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Immanuel Wallerstein: Bolivia, derrota de la derecha

En la sorprendente serie de elecciones en Sudamérica en los últimos cinco años, los más radicales resultados ocurrieron en Bolivia, donde Evo Morales resultó electo presidente. No es porque Morales se plantara en la plataforma más radical. Fue más bien que, en este país donde la mayoría de la población son pueblos indígenas, era la primera vez que una persona indígena era electa presidente de la república. Esto en sí mismo fue una profunda revolución social, y no fue apreciada en lo absoluto por los descendientes de los inmigrantes europeos que siempre han controlado el país.

La gran pregunta cuando Morales fue electo era si podría sostenerse en el cargo, o si la derecha boliviana, tal vez coludida con las fuerzas armadas, podría derrocarlo. Ahora él ha demostrado que puede sostenerse.

Hubo tres elementos principales en su programa. Hoy, el ingreso nacional de Bolivia proviene primordialmente de sus exportaciones de gas, esencialmente a Brasil y Argentina. El gas está localizado en las provincias orientales, la así llamada Media Luna. Y estas áreas son las que tienen los porcentajes menores de pueblos indígenas. La mayoría ahí son descendientes de europeos. Hasta que Morales llegó al poder, los precios a los cuales se vendía el gas eran ridículamente bajos. Y el ingreso se quedaba en gran medida en los gobiernos provinciales del oriente.

Así que Morales buscó renegociar los precios del gas que se exporta. E instituyó un impuesto a los hidrocarburos para que le llegara al gobierno nacional mucho más del ingreso por el gas. Morales intentó utilizar el dinero para la redistribución social por todo el país, lo que por supuesto beneficiaría significativamente a las poblaciones indígenas.

Además, la tierra de las provincias orientales está excepcionalmente mal distribuida. Dos tercios de la tierra pertenecen a un sexto del uno por ciento de la población. Morales quiso limitar las hectáreas que una persona particular pudiera poseer –una forma de reforma agraria importante.

En política exterior, Morales intentó mantener relaciones razonables con Estados Unidos. Continuó aceptando el dinero que Estados Unidos había estado otorgando para las operaciones antinarcóticos, especialmente porque el dinero iba a las fuerzas armadas. Sin embargo, además, dio la bienvenida a la ayuda venezolana y a los médicos cubanos. Era claro que Estados Unidos no estaba contento con Morales y que habría preferido que la derecha boliviana retornara al poder.

La estrategia de esa derecha fue exigir más autonomía para los gobiernos regionales, insinuando, en última instancia, la posibilidad de la secesión –un proyecto que nunca promovieron mientras controlaron el gobierno central. Exigieron un referendo de revocación de mandato de Morales. Pero con esa táctica les salió el tiro por la culata.

Morales aceptó el desafío, y le añadió al referendo de revocación una pregunta de si también debía revocarse el mandato de los nueve prefectos provinciales. En el referendo, Morales obtuvo un contundente 68 por ciento de respaldo, mucho mayor que los votos que obtuviera cuando fue electo originalmente. Siete prefectos fueron reafirmados en su cargo pero dos gobernadores contrarios a Morales fueron echados, lo que permitió a Morales nombrar sucesores.

La derecha en las provincias orientales buscó entonces bloquear las exportaciones de gas. Confiaban en inducir a los gobiernos argentino y brasileño a que presionaran a Morales. Los simpatizantes de Morales comenzaron a manifestarse. El gobernador de la provincia de Pando, Leopoldo Fernández, respondió con represión. Más de 30 manifestantes fueron asesinados en El Porvenir, la ciudad capital. Morales arrestó al gobernador y nombró a un almirante naval nuevo prefecto.

En este punto, la presidenta Michelle Bachelet de Chile convocó a una reunión de emergencia de la organización de los 12 estados sudamericanos, la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), para considerar la situación. Los 12 presidentes llegaron a Santiago a la reunión, y de forma unánime adoptaron una resolución del “más pleno y decidido respaldo al gobierno constitucional de la república de Bolivia Evo Morales”, denunciando un posible golpe de Estado. La importancia de esta resolución fue que resultó unánime, y que la firmó aun el presidente de Colombia, Álvaro Uribe, profundamente pro estadunidense. La resolución fue respaldada por el Grupo de Río, compuesto por 22 países de toda América Latina y el Caribe, incluido México.

La Unasur llamó al diálogo. Morales también llamó al diálogo, aun antes de la resolución de la Unasur. La derecha está entrampada. Su esperanza última era alguna intervención estadunidense. pero Bolivia ha expulsado ahora al embajador estadunidense, Philip Goldberg, por “conspirar contra la democracia”, es decir, con la derecha boliviana. Estados Unidos está ahora retirando sus pequeños proyectos de ayuda en Bolivia. Rusia ha ofrecido cubrir la brecha. Estados Unidos se torna más y más irrelevante en América Latina.

Si uno se pregunta por qué aun Uribe respaldó la resolución, la respuesta es que ningún presidente quiere que la nueva táctica de la secesión reciba apoyo. Estados Unidos intenta también esto en Ecuador, donde también se les revirtió de igual modo, con la gran victoria del referendo por la nueva Constitución del presidente Rafael Correa.

Traducción: Ramón Vera Herrera

© Immanuel Wallerstein

Fuente: La Jornada

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Jeff Faux: Repensar el TLCAN después del colapso de Wall Street

Al competir por los votos de los obreros durante las elecciones primarias del Partido Demócrata en la primavera pasada, Barack Obama y Hillary Clinton prometieron renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) con el fin de sumar mecanismos de protección para los trabajadores y el medio ambiente. La idea fue de inmediato considerada por las clases políticas de Estados Unidos, México y Canadá como retórica excesiva de campaña que pronto se olvidaría. Después, en efecto, pareció que tanto Obama como Clinton se retractaban de lo que habían dicho.

Sin embargo, como el colapso de los mercados financieros estadunidenses va a debilitar los supuestos en que se han basado las relaciones económicas entre Estados Unidos y México desde la entrada en vigor del TLCAN, el resultado puede ser una oportunidad no sólo para corregir las asperezas del tratado, sino para reformular la economía de América del Norte y funcione para la gran mayoría de ciudadanos de los tres países, no sólo para las elites que originalmente lo negociaron.

El TLCAN fue el prototipo para la red de acuerdos económicos neoliberales que ahora cerca al planeta; con el eufemismo “libre comercio” socavó la capacidad de los habitantes de cada nación para decidir sus propias políticas sobre la inversión, la propiedad intelectual, las finanzas, las adquisiciones y otros instrumentos de desarrollo económico. En esencia, el TLCAN es la “Constitución” que rige la economía de esta parte del continente, fomentando la posición negociadora de un solo tipo de participante del mercado: el inversionista corporativo multinacional.

Por lo tanto, no debería sorprendernos que el ingreso y la riqueza se hayan trasladado de la clase trabajadora a la clase inversionista en la región. En las tres naciones los salarios reales (ajustados de acuerdo con la inflación) se han rezagado respecto al incremento de la productividad laboral, y la diferencia ha ido a parar a los bolsillos de quienes administran y son dueños de las empresas corporativas.

La promesa de que el TLCAN generaría altos niveles de prosperidad sostenida para los mexicanos comunes fue, por supuesto, una ilusión. Pero el impacto político y social ha sido amortiguado por el continuo crecimiento económico estadunidense, que permite que las elites mexicanas exporten una parte de su pobreza y desempleo a ese país. La situación beneficia a los ricos y poderosos de ambos lados de la frontera. Las elites mexicanas se deshacen de trabajadores frustrados y con deseos de superación, que podrían causar problemas políticos en casa; al mismo tiempo, sacan provecho de las abundantes remesas de divisas que llegan a la economía mexicana. Los empresarios estadunidenses se benefician con una oferta nueva de mano de obra barata.

Pero el crecimiento mismo de Estados Unidos durante los 20 años pasados descansó en una ilusión; es decir, podrían continuar eternamente comprando al resto del mundo más de lo que le estaban vendiendo y financiar el déficit comercial por medio de préstamos del extranjero con bajas tasas de interés. Quienes proporcionaban estos créditos estaban dispuestos a reciclarlos porque confiaban en la integridad de las instituciones de Wall Street, en la capacidad de sus administradores y en la estabilidad del dólar estadunidense. Esta confianza ha disminuido de manera considerable, si no es que se ha hecho añicos.

Incluso si el rescate de 700 mil millones de dólares de Wall Street lograra apaciguar los mercados crediticios, la economía de Estados Unidos entrará a un largo periodo de reducción de gastos. Se necesitará una década o más para que el mercado inmobiliario se recobre lo suficiente y los consumidores de nuevo hagan uso de él, elevando los precios con el fin de financiar su gasto de consumo. Las tasas de interés serán más altas. Los muy endeudados consumidores estadunidenses, que han visto sus recibos de nómina estancados por dos décadas, ahora se verán forzados a vivir de acuerdo con sus medios, a ahorrar más y a gastar menos, sobre todo en importaciones, que serán más caras debido a un dólar débil. Para cerrar el déficit comercial, Estados Unidos tendrá que exportar más, pero como tantas industrias ya se han ido al extranjero, los estadunidenses se verán obligados a competir con base en salarios más bajos. Los costos del rescate, del imperio militar y los apoyos a los deteriorados sistemas de salud, educación y de pensiones significarán impuestos más altos, reducción de los servicios gubernamentales y la caída de los estándares de vida de la familia estadunidense promedio. Entre otras consecuencias, es probable que la hostilidad hacia la inmigración continúe afianzándose, cerrando así esta válvula de seguridad que hasta ahora atenuaba las tensiones sociales en México.

La era en la que el crecimiento de la economía de Estados Unidos, alimentada por la deuda, podía continuar ocultando el incumplimiento de las promesas del TLCAN ha terminado. Sin embargo, la integración de la parte norte del continente americano no puede revertirse. Hay demasiados vínculos económicos, financieros y personales entre las tres naciones para separarlas. Así que es hora de empezar desde cero.

Es posible imaginar una perspectiva diferente de la economía de América del Norte. Una en la que los derechos humanos, la estabilidad comunitaria y la justicia económica tengan prioridad sobre los derechos del capital a oprimir a los tres países en nombre de la rentabilidad privada. Pero es imposible imaginar que estos valores sean negociados por la misma clase de elites transfronterizas que nos llevaron al TLCAN.

Ya hace tiempo que en los tres países existe resistencia contra el TLCAN entre pequeños agricultores, gremios laboraales, ambientalistas y ciudadanos comunes indignados por la desintegración social y la inequidad que fomentó la integración económica. Pero a diferencia de las asociaciones políticas entre las elites de esta parte del continente, la resistencia en cada una de estas naciones está aislada, no funciona y no ha creado alianzas políticas transfronterizas serias. De este modo, por ejemplo, cuando los agricultores mexicanos se manifestaron en favor de una revisión del capítulo agrícola del TLCAN, los embajadores de Estados Unidos y de Canadá los trataron con desprecio. Si los agricultores hubieran sido apoyados por sindicatos y ecologistas estadunidenses y canadienses, hubiera sido más difícil que el gobierno mexicano desoyera sus demandas.

Construir una alianza política transfronteriza de izquierda no será fácil, sobre todo porque muchos grupos antiTLCAN de los tres países han expuesto sus razones con argumentos nacionalistas. Pero, mientras los cimientos económicos de la constitución neoliberal de la economía de América del Norte continúen desmoronándose, puede existir una oportunidad para que un movimiento popular desafíe a la clase corporativa con una perspectiva diferente y más atractiva sobre el futuro regional.

Jeff Faux: Economista, fundador y miembro distinguido del Instituto de Economía Política en Washington, DC. La Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) ha publicado en español recientemente su libro La guerra global de clases.

Traducción: Pilar Castro Gómez

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J. Enrique Olivera Arce Veracruz, granero de México”, demagogia y simulación.

Confirmando nuestro punto de vista expresado en el apunte del pasado 14 de mayo, titulado “El Campo Mexicano. Esperanzas por votos”, el diario La Jornada en su edición del pasado 11 de los corrientes, publicó un interesante reportaje de René Alberto López, corresponsal en Tabasco, titulado “Agoniza el Plan Chontalpa; ejidatarios y campos de cultivo, casi en la ruina”. En este, el autor destaca que “hace 43 años, el proyecto de desarrollo agrícola Plan Chontalpa prometía convertir esa región en el granero del país. En sus buenos tiempos llegó a producir 30 mil toneladas de arroz. Hoy, sus campos de cultivo languidecen, la planta y la maquinaria están casi en ruinas, y los ejidatarios enfrentan problemas de cartera vencida”.

En nuestro aporte, señalamos que “Actualmente difícilmente los 22 ejidos colectivos del Plan Chontalpa, en vía de privatización y sometidos a la reproducción del sistema económico dominante, se pueden diferenciar de otros ejidos del país. La producción y productividad cedieron el paso al asistencialismo oficial de subsistencia y la política electoral substituyó a la organización social colectiva; se abandonó la infraestructura hidráulica, y cinco mil familias, a pie de vía, esperan en vano un nuevo ferrocarril que les conduzca a un mejor destino”.

Testigo y protagonista de un programa de colectivización ejidal que alcanzara su más alto nivel con la constitución de la “Unión de Ejidos Colectivos del Plan Chontalpa, Lázaro Cárdenas del Río”, y cuyo modelo de organización sustentado en la democracia participativa, se reprodujera en diversas microregiones de Tabasco y del país en el sexenio de Luís Echeverría Álvarez, en su momento me lleno de orgullo y satisfacción el ser parte de los miles de jóvenes que comprometidos con el nuevo impulso al proceso de la Reforma Agraria Mexicana, pusiéramos lo mejor de nosotros mismos al servicio de un modelo agrario que apuntara a marcar el rumbo en la construcción de un nuevo y más vigoroso estado de cosas en el campo mexicano. Hoy, con la confirmación de nuestra apreciación ya anotada, aquel orgullo y satisfacción se reduce a un mal sabor de boca. El fracaso del Plan Chontalpa me alcanza y me llena de tristeza.

No sólo fracasó el ambicioso proyecto en la región de La Chontalpa. También en todo el país se perdió la esperanza que los hombres del campo depositaran en sus instituciones republicanas, incluida la Confederación Nacional Campesina. La traición, el abandono y la demagogia neoliberal, substituyeron a organización, capacitación, asistencia técnica, crédito, y democracia participativa en el campo mexicano; en detrimento de una histórica forma de vida productiva y social con las consecuencias que en materia de pobreza, desigualdad, migración y dependencia agroalimentaria, hoy,  coloca a México como país entre los últimos de América Latina.

De ahí mi indignación cuando leo en la prensa diaria que, gobernantes y funcionarios, se llenan la boca, declarando que se apoya al campo y que en unos cuantos años Veracruz será el granero de México.  No hay tal apoyo ni es viable lo que ofrecen los políticos cuando en su imaginación construyen a base de mentiras un escenario promisorio. Lo que existe en materia agroalimentaria es un proyecto neoliberal de un gobierno de empresarios para empresarios, que privilegia a los menos y castiga a la mayoría de los hombres del campo; reduciéndolos al papel de dependientes de la caridad oficial o, en el mejor de los casos, a jornaleros en su propia tierra. Como tampoco, más allá de desplantes demagógicos electoreros, la Confederación Nacional Campesina y sus expresiones estatales, constituyen esperanza reivindicatoria alguna.

El fracaso del campo arrastra al resto del país. La  soberanía y autosuficiencia alimentaria es ya utopía. El caldo nos sale más caro que las albóndigas, y a la importación de alimentos habrá de seguirle la reducción de remesas de nuestros paisanos en el extranjero, así como la repatriación de los expulsados que ya no tienen cabida en la economía recesiva del norte, sin que exista blindaje eficaz para evitar la debacle. A la luz de los hechos, Andrés Manuel López Obrador tiene razón. O se cambia de rumbo o terminaremos en una simple colonia dependiente del capital extranjero.

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Joaquín Calomarde: La mano tendida de Hanna

Quisiera compartir con el lector una experiencia reciente. Es la primera vez que me ocurre en mi vida docente, que ya viene de lejos y que acabo de recuperar al reincorporarme como catedrático de Filosofía al Instituto San Vicente Ferrer de Algemesí. Hace escasos días, una alumna marroquí acudió a la sala de profesores. Inicié una conversación con ella, usando francés y español, pero era difícil. Mi alumna es de Rabat, se llama Hanna y no habla francés con fluidez, tan sólo árabe. Me interesé por su libreta, en la que identificaba objetos nombrados en español con las correspondientes palabras árabes, y al contrario. Le pregunté si podría hacerme una redacción, siquiera somera, sobre un tema. Y le propuse el siguiente: “¿Qué es bueno para ti?”. Me dio, como pudo, su palabra de intentarlo.

Desde ese momento, siempre que nos encontramos en el instituto corre hacia mí, con una enorme sonrisa, me dice en un mal español “Buenos días, profesor”, y tiende su mano para estrechar la mía.

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Stefano Rodota: Italia y los ’empresarios del miedo’

El Gobierno italiano se apresta a convertir en criminales a centenares de miles de personas que sólo buscan trabajo. Es disparatado, injusto, inconstitucional y antieuropeo

STEFANO RODOTÀ

El azar ha querido que el anuncio del paquete de seguridad del Gobierno de Berlusconi coincidiese con el debate en el Parlamento Europeo sobre los inmigrantes en Italia. La mayoría política italiana ha reaccionado contra esta coincidencia condenándola como una maniobra contra su Gobierno. Mala señal: revela que en Italia no somos conscientes de la gravedad de lo sucedido en el barrio napolitano de Ponticelli; la agresión racista que allí ha tenido lugar dice mucho sobre las responsabilidades de los numerosos empresarios del miedo que actúan hoy en este país. Y en vez de reflexionar sobre un caso que ha inquietado a toda Europa, nos refugiamos en la creación de un enemigo externo, después de haber encarnado el enemigo interno en el inmigrante clandestino en general y en la etnia gitana en particular. Y cabe recordar que los tratados de la UE incluyen el deber de controlar si los Estados miembros respetan los derechos fundamentales.

Una primera evaluación del paquete recién aprobado por el Gobierno de Berlusconi pone de relieve una decisión clara de ir hacia la creación de un auténtico “derecho penal-administrativo de la desigualdad“. Alcaldes y gobernadores adquieren unos poderes que inciden sobre la libertad personal y el derecho de residencia de las personas, y las garantías sufren un retroceso que plantea problemas de constitucionalidad y respeto a las directivas comunitarias. Pero además, el derecho de la desigualdad también puede manifestarse a través de las normas que prevén confiscar los inmuebles alquilados a extranjeros irregulares y regulan las transferencias de dinero al exterior. Quizás todo ello impulse la tendencia hacia una mayor degradación urbana, porque los irregulares se verán obligados a buscar refugios de emergencia. Y el control de las remesas de los irregulares podría dar lugar a formas odiosas de explotación por parte de los intermediarios.

El espíritu del paquete queda muy claro si nos detenemos en el nuevo delito de inmigración clandestina. De nada han servido las muestras de perplejidad de la mayoría, las advertencias del mundo católico (¿es que sólo hay que escucharlas cuando invitan a oponerse a las uniones de hecho y el testamento vital?) ni las observaciones de los especialistas. Se convierte en delito una simple condición personal, el hecho de ser extranjero, en contraste con lo que establece la Constitución en materia de igualdad. Y se contemplan agravantes para los delitos cometidos por extranjeros, con lo que se infringe la igualdad de trato en relación con la responsabilidad personal.

Es inquietante la total falta de atención a lo establecido por el Tribunal Constitucional italiano, en particular la sentencia número 22/2007, que advierte al legislador de que, “en un Estado democrático, no se puede utilizar el instrumento penal, y en especial la pena de cárcel, según su voluntad”. Después de anunciar una especie de secesión de la Unión Europea, ¿el Gobierno de Berlusconi se aparta de la legalidad constitucional? Debería saber que sus medidas pueden quedar anuladas por una declaración de inconstitucionalidad. En ese caso, no tendrían otro efecto que la publicidad conseguida ante los electores de derecha.

Ni tan siquiera está garantizada la eficacia de estas medidas. Un solo ejemplo: en Italia se han presentado 728.917 solicitudes de permiso de residencia (411.776 proceden de empleadas de hogar y cuidadores/as de niños y ancianos). Los puestos disponibles son 170.000. Por tanto, una vez agotados los procedimientos burocráticos, se quedarán fuera 558.917 personas. ¿Qué quieren hacer con ellas? ¿Qué sentido tiene, ante esta situación, hablar de delito?

El Gobierno habla de hacer una excepción con los cuidadores, pero la solución no reside en el ridículo procedimiento de la ley Bossi-Fini, que supedita la entrada en Italia a la oferta previa de trabajo. ¿Quién va a hacer venir a un cuidador para encargarle el cuidado de sus seres queridos sin haberle visto antes la cara? Y resulta inaceptable la solución picaresca de hacer que los inmigrantes vuelvan a su país de origen durante una semana y que después les llame quien les ha hecho la oferta de trabajo para que puedan entrar de manera legal. ¿Qué clase de país es el que enseña a burlar las leyes a los mismos inmigrantes de quienes se pretende que respeten la legalidad? ¿Y qué efecto tendría sobre nuestro sistema judicial y nuestras cárceles la introducción del delito de inmigración clandestina? Sobrecargar los tribunales con decenas de miles de nuevos juicios sería una insensatez, equivaldría a condenar a muerte un sistema penal ya en profunda crisis y haría todavía más complejas esas mismas expulsiones. Las cárceles, ya abarrotadas, reventarían, y los centros de estancia temporal se convertirían en campos de concentración. Y todo, para atrapar a unas personas culpables sólo de huir de un país a otro en busca de un modo de supervivencia.

Se ha olvidado que la inmigración aporta nuevas formas de seguridad. Como recuerda Luca Einaudi en su libro Le politiche dell’immigrazione in Italia dall’Unità ad oggi, los ejércitos de cuidadores han permitido pasar de un sistema de bienestar social a un sistema de bienestar privado, al extender la asistencia personal más allá de las clases privilegiadas. También ha habido seguridad para las empresas, que han dispuesto de una mano de obra inencontrable por otras vías. Y asimismo seguridad para el país, puesto que es precisamente la aportación de los inmigrantes al PIB la que permitió eludir el peligro de recesión entre 2003 y 2005 y la que ha contribuido a pagar las pensiones de toda la población.

Para abordar el tema de la inseguridad ciudadana, no basta recordar que las estadísticas sobre la evolución de los delitos muestran, al menos en algunos sectores, una disminución. La sensación de inseguridad no nace sólo de la extensión de los fenómenos criminales, sino de una demanda de protección contra un mundo que se considera hostil, contra presencias inesperadas en territorios habitados desde siempre por una comunidad cohesionada; en definitiva, contra los cambios culturales. ¿Qué hay que hacer?

Un alcalde no puede aparecer en televisión diciendo “No pido la pena de muerte, pero comprendo a quien la exige”. Lo que debe hacer es evocar la sombra de un gran lombardo, Cesare Beccaria -jurista del siglo XVIII, autor de De los delitos y de las penas-, y recordar que contribuyó a civilizar el mundo con sus posiciones contra la pena de muerte. Cuando un alcalde ve a sus conciudadanos incómodos en la plaza del pueblo, no manda quitar los bancos para evitar que vayan a sentarse en ellos los inmigrantes. Cuando la situación es incendiaria, no propone la creación de un “comisario para los gitanos”, con lo que se confirma la hostilidad hacia toda una etnia. Ésa es la diferencia entre desempeñar una función pública y convertirse en empresarios del miedo.

En el discurso de presentación del Gobierno, Berlusconi subrayó que “es preciso restablecer plenamente la seguridad de la vida cotidiana con normas de derecho que sirvan para reafirmar el imperio de la ley en todo el territorio del Estado”. Bien dicho. Es de esperar, por tanto, una estrategia de reconquista de las regiones perdidas, cedidas al control de la Camorra, la ‘Ndrangheta y la Mafia. Y esto no es cambiar de tema. Los terribles sucesos de Nápoles han puesto de manifiesto, precisamente, el protagonismo de la Camorra, único poder presente en la ciudad, empresario del miedo que ejerce la violencia para aumentar su propia legitimidad social.

El debate parlamentario debe pulir el paquete recién aprobado por el Gobierno y concentrarse en una mejor utilización de las normas existentes, el refuerzo de las capacidades de investigación y la adecuación de los recursos. Hace falta una mano muy dura contra las auténticas ilegalidades: contra quienes explotan el trabajo negro y contra los capataces abusivos, contra las redes de tráfico ilícito, mendicidad, prostitución. Espero que los sondeos sobre estos asuntos se lleven a cabo sin olvidar la larga reflexión sobre los plebiscitos como instrumentos de manipulación de la opinión pública. Un ejemplo clásico: la petición a los ciudadanos de que se pronuncien sobre la pena de muerte al día siguiente de una matanza. La democracia es frialdad, reflexión, filtro. Si pierde esa capacidad, se pierde a sí misma.

Stefano Rodotà, catedrático de Derecho Civil en la Universidad de Roma La Sapienza, y ex diputado en el Parlamento italiano. © La Repubblica 2008. Traducción de María Luisa Rodríguez Tapia

http://www.elpais.com/articulo/opinion/Italia/empresarios/miedo/elpepuopi/20080524elpepiopi_13/Tes Parlamento italiano. © La Repubblica 2008. Traducción de María Luisa Rodríguez Tapia

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Italia impulsa la ley que convierte en delito la inmigración ilegal

El primer Consejo de Ministros de Silvio Berlusconi se celebra en Nápoles, hundida entre toneladas de basura.- El Gobierno aprueba también un decreto ley que endurece la penas de los ‘sin papeles’

El Gobierno de Silvio Berlusconi aprobó ayer un proyecto de ley que define la inmigración clandestina en Italia como un delito, según ha informado el ministro de Asuntos Exteriores, Franco Frattini. La decisión ha sido adoptada durante el primer Consejo de Ministros del Gobierno de Berlusconi, celebrado en la ciudad de Nápoles y que ha durado cuatro horas.

Esta polémica medida ha sido incluida en uno de los tres proyectos de ley sobre seguridad e inmigración aprobados ayer y ahora tendrá que ser debatida en el Parlamento, donde Berlusconi cuenta con una amplia mayoría.

La consideración de la inmigración clandestina como delito ya figuraba en una ley promulgada durante el anterior mandato de Berlusconi, que fue declarada parcialmente inconstitucional. Sin embargo, el primer ministro italiano, volvió a retomar la lucha contra la inmigración ilegal como una de sus principales banderas durante la campaña electoral y ya se ha convertido en uno de los asuntos centrales en la vida política italiana desde que el magnate de la comunicación regresó al poder.

La pena prevista para este delito va de los seis meses a los cuatro años de cárcel, según fuentes políticas citadas por los medios locales. Los partidos de la oposición son contrarios a la introducción de este delito pues, según el dirigente progresista Antonio Di Pietro, producirá “millones de fugitivos” y costará al Estado entre 45 y 50.000 millones de euros”. También se opone a la medida la Iglesia Católica, que lo considera un “error”, ya que, según ha dicho el cardenal Renato Martino, no se puede acusar a los inmigrantes de todo lo malo.

El Ejecutivo de centro-derecha también ha aprobado un decreto ley de inmediata aplicación en el que se agravan las penas a los sin papeles que delinquen. Ha sido rechazada, en cambio, la propuesta para que el Ejército ayude a la Policía a patrullar las áreas más peligrosas de las ciudades.

Penas más duras

Entre la serie de medidas, según las filtraciones a los medios, figura la expulsión de un extranjero cuando haya sido condenado a una pena superior a dos años; el aumento de la pena en un tercio cuando quien comete el delito es un clandestino y fija la permanencia máxima de los inmigrantes ilegales en los centros de acogida en 18 meses.

Quien alquile una vivienda a un ilegal puede ser condenado a una pena que va de seis meses a tres años y multas de entre 100 y 150.000 euros y la casa confiscada. Los padres que manden a sus hijos a la mendicidad pueden ser condenados hasta a tres años de cárcel y le se quitará la patria potestad.

También se contempla el aumento de las penas para los conductores borrachos o drogados, que pueden llegar hasta los diez años de cárcel, y el endurecimiento de los requisitos para adquirir la ciudadanía italiana para el cónyuge extranjero. Hasta ahora bastaban seis meses para conseguirla y a partir de ahora serán necesarios dos años de residencia legal.

“Los vertederos serán verdaderas áreas militarizadas”

Berlusconi ha elegido Nápoles como sede de su primera reunión ministerial para expresar su compromiso con solucionar la crisis de las basuras en esa ciudad sureña, asfixiada con miles de toneladas de inmundicia arrojada en las calles y en algunos pueblos de la periferia. Por ello, los ministros han aprobado a través de un decreto ley un plan extraordinario y urgente para solucionar la crisis y en el que se incluye la declaración de zonas militarizadas para los vertederos, condenas penales para quien impida su utilización y el nombramiento del jefe del Departamento de Protección Civil, Guido Bertolaso, para que supervise la situación.

Berlusconi ha anunciado que se reabrirán cinco vertederos, uno por cada provincia de Campania, que serán considerados “zonas de interés estratégico nacional”. “Serán verdaderas áreas militarizadas, y estarán protegidas por las fuerzas armadas”, ha explicado Berlusconi, que ha añadido que el lugar donde se situarán será secreto hasta su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Asimismo, para quien se introdujera en esas zonas se prevén penas que van de los tres meses a un año de cárcel, mientras que las condenas serán de hasta cinco años para quienes causen desordenes que impidan la normal utilización de los basureros.

Sin embargo, la celebración del Consejo de Ministros en la Prefectura (Gobierno civil) de Nápoles no ha estado exenta de críticas. Frente a las autoridades, que habían asegurado que todo el centro de la ciudad estaría hoy limpio, los medios locales señalaron que se pretendía mostrar hoy una ciudad “limpia” cuando en la periferia siguen acumuladas 50.000 toneladas de desechos.

http://www.elpais.com/articulo/internacional/Italia/impulsa/ley/convierte/delito/inmigracion/ilegal/elpepuint/20080521elpepuint_13/Tes

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Jordi Soler: La mala educación

El endurecimiento de las medidas contra los inmigrantes que aparece cíclicamente en la agenda de la Unión Europea tiene mucho de amnesia y un buen porcentaje de ingenuidad, porque si algo demuestra la historia de los flujos y reflujos migratorios de todos los tiempos es que no hay ley, ni muro, ni forma de impedir la entrada de una persona que, con el irreprochable objetivo de alimentar a su familia, pretende introducirse en un país que le ofrezca mejores oportunidades que el suyo.

La dureza española con la inmigración latinoamericana debería pesar en la conciencia colectiva

¿Olvida España que muchos de sus hijos emigraron a América Latina?

Europa, y aquí viene la amnesia, le debe la vida a todos esos europeos que emigraron a otras latitudes en busca de fortuna; el soplo que trajo el Nuevo Mundo fue crucial para la consolidación del Viejo Continente. ¿Qué hubiera sido de la hoy pujante y boyante Irlanda si en el siglo XIX, durante la gran hambruna, Estados Unidos hubiera “endurecido” las medidas contra los inmigrantes? Éste es un asunto de conciencia nacional con el que tendrán que lidiar en su momento los irlandeses. En cuanto a nosotros, en España también tenemos nuestra propia cuota de amnesia, que nos lleva a hacer cosas que, si nos ajustásemos a cualquier manual de urbanidad básica, serían calificados como esos actos impropios que hace la gente maleducada y malagradecida.

Ahora voy a recordar una historia que debiera ser inolvidable, máxime en estos momentos: en el año de 1937, en la sede de la Sociedad de Naciones, en Ginebra, todas las democracias del mundo hacían la vista gorda para no condenar el golpe de Estado del general Franco, ni la intervención de Alemania e Italia en la Guerra Civil española. El silencio y la pasividad de aquellos gobiernos frente al golpe contra la República legítimamente constituida fue, y sigue siendo, una vergüenza.

Sólo un país defendió entonces, contra viento y marea, al Gobierno de la República: México. El presidente Lázaro Cárdenas, a través de su embajador en Ginebra, Isidro Fabela, dijo, ante el pasmo de todos los demás, cosas como ésta: “El Gobierno mexicano no reconoce, ni puede reconocer, otro representante legal del Estado español que el Gobierno republicano”. El resto guardó silencio con tanta disciplina que, unos años más tarde, el Gobierno golpista español conseguiría un asiento en la ONU, el organismo en que se convirtió la Sociedad de Naciones, como si se tratara de un gobierno normal, legítimamente elegido por el pueblo.

Lázaro Cárdenas sostenía que las personas que, por cualquier razón, tenían que abandonar su país debían ser recibidas por otro. Esto le parecía un principio de elemental humanidad, y guiado por este principio ofreció asilo a miles de inmigrantes,entre ellos, a decenas de miles de españoles que no sólo habían perdido la guerra sino también su país. Ante el fracaso de su embajador Fabela, cuyos esfuerzos por defender el Gobierno legítimo de Manuel Azaña fueron premiados con un sonoro silencio, Cárdenas abrió las puertas de México a cualquier inmigrante español, con profesión o sin ella, sin más trámite que la necesidad, o el deseo, de rehacer su vida y labrarse un porvenir en aquel lejano país de ultramar.

En estos días en que la Unión Europea endurece, un poco más, las medidas contra los inmigrantes “sin papeles”, no está de más tener presente esta historia, que tiene apenas 70 años de antigüedad, y no está de más recordarla porque las normas comunes que salen de Bruselas, que intentan controlar el flujo de emigrantes que entra todos los días a Europa, no son más que una aproximación, un tanteo, a veces bastante torpe, que con frecuencia se agita según los aires políticos del momento.

Estados Unidos, que nos lleva décadas de ventaja en este tema, se ha cansado de construir muros y leyes y de inventar cuerpos de policía especiales, y aun así no ha podido encontrar la solución para que los emigrantes latinoamericanos dejen de colarse por sus fronteras. La inmigración es el peaje inevitable que tienen que pagar los países ricos, y todo lo que puede hacerse al respecto es, más o menos, acotarla. Porque sin este margen se caería en la persecución, en la criminalización del inmigrante, en la instauración de un Estado policiaco que iría en contra de lo que es Europa, un territorio donde ante todo se practican los valores de respeto de la dignidad humana, sin los cuales este continente se convertiría en un holding de empresarios dedicados a la multiplicación de sus riquezas.

Dentro del margen que el fenómeno exige, cada país europeo debe tener presente su propio historial migratorio, que es parte indisociable de su historia, una particularidad que no puede meterse en el saco general de medidas de la Unión Europea. Por ejemplo, España tiene responsabilidades con Latinoamérica que Irlanda no tiene, porque España, guste o no, es la madre patria de aquel continente y además, a lo largo de su historia, los españoles han emigrado con bastante normalidad a aquellos países; cosa que, hasta hace unos años, también sucedía a la inversa.

Pero aquel periodo idílico, de elemental justicia, se ha terminado: la urgencia europea por controlar el aterrizaje, o el desembarco, de los inmigrantes, ha provocado, entre otras cosas, que el Gobierno español pase por alto esos años, nada remotos, en los que para progresar, para ganarse mejor la vida, había que irse de España, había que emigrar a otro país.

Pondré como ejemplo el caso de un mexicano que quiera viajar a España, porque es el que mejor conozco, porque tiene que ver con esa historia de conmovedora solidaridad que protagonizó el presidente Lázaro Cárdenas, y porque ilustra perfectamente cómo las medidas contra el inmigrante se han endurecido de manera irracional. Setenta años después de aquella historia, todo mexicano que venga, no a quedarse, sino a pasear a España tiene que someterse a un control nada cortés en el aeropuerto de Barajas o en el de El Prat; un control en el que un oficial le exigirá que enseñe el billete de vuelta, una cantidad mínima de 57 euros por cada día de estancia, el comprobante de una reserva de hotel y, si se trata de un turista que viene a visitar a un familiar o amigo, es decir, que no se hospedará en un hotel, una carta de invitación que previamente ese sufrido familiar o amigo habrá tenido que ir a tramitar a la comisaría de su barrio. Hay que añadir, porque no sobra, que los mexicanos son una minoría en España; una minoría que no sólo no amenaza la integridad de la Unión Europea, sino que ni siquiera pinta en las estadísticas del Ministerio de Trabajo e Inmigración.

Estas medidas duras e inútiles, que se aplican sin ningún rubor tanto a los mexicanos como a la mayoría de los latinoamericanos, hijos todos de la madre patria, deberían pesar en la conciencia colectiva de España, que hoy es rica y próspera gracias a sus emigrantes y a sus inmigrantes. Olvidar esto, pasarlo por alto, es de gente mal educada.

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