 de julio del año siguiente), en cafeterías y restaurantes, en plazas públicas, en hoteles y en las calles donde han explotado no pocos automóviles. Aquí ya contamos con esos escenarios.

En México, desde que se inició la guerra de Calderón contra los narcotraficantes, han muerto más personas que quienes se supone son las víctimas de aquéllos, es decir, los que consumen drogas ilícitas y que, también supuestamente, el gobierno trata de proteger con su guerra (¿será?). Y es ésta, la guerra, la que ha motivado el uso de granadas de fragmentación antes de Morelia, por ejemplo en Sonora el mes pasado, aunque no fueran activadas (La Jornada on line, 21/08/08), disparos con armas de alto poder en casi todas las ciudades importantes del país y asaltos a mano armada en casas y barrios, donde antes no había pasado nada de este tipo.

No. No hay motivo para tener miedo, es solamente algo que imaginamos porque los mexicanos nos hemos vuelto paranoicos y aprensivos. Imaginamos los secuestros de todo tipo y nivel, así como los levantones, los asesinatos, las mutilaciones y los asaltos. Si no fuera por nuestra delirante imaginación viviríamos tan tranquilos como antes de que Calderón iniciara su valerosa guerra rodeado del Estado Mayor Presidencial y de ambientes de seguridad de la más alta tecnología.

¿Por qué habríamos de tener miedo si sólo nos encontramos entre dos fuegos? Por un lado los bandidos y por el otro los policías y los soldados. Éstos también dan miedo: catean domicilios sin orden judicial, amagan poblaciones enteras, violan y roban cuando pueden o cuando se embriagan o se drogan. La seguridad nacional que Calderón ha querido garantizar se ha vuelto la inseguridad nacional, y todavía nos pide que lo apoyemos en esta lucha sin cuartel, que nos unamos todos (“pueblo y gobierno”), que no tengamos miedo y que combatamos con ligas y cáscaras de limón al crimen organizado y a los enemigos de México.

¿Por qué no habríamos de pensar, ya que nos han vuelto paranoicos, que el aumento de la criminalidad ha sido deliberado como una política de gobierno para justificar la militarización del país y quitarnos nuestros derechos y libertades (cada vez más restringidos)? Se ha hecho en Estados Unidos bajo el desgobierno de Bush, lo han hecho los dictadores de América Latina en aquellos tiempos que ahora, ingenuamente, creemos ya superados, ¿por qué no también en México? El argumento ha sido, precisamente, “la seguridad nacional”, y el resultado logrado ha sido su contrario. Nunca, desde hace setenta años, el país había vivido con tanta inseguridad.

Mi tía Irene (todos tenemos una tía Irene) me decía hace poco que leer todos los días “tantos muertos aquí y allá” podría resultar igual que una vacuna: insensibilizarnos ante la muerte, acostumbrarnos a vivir en un mundo (un país) irremediablemente peligroso. Tal vez tenía razón esa tía Irene, pero el problema es que alguien quiere que tengamos miedo, que no nos insensibilicemos, que no nos acostumbremos a vivir en peligro. Y la receta fue, por ahora, el 15 de septiembre en Morelia. Y en este caso da igual quién puso las granadas de fragmentación o los artefactos explosivos que hayan sido. Los muertos y los heridos nada tenían que ver con el narcotráfico ni con la lucha de Calderón y Bush contra aquél: fue una acción para provocar miedo e inseguridad y para que no pocos ciudadanos atemorizados demanden ahora que el gobierno endurezca todavía más sus políticas contra el crimen, aunque en ello les vaya perder sus derechos y libertades. El miedo y la incertidumbre, debe recordarse, propician exigencias de “mano dura y firme” entre la población, especialmente entre las clases medias. Todas las dictaduras del siglo pasado fueron precedidas de exigencias de este tipo: desde el fascismo italiano a principios de los años veinte, pasando por el nazismo alemán, hasta las últimas dictaduras latinoamericanas. Léanse, si no, las cartas y comentarios en los periódicos en Internet y no sólo en los de derecha: muchos piden o exigen mano dura y firme, y hasta más.

¡Cuidado! Something is rotten not only in the state of Denmark… but also in Mexico –se diría en un Hamlet actual.

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Víctor Ballinas: Año negro para defensores de derechos humanos

En México es larga la lista de agravios en contra de defensores de derechos humanos registrada a lo largo de 2007, y van desde agresiones, amenazas de muerte, campañas de desprestigio, difamación y atentados, hasta ejecuciones. Por esta situación, el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Florentín Meléndez, señaló en abril pasado que “en el país, como en el resto de América Latina, hay un alarmante índice de impunidad en las agresiones contra los defensores”.

Durante su visita de trabajo al país, en abril pasado, el titular de la CIDH presentó en la cancillería el informe Situación de los defensores de los derechos humanos en las Américas, y llamó al gobierno “a adoptar medidas inmediatas y efectivas para proteger la vida y la integridad física de estos actores sociales”.

No obstante, la situación de los defensores no cambió, al contrario, se recrudecieron las agresiones en su contra, tanto que incluso se perpetró un asesinato, persecuciones y encarcelamientos. Las organizaciones civiles y sociales denunciaron estos hechos; en promedio se dio a conocer un ataque al mes.

A continuación, se enlistan algunos casos:

Las organizaciones no gubernamentales denunciaron el 26 de febrero que entre las 9:20 y 9:30 de la mañana fue arrojada una nota al Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de Acción Comunitaria, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, con el siguiente mensaje: “Disfruta tu último día. Te mataremos; estoy buscándote y ya te encontramos”.

El 9 de abril, en Monterrey, Nuevo León, fue torturado y asesinado en sus oficinas Santiago Rafael Cruz, de 29 años de edad, quien era organizador de asalariados migrantes y trabajaba para la oficina del Foro Laboral del Obrero Campesino.

Cruz tenía apenas mes y medio en esa oficina y antes había estado cuatro años en Ohio, Estados Unidos, ya que su labor consistía en ayudar a los trabajadores agrícolas que cada año viajan desde México hacia Carolina del Norte como trabajadores huéspedes.

El Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos) difundió el 11 de julio una alerta relacionada con el activista ambiental Santiago Pérez Alvarado, quien además es promotor de derechos humanos, que “fue acusado de secuestro por defender los recursos naturales de los pueblos indios y campesinos en el estado de México”. La detención de Pérez Alvarado ocurrió el 4 de julio y fue remitido a la prisión de Temascaltepec, donde un juez le dictó auto de formal prisión acusándolo de secuestro.

El siguiente caso se registró el 19 de junio, y tiene que ver con Cristina Auerbach Benavides, quien asesora a familiares de mineros muertos en Pasta de Conchos.

Auerbach Benavides es integrante del Equipo Nacional de Pastoral Laboral y fue amagada por dos hombres armados en el estacionamiento de su casa, de donde se llevaron su camioneta, documentos importantes sobre el mencionado caso y una memoria USB con copia del expediente de la mina.

El 23 de agosto, Amnistía Internacional difundió una alerta por el acoso y agresiones en contra de Fair Pineda, abogado del Frente Amplio Opositor, y Armando Mendoza Ponce, quienes se oponen al proyecto minero en Cerro San Pedro, San Luis Potosí. “El organismo indicó que consideraba que la vida de Pineda y Mendoza estaba en peligro, ya que fueron perseguidos la madrugada del 5 de agosto y desde entonces se intensificaron los acosos contra ellos”.

El 8 de noviembre fue detenido “arbitrariamente” Manuel Olivares, director del Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, organización integrante de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos. La detención ocurrió en Chilapa, Guerrero, debido a que el activista participó en un bloqueo vial para exigir a las autoridades respuesta a las demandas de redes de agua potable, revestimiento de caminos y comisarías municipales.

Melanie del Carmen Salgado López, integrante de la organización de derechos humanos Comité Cerezo, “fue agredida y amenazada por un desconocido el 12 de diciembre pasado, cuando se dirigía a su casa”. Anteriormente ya había recibido amenazas por correo electrónico y su domicilio había sido asaltado y registrado en mayo de 2006.

El indígena tzeltal Juan Méndez Hernández, del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, denunció que el 27 de agosto llegó a su domicilio un desconocido, “quien preguntó por mí, y como le respondieron que no me encontraba les dijo a mis hijos que me advertía que tuviera mucho cuidado porque me iban a matar y que ello ocurriría entre el 7 y el 8 de septiembre”.

La más reciente agresión ocurrió el 20 de diciembre pasado y fue dirigida contra el Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, de la diócesis de Saltillo, Coahuila, donde dos hombres sometieron a Mariana Villarreal Contreras, del área jurídica de la agrupación, a quien encerraron en el baño; los individuos, quienes llevaban guantes y el rostro cubierto, revisaron los expedientes de los casos de defensa de derechos humanos seguidos por el obispo Raúl Vera.

* La Jornada
* http://www.jornada.unam.mx/2007/12/27/index.php?section=politica&article=032n1pol

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