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Vicky Pelaez:Despierta México, tu patria peligra

La decisión del presidente de México, Felipe Calderón, de solicitar a Estados Unidos la adopción de un plan de seguridad similar al “Plan Colombia” estremece hasta al más indiferente. No sólo representa una posible amenaza a la soberanía, sino es parte de un proyecto norteamericano iniciado en el nefasto gobierno de Carlos Salinas de Gortari (1984 – 1990) que consiste en crear condiciones para que el poderoso vecino asuma el control sobre el destino del país.
El Tratado de Libre Comercio (NAFTA) entre México, Estados Unidos y Canadá, negociado por Salinas y George Bush padre, fue decisivo para el debilitamiento y luego el desmantelamiento de la economía que debieron subordinarse a los intereses de las mega corporaciones norteamericanas, llevando al país azteca a la dependencia económica y financiera de EE.UU. Así, la economía de México, segundo socio comercial de Estados Unidos, del cual recibe más del 85 por ciento de la inversión extranjera, fue orientada hacia el modelo que favorecía a los intereses norteamericanos. De ser el primer productor del maíz en el mundo hasta 1980, México se convirtió en importador de este producto y lleva de California el 80 por ciento del maíz que se consume. Por eso, más de cuatro millones de campesinos fueron desplazados engrosando las filas de los desocupados y marginados.

Un 45 por ciento de la población que tiene trabajo no gana suficiente para la canasta familiar. Los jóvenes, sin posibilidad de un futuro diferente, se ven obligados a emigrar a Estados Unidos o delinquir.

El narcotráfico y la delincuencia ahora proliferan en el país que cada día es más ingobernable. Lo trágico de la situación actual es que este proceso de caída fue previsto, tanto por los gobernantes de México como por sus mentores norteamericanos. El 15 de septiembre de 1999, la Comisión de Seguridad Nacional de Estados Unidos emitió el documento “New World Coming: American Security in the 21st Century”, donde en la página 112 hace la siguiente conclusión: “La inestabilidad política, económica y social de México se convertirá en el más serio peligro para la seguridad nacional de Estados Unidos. Teniendo en cuenta la extensión de México, será muy difícil de contener este proceso dejando abierta posibilidad de una intervención militar norteamericana”.

Felipe Calderón no ignoraba estas conclusiones. Su comportamiento en vísperas de asumir la presidencia muestra que es también partícipe del plan norteamericano. En octubre pasado viajó a Bogotá, siguiendo el consejo del Departamento de Estado, para ver la posibilidad de aplicación del Plan Colombia en México. Tras su encuentro con Alvaro Uribe declaró: “Queremos aprender de las mejores experiencias y aplicar acciones contundentes en la lucha contra la inseguridad en nuestro país, que aquí en Colombia se ha traducido en política de seguridad democrática”.

Parece que Calderón “aprendió” rápidamente en que consistía la “experiencia” de Uribe con la asesoría del Departamento de Estado, Departamento de Justicia y la DEA (Drug Enforcement Agency). Hace unos meses el jefe de la DEA en Colombia, David Gaddis, fue trasladado a México, dando inicio al plan norteamericano de “colombianización” de México. No hace un mes, Felipe Calderón, siguiendo a Uribe declaró la militarización de la lucha contra la delincuencia y el narcotráfico lo que agudizó la violencia en México, ahora convertida en estado mayor de los carteles del narcotráfico que corrompieron más al gobierno. El fraude electoral pasado, generar hambre y violencia, todo estaba planificado.

Calderón no mira la otra cara de los “éxitos” de seis años de Uribe, que le cuesta 5 mil millones de dólares a Estados Unidos: las 3,211 víctimas inocentes del terror paramilitar en 20 de los 25 Departamentos de Colombia; incremento de la guerrilla, secuestros, matanzas, producción de cocaína a pesar de la presencia de tropas y contratistas norteamericanos (en total, de acuerdo al informe de la Casa Blanca, la producción de cocaína durante seis años del Plan Colombia creció en 27 por ciento); y lo más trágico, que Colombia perdió completamente su soberanía.

Este destino o peor le espera a México si es que el pueblo no se opone a la “colombianización” de su país.

Artículo publicado en el año 2007

http://www.bolpress.com/art.php?Cod=2007061411

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Carmelo Ruiz Marrero: ¿Son seguros los transgénicos?

¿A qué se debe la controversia en torno a los alimentos genéticamente modificados, también conocidos como transgénicos? ¿Son seguros para consumo o no?

Quienes defienden los transgénicos argumentan que no hay evidencia científicamente válida de que hagan daño. ¿Existe tal evidencia o no? Esta pregunta tiene sólo dos respuestas posibles, y ninguna de las dos trae sosiego. O respondo que sí hay evidencia de daños o respondo que no la hay. Podría responder de inmediato que sí, pero para demostrar que es la pregunta incorrecta responderé de primera intención que no.
Si no existe tal evidencia, todavía el debate queda abierto, todavía no queda demostrado para nada que sean seguros. Después de todo, ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia.
Quien esté tranquilo y satisfecho con la aseveración de que no hay evidencia de daños está presumiendo que alguien en alguna parte está haciendo o ha hecho averiguaciones a respecto. Los defensores de los transgénicos señalan, con un aire de finalidad como para poner fin al debate, que la agencia estadounidense FDA, que vela por la inocuidad de medicamentos y alimentos, declaró que estos productos son sustancialmente equivalentes a sus contrapartes no transgénicos y que por lo tanto no presentan ningún riesgo novedoso al consumidor.
Pero la FDA no examina los alimentos transgénicos. Lo que hace es aceptar los datos que le someten las compañías que los hacen. Casi todos los estudios que someten son confidenciales. Si son tan seguros estos productos, ¿Por qué la confidencialidad?
“El consultar la FDA sobre la seguridad de alimentos transgénicos es un ejercicio puramente voluntario, en el que la agencia recibe resúmenes sin datos y conclusiones sin fundamento”, informa el investigador Jeffrey Smith en su excelente libro ‘Genetic Roulette’ (Ruleta Genética). “Si la compañía alega que sus alimentos son seguros, la FDA no tiene más preguntas. Por lo tanto, se aprueban para venta variedades transgénicas que nunca fueron alimentadas a animales en estudios de seguridad rigurosos y probablemente nunca a humanos tampoco.”
La FDA “depende casi totalmente de la notificación voluntaria de las compañías de biotecnología”, advierten los científicos húngaros Arpad Pusztai y Susan Bardocz. La FDA “sólo acepta las aseguranzas de las compañías de biotecnología de que su producto es seguro.”
Los defensores de los transgénicos nos dicen que son los productos más minuciosa y exhaustivamente examinados de toda la historia y hacen referencia a montañas de estudios y datos a este fin. Pero cuando uno excluye los estudios que son confidenciales entonces la pila se achica bastante. De la pila que queda, la mayor parte consiste de estudios que si bien son minuciosos fueron hechos para determinar variables agronómicas relacionadas a la productividad y rendimiento, datos que no tienen ninguna utilidad para determinar inocuidad. Una vez excluimos esos, la pila de estudios y datos se achica más aún.
De los estudios que tienen alguna relevancia a la salud humana, ¿Cuántos de estos son públicos y no confidenciales? ¿Cuantos han pasado por el proceso de revisión por los pares y sido publicados en la literatura científica? Como que la pila sigue achicándose. Y de éstos, ¿cuántos NO fueron financiados por la industria de biotecnología?
¿Quién puede creer que la fuente de financiamiento de una investigación científica no es de importancia? En un informe publicado en la revista Nutritional Health, I. F. Pryme y R. Lembcke observan que los estudios científicos sobre transgénicos que no son financiados por la industria tienden a encontrar problemas con serias implicaciones para la salud humana, mientras que los estudios financiados por la industria nunca encuentran ningún problema.
De cualquier modo, ¿Qué compañía ha encontrado algo malo con sus propios productos? ¿Cuántas décadas pasaron antes de que la industria tabaquera admitiera tímidamente que quizás podía existir alguna relación entre su producto y el cáncer?
Sepan ustedes que los estudios sobre transgénicos revisados por los pares y debidamente publicados que tengan alguna relevancia a la salud humana son apenas más de veinte. De estos, ¿Cuántos fueron realizados con sujetos humanos? Uno solamente. Es realmente preocupante que se hayan comercializado estos productos de manera masiva cuando la base de datos sobre su inocuidad es tan diminuta.
Las pocas veces que datos confidenciales sobre alimentos transgénicos han salido a la luz pública éstos han resultado ser sumamente preocupantes.
El 22 de mayo de 2005 el periódico inglés The Independent reportó la existencia de un informe secreto de la compañía de biotecnología Monsanto sobre su maíz transgénico Mon 863. Según el informe, de 1,139 páginas, ratas alimentadas con este maíz por trece semanas tuvieron conteos anormalmente altos de células blancas y linfocitos en la sangre, los cuales aumentan en casos de cáncer, envenenamiento o infección; bajos números de reticulocitos (indicio de anemia); pérdida de peso en los riñones (lo cual indica problemas con la presión arterial); necrosis del hígado; niveles elevados de azúcar en la sangre (posiblemente diabetes); y otros síntomas adversos. Portavoces de Monsanto aseguraron que la compañía haría público el informe, pero no lo hizo de buena gana, alegando “confidencialidad”, y al principio sólo publicó un sumario de once páginas. No fue sino hasta que un tribunal alemán ordenó su divulgación unos meses después que el texto entero fue hecho público.
Es importante señalar que esta importante información es pública no por la buena fe de Monsanto sino porque algún buen empleado con acceso a documentos confidenciales de la compañía se tomó el riesgo de llevarla a la prensa. De no ser por este héroe anónimo, todavía hoy seríamos felizmente ignorantes sobre los efectos del Mon 863. Cabe preguntar entonces, ¿Habrá otros transgénicos nocivos que la industria de biotecnología nos está dando de comer a sabiendas de que son dañinos?
¿Qué más se puede esperar de una compañía como Monsanto? El excelente documental Le Monde Selon Monsanto (“El Mundo Según Monsanto”) de la cineasta francesa Marie Monique Robin, muestra cómo esta corporación ha pasado décadas negando responsabilidad por los horrendos daños a la salud ocasionados por el Agente Naranja, defoliante tóxico que ésta fabricó y que se utilizó extensamente en la guerra de Vietnam.
También se presenta en el filme el caso del pueblo de Anniston, en Alabama, EEUU, el cual sufrió por décadas de contaminación de sustancias tóxicas conocidas como PCB vertidas por Monsanto, contaminación que la compañía pretendió encubrir. En el curso de la batalla que la comunidad de Anniston dio en corte salió a luz un memorando interno de la compañía que decía “No nos podemos dar el lujo de perder un solo dólar de ganancia” (We can’t afford to lose one dollar of business).
En vista de estos hechos, ¿Qué se puede esperar de esta compañía cuando nos asegura que sus transgénicos son seguros? Robin y yo no criticamos a Monsanto de manera arbitraria y gratuita. Es que la compañía tiene 90% del mercado mundial de cultivos transgénicos, por lo tanto es sólo justo que reciba 90% de nuestras críticas.
Otro caso preocupante que demuestra que la FDA no está haciendo nada en lo absoluto para asegurar la inoucuidad de los transgénicos es el del guisante australiano. En 2005 un guisante transgénico experimental desarrollado en Australia por la Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization provocó una fuerte reacción inmunológica en ratas de laboratorio.
Científicos de la escuela de investigación médica John Curtin en la ciudad de Canberra sometieron el guisante transgénico a una batería de pruebas de las que normalmente se hacen a medicamentos, no a alimentos. Las ratas que ingirieron el producto mostraron cambios significativos en sus sistemas inmunológicos y nódulos linfáticos. Esto es más que suficiente para prohibir su consumo.
Hay que enfatizar que las pruebas que realizaron los australianos no son requeridas por ley para alimentos transgénicos en Estados Unidos. Este producto hubiera entrado al mercado estadounidense si hubiera pasado por el sistema regulatorio de la FDA. Por lo tanto, no nos sorprenda que productos transgénicos igual o más nocivos que el guisante en cuestión pueden estar en el mercado ahora mismo.
Igual o más interesante que los resultados del experimento es el hecho de que los mismos científicos que desarrollaron el guisante y realizaron el experimento no entendían la importancia de lo que habían hecho. Las pruebas que habían realizado nunca antes se habían hecho con alimentos transgénicos y aún así ellos realmente estaban convencidos de que las pruebas que habían hecho eran la norma en el resto del mundo. Esto demuestra que los propios biotecnólogos- al menos la mayoría de ellos- están sumamente desinformados sobre su propio quehacer.
En honor a la verdad, la FDA sí examinó productos transgénicos, pero lo hizo una sola vez, en 1992. En ese entonces determinó que estos alimentos son perfectamente seguros y que al no presentar ningún riesgo nuevo, no necesitan de pruebas adicionales.
La agencia se negó a hacer públicos los documentos internos relacionados a estas pruebas, lo cual provocó en 1998 una demanda de una coalición de grupos de sociedad civil dirigidos por la Alliance for Biointegrity exigiendo que se hagan públicos. El juez le dio la razón a la parte demandante y como resultado se hicieron públicas sobre 44 mil páginas de documentos relacionados con las pruebas realizadas sobre los transgénicos. Estos documentos enseñan que, contrario a lo que decía la alta cúpula de la FDA, no había ningún consenso entre los científicos de la agencia en cuanto a la seguridad de los transgénicos, y que varios de ellos expresaban serias preocupaciones sobre riesgos a la salud.
Los documentos desclasificados son interesantísimos y educativos. En uno de ellos, fechado 6 de marzo de 1992, el microbiólogo Louis Pribyl dice que “los efectos involuntarios no pueden ser despachados tan fácilmente, simplemente implicando que éstos también ocurren en la crianza convencional. Hay una profunda diferencia entre los tipos de efectos inesperados de la crianza convencional y los de la ingeniería genética.” Por su parte, la oficial de cumplimiento Linda Kahl advirtió en un memorando con fecha de 8 de enero de 1992 que al “tratar de forzar una conclusión final de que no hay diferencia entre alimentos modificados por ingeniería genética y alimentos modificados mediante prácticas de crianza tradicional (la agencia está tratando de) meter una ficha cuadrada en un hoyo redondo… Los procesos de ingenería genética y crianza tradicional son diferentes y de acuerdo a los expertos técnicos de la agencia, llevan a riesgos diferentes.”
Resulta que el oficial puesto a cargo de la investigación sobre transgénicos no era científico sino abogado, el licenciado Michael Taylor. Previo a su servicio público representó a Monsanto. Y tras terminar su labor en la FDA volvió al sector privado y llegó a ser vicepresidente de Monsanto. Es un caso clásico de poner el cabro a velar las lechugas. En inglés le llaman ‘revolving door’, el conflicto de interés creado por el continuo movimiento de profesionales entre los sectores privado y público.
Y el caso de Taylor no es nada fuera de lo ordinario. Clarence Thomas, ahora juez del Tribunal Supremo de EEUU, fue abogado de Monsanto, y el ex-secretario de defensa Donald Rumsfeld fue por ocho años jefe de la farmacéutica Searle, la cual Monsanto compró en 1985. Y Anne Veneman, la primera secretaria de agricultura de la administración Bush-Cheney, había estado en la junta de Calgene, empresa comprada por Monsanto en 1997.
La activista e investigadora Beth Burrows, fundadora del Instituto Edmonds, dedicó años a investigar el ‘revolving door’ de la industria biotecnológica pero eventualmente abandonó este esfuerzo porque ella razonó que sería más provechoso hacer una lista de los servidores públicos que NO estaban brincando a las compañías de biotecnología.
En su tiempo en la FDA el supervisor inmediato de Taylor era James Maryanski, quien fue confrontado por Robin en su documental. El pobre, sin duda sintiéndose emboscado, murmuró algunos argumentos cantinflescos a la vez que admitía que efectivamente había disidencia entre los científicos de la agencia en torno a la inocuidad de los transgénicos. Pero aún así se les aprobó, en contra del propio reglamento de la FDA.
Podría hablarles de muchas otras instancias que demuestran que las preocupaciones acerca de la inocuidad de los transgénicos, como las papas de Pusztai, la tragedia del triptófano, el fiasco de la hormona transgénica rBGH, las ratas de Ermakova, el testimonio de Kirk Azevedo, y muchas más, están bien fundamentadas. Pero por la cuestión de la brevedad, vayamos directo al argumento de remate: el etiquetado.
Si estos alimentos son tan seguros, ¿por qué se opone la industria a que vayan etiquetados para que los consumidores puedan identificarlos y usar su criterio para decidir si los quieren comprar o no? Los argumentos de las compañías en contra del etiquetado no son ni remotamente convincentes. Simplemente no confían en su propio producto y tampoco confían en la inteligencia del consumidor. Quizás se oponen porque sin etiquetado no puede haber trazabilidad, y sin trazabilidad no se puede asignar responsabilidad si alguno de estos alimentos transgénicos resulta tener efectos imprevistos.
Las denuncias y cuestionamientos aquí presentados no constituyen oposición a toda biotecnología, como creen erróneamente algunos. Es simplemente un reclamo de que se salvaguarde la ecología, la salud humana y el interés público en el desarrollo de esta y cualquier otra nueva tecnología. Los biotecnólogos no tienen por qué considerar inoportunos los planteamientos aquí expuestos, si son los mejores intereses de la humanidad lo que les motiva. Si lo que les motiva es el lucro y la ambición entonces se puede entender su molestia.
Referencias:
Cummins, Claire. “Uncertain Peril: Genetic Engineering and the Future of Seeds”. Beacon Press, 2008.
Robin, Marie Monique. Le Monde Selon Monsanto. http://www.arte.tv/lemondeselonmonsanto
Smith, Jeffrey. “Genetic Roulette: The Documented Health Risks of Genetically Engineered Foods”
Traavik, Terje & Lim Li Ching, editores. Biosafety First: Holistic Approaches to Risk and Uncertainty in Genetic Engineering and Genetically Modified Organisms” Tapir Academic Press, 2007.
Washington Post. “Monsanto hid decades of pollution” 1 de enero 2002.

Ruiz Marrero es periodista y educador ambiental, autor del libro “Balada Transgénica” y director del Proyecto de Bioseguridad de Puerto Rico.
* Argenpress

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Pedro Echeverría: Presupuesto público anual al gusto de los dueños del capital

1. Para definir o caracterizar a un gobierno importa poco o nada (a pesar del acendrado presidencialismo mexicano que viene desde los años treinta) que el presidente de la República sea alto o bajo, guapo o feo, homosexual o muy macho; basta con saber de dónde vienen los dineros que hacen posible el presupuesto público y en qué ramas se distribuyen para ser usado.


¿Quiénes aportan el mayor porcentaje con el que se integra el presupuesto anual? ¿Viene esencialmente de productos de capital, es decir de los negocios empresariales o de los productos del trabajo, es decir, de lo que debería corresponder a los trabajadores? Una vez integrado, ¿cómo se distribuye, en dónde y en qué se gasta? Se piensa y se cree que quien más gana y más riqueza posee debe pagar más y quien gana poco o nada debe recibir mayores apoyos. Pues no, es al contrario.

2. Cuando empieza a planearse el presupuesto público de antemano se descarta una reforma fiscal que signifique que los que más ganan y más tienen paguen más porque los gobiernos del PRI, sobre todo los del PAN, son gobiernos al servicio de los empresarios, de los grandes inversionistas mexicanos y extranjeros. ¿Qué argumento usa el gobierno para justificar que los poderosos dueños del capital paguen poco, nada o les devuelvan lo que pagaron? Pues simplemente que hay crearles las mejores condiciones para garantizarles ganancias y así evitar que se vayan a invertir en otro país. Por ese motivo les permiten pagar salarios miserables a los obreros y evitan que se creen sindicatos que los enojen. El mejor ejemplo son las grandes empresas maquiladoras que instalaron en México desde los ochenta como verdaderos centros de esclavitud.
3. En tanto que en la mayoría de los países los millonarios que ganan más y tienen más dinero y propiedades están obligados a pagar del 20 al 50 por ciento de sus ganancias en contribuciones para el presupuesto público a fin de que éste sirva para la creación de escuelas, profesores, hospitales, médicos, comunicaciones y transportes, viviendas baratas, etcétera, en México los inversionistas apenas pagan del 10 al 13 por ciento cuando pagan, pues un porcentaje muy alto de esos grandes ricos se pasan la vida haciendo trampas con “eficientes” contadores que los ayudan a demostrar que no obtienen ganancias. Se acaba de denunciar el descubrimiento de una pérdida de 50 mil millones de dólares en beneficio de empresas mexicanas que han ocultado sus ganancias. Casos que se repite en México de manera ordinaria y permanente.
4. Mientras tanto, de manera paralela, a miles de millones de trabajadores con bajos y miserables salarios se les obliga a contribuir con su trabajo, así como mediante pagos directos e indirectos de impuestos a un presupuesto público que al distribuirse apenas les tocan migajas bajo la mesa del gran banquete empresarial. A los trabajadores se les obliga a pagar el mayor porcentaje para el presupuesto público y a cambio de ello reciben servicios públicos muy deficientes, tales como hospitales con carencia de camas, enfermeras, médicos, medicinas, instrumental quirúrgico o escuelas carentes de edificios, profesores, espacios y demás condiciones para una buena educación. ¿No es acaso el presupuesto una forma más de burlase de los trabajadores queriéndoles ver la cara de tontos, mientras los ricos pagando poco reciben todos los beneficios?
5. Es risible y, hasta repugnante, ver (como en el mercado) cómo los partidos y sus legisladores piden y regatean algunos miles de pesos para un ramo quitándoselo a otro como si con esas medidas mejoraran las cosas. En vez de que las izquierdas con concentraciones masivas obliguen al gobierno y a los legisladores a destinar al gasto social, a los campesinos, a la salud, a la educación, etcétera los más grandes porcentajes, como si estuvieran en el mercado gritando “quién da más” buscan esconder la necesidad de una profunda reforma fiscal progresiva donde los inversionistas tengan la obligación de pagar de acuerdo a sus millonarias ganancias y no se dediquen a hacer Teletones, Juguetones y demás actividades asistenciales que sólo buscan evitar el pago de impuestos.
6. Si los inversionistas, los grandes multimillonarios, pagaran los impuestos que les corresponden (como en otros países) tendríamos el doble del presupuesto público. Habría dinero para todo. Pero los gobiernos priístas y panistas, al actuar como representantes empresariales, han querido imponer impuestos a todos para ayudar al enriquecimiento mayor de unas cuantas familias que cuando más entregan el 10 por ciento. ¿Con qué argumentos se evitan gravar artículos suntuarios como los caros automóviles, los aviones, los lujosos viajes turísticos o las joyas por ejemplo? Simplemente porque son fuentes de empleo y suelen pagar impuestos. Siempre contará la poderosa burguesía saqueadora de las riquezas del país con los argumentos necesarios para justificar sus privilegios y con los legisladores del PAN y el PRI para defenderlos.
7. Por eso el presidente ilegítimo Felipe Calderón propuso ayer a la Cámara de Diputados un incremento al presupuesto de seguridad y justicia de 39 por ciento en términos nominales con respecto al del año pasado. Argumentó que este problema representa el “principal desafío” para el país. Al entregar ascensos a 2 mil uniformados y reconocimientos a elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP) en las instalaciones de la corporación, pugnó por la aprobación de esta propuesta e insistió en su llamado a los gobiernos estatales y municipales a que trabajen con la Federación para acabar con el cáncer de la delincuencia. En lugar de destinar la mayor cantidad del presupuesto para resolver problemas directos y urgentes de la población la política calderonista se encamina a militarizar más al país.
8. Luego de la firma del Acuerdo de Seguridad, el Ejecutivo presentó un balance de las acciones realizadas desde la firma del citado documento y señaló que las fuerzas federales han detenido a 35 secuestradores y tres bandas, y liberado a 338 personas plagiadas en esta administración. Pero no dijo cuantos policías y militares han muerto ni tampoco habló de los asesinatos sufridos por personas inocentes. Como este ejemplo de desvío presupuestal se han dado mucho más, sobre todo aplicando el subejercicio presupuestal en rubros como salud y educación a pesar de las grandes necesidades de presupuesto que se registra en esos sectores. La discusión y la aprobación del presupuesto público son un nuevo engaño y manipuleo al pueblo. Se espera que el FAP movilice a la población y no caiga en las prácticas de mercadeo.
* Argenpress

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Stephen Farrell: The Troop Debate: Should We Stay or Should We Go?

Marko Georgiev for The New York Times)

U.S. soldiers from 18th Military Police Brigade provide security near a checkpoint in Baghdad in August. (Photo: Marko Georgiev for The New York Times)

BAGHDAD — As Iraqi and American diplomats negotiate a deal for American troops to stay in Iraq, or not, Iraqis are also debating the issue.

For Iraqis, just as for Americans, it is far more complex than a simple “stay” or “go.” For both it is about blood, treasure, pride, dignity and a nation’s sense of itself and its place in the world.

But a lot more Iraqi blood than American has already been spilled, and stands to be spilled again, if the politicians get it wrong.

On the streets of Iraq the questions being asked about the continuing American presence are about sovereignty, stability and America’s intentions in Iraq past, present and future: How many American troops will stay? How quickly will they go? If they stay, where will they be based? To do what? With what powers? And under what restrictions?

For the most part, Iraqis’ views generally fall into three categories.

One group, which includes many followers of the Shiite cleric Moktada al-Sadr — and some intensely nationalist Sunni Arabs in parts of the country that have suffered the worst since the invasion – simply want the Americans to leave, period. They say no amount of American effort now can make up for the horrors of the occupation, including the destruction of society and the killing of innocent civilians.

A second group takes a similarly dim view of the occupation, but worries that the brief period of improving security which Iraq has witnessed this year will be vulnerable if the Americans abruptly withdrew. They say the United States has a moral obligation to remain, and that continued presence of the occupiers is preferable to a return to rule by gangs and militias.

A third group shares a common worry, that without a referee, Iraq’s dominant powers – Kurds in the far north and Shias in the center and south – will brutally dominate other groups.

The Americans are not the first to be facing such dilemmas in Iraq.

In August 1920, only two years after his declining colonial power had emerged from the devastation of the First World War, the then British Secretary of War Winston Churchill wrote (but did not send) a letter to his prime minister which contained this assessment of Mesopotamia:

“It seems to me so gratuitous that after all the struggles of war, just when we want to get together our slender military resources and re-establish our finances and have a little in hand in case of danger here or there, we should be compelled to go on pouring armies and treasure into these thankless deserts.”

A millennium and a half earlier in 694 AD, the Ummayad provincial governor Hajjaj also faced a fractious Baghdad. His response to one angry crowd was a speech learned by all Iraqi schoolchildren: “I see heads before me that are ripe and ready for the plucking, and I am the one to pluck them, and I see blood glistening between the turbans and the beards.” The turbans melted away.

Five years later Hajjaj faced a rebellion in a troublesome region to his east, which forced him to move troops from Iraq/Mesopotamia.

That rebellion was in Kabulistan, now part of Afghanistan. An historical parallel which drew a wry smile from General David H. Petraeus, the commander of American forces in Iraq, when The New York Times pointed it out to him last month. General Petraeus will soon move up the chain of command to take over the Central Command region, making him responsible for a region that covers both Iraq and modern Kabulistan.

Names and regimes change, but there is nothing new under the Mesopotamian sun.

The debate goes on.

* NY Times

http://baghdadbureau.blogs.nytimes.com/2008/09/08/the-troop-debate-should-we-stay-or-should-we-go/index.html

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Clitemnistra: Our Voice In Resistance

Para los colaboradores de Our Words In Resistance es importante que, quienes leen el aporte que hacemos con el objeto informar; sepan que de alguna u otra manera, es en las palabras en las que finalmente ellos y nosotros nos hablamos nos encontramos, nos cuestionamos y llegamos a reafirmarnos o repensarnos. Nuestras diferentes opiniones y culturas permiten que este espacio se nutra de reflexiones con los demás, por los demás y para los demás; cosa que se ha convertido, a lo largo de este año en nuestra tarea diaria.

Por ello, y porque muchos de los lectores no tienen oportunidad siempre de tomarse mucho tiempo para leer los materiales que mostramos, hemos pensado en poner a su disposición archivos que puedan guardar en su iPod o llevar en la memoria para escuchar cuando mejor le acomode sin depender de la conección a internet.

Para festejar el aniversario de Our Words In Resistance nos congratulamos de poder compartirles nuestro nuevo proyecto de Podcast. Llevamos ya algunas semanas posteando material literario en audios con la esperanza de que más gente se acerque a este espacio y quiera compartir con nosotros sus ideas, sus propios proyectos, sus intereses y hasta los sueños. Estos audios cambiarán periódicamente de acuerdo a los temas a discutir y tendrán la misma linea que el Blog, bien puede ser material de análisis político como literario, filosófico o hasta chistes “picantes”.

Y para que podamos de verdad platicar, hemos decidido lanzar para ustedes una extensión del espacio: Our Voice In Resistance. Esto será un programa “de radio” por así decirlo, que estará instalado aquí mismo y cambiará también periódicamente. Esperamos que sea de su agrado pues será un lugar donde podamos tener invitados, entrevistas, llamadas, comentarios y todo lo que vaya surgiendo de sus colaboraciones

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José Blanco: Impunidad y sectarismo

Reunida la totalidad de la representación de la República (más invitados), conformada esta vez como Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP) –creado hace 23 años–, firmó un Acuerdo Nacional de la Seguridad, de 74 puntos, para enfrentar la ola de incontrolada delincuencia que se abate sobre el país. Un documento con muchas acciones necesarias, pero sin columna vertebral.

Aparentemente esa columna es la seguridad; es probable que esta nueva arma no esté apuntando al blanco central, aunque está ahí, entre los acuerdos. El blanco central se llama impunidad. En 23 años el CNSP, lejos de abatirla, ha contemplado pasivamente cómo las cabezas de la impunidad se multiplicaban como ocurría con la despiadada hidra de Lerna.

La principal función del Estado es justamente la seguridad de las personas. Lo dice a todas horas todo mundo. Así, el crecimiento de la inseguridad y el debilitamiento del Estado son las dos caras de la misma moneda. Un acuerdo nacional por la seguridad ha de ser un acuerdo por el fortalecimiento del Estado para cumplir esa función; fortalecer al Estado en esa función significa limpiar los establos de Augías (tarea que Hércules debía realizar en un solo día). El héroe debió desviar dos caudalosos ríos hacia los establos –el sistema policiaco y el sistema judicial– para barrer con la miles de toneladas de mierda que durante 30 años habían acumulado.

Sin esa hercúlea operación, la impunidad continuará reinando, es decir, la proliferación de la delincuencia seguirá encontrando campo fértil para crecer y multiplicarse. Ciertamente no es un trabajo de un día, y el atribulado padre de Fernando Martí no puede esperar que ello ocurra.

¿Es de creerse que alguien en sus cinco sentidos firme su propia sentencia de muerte? En México, por supuesto que sí. Todo lo que tiene que ocurrir es que la impunidad acorazada continúe incólume, indemne, rozagante. Por eso en el acuerdo por la seguridad se estamparon impúdicas firmas como la del precioso Mario Marín, la del de la piel paquidérmica Juan Sabines, la de la inefable maestra Gordillo, o la del de la cínica vida regalona, el caradura señor Deschamps, por ejemplo.

Las personas provenientes de los partidos políticos principalmente, que se han hecho cargo de las instituciones de la seguridad, son parte fundamental del problema, no de la solución; son ellos la encarnación de la impunidad. ¿Vamos a solicitarles atentamente que se practiquen el haraquiri?

Una sociedad que se organice y movilice será el único Hércules capaz de crear las condiciones para que personas responsables puedan llevar a cabo las arduas tareas que son indispensables para eliminar la impunidad. Los partidos no harán nada porque están hundidos en el sectarismo; lo peor de todo es que han arrastrado consigo a segmentos inmensos de la propia sociedad.

En uno de los textos más lúcidos que he leído de Carlos Monsiváis, el polígrafo escribe: “No hay discusión sobre la irracionalidad de esta matanza inenarrable, ¿pero qué significa la exigencia de tranquilidad y justicia? Sobre la violencia acrecentada de la delincuencia, no hay duda: debe frenarse con la acción de la justicia que impida el narcotráfico, los policías involucrados, los empresarios y políticos cómplices, etcétera. Pero esto se ha dicho en demasía y, ni modo, no ha pasado nada. Por eso, creo que uno de los pasos siguientes, al lado de las acciones del Poder Judicial, es un debate nacional de primer orden sobre la estructura de la impunidad, y creo que al lado de la Cumbre de Seguridad debe darse de varias maneras la Cumbre Alternativa donde las sociedades discutan desde su experiencia sobre su porvenir inmediato”.

Al tiempo que los establos son lavados, la prevención es indispensable, pero tampoco es un trabajo de un día. Es preciso abatir la desigualdad social, económica y educativa. Las tareas son ciertamente hercúleas. Pero la posibilidad de un debate instalado en la búsqueda de ese proyecto nacional para enfrenar los tres problemas señalados se antoja también para el poderoso hijo de Júpiter. Y en ello cuenta, y cuánto, el sectarismo ilimitado de nuestras elites políticas.

“No se necesita compartir la ideología de los organizadores de esta marcha para apreciar la decisión de los que van a marchar”, dice Monsiváis (refiriéndose a la marcha del próximo domingo). “Como se quiera ver, ejercen una alternativa ciudadana, válida en sí misma, y sus experiencias son las mismas de otros de convicciones políticas diversas. Ante la inseguridad, todos mezclamos el temor, el desconcierto, la confusión, el deseo de esclarecimiento, la crítica a las autoridades federales y regionales.” Si este tiempo de sectarismos brutales no fuera el que es, todos sin excepción tendrían que haber estado en esa marcha.

Pero el sectarismo nos impide ver la causa por la que pelear, y nos lleva a preguntarnos quiénes son los organizadores. Una desdichada confusión de partidos y ciudadanos. Cuánto nos hace falta mirar cómo las más extremas posiciones ideológicas marchan juntas en España contra los asesinatos de ETA. Contra los secuestros y las muertes y la extensa vida delincuencial que vivimos, debieran estar unidos los adversarios políticos y la sociedad toda.

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Carlos Arturo Murcia Silva: Colombia paraíso de las multinacionales

Muy felices se encuentran los españoles con los excelentes resultados arrojados por su filial EPSA E.S.P., en el Valle del Cauca, que en el 2007 obtuvo utilidades netas por $196.826 millones, aumentando de esta manera sus utilidades netas en más del 43% en comparación con el año 2006 ($112.166 millones). ¿En qué país del mundo una multinacional se da el lujo de aumentar sus ganancias en este porcentaje de un año a otro?,… ¿Acaso Unión Fenosa no es un monopolio en el Valle?, que otro municipio de la región diferente a Cali, tiene la posibilidad y capacidad de comprar directamente en la Bolsa Eléctrica, la energía para atender a sus habitantes y evitar que los usuarios queden acorralados por las altas tarifas en las facturas de la energía eléctrica que cada mes llegan arruinando el bolsillo del pueblo que se ven desamparados por el Estado indolente ante sus penurias, que en cabeza de Uribe Vélez, se ha aumentado la subordinación a los propósitos del Imperio cumpliendo mansamente las directrices trazadas en sus políticas Neoliberales de la apertura económica, globalización , privatizaciones y TLC, con el objeto de favorecer los intereses de las multinacionales.

Ese favorecimiento a las Multinacionales se ve reflejado con las grandes utilidades de EPSA, producto de las altas tarifas que cobra a sus 403.000, clientes (ya no son usuarios para ellos) en el Valle del Cauca, que en el mes de mayo de 2008, cobró al estrato 3 el Kilovatio a $338,73, los primeros 173 KWH consumidos; mientras Emcali para la misma fecha, el mismo estrato, cobro el Kilovatio a $188,44, los primeros 173 KWH. Como se puede observar, hay una gran diferencia a favor de la Multinacional española y en contra de sus usuarios u clientes que ello atienden. En cambio Emcali cobro tarifas más equitativas a sus consumidores. Por ello, es fundamental seguir en la defensa de esta empresa que es patrimonio público, que está seriamente amenazado por el gobierno de Uribe Vélez, que no descansa en su intención de entregárselas a las Multinacionales.

Lo cierto es que los españoles nos están cobrando el Kilovatio/Hora (Kwh) más costoso a los usuarios de los municipios vallunos, cuando ellos cuentan con una infraestructura propia para la Generación Eléctrica que a través de la explotación de las Cuencas Hidrográficas de los Ríos: Anchicaya, Verde, Digua, Cali, Cauca, Nima, Tulua, Calima, Bravo, Frio, obtienen fuentes de energía renovable a muy bajos costos para el mantenimiento y operación de las Centrales Hidroeléctricas; lo mismo ocurre con la Transmisión de la energía eléctrica; Distribución y Comercialización de la misma, que les permite manejar este negocio lucrativo con el favorecimiento de las políticas estatales. A cambio la población se halla sometida a pagar altas tarifas que precariza la situación económica de los habitantes. Todas estas penurias de los usuarios hacen posible las exorbitantes ganancias que obtiene Unión Fenosa en esta región, sin la más mínima presión de los habitantes que cada día reciben una dosis fuerte de publicidad a través de los medios de comunicación invisibilizando la problemática social que instituyen. Para amortiguar esta situación de sobreexplotación, acuden a métodos comerciales propagandísticos para que sus “clientes” participen de rifas, venta de electrodomésticos, seguros de protección familiar, etc., siendo el requisito indispensable tener al día el pago de la factura de la energía eléctrica para poder participar de este festín comercial. Todas estas apariencias que se utilizan para atrapar a los “clientes” a pagar las altas tarifas sin sonrojarse, les ha permitido a los españoles repartir durante 2007 a sus accionistas dividendos por acción $291,17 para un valor total de $100.949 millones.

No en vano EPSA E.S.P., en el 2007, se ubico el puesto 68 entre las empresas más grande de Colombia, con Ingresos Operacionales por $708.700 millones; Utilidad Operacional de $292.182 millones. Por activos EPSA E.S.P, se ubica en el puesto 19 con $3.133.101 millones y por Patrimonio ocupa el puesto 18 con $2.207.788 millones. En ganancias ocupa el puesto 23. Entre las empresas extranjeras figura en el lugar 35 por ingresos operacionales.

De otra parte vemos que el 93% de la generación hidroeléctrica de Colombia está en manos de cinco empresas (Endesa, Unión Fenosa, ISAGEN, AES y EPM). De ellas, tres son corporaciones transnacionales, que controlan prácticamente la mitad de la producción de electricidad del país. El dominio de las empresas españolas en el mercado de la electricidad en Colombia es abrumador: si se suman los ingresos de las generadoras y de las distribuidoras, se puede comprobar que Endesa es la mayor transnacional del sector y Unión Fenosa es la segunda.

A los vallunos en que nos puede beneficiar que una multinacional nos preste el servicio de energía eléctrica, si el Valle esta rezagada en la producción de generación eléctrica y cada día aumenta la dependencia del sistema nacional interconectado; mientras EPM, le sigue apostando a proyectos hidroeléctricos de gran envergadura y para ello anuncian la construcción de la hidroeléctrica Pescadero Ituango en el departamento de Antioquia con una capacidad de 2.400 MW, convirtiéndola en la más grande del país, que demandara una inversión cercana a los US$2.300 millones, que garantizarán energía en firme para el año 2018, con una primera etapa de 1.200 MW; vemos que en nuestra región, EPSA se prepara para construir dos Micro Centrales o PCHs (Pequeñas Centrales Hidroeléctricas, a corto plazo: la PCH Amaime, sobre el Río Amaime, con una capacidad a filo de agua de 18 MW de Generación, que se encuentra ubicada entre los municipios de Palmira y el Cerrito. Las Comunidades de influencia de la Cuenca hidrográfica del Río Amaime, pelearon y seguirán peleando hasta el final para conservar sus derechos consuetudinarios; sin embargó la CVC, otorgó la respectiva licencia ambiental y la construcción se iniciara en firme este año. La otra PCH es la de Bugalagrande, que se ubicará en el municipio de Tulúa y contará con una capacidad instalada de 40.5 MW, y también cuenta con la respectiva licencia ambiental de la CVC.

También EPSA se reafirma en el Departamento del Tolima al firmar un acuerdo con el municipio de Roncesvalles para el desarrollo del proyecto Hidroeléctrico Cucuana, después de haber comprado en el 2007, la Central Hidroeléctrica de Prado por $105.000 millones. En el departamento de Caldas EPSA E.S.P., desarrolla con GENSA el proyecto Hidromiel II, quedando listo los acuerdos para los estudios de prefactibilidad y diseños para adelantar los permisos ambientales que le permitan a Union Fenosa ser el socio mayoritario de este proyecto.

El Valle, para ser autosuficiente requiere mas de 2.000 MW, instalados y EPSA E.S.P., actualmente tiene una capacidad instalada de 923.5 MW, en 13 plantas de Generación que representa el 8% de la Generación del país, y posee el 2.6% del total de redes de Alta Tensión en Colombia. Su negocio de Distribución representa el 5% del total del país y en comercialización posee el 4% de las ventas en Colombia con usuarios ahora clientes en el mercado regulado, no regulado y alumbrado público.

En entrevista al diario el País publicado marzo 31 de 2008, el Gerente General de EPSA, Bernardo Naranjo, Sentencio: “El país deberá pagar energía más cara”…. desafortunadamente el Dr., Naranjo, tiene razón, porque ciertamente esa es la política de las multinacionales en Colombia y luego precisa en la entrevista: El modelo de libre competencia que existe en Colombia, y que se aplica a través de la bolsa, implica que quien fija el precio de la energía es la planta marginal, es decir, en el mercado la energía tiene el precio de la planta más cara que este siendo utilizado en ese momento….,si la demanda de energía eléctrica aumenta y la generación se queda rezagada, es lógico que la planta marginal coloca el precio bien caro….entonces cual es el afán o el interés de construir nuevas generadoras de gran capacidad que garanticen autosuficiencia al país y no las que están haciendo los españoles en el Valle, que no le hacen ni cosquillas a las necesidades de la región. El que construye las grandes Centrales Eléctricas es el Estado. Quisiéramos saber qué privado o multinacional ha construido una Central Hidroeléctrica mayor a 100 MW, nos gustaría que los amigos de los privatizadores nos nombraran aunque sea una, por ello, es que las multinacionales adoran tanto a gobiernos como Uribe, que tiene corazón grande para ellos y garrote colosal para el obrero.

Con lo anterior se demuestra que las privatizaciones no acaban con los monopolios. Simplemente, sustituyen los públicos por los privados. Y éstos, naturalmente, se aprovechan de sus condiciones monopólicas para esquilmar a unos clientes que ni siguiera tienen la opción de comprarles a otros o de renunciar, sin graves sufrimientos, al servicio.

En cambio, para pagarles a sus trabajadores no son muy generosos, mejor dicho son miserables, quieren mano de obra barata, muy barata; siendo el caso el de los trabajadores sindicalizados que a través de Sintraelecol presentamos el 05 de julio de 2007, un Pliego Único de Peticiones para sus dos empresas en el Valle, EPSA Y CETSA en Tulúa y a la fecha, el Conflicto laboral no se pudo resolver. Los españoles solo ofrecieron el 4.5% de aumento salarial. En Asamblea General los trabajadores afiliados a la Organización Sindical ratificaron el Tribunal de Arbitramento Obligatorio, quedando el conflicto en manos de los Tribunales frente a una empresa como EPSA que en el año 2005 adhirió al Pacto Global por intermedio de ANDESCO (Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios y Actividades Complementarias e Inherentes), dizque con el compromiso con el cumplimiento de los diez mandamientos que promulga el Pacto, entre ellos el respeto y protección de los derechos humanos internacionales, en su ámbito de influencia, la equidad informativa: entendida como igualdad informativa y de oportunidad; aseguramiento de que las compañías no son cómplices de abusos de derechos; se requiere a las empresas que defiendan la liberta de asociación y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva; eliminación de la discriminación con respecto al empleo y ocupación: se requiere a las empresas que apoyen un enfoque de precaución frente a los retos medioambientales; acometer iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad medioambiental; etc., (Quedó demostrado que el tal “Pacto Global” es otra argucia mas de las multinacionales para engañar a los trabajadores y arrebatarles sus Convenciones Colectivas con acuerdos sumisos al capital explotador), como se comprobó con el fracaso de la patronal Union Fenosa, en la negociación del Pliego Único en EPSA Y CETSA, con sus trabajadores afiliados a Sintraelecol en el Valle, donde la organización sindical no les acepto sus migajas, llegando el conflicto a la situación actual de Tribunal de Arbitramento; situación que está aprovechando la patronal española para despotricar del sindicato, buscando con ello la desafiliación de sus miembros. Por ello, nos preguntamos ¿A quienes les sirve estos Pactos Globales?, no es precisamente a los trabajadores, es sin duda un maquillaje a la explotación de mano de obra y los recursos hídricos del país.

Las empresas que se privatizan se venden a precios que no solo no pagan el valor de los activos que se enajenan, sino que ni siquiera cubren los valores que indican las utilidades que producen. Lo corriente han sido ventas a la mitad y hasta un tercio de los costos de oportunidad. El embeleco para justificar estas estafas legalizadas en contra del patrimonio nacional consiste en que los inversionistas extranjeros exigen tasas de descuentos (utilidades) para sus inversiones del triple de las que consiguen en sus lugares de origen, y el gobierno baja los precios de venta las empresas hasta que les cuadren las cuentas.

Los dineros percibidos por el Estado a cambio de feriar el patrimonio nacional ni siguiera se han convertido en nueva fuentes de acumulación de riqueza. Casi todos ellos han ido a pagar la deuda externa y atender el déficit fiscal. Las privatizaciones también atentan en materia grave contra la soberanía nacional, porque le trasladan al capital extranjero el control de sectores estratégicos de la economía colombiana.

Por muchas razones y principios los sectores sindicales y organizaciones sociales y populares, nos oponemos a que el gobierno nacional continúe con las privatizaciones o ventas de las empresas de servicios públicos que aun no se han hecho como el caso de las Electrificadoras Regionales y se de la reversión general de las privatizaciones que ya se han dado. También se reclama que cualquier política sobre servicios públicos se defina de manera soberana por la nación colombiana, sin ningún tipo de imposición por parte del capital extranjero, y atendiendo muy especialmente a las necesidades de los sectores populares.

Los organismos de control creados por las leyes que impulsan las privatizaciones han demostrado su incapacidad para controlar a los monopolios privados, si es que en verdad tiene ese propósito y no son simples instrumentos de la demagogia oficial.

En medio de la ruina del sector productivo, del desempleo y del hambre, los cuales se expresan en la perdida de la capacidad para decidir de manera autónoma lo que mejor le conviene a los intereses del conjunto de la nación. En estas circunstancias, el progreso nacional ha sido, y será la excrescencia de lo que le convenga a los monopolios extranjeros y, especialmente, a su oligarquía financiera. Mientras la nación no rescate la soberanía le es imposible desarrollarse en su propio beneficio, ya que cada vez se excluye a más gente; con cada día que pasa disminuye el número de los beneficiados y el de los que logran sobreaguar en el naufragio, en tanto muchos sectores medios se suman a las legiones de desposeídos. Y esa realidad, inevitable mientras no se modifique su causa, terminará por abrirle camino a la mas gigantesca unión de patriotas que se haya dado en Colombia y Latinoamérica desde la liberación del yugo español, unidad que deberá darse principalmente en torno a una idea que ya ha demostrado su acierto histórico: la prosperidad es el bien del que sólo disfrutan las naciones que son capaces de ganar y mantener el derecho a decidir de manera soberana sobre sus asuntos.

Unión Fenosa en Colombia

Es un Grupo energético integrado que opera en los mercados del gas y la electricidad. Fuera de España, está presente en doce países, fundamentalmente en América Latina (Guatemala, Nicaragua, Panamá, República Dominicana, Costa Rica, México, Colombia), luego que la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, CVC, fue objeto de una escisión separándola del componente eléctrico, que fue entregado al sector privado para su usufructo en detrimento de los vallecaucanos. Hoy el negocio de la energía eléctrica está en manos de la Multinacional española Unión FENOSA.

A la CVC, le fue aplicada la ley 99 de 1993, quedándose únicamente en la gestión ambiental. Con el Decreto Ley 1275 de 1994 se le dio vida al nuevo ente que manejaría el sector eléctrico en el Valle y fue así como el 1º de enero de 1995, comenzó a funcionar EPSA E.S.P., comenzando el gobierno nacional con las privatizaciones que con su lógica implicaron despidos masivos y sistemas de contratación que reducen la estabilidad laboral, el derecho de organización y los salarios. Entonces, una parte considerable de las mayores utilidades de las empresas privatizadas no responde a aumentos de la productividad del trabajo sino al incremento de su explotación, lo que, además de antisocial, conspira en contra de la prosperidad del país y de su desarrollo.

El 05 de julio de 1997, el gobierno nacional vendió en subasta pública el 56.7% de las acciones de EPSA E.S.P., al Consorcio Gringo Caribe Industries Holding, integrado por la empresa Multinacional Reliant Energy y la Electricidad de Caracas EDC.

En 1998 el gobierno nacional decide feriar las electrificadoras de la Costa Atlántica, con la conocida fábula que eran inviables financieramente. En una “oferta pública internacional” resultó favorecido nuevamente el Consorcio Gringo Caribe Industries Holding, que se quedaron con el 65% de las acciones de las electrificadoras en mención.

Como a todo le cambian el nombre, El 12 de agosto de 1998 nacen la electrificadora del Caribe S.A E.S.P., (Electricaribe), que atiende los departamentos de Guajira, Cesar, Magdalena y Atlántico. La Electrificadora de la Costa S.A. E.S.P., (Electrocosta), atiende los departamentos de Bolívar, Sucre y Córdoba. El área de influencia de las Electrificadoras representa el 12% del territorio nacional. Son 7 departamentos, 186 municipios, que ocupan una extensión de más de 132 mil kilómetros cuadrados. Con más de 9 millones de habitantes, el 21% de la población colombiana. Electricaribe y Electrocosta atienden a más de un millón 250 mil usuarios, que equivalen al 15% de los usuarios del Sistema Eléctrico Colombiano.

En noviembre de 2000, el consorcio Gringo y la Electricidad de Caracas, vendieron su participación a Unión Fenosa de España, en este negocio fue que adquirieron a la Electrificadora de la Costa Atlántica (Electrocosta) y la Electrificadora del Caribe (Electricaribe), ambas dedicadas a la distribución y comercialización de electricidad. Adquirieron el 69% de Electricaribe, el 70% de Electrocosta.

A finales del 2000, Unión Fenosa completó su presencia en el país con la compra al consorcio Gringo de la Empresa de Energía del Pacífico (EPSA), dedicada a la generación, transporte, distribución y comercialización de electricidad, haciéndose al 64.5% de las acciones. Luego compran el 82.27% de la Compañía de Electricidad de Tulúa CETSA. Hay que anotar que estos porcentajes de propiedad accionaría han ido en aumento. En Colombia está concentrado más del 17% de los negocios de Unión Fenosa a nivel Mundial.

Después de las privatizaciones vinieron las alzas exageradas en las facturas de la energía eléctrica, lo que ocasiono que los usuarios agobiados por esta situación, no tuvieron otra alternativa los pobladores de la Costa Atlántica que salir a pelear agobiados por la crisis en la prestación del servicio de energía eléctrica, alzas constantes para los estratos 1-2-3 especialmente, inestabilidad en el voltaje, cortes permanentes del servicio, instalación de acometidas y contadores sin el consentimiento del usuario, racionamiento disfrazados de mantenimiento durante 6, 8, y 12 horas diarias.

Los usuarios anunciaron el no pago de las facturas de energía. Ante la pobreza de los usuarios y argumentando la cultura del no pago, supuestos fraudes y robo de energía en los barrios subnormales, saltó el gobierno a justificar las privatizaciones sacando la Resolución 120 de 2001 de la Comisión de regulación de Energía y Gas Creg, donde se establecieron los convenios de servicios a los barrios Subnormales.

El gobierno por no aceptar el fracaso de las privatizaciones del sector eléctrico, en el marco de la Ley 812 de 2003 (Plan Nacional de Desarrollo), implementa la llamada Energía Social, reglamentada en los decretos 3734 y 3735, cuyo objeto es la normalización de redes y autogestión en zonas de difícil cobro u operación en barrios subnormales y extendiéndolos a municipios y corregimientos no conectados al sistema nacional, a los territorios insulares, a las áreas rurales de menor desarrollo y a las comunidades de difícil gestión. Con esta política, los monopolios que prestan el servicio de energía eléctrica logran legalizar usuarios, reducir perdidas no técnicas, ofrecer acceso al servicio en forma provisional según la capacidad de pago de los usuarios.

Para desarrollar el proyecto de Energía Social, se suscriben contratos para administración y cobro del servicio con lideres comunales, Mipymes (micros, pequeñas y medianas empresas), que representan supuestamente a la comunidad. Luego vienen las labores de conexión e infraestructura. A partir de ahí comienza el proceso de comercialización que consiste en que un responsable de la comunidad o recaudador a cambio de una comisión del 14% cobra a cada familia según lo que le corresponda por él calculo de consumo efectuado con anterioridad, lo que se presta para que el usuario no se le cobre lo realmente lo consumido sino lo calculado. El suscriptor comunitario o recaudador firma una garantía de pago de la misma; recibe quejas, reclamos, y peticiones de los usuarios. Cuando se presente un recaudo inferior al 50% del valor de la factura comunitaria, la empresa suspende el servicio a todos los usuarios hasta que pague.

El Decreto 3735/03 establece un esquema de pago anticipados mediante los cuales el Suscriptor Comunitario se compromete a pagar en forma previa el consumo una cantidad cierta de energía que la empresa se obliga a suministrar en un periodo de tiempo acordado; y para que este sistema funcione es necesario que el respectivo suscriptor tenga instalado un equipo de medida, el cual puede ser de prepago. Esta aberrante medida se ha convertido en la mayor tragedia que política alguna haya desarrollado contra los martirizados habitantes del caribe colombiano y, junto a la reestratificación, la revisión del régimen tarifaría y la reducción del consumo básico, muestra la esencia y naturaleza de las multinacionales y de quienes, como Uribe Vélez, legislan a su favor.

Cuando, en el 2003, se declaró el estado de inviabilidad financiera de las filiales de Unión Fenosa, la administración tomó una serie de medidas para evitar su quiebra: la capitalización de las empresas y el incremento de los subsidios al consumo y de las inversiones públicas en la infraestructura.

Precisamente, el aporte de dinero con fondos estatales ha sido el factor clave para la recuperación económica de la empresa. Es decir, el Estado colombiano ha asumido el peor papel tras la privatización de las compañías distribuidoras de electricidad de la Costa: siendo el socio minoritario del accionariado, es el que menos beneficios se lleva de su actividad pero, al mismo tiempo, es el que realiza la mayor parte de las inversiones para que las compañías generen más ingresos.

Pero, sin duda, la medida que ha terminado de posibilitar la superación de la crisis de Electrocosta y Electricaribe ha sido la creación de Energía Social. Esta empresa ha llegado, incluso, a ganar un premio de Responsabilidad Social Corporativa a la innovación porque, según su propia publicidad, «supone crear una empresa dimensionada en función de las necesidades de los más pobres». Eso sí, detrás de esa cara amable se encuentra una compañía que deja en manos de la población con menores recursos económicos la responsabilidad del funcionamiento de un servicio básico. Y, además, ha servido como un factor de desmovilización social, ya que, a cambio de una remuneración económica, muchos líderes sociales han pasado a ser la representación de la empresa en el vecindario. Así, se han producido enfrentamientos en los barrios y se ha extendido una desconfianza sobre las organizaciones comunitarias. A pesar de que el objetivo declarado de Energía Social es construir un modelo de gestión sostenible, esta compañía sólo tiene sentido si se sigue prolongando el sistema de subsidios.

Como se puede observar al principio las Electrificadoras de la Costa Atlántica ocasionaron muchos problemas a los españoles que desesperados estuvieron a punto de abandonar el país.

Una vez que se estableció en Colombia, Unión Fenosa incrementó la flexibilidad laboral, puso en marcha reducción de los salarios y eliminó las pensiones contempladas en los convenios colectivos. Además, contribuyó al debilitamiento de los sindicatos, mediante las ofertas de prejubilaciones y de privilegios a algunos cargos.

A finales del año 2007, Unión Fenosa, fusiono sus dos empresas prestadoras de energía en la Costa Atlántica y creo ELECTRICARIBE, convirtiéndose en la empresa más grande por sus activos de la Costa Caribe colombiana y la tercera de servicios públicos por capitalización del país. Abarcara 186 municipios, atendiendo aproximadamente millón y medio de “clientes”, que representa el 20% de la demanda de energía en el país. Con esta estrategia comercial Unión Fenosa, esta asegurando su mercado en todo Colombia y de paso va demoliendo a la organización sindical Sintraelecol, que después de estar varios años desmovilizados, se viene recomponiendo lentamente mejorando su posición de lucha en defensa de los intereses de los trabajadores y el patrimonio público, y es así como ha empezado a enfrentar de diferentes maneras las políticas antinacionales de Uribe, como son las privatización a corto plazo, de las electrificadoras regionales: Empresa Electrificadora de Santander, (Bucaramanga). Centrales Eléctricas del Norte de Santander, (Cúcuta) Empresa Electrificadora de Boyacá, (Boyacá) Empresa Electrificadora del Meta (Villavicencio) y Empresa Electrificadora de Cundinamarca, (Bogotá) que golpeara fuertemente a más de 1.2 millones de usuarios de esas regiones, de los cuales el 86 por ciento están en los estratos 1, 2 y 3, el gobierno les depara unas mayores tarifas, pues sus compradores llegarán a recuperar lo invertido en el menor plazo, tal como ya ha pasado en otras partes del país.

Para enfrentar este nuevo saqueo del sector eléctrico, Sintraelecol solicita el reconocimiento de las Electrificadoras como patrimonio regional, Además, denunciamos las argucias utilizadas por el gobierno, para la desvalorización de la empresas, haciéndolas más apetitosas a la voracidad de las multinacionales y desde ya, alertamos a la Opinión Pública en general, sobre la nueva masacre laboral que se suscitaran a raíz de los procesos de privatización en este sector.

Por ello, invitamos a todos los trabajadores, usuarios y población en general, a defender la soberanía, los bienes del Estado, la producción y el trabajo.

http://www.rebanadasderealidad.com.ar/sintraelecol-08-01.htm

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