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Epigmenio Ibarra: Un pase de coca en NY; dos granadas en Morelia

…y siete muertos habría que añadir y más de cien heridos y los muchos más que, me temo, habrán de caer todavía. Allá, en Nueva York, en Chicago, en Washington o en Denver, la droga que sale de aquí y distribuyen, con total impunidad, los cárteles norteamericanos, verdaderos dueños del negocio, alivia las angustias cotidianas de más 7 millones de adictos que, pase, toque o inyección de por medio, sobrellevan así el idílico “american way of life”. Sistema de vida, que por cierto, se sostiene, además de sus ingresos legales, la venta de armas, claro, es uno de ellos, gracias a la entrada en circulación, libre de las ataduras de la economía formal a la que, sin embargo, oxigena, de más de 300 mil millones de dólares anuales, producto del tráfico y consumo local de estupefacientes. Mientras allá pues la vida se organiza en torno a la droga, aquí morimos por ella.

En este país que se hunde bajo el peso de la impunidad, la corrupción y el accionar creciente del crimen organizado, ese flujo indetenible de armas y centenares de millones de dólares que viene del norte produce y seguirá produciendo zozobra, incertidumbre, muerte. Muerte a tal grado violenta e indiscriminada que hemos perdido incluso la capacidad de asombro ante tanto decapitado y tanta masacre; 12 en Mérida, 10 en Juárez, 24 en La Marquesa; las cifras no cesan de crecer y ahora se engrosan con civiles inocentes que no hacían sino estar ahí, en una plaza pública, entre miles más, disfrutando la fiesta de una independencia cuyo significado amenaza con perderse del todo.

Dice bien Tony Garza, el embajador estadunidense, fueron narcoterroristas los que lanzaron las granadas. Elude sin embargo el funcionario la responsabilidad de su gobierno en la génesis de esos monstruos. Sí, en el terreno de la política y por su celo fundamentalista, el gobierno estadunidense ha terminado por ser, triste y paradójicamente, uno de los más activos promotores del terrorismo al que con tanto denuedo combate, es su actitud laxa e irresponsable ante el consumo de drogas de sus propios ciudadanos y la falta total de compromiso con la persecución y el castigo de los capos locales lo que ha hecho crecer el negocio del narcotráfico y lo que, a fin de cuentas, ha terminado por generar figuras de la calaña de Escobar o de Osiel Cárdenas y ha permitido la integración y el desarrollo de grupos criminales como los cárteles del Golfo, de Juárez, de Sinaloa o bien de grupos paramilitares como La Familia y Los Zetas.

También del norte, por cierto, es que llegan las armas con las que los capos se matan entre sí, matan a las autoridades que los combaten y matan a los civiles que se les atraviesan en el camino, o cuya muerte sirve, como en el caso de Morelia, para “calentar una plaza” y dañar a sus competidores. También con esas armas –con las que venden a los capos y las que venden a los cuerpos de seguridad– hacen pues negocio los estadunidenses. Eso se le olvido decir al señor Garza y también hablar de cómo la industria del entretenimiento no cesa, de manera subliminal si se quiere, de promover el consumo y de celebrar a aquellos actores, cantantes, figuras públicas que fuman mariguana o son adictos a la cocaína. Qué más da que jueguen con eso; en Hollywood, Wall Street o Washington la droga no deja de ser sino una travesura que merece cuando más la reprimenda de un juez y ocasiona un rentable escándalo mediático. Aquí en Morelia, mientras tanto, esa misma droga que tan campantes consumen los estadunidenses, produce cuerpos desgarrados por la metralla.

Ya tenían los capos granadas –y muchas– en su poder. Quien las tiene –es una ley de las armas– las usa. Ya, incluso, las habían lanzado antes; en una discoteca en Nuevo León, contra la tropa que se aproximaba a una casa de seguridad en Sinaloa y luego en Guanajuato contra una base militar. Quien incorpora explosivos a su arsenal sabe, desde que lo hace, que su poder no se gobierna y que tarde o temprano habrá de causar bajas civiles. Ahora en Morelia, porque así convenía a sus intereses, los narcos las lanzaron, sin más, contra la multitud. Les convenía hacerlo. Era barato. Era sencillo.

No es pues, me parece, del todo cierto que los capos mexicanos hayan dado ahora, con este atentado, un salto cualitativo en su accionar. Caminan ya hace tiempo en esta misma dirección. Hace unas semanas ametrallaron a una multitud en Creel; antes habían dispuesto –no lo lograron– el estallido de coches bombas en Sinaloa. Su única doctrina es la violencia indiscriminada; la muerte ejemplar.

Vivimos, hace ya tiempo, un proceso de escalamiento del conflicto que no habrá de detenerse –pese a los estentóreos llamados a la unidad– si algo no cambia o no hacemos que cambie en los Estados Unidos. Acabar con la amenaza, contenerla siquiera, será imposible en tanto sigan llegando del norte tal cantidad de armas y de dólares. Cortar la ruta de abastecimiento del enemigo, de eso Washington sabe mucho, es vital para ganar una guerra.

http://www.milenio.com/node/81914

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Marco Rascón: La República Reunida

Mientras los discursos son de a mentiritas, la violencia es de “a deveritas”: mientras las causas de la criminalidad son profundas, las respuestas superficiales; mientras la drogas dañan, su negocio mata; mientras el dolor se acumula, la ingenuidad crece; mientras el mal se extiende se vuelve más inexplicable.

Es lamentable ver a todos los poderes de la república reunidos contra la nada. Reunión de lluvia de ideas que no ha generado un mínimo de confianza ante los tufos de cinismo y ocurrencias surgidos de la reunión. Un solo punto de partida podría haber ayudado: que explicaran lo que realmente pasa.

La república se reunió ante el reconocimiento de la gravedad de la situación, pero el resultado ha sido anticlimático, ante la repetición de los diagnósticos y los análisis de los gobernadores, los tres poderes federales, los representantes de las instituciones públicas y privadas. ¿Acaso los secuestradores se han detenido en este año, sabiendo que Arizmendi el mochaorejas pasará toda su vida en prisión por delitos similares a los actuales? ¿Cuánto se ha gastado desde 1997 hasta ahora en “la seguridad” en aumento de policías, armamento, equipos modernos? ¿Cuánto más se gastará y qué resultados habrá?

Si viéramos a México a través de sus prisiones, nos daríamos cuenta de que la situación actual no es sino el reflejo, la expresión, de una nación enferma, de instituciones decadentes.

La Revolución Mexicana sobrevino tres años después de que Porfirio Díaz “modernizó” el sistema penitenciario: de los viejos penales de San Juan de Ulúa o la cárcel de Belem construyó las nuevas prisiones de Lecumberri, entre otras en el país con arquitectura francesa. De los centros de rehabilitación de la década de los 70 se pasó hace años a los penales de “alta seguridad” y todos son el mundo del hacinamiento, la corrupción, los centros de poder de la criminalidad mezclada con la injusticia.

Los gobiernos deben a los ciudadanos una explicación, porque se desconoce la naturaleza exacta de las ejecuciones que se han sucedido principalmente en el norte, pero que ahora se extienden por todo el país. Por el tamaño y la impunidad, se podría pensar que ya estamos frente a un nuevo poder, que es el paramilitarismo, mismo que actúa con una lógica de objetivos claros y sistemáticamente.

En paralelo a esto, están los aumentos de los secuestros con fines económicos, de los que que según la misma Procuraduría General de la República iban 64 al mes desde enero, lo cual da una cifra mayor a 500 en lo que va del año. Si la industria es floreciente, ¿por qué matan a las víctimas después de que se cumple con el pago? En ese punto, la violencia ha dejado de tener una racionalidad meramente lucrativa y se acerca a los objetivos del terror, la intimidación social, la contrainsurgencia y el paramilitarismo.

Cuando la república se reúne para luchar contra la nada y lo inexplicable, la causa oculta ha ganado la primera batalla: se supone que México vive una transición, pero la violencia hace que la sociedad piense en formas intolerantes, de dureza, más que en democracia. El terror se ha ido convirtiendo en consejero del retroceso, las formas autoritarias, los regímenes parapoliciacos, en vez de ver hacia el futuro. ¿Hay fuerzas políticas que se beneficien de lo que hoy sucede?

La república no ha explicado qué ha significado la presencia militar del ejército en la franja fronteriza del norte de México, que no ha servido para detener el flujo de ejecuciones diarias. ¿Cuál es el balance que podría dar el jefe supremo de las fuerzas armadas sobre la actuación de la institución? ¿Qué significa el desmantelamiento de las policías municipales y estatales? ¿Quiénes mueren: los que se oponen al crimen o sus aliados? ¿Quiénes los matan? ¿Estamos saliendo de la violencia, estamos a la mitad o estamos empezando?

Los anuncios que hizo la república sobre la depuración de las policías y la restructuración total no sólo son ingenuos, sino irresponsables. Anunciar esto es como informar de una devaluación con días de anticipación. ¿Qué estará pensando un policía en activo que ha cometido actos de corrupción individual o de grupo, incluso obligado por sus jefes? ¿Cómo actuará ante la amenaza de despido y el señalamiento? ¿Quiénes los sustituirán?

El tema de la seguridad es el de la sobrevivencia. La marcha del 30 de agosto entrará por Madero, manifestando su duelo y preocupación; a la salida verá que lleva las manos vacías para enfrentarse de nuevo a la cotidianidad con todos los riesgos, mientras el gobierno sigue negándose a explicar el problema y el origen de la violencia, pues quizás tenga una parte de responsabilidad que no quiere reconocer ni mínimamente.

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Carlos Fazio: La mafiocracia colombiana

Uno. Colombia, hoy, es un para-Estado de tipo delincuencial y mafioso. Álvaro Uribe es el primer presidente de los narcotraficantes y los paramilitares. La simbiosis entre paramilitarismo, narcotráfico y una ideología neofascista para combatir a las guerrillas de las FARC y el ELN y a otras expresiones del pueblo organizado se apoderó de las ramas del poder público y las instituciones. Durante sus dos mandatos, Uribe ha legalizado e institucionalizado el paramilitarismo y sus estructuras económicas y armadas, que han sido incorporadas a la maquinaria de guerra oficial. Además de favorecer los negocios criminales y brindar protección estatal a las mafias de la narcoparapolítica, Uribe practica el terrorismo de Estado y la lucha contrainsurgente en beneficio de una oligarquía genocida y clasista y grandes compañías multinacionales.

El Plan Colombia de Estados Unidos y la política de “seguridad democrática” de Uribe son un mismo plan de guerra. A la oligarquía, Uribe y la familia Santos (a la que pertenecen el vicepresidente y el ministro de Defensa) no les interesa acabar con el conflicto armado porque se benefician con el actual modelo de dominación y acumulación capitalista. A George W. Bush tampoco, porque su administración y la anterior militarizaron Colombia y la convirtieron en un portaviones terrestre del Pentágono para la desestabilización y recolonización de Sudamérica. El principal paradigma del régimen militarista de Uribe es el jefe del Ejército, general Mario Montoya, héroe de la Operación Jaque, al que abrazó y besó Ingrid Betancourt tras su liberación.

Connotado carnicero, hombre de Washington, Montoya fue creador de una unidad terrorista clandestina (la Alianza Anticomunista Americana) y como jefe castrense ha participado en matanzas de civiles en los departamentos de Putumayo y Chocó, y en la ciudad de Medellín. Más de 15 mil desaparecidos, 3 mil 500 fosas comunes, 4 millones de desplazados de guerra y el asesinato de mil 700 indígenas, 2 mil 550 sindicalistas y más de 5 mil miembros de la Unión Patriótica develan la “democracia” colombiana.

Dos. Aunque queda mucho por aclarar después de la ópera bufa protagonizada por las autoridades colombianas, la participación directa de militares y agentes de inteligencia de Estados Unidos e Israel, y probablemente de Francia, en la operación clandestina que “rescató” a 15 prisioneros de guerra de las FARC –entre ellos Ingrid Betancourt y tres agentes encubiertos de Washington–, puso en evidencia que en Colombia se está jugando algo más que un conflicto interno. Lo novedoso es que por primera vez, de manera pública y notoria, la administración de Bush admitió que está metida directamente en el conflicto.

El Pentágono y su peón Uribe libran en Colombia una guerra sicológica. Nada en la llamada Operación Jaque estuvo librado a la improvisación. El manejo de la información-desinformación por sus planificadores siguió pautas y tiempos predeterminados en el contexto de una propaganda de guerra. Como dice Luis Britto, hoy, incluso las guerras de liberación “no se pelean ya en los campos de batalla, sino en las pantallas”. También es cierto que ningún conflicto, incluido el colombiano, se resolverá con decretos mediáticos y puestas en escena hollywoodescas.

El embajador de Estados Unidos en Colombia, William Brownfield, declaró que el resultado de la operación fue producto de una “intensa cooperación militar” entre el Pentágono y el alto mando militar colombiano, equiparando incluso esa alianza con la que Washington mantiene con los militares europeos de la OTAN. “Los satélites espías (estadunidenses) ayudaron a ubicar a los rehenes (los militares colombianos), instalaron equipos de vigilancia de video proporcionados por Estados Unidos, que pueden hacer acercamientos y tomas panorámicas operadas a control remoto a lo largo de ríos, única ruta de transporte a través de densas zonas selváticas (…) aviones de reconocimiento (de Estados Unidos) interceptaron conversaciones por radio y teléfono satelital de los rebeldes y emplearon imágenes que pueden penetrar el follaje de la selva”, admitieron fuentes gubernamentales en Washington. Es obvio que Brownfield no sufrió un ataque de espontaneidad. Tampoco el portavoz del Consejo de Seguridad estadunidense Gordon Johndroe, ni el jefe del Comando Sur, almirante James Stavridis, quienes reconocieron que el gobierno de Bush proporcionó “ayuda específica” para la operación.

La participación del Mossad y del Shin Beht (los servicios secretos israelíes) también cobró mayor visibilidad. En particular, la confirmación de la presencia en Colombia del general retirado Israel Ziv, ex miembro del Estado Mayor del ejército israelí y ex jefe de la Brigada Givati que invadió el campo de refugiados de Al Amal, en Gaza, y que figura hoy en la nómina de la fuerza de tarea contra el terrorismo, adscrita al Consejo de Seguridad bajo las órdenes del secretario Michael Chertoff, en Washington. Otras dos cartas “quemadas” son Gal Hirsh, ex alto oficial en la zona norte de Israel durante la última guerra en Líbano, y Yossi Kuperwasser, ex director del servicio de investigación de la inteligencia militar israelí.

Tres. El 26 de junio, la Corte Suprema de Justicia sentenció que la relección de Uribe fue resultado del delito de cohecho, por lo que su actual periodo de gobierno carece de legitimación constitucional. Ahora, la mafiocracia colombiana podría derivar en una dictadura civil plebiscitaria sostenida por el poder de las armas. A su vez, es prematuro entonar un réquiem por las FARC, a pesar de los golpes recibidos. Cuando los polvos se asienten, las FARC seguirán siendo un referente de la realidad colombiana. En cambio, Uribe, quien carga con un amplio dossier por sus nexos con el narcoparamilitarismo, es desechable para Washington. Igual que Somoza y tantos otros antes en la historia.

http://www.jornada.unam.mx/2008/07/14/index.php?section=opinion&article=016a1pol

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