Miguel Concha: Sistemas penitenciarios y derechos humanos

Los regímenes latinoamericanos se encuentran hoy ante el dilema de favorecer la seguridad por encima de los derechos humanos. En muchos de ellos se han destinado enormes recursos económicos al resguardo y castigo de las personas sancionadas, que nunca serán suficientes ante el crecimiento de la delincuencia y el acelerado ritmo de encarcelamiento.

Conceptos como “democracia”, “seguridad”, “delincuencia”, “crimen organizado” y “terrorismo” han contribuido a que la mayoría de los sistemas jurídicos y penales de la región refuercen medidas cada vez menos tolerantes, no sólo contra la población que delinque, sino contra las personas que según el criterio del Estado podrían delinquir.

La tendencia a incrementar y ampliar las penas privativas de libertad para enfrentar el crimen ha provocado una gran sobrepoblación y hacinamiento en los centros de reclusión. Ello no obstante, los sistemas de administración de justicia en la región, especialmente los penitenciarios, son cada vez más conscientes de esta grave situación, que muchas veces conduce a situaciones insostenibles, como motines, fugas masivas, riñas y homicidios.

Lo anterior ha obligado a un debate entre diferentes actores, para encontrar alternativas que incorporen la temática de los derechos humanos como una vía concreta de solución para algunos de estos problemas. Según datos del Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente (ILANUD), en Latinoamérica se encuentran privadas de la libertad más de un millón de personas, de las cuales 60 por ciento aún no han sido enjuiciadas. La capacidad de las cárceles está sobrepasada en 162 por ciento en Honduras, 147 por ciento en República Dominicana, 145 por ciento en Brasil y 120 por ciento en Bolivia.

México no es ajeno a la inercia de emplear sistemáticamente la privación de la libertad como un recurso para enfrentar los problemas de seguridad, aunque esta estrategia no haya impactado en la percepción ciudadana de contar con mayor seguridad, ni haya reducido los índices de criminalidad. Aumentan en cambio los problemas de financiamiento de los centros de reclusión, propiciados por una sobrepoblación a 129 por ciento de su capacidad, y por las deficiencias en cuanto a la atención y resguardo de la población recluida. Uno de los casos más graves en México es el del Distrito Federal, que presenta 75 por ciento de sobrepoblación penitenciaria, tomando en cuenta que entre ella se encuentra un porcentaje de reos correspondientes al sistema federal.

El sistema penitenciario en la capital, en el que actualmente se encuentran 35 mil personas privadas de su libertad, cuenta en efecto con sólo una capacidad instalada para albergar a 20 mil reclusos y reclusas. Ello constituye un grave problema de hacinamiento, que afecta directamente la calidad y funcionamiento de las instalaciones, las cuales presentan un deterioro agravado por una asignación presupuestal reducida, ante los problemas que representa el encarcelamiento como recurso sistemático en la administración de justicia.

Frente a este panorama, que no es nuevo, una de las principales preocupaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) es la de velar por el respeto y protección de los derechos humanos dentro de los centros de reclusión en la capital. No ha sido tarea fácil. De las recomendaciones emitidas por la comisión desde su creación, 33 (20 por ciento del total) están relacionadas con el sistema penitenciario, y de las 7 mil 44 quejas que recibió la CDHDF el año pasado se desprende un total de 11 mil 428 violaciones a los derechos humanos. De entre éstas, 2 mil 503, o sea 21.9 por ciento, corresponden a distintos tipos de violaciones a los derechos humanos en el ámbito penitenciario.

Desde la perspectiva de la CDHDF, no es éticamente aceptable mantener las condiciones actuales de administración de justicia, hacinamiento y trato indigno de la población en los centros de reclusión. Por ello es importante abrir espacios de debate y discusión para encontrar alternativas y soluciones a la problemática que presenta el sistema de reclusión en México, que considere, entre otras cosas, una reforma del sistema de justicia, para lograr que sea el último recurso, y no el primero, la sanción que implica la privación de la libertad de la administración de justicia. Para buscar también penas alternativas de prisión, promover que la justicia sea pronta y expedita, y buscar opciones que mejoren las condiciones que viven actualmente las personas privadas de su libertad, en materia de salud, alimentación, seguridad, educación, trabajo, instalaciones y espacios. Fue por ello que el año pasado la CDHDF y el ILANUD, en coordinación con el Instituto Raoul Wallenberg de Derechos Humanos y Derecho Humanitario de Suecia, llevaron a cabo un seminario, con el fin de analizar la problemática que prevalece en los centros de reclusión del Distrito Federal y buscar alternativas para dignificar el trato a las personas recluidas. Como resultado, la CDHDF y el ILANUD publicaron este año el libro Sistemas penitenciarios y derechos humanos, como un aporte al debate sobre la construcción de un sistema penitenciario respetuoso y promotor de los derechos humanos de las personas privadas de libertad.

* La Jornada

* http://www.jornada.unam.mx/2008/06/07/index.php?section=opinion&article=016a2pol

Miguel Concha: Impunidad y denegación de justicia

En ocasión del décimo aniversario de la masacre de Acteal, es con la memoria de los de abajo como el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDHFBC) vuelve a definir la situación jurídica de ese crimen de Estado, y todo con base en la consideración objetiva, continuada y minuciosa de las denuncias, testimonios y demandas penales de los sobrevivientes, en los mismos lugares de los hechos –no en la interpretación política posterior de la Procuraduría General de la República (PGR), ni desde hace un año y a cientos de kilómetros de distancia–, y en los estándares nacionales y sobre todo internacionales del derecho humano a la justicia.

Con argumentos puntuales, en su nuevo documento, sale al paso de las recientes versiones descontextualizadas, inconexas y distorsionadas, que pretenden infructuosamente disculpar, desde arriba, a los principales autores materiales de los hechos, al gobernador de Chiapas y al Presidente de la República.

Hace exactamente diez años un grupo de más de cien paramilitares priístas de la región de los Altos, ataviados con paliacates rojos en la cabeza y vestidos a la usanza de la entonces llamada Policía de Seguridad Pública masacraron en forma deliberada, y no de manera fortuita, como ahora se quiere afirmar, con armas de fuego –incluyendo algunas de uso exclusivo del ejército, machetes y cuchillos–, a 45 indígenas tzotziles, más cuatro niños aún no nacidos, y dejaron heridos y lisiados a otros 26, todos ellos pertenecientes a la Organización Sociedad Civil Las Abejas, que ayunaban y oraban por la paz en la ermita católica del campamento de desplazados denominado Los Naranjos, vecina a Acteal.

A pesar de la afirmación del mañosamente llamado Libro Blanco de la PGR, reiterada recientemente por una enigmática “Clínica Jurídica” del Centro de Investigación y Docencia Económicas, en el sentido de que ninguno de los cuatro cadáveres femeninos que presentaron embarazo tenían lesiones cortantes de origen traumático en la región del abdomen, ni en los genitales, y/o de que en la ejecución de este crimen de lesa humanidad no intervinieron cuchillos ni machetes, consta en las necropsias de ley realizadas dentro de la Averiguación Previa AL7C/SJI/657/997, de la causa penal 361/99, que 15 de los cuerpos pertenecientes al sexo femenino y 5 al masculino presentaron lesiones producidas por armas blancas corto contundentes, punzocortantes, confuso cortantes, cortantes y confusas, y que uno de los cuatro cadáveres de las mujeres embarazadas presentaba como causa de muerte la exposición de víscera al medio ambiente, a través de herida corto contundente penetrante en cavidad abdominal.

Otro dato que abona para la tipificación de un crimen de Estado es que, mientras la masacre se llevaba a cabo, la Policía de Seguridad Pública, que se encontraba en la carretera y en la escuela del lugar, a escasos 200 metros de donde estaban ocurriendo los hechos, no intervino y además reportó con toda frescura “sin novedad”, a pesar de que desde las 12 horas el vicario, entonces de la Diócesis de San Cristóbal, se comunicó por teléfono con Homero Tovilla Cristiani, entonces secretario general de Gobierno, para informarle de la situación, y de que supuestamente éste solicitó información al director de Seguridad Pública, y éste a su vez al primer oficial de Seguridad Pública del estado, quienes aparentemente durante todo el día no supieron ni advirtieron nada grave.

Como dato igualmente significativo, es importante añadir que resulta por demás contradictorio que los soldados acantonados por esos días y a esas horas en un retén cercano, no hayan intervenido, a pesar de que la agresión se prolongó por siete horas y de que un peritaje de audiometría realizado por la CNDH el 6 de enero de 1998 determinó que “tuvieron la capacidad de escuchar las detonaciones de los impactos producidos por los proyectiles de arma de fuego”.

Consta además de manera oficial en declaraciones ministeriales que inmediatamente después de los hechos, el subsecretario de Gobierno, el secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública y el subprocurador de Justicia Indígena al momento de ocurrir la masacre, pretendieron ocultar a toda prisa los cadáveres a la prensa, y no cuidaron que se preservara debidamente el lugar de los hechos. Por todo ello, y más, mucho más que se puede añadir, el Estado mexicano no ha cumplido con su obligación de garantizar el derecho a la verdad y a la justicia, para asegurar que no se repitan tales hechos, y otorgando a todas las víctimas o sus familiares la debida reparación de los daños, pues mientras, como afirma el CDHFBC, no se reconozca a la masacre de Acteal como un crimen de Estado, producto de una comprobada política contrainsurgente, no habrá soluciones duraderas, y tanto la denegación de justicia como la impunidad seguirán presentes.

Por esto, Amnistía Internacional urgió el pasado miércoles a los gobiernos estatal y federal “a cumplir con su responsabilidad internacional de garantizar la verdad, la justicia y la reparación a las víctimas de esta grave violación de los derechos humanos”.

* http://www.jornada.unam.mx/2007/12/22/index.php?section=opinion&article=015a1pol