Jorge Zavaleta: La amazonía en venta

Los gremios más representativos de las comunidades nativas de la Amazonía anuncian que si el gobierno peruano prosigue en su intento de rematar los recursos naturales, los pobladores retornarán a sus bosques, no reconocerán al Estado y evitarán a toda costa el ingreso del capital privado.

Mientras los movimientos científicos y sociales buscan salidas para paliar el brusco cambio climático a través de mayor protección de la rica biodiversidad amazónica, el gobierno del Perú enfrenta batalla legal contra las comunidades de la Amazonía con el fin de atender el ingreso privilegiado del capital privado, arrasando ancestrales derechos de propiedad de sus antiguos pobladores.

Pues los habitantes de la Amazonía, esta vez han decidido articular una oposición sólida y constante, para evitar la arremetida gubernamental aprista y que se repita otro capítulo de violencia y olvido del Estado.

Para no retroceder a la época de los caucheros, en los pueblos de la selva aún están frescas las negras historias de colonos que recibieron grandes concesiones de tierras y establecieron relaciones de esclavitud con los aborígenes.

Solo una muestra. En los años cincuenta, al igual que en esta primera década del siglo XXI, hubo una ola privatizadora. La dictadura del entonces general Manuel Odría autorizó el ingreso a la selva del Ucayali del rico empresario Letorneau, llamado “Socio de Dios”.

Equipado con modernos tractores y potentes aserraderos, la empresa franco norteamericana apareció con una legión de predicadores del cristianismo ortodoxo y fundó más de una congregación y un centro de investigación de las lenguas nativas. Detrás de esa avanzada religiosa, las máquinas se encargaron de derribar miles y miles de hectáreas de bosques. En menos de 20 años, las más finas especies como cedro y caoba desaparecieron y no hubo autoridad que se preocupara por la reforestación.

La entonces pequeña ciudad de Pucallpa, capital de Ucayali, fue convertida en un desierto que no cesa de crecer con pobladores que huyen de las profundidades del bosque, en tanto, desde los puertos ribereños de los afluentes del Amazonas, parten rumbo a EEUU y Europa los barcos aserradores cargados de ricas especies naturales.

Desde mucho antes, la vida de las comunidades aborígenes fue muy difícil. Los habitantes del oriente peruano fueron tratados como desconocidos, como los otros. La subalternidad y la otredad, restan valor a la diversidad cultural.

Los nativos no se oponen al desarrollo integral de sus pueblos. Lo único que desean es que el inversionista respete su hábitat y que la explotación de los recursos sea el fruto de la concertación entre Estado y capital, en el marco de una legislación ambientalista, que hasta ahora es letra muerta.

En este tercer año del segundo gobierno aprista, el país pasa por una coyuntura que podría servir para refundar el Estado a partir del armónico desarrollo de la Amazonía. Pero ocurre lo contrario. El Ejecutivo ha reconocido que se equivocó de estrategia al saltar los compromisos internacionales como el Convenio 169 de la OIT que obliga al Estado a consultar a las comunidades sobre cualquier cambio en la forma de enajenación de las tierras.

El Congreso de la República, con el respaldo de la Defensoría del Pueblo y el voto oficialista en contra, ha tenido que derogar un primer Decreto Legislativo que reducía el número de votos necesarios de las comunidades nativas y campesinas para la toma de sus acuerdos.

Esta aparente tregua no convence a los aborígenes, porque el gobierno solo pretende afinar las condiciones para no entregar a los inversionistas los proyectos de exploración y extracción de petróleo, gas y biocombustibles, así como las vías interoceánicas con Brasil sin escuchar las demandas sociels de los comuneros.

La realidad de estos días revela improvisación de los gobernantes. Las unidades de prevención del Consejo de Ministros no muestran identificación con los proyectos del Ejecutivo. La tensión social sigue latente, aunque la autoridad política niega afanes represivos. En la reciente y pacífica movilización de la selva, la policía ha actuado con violencia. En Bagua, cerca de la frontera con Ecuador, fueron heridos de balas y perdigones varias decenas de comuneros. Las dirigencias comunales denunciaron que son objeto de persecución política por parte de la gubernamental Agencia Peruana de Cooperación Internacional.

La actual administración, no obstante su oferta electoral de continuar con la modernización del Estado iniciada por los presidentes Paniagua y Toledo, no ha involucrado la selva. Solo se ha centrado en más privatizaciones, nuevas regulaciones y liberalización de los mercados, sin tocar el “antiguo régimen”. La corrupción del Poder Judicial contribuye a la falta de credibilidad de las principales instituciones, aunque parece que este clima no incide todavía sobre el crecimiento de la macroeconomía.

Lamentablemente el Estado no tiene capacidad para trabajar con la Amazonía. En julio último, recién creó el Ministerio de Medio Ambiente para cumplir con los requisitos que establece el TLC con EEUU. Pero los informes de las propias organizaciones comunales indican que a la fecha 163 comunidades tienen dificultades en tramitar su titulación, 143 han solicitado ampliación de sus límites territoriales y otro tanto tiene conflictos de delimitación y de otro tipo.

El presidente Alan García con su discurso de El Perro del Hortelano, descalifica la posición de los nativos y solo busca beneficiar a las empresas mineras, petroleras y otros agentes interesados en las tierras de las comunidades campesinas y nativas. Ejemplos sobran:

La extracción del gas de Camisea, es un proyecto que tenía como objetivo cambiar la matriz energética del país y cubrir las necesidades de los pueblos por donde atraviesan los gasoductos del Cusco a Lima. Pero por falta de planificación, las principales ciudades del país hoy sufren apagones para derivar energía a las fábricas. Tirios y troyanos se preguntan ¿cómo organismos como el BID han comprometido a sus mejores técnicos en un lucrativo proyecto de exportación de gas natural a México y Chile, sin prever la demanda interna de la costa y menos aún de los pueblos del sur del Perú?

Las comunidades nativas consideran que García ignora sus culturas y que pretende gobernar sin consultar y dialogar con los involucrados. “Para la sociedad occidental la tierra es de uno cuando el título de propiedad está inscrito en los Registros Públicos. Para los indígenas el dueño es la Madre Tierra”. Los andinos la reconocen como Pachamama. La tierra, las montañas y cataratas son sagradas”, proclama la AIDESEP, organización que lideró el último paro regional.

Datos

La Amazonía tiene más de un millón de pobladores nativos, distribuidos en Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia, que forman parte de 177 grupos étnicos.

La Amazonía peruana abarca el 60% del territorio nacional y es habitada por el 13% de los 28 millones de peruanos.

Son 774.649 kilómetros cuadrados, donde viven unos 650.000 indígenas de 65 etnias, cada uno con su propio idioma y cultura.

Hay numerosos distritos donde la pobreza extrema llega al 100% y la perniciosa inflación está muy por encima de los 6 dígitos que aparece en Lima.

Solo en la Amazonía peruana existe el 10% de la biodiversidad del mundo y alberga el 30% del agua dulce.

http://www.argenpress.info/2008/09/per-la-amazona-en-venta.html

J. Enrique Olivera Arce: El tesorito en España

Como era de esperarse, para el gobierno español es motivo de regocijo la sola posibilidad de la privatización energética en México y la participación de las empresas de su país en la explotación petrolera. Las declaraciones del Jefe de gobierno, manifestando su optimismo en torno a la reforma que sobre el particular promueve Calderón Hinojosa, no dejan lugar a dudas. Al fin y al cabo, está en su derecho y su interés por ampliar la presencia  de capital español en América Latina; no sólo es legítimo sino que además explícitamente se encuadra dentro de las estrategias a seguir en materia de energía y política exterior del país ibérico.

Lo que no es justificable es el que Calderón Hinojosa haga caravanas con sombrero ajeno al gobierno y empresarios de la España monárquica, ofreciendo lo que es propiedad de todos los mexicanos y no del gobierno de México. Anticipándose a lo que en su momento el Congreso habrá de determinar en materia de reformas a PEMEX; dando por sentado que será con capital extranjero y no con recursos de la Nación como habrá de financiarse el fortalecimiento y modernización de la paraestatal.

Así como seguramente da por sentado que sus iniciativas serán aprobadas en los términos, de acuerdo a sus intenciones privatizadoras. Con debate, con consulta ciudadana o sin estos instrumentos. De otra manera hubiera sido más cauto, manifestando su respeto tanto al esfuerzo que tiene lugar en el Senado de la República, como en las iniciativas de llevar a consulta ciudadana  el tema petrolero. Lejos de ello, por principio de cuentas,  ante el gobierno español descalificó la riqueza de conceptos y clarificaciones que viene arrojando el debate, afirmando que únicamente se han discutido temas ideológicos y políticos y no elementos importantes y sustantivos de su iniciativa.

Con lo que, de paso, descalifica la historia del pueblo de México e ignora que precisamente lo que implica una reforma de fondo en PEMEX, responde a la necesidad de poner ciencia, tecnología y economía petrolera bajo la conducción de la política y al servicio de toda la Nación. Con la carga ideológica y visión de futuro que ello conlleva.

Reduciendo el debate en el Senado a una confrontación coyuntural de intereses partidistas con vista a futuros comicios. Lo que, sin descartarlo porque estamos en México, es asunto de política doméstica y no asunto a dirimir en el exterior frente a gobierno extranjero.

Resultado de una estrategia previamente acordada, se endurece la postura del PAN gobierno. Se substituye al coordinador de la bancada panista en el Senado por un incondicional de línea dura que, inicia su encargo declarando que una de las principales tareas de su grupo parlamentario es relanzar la defensa de las iniciativas presidenciales para modernizar Petróleos Mexicanos, a la par que también hace mofa del debate en el Senado descalificando a los ponentes invitados y afirmando que “…al concluir la discusión se extenderá a reporteros y personal de seguridad un diploma de expertos en energía por chutarse los foros, a los cuales estamos trayendo puras lumbreras”.

Así las cosas, la percepción que deja la primera etapa del viajecito de Calderón Hinojosa a España, es la de la existencia de una estrategia ya acordada con sectores afines del PRI de dejar pasar el debate en el Senado para, al término de este, sin más proceder a la aprobación de las iniciativas de reformas mediante el mayoriteo en ambas Cámaras, previo ajuste y maquillaje en lo oscurito atendiendo a intereses específicos del partido tricolor. Dejándole a los medios de comunicación la tarea de vender la idea de que la consulta ciudadana resulta improcedente,  porque sería una manifestación más de una absurda insistencia en privilegiar la ideología y la política por sobre lo sustantivo de los más caros intereses futuros de la Nación. El tesorito de Calderón.

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J. Enrique Olivera Arce: El debate petrolero, simulación y engaño.

El debate sobre el futuro de la industria petrolera en México que en el Senado iniciara el pasado martes, parece ser mero trámite para justificar reformas ya pactadas a PEMEX, contrarias a los intereses de la Nación. De otra manera no se explica el que a un día de iniciado, Calderón Hinojosa enviara a la Cámara de diputados una propuesta para reformar y adicionar la Ley Federal de Derechos que, en su parte medular, contempla reducir la carga fiscal a empresas privadas que perforen en busca de petróleo y gas en aguas profundas y en la zona del paleocanal de Chicontepec.

Si existe consenso en que México no cuenta con la tecnología y equipo para explorar en aguas profundas del Golfo, entonces estaríamos hablando de que la iniciativa de marras está dirigida a incentivar a empresas extranjeras, para que inviertan en la búsqueda del “tesorito”.

Así, mientras a PEMEX se le aplica una fórmula fiscal que le descapitaliza, orillándole a un constante endeudamiento y a la quiebra técnica, de aprobarse las modificaciones a la Ley Federal de Derechos las empresas privadas que resultaran beneficiarias, pagarían al fisco entre un 15 y 20 por ciento en relación con los que se cobran a Petróleos Mexicanos. Adicionalmente gozarían de un régimen de excepción que permitiría a las empresas mayores márgenes para deducir impuestos, que serían de hasta 15 dólares por barril de crudo y gas en aguas profundas, y de hasta 10 dólares en el paleocanal.

De acuerdo a la información proporcionada por La Jornada el día de hoy, la privatización de facto tendría lugar mediante “contratos de desempeño”. Eufemismo con el que se pretende ocultar el hecho de que con las reformas a la Ley Federal de Derechos, que establecería el cálculo de impuestos con base en el volumen y precio del petróleo en el mercado mundial, en realidad estaríamos hablando de “contratos de riesgo”, con los que el Estado mexicano compartiría por la vía fiscal, parte de la renta petrolera con empresas extranjeras.

No resulta extraño, por tanto, que en el primer día de debate, el PAN por conducto de su dirigente nacional, lejos de aportar elementos legales y técnicos a favor de las iniciativas de Calderón Hinojosa, fijando la posición de su partido, se concretara a descalificar a quienes se oponen a estas, polarizando el debate y generando ruido. Dando por sentado que el camino para la privatización ya está allanado mediante pacto en lo oscurito y de espaldas a la ciudadanía.

Como tampoco resulta extraño que los gobernadores de los estados autonombrados “productores”, a riesgo de comprometer su capital político, ya manifiesten más interés en el como beneficiarse de la rebatinga de la renta petrolera que en el rescate y modernización de la paraestatal (PEMEX).

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Guillermo Almeyra: El camino y la meta

Por supuesto, al emprender un camino la meta en parte está implícita ya que, al menos, el caminante conoce el rumbo general que desea seguir. Lo que quiero decir, por consiguiente, es simplemente que el pragmatismo, la indefinición y la brumosidad teórica, el “caminemos y después veamos” sin tener una meta clara y definida, no sólo pueden hacer que el camino sea mucho más tortuoso y accidentado y muchísimo más largo, sino que también hacen correr el riesgo de que el mismo se pierda en algún pantanal histórico. En efecto, el pasado nos enseña que muchos de los primeros fascistas italianos deseaban acabar con el capitalismo y terminaron integrando el régimen corporativo del Duce, y que los obreros peronistas, objetivamente revolucionarios y que creían “combatir al capital”, acabaron siguiendo una dirección que fue el principal sostén del conservadurismo en Argentina. Por eso es importante una meta definida, clara para todos.

En el proceso bolivariano en Venezuela, por ejemplo, se da como objetivo final el socialismo (sin definir mucho qué quiere significar ese concepto, en qué se diferencia de los llamados socialismos anteriores o contemporáneos y con cuáles herramientas sociales habría que “construirlo”, noción que indica un constructor que tiene ya los planos del futuro y la técnica para hacerlo posible, y que debe, sin embargo, realizar aún un proceso político relativamente largo con los tampoco definidos peones de la obra).

Pero ¿cuál es, en cambio, la meta de los movimientos sociales bolivianos? ¿Edificar un nuevo modelo socioeconómico, el llamado capitalismo andino, mezclando las comunidades y los ayllus y markas con las pymes nacionales, cuando a lo que asistimos es a una aguda lucha de clases disfrazada de lucha étnica que libran la vieja Rosca y la oligarquía terrateniente unida a las trasnacionales y al capital financiero internacional, por una parte, y los campesinos, las comunidades indígenas, los pobres rurales sin tierra, los artesanos, los obreros, las clases medias pobres, indígenas y mestizas, por la otra?

En el enfrentamiento boliviano se mezclan la revolución descolonizadora (por la igualdad étnica y cultural de todos los pueblos), la revolución democrática (por la reconstrucción del Estado nacional criollo, reorganizando sus bases culturales y étnicas y el territorio político de Bolivia) y una revolución social rampante que enfrenta la contrarrevolución capitalista, esclavista, racista apoyada por el capital internacional y por el imperialismo. Por lo tanto, están por conquistar objetivos democráticos propios del capitalismo (construir un mercado interno, asegurar un Estado de derecho, imponer una redistribución equitativa de la riqueza nacional, hacer una revolución agraria que dé tierras a los sin tierra y medios de vida a los sin trabajo, destruir el racismo). Pero los mismos sólo podrán ser alcanzados si se aplasta, con los movimientos sociales, a las fuerzas de la reacción y se impone un regionalismo sí, pero que esté basado en las autonomías comunitarias y municipales confederadas nacionalmente para realizar un plan común de desarrollo humano y económico. O sea, si se deja atrás el marco del capitalismo, que no es un objetivo a alcanzar sino algo que hay que superar. En vez de capitalismo andino se debería, pues, pensar en un socialismo andino que recupere los elementos de cultura y de organización no capitalistas y haga hincapié en el papel autónomo y descentralizado de los movimientos sociales, en su dependencia de las asambleas, en su no dependencia de las instituciones y partidos y en su funcionamiento no como informe multitud sino como partido sui generis, multiforme y disciplinado desde abajo, desde las bases.

¿Qué meta tiene también el movimiento social en México? ¿Aplicar un programa nacionalista y democrático que el nacionalismo revolucionario del Estado nacido de la Revolución de 1910 no supo hacer triunfar? ¿O partir de la defensa de la separación entre la Iglesia y el Estado, de la defensa de los derechos constitucionales pisoteados, de la defensa intransigente de Pemex, la electricidad, la enseñanza pública, las libertades individuales para derrotar la alianza entre los terratenientes y el gran capital nacional y extranjero e imponer un gobierno democrático, popular, orientado hacia el socialismo y basado sobre las movilizaciones populares? ¿Y qué deben esperar los asalariados argentinos? ¿La acción paternalista del aparato estatal, la utópica solución desde arriba de todos los problemas sociales, económicos, ambientales, culturales? ¿La sumisión a los planes del capital internacional y a las leyes del mercado oponiéndoles algunas movilizaciones para moderarlos o frenarlos? ¿No es posible acaso construir un frente –ni kirchnerista ni gorila antikirchnerista– sobre la base de un plan antimperialista, obrero, con orientación democrática y socialista y con independencia del Estado capitalista? ¿No es posible que ese frente apoye las medidas gubernamentales que favorecen la independencia nacional y el desarrollo del mercado interno y, al mismo tiempo, tome distancias del decisionismo verticalista y de la corrupción que imperan en el aparato estatal, asumiendo, entre otras, la misión de enseñar democracia y elementos de socialismo a amplios sectores de los trabajadores? ¿No es posible pensar más allá de lo inmediato, construir conscientemente, en la medida de lo posible, el futuro no capitalista de nuestros pueblos, llámese éste socialista o como quiera llamarse?

* La Jornada
* http://www.jornada.unam.mx/2008/03/23/index.php?section=politica&article=016a1pol

Francisco López Bárcenas: Las derechas andan sueltas

Las derechas se engallan. Sus cruzados latinoamericanos han pasado del discurso a los hechos, se despojan de sus máscaras y muestran sus verdaderos intereses antipopulares. No les importan los medios para lograrlos, sean legales o ilegales, pacíficos o violentos. Todo depende de las circunstancias. Si hay condiciones compiten por las vías institucionales, y si pierden recurren al fraude; por el contrario, si no encuentran condiciones usan un discurso que desacredita las instituciones, proclaman su derecho a la rebelión y recurren a la violencia como método de lucha. En otras palabras, juegan a ganar, y si pierden arrebatan. Lo importante es no dejarse vencer y que el capital obtenga las mayores ganancias, sin importar que millones de seres humanos pierdan su oportunidad de vivir dignamente.

Éste parece ser el nuevo signo de los tiempos latinoamericanos del río Bravo a Tierra del Fuego, aunque por la beligerancia que han alcanzado se muestra con más nitidez en Bolivia y Venezuela. Tienen razón para actuar de esa manera. Se trata de países donde desde hace años las fuerzas políticas llevaron al poder presidencial a personas identificadas con las ideas de la izquierda y están dispuestas a pasar del discurso a la acción. Tanto los gobiernos del presidente Evo Morales Ayma como el de Hugo Chávez han puesto en práctica programas que atienden las necesidades de las clases populares al tiempo que establecieron límites a la rapacidad de las trasnacionales en la explotación de los recursos naturales. Eso les duele y, aunque lo han aceptado, no lo han hecho de buena gana.

Pero lo que más les puede es que ambos estados decidieron iniciar procesos constituyentes, donde los pueblos a través de sus representantes han elaborado nuevas constituciones políticas, en las cuales la tendencia es al reconocimiento de la sociedad pluricultural que son, aceptando los derechos de todos, no sólo los de los dueños del capital, y marcadamente los derechos de los pueblos indígenas, sometidos al colonialismo nacional y de las empresas de capital trasnacional; abriendo de esa manera la posibilidad de que todos puedan acceder a una vida digna.

En estos días ambas constituciones fueron sometidas a referendo popular. Si bien en Venezuela el no ganó por pequeño margen, la derecha hizo todo cuanto estuvo a su alcance para prevenir su derrota.

El caso de Bolivia llama la atención porque se trata de un país con población mayoritariamente indígena, con un presidente de origen indígena que llegó al poder con el apoyo de las organizaciones indígenas, pero también de otros sectores nacionales que se sentían excluidos de los anteriores gobiernos neoliberales, lo que los obligó a negociar la representación política de la Asamblea Constituyente y los procedimientos de toma de decisiones. Al parecer, la derecha consideró esto como una concesión de un gobierno débil y pensó avanzar reclamando autonomías regionales donde las burguesías se hicieran del poder y el traslado de los poderes a Sucre, con lo que tensó mas la situación. A pesar de eso, la Constituyente aprobó la nueva constitución política de ese país y se apresta a someterla a referendo. Conscientes de que lo que no ganaron en la constituyente no lo obtendrán en el referendo la derecha ha iniciado una serie de actos subversivos para defender sus intereses.

No son los únicos casos en que la derecha acude a la violencia; si se rastrea, se pueden encontrar muchos más en diferentes estados latinoamericanos. Aunque tampoco se puede perder de vista que también hay otros donde su actuación se ajusta a los márgenes de maniobra que le brinda el cacareado estado de derecho que, como nos enseñó Pierre Bourdieu, no es otra cosa que el producto del funcionamiento de un campo cuya lógica específica está determinada por las relaciones de fuerzas específicas que le confieren su estructura y que orientan las luchas, determinan las acciones jurídicas que limitan en cada momento el espacio de lo posible y con ello el universo de soluciones propiamente jurídicas.

Por eso, cualquiera que sea el campo donde actúe la derecha, es necesario que la izquierda encuentre formas unitarias de enfrentarla. No se puede dar el lujo de dejarla en campo abierto.

* La Jornada
* http://www.jornada.unam.mx/2007/12/06/index.php?section=politica&article=023a2pol