Arnoldo Kraus: Aborto legal y voluntario: dos filos

La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de declarar constitucional la despenalización del aborto voluntario antes de las 12 semanas de gestación aprueba una práctica común, soterrada y ancestral. La resolución evitará que las mujeres que antes abortaban sin las condiciones indispensables de higiene, o sin la protección médica suficiente, sufran lesiones graves, físicas y sicológicas o, incluso, la muerte. No sobra decir que la mayoría de las mujeres que arriesgaban su vida durante ese proceso pertenece a estratos económicos pobres. Desde que se despenalizó el aborto en el Distrito Federal, sobre todo las mujeres pobres, las que carecen de servicios fundamentales, tienen la posibilidad de acceder a los hospitales que provee la ciudad. Aunque no sea parte de la aprobación, esa verdad es fundamental: las mujeres ricas abortan en sitios adecuados y las pobres lo hacen perforadas por su realidad.

Como todos los grandes dictámenes, la legalización del aborto deviene múltiples rubros y expone la imposibilidad del diálogo entre quienes lo aceptan y quienes lo rechazan. Subrayo dos. El primer tópico debe leerse como un triunfo de la razón: las mujeres son seres autónomos que tienen la capacidad de decidir, motu proprio, qué es lo que más les conviene como personas. Capacidad que engloba términos como realidad, definición de vida, maternidad, estatus social, salud y relación con el medio circundante, incluyendo, sobre todo, a sus seres queridos.

El segundo rubro, conocido y muy nocivo, confronta las divisiones ya existentes entre la sociedad y el poder, cuyo eje de vida es el laicismo contra quienes norman su conducta, sean personas morales o políticos, bajo la égida de la religión. El problema no es sencillo: confronta la postura de voces cimentales como son las de la Procuraduría General de la República (PGR), la de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la de la Iglesia contra las posiciones de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y las de los librepensadores.

En una sociedad, harto dividida y muy dañada, como es la que habita en la ciudad de México, la legalización del aborto profundizará la asimetría entre instituciones y personas, y ahondará viejas rencillas. Es muy probable que esa decisión agudice las fracturas ya existentes para abordar temas tan ingentes como los secuestros, la privatización de Pemex o la validez o no de la cadena perpetua. Aunque no es más que una hipótesis, no sería extraño que la despenalización del aborto incremente la intolerancia de quienes consideran la enmienda, como ha expresado el cardenal Norberto Rivera, una “ley criminal”. Aseverar que es criminal la decisión de la SCJN es equivocado, peligroso e irresponsable. Bien haría el cardenal si midiese el significado de sus palabras.

No sobra recordar que muchos de nuestros políticos actúan, si no la mayoría de las veces, sí con demasiada frecuencia de acuerdo con su propio beneficio y no a favor de la nación. Desde esa perspectiva, la decisión de la SJCN puede servir de pretexto para que organismos como la PGR o la CNDH actúen, cada vez más, monopolizando decisiones sin pensar en el bien común.

En temas tan ríspidos como el de la despenalización del aborto no sobra enfatizar que la intolerancia sólo tiene una cara. Ni las mujeres que apoyan la decisión denuestan a quienes la consideran inadecuada ni los médicos que la validan actúan contra quienes se oponen. En muchos países suele reproducirse esa política y en más de una nación se han asesinado médicos por practicar abortos. Tanto las organizaciones políticas, como la Iglesia y las organizaciones del estilo Provida deberían aceptar la decisión y no fomentar, con discursos en las tribunas o con actitudes en la calle, ningún tipo de violencia.

Aunque entiendo que muchas ideas lindan con el absurdo, es lícito proponer. Si bien es casi imposible que la Iglesia tradicional modifique su ideario, los dirigentes de instituciones tan indispensables como la PGR y la CNDH deberían tener la suficiente madurez y sensatez para encarar la validación de la despenalización del aborto.

Es evidente que la nación desconfía, quizás ahora más que nunca, de las representaciones políticas. Esas instituciones deben tener la capacidad de fomentar la tolerancia, así como la obligación de explicar públicamente que aceptan el dictamen. Desde la perspectiva de la ética, ésa tiene que ser su conducta. Desde la mirada de la tolerancia, ése es su deber. No hay más. De lo que se habla es, precisamente, de su quehacer: la Corte votó por leyes, por personas, por derechos humanos, por lo que avala la Constitución.

* La Jornada

* http://www.jornada.unam.mx/2008/09/03/index.php?section=opinion&article=026a2pol

Jorge Ricardo: Libro de Rius critica a la Iglesia Católica

“La Iglesia Católica es un gran negocio basado en la figura de Jesucristo y en toda la parafernalia de vírgenes, santos y ángeles”, afirmó el caricaturista y escritor Eduardo del Río “Rius” (Michoacán, 1934), quien acaba de presentar su más reciente obra, ¿Sería católico Jesucristo? (Grijalbo).

El autor reunió información sobre los casos de pederastia de sacerdotes católicos, las violaciones sexuales a monjas y feligreses, la vida suntuosa de los cardenales o el apoyo que la Iglesia brindó a dictaduras como la de Augusto Pinochet.

¿Sería católico Jesucristo? es una publicación dirigida a los católicos, aseguró Rius en entrevista.

“Es para decirles: ‘esta es tu Iglesia. ¿Por qué la aceptas así como está? ¿Por qué te dejas explotar y ver la cara?’, para que pidan que su Iglesia se purifique porque se ha convertido en una cueva de ladrones, de pederastas y de abusadores de las mujeres”, dice.

En la obra se recuperan estudios como el de la Universidad de Nueva York revelado en 2004 acerca de los 4,400 sacerdotes que abusaron sexualmente de más de 10 mil menores durante un periodo de 50 años en Estados Unidos, también los más de 500 millones de dólares que acordó pagar la Arquidiócesis de Los Ángeles en 2007 para compensar abusos sexuales de sacerdotes o las acusaciones al cardenal Norberto Rivera por presunto encubrimiento al pederasta Joaquín Aguilar.

“Lo más hipócrita que hay en el mundo es el catolicismo vaticano”, escribe el caricaturista.

“Hablan de proteger la vida y no les importa que miles estén muriendo de sida a diario; adoran a María y no permiten el sacerdocio de las mujeres; atacan la homosexualidad y la mitad de ellos son homosexuales; están contra el aborto, pero obligan a las monjas que han sido violadas por curas a abortar”.

Cristo no fue católico ni cristiano y catolicismo no es lo mismo que cristianismo, aseguró.

“La Iglesia Católica ha dejado de ser cristiana. No sigue a Cristo; se ha dedicado solamente a conservar el poder y a hacer dinero”.

Rius estudió siete años para sacerdote.

“Mi mamá estaría feliz si yo hubiera llegado a obispo. ¡Hubiera sacado de la pobreza a toda la familia!”.

El escritor ha tratado la religión en otros libros, como Manual del perfecto ateo, La Iglesia y otros cuentos, Herejes, ateos y malpensados, El católico preguntón o Cristo de carne y hueso.

A decir del caricaturista, América Latina es el último refugio de la Iglesia Católica. “Lo único que le queda como clientela fija”.

Además consideró que México no va a crecer siendo católico.

“Me baso en los estudios de Max Weber, quien demostró que los países protestantes son los que más han progresado social y económicamente porque inculcan el valor del trabajo, por ejemplo. En cambio, el catolicismo se basa en la ignorancia de la población”.

Rius subrayó que la Iglesia Católica depende de un Estado extranjero, el Vaticano, y que no paga impuestos de los “servicios” que ofrece, aunque sí envía dinero al exterior.

Cuando estaba a discusión la nueva Ley del Impuesto sobre la Renta, que acabó con la exención fiscal a los derechos de autor, Rius se entrevistó con el actual presidente de México, Felipe Calderón, entonces coordinador del grupo parlamentario del PAN. “‘Esto es un impuesto que debe pagar todo el mundo’”, recuerda Rius que le dijo Calderón, “y entonces yo le pregunté: ‘¿Y por qué la iglesia no paga?’ y dijo : ‘No, no, yo soy partidario de que la Iglesia pague impuestos’, pero ahora parece que ya se le olvidó”.

A Rius le divierte el tipo de catolicismo que se practica en México.

“Dicen que México es un país católico, pero yo lo dudo, si realmente hubiera un sentimiento religioso, una práctica religiosa, México estaría mejor, porque todos los criminales se dicen católicos, porque las prostitutas se dicen católicas, todo mundo es católico. ¿Cuál es la diferencia?”

http://www.impre.com/laopinion/entretenimiento/arte-cultura/2008/8/11/libro-de-rius-critica-a-la-igl-73511-1.html

Miguel Concha: Sistemas penitenciarios y derechos humanos

Los regímenes latinoamericanos se encuentran hoy ante el dilema de favorecer la seguridad por encima de los derechos humanos. En muchos de ellos se han destinado enormes recursos económicos al resguardo y castigo de las personas sancionadas, que nunca serán suficientes ante el crecimiento de la delincuencia y el acelerado ritmo de encarcelamiento.

Conceptos como “democracia”, “seguridad”, “delincuencia”, “crimen organizado” y “terrorismo” han contribuido a que la mayoría de los sistemas jurídicos y penales de la región refuercen medidas cada vez menos tolerantes, no sólo contra la población que delinque, sino contra las personas que según el criterio del Estado podrían delinquir.

La tendencia a incrementar y ampliar las penas privativas de libertad para enfrentar el crimen ha provocado una gran sobrepoblación y hacinamiento en los centros de reclusión. Ello no obstante, los sistemas de administración de justicia en la región, especialmente los penitenciarios, son cada vez más conscientes de esta grave situación, que muchas veces conduce a situaciones insostenibles, como motines, fugas masivas, riñas y homicidios.

Lo anterior ha obligado a un debate entre diferentes actores, para encontrar alternativas que incorporen la temática de los derechos humanos como una vía concreta de solución para algunos de estos problemas. Según datos del Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente (ILANUD), en Latinoamérica se encuentran privadas de la libertad más de un millón de personas, de las cuales 60 por ciento aún no han sido enjuiciadas. La capacidad de las cárceles está sobrepasada en 162 por ciento en Honduras, 147 por ciento en República Dominicana, 145 por ciento en Brasil y 120 por ciento en Bolivia.

México no es ajeno a la inercia de emplear sistemáticamente la privación de la libertad como un recurso para enfrentar los problemas de seguridad, aunque esta estrategia no haya impactado en la percepción ciudadana de contar con mayor seguridad, ni haya reducido los índices de criminalidad. Aumentan en cambio los problemas de financiamiento de los centros de reclusión, propiciados por una sobrepoblación a 129 por ciento de su capacidad, y por las deficiencias en cuanto a la atención y resguardo de la población recluida. Uno de los casos más graves en México es el del Distrito Federal, que presenta 75 por ciento de sobrepoblación penitenciaria, tomando en cuenta que entre ella se encuentra un porcentaje de reos correspondientes al sistema federal.

El sistema penitenciario en la capital, en el que actualmente se encuentran 35 mil personas privadas de su libertad, cuenta en efecto con sólo una capacidad instalada para albergar a 20 mil reclusos y reclusas. Ello constituye un grave problema de hacinamiento, que afecta directamente la calidad y funcionamiento de las instalaciones, las cuales presentan un deterioro agravado por una asignación presupuestal reducida, ante los problemas que representa el encarcelamiento como recurso sistemático en la administración de justicia.

Frente a este panorama, que no es nuevo, una de las principales preocupaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) es la de velar por el respeto y protección de los derechos humanos dentro de los centros de reclusión en la capital. No ha sido tarea fácil. De las recomendaciones emitidas por la comisión desde su creación, 33 (20 por ciento del total) están relacionadas con el sistema penitenciario, y de las 7 mil 44 quejas que recibió la CDHDF el año pasado se desprende un total de 11 mil 428 violaciones a los derechos humanos. De entre éstas, 2 mil 503, o sea 21.9 por ciento, corresponden a distintos tipos de violaciones a los derechos humanos en el ámbito penitenciario.

Desde la perspectiva de la CDHDF, no es éticamente aceptable mantener las condiciones actuales de administración de justicia, hacinamiento y trato indigno de la población en los centros de reclusión. Por ello es importante abrir espacios de debate y discusión para encontrar alternativas y soluciones a la problemática que presenta el sistema de reclusión en México, que considere, entre otras cosas, una reforma del sistema de justicia, para lograr que sea el último recurso, y no el primero, la sanción que implica la privación de la libertad de la administración de justicia. Para buscar también penas alternativas de prisión, promover que la justicia sea pronta y expedita, y buscar opciones que mejoren las condiciones que viven actualmente las personas privadas de su libertad, en materia de salud, alimentación, seguridad, educación, trabajo, instalaciones y espacios. Fue por ello que el año pasado la CDHDF y el ILANUD, en coordinación con el Instituto Raoul Wallenberg de Derechos Humanos y Derecho Humanitario de Suecia, llevaron a cabo un seminario, con el fin de analizar la problemática que prevalece en los centros de reclusión del Distrito Federal y buscar alternativas para dignificar el trato a las personas recluidas. Como resultado, la CDHDF y el ILANUD publicaron este año el libro Sistemas penitenciarios y derechos humanos, como un aporte al debate sobre la construcción de un sistema penitenciario respetuoso y promotor de los derechos humanos de las personas privadas de libertad.

* La Jornada

* http://www.jornada.unam.mx/2008/06/07/index.php?section=opinion&article=016a2pol