Immanuel Wallerstein: Bolivia, derrota de la derecha

En la sorprendente serie de elecciones en Sudamérica en los últimos cinco años, los más radicales resultados ocurrieron en Bolivia, donde Evo Morales resultó electo presidente. No es porque Morales se plantara en la plataforma más radical. Fue más bien que, en este país donde la mayoría de la población son pueblos indígenas, era la primera vez que una persona indígena era electa presidente de la república. Esto en sí mismo fue una profunda revolución social, y no fue apreciada en lo absoluto por los descendientes de los inmigrantes europeos que siempre han controlado el país.

La gran pregunta cuando Morales fue electo era si podría sostenerse en el cargo, o si la derecha boliviana, tal vez coludida con las fuerzas armadas, podría derrocarlo. Ahora él ha demostrado que puede sostenerse.

Hubo tres elementos principales en su programa. Hoy, el ingreso nacional de Bolivia proviene primordialmente de sus exportaciones de gas, esencialmente a Brasil y Argentina. El gas está localizado en las provincias orientales, la así llamada Media Luna. Y estas áreas son las que tienen los porcentajes menores de pueblos indígenas. La mayoría ahí son descendientes de europeos. Hasta que Morales llegó al poder, los precios a los cuales se vendía el gas eran ridículamente bajos. Y el ingreso se quedaba en gran medida en los gobiernos provinciales del oriente.

Así que Morales buscó renegociar los precios del gas que se exporta. E instituyó un impuesto a los hidrocarburos para que le llegara al gobierno nacional mucho más del ingreso por el gas. Morales intentó utilizar el dinero para la redistribución social por todo el país, lo que por supuesto beneficiaría significativamente a las poblaciones indígenas.

Además, la tierra de las provincias orientales está excepcionalmente mal distribuida. Dos tercios de la tierra pertenecen a un sexto del uno por ciento de la población. Morales quiso limitar las hectáreas que una persona particular pudiera poseer –una forma de reforma agraria importante.

En política exterior, Morales intentó mantener relaciones razonables con Estados Unidos. Continuó aceptando el dinero que Estados Unidos había estado otorgando para las operaciones antinarcóticos, especialmente porque el dinero iba a las fuerzas armadas. Sin embargo, además, dio la bienvenida a la ayuda venezolana y a los médicos cubanos. Era claro que Estados Unidos no estaba contento con Morales y que habría preferido que la derecha boliviana retornara al poder.

La estrategia de esa derecha fue exigir más autonomía para los gobiernos regionales, insinuando, en última instancia, la posibilidad de la secesión –un proyecto que nunca promovieron mientras controlaron el gobierno central. Exigieron un referendo de revocación de mandato de Morales. Pero con esa táctica les salió el tiro por la culata.

Morales aceptó el desafío, y le añadió al referendo de revocación una pregunta de si también debía revocarse el mandato de los nueve prefectos provinciales. En el referendo, Morales obtuvo un contundente 68 por ciento de respaldo, mucho mayor que los votos que obtuviera cuando fue electo originalmente. Siete prefectos fueron reafirmados en su cargo pero dos gobernadores contrarios a Morales fueron echados, lo que permitió a Morales nombrar sucesores.

La derecha en las provincias orientales buscó entonces bloquear las exportaciones de gas. Confiaban en inducir a los gobiernos argentino y brasileño a que presionaran a Morales. Los simpatizantes de Morales comenzaron a manifestarse. El gobernador de la provincia de Pando, Leopoldo Fernández, respondió con represión. Más de 30 manifestantes fueron asesinados en El Porvenir, la ciudad capital. Morales arrestó al gobernador y nombró a un almirante naval nuevo prefecto.

En este punto, la presidenta Michelle Bachelet de Chile convocó a una reunión de emergencia de la organización de los 12 estados sudamericanos, la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), para considerar la situación. Los 12 presidentes llegaron a Santiago a la reunión, y de forma unánime adoptaron una resolución del “más pleno y decidido respaldo al gobierno constitucional de la república de Bolivia Evo Morales”, denunciando un posible golpe de Estado. La importancia de esta resolución fue que resultó unánime, y que la firmó aun el presidente de Colombia, Álvaro Uribe, profundamente pro estadunidense. La resolución fue respaldada por el Grupo de Río, compuesto por 22 países de toda América Latina y el Caribe, incluido México.

La Unasur llamó al diálogo. Morales también llamó al diálogo, aun antes de la resolución de la Unasur. La derecha está entrampada. Su esperanza última era alguna intervención estadunidense. pero Bolivia ha expulsado ahora al embajador estadunidense, Philip Goldberg, por “conspirar contra la democracia”, es decir, con la derecha boliviana. Estados Unidos está ahora retirando sus pequeños proyectos de ayuda en Bolivia. Rusia ha ofrecido cubrir la brecha. Estados Unidos se torna más y más irrelevante en América Latina.

Si uno se pregunta por qué aun Uribe respaldó la resolución, la respuesta es que ningún presidente quiere que la nueva táctica de la secesión reciba apoyo. Estados Unidos intenta también esto en Ecuador, donde también se les revirtió de igual modo, con la gran victoria del referendo por la nueva Constitución del presidente Rafael Correa.

Traducción: Ramón Vera Herrera

© Immanuel Wallerstein

Fuente: La Jornada

Jorge Zavaleta: La amazonía en venta

Los gremios más representativos de las comunidades nativas de la Amazonía anuncian que si el gobierno peruano prosigue en su intento de rematar los recursos naturales, los pobladores retornarán a sus bosques, no reconocerán al Estado y evitarán a toda costa el ingreso del capital privado.

Mientras los movimientos científicos y sociales buscan salidas para paliar el brusco cambio climático a través de mayor protección de la rica biodiversidad amazónica, el gobierno del Perú enfrenta batalla legal contra las comunidades de la Amazonía con el fin de atender el ingreso privilegiado del capital privado, arrasando ancestrales derechos de propiedad de sus antiguos pobladores.

Pues los habitantes de la Amazonía, esta vez han decidido articular una oposición sólida y constante, para evitar la arremetida gubernamental aprista y que se repita otro capítulo de violencia y olvido del Estado.

Para no retroceder a la época de los caucheros, en los pueblos de la selva aún están frescas las negras historias de colonos que recibieron grandes concesiones de tierras y establecieron relaciones de esclavitud con los aborígenes.

Solo una muestra. En los años cincuenta, al igual que en esta primera década del siglo XXI, hubo una ola privatizadora. La dictadura del entonces general Manuel Odría autorizó el ingreso a la selva del Ucayali del rico empresario Letorneau, llamado “Socio de Dios”.

Equipado con modernos tractores y potentes aserraderos, la empresa franco norteamericana apareció con una legión de predicadores del cristianismo ortodoxo y fundó más de una congregación y un centro de investigación de las lenguas nativas. Detrás de esa avanzada religiosa, las máquinas se encargaron de derribar miles y miles de hectáreas de bosques. En menos de 20 años, las más finas especies como cedro y caoba desaparecieron y no hubo autoridad que se preocupara por la reforestación.

La entonces pequeña ciudad de Pucallpa, capital de Ucayali, fue convertida en un desierto que no cesa de crecer con pobladores que huyen de las profundidades del bosque, en tanto, desde los puertos ribereños de los afluentes del Amazonas, parten rumbo a EEUU y Europa los barcos aserradores cargados de ricas especies naturales.

Desde mucho antes, la vida de las comunidades aborígenes fue muy difícil. Los habitantes del oriente peruano fueron tratados como desconocidos, como los otros. La subalternidad y la otredad, restan valor a la diversidad cultural.

Los nativos no se oponen al desarrollo integral de sus pueblos. Lo único que desean es que el inversionista respete su hábitat y que la explotación de los recursos sea el fruto de la concertación entre Estado y capital, en el marco de una legislación ambientalista, que hasta ahora es letra muerta.

En este tercer año del segundo gobierno aprista, el país pasa por una coyuntura que podría servir para refundar el Estado a partir del armónico desarrollo de la Amazonía. Pero ocurre lo contrario. El Ejecutivo ha reconocido que se equivocó de estrategia al saltar los compromisos internacionales como el Convenio 169 de la OIT que obliga al Estado a consultar a las comunidades sobre cualquier cambio en la forma de enajenación de las tierras.

El Congreso de la República, con el respaldo de la Defensoría del Pueblo y el voto oficialista en contra, ha tenido que derogar un primer Decreto Legislativo que reducía el número de votos necesarios de las comunidades nativas y campesinas para la toma de sus acuerdos.

Esta aparente tregua no convence a los aborígenes, porque el gobierno solo pretende afinar las condiciones para no entregar a los inversionistas los proyectos de exploración y extracción de petróleo, gas y biocombustibles, así como las vías interoceánicas con Brasil sin escuchar las demandas sociels de los comuneros.

La realidad de estos días revela improvisación de los gobernantes. Las unidades de prevención del Consejo de Ministros no muestran identificación con los proyectos del Ejecutivo. La tensión social sigue latente, aunque la autoridad política niega afanes represivos. En la reciente y pacífica movilización de la selva, la policía ha actuado con violencia. En Bagua, cerca de la frontera con Ecuador, fueron heridos de balas y perdigones varias decenas de comuneros. Las dirigencias comunales denunciaron que son objeto de persecución política por parte de la gubernamental Agencia Peruana de Cooperación Internacional.

La actual administración, no obstante su oferta electoral de continuar con la modernización del Estado iniciada por los presidentes Paniagua y Toledo, no ha involucrado la selva. Solo se ha centrado en más privatizaciones, nuevas regulaciones y liberalización de los mercados, sin tocar el “antiguo régimen”. La corrupción del Poder Judicial contribuye a la falta de credibilidad de las principales instituciones, aunque parece que este clima no incide todavía sobre el crecimiento de la macroeconomía.

Lamentablemente el Estado no tiene capacidad para trabajar con la Amazonía. En julio último, recién creó el Ministerio de Medio Ambiente para cumplir con los requisitos que establece el TLC con EEUU. Pero los informes de las propias organizaciones comunales indican que a la fecha 163 comunidades tienen dificultades en tramitar su titulación, 143 han solicitado ampliación de sus límites territoriales y otro tanto tiene conflictos de delimitación y de otro tipo.

El presidente Alan García con su discurso de El Perro del Hortelano, descalifica la posición de los nativos y solo busca beneficiar a las empresas mineras, petroleras y otros agentes interesados en las tierras de las comunidades campesinas y nativas. Ejemplos sobran:

La extracción del gas de Camisea, es un proyecto que tenía como objetivo cambiar la matriz energética del país y cubrir las necesidades de los pueblos por donde atraviesan los gasoductos del Cusco a Lima. Pero por falta de planificación, las principales ciudades del país hoy sufren apagones para derivar energía a las fábricas. Tirios y troyanos se preguntan ¿cómo organismos como el BID han comprometido a sus mejores técnicos en un lucrativo proyecto de exportación de gas natural a México y Chile, sin prever la demanda interna de la costa y menos aún de los pueblos del sur del Perú?

Las comunidades nativas consideran que García ignora sus culturas y que pretende gobernar sin consultar y dialogar con los involucrados. “Para la sociedad occidental la tierra es de uno cuando el título de propiedad está inscrito en los Registros Públicos. Para los indígenas el dueño es la Madre Tierra”. Los andinos la reconocen como Pachamama. La tierra, las montañas y cataratas son sagradas”, proclama la AIDESEP, organización que lideró el último paro regional.

Datos

La Amazonía tiene más de un millón de pobladores nativos, distribuidos en Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia, que forman parte de 177 grupos étnicos.

La Amazonía peruana abarca el 60% del territorio nacional y es habitada por el 13% de los 28 millones de peruanos.

Son 774.649 kilómetros cuadrados, donde viven unos 650.000 indígenas de 65 etnias, cada uno con su propio idioma y cultura.

Hay numerosos distritos donde la pobreza extrema llega al 100% y la perniciosa inflación está muy por encima de los 6 dígitos que aparece en Lima.

Solo en la Amazonía peruana existe el 10% de la biodiversidad del mundo y alberga el 30% del agua dulce.

http://www.argenpress.info/2008/09/per-la-amazona-en-venta.html

Ángel Guerra Cabrera: Paraguay despierta

El ascenso de Fernando Lugo a la presidencia de Paraguay es otro jalón en la ola transformadora de América Latina, nutrida de sustanciosas y multicolores savias populares. Lugo encarna el cristianismo de profunda entraña ética que alumbró en el Nuevo Mundo cuando Bartolomé de las Casas abogó en defensa de sus pueblos originarios, luego resonante de tintes indígenas y africanos en las campanadas libertarias de Dolores, hasta sentar en la segunda mitad del siglo XX, con la teología de la liberación, una impronta en la lectura de los evangelios abrazada definitivamente a los pobres de la Tierra y enriquecedora de las corrientes laicas del pensamiento revolucionario latinoamericano.

Su memorable discurso de toma de posesión evoca la fecunda tradición de experiencias emancipatorias muy diversas que han hecho posible y perfilado el gran cambio latinoamericano actual, y se pronuncia ardorosamente por la pertinencia de su rescate. Pese a que los tiempos que corren –afirmó– se obstinan en demostrarnos que el pasado es una construcción sin implicancias en el devenir, nosotros queremos encontrar sus valores y sus signos para que en la semiótica del futuro se encuentren nítidas las motivaciones que claman por un mañana que reitere los logros y no repita los errores.

Al reivindicar a Gaspar Rodríguez de Francia y a los López, padre e hijo, como referentes del proceso que inicia en Paraguay, Lugo se colocó en la vertiente histórica más avanzada de América Latina, pues fue bajo la conducción de esos hombres que se fundó la primera experiencia exitosa de construcción nacional antioligárquica, antimperialista y antiliberal al sur del río Bravo. Allí, a diferencia de lo que ocurría en los demás países de América Latina en el siglo XIX, no había campesinos sin tierra ni mendigos ni ladrones ni niños que no supieran leer ni escribir; el ferrocarril, el telégrafo y la siderurgia surgieron y funcionaron espléndidamente como empresas del Estado; las exportaciones sostenían la inversión y el gasto social en una administración pública austera y honrada; había superávit fiscal y no existía deuda externa, los indígenas recibieron la ciudadanía y se rescató su modelo de agricultura de dos cosechas anuales; existían reservas nacionales para los malos tiempos y no se conocía el hambre. Aquello era intolerable cuando auspiciada por Inglaterra se imponía en el mundo la religión del libre comercio, adoptada ciegamente por las oligarquías del Río de la Plata y del imperio lusobrasileño. Como luego harían con Fidel Castro, Salvador Allende, Hugo Chávez y Evo Morales, los periódicos liberales satanizaban a Francisco Solano López: el Atila de Asunción era uno de los calificativos que le endilgaban al líder del único proyecto de desarrollo económico y social independiente triunfante en el continente.

Bajo la batuta del Foreign Office y de su embajador en Buenos Aires se preparó meticulosamente la Guerra de la Triple Alianza contra Paraguay, financiada, cómo no, por la banca británica, que Eduardo Galeano fulminó en su imprescindible obra Las venas abiertas de América Latina como el capítulo más infame de la historia latinoamericana. Las oligarquías de Argentina, Brasil y Uruguay lanzaron sus ejércitos a una operación genocida que casi exterminó al pueblo paraguayo. La campaña militar que Bartolomé Mitre calculó en tres meses duró cinco años. Al final no había sobrevivido ningún paraguayo entre 15 y 65 años, sólo quedaba con vida 25 por ciento de la población tras una heroica resistencia finalizada dramáticamente con la caída en combate de López al frente de los restos famélicos y harapientos de su pueblo en armas. “Muero con la patria”, se ha afirmado que exclamó en el postrer momento. Y es que aquel Paraguay, ejemplo de soberanía, independencia y dignidad, dejó de existir con él.

Por eso Lugo ha dicho que “la digna estirpe paraguaya despierta nuevamente”. Así será.

La Jornada

http://www.jornada.unam.mx/2008/08/21/index.php?section=opinion&article=034a1mun

Continúa venta de mujeres en pueblos indígenas del país

Es niña, virgen, inocente, sana, 11 años de edad, todavía sin formas y vale desde un cartón de cerveza hasta 15 mil pesos, o bien, se le puede cambiar por un becerro.

Se trata de la venta de mujeres en la región de La Montaña o algunas comunidades de la Costa Chica, en Guerrero.

Pueden usarlas como criadas, servidoras sexuales, compañeras o para venderlas al mejor postor en este estado o en la frontera norte.

Argumentan que es una “tradición” basada en los usos y costumbres de estos pueblos, indígenas sobre todo, y que no consideran que sea un delito, aunque para todo el mundo el ilícito se llama “trata de blancas”.

Apenas el año pasado se hizo en el Congreso guerrerense una reforma legislativa para tipificar dicho delito; a la fecha no hay un solo consignado o castigado.

Para Rosa María Gómez Saavedra, secretaria de La Mujer en Guerrero, “existe una complicada problemática que data de hace siglos, en donde no se valora a las mujeres y se les condena a ser objetos. Tiene que difundirse, dice, que se trata de un delito, y las autoridades como los ciudadanos deben estar informados de esto”.

Ella misma reconoce que no hay estadísticas, registros, ni datos precisos acerca del número de niñas que se venden en esas regiones. Tampoco de las que, engañadas, son enviadas a otras entidades como servidoras domésticas o sexuales.

Pero no sólo se da el fenómeno de venta, sino que, además, en muchas de esas comunidades la violencia contra ellas es constante.

Elsa Zamora, estudiosa en la materia, señala que “no se considera a las mujeres como seres humanos; hay sitios donde no las dejan ni hablar y menos ejercer su derecho a votar”.

Prevalecen acciones impunes como los incestos o violaciones, en comunidades humildes en donde la ley no existe.

Relata la historia de una mujer adulta que, con sus 35 años y dos hijas, no sabía leer ni escribir, y carecía de cualquier documentación y, por lo tanto, sus descendientes no tenían ningún papel oficial. Ella había sido vendida a la edad de 11 años; primero fue a casa de un hombre casado, luego fue revendida y salió de esa zona, hasta que escapó y llegó a Acapulco donde logró cambiar su vida; con la ayuda necesaria ahora ya tiene sus documentos esenciales.

ESCLAVITUD TOLERADA

Al proclamar la Independencia de México en 1810, el cura Hidalgo abolió la esclavitud y sin embargo persisten formas de mantener esclavizadas, en este caso, a seres humanos como las mujeres, sobre todo indígenas.

En 1946 se instituyó a nivel internacional la Comisión de la Condición Jurídica de la Mujer, que ha promovido diversos foros, conferencias y proclamas a favor de las féminas; de ahí salió, precisamente, la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, que fue aprobada en 1979 por la ONU y entró en vigor en 1981, con la firma de diversos países, entre ellos México.

Conforme a Naciones Unidas, “el espíritu de la CEDAW tiene como objetivos fundamentales reafirmar la fe en los derechos humanos fundamentales, en la dignidad y el valor de la persona y en la igualdad de los derechos de hombres y mujeres”.

Destaca, asimismo, que “los ejes centrales son los derechos civiles y la condición jurídica y social de la mujer; los derechos relacionados con la reproducción humana y con las consecuencias de los factores culturales, en la dignidad y el valor de la persona y en la igualdad de los derechos de hombres y mujeres”.

Y hay más: la Conferencia Mundial para los Derechos Humanos de Viena de 1993; la Declaración de Naciones Unidas sobre la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres en el mismo año, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, además de la Convención de Belem do Pará, la de Mujeres de Beijing y muchas más.

Pues todo eso no le importa a los hombres que mandan en los pueblos de La Montaña y algunos de la Costa Chica; muchos no hablan español ni quieren entenderlo y otros, incluyendo autoridades, se basan en usos y costumbres de las comunidades, y consideran sin ningún problema la venta de las pequeñas.

TRATA DE BLANCAS IMPUNE

No puede estar ausente de esta discusión la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que señala que miles de personas son víctimas de una nueva forma de esclavitud que es la trata de personas.

“Este flagelo que, además de presentar un desafío a los gobiernos significa una grave amenaza a la convivencia armónica de los gobiernos, significa una grave amenaza a la convivencia armónica de los pueblos, y constituye un brutal ataque a la libertad y a la dignidad de los seres humanos”…

Es, subraya la CNDH, un problema de orden público mundial, y de seguridad nacional, porque involucra flujos migratorios, situación de pobreza y la peligrosa actuación de la delincuencia organizada trasnacional, aparte de que se agrava la tensión política y social.

Se han realizado diversos estudios sobre lo que sucede en la zona de La Montaña en Guerrero y uno de ellos se refiere a la migración.

Tanto la profesora de la UAM, Beatriz Canabal Cristiani, como la investigadora de la UAG, Gabriela Barroso, señalan en una investigación que …”el analfabetismo y la falta de manejo del idioma español las vuelve dependientes de otros, pero estudios más recientes señalan cambios importantes en su actitud y comportamiento a un medio hostil y discriminatorio”.

Entre sus opciones para buscar mejores alternativas de vida están la Ciudad de México y Acapulco, y en ambas encuentran casi siempre un trato injusto y discriminatorio. Especialmente se dedican a las artesanías o a ofrecer masajes, aplicación de tatuajes o laboran como sirvientas.

Hace poco se conformó el Frente Regional Femenino, con la participación de representantes de nueve comunidades de la región de La Montaña, pero nada se sabe de sus resultados.

Rutilio Vitervo Aguilar, presidente municipal de Metlatónoc, dijo recientemente que esa práctica de la venta de niñas y jovencitas prevalece y que los medios de comunicación son fundamentales para erradicar ese fenómeno. Señala la voz de las comunidades que se debe, simplemente, a los usos y costumbres.

SENSIBILIZAR A TODOS DEL PROBLEMA

Rosa María Gómez Saavedra, secretaria de La Mujer en Guerrero, dijo que está en su fase de experimentación un programa especial para luchar contra la violencia que sufren las mujeres y, dentro de ello, resalta la urgencia de que todos se sensibilicen de que la trata de blancas es un delito que se paga con cárcel, y que antes que nada deben tenerlo presente los funcionarios públicos.

Reconoce que no se ha logrado informar con suficiencia y efectividad a todos los pueblos involucrados en esta seria problemática, y que es fundamental que se eleve la difusión de este ilícito que condena a muchas mujeres a una vida de sufrimiento inaudito.

Se conocen las historias repetidas de muchachas que se quedaron ahí a convivir con un hombre y su esposa, como sirvienta y acompañante sexual; del viudo que compró a una joven para que fuera su pareja, no obstante la diferencia de edades, y de quienes llegaron hasta Tijuana para trabajar en los table dances o, más cerquita, en Acapulco, donde lo mismo hacen “trencitas” que son explotadas sexualmente.

Durante una reunión de mujeres, celebrada recientemente en Puebla, se denunció abiertamente que la venta de niñas y jovencitas se da en poblaciones como Xalpatlahuac, Cochoapa, Metlatónoc, o en las cercanías de Tlapa o Huamuxtitlán.

Para quienes están involucrados en todo esto, especialmente los padres, hermanos, abuelos o tíos, no hay venta de mujeres, sino simplemente se da una “dote” por la pequeña y es para que se junte o se case con algún hombre. Pero de su futuro, no les interesa nada.

En esta región, donde están las comunidades más pobres de América Latina -Cochoapa y Metlatónoc-, las mujeres viven sojuzgadas y de frente a una gran muralla construida por el atraso, la ignorancia y la impotencia.

A quienes las ofrecen y venden, no les importa que sean seres humanos, que tengan sueños o ilusiones, o que no sepan leer ni escribir; sólo quieren algo de valor a cambio de que se vayan de esos pueblos.

Y a ellas, con un porvenir incierto aunque lleno de peligros, nadie les pregunta si saben amar o si les gustaría casarse con el hombre que ellas quieran.

http://www.oem.com.mx/elsoldehidalgo/notas/n815596.htm

Raúl Zibechi: Guardia Indígena

En las montañas del norte del departamento del Cauca, en la cordillera central de Colombia, a unos 100 kilómetros al sur de Cali, se viene desarrollando desde hace varias décadas una de las más notables experiencias de construcción de un mundo diferente al hegemónico. La región está atravesada de múltiples conflictos: terratenientes con extensas plantaciones de caña contra pequeños campesinos, multinacionales buscando explotar minerales que necesitan expulsar pueblos enteros, narcotraficantes aliados con paramilitares contra todos lo que se interpongan en sus negocios y, finalmente, la eterna guerra colombiana, cuyo último gran capítulo cumplió esta semana 60 años, al celebrarse un nuevo aniversario del asesinato del líder liberal Jorge Eliécer Gaitán.

En medio de esa guerra parece un milagro que los indígenas del norte del Cauca sigan adelante con sus proyectos de vida y esperanza. En una pequeña superficie de 190 mil hectáreas entre los mil 200 y los 4 mil metros sobre el nivel del mar, de las que sólo 10 mil son planas, algo más de 110 mil personas (85 por ciento indios nasa, 5 por ciento guambianos y 10 por ciento afros y mestizos) han puesto en marcha una experiencia única en Sudamérica, que tiene sin embargo mucho en común con el neozapatismo de Chiapas y su construcción de un mundo nuevo. Vale decir que 80 por ciento de esas tierras han sido recuperadas a los terratenientes a lo largo de más de 30 años de luchas, en los que la violencia se ha cobrado miles de vidas indígenas.

En esa región, 25 mil familias viven en 304 veredas, pequeños pueblos rurales, y se autogobiernan por medio de 18 cabildos, autoridad indígena tradicional reconocida en la Constitución de 1991, pero acosada por el Estado y sus fuerzas armadas. La estructura de poder se fue construyendo de abajo arriba: asambleas de las veredas eligen alguaciles que acompañan a los gobernadores de los cabildos, que son elegidos a su vez por grandes asambleas en cada uno de los resguardos indígenas. Los cabildos son formas de poder indígena enraizados en territorios o resguardos.

Los nasa (“gente”, en lengua originaria) buscan afirmar la justicia comunitaria, la educación y la salud propias, el control sobre el territorio y el autogobierno. “Eso es para nosotros el mandar obedeciendo”, dice Ezequiel Vitonás, veterano dirigente nasa que fue gobernador y ahora acompaña el proceso que encabeza la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN). En sus territorios autogobernados han construido proyectos trascendentales, como el Espacio de Formación de Derecho Propio, una escuela de la que este año saldrán los primeros 60 consejeros jurídicos que trabajarán “para ejercer autonomía desde el derecho propio”. La escuela fue una decisión de las comunidades para fortalecer el autogobierno ante las amenazas externas, pero también para apoyar a las autoridades promoviendo evaluaciones colectivas para superar los conflictos internos.

Otro espacio notable es el Centro de Educación, Capacitación e Investigación para el Desarrollo Integral de la Comunidad (CECIDIC), definido como “un lugar de encuentro de la comunidad nasa”, que funciona en una finca recuperada de 68 hectáreas en el resguardo de San Francisco. El centro depende de los cabildos y fue construido por medio de grandes mingas comunitarias. Aunque el pueblo nasa puso en pie proyectos de educación bilingüe desde 1980, el CECIDIC trabaja en la formación para una educación propia que exprese un modelo educativo nuevo. Unos 800 jóvenes se forman en el bachillerato agrícola con énfasis en lo ambiental y en la organización comunitaria y otros 150 participan en carreras universitarias como etnoeducación, tecnología en agroindustria, economía y ciencias sociales. Los estudiantes aprenden trabajando en el sector agrosilvopastoril, en la escuela de artes y oficios y en las escuelas de animadores comunitarios.

Pero la experiencia más notable es quizá la Guardia Indígena, definida como “un instrumento de resistencia frente a la injusticia”, como “comunidad al servicio de la comunidad y defensa de nuestro territorio”. Ante la agudización del conflicto armado y una serie de asesinatos cometidos por paramilitares, las comunidades y los cabildos decidieron recomponer sus intrumentos de seguridad, entre ellos la Guardia Indígena, que fue reconocida por las autoridades nasa en una gran asamblea realizada en el resguardo de Tacueyó, en mayo de 2001. No tiene carácter militar y sus miembros se identifican por el tradicional bastón de mando de las autoridades indígenas.

Cada vereda elige en asamblea 10 guardias y un coordinador, lo que suma algo más de 3 mil guardias indígenas coordinados en cada resguardo. Se pueden ver mujeres y varones desde 12 hasta 50 años. La formación política es el aspecto más importante, ya que la guardia se considera más educativa que represiva. Todos los meses realizan talleres obligatorios, que suelen durar tres días y que luego cada coordinador replica en su vereda. Los guardias con los que fue posible conversar aseguran que no actúan como policías y que, por el contrario, se consideran “formadores de organización, protectores de la comunidad y defensores de la vida sin involucrarnos en la guerra”. Por cierto, tanto las fuerzas armadas del Estado como las FARC se sienten incómodas, por decir lo menos, con esos comuneros que en grandes grupos se reúnen para proteger a su pueblo.

Los cabildos y la Guardia Indígena definieron “sitios de asamblea permanente” donde las comunidades se congregan en situaciones de emergencia, sobre todo durante los frecuentes enfrentamientos armados en una de las regiones más violentas de Colombia. Ellos los definen como “sitios de resistencia indígena, espacios para la protección, la reflexión y el análisis comunitario”. En el proceso nasa es muy firme la apuesta a no ingresar en la guerra y resistir juntos. Pero se han propuesto hacerlo “respetando la diversidad y la diferencia”, o sea, sin llegar a convertirse en fotocopia de los actores que en seis décadas asesinaron a más de un millón de colombianos.

* La Jornada
* http://www.jornada.unam.mx/2008/04/12/index.php?section=opinion&article=021a2pol

Gustavo Esteva: Hora de actuar

La amenaza es real e inmediata. Necesitamos actuar. Quizás es demasiado tarde. No queda mucho tiempo ni hay mayor margen de maniobra. Pero no podemos ponernos a especular sobre la efectividad potencial de lo que necesitamos hacer. Tenemos que hacerlo.

Bajo ninguna circunstancia los zapatistas cederán sus tierras, terrenos, territorios, terruños (como diría don Andrés). Para ellos, como para todos los pueblos indios y campesinos, tierra y territorio son más que trabajo y alimento; son también cultura, comunidad, historia, ancestros, sueños, futuro, vida y madre, como recordó la comandanta Nelly el 25 de abril de 2007.

Ésa es la magnitud de la provocación actual: el intento de entregar la tierra zapatista a otros, mediante trucos legales e ilegales y acción paramilitar y policiaca, no será tolerado. Tendrá la debida respuesta. Y eso es lo que tenemos ante nosotros: acciones cuyas consecuencias son apenas concebibles. Necesitamos hacer saber a todo mundo cuál será la magnitud de este incendio y cuál el alcance de la reacción nacional e internacional que provocará la agresión a los zapatistas. Aunque no podamos abrigar muchas esperanzas, por la irresponsabilidad y cinismo de quienes siguen jugando con fuego ante la pradera seca, debemos desatar la movilización pertinente: si no logra detenerlos, será anticipo y ensayo de la que tendremos que organizar si se atreven a convocar el desastre.

La ceguera actual de quienes están organizando el desaguisado parece deberse a un cálculo equivocado: el aislamiento de los zapatistas, el rechazo hacia ellos que han estado manifestando sectores que por muchos años los apoyaron o al menos les manifestaron simpatía, la indiferencia que en parte resulta de su continua descalificación y marginación en los medios…

Hace un par de años, a raíz de que se lanzó la Sexta y se propuso la otra campaña, me ocupé extensamente de los riesgos que implicaba. Escribí que no era exageración de los zapatistas plantear que podrían perder cuanto han conseguido hasta ahora y advertí sobre algunos de esos riesgos:

* “Los partidos políticos y sus socios, simpatizantes o aliados pueden resentir hasta el exceso la iniciativa de los zapatistas y emplear sus recursos financieros, mediáticos y sociales para intentar aislarlos o marginarlos, debilitando el apoyo que hasta ahora han tenido. O sea: intensificarán las acciones que han realizado sin éxito a lo largo de una década.”

* “Muchos simpatizantes, que acaso se reducían a apoyar un zapatismo que percibían como la expresión de grupos indígenas marginados en lucha contra un mal gobierno, podrán hacerse a un lado, desconcertados, al despejarse, sin lugar a confusión, el sentido anticapitalista de la lucha.”

* “En el seno de la llamada izquierda, entre cuyos militantes abundan los obsesionados con la conquista del poder, podrá procederse al habitual encarnizamiento contra los del propio bando. Algunos convertirán a los zapatistas en el enemigo principal. Empieza a verse ya esa propensión en algunas reacciones a la Sexta, primero en la clase de los ‘desilusionados’, que intentan racionalizar su abandono de las filas de lo que ellos vieron como zapatismo, y después entre quienes estuvieron siempre ‘afuera’, con ciertas reservas, y ahora pueden expresarse más cómodamente ‘en contra’.”

* “El riesgo, en suma, es que los zapatistas se queden solos, aislados, y por ende expuestos al exterminio. Tienen plena conciencia de esa posibilidad. Pienso que a pesar de ello toman la iniciativa porque confían en la fortaleza de lo que han tejido en su propio lugar, por ser consecuentes consigo mismos y quizá porque no hay otro remedio. La circunstancia actual exige actuar.”

Incluyo esta larga cita para subrayar que los riesgos asumidos por los zapatistas eran necesarios. Nada tienen que ver con actitudes reales o supuestas del sup o con los demás pretextos que se han estado empleando contra los zapatistas.

Los poderes constituidos podrían estar haciendo cálculos y especularían sobre la oportunidad. No puedo evitar una analogía, aunque resulte desproporcionada. Ulises Ruiz calculó que los maestros de la sección 22 estaban aislados, que encontraban la indiferencia o el rechazo de la población, y que podría reprimirlos sin mayores consecuencias. Se conocen bien las consecuencias: la manera en que esa provocación incendió Oaxaca. Pero se conoce también, infortunadamente, que ha quedado impune. No falta algún loco que quiera intentar algo semejante en Chiapas.

Lo que puede producir este cálculo irresponsable es casi impensable. Es hora de despertar y de actuar en consecuencia. Es hora de luchar por todos los medios al alcance de cada quien para impedirlo.

En la selva huele a guerra y el olor se extiende por todo el país. Generada desde arriba, sólo desde abajo puede mojarse esa pólvora apocalíptica.

* La Jornada
* http://www.jornada.unam.mx/2007/12/31/index.php?section=politica&article=016a2pol

Magdalena Gómez: Los caminos inciertos del derecho indígena

La reciente aprobación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas encuentra en México un escenario poco propicio para alcanzar justiciabilidad en el orden interno. Varios factores inciden: en primer lugar, la postura de la clase política que hegemoniza en el Congreso de la Unión: nos referimos a la dupla PRIAN, mientras el PRD no logra remontar de manera unánime el impacto de la postura que asumió su fracción en el Senado en 2001. Por otra parte, las organizaciones vinculadas al Congreso Nacional Indígena tienen fundada desconfianza en la posibilidad de que se modifique la contrarreforma que dio al traste con el proceso de diálogo entre el EZLN y el gobierno federal, desvirtuando el contenido de los acuerdos de San Andrés.

En el primer caso, un indicador del escaso o nulo interés en los pueblos indígenas es la agenda de la reforma del Estado, en la que brilla por su ausencia la reflexión y propuesta en esta materia. Sus prioridades son más bien endogámicas y responden a la necesidad de revisar sus reglas de juego sin consideración siquiera a la apertura de espacios de democracia participativa. En el caso de quien ocupa el Ejecutivo no se le ven las mínimas señales de voluntad para asumir en serio la implicación del contenido de la Declaración; basta ver la orientación regresiva de la actual política indigenista.

En correspondencia con esta realidad, en el reciente Encuentro de Pueblos Indígenas de América, realizado en Vícam, Sonora, sencillamente no se destacó la demanda por el reconocimiento de derechos y la aplicación de la Declaración de la ONU. El movimiento está en otra dinámica.

Si a ello sumamos que la naturaleza jurídica de la Declaración deja su aplicación a expensas de la voluntad política de los estados, nos encontramos con un panorama frágil, por decir lo menos. Llamó la atención que el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-Moon, en el comunicado oficial del pasado 13 de septiembre señaló que, aunque la declaración no es jurídicamente vinculante, supone un instrumento legal internacional que ayudará a proteger a los indígenas contra la discriminación y marginación, y subrayó: “La declaración será vinculante para los gobiernos si promulgan leyes nacionales para reconocer el documento”. Hasta hoy el único Estado que ha hecho eco de la recomendación es la República de Bolivia, que ya convirtió en ley la Declaración universal de derechos de los pueblos indígenas.

Pese a la situación descrita, hay inquietud en algunos sectores por conocer cuáles serían los espacios posibles de impacto de la declaración. Por ello es importante que se conozca su contenido, se analice el contraste del mismo frente a lo que hoy establece la Constitución General en nuestro país, en particular que se tome en cuenta que uno de los derechos claves en el documento internacional es el relativo a la libre determinación y a la autonomía para disponer de sus territorios y recursos naturales, señalando que se refiere a los que “tradicionalmente han poseído u ocupado”; también se refiere a la necesidad de contar con el consentimiento libre e informado antes de que el Estado realice algún proyecto, incluye dentro del patrimonio de los pueblos indígenas los recursos genéticos, etcétera. Como vemos, hay un claro antagonismo con la lógica privatizadora dominante.

Por lo demás, de regularse en nuestro país tendría que ser en la Constitución General, ya que la materia es de competencia federal. Este punto es importante porque en algunas entidades se está promoviendo legislación en el contexto de la Declaración de la ONU y habría que estar muy claros de que los márgenes de regulación a ese nivel son muy estrechos.

Por otra parte, habría que considerar el impacto político de sepultar definitivamente la aspiración de que se derogue la contrarreforma indígena de 2001, si se entra al juego de reformitas locales marginales que en última instancia irían en concordancia con el vaciamiento de los acuerdos de San Andrés que se realizó en el texto actual del artículo segundo constitucional. Si bien formalmente la Declaración da respaldo para que se amplíe el marco de derechos a los pueblos indígenas y se vaya más allá incluso de lo pactado entre el EZLN y el gobierno federal en 1996, no podemos engañarnos sobre la fuerza política que se requiere para lograr tal objetivo.

Por ejemplo, hoy se cuenta con el reconocimiento parcial de algunos de los derechos de los pueblos indígenas, pero ni siquiera esos precarios derechos se han cumplido. Es el caso del derecho al traductor e intérprete: en 20 años no se ha logrado concretar un programa nacional de formación y profesionalización de traductores en lenguas indígenas. De estas realidades lamentables hablamos, más allá del voluntarismo discursivo y formalista.

* La Jornada
* http://www.jornada.unam.mx/2007/11/06/index.php?section=opinion&article=020a2pol

Jaime Martínez Veloz: EZLN: coyuntura y perspectivas

Las causas que dieron origen al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) hace ya casi 14 años no se han modificado sustantivamente, a pesar de lo actuado durante todo este tiempo, incluyendo muchos esfuerzos sinceros por lograr cambios perdurables en beneficio de todos los chiapanecos.

Parece que imperaron criterios que ahora no se atreven a decir su nombre, pero que desde un principio apostaron a que la fatiga y el desgaste terminarían por desmembrar a los insurgentes, condición para la restitución del viejo orden, inaceptable por injusto.

Esos vaticinios fallaron, por eso ahora nadie reconoce su paternidad; fue mucho lo que estuvo en juego en el pasado reciente, los equilibrios de las armas son frágiles e inestables, y si en Chiapas no se rompieron fue gracias a la lealtad de muchos lo que permitió el nacimiento de una nueva iniciativa para ampliar y profundizar la distensión con el EZLN.

Es necesario reconocer la capacidad organizativa del EZLN, así como la forma y el método con que ha podido establecer una relación armónica entre sus bases a partir de las juntas de buen gobierno, cuyo trabajo ha permitido procesar diferencias y consolidar sus propios proyectos políticos y sociales.

Los adversarios naturales del zapatismo, aquellos que violentaron sistemáticamente los derechos indígenas y orillaron al levantamiento, mantienen en forma soterrada la intolerancia beligerante que siguen demostrado y a regañadientes permanecen justo en los límites de la legalidad.

Es notable la inmovilidad que impregnó al gobierno federal de la administración pasada, la cual trascendió ya al actual, que a casi un año de tomar posesión parece mantener el mismo lema: el conflicto terminará por desgaste y extenuarse naturalmente, no hay que intervenir.

En contraste con la pasividad del Estado mexicano, el EZLN permanece decidido a sostener sus banderas; a pesar de los magros resultados obtenidos en su actividad política legal, sus dirigentes siguen cuidando la unidad de sus comunidades impulsando iniciativas en el contexto de la ley.

Esto no puede ni debe pasar desapercibido por los diferentes actores políticos nacionales, porque es justo reconocer que la actual redistribución del poder político que los chiapanecos expresaron en las urnas el domingo pasado, así como los avances con que en materia de infraestructura cuenta el estado, se deben en gran medida a la contribución que el EZLN ha realizado en el escenario político chiapaneco.

Nadie puede regatear la aportación significativa del EZLN en la democratización y el avance de Chiapas. Es cierto que los zapatistas no participan electoralmente, pero su lucha se ha expresado en una reformulación del poder político en el estado. Parece contradictorio, pero no lo es, ya que las repercusiones de la lucha zapatista también se han expresado en una mayor pluralidad en la realidad chiapaneca. Hay una deuda con ellos en este renglón, así como en muchos otros.

El reconocimiento de esta realidad implica que el Estado mexicano y sus instituciones asuman una iniciativa coherente y articulada que permita destrabar el conflicto. Así como el Senado de la República pudo abordar el tema de la reforma electoral, de la misma forma deberá retomar y solucionar el gran pendiente que tiene el Estado mexicano con los pueblos indígenas. Sólo así podrá hablarse de una reforma integral del Estado. Dar una salida digna al conflicto entre el EZLN y el gobierno federal es un imperativo impostergable