Raúl Zibechi: Entre el golpismo y la democracia vigilada

Lo sucedido antes y lo que está sucediendo después del referendo revocatorio en Bolivia merece ser discutido y analizado por las izquierdas antisistémicasy los movimientos sociales latinoamericanos, ya que forma parte de las nuevas estrategias para sostener la dominación, implementadas por las elites los últimos siete años, luego del 11 de septiembre de 2001. No se trata de estrategias inéditas, sino del permanente perfeccionamiento de las que van ganando impulso desde la derrota imperial en Vietnam.

Como muestran Bolivia, Colombia y Venezuela, están emergiendo nuevas derechas autoritarias, que no rehuyen los golpes de Estado, pero que ahora asumen formas diferentes a los golpes militares clásicos. Ya no pretenden derribar presidentes con tanques en la calle ni bombardeos a los palacios de gobierno. Uno de los objetivos más destacados, en esta etapa, es obstaculizar la gobernabilidad democrática y popular, no importando si los gobiernos son apoyados por la población, si son sostenidos por mayorías y si actúan dentro de la ley. Pese a haber ganado más de diez elecciones, Hugo Chávez fue acusado reiteradas veces de dictador o de autoritario.

Para impedir la gobernabilidad en procesos de cambio social, las nuevas derechas han encontrado modos para promover una suerte de inestabilidad de masas mediante grandes movilizaciones populares impulsadas desde arriba, convocadas por los grandes medios monopolizados. Aquí el papel de los medios es importante, pero no factor decisivo. Mucho más importante es fomentar la intolerancia y los miedos de las clases medias, y de importantes sectores populares, hacia los diferentes (indios, pobres, otras lenguas y culturas). Insuflar miedo da buenos dividendos, de ahí que en todos los procesos mencionados la delincuencia y la violencia urbana se hayan disparado o ésa es la impresión dominante entre buena parte de la población.

En Colombia el elemento movilizador es el “terrorismo” de las FARC, pero en Argentina un padre de familia, cuyo hijo fue asesinado por delincuentes, Juan Carlos Blumberg, movilizó cientos de miles con la excusa de la inseguridad ciudadana, codo a codo con la ultraderecha, contra el gobierno de Néstor Kirchner. Las nuevas derechas, sean las autonomistas de Santa Cruz o las que defienden una televisora golpista en Caracas, tienen capacidad de movilización de masas, apelan a demandas “democráticas” y utilizan un lenguaje familiar a las izquierdas, pero para promover fines antidemocráticos y los intereses de las elites. A menudo meten en el mismo saco a las viejas derechas y a los dirigentes de los movimientos sociales y de izquierda, como hizo el prefecto golpista de Santa Cruz, Ruben Costas, quien la noche del referendo atacó por igual a Evo y a Jorge Quiroga, dirigente de Podemos: “Con la presencia del pueblo, derrotamos el oportunismo político que sin escrúpulos unió a la derecha conservadora y al masismo totalitario para destruir a esta patria emergente, alejada de los privilegios de la verdadera oligarquía que es el MAS”. Discursos como éste son desvaríos oportunistas, pero lo cierto es que las nuevas derechas enarbolan demandas sentidas por amplias franjas de la población.

Estos discursos y esas prácticas obedecen a dos nuevas orientaciones de las elites globales. La primera fue formulada por Robert M. Gates, secretario de Defensa de Estados Unidos, en su discurso en la Universidad Estatal de Kansas, titulado “La restauración de los instrumentos no militares del poder estadunidense” (Military Review, mayo-junio de 2008). Quien sirvió a siete presidentes como director de la CIA sostiene que su país puede mantener la hegemonía mundial a condición de “fortalecer nuestras capacidades de usar el poder ‘blando’ y establecer una mejor integración con el poder ‘duro’”.

Sacando conclusiones de la experiencia en Irak y Afganistán, Gates sostuvo que “el logro del éxito militar no es suficiente para vencer, sino el desarrollo económico, la construcción institucional y el imperio de la ley”. Para conseguirlo, se trata de “atraer civiles con experiencia en el agro, gobernabilidad y otros aspectos del desarrollo”, como una de las claves de las políticas de contrainsurgencia. La segunda cuestión, íntimamente ligada a ésta, es el apoyo material y en orientación a esas nuevas elites, como sucede en Bolivia.

Según denuncia del premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel, el embajador de Estados Unidos en La Paz, Philip S. Goldberg, es el gran articulador de la oposición, inspirada en su odio a los indios. En 2007, la agencia de cooperación USAID desembolsó 124 millones de dólares en ayudas a la “sociedad civil” boliviana, canalizados por los prefectos de los departamentos de la Media Luna autonomista, embanderada detrás del departamento de Santa Cruz. Una estrategia muy similar a la utilizada en Venezuela.

Para los estrategas actuales del imperio, la democracia se reduce a elecciones con resultados mínimamente creíbles. Ni la democracia ni los servicios sociales son derechos que tiene la población, sino formas de mejorar el control y asegurar la hegemonía.

A la era de los golpes de Estado le sucedieron los “golpes de mercado”, como el que obligó la renuncia del presidente argentino Raúl Alfonsín en 1989, o de Hernán Siles Suazo en Bolivia, en 1985, en medio de la hiperinflación promovida por “los mercados” para destituir gobiernos a los que consideraban poco fiables. Ahora se trata de destituir procesos más que presidentes, impedir cambios de fondo motorizados por bases sociales organizadas y que cuentan con masivo apoyo popular. Un golpe de Estado clásico sería contraproducente, toda vez que los sectores populares aprendieron a revertirlos, como sucedió en Venezuela en 2002. La estrategia del desgaste y la ingobernabilidad ocupa el primer lugar en la agenda.

J. Enrique Olivera Arce: Combate a la delincuencia, cortina de humo panista.

Si sacarse de la manga cortinas de humo que desvíen la atención de la opinión pública es recurso manido de los gobiernos priístas para ocultar o maquillar la realidad, estos se quedan cortos frente al panismo en el poder, que no sólo aprendió las viejas mañas tricolores, también le da por superar al maestro.

El avance y resultados de la movilización ciudadana en contra de las iniciativas de reforma de la industria petrolera,  propuestas por el Sr. Calderón Hinojosa al Senado de la República y complementadas con el clon del PRI, ponen en franca desventaja al PAN en su esfuerzo por dar gobernabilidad al país. Que mejor que aprovechar el talón de Aquiles del régimen para poner en primer plano nacional, el tema de la guerra perdida contra la delincuencia organizada y todo su abanico de manifestaciones antisociales. El panismo se opone y descalifica la consulta ciudadana sobre el futuro del petróleo, pero no duda en hacer un llamado a la ciudadanía para que participe activamente en un pacto nacional que se avoque a una tarea que por principio,  obliga a los tres órdenes de gobierno  llevar a cabo y hacerlo bien, puesto que para ello el pueblo paga.

Siendo lastimoso y lamentable el que se tome como pretexto para desviar la atención, un caso específico de secuestro que culminara con la muerte de la víctima, cuando es del conocimiento nacional que este tipo de manifestación criminal, desde tiempo atrás sentara sus reales en una sociedad que no distingue ya entre delincuentes y guardianes del orden y seguridad pública, cuando la corrupción e impunidad es ya común denominador en el campo de las autoridades.

Más lastimoso aún el que los medios de comunicación, propiciatorios del deterioro del tejido social, hagan eco de medidas gubernamentales emergentes que requieren de la participación ciudadana, cuando también existe consenso pleno de que ocultar la basura bajo la alfombra, difiere la búsqueda racional de soluciones al flagelo social pero no lo combate. Sin una depuración integral de los diversos cuerpos policíacos en los tres órdenes de gobierno y sin un saneamiento y modernización en la procuración e impartición de justicia, la guerra declarada por el Sr. Calderón se concreta a palos de ciego, con los efectos colaterales que victimizan  a los ciudadanos.

La prevalencia de la delincuencia organizada por sobre el principio de gobernabilidad y monopolio de la fuerza represiva del Estado, siendo ya asunto de seguridad nacional, tiene carácter estructural y así debe considerarse. Afecta por igual a gobernantes y gobernados, acelera el deterioro del tejido social y pone en duda la existencia misma del Estado y sus instituciones republicanas. Combatir los efectos sin combatir las causas que dan lugar a los altos índices de criminalidad, es engañar al pueblo. Soluciones a medias en una coyuntura política contraria a los objetivos e intereses del gobierno panista y sus adláteres, terminan por no ser otra cosa que una simple cortina de humo frente a exigencias populares de defensa del patrimonio nacional y cambio de rumbo. Así debemos entenderlo para no dejarnos sorprender.