Immanuel Wallerstein: Bolivia, derrota de la derecha

En la sorprendente serie de elecciones en Sudamérica en los últimos cinco años, los más radicales resultados ocurrieron en Bolivia, donde Evo Morales resultó electo presidente. No es porque Morales se plantara en la plataforma más radical. Fue más bien que, en este país donde la mayoría de la población son pueblos indígenas, era la primera vez que una persona indígena era electa presidente de la república. Esto en sí mismo fue una profunda revolución social, y no fue apreciada en lo absoluto por los descendientes de los inmigrantes europeos que siempre han controlado el país.

La gran pregunta cuando Morales fue electo era si podría sostenerse en el cargo, o si la derecha boliviana, tal vez coludida con las fuerzas armadas, podría derrocarlo. Ahora él ha demostrado que puede sostenerse.

Hubo tres elementos principales en su programa. Hoy, el ingreso nacional de Bolivia proviene primordialmente de sus exportaciones de gas, esencialmente a Brasil y Argentina. El gas está localizado en las provincias orientales, la así llamada Media Luna. Y estas áreas son las que tienen los porcentajes menores de pueblos indígenas. La mayoría ahí son descendientes de europeos. Hasta que Morales llegó al poder, los precios a los cuales se vendía el gas eran ridículamente bajos. Y el ingreso se quedaba en gran medida en los gobiernos provinciales del oriente.

Así que Morales buscó renegociar los precios del gas que se exporta. E instituyó un impuesto a los hidrocarburos para que le llegara al gobierno nacional mucho más del ingreso por el gas. Morales intentó utilizar el dinero para la redistribución social por todo el país, lo que por supuesto beneficiaría significativamente a las poblaciones indígenas.

Además, la tierra de las provincias orientales está excepcionalmente mal distribuida. Dos tercios de la tierra pertenecen a un sexto del uno por ciento de la población. Morales quiso limitar las hectáreas que una persona particular pudiera poseer –una forma de reforma agraria importante.

En política exterior, Morales intentó mantener relaciones razonables con Estados Unidos. Continuó aceptando el dinero que Estados Unidos había estado otorgando para las operaciones antinarcóticos, especialmente porque el dinero iba a las fuerzas armadas. Sin embargo, además, dio la bienvenida a la ayuda venezolana y a los médicos cubanos. Era claro que Estados Unidos no estaba contento con Morales y que habría preferido que la derecha boliviana retornara al poder.

La estrategia de esa derecha fue exigir más autonomía para los gobiernos regionales, insinuando, en última instancia, la posibilidad de la secesión –un proyecto que nunca promovieron mientras controlaron el gobierno central. Exigieron un referendo de revocación de mandato de Morales. Pero con esa táctica les salió el tiro por la culata.

Morales aceptó el desafío, y le añadió al referendo de revocación una pregunta de si también debía revocarse el mandato de los nueve prefectos provinciales. En el referendo, Morales obtuvo un contundente 68 por ciento de respaldo, mucho mayor que los votos que obtuviera cuando fue electo originalmente. Siete prefectos fueron reafirmados en su cargo pero dos gobernadores contrarios a Morales fueron echados, lo que permitió a Morales nombrar sucesores.

La derecha en las provincias orientales buscó entonces bloquear las exportaciones de gas. Confiaban en inducir a los gobiernos argentino y brasileño a que presionaran a Morales. Los simpatizantes de Morales comenzaron a manifestarse. El gobernador de la provincia de Pando, Leopoldo Fernández, respondió con represión. Más de 30 manifestantes fueron asesinados en El Porvenir, la ciudad capital. Morales arrestó al gobernador y nombró a un almirante naval nuevo prefecto.

En este punto, la presidenta Michelle Bachelet de Chile convocó a una reunión de emergencia de la organización de los 12 estados sudamericanos, la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), para considerar la situación. Los 12 presidentes llegaron a Santiago a la reunión, y de forma unánime adoptaron una resolución del “más pleno y decidido respaldo al gobierno constitucional de la república de Bolivia Evo Morales”, denunciando un posible golpe de Estado. La importancia de esta resolución fue que resultó unánime, y que la firmó aun el presidente de Colombia, Álvaro Uribe, profundamente pro estadunidense. La resolución fue respaldada por el Grupo de Río, compuesto por 22 países de toda América Latina y el Caribe, incluido México.

La Unasur llamó al diálogo. Morales también llamó al diálogo, aun antes de la resolución de la Unasur. La derecha está entrampada. Su esperanza última era alguna intervención estadunidense. pero Bolivia ha expulsado ahora al embajador estadunidense, Philip Goldberg, por “conspirar contra la democracia”, es decir, con la derecha boliviana. Estados Unidos está ahora retirando sus pequeños proyectos de ayuda en Bolivia. Rusia ha ofrecido cubrir la brecha. Estados Unidos se torna más y más irrelevante en América Latina.

Si uno se pregunta por qué aun Uribe respaldó la resolución, la respuesta es que ningún presidente quiere que la nueva táctica de la secesión reciba apoyo. Estados Unidos intenta también esto en Ecuador, donde también se les revirtió de igual modo, con la gran victoria del referendo por la nueva Constitución del presidente Rafael Correa.

Traducción: Ramón Vera Herrera

© Immanuel Wallerstein

Fuente: La Jornada

Carlos Fazio: Miedo y dominación

Las relaciones de Estados Unidos con México y América Latina pasan por una fase de restructuración que tiende hacia la formación de estados autoritarios en la región. A nivel ideológico y represivo, la imposición del sistema de dominación neoliberal de comienzos de los años 90 no significó una ruptura con el modelo anterior. Tras el triunfo de la revolución cubana en 1959, John F. Kennedy utilizó una doble vía para consolidar la hegemonía estadunidense en el área: la Alianza para el Progreso y el militarismo. De la mano de la Doctrina de Seguridad Nacional, Washington y los ejércitos latinoamericanos definieron al “enemigo interno”: el comunista, el tupamaro, el montonero, los “cívicos” de Genaro Vázquez y Lucio Cabañas y la Liga 23 en México, como encarnación de la “antipatria” y la “subversión atea”. La contrainsurgencia echó mano de la guerra sucia, los escuadrones de la muerte y el paramilitarismo en el campo, y condujo al terrorismo de Estado, con un alto saldo de ejecuciones sumarias extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturados, presos políticos y exiliados. También aplicó la guerra de baja intensidad contra la Nicaragua sandinista e invadió Granada y Panamá.

Tras la autodisolución de la Unión Soviética (1989), a la par del neoliberalismo, Washington impulsó la “guerra” a las drogas: el narcotráfico como sustituto del fantasma comunista. El 11 de septiembre de 2001 dio a la administración de Bush la oportunidad para un golpe de Estado técnico en Estados Unidos y la imposición de la Ley Patriótica. Y con el uso de la mentira como arma de guerra invadió Afganistán e Irak. Asimismo, inició la “guerra contra el terrorismo”, como enemigo unificador.

Si la Doctrina de Seguridad Nacional fue un instrumento ideológico-militar apto para contrarrestar los movimientos de liberación nacional en los años 60/70, hoy, tras la larga noche de la dictadura del pensamiento único neoliberal, el imperio, las oligarquías vernáculas y sus administradores cipayos han venido trabajando en la construcción social del miedo y de los nuevos enemigos internos para imponer su modelo de dominación.

Los tres ejes claves para la construcción del miedo y remilitarizar el nuevo Estado autoritario son el terrorismo, incluido el eje del mal, con Cuba y Venezuela a escala regional; el populismo radical (Hugo Chávez, Evo Morales, López Obrador), y el crimen organizado. Mediante esos enemigos míticos, elusivos e impredecibles –que actúan de distractores administrados y potenciados por los medios de difusión masiva como propagandistas de la “razón de Estado”– el sistema busca legitimar el uso de la fuerza y genera de facto un Estado de excepción provisto de nuevas leyes de carácter represivo que recortan las garantías individuales y colectivas.

El nuevo Estado militarizado se presenta como el “salvador” y, según dice Robinson Salazar, con el juego de la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado “encarcela a la sociedad”. Nos vigila. Limita los espacios públicos. Invade la privacidad de la persona. Impone leyes antiterroristas a imagen y semejanza de la Ley Patriótica. Discrimina. Fomenta la delación. El no te metas.

El miedo construye escenarios de riesgos en la subjetividad colectiva y altera la vida cotidiana mediante la angustia, el temor y una sensación de peligro latente. Ante el temor de la sociedad, y como forma de fomentar la fragmentación social y el individualismo, de erosionar la vida comunitaria y la solidaridad, el sistema genera imaginarios de exclusión: guetos, barrios amurallados en fraccionamientos con seguridad privada.

La imposición de un nuevo modelo policial-militar está en función de objetivos económicos que tienden a cristalizar a través de megaproyectos regionales como el Plan Colombia-Iniciativa Andina, el Plan Puebla-Panamá y la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana. Elaborados por el Banco Mundial y el BID, tales proyectos sirven a grandes corporaciones multinacionales. Vienen por el petróleo, el gas natural, el agua de los ríos para generar electricidad, el uranio, la biodiversidad. Buscan generar corredores multinodales para extraer por tierra, mar y aire nuestros recursos e inundar nuestros mercados con sus productos. Tales proyectos se inscriben en lo que John Saxe-Fernández ha llamado la “geopolítica del desalojo”: promueven la contrarreforma agraria y el vaciamiento forzoso de tierras, muchas veces por medio del paramilitarismo y/o empresas de “contratistas privados” compuestas por mercenarios.

En ese contexto se inscriben la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN); el Plan México, símil del Plan Colombia, y la reactivación del Plan Puebla-Panamá, que para este año tiene prevista la interconexión eléctrica del sur-sureste de México con Centroamérica. Eso tiene que ver con Carlos Slim, la Halliburton, Chevron y otras corporaciones de Estados Unidos, pero también con un puñado de empresas españolas que llevan a cabo la reconquista de América: Endesa, Iberdrola, Unión Fenosa, Repsol, entre otras. Lo que conecta con la designación de Juan Camilo Mouriño en Gobernación, con el proyecto calderonista-priísta de privatizar Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, con La Parota en Guerrero y el achicamiento del cerco militar y paramilitar en Montes Azules sobre las autonomías zapatistas.

La construcción del miedo y la fabricación de nuevos enemigos –incluida la enésima “guerra” contra el narcotráfico– sirven al gran capital. En función de ello necesitan legitimar la “mano dura” y aterrizar las armas de la Iniciativa Mérida para reprimir al pueblo, que se viene organizando desde debajo de múltiples maneras, acumulando fuerza, elaborando proyectos alternativos. Es porque el pueblo avanza en conciencia y organización que los que mandan necesitan militarizar más al Estado.
* La Jornada
* http://www.jornada.unam.mx/2008/01/28/index.php?section=politica&article=020a1pol