José Blanco: Impunidad y sectarismo

Reunida la totalidad de la representación de la República (más invitados), conformada esta vez como Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP) –creado hace 23 años–, firmó un Acuerdo Nacional de la Seguridad, de 74 puntos, para enfrentar la ola de incontrolada delincuencia que se abate sobre el país. Un documento con muchas acciones necesarias, pero sin columna vertebral.

Aparentemente esa columna es la seguridad; es probable que esta nueva arma no esté apuntando al blanco central, aunque está ahí, entre los acuerdos. El blanco central se llama impunidad. En 23 años el CNSP, lejos de abatirla, ha contemplado pasivamente cómo las cabezas de la impunidad se multiplicaban como ocurría con la despiadada hidra de Lerna.

La principal función del Estado es justamente la seguridad de las personas. Lo dice a todas horas todo mundo. Así, el crecimiento de la inseguridad y el debilitamiento del Estado son las dos caras de la misma moneda. Un acuerdo nacional por la seguridad ha de ser un acuerdo por el fortalecimiento del Estado para cumplir esa función; fortalecer al Estado en esa función significa limpiar los establos de Augías (tarea que Hércules debía realizar en un solo día). El héroe debió desviar dos caudalosos ríos hacia los establos –el sistema policiaco y el sistema judicial– para barrer con la miles de toneladas de mierda que durante 30 años habían acumulado.

Sin esa hercúlea operación, la impunidad continuará reinando, es decir, la proliferación de la delincuencia seguirá encontrando campo fértil para crecer y multiplicarse. Ciertamente no es un trabajo de un día, y el atribulado padre de Fernando Martí no puede esperar que ello ocurra.

¿Es de creerse que alguien en sus cinco sentidos firme su propia sentencia de muerte? En México, por supuesto que sí. Todo lo que tiene que ocurrir es que la impunidad acorazada continúe incólume, indemne, rozagante. Por eso en el acuerdo por la seguridad se estamparon impúdicas firmas como la del precioso Mario Marín, la del de la piel paquidérmica Juan Sabines, la de la inefable maestra Gordillo, o la del de la cínica vida regalona, el caradura señor Deschamps, por ejemplo.

Las personas provenientes de los partidos políticos principalmente, que se han hecho cargo de las instituciones de la seguridad, son parte fundamental del problema, no de la solución; son ellos la encarnación de la impunidad. ¿Vamos a solicitarles atentamente que se practiquen el haraquiri?

Una sociedad que se organice y movilice será el único Hércules capaz de crear las condiciones para que personas responsables puedan llevar a cabo las arduas tareas que son indispensables para eliminar la impunidad. Los partidos no harán nada porque están hundidos en el sectarismo; lo peor de todo es que han arrastrado consigo a segmentos inmensos de la propia sociedad.

En uno de los textos más lúcidos que he leído de Carlos Monsiváis, el polígrafo escribe: “No hay discusión sobre la irracionalidad de esta matanza inenarrable, ¿pero qué significa la exigencia de tranquilidad y justicia? Sobre la violencia acrecentada de la delincuencia, no hay duda: debe frenarse con la acción de la justicia que impida el narcotráfico, los policías involucrados, los empresarios y políticos cómplices, etcétera. Pero esto se ha dicho en demasía y, ni modo, no ha pasado nada. Por eso, creo que uno de los pasos siguientes, al lado de las acciones del Poder Judicial, es un debate nacional de primer orden sobre la estructura de la impunidad, y creo que al lado de la Cumbre de Seguridad debe darse de varias maneras la Cumbre Alternativa donde las sociedades discutan desde su experiencia sobre su porvenir inmediato”.

Al tiempo que los establos son lavados, la prevención es indispensable, pero tampoco es un trabajo de un día. Es preciso abatir la desigualdad social, económica y educativa. Las tareas son ciertamente hercúleas. Pero la posibilidad de un debate instalado en la búsqueda de ese proyecto nacional para enfrenar los tres problemas señalados se antoja también para el poderoso hijo de Júpiter. Y en ello cuenta, y cuánto, el sectarismo ilimitado de nuestras elites políticas.

“No se necesita compartir la ideología de los organizadores de esta marcha para apreciar la decisión de los que van a marchar”, dice Monsiváis (refiriéndose a la marcha del próximo domingo). “Como se quiera ver, ejercen una alternativa ciudadana, válida en sí misma, y sus experiencias son las mismas de otros de convicciones políticas diversas. Ante la inseguridad, todos mezclamos el temor, el desconcierto, la confusión, el deseo de esclarecimiento, la crítica a las autoridades federales y regionales.” Si este tiempo de sectarismos brutales no fuera el que es, todos sin excepción tendrían que haber estado en esa marcha.

Pero el sectarismo nos impide ver la causa por la que pelear, y nos lleva a preguntarnos quiénes son los organizadores. Una desdichada confusión de partidos y ciudadanos. Cuánto nos hace falta mirar cómo las más extremas posiciones ideológicas marchan juntas en España contra los asesinatos de ETA. Contra los secuestros y las muertes y la extensa vida delincuencial que vivimos, debieran estar unidos los adversarios políticos y la sociedad toda.

Raúl Zibechi: Entre el golpismo y la democracia vigilada

Lo sucedido antes y lo que está sucediendo después del referendo revocatorio en Bolivia merece ser discutido y analizado por las izquierdas antisistémicasy los movimientos sociales latinoamericanos, ya que forma parte de las nuevas estrategias para sostener la dominación, implementadas por las elites los últimos siete años, luego del 11 de septiembre de 2001. No se trata de estrategias inéditas, sino del permanente perfeccionamiento de las que van ganando impulso desde la derrota imperial en Vietnam.

Como muestran Bolivia, Colombia y Venezuela, están emergiendo nuevas derechas autoritarias, que no rehuyen los golpes de Estado, pero que ahora asumen formas diferentes a los golpes militares clásicos. Ya no pretenden derribar presidentes con tanques en la calle ni bombardeos a los palacios de gobierno. Uno de los objetivos más destacados, en esta etapa, es obstaculizar la gobernabilidad democrática y popular, no importando si los gobiernos son apoyados por la población, si son sostenidos por mayorías y si actúan dentro de la ley. Pese a haber ganado más de diez elecciones, Hugo Chávez fue acusado reiteradas veces de dictador o de autoritario.

Para impedir la gobernabilidad en procesos de cambio social, las nuevas derechas han encontrado modos para promover una suerte de inestabilidad de masas mediante grandes movilizaciones populares impulsadas desde arriba, convocadas por los grandes medios monopolizados. Aquí el papel de los medios es importante, pero no factor decisivo. Mucho más importante es fomentar la intolerancia y los miedos de las clases medias, y de importantes sectores populares, hacia los diferentes (indios, pobres, otras lenguas y culturas). Insuflar miedo da buenos dividendos, de ahí que en todos los procesos mencionados la delincuencia y la violencia urbana se hayan disparado o ésa es la impresión dominante entre buena parte de la población.

En Colombia el elemento movilizador es el “terrorismo” de las FARC, pero en Argentina un padre de familia, cuyo hijo fue asesinado por delincuentes, Juan Carlos Blumberg, movilizó cientos de miles con la excusa de la inseguridad ciudadana, codo a codo con la ultraderecha, contra el gobierno de Néstor Kirchner. Las nuevas derechas, sean las autonomistas de Santa Cruz o las que defienden una televisora golpista en Caracas, tienen capacidad de movilización de masas, apelan a demandas “democráticas” y utilizan un lenguaje familiar a las izquierdas, pero para promover fines antidemocráticos y los intereses de las elites. A menudo meten en el mismo saco a las viejas derechas y a los dirigentes de los movimientos sociales y de izquierda, como hizo el prefecto golpista de Santa Cruz, Ruben Costas, quien la noche del referendo atacó por igual a Evo y a Jorge Quiroga, dirigente de Podemos: “Con la presencia del pueblo, derrotamos el oportunismo político que sin escrúpulos unió a la derecha conservadora y al masismo totalitario para destruir a esta patria emergente, alejada de los privilegios de la verdadera oligarquía que es el MAS”. Discursos como éste son desvaríos oportunistas, pero lo cierto es que las nuevas derechas enarbolan demandas sentidas por amplias franjas de la población.

Estos discursos y esas prácticas obedecen a dos nuevas orientaciones de las elites globales. La primera fue formulada por Robert M. Gates, secretario de Defensa de Estados Unidos, en su discurso en la Universidad Estatal de Kansas, titulado “La restauración de los instrumentos no militares del poder estadunidense” (Military Review, mayo-junio de 2008). Quien sirvió a siete presidentes como director de la CIA sostiene que su país puede mantener la hegemonía mundial a condición de “fortalecer nuestras capacidades de usar el poder ‘blando’ y establecer una mejor integración con el poder ‘duro’”.

Sacando conclusiones de la experiencia en Irak y Afganistán, Gates sostuvo que “el logro del éxito militar no es suficiente para vencer, sino el desarrollo económico, la construcción institucional y el imperio de la ley”. Para conseguirlo, se trata de “atraer civiles con experiencia en el agro, gobernabilidad y otros aspectos del desarrollo”, como una de las claves de las políticas de contrainsurgencia. La segunda cuestión, íntimamente ligada a ésta, es el apoyo material y en orientación a esas nuevas elites, como sucede en Bolivia.

Según denuncia del premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel, el embajador de Estados Unidos en La Paz, Philip S. Goldberg, es el gran articulador de la oposición, inspirada en su odio a los indios. En 2007, la agencia de cooperación USAID desembolsó 124 millones de dólares en ayudas a la “sociedad civil” boliviana, canalizados por los prefectos de los departamentos de la Media Luna autonomista, embanderada detrás del departamento de Santa Cruz. Una estrategia muy similar a la utilizada en Venezuela.

Para los estrategas actuales del imperio, la democracia se reduce a elecciones con resultados mínimamente creíbles. Ni la democracia ni los servicios sociales son derechos que tiene la población, sino formas de mejorar el control y asegurar la hegemonía.

A la era de los golpes de Estado le sucedieron los “golpes de mercado”, como el que obligó la renuncia del presidente argentino Raúl Alfonsín en 1989, o de Hernán Siles Suazo en Bolivia, en 1985, en medio de la hiperinflación promovida por “los mercados” para destituir gobiernos a los que consideraban poco fiables. Ahora se trata de destituir procesos más que presidentes, impedir cambios de fondo motorizados por bases sociales organizadas y que cuentan con masivo apoyo popular. Un golpe de Estado clásico sería contraproducente, toda vez que los sectores populares aprendieron a revertirlos, como sucedió en Venezuela en 2002. La estrategia del desgaste y la ingobernabilidad ocupa el primer lugar en la agenda.