Clitemnistra: Brutalidad en Puebla ¿Hasta cuándo?

Nuevamente el aparato de protección y justicia poblanos están en la mira nacional. Esta vez, por el brutal abuso hacia el diputado local Pepe Momoxpan, un servidor público que se ha dedicado a denunciar a los ediles corruptos y a protejer a campesinos de las zonas marginadas del Estado de Puebla. Como bien es sabido, la tierra de la impunidad, no puede tol;erar que personajes de esta naturaleza les anden desarropando sus andanzas. El resultado del abuso de poder, no pierde el tiempo en hacerse notar.

Sin embargo, la interrogante principal queda aún en el aire. ¿Dónde esta la ciudadanía afectada mostrando su descontenta e indignación ante estos hechos? Hasta cuándo permitirá la sociedad poblana que le pasen encima sin pronunciarse y exigir justicia.

La nota de La Jornada de Oriente

Puebla, Pue., 28 de julio. José Manuel Pérez Vega, diputado local del Partido del Trabajo, fue encontrado con lesiones la madrugada de este lunes después de haber sido golpeado, torturado y arrojado a un barranco por policías de Tlacotepec de Porfirio Díaz –municipio ubicado en la Sierra Negra de la entidad–, quienes además le dispararon.

Mientras, la Policía Judicial informó que siete agentes municipales involucrados en la agresión fueron detenidos y presentados ante el Ministerio Público.

Con los ojos amoratados y el rostro hinchado por la golpiza, el representante popular ofreció la mañana de este lunes conferencias de prensa en Tehuacán y en la sede del Congreso local. Aseguró que policías de Tlacotepec le dispararon “más de 40 balas” a él y a Rafael García Salas, líder del Comité del Pueblo Unido, organización dedicada a la defensa de las costumbres indígenas prehispánicas.

Pérez Vega –conocido con el sobrenombre de Pepe Momoxpan– relató que él, su secretario particular, Hervey Rivera González, y Rafael García viajaban el domingo por la Sierra Negra hacia Tlacotepec de Porfirio Díaz, donde los esperaban algunos regidores y pobladores, a fin de recabar denuncias en contra del alcalde priísta, Esteban Gorgonio Merino, a quien acusan de no brindar servicios públicos ni apoyos a la población, además de actuar con despotismo.

Indicó que a la entrada de la cabecera de Tlacotepec policías municipales que instalaron un retén pretendieron revisar el vehículo del legislador, con el argumento de que estaban aplicando la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

El diputado les respondió que esa ley sólo podía ser aplicada por autoridades federales.

Narró que entonces los agentes trataron de someterlos, pero él y García Salas huyeron en una camioneta, y Hervey Rivera escapó por su lado.

Añadió que en el trayecto de Tlacotepec al municipio de Eloxochitlán escuchó al menos una docena de disparos provenientes de las patrullas que los perseguían.

Al llegar a un paraje de Eloxochitlán, policías de Porfirio Díaz dieron alcance a Pérez Vega y a García Salas. Los sometieron, los esposaron y comenzaron a darles una golpiza.

El petista sostuvo que en la agresión también participaron algunos civiles, y los uniformados, dirigidos por su comandante –un hombre identificado como El Jarocho–, le colocaron los cañones de sus armas en la sien, en la frente y en la boca. Aseguró que una decena de vecinos de Eloxochitlán fueron testigos de la agresión.

Pérez Vega dijo que los policías lo recostaron sobre el cofre de uno de sus vehículos. A gritos, pidió ayuda a los testigos. Les dijo que era diputado, que llamaran a la capital del estado. A continuación, los policías lo arrojaron a un barranco junto con el activista Rafael García.

Calculó que rodaron unos 30 metros por la pendiente, y cuando creyó que la agresión había cesado, los policías les dispararon al menos 30 veces; sin embargo, lograron huir y fueron auxiliados por campesinos del municipio de Ajalpan.

Pérez Vega dijo que no confía en las autoridades de Puebla y anunció que presentará una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR).

El gobierno estatal anunció la creación de una fiscalía especial para investigar el caso, la cual estará a cargo de Arturo Martínez, y aseguró que no habrá impunidad para el alcalde de Tlacotepec si se compruebe que fue el autor intelectual de esta agresión, como asegura el legislador.

Todas las fracciones parlamentarias del Congreso de Puebla condenaron el ataque y exigieron su esclarecimiento.

http://www.jornada.unam.mx/2008/07/29/index.php?section=estados&article=033n1est

Raúl Zibechi: Guardia Indígena

En las montañas del norte del departamento del Cauca, en la cordillera central de Colombia, a unos 100 kilómetros al sur de Cali, se viene desarrollando desde hace varias décadas una de las más notables experiencias de construcción de un mundo diferente al hegemónico. La región está atravesada de múltiples conflictos: terratenientes con extensas plantaciones de caña contra pequeños campesinos, multinacionales buscando explotar minerales que necesitan expulsar pueblos enteros, narcotraficantes aliados con paramilitares contra todos lo que se interpongan en sus negocios y, finalmente, la eterna guerra colombiana, cuyo último gran capítulo cumplió esta semana 60 años, al celebrarse un nuevo aniversario del asesinato del líder liberal Jorge Eliécer Gaitán.

En medio de esa guerra parece un milagro que los indígenas del norte del Cauca sigan adelante con sus proyectos de vida y esperanza. En una pequeña superficie de 190 mil hectáreas entre los mil 200 y los 4 mil metros sobre el nivel del mar, de las que sólo 10 mil son planas, algo más de 110 mil personas (85 por ciento indios nasa, 5 por ciento guambianos y 10 por ciento afros y mestizos) han puesto en marcha una experiencia única en Sudamérica, que tiene sin embargo mucho en común con el neozapatismo de Chiapas y su construcción de un mundo nuevo. Vale decir que 80 por ciento de esas tierras han sido recuperadas a los terratenientes a lo largo de más de 30 años de luchas, en los que la violencia se ha cobrado miles de vidas indígenas.

En esa región, 25 mil familias viven en 304 veredas, pequeños pueblos rurales, y se autogobiernan por medio de 18 cabildos, autoridad indígena tradicional reconocida en la Constitución de 1991, pero acosada por el Estado y sus fuerzas armadas. La estructura de poder se fue construyendo de abajo arriba: asambleas de las veredas eligen alguaciles que acompañan a los gobernadores de los cabildos, que son elegidos a su vez por grandes asambleas en cada uno de los resguardos indígenas. Los cabildos son formas de poder indígena enraizados en territorios o resguardos.

Los nasa (“gente”, en lengua originaria) buscan afirmar la justicia comunitaria, la educación y la salud propias, el control sobre el territorio y el autogobierno. “Eso es para nosotros el mandar obedeciendo”, dice Ezequiel Vitonás, veterano dirigente nasa que fue gobernador y ahora acompaña el proceso que encabeza la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN). En sus territorios autogobernados han construido proyectos trascendentales, como el Espacio de Formación de Derecho Propio, una escuela de la que este año saldrán los primeros 60 consejeros jurídicos que trabajarán “para ejercer autonomía desde el derecho propio”. La escuela fue una decisión de las comunidades para fortalecer el autogobierno ante las amenazas externas, pero también para apoyar a las autoridades promoviendo evaluaciones colectivas para superar los conflictos internos.

Otro espacio notable es el Centro de Educación, Capacitación e Investigación para el Desarrollo Integral de la Comunidad (CECIDIC), definido como “un lugar de encuentro de la comunidad nasa”, que funciona en una finca recuperada de 68 hectáreas en el resguardo de San Francisco. El centro depende de los cabildos y fue construido por medio de grandes mingas comunitarias. Aunque el pueblo nasa puso en pie proyectos de educación bilingüe desde 1980, el CECIDIC trabaja en la formación para una educación propia que exprese un modelo educativo nuevo. Unos 800 jóvenes se forman en el bachillerato agrícola con énfasis en lo ambiental y en la organización comunitaria y otros 150 participan en carreras universitarias como etnoeducación, tecnología en agroindustria, economía y ciencias sociales. Los estudiantes aprenden trabajando en el sector agrosilvopastoril, en la escuela de artes y oficios y en las escuelas de animadores comunitarios.

Pero la experiencia más notable es quizá la Guardia Indígena, definida como “un instrumento de resistencia frente a la injusticia”, como “comunidad al servicio de la comunidad y defensa de nuestro territorio”. Ante la agudización del conflicto armado y una serie de asesinatos cometidos por paramilitares, las comunidades y los cabildos decidieron recomponer sus intrumentos de seguridad, entre ellos la Guardia Indígena, que fue reconocida por las autoridades nasa en una gran asamblea realizada en el resguardo de Tacueyó, en mayo de 2001. No tiene carácter militar y sus miembros se identifican por el tradicional bastón de mando de las autoridades indígenas.

Cada vereda elige en asamblea 10 guardias y un coordinador, lo que suma algo más de 3 mil guardias indígenas coordinados en cada resguardo. Se pueden ver mujeres y varones desde 12 hasta 50 años. La formación política es el aspecto más importante, ya que la guardia se considera más educativa que represiva. Todos los meses realizan talleres obligatorios, que suelen durar tres días y que luego cada coordinador replica en su vereda. Los guardias con los que fue posible conversar aseguran que no actúan como policías y que, por el contrario, se consideran “formadores de organización, protectores de la comunidad y defensores de la vida sin involucrarnos en la guerra”. Por cierto, tanto las fuerzas armadas del Estado como las FARC se sienten incómodas, por decir lo menos, con esos comuneros que en grandes grupos se reúnen para proteger a su pueblo.

Los cabildos y la Guardia Indígena definieron “sitios de asamblea permanente” donde las comunidades se congregan en situaciones de emergencia, sobre todo durante los frecuentes enfrentamientos armados en una de las regiones más violentas de Colombia. Ellos los definen como “sitios de resistencia indígena, espacios para la protección, la reflexión y el análisis comunitario”. En el proceso nasa es muy firme la apuesta a no ingresar en la guerra y resistir juntos. Pero se han propuesto hacerlo “respetando la diversidad y la diferencia”, o sea, sin llegar a convertirse en fotocopia de los actores que en seis décadas asesinaron a más de un millón de colombianos.

* La Jornada
* http://www.jornada.unam.mx/2008/04/12/index.php?section=opinion&article=021a2pol

Adolfo Pérez Esquivel: No confundir campesinos con terratenientes

No confundir campesinos con terratenientes
El paro agrario en Argentina desde hace más de 15 días, es utilizado por sectores golpistas para desestabilizar al gobierno y seguir explotando al pueblo con total impunidad.

Las retenciones que el gobierno impone a las exportaciones tienen diversas lecturas y contradicciones que han confundido y generado que los sectores del campo coincidan, en la protesta. Es necesario diferenciar si están juntos y revueltos para desestabilizar al gobierno, o tienen la suficiente claridad para diferenciarse en la lucha y reclamos que consideran que la medida del gobierno afecta a los pequeños y medianos productores rurales.

Hay que diferenciar y saber si están juntos, pero no revueltos y hasta dónde llega estar juntos sin quemarse.

Recuerdo esa pequeña historia que dice: “El ladrón corre hacia el Este y el policía corre hacia el Este. Pero los dos con intenciones diferentes”.

No hay que olvidar que los productores agropecuarios nunca tuvieron tantas ganancias como en los últimos años, beneficiándose por la política de cambio y las exportaciones de soja y girasol. Los indicadores son elocuentes y concretos.

Sin embargo, es necesario hacer un análisis de los costos que esa actividad tiene para el país, su rentabilidad y concentración de la riqueza en pocas manos. Las grandes corporaciones agropecuarias han destruido, quemado, miles de hectáreas de bosques, apropiándose de grandes extensiones de tierra para plantar soja transgénica. Utilizan agroquímicos altamente contaminantes sin importarles las consecuencias para el medio ambiente y vida de los pobladores.

Por otra parte, las contradicciones del gobierno no son pocas, pero hay que reconocer que ha dado algunos pasos importantes hacia la recuperación económica y eso es positivo. El saqueo a que fue sometido el país durante la crisis de 2001, fue un golpe de Estado económico, sacando al exterior los capitales, llevando al cierre de fábricas, desabastecimiento, aumento del desempleo y pobreza, provocada por las grandes corporaciones industriales y agropecuaria, como el sistema bancario, que buscaron el vaciamiento del país sin importarles las consecuencias sociales.

Sectores de la llamada “clase media, acomodada” salieron estos días con la cacerola de acero inoxidable y cucharita de plata a apoyar el paro agrario y dicen que lo hacen para “defender al campo”.

Ésta mañana sentí hablar a dos mujeres que se preguntaban: ¿Qué tal te fue en el cacerolazo? –Muy bien querida. Estuvo divino!!!!!!!!. ¿Y vos donde fuiste? – Estuve en el cacerolazo frente a la Quinta de Olivos. ¿Vas a ir hoy al cacerolazo? –No querida tengo una reunión en el club. Nos vemos querida. Mientras ponían en marcha su camioneta 4×4.

La falta de memoria a muchos les ha jugado una mala pasada. Se olvidaron que la clase media acomodada que siempre creyó estar a salvo de la debacle del país; también fueron víctimas del vaciamiento económico y muchos perdieron sus recursos y ahorros depositados en los bancos. Es necesario hacer memoria porque hoy nadie se hace responsable de esa situación y lamentablemente la impunidad continúa.

El gobierno tiene que asumir que se equivocó al poner las retenciones por igual y no diferenciar a los pequeños y medianos productores rurales, que son la mayoría y muchos tienen serias dificultades en su producción y con sus campos hipotecados; juzgarlos con la misma vara, con que mide a las grandes corporaciones y terratenientes que tienen ganancias exorbitantes que sacan del país y que no están dispuesto a la re-distribución de la riqueza.

Estamos frente al cuento del ladrón y el policía, en que los dos corren hacia el Este pero con intenciones diferentes.

A río revuelto, en la actual situación de conflicto, se suman sectores golpistas que buscan provocar tensiones para desestabilizar al gobierno y se suman al cacerolazo, no para defender el derecho de los trabajadores rurales. Sus intenciones son otras que todos conocemos y sufrimos.

La presidenta Cristina Fernández Kirchner pidió que levanten el paro para dialogar y encontrar una salida al conflicto. Es una medida prudente que los productores rurales no pueden dejar pasar. El diálogo es el camino para encontrar soluciones.

El gobierno no puede volver a equivocarse y tiene que diferenciar al campesino de los terratenientes.

No hay que permitir ni dejarse arrastrar por los golpistas para que se enfrenten trabajadores contra trabajadores.

Hay veces en la vida que la enseñanza es dura, pero se aprende. Los campesinos luchan por sus derechos y resistir en la esperanza para alcanzar a vivir con dignidad y recuperar la soberanía nacional, hoy amenazada por los grandes intereses económicos que se niegan a re-distribuir la riqueza.

Las retenciones son necesarias, no sólo al agro, a las empresas mineras, con políticas públicas para evitar la explotación irracional a que someten al país.

Las retenciones deben dirigirse correctamente a construir el país que queremos.

Queda un largo camino a recorrer que es necesario construir entre todos y todas.

* La Jornada
* http://www.jornada.unam.mx/2008/03/31/index.php?section=opinion&article=031a1mun

Gustavo Duch Guillot *: Qué hacemos con los campesinos del mundo

Observando las realidades del mundo rural de nuestro planeta se puede llegar a una conclusión repetida y válida: parece que no existe espacio ni futuro para las pequeñas unidades familiares campesinas que alimentan directamente a más de la mitad del mundo.

Mayoritariamente las políticas globales y las políticas locales han definido e imponen, bajo los paradigmas neoliberales, un modelo de agricultura basado en modelos intensivistas capaces de producir grandes cantidades de alimentos con muy pocas manos participando en su siembra, cultivo, crianza, producción, etcétera, orientados hacia los mercados internacionales, hacia la exportación, donde la riqueza generada no revierte en el campesinado. El fenómeno de la aniquilación del campo sabemos que no es nuevo y que en momentos históricos pudo ser asimilado. Como en España, cuando en pleno desarrollo industrial existía una industria capaz de absorber a muchos de estos agricultores sin futuro. Pero esta situación no es la que se da actualmente en las naciones empobrecidas del sur con la mayoría de la población viviendo en el campo. Cuando llegan a las ciudades sólo les esperan los bolsones de pobreza.

Frente a estas posturas casi dogmáticas tenemos desde hace más de 10 años una propuesta alternativa que enfoca la lucha contra la pobreza a partir de la defensa de la agricultura familiar a pequeña escala, que se reconoce bajo la bandera de la soberanía alimentaria. Soberanía en tanto que defiende el derecho de los pueblos a poder definir sus directrices agrarias centradas en la defensa y promoción del aparato productivo nacional (como decía una dominicana, “mientras un pueblo pasa hambre no tiene lógica alguna exportar nada”). Y alimentaria, porque promueve una producción agraria basada en modelos agroecológicos que se demuestra no sólo son los únicos compatibles con el futuro de un planeta en crisis ambiental, sino también los más saludables, los más eficientes en cuanto a producción de alimentos, y en los que la riqueza se distribuye con verdadera justicia.

Para acercarnos a este nuevo paradigma hay que romper las reglas del juego que funcionan en la actualidad bajo una lógica mercantil, que sólo son generadoras de desigualdades, y abordar la temática desde el reconocimiento de un sistema de derechos humanos y un conjunto de políticas activas. Frente a la privatización de los bienes fundamentales para la producción de alimentos ha de prevalecer el derecho al acceso a la tierra, al agua y a las semillas que harán posible otro derecho humano vital: el derecho a la alimentación.

Hoy la tierra sigue distribuida en grandes latifundios que acaparan las mejores áreas cultivables arrinconando a los pequeños campesinos a las laderas, a los secarrales; el agua de riego es cada día un bien más escaso, pero no se renuncia a usos ociosos de la misma; y la distribución de las semillas, elemento básico de toda la cadena alimentaria, está concentrada en cinco monstruos empresariales.

Las políticas agrarias, forestales y pesqueras deberán enfocar muy lejos del actual modelo de apoyo a las agroindustrias, para defender y promover la pequeña producción campesina familiar y asegurar el control local de los procesos de transformación, distribución y comercialización de los alimentos para que salgan reforzadas las redes del mercado local y de temporada. Si no es así, seguirán repitiéndose crímenes tan graves como la presencia en mercados de países del sur de muchos alimentos importados, que por su economía de escala y las subvenciones que reciben, se sitúan a precios muy ventajosos frente a los locales, dejando a campesinas y campesinos sin oportunidades para comercializar sus productos. O la cada vez más presente fuerza de las grandes cadenas de supermercados. También éstas con su política de internacionalización y concentración se han hecho comunes en todos los países del mundo. Para los consumidores los mismos supermercados con las mismas marcas, como en casa. Para los productores agrícolas significa que disminuyen sus opciones de venta y las hace muy difíciles. Las grandes superficies tienen unas exigencias de volumen, regularidad, homogeneidad de los productos, y otras que de nuevo dejan fuera a las pequeñas explotaciones campesinas. Sin ellas el mundo no tiene porvenir.

* Director de Veterinarios sin Fronteras
* La Jornada
* http://www.jornada.unam.mx/2008/01/03/index.php?section=opinion&article=020a1mun

Gustavo Esteva: Hora de actuar

La amenaza es real e inmediata. Necesitamos actuar. Quizás es demasiado tarde. No queda mucho tiempo ni hay mayor margen de maniobra. Pero no podemos ponernos a especular sobre la efectividad potencial de lo que necesitamos hacer. Tenemos que hacerlo.

Bajo ninguna circunstancia los zapatistas cederán sus tierras, terrenos, territorios, terruños (como diría don Andrés). Para ellos, como para todos los pueblos indios y campesinos, tierra y territorio son más que trabajo y alimento; son también cultura, comunidad, historia, ancestros, sueños, futuro, vida y madre, como recordó la comandanta Nelly el 25 de abril de 2007.

Ésa es la magnitud de la provocación actual: el intento de entregar la tierra zapatista a otros, mediante trucos legales e ilegales y acción paramilitar y policiaca, no será tolerado. Tendrá la debida respuesta. Y eso es lo que tenemos ante nosotros: acciones cuyas consecuencias son apenas concebibles. Necesitamos hacer saber a todo mundo cuál será la magnitud de este incendio y cuál el alcance de la reacción nacional e internacional que provocará la agresión a los zapatistas. Aunque no podamos abrigar muchas esperanzas, por la irresponsabilidad y cinismo de quienes siguen jugando con fuego ante la pradera seca, debemos desatar la movilización pertinente: si no logra detenerlos, será anticipo y ensayo de la que tendremos que organizar si se atreven a convocar el desastre.

La ceguera actual de quienes están organizando el desaguisado parece deberse a un cálculo equivocado: el aislamiento de los zapatistas, el rechazo hacia ellos que han estado manifestando sectores que por muchos años los apoyaron o al menos les manifestaron simpatía, la indiferencia que en parte resulta de su continua descalificación y marginación en los medios…

Hace un par de años, a raíz de que se lanzó la Sexta y se propuso la otra campaña, me ocupé extensamente de los riesgos que implicaba. Escribí que no era exageración de los zapatistas plantear que podrían perder cuanto han conseguido hasta ahora y advertí sobre algunos de esos riesgos:

* “Los partidos políticos y sus socios, simpatizantes o aliados pueden resentir hasta el exceso la iniciativa de los zapatistas y emplear sus recursos financieros, mediáticos y sociales para intentar aislarlos o marginarlos, debilitando el apoyo que hasta ahora han tenido. O sea: intensificarán las acciones que han realizado sin éxito a lo largo de una década.”

* “Muchos simpatizantes, que acaso se reducían a apoyar un zapatismo que percibían como la expresión de grupos indígenas marginados en lucha contra un mal gobierno, podrán hacerse a un lado, desconcertados, al despejarse, sin lugar a confusión, el sentido anticapitalista de la lucha.”

* “En el seno de la llamada izquierda, entre cuyos militantes abundan los obsesionados con la conquista del poder, podrá procederse al habitual encarnizamiento contra los del propio bando. Algunos convertirán a los zapatistas en el enemigo principal. Empieza a verse ya esa propensión en algunas reacciones a la Sexta, primero en la clase de los ‘desilusionados’, que intentan racionalizar su abandono de las filas de lo que ellos vieron como zapatismo, y después entre quienes estuvieron siempre ‘afuera’, con ciertas reservas, y ahora pueden expresarse más cómodamente ‘en contra’.”

* “El riesgo, en suma, es que los zapatistas se queden solos, aislados, y por ende expuestos al exterminio. Tienen plena conciencia de esa posibilidad. Pienso que a pesar de ello toman la iniciativa porque confían en la fortaleza de lo que han tejido en su propio lugar, por ser consecuentes consigo mismos y quizá porque no hay otro remedio. La circunstancia actual exige actuar.”

Incluyo esta larga cita para subrayar que los riesgos asumidos por los zapatistas eran necesarios. Nada tienen que ver con actitudes reales o supuestas del sup o con los demás pretextos que se han estado empleando contra los zapatistas.

Los poderes constituidos podrían estar haciendo cálculos y especularían sobre la oportunidad. No puedo evitar una analogía, aunque resulte desproporcionada. Ulises Ruiz calculó que los maestros de la sección 22 estaban aislados, que encontraban la indiferencia o el rechazo de la población, y que podría reprimirlos sin mayores consecuencias. Se conocen bien las consecuencias: la manera en que esa provocación incendió Oaxaca. Pero se conoce también, infortunadamente, que ha quedado impune. No falta algún loco que quiera intentar algo semejante en Chiapas.

Lo que puede producir este cálculo irresponsable es casi impensable. Es hora de despertar y de actuar en consecuencia. Es hora de luchar por todos los medios al alcance de cada quien para impedirlo.

En la selva huele a guerra y el olor se extiende por todo el país. Generada desde arriba, sólo desde abajo puede mojarse esa pólvora apocalíptica.

* La Jornada
* http://www.jornada.unam.mx/2007/12/31/index.php?section=politica&article=016a2pol