Los gremios más representativos de las comunidades nativas de la Amazonía anuncian que si el gobierno peruano prosigue en su intento de rematar los recursos naturales, los pobladores retornarán a sus bosques, no reconocerán al Estado y evitarán a toda costa el ingreso del capital privado.
Mientras los movimientos científicos y sociales buscan salidas para paliar el brusco cambio climático a través de mayor protección de la rica biodiversidad amazónica, el gobierno del Perú enfrenta batalla legal contra las comunidades de la Amazonía con el fin de atender el ingreso privilegiado del capital privado, arrasando ancestrales derechos de propiedad de sus antiguos pobladores.
Pues los habitantes de la Amazonía, esta vez han decidido articular una oposición sólida y constante, para evitar la arremetida gubernamental aprista y que se repita otro capítulo de violencia y olvido del Estado.
Para no retroceder a la época de los caucheros, en los pueblos de la selva aún están frescas las negras historias de colonos que recibieron grandes concesiones de tierras y establecieron relaciones de esclavitud con los aborígenes.
Solo una muestra. En los años cincuenta, al igual que en esta primera década del siglo XXI, hubo una ola privatizadora. La dictadura del entonces general Manuel Odría autorizó el ingreso a la selva del Ucayali del rico empresario Letorneau, llamado “Socio de Dios”.
Equipado con modernos tractores y potentes aserraderos, la empresa franco norteamericana apareció con una legión de predicadores del cristianismo ortodoxo y fundó más de una congregación y un centro de investigación de las lenguas nativas. Detrás de esa avanzada religiosa, las máquinas se encargaron de derribar miles y miles de hectáreas de bosques. En menos de 20 años, las más finas especies como cedro y caoba desaparecieron y no hubo autoridad que se preocupara por la reforestación.
La entonces pequeña ciudad de Pucallpa, capital de Ucayali, fue convertida en un desierto que no cesa de crecer con pobladores que huyen de las profundidades del bosque, en tanto, desde los puertos ribereños de los afluentes del Amazonas, parten rumbo a EEUU y Europa los barcos aserradores cargados de ricas especies naturales.
Desde mucho antes, la vida de las comunidades aborígenes fue muy difícil. Los habitantes del oriente peruano fueron tratados como desconocidos, como los otros. La subalternidad y la otredad, restan valor a la diversidad cultural.
Los nativos no se oponen al desarrollo integral de sus pueblos. Lo único que desean es que el inversionista respete su hábitat y que la explotación de los recursos sea el fruto de la concertación entre Estado y capital, en el marco de una legislación ambientalista, que hasta ahora es letra muerta.
En este tercer año del segundo gobierno aprista, el país pasa por una coyuntura que podría servir para refundar el Estado a partir del armónico desarrollo de la Amazonía. Pero ocurre lo contrario. El Ejecutivo ha reconocido que se equivocó de estrategia al saltar los compromisos internacionales como el Convenio 169 de la OIT que obliga al Estado a consultar a las comunidades sobre cualquier cambio en la forma de enajenación de las tierras.
El Congreso de la República, con el respaldo de la Defensoría del Pueblo y el voto oficialista en contra, ha tenido que derogar un primer Decreto Legislativo que reducía el número de votos necesarios de las comunidades nativas y campesinas para la toma de sus acuerdos.
Esta aparente tregua no convence a los aborígenes, porque el gobierno solo pretende afinar las condiciones para no entregar a los inversionistas los proyectos de exploración y extracción de petróleo, gas y biocombustibles, así como las vías interoceánicas con Brasil sin escuchar las demandas sociels de los comuneros.
La realidad de estos días revela improvisación de los gobernantes. Las unidades de prevención del Consejo de Ministros no muestran identificación con los proyectos del Ejecutivo. La tensión social sigue latente, aunque la autoridad política niega afanes represivos. En la reciente y pacífica movilización de la selva, la policía ha actuado con violencia. En Bagua, cerca de la frontera con Ecuador, fueron heridos de balas y perdigones varias decenas de comuneros. Las dirigencias comunales denunciaron que son objeto de persecución política por parte de la gubernamental Agencia Peruana de Cooperación Internacional.
La actual administración, no obstante su oferta electoral de continuar con la modernización del Estado iniciada por los presidentes Paniagua y Toledo, no ha involucrado la selva. Solo se ha centrado en más privatizaciones, nuevas regulaciones y liberalización de los mercados, sin tocar el “antiguo régimen”. La corrupción del Poder Judicial contribuye a la falta de credibilidad de las principales instituciones, aunque parece que este clima no incide todavía sobre el crecimiento de la macroeconomía.
Lamentablemente el Estado no tiene capacidad para trabajar con la Amazonía. En julio último, recién creó el Ministerio de Medio Ambiente para cumplir con los requisitos que establece el TLC con EEUU. Pero los informes de las propias organizaciones comunales indican que a la fecha 163 comunidades tienen dificultades en tramitar su titulación, 143 han solicitado ampliación de sus límites territoriales y otro tanto tiene conflictos de delimitación y de otro tipo.
El presidente Alan García con su discurso de El Perro del Hortelano, descalifica la posición de los nativos y solo busca beneficiar a las empresas mineras, petroleras y otros agentes interesados en las tierras de las comunidades campesinas y nativas. Ejemplos sobran:
La extracción del gas de Camisea, es un proyecto que tenía como objetivo cambiar la matriz energética del país y cubrir las necesidades de los pueblos por donde atraviesan los gasoductos del Cusco a Lima. Pero por falta de planificación, las principales ciudades del país hoy sufren apagones para derivar energía a las fábricas. Tirios y troyanos se preguntan ¿cómo organismos como el BID han comprometido a sus mejores técnicos en un lucrativo proyecto de exportación de gas natural a México y Chile, sin prever la demanda interna de la costa y menos aún de los pueblos del sur del Perú?
Las comunidades nativas consideran que García ignora sus culturas y que pretende gobernar sin consultar y dialogar con los involucrados. “Para la sociedad occidental la tierra es de uno cuando el título de propiedad está inscrito en los Registros Públicos. Para los indígenas el dueño es la Madre Tierra”. Los andinos la reconocen como Pachamama. La tierra, las montañas y cataratas son sagradas”, proclama la AIDESEP, organización que lideró el último paro regional.
Datos
La Amazonía tiene más de un millón de pobladores nativos, distribuidos en Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia, que forman parte de 177 grupos étnicos.
La Amazonía peruana abarca el 60% del territorio nacional y es habitada por el 13% de los 28 millones de peruanos.
Son 774.649 kilómetros cuadrados, donde viven unos 650.000 indígenas de 65 etnias, cada uno con su propio idioma y cultura.
Hay numerosos distritos donde la pobreza extrema llega al 100% y la perniciosa inflación está muy por encima de los 6 dígitos que aparece en Lima.
Solo en la Amazonía peruana existe el 10% de la biodiversidad del mundo y alberga el 30% del agua dulce.
http://www.argenpress.info/2008/09/per-la-amazona-en-venta.html
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