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Lorenzo Meyer: El verdadero peligro para México

Desviar la atención. El auténtico peligro para la viabilidad de México ha estado a la vista de todos y desde hace mucho tiempo: la profunda corrupción de sus instituciones públicas.

Vicente Fox y la alianza conservadora que él encabezó encontraron muy útil concentrar el grueso de la energía y recursos del gobierno y sus aliados —medios de difusión, organizaciones empresariales, iglesias, el viejo corporativismo, etcétera— en difundir la idea de que el gran peligro para México eran la oposición electoral de izquierda y su proyecto. A estas alturas ya debiera de haber quedado claro que el auténtico enemigo de la sociedad mexicana ha sido otro: la gran corrupción pública y su inseparable acompañante, la impunidad.

Ambos factores, aunados a la falta de dinamismo de la economía y a la muy injusta estructura social, son las razones principales de que el crimen organizado haya alcanzado la posición dominante que hoy ejerce. Y lo peor es que quienes se supone que encabezan la lucha contra las organizaciones criminales son los que antes engañaron con el falso diagnóstico, pero que hoy se alarman porque la descomposición del entramado institucional ha llegado al punto de que ya apareció el terrorismo incipiente.

Una definición. Una forma de empezar a entender las razones de un fenómeno complejo es formular una definición adecuada, y la profesora Cindy C. Combs propone una particularmente útil del terrorismo: “Una síntesis de guerra y teatro, una dramatización de la violencia más condenable —la que se perpetra contra gente inocente— que se desarrolla frente a una audiencia con la intención de crear un clima de miedo con objetivos políticos”, (Terrorism in the Twenty-First Century: Universidad de Carolina del Norte, 2003, p. 10).

Lo ocurrido el pasado 15 de septiembre en la celebración de la Independencia nacional en Morelia —el estallido de dos granadas lanzadas deliberadamente sobre una multitud que celebraba un aniversario más de la independencia—, se corresponde con la definición de Combs: una brutal puesta en escena de la peor de las violencias, aunque ya no para crear sino para exacerbar el miedo colectivo. A partir de ese atentado quedó claro que nadie se debe considerar a salvo de la violencia criminal: ni pobres ni ricos, ni niños ni ancianos, ni los comprometidos ni los indiferentes, ni los de izquierda ni los de derecha. Obviamente, el objetivo final de quienes actuaron en Morelia es político: mandar un mensaje a los responsables de formular e implementar la política estatal contra el crimen organizado para que no interfieran con su actividad.

En principio, la acción en Morelia pareciera diseñada para demostrar a todos que, no obstante la movilización militar ordenada por Felipe Calderón desde diciembre de 2006, su gobierno no es capaz de cumplir su función básica y razón de ser: proteger la vida y bienes de los ciudadanos.

¿Quién exactamente decidió poner en evidencia la incapacidad de las autoridades mediante un ataque a gente absolutamente al margen de cualquier acción contra las bandas criminales? No lo sabemos aún, pero queda claro que esa acción es simplemente el eslabón más reciente de una cadena que empezó con el reguero público de cadáveres de narcotraficantes rivales, policías e incluso de algunos militares (¡más de 3,300 en lo que va de este año!). Esa mezcla de teatro y guerra subió de tono con las mutilaciones y decapitaciones de algunas de las víctimas, con los mensajes a las autoridades en sitios públicos y dio un paso más con las ostentosas matanzas colectivas, como las recientes en Yucatán y en La Marquesa —de una docena pasaron a dos docenas de ejecutados en una sola acción y sin que quede claro por qué se les ejecutó— para concluir con lo ocurrido el pasado día 15: el asesinato de ocho inocentes frente al gobernador del Estado, en una plaza supuestamente vigilada y en la tierra natal de quien está al frente del Poder Ejecutivo. Hasta ahora seguimos sin saber quién fue responsable del salto cualitativo en la inseguridad ni el motivo preciso de la acción.

El crimen organizado es una fuerza dominante en muchos municipios del país, pero recurrir al terrorismo es retar no sólo a un gobierno local, sino al federal y a sus poderosos aliados (a empresarios, a Washington, a la iglesia). ¿Para qué el desplante? ¿Se quiso dejar en claro ante todos que los criminales pueden imponer sus agendas por sobre las del resto de los actores políticos? ¿Buscaron cobrar el rompimiento de acuerdos ya pactados o inducir a buscar uno nuevo? Se pueden formular éstas y otras preguntas similares o diferentes —por ejemplo, ¿pudiera ser una acción llevada a cabo por algún grupo político para crear un clima de mano dura?—, pero de momento no hay respuesta. Sin embargo, la falta de información no impide abordar otros aspectos del fenómeno violento.

¿Un pago diferido? El régimen autoritario que caracterizó la vida política mexicana de casi todo el siglo XX presumió de haber construido el sistema de poder más sólido de América Latina y uno de los más estables del mundo. Pero esa estabilidad no democrática tuvo un costo muy alto que hoy seguimos pagando todos. Parte central de ese costo fue la institucionalización de la corrupción y de la impunidad y hasta hoy nada efectivo se ha hecho por poner fin a esa herencia infame.

En la etapa clásica del dominio del PRI sólo el presidente podía llamar a cuentas a los grandes corruptos. En las pocas ocasiones en que se puso a uno de ellos ante un juez, la acción poco o nada tuvo que ver con la justicia real y sí mucho con la “justicia selectiva”, tan útil al poder presidencial para mantener la disciplina entre la clase política; un buen ejemplo fue el encarcelamiento del líder petrolero Joaquín Hernández Galicia, “La Quina”, por Carlos Salinas.

Sin embargo, frente a cada “quinazo” hubo centenas de casos conspicuos de impunidad. Manuel Ávila Camacho, por ejemplo, dejó hacer y deshacer a Maximino, su hermano; el círculo íntimo de Miguel Alemán empleó a fondo sus posibilidades de corrupción sin límites; Carlos Hank González se convirtió en símbolo de cómo un político pobre se transformaba en lo opuesto gracias a la protección presidencial. Arturo Durazo Moreno hizo de su amistad con José López Portillo la palanca para convertir a la policía capitalina en una estructura del crimen organizado. Las cuentas suizas de Raúl Salinas o la buena fortuna de los hijos de Marta Sahagún no se explican sin una relación directa entre poder presidencial y negocios privados. La lista de casos se podría extender hasta dar forma a un volumen similar al directorio telefónico.

Como no hay crimen organizado exitoso —y el mexicano vaya que lo es— sin algún tipo de complicidad entre criminales y autoridades, el ambiente de corrupción generado por el sistema autoritario del siglo XX resultó un excelente caldo de cultivo para que nacieran y prosperaran las organizaciones criminales hasta llegar a convertirse, de marginales y subordinadas, en rivales de la clase política. Lo anterior fue posible por la combinación de corrupción institucional con la cercanía geográfica del gran mercado norteamericano de las drogas. Como bien lo señalara Luis Astorga en su historia del narcotráfico mexicano —El siglo de las drogas, (México: Espasa Calpe, 1996)— esa actividad empezó a echar raíces en México hace ya más de medio siglo, protegida por algunos gobernadores y militares en el norte del país pero, con las condiciones propicias descritas, esa actividad creció hasta salirse del control del poder político e imponer sus propias reglas, que es la situación actual.

¿Qué hacer? No hay respuesta fácil, pero cualquier intento por romper el círculo vicioso requiere abrir varios frentes de lucha contra los auténticos enemigos de México. Hay que empezar por la difícil pero indispensable tarea de crear una policía auténtica. Perseguir seriamente no sólo a los narcotraficantes de base, sino a sus socios indispensables y que además de los policías corruptos es toda la red de empresas y empresarios lavadores de dinero y los miembros de la clase política que dan protección al crimen organizado: presidentes municipales, gobernadores, altos funcionarios del aparato de seguridad. Y finalmente, abrir oportunidades reales de trabajo a los jóvenes. Miguel de la Madrid anunció pero nunca se llevó a cabo la renovación moral de la política mexicana y desde 1982 la economía no tiene vitalidad.

En suma, que el verdadero enemigo de México es la combinación de corrupción pública con una economía formal sin brío. Si ambos problemas no se enfrentan con inteligencia y voluntad, no es imposible el retorno del Estado fallido del siglo XIX.

http://www.yucatan.com.mx/noticia.asp?cx=9$2900000000$3918131&f=20080925

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Marichuy: El PAN y la conferencia magistral de Dominique De Villepin

Primero una disculpa por la cursilería que voy a escribir, pero no puedo evitarlo.

Ayer los panistas tuvieron a un conferenciante de lujo, Dominique De Villepin. Un hombre que además de diplomático y abogado, es escritor [especialista napoleónico] y poeta; tan experto en Napoleón Bonaparte como en Arthur Rimbaud y Paul Verlaine; si no fuera porque es de derecha [centro derecha para ser precisa] sería el hombre de mis sueños… shame of me. Cursilerías aparte, el tipo es muy brillante; aún se recuerda su impactante discurso ante la Asamblea General de la ONU de 2003 en contra de la invasión británico-estadounidense a Irak, el cual acarreó un espontáneo y estruendoso aplauso, algo poco visto en ese recinto.

Ayer en la sede del Partido Acción Nacional y a invitación de la cúpula nacional de ese instituto político, Dominique De Villepin, ex primer ministro francés, dictó una conferencia magistral sobre estrategias en el combate al crímen y narco terrorismo. A saber cual sería la intensión de los panistas al invitar al político galo, ni que esperaban escuchar exactamten por parte del conferenciante, pero es probable que algo muy distinto a lo expresado por el antiguo colaborador de Jacques Chirac:

[para tener éxito en el combate al terrorismo y al narcotráfico] “Se necesita también tener la legitimidad que da la lucha contra la injusticia, que da la lucha contra la pobreza, que da la convicción de que sí hay que tomar en cuenta todo el mundo en una sociedad”, puntualizó el político y diplomático francés en la conferencia y luego en rueda de prensa. *

…………….

“El soporte del pueblo, la capacidad de cada uno de entender lo que está en peligro: El destino común de un país. Lo peor que puede existir en la situación actual son Estados fallidos”, afirmó. *

No sé si me equivoco, pero me imagino que al escuchar al filósofo y político francés [habló en perfecto español, p’a que no haya pretextos], los azulinos empleados de Calderón y de Martínez, se estarían preguntando ¿y para esto lo invitamos y además, le pagamos… en euros?

aquí la nota completa de Álvaro Delgado, publicada en la edición on line del semanario Proceso:

* http://www.proceso.com.mx/noticias_articulo.php?articulo=62500

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Octavio Rodríguez Araujo: ¿Política del miedo?

En Morelia, Michoacán, la noche de la celebración de la Independencia de México fue sangrienta. Dos granadas de fragmentación explotaron entre la muchedumbre: siete muertos y más de cien heridos fue el saldo conocido hasta la mañana del día siguiente. Esto no había pasado, no que yo recuerde. No fue un acto guerrillero; los grupos guerrilleros en México nunca han actuado de esta forma, se han cuidado de respetar las vidas humanas. Fue un acto terrorista, para provocar miedo y muerte, miedo a la muerte también.

A partir de ahora cualquier lugar, solitario en una calle oscura o en medio de la muchedumbre, es peligroso. Nadie sabe lo que le pueda pasar, y Calderón, insensible y obstinado, insiste –después de conocer la tragedia– en que los mexicanos “sin excepción” debemos unirnos en la desenfrenada e improvisada carrera de su desgobierno contra el crimen organizado, incluso denunciando a los agresores o proporcionando información para dar con ellos. Para completar el cuadro “aseveró que se equivocan quienes pretenden que el miedo haga presa a la sociedad” (Reforma.com, 16/09/08).

¿Y qué es lo que se puede esperar, además de miedo, después de las explosiones de Morelia? Si eso ocurrió en un pacífico festejo popular, ¿por qué no en cualquier otro tipo de acto o en un mitin de apoyo o de rechazo convocados por cualquier motivo por un líder, un partido o el mismo gobierno? En otros países ha habido actos terroristas recientes en el transporte (en Madrid el 11 de marzo de 2004 y en Londres el 7 de julio del año siguiente), en cafeterías y restaurantes, en plazas públicas, en hoteles y en las calles donde han explotado no pocos automóviles. Aquí ya contamos con esos escenarios.

En México, desde que se inició la guerra de Calderón contra los narcotraficantes, han muerto más personas que quienes se supone son las víctimas de aquéllos, es decir, los que consumen drogas ilícitas y que, también supuestamente, el gobierno trata de proteger con su guerra (¿será?). Y es ésta, la guerra, la que ha motivado el uso de granadas de fragmentación antes de Morelia, por ejemplo en Sonora el mes pasado, aunque no fueran activadas (La Jornada on line, 21/08/08), disparos con armas de alto poder en casi todas las ciudades importantes del país y asaltos a mano armada en casas y barrios, donde antes no había pasado nada de este tipo.

No. No hay motivo para tener miedo, es solamente algo que imaginamos porque los mexicanos nos hemos vuelto paranoicos y aprensivos. Imaginamos los secuestros de todo tipo y nivel, así como los levantones, los asesinatos, las mutilaciones y los asaltos. Si no fuera por nuestra delirante imaginación viviríamos tan tranquilos como antes de que Calderón iniciara su valerosa guerra rodeado del Estado Mayor Presidencial y de ambientes de seguridad de la más alta tecnología.

¿Por qué habríamos de tener miedo si sólo nos encontramos entre dos fuegos? Por un lado los bandidos y por el otro los policías y los soldados. Éstos también dan miedo: catean domicilios sin orden judicial, amagan poblaciones enteras, violan y roban cuando pueden o cuando se embriagan o se drogan. La seguridad nacional que Calderón ha querido garantizar se ha vuelto la inseguridad nacional, y todavía nos pide que lo apoyemos en esta lucha sin cuartel, que nos unamos todos (“pueblo y gobierno”), que no tengamos miedo y que combatamos con ligas y cáscaras de limón al crimen organizado y a los enemigos de México.

¿Por qué no habríamos de pensar, ya que nos han vuelto paranoicos, que el aumento de la criminalidad ha sido deliberado como una política de gobierno para justificar la militarización del país y quitarnos nuestros derechos y libertades (cada vez más restringidos)? Se ha hecho en Estados Unidos bajo el desgobierno de Bush, lo han hecho los dictadores de América Latina en aquellos tiempos que ahora, ingenuamente, creemos ya superados, ¿por qué no también en México? El argumento ha sido, precisamente, “la seguridad nacional”, y el resultado logrado ha sido su contrario. Nunca, desde hace setenta años, el país había vivido con tanta inseguridad.

Mi tía Irene (todos tenemos una tía Irene) me decía hace poco que leer todos los días “tantos muertos aquí y allá” podría resultar igual que una vacuna: insensibilizarnos ante la muerte, acostumbrarnos a vivir en un mundo (un país) irremediablemente peligroso. Tal vez tenía razón esa tía Irene, pero el problema es que alguien quiere que tengamos miedo, que no nos insensibilicemos, que no nos acostumbremos a vivir en peligro. Y la receta fue, por ahora, el 15 de septiembre en Morelia. Y en este caso da igual quién puso las granadas de fragmentación o los artefactos explosivos que hayan sido. Los muertos y los heridos nada tenían que ver con el narcotráfico ni con la lucha de Calderón y Bush contra aquél: fue una acción para provocar miedo e inseguridad y para que no pocos ciudadanos atemorizados demanden ahora que el gobierno endurezca todavía más sus políticas contra el crimen, aunque en ello les vaya perder sus derechos y libertades. El miedo y la incertidumbre, debe recordarse, propician exigencias de “mano dura y firme” entre la población, especialmente entre las clases medias. Todas las dictaduras del siglo pasado fueron precedidas de exigencias de este tipo: desde el fascismo italiano a principios de los años veinte, pasando por el nazismo alemán, hasta las últimas dictaduras latinoamericanas. Léanse, si no, las cartas y comentarios en los periódicos en Internet y no sólo en los de derecha: muchos piden o exigen mano dura y firme, y hasta más.

¡Cuidado! Something is rotten not only in the state of Denmark… but also in Mexico –se diría en un Hamlet actual.

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Lorena Aguilar Aguilar: Crimen organizado e histeria colectiva: el marco perfecto para la represión

Desde hace ya varios meses se viene respirando un clima de inseguridad en la ciudad de Mérida, la percepción de los habitantes ha cambiado de manera radical: ya no se vive en la “ciudad blanca” donde nada pasa, ahora nos percibimos mucho más vulnerables ante las olas de asesinatos que el crimen organizado ha venido dejando a lo largo y ancho del país, aunque la mayoría de ellos se han dado con la complicidad de las propias autoridades.

Dentro de este contexto se han alzado voces de manera histérica exigiendo combates mucho más efectivos en contra de la delincuencia, pero claro de esas voces ninguna ha exigido que el problema sea atacado desde el fondo, es decir, nadie ha pedido acabar con la desigualdad social, nadie ha pedido mejores oportunidades de trabajo para jóvenes de los sectores populares, nadie ha pedido que estos mismos jóvenes sean incluidos en las agendas de las clases políticas,que tengan acceso a una educación, salud y bienestar de calidad que les pueda permitir un modo digno de vida. De todas las voces que se han levantado nadie ha exigido justicia y seguridad social.

Aprovechando el clima de nerviosismo que se ha generado en la ciudad a raíz de los “levantones”, decapitados, cateos a casas particulares y demás tipos de actos, todos vinculados al narcotráfico, se han lanzado mensajes por Internet y celular con el objetivo de crear una especie de histeria colectiva entre la sociedad, en estos mensajes se habla de una serie de asesinatos que el narcotráfico podría llevar a cabo.

El objetivo de los mensajes que circularon se cumplió. Se logró generar una especie de sicosis, sobre todo entre familias de la zona norte de la ciudad, la clase media alta y alta, ante la supuesta amenaza de que se secuestrarían y asesinarían a 50 personas escogidas al azar si las autoridades no retiraban los retenes que se instalaron supuestamente para combatir la delincuencia organizada.

Los mensajes que circularon vía email y celular han sido el marco perfecto para el despliegue policial e incluso militar desproporcionado que se ha dado en Yucatán. Ahora bajo el pretexto del combate al narcomenudeo se justifica la violación a la libertad de tránsito que se esta dando. La presencia de cuerpos policíacos y militares, lejos de mantener la calma han contribuido a alimentar el clima de nerviosismo que impera en estos momentos.

Por una parte es comprensible el estado de alarma que pueden llegar a causar los hechos de las últimas semanas y meses, no solamente en el estado, si no también en el resto del país, pero por otra parte me pareció sorprendentemente absurda la facilidad con la que se manipula a la población cuando no se tiene claro cual es el problema de fondo.

Una cadena de mensajes sin fundamento pusieron en zozobra a los habitantes, quienes piden a gritos a las autoridades que se fortalezcan las medidas de seguridad y castigos más efectivos a los delincuentes, sin reflexionar un momento que es lo que esta generando esta serie de hechos, simplemente se limitan a escuchar y repetir, sin reflexionar, lo que dicen los medios masivos de comunicación, los cuales le han contribuido de manera activa con el ambiente de temor que se esta dando.

Para la mayor parte de la sociedad, embrutecida por los mass media, ha sido mucho más cómodo actuar de manera neurótica que enfrentar la realidad; no son capaces ejercer un punto de vista crítico, ya que se les ha sido eliminado, no hacen más que repetir lo ven y escuchan.

Sin embargo, lo más preocupante que ha generado toda esta situación es que a partir de ahora todo abuso policial o cualquier acto represivo que se lleve a cabo bajo el discurso de combatir el crimen organizado o el narcotráfico o lo que se les ocurra inventar en estos momentos no solamente estará plenamente justificado, si no también que será aplaudido por todo aquel que presa del miedo y completamente idiotizado por la radio y la televisión exige a gritos que se ponga un alto a la violencia en el país, claro sin sentarse a reflexionar en lo más mínimo.

Le han tomado la medida a la sociedad que ha caído en este sucio juego; los medios de (des)información van alimentado el miedo colectivo que genera el crimen organizado para que de esta manera las autoridades puedan legitimar un despliegue policial que raya en lo represivo sin tener la más mínima intención de combatir realmente las causas de fondo que originan la delincuencia, mientras tanto esta continúa campeando a sus anchas, y así estamos encerrados en un círculo que parece no se romperá.

http://www.kaosenlared.net/noticia/crimen-organizado-histeria-colectiva-marco-perfecto-para-represion

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Jorge Zepeda Patterson: Prensa y negros del arroz

No hay posibilidad de ser ingenuo luego de algunos meses de cubrir a la clase política Felipe Calderón se quejó el jueves de que los periodistas sólo damos malas noticias. Y tiene razón: nota roja, pleitos entre políticos, ineptitudes de las autoridades e infamias similares. Pero los periodistas nos preguntamos: ¿podemos escribir y hablar de otras cosas sin caer en la frivolidad o la irresponsabilidad? ¿Hay manera de difundir los discursos sin transparentar el escepticismo que inspiran?

Hace unos meses difundimos las declaraciones triunfalistas de Calderón en el sentido de que estábamos ganando la guerra en contra del crimen organizado. Recibieron despliegue de ocho columnas, de la misma forma que las contundentes declaraciones de Fox hace cuatro años, y las de Zedillo hace 11, que anunciaban la erradicación de la inseguridad ¿Qué se supone que debamos de hacer la próxima ocasión que el Presidente asegure, como ya lo hizo, que defenderá la canasta básica, mejorará la economía o vencerá a los cárteles de la droga? ¿Es mala leche hablarle de desempleo al ex candidato que se declaró “el presidente del empleo”?

Las autoridades acusan a los periodistas de ser cínicos y escépticos, de buscar por fuerza “los negros del arroz” en toda acción del poder público. Es posible que así sea. Pero puedo asegurar que no hay posibilidad de ser ingenuo o mantener en alta estima la condición humana luego de algunos meses de cubrir a la clase política. Se aprende pronto que la autoridad sólo dice lo que conviene a sus intereses. En el mejor de los casos es parcial al resaltar ciertos temas y obviar otros; en el peor, simplemente miente. Luego de algún tiempo el reportero no tiene sino dos caminos: corromperse y divulgar la idílica versión oficial o buscar “los negritos del arroz”.

Ciertamente los periodistas somos malos fiscales a la hora de investigar los vicios públicos. Carecemos de los instrumentos jurídicos y la calificación necesaria. Pero al menos podemos detectarla. Y tenemos que hacerlo porque los fiscales autorizados no están sirviendo. Mario Villanueva, ex gobernador de Quintana Roo, fue el último miembro de la alta clase política que cayó en prisión. Eso fue hace nueve años. Usted escoja: ¿ya no hay corrupción o aumentó la impunidad?

Los lectores piden que los medios hablemos de otras cosas: de los casos de éxito de la sociedad civil, de todo aquello que la comunidad está haciendo. Hay que hacerlo, sí, pero no podemos olvidar que nuestra mayor responsabilidad es evitar que la vida pública sea patrimonio de la autoridad. No podemos dejar los asuntos que atañen a todos en las manos exclusivas de una clase política que nos muestra, una y otra vez, que actúa para su beneficio y, en muchas ocasiones, en detrimento de todos.

Nos encantaría que las autoridades nos dieran motivos para sentirnos orgullos de difundir lo que hacen o dicen. Sería formidable aplaudir la llegada al gabinete de algún personaje con prestigio, y no sólo jóvenes desconocidos sin mayor mérito que la incondicionalidad que le deben a su jefe. Festejaríamos la destitución del góber precioso, el enjuiciamiento de los Bribiesca o el fin de los privilegios de los monopolios.

El Presidente aseguró que difundir malas noticias de forma sistemática equivale a renunciar a la esperanza. Por el contrario, no publicarlas equivale a resignarse, a vivir en espejismos, a encerrarse en la negación, hasta que el destino nos alcance. Mostrar los vicios públicos y las incongruencias de los poderosos representa la única esperanza de que algún día las cosas cambien, aunque sólo lo hagan para no ser exhibidos en la prensa.

* El Universal

http://www.eluniversal.com.mx/columnas/73613.html

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Néstor Martínez Cristo: Seguiremos poniendo los muertos

Uno de los últimos días del mes pasado, el lector de La Jornada se desayunó con una escalofriante cabeza en la portada: “Suman más de 4 mil ejecutados en el actual gobierno”, decía el titular en tres pisos.

El primer cuestionamiento que vino a mi mente y que me asaltó de súbito tras lo impactante del dato fue si en realidad existe alguna posibilidad de ganarle la guerra a este tipo de crimen tan bien organizado, mejor armado, despiadado, en pleno crecimiento, corrupto y corruptor, que se infiltra a todos los niveles, en esferas de dentro y fuera del gobierno, y que, además, es multimillonario en dólares.

Algo similar debe cruzar el pensamiento del presidente Felipe Calderón, quien a los pocos días hizo un airado reclamo público al gobierno de Estados Unidos al afirmar que en esta guerra “… México ha puesto los muertos”.

Las cuentas sobre la pérdida de cada una de las vidas humanas son francamente alarmantes y hablan de lo encarnizado de la lucha oficial contra el crimen organizado, así como de los ajusticiamientos entre los propios cárteles de la droga.

Resulta que el promedio de ejecutados en México durante 527 días, en el periodo comprendido entre diciembre de 2006 y el inicio de la última semana de mayo asciende a 7.6 diarios.

Todos ellos representan mucho más que los fríos números de una estadística. Son víctimas (así deben ser vistos) con rostro, nombre, apellido, familias, que participaban en una lucha que pareciera no tener fin y que, por el contrario, cada día se observa más compleja.

Por esos días de mayo, en los que además había repuntado la virulencia del crimen organizado hasta promediar 15 ejecutados diarios en media docena de entidades federativas, la versión oficial salía al paso y pretendía minimizar el impacto bajo el argumento de que el recrudecimiento de las ejecuciones obedecía a “un reacomodo de las organizaciones criminales ante el efectivo combate que el gobierno federal realiza contra el narcotráfico”.

También por esas fechas, en un foro sobre Seguridad Fronteriza Global, efectuado en Texas, uno de los subprocuradores de la PGR, José Luis Santiago Vasconcelos, dio a conocer algunos otros datos que vinieron a alimentar mi pesimismo.

El funcionario mexicano dijo entonces que el crimen organizado y el narcotráfico en México es nutrido cada año por unos 10 mil millones de dólares provenientes de Estados Unidos.

A cambio, afirmó, México destina unos 3 mil 900 millones de dólares anuales en el combate al crimen organizado, es decir, menos de 40 por ciento del monto con el que esa red criminal se retroalimenta desde Estados Unidos.

José Luis Santiago Vasconcelos, según un despacho de la agencia Notimex, fechado en Austin, hizo una detallada exposición de las medidas que México adopta para combatir el crimen organizado.

Entre otras cosas, el funcionario habló del reforzamiento de la presencia de efectivos militares y policías en las zonas de mayor conflicto; de que se promueven reformas judiciales para reforzar la procuración de la justicia y para dotar a los cuerpos de combate de las herramientas necesarias para enfrentar “con éxito” a esos criminales.

No supe si lo que el actual gobierno ha hecho es mucho o poco ante la contundencia y la magnitud del número de ejecuciones. Lo cierto es que efectivamente ha puesto los muertos. Entonces recordé los muy numerosos espots que el gobierno de la República transmite, una y otra vez, a lo largo de todo el día, en diversas estaciones de radio y televisión, que dan cuenta de las medidas emprendidas en la lucha contra el narcotráfico y cuyo eslogan dice algo así como “… para que la droga no llegue a tus hijos”.

Ahora se debate la llamada Iniciativa Mérida. Los condicionamientos que el Congreso estadunidense ha puesto a México para aprobarla parecen ser un simple pretexto para escatimar los apoyos a nuestro país en una lucha que también les corresponde a ellos.

El narcotráfico es un problema multinacional y con ese mismo enfoque debe ser abordado y combatido. Los consumidores y el verdadero negocio están del otro lado de la frontera.

En México, las batallas se han ido perdiendo una a una, con costos cada vez más altos. Suman muchos, muchísimos ya, los muertos a lo largo de los años y, me temo, que con las estrategias seguidas hasta ahora, irremediablemente seguiremos poniendo los muertos…

* La Jornada

* http://www.jornada.unam.mx/2008/06/09/index.php?section=opinion&article=025a1pol

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Miguel Concha: Sistemas penitenciarios y derechos humanos

Los regímenes latinoamericanos se encuentran hoy ante el dilema de favorecer la seguridad por encima de los derechos humanos. En muchos de ellos se han destinado enormes recursos económicos al resguardo y castigo de las personas sancionadas, que nunca serán suficientes ante el crecimiento de la delincuencia y el acelerado ritmo de encarcelamiento.

Conceptos como “democracia”, “seguridad”, “delincuencia”, “crimen organizado” y “terrorismo” han contribuido a que la mayoría de los sistemas jurídicos y penales de la región refuercen medidas cada vez menos tolerantes, no sólo contra la población que delinque, sino contra las personas que según el criterio del Estado podrían delinquir.

La tendencia a incrementar y ampliar las penas privativas de libertad para enfrentar el crimen ha provocado una gran sobrepoblación y hacinamiento en los centros de reclusión. Ello no obstante, los sistemas de administración de justicia en la región, especialmente los penitenciarios, son cada vez más conscientes de esta grave situación, que muchas veces conduce a situaciones insostenibles, como motines, fugas masivas, riñas y homicidios.

Lo anterior ha obligado a un debate entre diferentes actores, para encontrar alternativas que incorporen la temática de los derechos humanos como una vía concreta de solución para algunos de estos problemas. Según datos del Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente (ILANUD), en Latinoamérica se encuentran privadas de la libertad más de un millón de personas, de las cuales 60 por ciento aún no han sido enjuiciadas. La capacidad de las cárceles está sobrepasada en 162 por ciento en Honduras, 147 por ciento en República Dominicana, 145 por ciento en Brasil y 120 por ciento en Bolivia.

México no es ajeno a la inercia de emplear sistemáticamente la privación de la libertad como un recurso para enfrentar los problemas de seguridad, aunque esta estrategia no haya impactado en la percepción ciudadana de contar con mayor seguridad, ni haya reducido los índices de criminalidad. Aumentan en cambio los problemas de financiamiento de los centros de reclusión, propiciados por una sobrepoblación a 129 por ciento de su capacidad, y por las deficiencias en cuanto a la atención y resguardo de la población recluida. Uno de los casos más graves en México es el del Distrito Federal, que presenta 75 por ciento de sobrepoblación penitenciaria, tomando en cuenta que entre ella se encuentra un porcentaje de reos correspondientes al sistema federal.

El sistema penitenciario en la capital, en el que actualmente se encuentran 35 mil personas privadas de su libertad, cuenta en efecto con sólo una capacidad instalada para albergar a 20 mil reclusos y reclusas. Ello constituye un grave problema de hacinamiento, que afecta directamente la calidad y funcionamiento de las instalaciones, las cuales presentan un deterioro agravado por una asignación presupuestal reducida, ante los problemas que representa el encarcelamiento como recurso sistemático en la administración de justicia.

Frente a este panorama, que no es nuevo, una de las principales preocupaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) es la de velar por el respeto y protección de los derechos humanos dentro de los centros de reclusión en la capital. No ha sido tarea fácil. De las recomendaciones emitidas por la comisión desde su creación, 33 (20 por ciento del total) están relacionadas con el sistema penitenciario, y de las 7 mil 44 quejas que recibió la CDHDF el año pasado se desprende un total de 11 mil 428 violaciones a los derechos humanos. De entre éstas, 2 mil 503, o sea 21.9 por ciento, corresponden a distintos tipos de violaciones a los derechos humanos en el ámbito penitenciario.

Desde la perspectiva de la CDHDF, no es éticamente aceptable mantener las condiciones actuales de administración de justicia, hacinamiento y trato indigno de la población en los centros de reclusión. Por ello es importante abrir espacios de debate y discusión para encontrar alternativas y soluciones a la problemática que presenta el sistema de reclusión en México, que considere, entre otras cosas, una reforma del sistema de justicia, para lograr que sea el último recurso, y no el primero, la sanción que implica la privación de la libertad de la administración de justicia. Para buscar también penas alternativas de prisión, promover que la justicia sea pronta y expedita, y buscar opciones que mejoren las condiciones que viven actualmente las personas privadas de su libertad, en materia de salud, alimentación, seguridad, educación, trabajo, instalaciones y espacios. Fue por ello que el año pasado la CDHDF y el ILANUD, en coordinación con el Instituto Raoul Wallenberg de Derechos Humanos y Derecho Humanitario de Suecia, llevaron a cabo un seminario, con el fin de analizar la problemática que prevalece en los centros de reclusión del Distrito Federal y buscar alternativas para dignificar el trato a las personas recluidas. Como resultado, la CDHDF y el ILANUD publicaron este año el libro Sistemas penitenciarios y derechos humanos, como un aporte al debate sobre la construcción de un sistema penitenciario respetuoso y promotor de los derechos humanos de las personas privadas de libertad.

* La Jornada

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