Muy felices se encuentran los españoles con los excelentes resultados arrojados por su filial EPSA E.S.P., en el Valle del Cauca, que en el 2007 obtuvo utilidades netas por $196.826 millones, aumentando de esta manera sus utilidades netas en más del 43% en comparación con el año 2006 ($112.166 millones). ¿En qué país del mundo una multinacional se da el lujo de aumentar sus ganancias en este porcentaje de un año a otro?,… ¿Acaso Unión Fenosa no es un monopolio en el Valle?, que otro municipio de la región diferente a Cali, tiene la posibilidad y capacidad de comprar directamente en la Bolsa Eléctrica, la energía para atender a sus habitantes y evitar que los usuarios queden acorralados por las altas tarifas en las facturas de la energía eléctrica que cada mes llegan arruinando el bolsillo del pueblo que se ven desamparados por el Estado indolente ante sus penurias, que en cabeza de Uribe Vélez, se ha aumentado la subordinación a los propósitos del Imperio cumpliendo mansamente las directrices trazadas en sus políticas Neoliberales de la apertura económica, globalización , privatizaciones y TLC, con el objeto de favorecer los intereses de las multinacionales.
Ese favorecimiento a las Multinacionales se ve reflejado con las grandes utilidades de EPSA, producto de las altas tarifas que cobra a sus 403.000, clientes (ya no son usuarios para ellos) en el Valle del Cauca, que en el mes de mayo de 2008, cobró al estrato 3 el Kilovatio a $338,73, los primeros 173 KWH consumidos; mientras Emcali para la misma fecha, el mismo estrato, cobro el Kilovatio a $188,44, los primeros 173 KWH. Como se puede observar, hay una gran diferencia a favor de la Multinacional española y en contra de sus usuarios u clientes que ello atienden. En cambio Emcali cobro tarifas más equitativas a sus consumidores. Por ello, es fundamental seguir en la defensa de esta empresa que es patrimonio público, que está seriamente amenazado por el gobierno de Uribe Vélez, que no descansa en su intención de entregárselas a las Multinacionales.
Lo cierto es que los españoles nos están cobrando el Kilovatio/Hora (Kwh) más costoso a los usuarios de los municipios vallunos, cuando ellos cuentan con una infraestructura propia para la Generación Eléctrica que a través de la explotación de las Cuencas Hidrográficas de los Ríos: Anchicaya, Verde, Digua, Cali, Cauca, Nima, Tulua, Calima, Bravo, Frio, obtienen fuentes de energía renovable a muy bajos costos para el mantenimiento y operación de las Centrales Hidroeléctricas; lo mismo ocurre con la Transmisión de la energía eléctrica; Distribución y Comercialización de la misma, que les permite manejar este negocio lucrativo con el favorecimiento de las políticas estatales. A cambio la población se halla sometida a pagar altas tarifas que precariza la situación económica de los habitantes. Todas estas penurias de los usuarios hacen posible las exorbitantes ganancias que obtiene Unión Fenosa en esta región, sin la más mínima presión de los habitantes que cada día reciben una dosis fuerte de publicidad a través de los medios de comunicación invisibilizando la problemática social que instituyen. Para amortiguar esta situación de sobreexplotación, acuden a métodos comerciales propagandísticos para que sus “clientes” participen de rifas, venta de electrodomésticos, seguros de protección familiar, etc., siendo el requisito indispensable tener al día el pago de la factura de la energía eléctrica para poder participar de este festín comercial. Todas estas apariencias que se utilizan para atrapar a los “clientes” a pagar las altas tarifas sin sonrojarse, les ha permitido a los españoles repartir durante 2007 a sus accionistas dividendos por acción $291,17 para un valor total de $100.949 millones.
No en vano EPSA E.S.P., en el 2007, se ubico el puesto 68 entre las empresas más grande de Colombia, con Ingresos Operacionales por $708.700 millones; Utilidad Operacional de $292.182 millones. Por activos EPSA E.S.P, se ubica en el puesto 19 con $3.133.101 millones y por Patrimonio ocupa el puesto 18 con $2.207.788 millones. En ganancias ocupa el puesto 23. Entre las empresas extranjeras figura en el lugar 35 por ingresos operacionales.
De otra parte vemos que el 93% de la generación hidroeléctrica de Colombia está en manos de cinco empresas (Endesa, Unión Fenosa, ISAGEN, AES y EPM). De ellas, tres son corporaciones transnacionales, que controlan prácticamente la mitad de la producción de electricidad del país. El dominio de las empresas españolas en el mercado de la electricidad en Colombia es abrumador: si se suman los ingresos de las generadoras y de las distribuidoras, se puede comprobar que Endesa es la mayor transnacional del sector y Unión Fenosa es la segunda.
A los vallunos en que nos puede beneficiar que una multinacional nos preste el servicio de energía eléctrica, si el Valle esta rezagada en la producción de generación eléctrica y cada día aumenta la dependencia del sistema nacional interconectado; mientras EPM, le sigue apostando a proyectos hidroeléctricos de gran envergadura y para ello anuncian la construcción de la hidroeléctrica Pescadero Ituango en el departamento de Antioquia con una capacidad de 2.400 MW, convirtiéndola en la más grande del país, que demandara una inversión cercana a los US$2.300 millones, que garantizarán energía en firme para el año 2018, con una primera etapa de 1.200 MW; vemos que en nuestra región, EPSA se prepara para construir dos Micro Centrales o PCHs (Pequeñas Centrales Hidroeléctricas, a corto plazo: la PCH Amaime, sobre el Río Amaime, con una capacidad a filo de agua de 18 MW de Generación, que se encuentra ubicada entre los municipios de Palmira y el Cerrito. Las Comunidades de influencia de la Cuenca hidrográfica del Río Amaime, pelearon y seguirán peleando hasta el final para conservar sus derechos consuetudinarios; sin embargó la CVC, otorgó la respectiva licencia ambiental y la construcción se iniciara en firme este año. La otra PCH es la de Bugalagrande, que se ubicará en el municipio de Tulúa y contará con una capacidad instalada de 40.5 MW, y también cuenta con la respectiva licencia ambiental de la CVC.
También EPSA se reafirma en el Departamento del Tolima al firmar un acuerdo con el municipio de Roncesvalles para el desarrollo del proyecto Hidroeléctrico Cucuana, después de haber comprado en el 2007, la Central Hidroeléctrica de Prado por $105.000 millones. En el departamento de Caldas EPSA E.S.P., desarrolla con GENSA el proyecto Hidromiel II, quedando listo los acuerdos para los estudios de prefactibilidad y diseños para adelantar los permisos ambientales que le permitan a Union Fenosa ser el socio mayoritario de este proyecto.
El Valle, para ser autosuficiente requiere mas de 2.000 MW, instalados y EPSA E.S.P., actualmente tiene una capacidad instalada de 923.5 MW, en 13 plantas de Generación que representa el 8% de la Generación del país, y posee el 2.6% del total de redes de Alta Tensión en Colombia. Su negocio de Distribución representa el 5% del total del país y en comercialización posee el 4% de las ventas en Colombia con usuarios ahora clientes en el mercado regulado, no regulado y alumbrado público.
En entrevista al diario el País publicado marzo 31 de 2008, el Gerente General de EPSA, Bernardo Naranjo, Sentencio: “El país deberá pagar energía más cara”…. desafortunadamente el Dr., Naranjo, tiene razón, porque ciertamente esa es la política de las multinacionales en Colombia y luego precisa en la entrevista: El modelo de libre competencia que existe en Colombia, y que se aplica a través de la bolsa, implica que quien fija el precio de la energía es la planta marginal, es decir, en el mercado la energía tiene el precio de la planta más cara que este siendo utilizado en ese momento….,si la demanda de energía eléctrica aumenta y la generación se queda rezagada, es lógico que la planta marginal coloca el precio bien caro….entonces cual es el afán o el interés de construir nuevas generadoras de gran capacidad que garanticen autosuficiencia al país y no las que están haciendo los españoles en el Valle, que no le hacen ni cosquillas a las necesidades de la región. El que construye las grandes Centrales Eléctricas es el Estado. Quisiéramos saber qué privado o multinacional ha construido una Central Hidroeléctrica mayor a 100 MW, nos gustaría que los amigos de los privatizadores nos nombraran aunque sea una, por ello, es que las multinacionales adoran tanto a gobiernos como Uribe, que tiene corazón grande para ellos y garrote colosal para el obrero.
Con lo anterior se demuestra que las privatizaciones no acaban con los monopolios. Simplemente, sustituyen los públicos por los privados. Y éstos, naturalmente, se aprovechan de sus condiciones monopólicas para esquilmar a unos clientes que ni siguiera tienen la opción de comprarles a otros o de renunciar, sin graves sufrimientos, al servicio.
En cambio, para pagarles a sus trabajadores no son muy generosos, mejor dicho son miserables, quieren mano de obra barata, muy barata; siendo el caso el de los trabajadores sindicalizados que a través de Sintraelecol presentamos el 05 de julio de 2007, un Pliego Único de Peticiones para sus dos empresas en el Valle, EPSA Y CETSA en Tulúa y a la fecha, el Conflicto laboral no se pudo resolver. Los españoles solo ofrecieron el 4.5% de aumento salarial. En Asamblea General los trabajadores afiliados a la Organización Sindical ratificaron el Tribunal de Arbitramento Obligatorio, quedando el conflicto en manos de los Tribunales frente a una empresa como EPSA que en el año 2005 adhirió al Pacto Global por intermedio de ANDESCO (Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios y Actividades Complementarias e Inherentes), dizque con el compromiso con el cumplimiento de los diez mandamientos que promulga el Pacto, entre ellos el respeto y protección de los derechos humanos internacionales, en su ámbito de influencia, la equidad informativa: entendida como igualdad informativa y de oportunidad; aseguramiento de que las compañías no son cómplices de abusos de derechos; se requiere a las empresas que defiendan la liberta de asociación y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva; eliminación de la discriminación con respecto al empleo y ocupación: se requiere a las empresas que apoyen un enfoque de precaución frente a los retos medioambientales; acometer iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad medioambiental; etc., (Quedó demostrado que el tal “Pacto Global” es otra argucia mas de las multinacionales para engañar a los trabajadores y arrebatarles sus Convenciones Colectivas con acuerdos sumisos al capital explotador), como se comprobó con el fracaso de la patronal Union Fenosa, en la negociación del Pliego Único en EPSA Y CETSA, con sus trabajadores afiliados a Sintraelecol en el Valle, donde la organización sindical no les acepto sus migajas, llegando el conflicto a la situación actual de Tribunal de Arbitramento; situación que está aprovechando la patronal española para despotricar del sindicato, buscando con ello la desafiliación de sus miembros. Por ello, nos preguntamos ¿A quienes les sirve estos Pactos Globales?, no es precisamente a los trabajadores, es sin duda un maquillaje a la explotación de mano de obra y los recursos hídricos del país.
Las empresas que se privatizan se venden a precios que no solo no pagan el valor de los activos que se enajenan, sino que ni siquiera cubren los valores que indican las utilidades que producen. Lo corriente han sido ventas a la mitad y hasta un tercio de los costos de oportunidad. El embeleco para justificar estas estafas legalizadas en contra del patrimonio nacional consiste en que los inversionistas extranjeros exigen tasas de descuentos (utilidades) para sus inversiones del triple de las que consiguen en sus lugares de origen, y el gobierno baja los precios de venta las empresas hasta que les cuadren las cuentas.
Los dineros percibidos por el Estado a cambio de feriar el patrimonio nacional ni siguiera se han convertido en nueva fuentes de acumulación de riqueza. Casi todos ellos han ido a pagar la deuda externa y atender el déficit fiscal. Las privatizaciones también atentan en materia grave contra la soberanía nacional, porque le trasladan al capital extranjero el control de sectores estratégicos de la economía colombiana.
Por muchas razones y principios los sectores sindicales y organizaciones sociales y populares, nos oponemos a que el gobierno nacional continúe con las privatizaciones o ventas de las empresas de servicios públicos que aun no se han hecho como el caso de las Electrificadoras Regionales y se de la reversión general de las privatizaciones que ya se han dado. También se reclama que cualquier política sobre servicios públicos se defina de manera soberana por la nación colombiana, sin ningún tipo de imposición por parte del capital extranjero, y atendiendo muy especialmente a las necesidades de los sectores populares.
Los organismos de control creados por las leyes que impulsan las privatizaciones han demostrado su incapacidad para controlar a los monopolios privados, si es que en verdad tiene ese propósito y no son simples instrumentos de la demagogia oficial.
En medio de la ruina del sector productivo, del desempleo y del hambre, los cuales se expresan en la perdida de la capacidad para decidir de manera autónoma lo que mejor le conviene a los intereses del conjunto de la nación. En estas circunstancias, el progreso nacional ha sido, y será la excrescencia de lo que le convenga a los monopolios extranjeros y, especialmente, a su oligarquía financiera. Mientras la nación no rescate la soberanía le es imposible desarrollarse en su propio beneficio, ya que cada vez se excluye a más gente; con cada día que pasa disminuye el número de los beneficiados y el de los que logran sobreaguar en el naufragio, en tanto muchos sectores medios se suman a las legiones de desposeídos. Y esa realidad, inevitable mientras no se modifique su causa, terminará por abrirle camino a la mas gigantesca unión de patriotas que se haya dado en Colombia y Latinoamérica desde la liberación del yugo español, unidad que deberá darse principalmente en torno a una idea que ya ha demostrado su acierto histórico: la prosperidad es el bien del que sólo disfrutan las naciones que son capaces de ganar y mantener el derecho a decidir de manera soberana sobre sus asuntos.
Unión Fenosa en Colombia
Es un Grupo energético integrado que opera en los mercados del gas y la electricidad. Fuera de España, está presente en doce países, fundamentalmente en América Latina (Guatemala, Nicaragua, Panamá, República Dominicana, Costa Rica, México, Colombia), luego que la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, CVC, fue objeto de una escisión separándola del componente eléctrico, que fue entregado al sector privado para su usufructo en detrimento de los vallecaucanos. Hoy el negocio de la energía eléctrica está en manos de la Multinacional española Unión FENOSA.
A la CVC, le fue aplicada la ley 99 de 1993, quedándose únicamente en la gestión ambiental. Con el Decreto Ley 1275 de 1994 se le dio vida al nuevo ente que manejaría el sector eléctrico en el Valle y fue así como el 1º de enero de 1995, comenzó a funcionar EPSA E.S.P., comenzando el gobierno nacional con las privatizaciones que con su lógica implicaron despidos masivos y sistemas de contratación que reducen la estabilidad laboral, el derecho de organización y los salarios. Entonces, una parte considerable de las mayores utilidades de las empresas privatizadas no responde a aumentos de la productividad del trabajo sino al incremento de su explotación, lo que, además de antisocial, conspira en contra de la prosperidad del país y de su desarrollo.
El 05 de julio de 1997, el gobierno nacional vendió en subasta pública el 56.7% de las acciones de EPSA E.S.P., al Consorcio Gringo Caribe Industries Holding, integrado por la empresa Multinacional Reliant Energy y la Electricidad de Caracas EDC.
En 1998 el gobierno nacional decide feriar las electrificadoras de la Costa Atlántica, con la conocida fábula que eran inviables financieramente. En una “oferta pública internacional” resultó favorecido nuevamente el Consorcio Gringo Caribe Industries Holding, que se quedaron con el 65% de las acciones de las electrificadoras en mención.
Como a todo le cambian el nombre, El 12 de agosto de 1998 nacen la electrificadora del Caribe S.A E.S.P., (Electricaribe), que atiende los departamentos de Guajira, Cesar, Magdalena y Atlántico. La Electrificadora de la Costa S.A. E.S.P., (Electrocosta), atiende los departamentos de Bolívar, Sucre y Córdoba. El área de influencia de las Electrificadoras representa el 12% del territorio nacional. Son 7 departamentos, 186 municipios, que ocupan una extensión de más de 132 mil kilómetros cuadrados. Con más de 9 millones de habitantes, el 21% de la población colombiana. Electricaribe y Electrocosta atienden a más de un millón 250 mil usuarios, que equivalen al 15% de los usuarios del Sistema Eléctrico Colombiano.
En noviembre de 2000, el consorcio Gringo y la Electricidad de Caracas, vendieron su participación a Unión Fenosa de España, en este negocio fue que adquirieron a la Electrificadora de la Costa Atlántica (Electrocosta) y la Electrificadora del Caribe (Electricaribe), ambas dedicadas a la distribución y comercialización de electricidad. Adquirieron el 69% de Electricaribe, el 70% de Electrocosta.
A finales del 2000, Unión Fenosa completó su presencia en el país con la compra al consorcio Gringo de la Empresa de Energía del Pacífico (EPSA), dedicada a la generación, transporte, distribución y comercialización de electricidad, haciéndose al 64.5% de las acciones. Luego compran el 82.27% de la Compañía de Electricidad de Tulúa CETSA. Hay que anotar que estos porcentajes de propiedad accionaría han ido en aumento. En Colombia está concentrado más del 17% de los negocios de Unión Fenosa a nivel Mundial.
Después de las privatizaciones vinieron las alzas exageradas en las facturas de la energía eléctrica, lo que ocasiono que los usuarios agobiados por esta situación, no tuvieron otra alternativa los pobladores de la Costa Atlántica que salir a pelear agobiados por la crisis en la prestación del servicio de energía eléctrica, alzas constantes para los estratos 1-2-3 especialmente, inestabilidad en el voltaje, cortes permanentes del servicio, instalación de acometidas y contadores sin el consentimiento del usuario, racionamiento disfrazados de mantenimiento durante 6, 8, y 12 horas diarias.
Los usuarios anunciaron el no pago de las facturas de energía. Ante la pobreza de los usuarios y argumentando la cultura del no pago, supuestos fraudes y robo de energía en los barrios subnormales, saltó el gobierno a justificar las privatizaciones sacando la Resolución 120 de 2001 de la Comisión de regulación de Energía y Gas Creg, donde se establecieron los convenios de servicios a los barrios Subnormales.
El gobierno por no aceptar el fracaso de las privatizaciones del sector eléctrico, en el marco de la Ley 812 de 2003 (Plan Nacional de Desarrollo), implementa la llamada Energía Social, reglamentada en los decretos 3734 y 3735, cuyo objeto es la normalización de redes y autogestión en zonas de difícil cobro u operación en barrios subnormales y extendiéndolos a municipios y corregimientos no conectados al sistema nacional, a los territorios insulares, a las áreas rurales de menor desarrollo y a las comunidades de difícil gestión. Con esta política, los monopolios que prestan el servicio de energía eléctrica logran legalizar usuarios, reducir perdidas no técnicas, ofrecer acceso al servicio en forma provisional según la capacidad de pago de los usuarios.
Para desarrollar el proyecto de Energía Social, se suscriben contratos para administración y cobro del servicio con lideres comunales, Mipymes (micros, pequeñas y medianas empresas), que representan supuestamente a la comunidad. Luego vienen las labores de conexión e infraestructura. A partir de ahí comienza el proceso de comercialización que consiste en que un responsable de la comunidad o recaudador a cambio de una comisión del 14% cobra a cada familia según lo que le corresponda por él calculo de consumo efectuado con anterioridad, lo que se presta para que el usuario no se le cobre lo realmente lo consumido sino lo calculado. El suscriptor comunitario o recaudador firma una garantía de pago de la misma; recibe quejas, reclamos, y peticiones de los usuarios. Cuando se presente un recaudo inferior al 50% del valor de la factura comunitaria, la empresa suspende el servicio a todos los usuarios hasta que pague.
El Decreto 3735/03 establece un esquema de pago anticipados mediante los cuales el Suscriptor Comunitario se compromete a pagar en forma previa el consumo una cantidad cierta de energía que la empresa se obliga a suministrar en un periodo de tiempo acordado; y para que este sistema funcione es necesario que el respectivo suscriptor tenga instalado un equipo de medida, el cual puede ser de prepago. Esta aberrante medida se ha convertido en la mayor tragedia que política alguna haya desarrollado contra los martirizados habitantes del caribe colombiano y, junto a la reestratificación, la revisión del régimen tarifaría y la reducción del consumo básico, muestra la esencia y naturaleza de las multinacionales y de quienes, como Uribe Vélez, legislan a su favor.
Cuando, en el 2003, se declaró el estado de inviabilidad financiera de las filiales de Unión Fenosa, la administración tomó una serie de medidas para evitar su quiebra: la capitalización de las empresas y el incremento de los subsidios al consumo y de las inversiones públicas en la infraestructura.
Precisamente, el aporte de dinero con fondos estatales ha sido el factor clave para la recuperación económica de la empresa. Es decir, el Estado colombiano ha asumido el peor papel tras la privatización de las compañías distribuidoras de electricidad de la Costa: siendo el socio minoritario del accionariado, es el que menos beneficios se lleva de su actividad pero, al mismo tiempo, es el que realiza la mayor parte de las inversiones para que las compañías generen más ingresos.
Pero, sin duda, la medida que ha terminado de posibilitar la superación de la crisis de Electrocosta y Electricaribe ha sido la creación de Energía Social. Esta empresa ha llegado, incluso, a ganar un premio de Responsabilidad Social Corporativa a la innovación porque, según su propia publicidad, «supone crear una empresa dimensionada en función de las necesidades de los más pobres». Eso sí, detrás de esa cara amable se encuentra una compañía que deja en manos de la población con menores recursos económicos la responsabilidad del funcionamiento de un servicio básico. Y, además, ha servido como un factor de desmovilización social, ya que, a cambio de una remuneración económica, muchos líderes sociales han pasado a ser la representación de la empresa en el vecindario. Así, se han producido enfrentamientos en los barrios y se ha extendido una desconfianza sobre las organizaciones comunitarias. A pesar de que el objetivo declarado de Energía Social es construir un modelo de gestión sostenible, esta compañía sólo tiene sentido si se sigue prolongando el sistema de subsidios.
Como se puede observar al principio las Electrificadoras de la Costa Atlántica ocasionaron muchos problemas a los españoles que desesperados estuvieron a punto de abandonar el país.
Una vez que se estableció en Colombia, Unión Fenosa incrementó la flexibilidad laboral, puso en marcha reducción de los salarios y eliminó las pensiones contempladas en los convenios colectivos. Además, contribuyó al debilitamiento de los sindicatos, mediante las ofertas de prejubilaciones y de privilegios a algunos cargos.
A finales del año 2007, Unión Fenosa, fusiono sus dos empresas prestadoras de energía en la Costa Atlántica y creo ELECTRICARIBE, convirtiéndose en la empresa más grande por sus activos de la Costa Caribe colombiana y la tercera de servicios públicos por capitalización del país. Abarcara 186 municipios, atendiendo aproximadamente millón y medio de “clientes”, que representa el 20% de la demanda de energía en el país. Con esta estrategia comercial Unión Fenosa, esta asegurando su mercado en todo Colombia y de paso va demoliendo a la organización sindical Sintraelecol, que después de estar varios años desmovilizados, se viene recomponiendo lentamente mejorando su posición de lucha en defensa de los intereses de los trabajadores y el patrimonio público, y es así como ha empezado a enfrentar de diferentes maneras las políticas antinacionales de Uribe, como son las privatización a corto plazo, de las electrificadoras regionales: Empresa Electrificadora de Santander, (Bucaramanga). Centrales Eléctricas del Norte de Santander, (Cúcuta) Empresa Electrificadora de Boyacá, (Boyacá) Empresa Electrificadora del Meta (Villavicencio) y Empresa Electrificadora de Cundinamarca, (Bogotá) que golpeara fuertemente a más de 1.2 millones de usuarios de esas regiones, de los cuales el 86 por ciento están en los estratos 1, 2 y 3, el gobierno les depara unas mayores tarifas, pues sus compradores llegarán a recuperar lo invertido en el menor plazo, tal como ya ha pasado en otras partes del país.
Para enfrentar este nuevo saqueo del sector eléctrico, Sintraelecol solicita el reconocimiento de las Electrificadoras como patrimonio regional, Además, denunciamos las argucias utilizadas por el gobierno, para la desvalorización de la empresas, haciéndolas más apetitosas a la voracidad de las multinacionales y desde ya, alertamos a la Opinión Pública en general, sobre la nueva masacre laboral que se suscitaran a raíz de los procesos de privatización en este sector.
Por ello, invitamos a todos los trabajadores, usuarios y población en general, a defender la soberanía, los bienes del Estado, la producción y el trabajo.
http://www.rebanadasderealidad.com.ar/sintraelecol-08-01.htm
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