Immanuel Wallerstein: Bolivia, derrota de la derecha

En la sorprendente serie de elecciones en Sudamérica en los últimos cinco años, los más radicales resultados ocurrieron en Bolivia, donde Evo Morales resultó electo presidente. No es porque Morales se plantara en la plataforma más radical. Fue más bien que, en este país donde la mayoría de la población son pueblos indígenas, era la primera vez que una persona indígena era electa presidente de la república. Esto en sí mismo fue una profunda revolución social, y no fue apreciada en lo absoluto por los descendientes de los inmigrantes europeos que siempre han controlado el país.

La gran pregunta cuando Morales fue electo era si podría sostenerse en el cargo, o si la derecha boliviana, tal vez coludida con las fuerzas armadas, podría derrocarlo. Ahora él ha demostrado que puede sostenerse.

Hubo tres elementos principales en su programa. Hoy, el ingreso nacional de Bolivia proviene primordialmente de sus exportaciones de gas, esencialmente a Brasil y Argentina. El gas está localizado en las provincias orientales, la así llamada Media Luna. Y estas áreas son las que tienen los porcentajes menores de pueblos indígenas. La mayoría ahí son descendientes de europeos. Hasta que Morales llegó al poder, los precios a los cuales se vendía el gas eran ridículamente bajos. Y el ingreso se quedaba en gran medida en los gobiernos provinciales del oriente.

Así que Morales buscó renegociar los precios del gas que se exporta. E instituyó un impuesto a los hidrocarburos para que le llegara al gobierno nacional mucho más del ingreso por el gas. Morales intentó utilizar el dinero para la redistribución social por todo el país, lo que por supuesto beneficiaría significativamente a las poblaciones indígenas.

Además, la tierra de las provincias orientales está excepcionalmente mal distribuida. Dos tercios de la tierra pertenecen a un sexto del uno por ciento de la población. Morales quiso limitar las hectáreas que una persona particular pudiera poseer –una forma de reforma agraria importante.

En política exterior, Morales intentó mantener relaciones razonables con Estados Unidos. Continuó aceptando el dinero que Estados Unidos había estado otorgando para las operaciones antinarcóticos, especialmente porque el dinero iba a las fuerzas armadas. Sin embargo, además, dio la bienvenida a la ayuda venezolana y a los médicos cubanos. Era claro que Estados Unidos no estaba contento con Morales y que habría preferido que la derecha boliviana retornara al poder.

La estrategia de esa derecha fue exigir más autonomía para los gobiernos regionales, insinuando, en última instancia, la posibilidad de la secesión –un proyecto que nunca promovieron mientras controlaron el gobierno central. Exigieron un referendo de revocación de mandato de Morales. Pero con esa táctica les salió el tiro por la culata.

Morales aceptó el desafío, y le añadió al referendo de revocación una pregunta de si también debía revocarse el mandato de los nueve prefectos provinciales. En el referendo, Morales obtuvo un contundente 68 por ciento de respaldo, mucho mayor que los votos que obtuviera cuando fue electo originalmente. Siete prefectos fueron reafirmados en su cargo pero dos gobernadores contrarios a Morales fueron echados, lo que permitió a Morales nombrar sucesores.

La derecha en las provincias orientales buscó entonces bloquear las exportaciones de gas. Confiaban en inducir a los gobiernos argentino y brasileño a que presionaran a Morales. Los simpatizantes de Morales comenzaron a manifestarse. El gobernador de la provincia de Pando, Leopoldo Fernández, respondió con represión. Más de 30 manifestantes fueron asesinados en El Porvenir, la ciudad capital. Morales arrestó al gobernador y nombró a un almirante naval nuevo prefecto.

En este punto, la presidenta Michelle Bachelet de Chile convocó a una reunión de emergencia de la organización de los 12 estados sudamericanos, la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), para considerar la situación. Los 12 presidentes llegaron a Santiago a la reunión, y de forma unánime adoptaron una resolución del “más pleno y decidido respaldo al gobierno constitucional de la república de Bolivia Evo Morales”, denunciando un posible golpe de Estado. La importancia de esta resolución fue que resultó unánime, y que la firmó aun el presidente de Colombia, Álvaro Uribe, profundamente pro estadunidense. La resolución fue respaldada por el Grupo de Río, compuesto por 22 países de toda América Latina y el Caribe, incluido México.

La Unasur llamó al diálogo. Morales también llamó al diálogo, aun antes de la resolución de la Unasur. La derecha está entrampada. Su esperanza última era alguna intervención estadunidense. pero Bolivia ha expulsado ahora al embajador estadunidense, Philip Goldberg, por “conspirar contra la democracia”, es decir, con la derecha boliviana. Estados Unidos está ahora retirando sus pequeños proyectos de ayuda en Bolivia. Rusia ha ofrecido cubrir la brecha. Estados Unidos se torna más y más irrelevante en América Latina.

Si uno se pregunta por qué aun Uribe respaldó la resolución, la respuesta es que ningún presidente quiere que la nueva táctica de la secesión reciba apoyo. Estados Unidos intenta también esto en Ecuador, donde también se les revirtió de igual modo, con la gran victoria del referendo por la nueva Constitución del presidente Rafael Correa.

Traducción: Ramón Vera Herrera

© Immanuel Wallerstein

Fuente: La Jornada

Raúl Zibechi: Guardia Indígena

En las montañas del norte del departamento del Cauca, en la cordillera central de Colombia, a unos 100 kilómetros al sur de Cali, se viene desarrollando desde hace varias décadas una de las más notables experiencias de construcción de un mundo diferente al hegemónico. La región está atravesada de múltiples conflictos: terratenientes con extensas plantaciones de caña contra pequeños campesinos, multinacionales buscando explotar minerales que necesitan expulsar pueblos enteros, narcotraficantes aliados con paramilitares contra todos lo que se interpongan en sus negocios y, finalmente, la eterna guerra colombiana, cuyo último gran capítulo cumplió esta semana 60 años, al celebrarse un nuevo aniversario del asesinato del líder liberal Jorge Eliécer Gaitán.

En medio de esa guerra parece un milagro que los indígenas del norte del Cauca sigan adelante con sus proyectos de vida y esperanza. En una pequeña superficie de 190 mil hectáreas entre los mil 200 y los 4 mil metros sobre el nivel del mar, de las que sólo 10 mil son planas, algo más de 110 mil personas (85 por ciento indios nasa, 5 por ciento guambianos y 10 por ciento afros y mestizos) han puesto en marcha una experiencia única en Sudamérica, que tiene sin embargo mucho en común con el neozapatismo de Chiapas y su construcción de un mundo nuevo. Vale decir que 80 por ciento de esas tierras han sido recuperadas a los terratenientes a lo largo de más de 30 años de luchas, en los que la violencia se ha cobrado miles de vidas indígenas.

En esa región, 25 mil familias viven en 304 veredas, pequeños pueblos rurales, y se autogobiernan por medio de 18 cabildos, autoridad indígena tradicional reconocida en la Constitución de 1991, pero acosada por el Estado y sus fuerzas armadas. La estructura de poder se fue construyendo de abajo arriba: asambleas de las veredas eligen alguaciles que acompañan a los gobernadores de los cabildos, que son elegidos a su vez por grandes asambleas en cada uno de los resguardos indígenas. Los cabildos son formas de poder indígena enraizados en territorios o resguardos.

Los nasa (“gente”, en lengua originaria) buscan afirmar la justicia comunitaria, la educación y la salud propias, el control sobre el territorio y el autogobierno. “Eso es para nosotros el mandar obedeciendo”, dice Ezequiel Vitonás, veterano dirigente nasa que fue gobernador y ahora acompaña el proceso que encabeza la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN). En sus territorios autogobernados han construido proyectos trascendentales, como el Espacio de Formación de Derecho Propio, una escuela de la que este año saldrán los primeros 60 consejeros jurídicos que trabajarán “para ejercer autonomía desde el derecho propio”. La escuela fue una decisión de las comunidades para fortalecer el autogobierno ante las amenazas externas, pero también para apoyar a las autoridades promoviendo evaluaciones colectivas para superar los conflictos internos.

Otro espacio notable es el Centro de Educación, Capacitación e Investigación para el Desarrollo Integral de la Comunidad (CECIDIC), definido como “un lugar de encuentro de la comunidad nasa”, que funciona en una finca recuperada de 68 hectáreas en el resguardo de San Francisco. El centro depende de los cabildos y fue construido por medio de grandes mingas comunitarias. Aunque el pueblo nasa puso en pie proyectos de educación bilingüe desde 1980, el CECIDIC trabaja en la formación para una educación propia que exprese un modelo educativo nuevo. Unos 800 jóvenes se forman en el bachillerato agrícola con énfasis en lo ambiental y en la organización comunitaria y otros 150 participan en carreras universitarias como etnoeducación, tecnología en agroindustria, economía y ciencias sociales. Los estudiantes aprenden trabajando en el sector agrosilvopastoril, en la escuela de artes y oficios y en las escuelas de animadores comunitarios.

Pero la experiencia más notable es quizá la Guardia Indígena, definida como “un instrumento de resistencia frente a la injusticia”, como “comunidad al servicio de la comunidad y defensa de nuestro territorio”. Ante la agudización del conflicto armado y una serie de asesinatos cometidos por paramilitares, las comunidades y los cabildos decidieron recomponer sus intrumentos de seguridad, entre ellos la Guardia Indígena, que fue reconocida por las autoridades nasa en una gran asamblea realizada en el resguardo de Tacueyó, en mayo de 2001. No tiene carácter militar y sus miembros se identifican por el tradicional bastón de mando de las autoridades indígenas.

Cada vereda elige en asamblea 10 guardias y un coordinador, lo que suma algo más de 3 mil guardias indígenas coordinados en cada resguardo. Se pueden ver mujeres y varones desde 12 hasta 50 años. La formación política es el aspecto más importante, ya que la guardia se considera más educativa que represiva. Todos los meses realizan talleres obligatorios, que suelen durar tres días y que luego cada coordinador replica en su vereda. Los guardias con los que fue posible conversar aseguran que no actúan como policías y que, por el contrario, se consideran “formadores de organización, protectores de la comunidad y defensores de la vida sin involucrarnos en la guerra”. Por cierto, tanto las fuerzas armadas del Estado como las FARC se sienten incómodas, por decir lo menos, con esos comuneros que en grandes grupos se reúnen para proteger a su pueblo.

Los cabildos y la Guardia Indígena definieron “sitios de asamblea permanente” donde las comunidades se congregan en situaciones de emergencia, sobre todo durante los frecuentes enfrentamientos armados en una de las regiones más violentas de Colombia. Ellos los definen como “sitios de resistencia indígena, espacios para la protección, la reflexión y el análisis comunitario”. En el proceso nasa es muy firme la apuesta a no ingresar en la guerra y resistir juntos. Pero se han propuesto hacerlo “respetando la diversidad y la diferencia”, o sea, sin llegar a convertirse en fotocopia de los actores que en seis décadas asesinaron a más de un millón de colombianos.

* La Jornada
* http://www.jornada.unam.mx/2008/04/12/index.php?section=opinion&article=021a2pol