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Francisco López Bárcenas: La criminalización de la protesta social

Primero fueron los conflictos intercomunitarios, para simular que eran las comunidades indígenas las que se peleaban entre ellas por intereses de grupo y no como en realidad es: por conflictos inducidos desde fuera, unas veces desde las oficinas gubernamentales y otras por grupos políticos con intereses particulares. Después fueron las guardias blancas, grupos de pistoleros que asuelan comunidades que no se ajustan a intereses de los caciques regionales y políticos en turno. De ahí se dio el brinco a los grupos paramilitares, organizaciones armadas por el Ejército y las policías para que hagan el trabajo represivo que sus impulsores no pueden hacer porque socialmente les resulta muy costoso. Ellos son los responsables de asesinatos masivos como los de El Charco y Aguas Blancas, en el estado de Guerrero, y Agua Fría y Acteal en Oaxaca. Pero eso no es todo: ahora es el Ejército federal ocupando abiertamente comunidades indígenas. Se trata de un amplio abanico de prácticas y procesos de criminalización de la protesta social, con la finalidad de contener el descontento indígena y campesino.

Una práctica no sustituye a las otras: las refuerza. Así lo dicen las denuncias de la policía comunitaria y el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, en Guerrero; así lo denuncian las comunidades indígenas, bases del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y lo documenta el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, en el estado de Chiapas; así lo demuestran mixtecos de Santo Domingo Ixcatlán y San Pedro Yosotatu, en la Mixteca alta, lo mismo que en el municipio autónomo de San Juan Copala, en la región triqui y la mayor parte del estado de Oaxaca, y lo evidencian varias organizaciones de derechos humanos. Es la prueba fehaciente de la criminalización de la protesta social, dicen unos; es la represión al descontento popular, gritan otros; es la guerra de contrainsurgencia, expresan los demás. Y lo peor: el fenómeno no es privativo del sureste mexicano. Lo mismo puede decirse del norte del país, Chihuahua y Nuevo León entre los que más han trascendido.

Los resultados de estas prácticas ilegales de contención del descontento popular están a la vista. Cada día crece el número de detenidos en las cárceles mexicanas por su participación en movimientos populares, por más que las autoridades judiciales se esmeren en formular acusaciones para procesarlos por delitos comunes. De la misma manera aumentan las campañas de desprestigio contra los defensores de los derechos humanos y asesores de quienes en esos grupos participan; así se busca deslegitimar sus esfuerzos en la defensa de sus derechos, pues quienes las fomentan saben que el mejor apoyo que éstos tienen para respaldar su labor es la opinión pública. Si esto no los convence de desistir de su empeño queda el recurso de la amenaza directa, contra ellos y sus familiares. Lamentablemente eso no es todo: junto con las detenciones, campañas de desprestigio y amenazas también aumenta el número de desaparecidos por motivos políticos.

¿Qué está sucediendo en las altas esferas gubernamentales para que hayan decidido escalar la criminalización de la protesta popular? ¿Teme el gobierno que el descontento aumente y se le vaya de las manos? ¿Son medidas preventivas o ya es una forma abierta de enfrentar la irritación social? Cualquiera que sea la razón que motive a los gobernantes a tomar estas decisiones, todas ellas muestran una anomalía de fondo que debiera ser atendida. Si los ciudadanos y los pueblos actúan fuera del aparato estatal es porque no tienen confianza en él, porque ya no representa el “interés general” que le debería dar sustento; en sentido inverso, si el Estado reprime a los gobernados es porque también desconfía de ellos. En otras palabras, el pacto social está roto. Si se quiere corregir esta anomalía lo aconsejable es recomponerlo, atendiendo a las nuevas circunstancias. Seguir criminalizando la protesta social a lo único que conduce es a su profundización.

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Jaime Martínez Veloz: EZLN: coyuntura y perspectivas

Las causas que dieron origen al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) hace ya casi 14 años no se han modificado sustantivamente, a pesar de lo actuado durante todo este tiempo, incluyendo muchos esfuerzos sinceros por lograr cambios perdurables en beneficio de todos los chiapanecos.

Parece que imperaron criterios que ahora no se atreven a decir su nombre, pero que desde un principio apostaron a que la fatiga y el desgaste terminarían por desmembrar a los insurgentes, condición para la restitución del viejo orden, inaceptable por injusto.

Esos vaticinios fallaron, por eso ahora nadie reconoce su paternidad; fue mucho lo que estuvo en juego en el pasado reciente, los equilibrios de las armas son frágiles e inestables, y si en Chiapas no se rompieron fue gracias a la lealtad de muchos lo que permitió el nacimiento de una nueva iniciativa para ampliar y profundizar la distensión con el EZLN.

Es necesario reconocer la capacidad organizativa del EZLN, así como la forma y el método con que ha podido establecer una relación armónica entre sus bases a partir de las juntas de buen gobierno, cuyo trabajo ha permitido procesar diferencias y consolidar sus propios proyectos políticos y sociales.

Los adversarios naturales del zapatismo, aquellos que violentaron sistemáticamente los derechos indígenas y orillaron al levantamiento, mantienen en forma soterrada la intolerancia beligerante que siguen demostrado y a regañadientes permanecen justo en los límites de la legalidad.

Es notable la inmovilidad que impregnó al gobierno federal de la administración pasada, la cual trascendió ya al actual, que a casi un año de tomar posesión parece mantener el mismo lema: el conflicto terminará por desgaste y extenuarse naturalmente, no hay que intervenir.

En contraste con la pasividad del Estado mexicano, el EZLN permanece decidido a sostener sus banderas; a pesar de los magros resultados obtenidos en su actividad política legal, sus dirigentes siguen cuidando la unidad de sus comunidades impulsando iniciativas en el contexto de la ley.

Esto no puede ni debe pasar desapercibido por los diferentes actores políticos nacionales, porque es justo reconocer que la actual redistribución del poder político que los chiapanecos expresaron en las urnas el domingo pasado, así como los avances con que en materia de infraestructura cuenta el estado, se deben en gran medida a la contribución que el EZLN ha realizado en el escenario político chiapaneco.

Nadie puede regatear la aportación significativa del EZLN en la democratización y el avance de Chiapas. Es cierto que los zapatistas no participan electoralmente, pero su lucha se ha expresado en una reformulación del poder político en el estado. Parece contradictorio, pero no lo es, ya que las repercusiones de la lucha zapatista también se han expresado en una mayor pluralidad en la realidad chiapaneca. Hay una deuda con ellos en este renglón, así como en muchos otros.

El reconocimiento de esta realidad implica que el Estado mexicano y sus instituciones asuman una iniciativa coherente y articulada que permita destrabar el conflicto. Así como el Senado de la República pudo abordar el tema de la reforma electoral, de la misma forma deberá retomar y solucionar el gran pendiente que tiene el Estado mexicano con los pueblos indígenas. Sólo así podrá hablarse de una reforma integral del Estado. Dar una salida digna al conflicto entre el EZLN y el gobierno federal es un imperativo impostergable

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