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Alejandro Teitelbaum: La regla de oro del sistema: Privatizar las ganancias y socializar las pérdidas y las deudas

El rasgo principal del sistema capitalista consiste en la apropiación privada de los frutos del trabajo social, es decir la expropiación por los capitalistas de los valores creados por los trabajadores manuales e intelectuales.

Estos valores se crean en el proceso de producción de bienes y servicios (industria, agricultura, investigación científica, educación, atención médica, transporte, agua corriente, electricidad, salubridad, etc.). Deducido el precio de la fuerza de trabajo, el valor restante es el plusvalor o plusvalía, medida económica de la explotación de la fuerza de trabajo, que se intensifica cada vez más a escala mundial y es la base fundamental de la acumulación capitalista.
Pero, sobre todo en los últimos decenios, esa expropiación de valores se produce también fuera del proceso productivo y de la prestación de servicios, principalmente a través del capital financiero especulativo, lo que permite a una ínfima minoría apropiarse en forma parasitaria del fruto de trabajo y de los ahorros de los pueblos de todo el mundo, al margen de la economía real. Este proceso tiene frecuentemente una vertiente francamente delictiva, donde la corrupción ocupa un lugar muy importante.
Por ejemplo en Estados Unidos, el gigante transnacional de la energía Enron se declaró en quiebra reconociendo una deuda de 40 mil millones de dólares y dejó en la calle a su personal (12000 personas), al que, por añadidura, despojó del capital previsional de su jubilación, invertido en acciones de la propia empresa. En otras quiebras de grandes bancos o grupos financieros transnacionales, miles de pequeños ahorristas han visto evaporarse el fruto de muchos años de esfuerzos e incluso de privaciones.
Después de Enron se sucedieron otros casos similares como el de WorldCom y resultaron implicados los dos más grandes bancos estadounidenses: Citygroup y JP Morgan Chase.
El caso más reciente con proyección mundial es el de la crisis de los préstamos hipotecarios a alto riesgo (subprimes) con tasa de interés variable, que ha dejado sin liquidez a muchos Bancos privados lo que ha conducido a los Bancos Centrales a inyectar en el mercado financiero decenas o centenares de miles de millones de dólares.
Esta crisis dejó en la calle a decenas de miles de modestos deudores hipotecarios proprietarios de viviendas en Estados Unidos. Por eso el Gobierno de ese país ha decidido invertir 200.000 millones de dólares de los contribuyentes para salvar…al capital financiero concentrado en Fannie Mae y Freddie Mac. Y las principales bolsas mundiales saltan de alegría.
Esta es una característica común de los Gobiernos actuales, aun los más opuestos al intervencionismo estatal en la economía: socorrer con los dineros del pueblo al gran capital en dificultades. O dicho más precisamente, tapar los agujeros dejados por el capital privado como resultado de sus fechorías.
En Argentina los grandes grupos financieros nacionales e internacionales con la complicidad de los Bancos y de los sucesivos gobiernos y con la bendición y participación del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, han despojado al país mediante políticas desenfrenadas de privatización de los bienes y servicios públicos y de los recursos naturales, de endeudamiento externo e interno real o ficticio, de estatización de deudas privadas, etc.
La deuda externa
El caso de la deuda externa es ejemplar, pues ha consistido y consiste en privatizar los beneficios y socializar las pérdidas.
En 1982 la dictadura militar y su Ministro de Economía Cavallo estatizaron la deuda privada de cientos de empresas por un monto de unos 14000 millones de dólares.
Se hizo mediante un “seguro de cambio” que consistía en asegurarle al deudor el valor del dólar al momento del pago de la deuda. Por ejemplo si debía 10.000 dólares a un valor de 10 pesos por dólar, llegado el momento de abonarla, el deudor solo pagaba los 10.000 dólares a 10 pesos el dólar. La diferencia en caso de un aumento del dólar la absorbía el Estado, el pueblo. Es decir se transfirió la deuda privada a la sociedad argentina.
Gran parte de la deuda estatizada eran “auto-préstamos”es decir préstamos que se hacía la misma empresa con dinero que tenia ahorrado en bancos exteriores. El banco emisor del crédito era el testaferro de la empresa y el cómplice de esta estafa. Muchas empresas fueron descubiertas como FATE, SADE, algunas del grupo TECHINT, BGH, SIDECO.
A mediados del año 2000 el juez Jorge Ballestero dictó sentencia en la causa “Alejandro Olmos s/denuncia” iniciada en 1982, estableciendo la responsabilidad de los funcionarios de la dictadura que contrajeron la deuda y la corresponsabilidad de los organismos internacionales como el FMI, que aprobaron prestamos ilícitos y fraudulentos. Como la acción penal había prescripto, el juez Ballestero remitió el fallo al Congreso, para que tomase la intervención que la Constitución Nacional le confiere en el manejo de la deuda externa (art. 75). La mayoría parlamentaria nunca se ocupó del tema.
La reciente decisión del Gobierno de pagar 6700 millones al Club de París, cuando habría que hacer una auditoría previa para averiguar qué parte de la deuda es legítima, cuánto se debe, si se debe algo, es otro caso de socialización de las deudas, porque se pagará con los dineros del pueblo, depositados en el Banco Central.
Como el hambre viene comiendo, el Club de Paris quiere más y dice que el monto de la deuda es de 7900 millones.
Y la ronda infernal de pagos y nuevos endeudamientos no tiene miras de acabar.
El caso de Aerolíneas Argentinas repite esa constante que consiste en privatizar las ganancias y socializar las perdidas
El Gobierno de Menen vendió Aerolíneas Argentinas en 1990 libre de deudas y cuando daba ganancias a la empresa entonces estatal española Iberia, que estaba prácticamente en bancarrota y a la que el gobierno español se disponía a privatizar previa capitalización mediante la adquisición por monedas de patrimonios sanos como era entonces AA.
Las aeronaves y la mayoría de las propiedades de Aerolíneas (tanto las oficinas centrales como oficinas en París, Nueva York, Los Angeles, Roma y Francfort) fueron liquidadas; varios aviones fueron vendidos o hipotecados, algunos activos fueron dados en préstamo, se perdieron varias rutas internacionales y los tres simuladores de vuelos para la instrucción de los pilotos fueron vendidos. La empresa contrajo una deuda enorme y dejó de dar ganancias. Los problemas internos de Iberia y de sus filiales la llevaron a la bancarrota en 1994, momento en el que el accionariado de Aerolíneas pasó a la Sociedad Española de Participaciones Industriales, ente público de participaciones industriales del Estado español.
En junio de 2001 se suspendieron los vuelos a siete destinos internacionales y la aerolínea entró en convocatoria de acreedores. En octubre del mismo año, el control de Aerolíneas Argentinas y Austral fue cedido a Air Comet, un consorcio formado por las aerolíneas privadas españolas Spanair y Air Comet junto con el operador de turismo Viajes Marsans, que adquirió el 92,1% de las acciones.
Y ahora que queda muy poco de AA (salvo deudas) el Gobierno de Cristina Kirchner la reestatiza.
El Gobierno de CFK quiere cerrar a cualquier costo financiero y en exclusivo beneficio de Marsans, una gestión calamitosa y delictiva (vaciamiento de la empresa) por parte del empresario español. Gestión calamitosa y delictiva que contó con la complicidad del Gobierno de Kirchner.
Por eso Jaime firmó el acuerdo con Marsans, con la aprobación de la Casa Rosada, acuerdo que sigue existiendo porque hasta ahora nadie lo declaró nulo, ni siquiera la ley de “rescate” de Aerolíneas que acaba de sancionar el Congreso.
En lugar de celebrar ese acuerdo en la Casa Rosada con toda la comparsa, el Gobierno debería haberse apresurado a desconocerlo declarando que Jaime había ultrapasado las instrucciones recibidas. Y dejar inmediatamente cesante a este último.
Evidentemente esto no podía ocurrir porque Jaime no actuó por su cuenta pues forma parte, junto con los K, De Vido y algunos otros, del círculo estrecho de la camarilla gobernante.
Las consecuencias de este actitud del Gobierno y de los parlamentarios frente al acuerdo firmado por Jaime son nefastas para el interés nacional, porque el Grupo Marsans puede invocarlo para recurrir al CIADI (tribunal arbitral del Banco Mundial) fundándose en el artículo 10 del Tratado de Promoción y Promoción de Inversiones celebrado entre Argentina y España octubre de 1991.
Dicho artículo 10, si bien establece la competencia de los tribunales del Estado donde se realizó la inversión en caso de controversia entre las partes, autoriza a la parte insatisfecha con el fallo del tribunal nacional a recurrir al tribunal arbitral. Lo que deja la vía libre a Marsans para reclamar indemnizaciones millonarias ante el CIADI.
Durante los años 90 Menen firmó casi 60 Tratados Bilaterales de Promoción y Protección de Inversiones y en setiembre de 1991 adhirió al CIADI (ratificación parlamentaria en julio de 1994, ley 24353) lo que le ha quitado al Estado argentino el poder de decisión en materia de políticas económicas.
Y desde entonces ni los Gobiernos Kirchner ni el Parlamento han hecho nada para romper esas ataduras, pudiendo hacerlo mediante la denuncia, evitando la tácita reconducción, etc.
Por ejemplo en el Congreso duerme el Expte. 1598-D-07. “Eduardo Macaluse.
Declaración de nulidad absoluta de toda prórroga de jurisdicción argentina y de la Ley 24353, de convenio sobre arreglo de diferencias relativas a inversiones entre Estados y nacionales de otros Estados”.
Por cierto que la derecha, ferviente partidaria de las privatizaciones, está en contra de la reestatización de AA, como ahora está a favor del pago de la deuda a los miembros del Club de Paris.
Los escribas del Gobierno, no sin cierta habilidad para hacer pasar su mensaje, despotrican contra la política aerocomercial que ha llevado a la actual situación catastrófica en la materia y sostienen que la solución (la menos mala dicen algunos de ellos) es reestatizar AA. Pero se saltean cuidadosamente el tema crucial de quién se hace cargo de los pasivos y si se le paga algo a Marsans o no. Cuando la actuación del Gobierno en este asunto conduzca a un nuevo despojo (la reprivatización total o parcial de AA, como prevé la ley aprobada por el Congreso, una vez pagadas las deudas) dirán también que la “solución” es “la menos mala”. Según los mismos escribas, pagar al Club de Paris también es una buena medida.
La mayoría de la burocracia sindical –vieja tradición argentina que se remonta a los años 50- se pone la escarapela y repite el discurso oficial. Habría que preguntarles qué hicieron y dijeron cuando se privatizó Aerolíneas y mientras Marsans dejaba a la empresa “en pelotas”.
Buena parte de la gente de “izquierda” sustituye la reflexión destinada a proponer una alternativa apropiada a la política del Gobierno por frases como : la reestatización de Aerolíneas “es un paso en la recuperación del patrimonio nacional”, dicen. Y “hay que mantener la línea de bandera”, afirman. Y no pocos de ellos también “se olvidan” del tema de los pasivos y si hay que pagar o no a Marsans.
Dan una respuesta “virtual” o simbólica a un problema real que pone en juego los intereses nacionales y del pueblo trabajador.
Sin tener para nada en cuenta la realidad de los hechos y su contexto.
El contexto: Más de cincuenta años de expoliación
El contexto es una política gubernamental de entrega del patrimonio nacional y contraria a los intereses de los trabajadores (ambos aspectos siempre van juntos) que, con breves y tímidas pausas, se remonta a principios de los años 50 (segundo peronismo de Perón), siguió con las diferentes dictaduras militares, el frondizismo, el alfonsinismo, el peronismo de Menen y el peronismo de los Kirchner.
El giro hacia esta política que sigue hasta hoy podría situarse a principios de los años 50 con la misión Cereijo a los Estados Unidos, el contrato petrolero con la California, filial de la Standard Oil y la cuenta regresiva iniciada entonces en la participación de los trabajadores en el ingreso nacional, que llegó al 53 por ciento en los años 49-50 y que en 2007 fue del 28%. Menos que en 2001 (31%) pese a que la ocupación y el salario real aumentaron entre 2001 y 2007.
Lo que en otros términos quiere decir que la tasa de explotación de los trabajadores está aumentando desde 1950, incluso está aumentando desde que asumió Kirchner hasta ahora.
La realidad de los hechos
La realidad de los hechos en cuanto a AA es que a esta altura casi no es un patrimonio, ni nacional ni extranjero. Es prácticamente una cáscara vacía, casi sin aviones y con algunas rutas autorizadas. Y muchas deudas, que ni siquiera se sabe a cuanto ascienden. Así que reestatizando AA prácticamente lo único que se reestatizan son deudas. Salvo que se encuentre una manera de recuperar la empresa libre de pasivo.
Porque lo que tiene que estar absolutamente claro es que no hay que pagar ni un centavo por AA al grupo Marsans ni reconocer ninguna de sus deudas.
No hay que repetir lo que Cavallo hizo con la deuda externa de las grandes empresas, hipotecando un poco más el fundamento del auténtico patrimonio nacional, que es la riqueza creada por los que trabajan.
El tema de la línea de bandera merece reflexión.
Algunos Estados tienen línea de bandera (línea monopolizada por el Estado o con participación estatal) por razones políticas y económicas y aún simbólicas (en algunos casos esa denominación tiene poco contenido real).
Parece obvio que conviene que el Estado monopolice o por lo menos tenga el poder de decisión en las líneas de cabotaje, sobre todo si tiene una política nacional de desarrollo armónico del transporte aéreo, ferroviario, vial y por agua.
En Argentina esa política por ahora no existe y en materia de cabotaje Kirchner le dio a LAN Chile las rutas internas más rentables. Y el resto de la política de vuelos de cabotaje no ha podido ser más catastrófica.
En cuanto a tener una línea de bandera para las rutas internacionales, la tendencia general es a la desaparición o a la privatización parcial de las líneas de bandera, como consecuencia de los altos costos de explotación, la fuerte competencia y un acentuado proceso de concentración del transporte aéreo civil (son contínuas las fusiones y adquisiciones de grandes empresas internacionales de transporte aéreo). Y al proceso de concentración y privatización se suman los despidos de personal y la superexplotación del personal restante para disminuir los costos.
Varig, que figura como línea de bandera de Brasil, fue una empresa muy fuerte hasta que estuvo al borde de la quiebra y fue comprada en 2007 por la empresa privada Gol. Alitalia está en cesación de pagos y busca compradores entre los inversores italianos y empresas aerocomerciales extranjeras. Air France y KLM de Holanda tuvieron que fusionarse para sobrevivir e Iberia busca ahora la fusión con British Airways.
Pese a que Venezuela y Bolivia tratan de poner en funciones líneas de bandera, el contexto internacional no parece ahora económicamente muy viable para salir a competir en solitario con una línea de bandera en el transporte áereo internacional, sobre todo partiendo prácticamente de cero.
Algunas opciones razonables podrían ser una alianza o asociación de líneas de bandera latinoamericanas o una asociación o alianza de una línea de capital estatal argentino (pero sin cargar con las deudas de AA) con grandes empresas como Air France-KLM, Lufthansa y/o alguna gran aerolínea árabe o asiática.
Pero lo importante es lo que falta, en esto como en todo lo demás: una política global y coherente en defensa del interés nacional, entendido éste como el que responde a las necesidades y legítimas aspiraciones populares en materia de bienestar, alimentación, salud, vivienda, salubridad, transporte, educación, cultura, libertad y seguridad.
No se puede esperar nada de esto de la camarilla gobernante, pues sus tres objetivos centrales son: 1) preservar un sistema político, económico y social agotado y en crisis, como lo viene haciendo desde que llenó el vacío político que generaron los acontecimientos de 2001, 2) favorecer la concentración del gran capital, viejo y nuevo, en el campo (fiesta sojera), en la industria y en los servicios y 3) enriquecerse ellos y sus amigos con participaciones abiertas o encubiertas.
Esta es una mala copia de la situación en Francia entre 1848 y 1851 descripta por Marx en su “18 Brumario de Luis Bonaparte”:
“No es suficiente decir, como lo hacen los franceses, que su nación ha sido sorprendida… Falta explicar cómo una nación de 36 millones de habitantes ha podido ser sorprendida por tres capitanes de industria…”… “El 2 de diciembre la revolución de febrero fue escamoteada por el juego de manos de un tramposo…”.
Por cierto que cuando Marx escribía “tres capitanes de industria” no pensaba en Kirchner, De Vido y Jaime y escribiendo “tramposo” tampoco tenía en la mente a Kirchner.
Argenpress

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Alfredo Méndez: Ampara la Corte a un trabajador contra práctica de tienda de raya en Wal-Mart

La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) amparó el pasado miércoles a un empleado de la cadena comercial Wal-Mart, en el estado de Chihuahua, quien decidió cuestionar el llamado Plan de Previsión Social que había firmado voluntariamente con la empresa.

Dicho convenio establece que el trabajador adquiere vales de despensa con descuento a su salario, mismos que sólo puede canjear por mercancías y servicios de venta en establecimientos de Wal-Mart.

“Este plan es similar a la práctica que se llevaba a cabo en las antiguas tiendas de raya en que los trabajadores también recibían el pago de su salario mediante vales de despensa para ser canjeados en dichas tiendas propiedad del patrón, con la diferencia de que los productos los adquirían a un precio alto”, indicó ayer la Corte en un comunicado.

El concepto de vales de despensa que utiliza Wal-Mart para sus empleados es muy parecido a la estrategia implementada durante el siglo XIX por las llamadas “tiendas de raya”. En ese tipo de comercios, los hacendados y empresarios de aquella época pagaban a sus trabajadores mediante vales que sólo eran canjeables en tiendas del mismo patrón, el cual después vendía sus mercancías a precios elevados, a fin de recuperar la inversión destinada a los salarios.

Contraviene el artículo 123

Raúl Avila Andujo fue el empleado de Wal-Mart que impugnó el convenio y solicitó el amparo. Si otros trabajadores también están inconformes con el plan de vales de esa compañía, deberán tramitar su demanda de amparo y esperar varios meses a que su caso concluya.

“Un contrato de trabajo que obligue directa o indirectamente a los empleados a adquirir artículos de consumo en tiendas o lugares determinados contraviene los principios fundamentales consignados en el artículo 123 constitucional, por lo que debe declararse nulo de pleno derecho”, indicó el comunicado.

Según el boletín, “la segunda sala de la Corte declaró la nulidad del convenio reclamado mediante el cual el trabajador manifestó su conformidad en adherirse al Plan de Previsión Social relativo al otorgamiento de vales de despensa para ser canjeados por mercancía y servicios en los establecimientos propiedad del patrón.

“En la resolución se consideró, además, que del análisis comparativo entre la práctica de las antiguas tiendas de raya abolidas por la Constitución de 1917, y el objeto del convenio adicional al contrato de plan de previsión social establecido por el patrón en el caso concreto, al que se adhiere el trabajador en forma voluntaria para adquirir vales de despensa que serán canjeados en establecimientos propiedad de aquél, se desprende que ambas figuras son semejantes, ya que el costo de los respectivos descuentos no son absorbidos por el patrón, sino por el trabajador”, puntualizó la Corte.

Arguye crisis para la explotación, denuncia líder sindical en EU

Cientos de empresas, como la cadena Wal-Mart, explotan a sus trabajadores, en especial los hispanos, con el argumento de la crisis económica que atraviesa Estados Unidos, denunció el jueves en Chicago, Estados Unidos, el dirigente sindicalista Moisés Zavala. Zavala, vicepresidente de United Food and Commercial Workers International Union (UFCW), sección 881.

Expuso que compañías como Wal-Mart obligan a sus empleados a checar su salida y regresar a trabajar tiempo extra sin paga.

“Se está volviendo costumbre entre los empleadores forzar al trabajador para que contribuya con su tiempo gratis, a fin de que la empresa se recupere y en el futuro pueda pagarle tiempo extra”, dijo el sindicalista.

Entrevistado en el marco de la Semana Laboral que organiza el Consulado Mexicano, dijo que esa afectación laboral ha motivado a un mayor número de trabajadores a buscar protección sindical. “Hay más interés de sindicalizarse porque el argumento de la crisis económica ayuda a los empleadores a no pagar ni el sueldo mínimo y quitarle a los trabajadores cualquier beneficio”, agregó.

Al mismo tiempo, destacó que las empresas mantienen una campaña antisindical que atemoriza a los trabajadores y en muchos casos los hace desistir de su propósito.

“Pero en las actuales condiciones, que se están agravando para el trabajador en materia de salud y vivienda, ejercer este derecho le ofrece la posibilidad de negociar mejores sueldos y condiciones laborales, así como el respeto del empleador”, apuntó.

En tanto, Leticia Márques Prado, coordinadora regional de United Electrical Radio and Machine Workers of America (UE), comentó que esta organización inicialmente trabaja de manera clandestina con los trabajadores para organizarlos. “Debido al miedo que existe de ser despedidos si sus empleadores se enteran que quieren sindicalizarse, empezamos con un grupo de plena confianza y cuando se tiene una mayoría se hace pública su organización”, explicó.

La Jornada

* http://www.jornada.unam.mx/2008/09/05/index.php?section=economia&article=029n1eco

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Jorge Ricardo: Libro de Rius critica a la Iglesia Católica

“La Iglesia Católica es un gran negocio basado en la figura de Jesucristo y en toda la parafernalia de vírgenes, santos y ángeles”, afirmó el caricaturista y escritor Eduardo del Río “Rius” (Michoacán, 1934), quien acaba de presentar su más reciente obra, ¿Sería católico Jesucristo? (Grijalbo).

El autor reunió información sobre los casos de pederastia de sacerdotes católicos, las violaciones sexuales a monjas y feligreses, la vida suntuosa de los cardenales o el apoyo que la Iglesia brindó a dictaduras como la de Augusto Pinochet.

¿Sería católico Jesucristo? es una publicación dirigida a los católicos, aseguró Rius en entrevista.

“Es para decirles: ‘esta es tu Iglesia. ¿Por qué la aceptas así como está? ¿Por qué te dejas explotar y ver la cara?’, para que pidan que su Iglesia se purifique porque se ha convertido en una cueva de ladrones, de pederastas y de abusadores de las mujeres”, dice.

En la obra se recuperan estudios como el de la Universidad de Nueva York revelado en 2004 acerca de los 4,400 sacerdotes que abusaron sexualmente de más de 10 mil menores durante un periodo de 50 años en Estados Unidos, también los más de 500 millones de dólares que acordó pagar la Arquidiócesis de Los Ángeles en 2007 para compensar abusos sexuales de sacerdotes o las acusaciones al cardenal Norberto Rivera por presunto encubrimiento al pederasta Joaquín Aguilar.

“Lo más hipócrita que hay en el mundo es el catolicismo vaticano”, escribe el caricaturista.

“Hablan de proteger la vida y no les importa que miles estén muriendo de sida a diario; adoran a María y no permiten el sacerdocio de las mujeres; atacan la homosexualidad y la mitad de ellos son homosexuales; están contra el aborto, pero obligan a las monjas que han sido violadas por curas a abortar”.

Cristo no fue católico ni cristiano y catolicismo no es lo mismo que cristianismo, aseguró.

“La Iglesia Católica ha dejado de ser cristiana. No sigue a Cristo; se ha dedicado solamente a conservar el poder y a hacer dinero”.

Rius estudió siete años para sacerdote.

“Mi mamá estaría feliz si yo hubiera llegado a obispo. ¡Hubiera sacado de la pobreza a toda la familia!”.

El escritor ha tratado la religión en otros libros, como Manual del perfecto ateo, La Iglesia y otros cuentos, Herejes, ateos y malpensados, El católico preguntón o Cristo de carne y hueso.

A decir del caricaturista, América Latina es el último refugio de la Iglesia Católica. “Lo único que le queda como clientela fija”.

Además consideró que México no va a crecer siendo católico.

“Me baso en los estudios de Max Weber, quien demostró que los países protestantes son los que más han progresado social y económicamente porque inculcan el valor del trabajo, por ejemplo. En cambio, el catolicismo se basa en la ignorancia de la población”.

Rius subrayó que la Iglesia Católica depende de un Estado extranjero, el Vaticano, y que no paga impuestos de los “servicios” que ofrece, aunque sí envía dinero al exterior.

Cuando estaba a discusión la nueva Ley del Impuesto sobre la Renta, que acabó con la exención fiscal a los derechos de autor, Rius se entrevistó con el actual presidente de México, Felipe Calderón, entonces coordinador del grupo parlamentario del PAN. “‘Esto es un impuesto que debe pagar todo el mundo’”, recuerda Rius que le dijo Calderón, “y entonces yo le pregunté: ‘¿Y por qué la iglesia no paga?’ y dijo : ‘No, no, yo soy partidario de que la Iglesia pague impuestos’, pero ahora parece que ya se le olvidó”.

A Rius le divierte el tipo de catolicismo que se practica en México.

“Dicen que México es un país católico, pero yo lo dudo, si realmente hubiera un sentimiento religioso, una práctica religiosa, México estaría mejor, porque todos los criminales se dicen católicos, porque las prostitutas se dicen católicas, todo mundo es católico. ¿Cuál es la diferencia?”

http://www.impre.com/laopinion/entretenimiento/arte-cultura/2008/8/11/libro-de-rius-critica-a-la-igl-73511-1.html

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J. Enrique Olivera Arce: El tesorito en España

Como era de esperarse, para el gobierno español es motivo de regocijo la sola posibilidad de la privatización energética en México y la participación de las empresas de su país en la explotación petrolera. Las declaraciones del Jefe de gobierno, manifestando su optimismo en torno a la reforma que sobre el particular promueve Calderón Hinojosa, no dejan lugar a dudas. Al fin y al cabo, está en su derecho y su interés por ampliar la presencia  de capital español en América Latina; no sólo es legítimo sino que además explícitamente se encuadra dentro de las estrategias a seguir en materia de energía y política exterior del país ibérico.

Lo que no es justificable es el que Calderón Hinojosa haga caravanas con sombrero ajeno al gobierno y empresarios de la España monárquica, ofreciendo lo que es propiedad de todos los mexicanos y no del gobierno de México. Anticipándose a lo que en su momento el Congreso habrá de determinar en materia de reformas a PEMEX; dando por sentado que será con capital extranjero y no con recursos de la Nación como habrá de financiarse el fortalecimiento y modernización de la paraestatal.

Así como seguramente da por sentado que sus iniciativas serán aprobadas en los términos, de acuerdo a sus intenciones privatizadoras. Con debate, con consulta ciudadana o sin estos instrumentos. De otra manera hubiera sido más cauto, manifestando su respeto tanto al esfuerzo que tiene lugar en el Senado de la República, como en las iniciativas de llevar a consulta ciudadana  el tema petrolero. Lejos de ello, por principio de cuentas,  ante el gobierno español descalificó la riqueza de conceptos y clarificaciones que viene arrojando el debate, afirmando que únicamente se han discutido temas ideológicos y políticos y no elementos importantes y sustantivos de su iniciativa.

Con lo que, de paso, descalifica la historia del pueblo de México e ignora que precisamente lo que implica una reforma de fondo en PEMEX, responde a la necesidad de poner ciencia, tecnología y economía petrolera bajo la conducción de la política y al servicio de toda la Nación. Con la carga ideológica y visión de futuro que ello conlleva.

Reduciendo el debate en el Senado a una confrontación coyuntural de intereses partidistas con vista a futuros comicios. Lo que, sin descartarlo porque estamos en México, es asunto de política doméstica y no asunto a dirimir en el exterior frente a gobierno extranjero.

Resultado de una estrategia previamente acordada, se endurece la postura del PAN gobierno. Se substituye al coordinador de la bancada panista en el Senado por un incondicional de línea dura que, inicia su encargo declarando que una de las principales tareas de su grupo parlamentario es relanzar la defensa de las iniciativas presidenciales para modernizar Petróleos Mexicanos, a la par que también hace mofa del debate en el Senado descalificando a los ponentes invitados y afirmando que “…al concluir la discusión se extenderá a reporteros y personal de seguridad un diploma de expertos en energía por chutarse los foros, a los cuales estamos trayendo puras lumbreras”.

Así las cosas, la percepción que deja la primera etapa del viajecito de Calderón Hinojosa a España, es la de la existencia de una estrategia ya acordada con sectores afines del PRI de dejar pasar el debate en el Senado para, al término de este, sin más proceder a la aprobación de las iniciativas de reformas mediante el mayoriteo en ambas Cámaras, previo ajuste y maquillaje en lo oscurito atendiendo a intereses específicos del partido tricolor. Dejándole a los medios de comunicación la tarea de vender la idea de que la consulta ciudadana resulta improcedente,  porque sería una manifestación más de una absurda insistencia en privilegiar la ideología y la política por sobre lo sustantivo de los más caros intereses futuros de la Nación. El tesorito de Calderón.

pulsocritico@gmail.com

http://www.pulsocritico.com

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Marcos Roitman Rosenmann: El complejo del tirano

Ser demócrata está de moda. Hablar de la democracia también. Decir que vivimos en regímenes democráticos se ha convertido en una constante. Lo mismo ocurre cuando se trata de luchar contra la violación de los derechos humanos. En esta dimensión se cae en un catálogo que va de lo individual a lo colectivo. De lo personal a lo social y de lo público a lo privado. Son demasiadas las opciones barajadas. Gobiernos, movimientos políticos, sociales y conductas son tipificadas y objeto de persecución. Hay quienes se vanaglorian de ser baluartes en su defensa, sobre todo si se trata de atacar a los movimientos antisistémicos. En otras palabras, se puede ser más o menos laxo defendiendo los derechos humanos. Así se hace la vista gorda y se pasan por alto acciones comprometidas cuando responden al sistema de valores del orden dominante y hegemónico. Es decir, cuando se cruza la raya de lo permitido. En ese instante se pierde la compostura y los derechos humanos se van al traste. Ya no existe violación de los derechos humanos, por el contrario, el argumento se transforma en el ejercicio de protección de la seguridad ciudadana, bajo la fórmula de la razón de Estado y las leyes antiterroristas. Es la vuelta de la tortilla. Se mata en nombre de los derechos humanos. Las guerras preventivas igualmente se asimilan como parte de una lucha contra la intolerancia y un futuro ordenado frente al integrismo (guerra de civilizaciones). Las bombas inteligentes se utilizan para evitar la muerte de inocentes y salvaguardar los derechos humanos. Si hay heridos no deseados, se tipifica como efectos colaterales. El uso de la tortura se avala como un método terapéutico. Sólo se tortura a terroristas y peligrosos asesinos antisociales. Dicha práctica protege al inocente. Guantánamo es un buen ejemplo y las cárceles de Irak otro tanto. Mantener a los inmigrantes en los aeropuertos de Europa occidental, sea en Madrid, Barcelona, Londres o París durante horas y horas sin derecho alguno y luego repatriarlo, es decir, limitando el habeas corpus, no constituye una violación de los derechos humanos, es evitar la invasión de incultos a países nobles. Levantar el muro de la indecencia en Israel y separar barrios en Palestina es una protección frente al terrorismo. Construir barreras electrificadas en Melilla para que no crucen la frontera los inmigrantes africanos es otra protección de los derechos humanos ante la violencia de los indocumentados y los sin papeles. Así, podemos llenar páginas de estas anomalías o mejor dicho tropelías consideradas defensa de los derechos humanos. Ninguna de ellas, dirá el poder, constituyen su violación. Tampoco lo son la muerte de un connacional por la policía mexicana en las fronteras de Guatemala confundiéndolo con un emigrante, si lo hubiese sido estaba justificado. Un lamentable error. Ni se explica ni se aclara, no hay derecho humano que valga. Tampoco se violan bombardeando aldeas en Ecuador por parte del ejercito colombiano y matando a ciudadanos mexicanos y ecuatorianos, amén de miembros de las FARC. En fin, el mundo al revés.

Las causas y los motivos de violación de los derechos humanos se convierten en explicaciones razonables para justificar lo injustificable. En todos los casos anteriores el poder se protegía frente al ciudadano y aseguraba la razón de Estado. En otras palabras, no le temblaba la mano cuando ejercía el poder de forma dictatorial. El complejo del tirano se esfuma. Sólo hay que revertir el discurso. Transformar en demócratas a los asesinos y en defensores de los derechos humanos a los torturadores. Eso no cuesta tanto. Chile lo consigue con facilidad. Muchos torturadores gozan de inmunidad y un sueldo vitalicio. En Colombia su presidente es un criminal de guerra cuyo aval son las fuerzas paramilitares y sin embargo se autodefine demócrata. En fin, nada es lo que parece. La explicación es clara, la mejor manera de defender los derechos humanos es negándolos hasta hacerlos añicos. Cuanto más se violen mejor. No sea que su respeto y su ejercicio democrático lleve a pensar en una debilidad del Estado y de los gobernantes. Nunca el “ciudadano” puede albergar un ánimo participativo, es contraproducente, le llevaría a pensar en una opción horizontal de la democracia. Un peligro cuya inmediata consecuencia se traduce en la deflación de autoridad y la inflación democrática. Un riesgo para una sociedad totalitaria de capitalismo salvaje.

En la actualidad, los únicos derechos protegidos son aquellos que están regulados en el capitalismo; se derivan de la propiedad privada y pertenecen a los terratenientes, a los empresarios, a los dueños de los grandes bancos y las trasnacionales. Ellos sí disfrutan de derechos humanos. Poseen guardias privadas y grupos paramilitares que les protegen. Asesinan y hostigan como lo hacen en la actualidad en Chiapas a las comunidades campesinas y al EZLN, en Chile aplicando la ley antiterrorista contra los mapuches, corrompen el poder político y forman parte de una elite plutocrática que está por encima del bien y del mal. Para ellos la justicia debe funcionar haciendo la vista gorda. Pasan por encima de jueces o fiscales. El Poder Judicial se postra a sus pies, salvo honrosas excepciones. Pero declaman el respeto a sus derechos humanos: el estupro, el dolo, la corrupción, el asesinato, el secuestro, el tráfico de influencia, los loobbys de presión, la trata de esclavas, la explotación de niños. Todo por el afán del dinero, la codicia y el poder. Bajo estas premisas deben ser protegidos y sobre todo venerados. Como llevar a los tribunales a gentes de progreso, empresarios creadores de riqueza, que trabajan las 24 del día, mientras que los obreros lo hacen sólo ocho. Por favor, un poco de compasión católica. No los atosiguen. Ellos sufren el asedio de los envidiosos y los frustrados. Bajo estas circunstancias se ven obligados a utilizar la fuerza, pero siempre en defensa propia. Si utilizan medios ilícitos hay que comprenderlos. Como señala Niklas Luhmann, el poder político en el siglo XXI no puede estar sometido a reglas democráticas, supondría valoraciones éticas imposibles de sostener dentro del sistema capitalista de dominio y explotación. Mas vale dedicarse a reprimir y evitar el riesgo de una revolución democrática. Hay que sacudirse el complejo del dictador y aplicarlo. Eso deben hacer los buenos gobernantes. Más de uno sigue sus pasos.

* La Jornada
* http://www.jornada.unam.mx/2008/04/19/index.php?section=opinion&article=026a1mun

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Arnaldo Córdova: El saqueo del agro

El capitalismo moderno, basado en el uso de mano de obra asalariada, no nació en las ciudades, aunque en éstas las actividades mercantiles y financieras fueron comunes. Adam Smith, en su monumental Investigación sobre la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones, hizo ver que los primeros capitalistas de Inglaterra fueron los arrendatarios de tierras pertenecientes a los landlords (terratenientes) y que, para trabajarlas, empleaban mano de obra asalariada. Entonces nació el concepto de renta, que Smith desarrolló y que Marx redondeó en El capital. El mismo Marx anotaría, en su manuscrito sobre las formaciones precapitalistas de producción que las grandes fábricas manufactureras tampoco nacieron en la ciudad, debido al dominio corporativo y político de los gremios, sino en las aldeas, vale decir, en el campo.

El maestro Jesús Silva Herzog (el grande) señaló en alguna ocasión que en México, como en todo el mundo, había pasado lo mismo. Y daba como ejemplos las haciendas azucareras de Morelos y henequeneras de la Península de Yucatán (se podrían agregar las pulqueras de los valles de Apan, o las guayuleras del norte medio de México y tantas otras). Antes, sólo había capitalismo usurario si es que a eso se le puede llamar capitalismo y explotación mediante esclavos. El campo es el hogar primigenio del capitalismo moderno.

Durante los años sesenta y parte de los setenta, los historiadores de la economía mexicana y la sociología latinoamericana de aquellos años pusieron énfasis en el fenómeno típico de nuestra historia: el saqueo del campo como base para la formación del capitalismo que, a raíz de ello, se volvió urbano. Cuánto crecía el capitalismo, cuánto se sacaba del agro para alimentarlo y financiarlo: esa era la fórmula. Después de aquellos años de despegue intelectual, no he sabido que los economistas se hayan vuelto a ocupar del asunto: el saqueo indiscriminado e inmisericorde del campo para hacer crecer nuestra economía capitalista.

En una ocasión, en los días en que se estaban discutiendo las cláusulas agrícolas del Tratado de Libre Comercio, le oí decir a mi amigo Rolando Cordera: “Después de cincuenta años en los que le dieron en la madre al campo, haciéndolo totalmente inviable, ahora nos van a llenar de exportadores aguacateros y hortaliceros y los demás se van a ir al demonio”. Debo decir que a Rolando no le parecía despreciable el TLCAN. Los resultados parecen estar a la vista después de quince años: ese tratado fue hecho para los exportadores de productos agrícolas que la economía norteamericana necesitaba.

A algunos derechistas les he escuchado que, en su opinión, ha sido una necedad “histórica” querer hacer de México un país cerealero, cuando su territorio no tiene vocación para ello. Les he preguntado qué piensan del maíz y me contestan tranquilamente: “ése se puede comprar en cualquier parte del mundo”. Ellos creen que los mercados internacionales siempre dan lo que se les pide y no reparan en las recurrentes fluctuaciones bruscas de precios ni que los mercados pueden cerrarse por presiones políticas y, ciertamente, nuestra soberanía alimentaria les importa un bledo. Según ellos, nosotros deberíamos producir para hacer negocio, lo demás son pamplinas o babosadas de un pasado que más nos conviene olvidar.

Unos cinco años después de que se firmó el tratado, el socarrón de Salinas de Gortari (todavía gobernaba Zedillo) dijo que él había esperado que se tomaran las medidas necesarias para transformar la economía rural de México; si no se había hecho, dijo, pues eso ya no era culpa suya. Tal vez, lo que quiso decir fue que el gobierno había sido tan tonto que no había apoyado a sus exportadores del campo, pero no dijo nada sobre lo que había que hacer con los maiceros, los frijoleros, los azucareros o los productores de leche. ¿Cómo transformarlos a ellos en exportadores a la medida de nuestra integración a Norteamérica? Si están fuera de la competencia, ¿qué otras opciones podrían tener en el resto de la economía?

Desde aquellos años creo que todos debimos haber entendido la clave del asunto: hacer de nuestra economía agrícola una economía exportadora neta y mandar al diablo a todos lo que no encajaran en el propósito. Creo que así razonaron los salinistas y ni siquiera pensaron en que millones de seres humanos iban a perecer en este intento modernizador. Ahora, ¿qué vamos a hacer con los que no pueden exportar sus productos? Pero, sobre todo, ¿qué vamos a hacer con ellos cuando necesitamos desesperadamente lo que producen para nuestro consumo, como el maíz blanco, el azúcar o la leche y no les pagamos lo que cuesta producirlos ni los subsidiamos adecuadamente?

El mismo maestro Silva Herzog dijo en aquella ocasión que el mayor saqueo que se había hecho al agro era el de su mano de obra. Esa ya no se la creí tanto, pero ahora veo que también en eso tenía razón: aunque hoy tal vez una mayoría de quienes se van a Estados Unidos son citadinos (y defeños), la verdad es que nuestros campos se han despoblado monstruosamente y corremos el riesgo de que ya no tengamos en el corto plazo quién nos alimente. ¿Ahora tendremos que comer tortillas de maíz amarillo que es sólo para animales y acabar envenenándonos? El emporio maicero del Valle de Culiacán ha sido obligado, una vez más, a vender su riquísima producción al precio que el gobierno y los acaparadores dictan.

Con las grandes movilizaciones de los productores y trabajadores del campo en contra del TLCAN en su capítulo agrícola, sólo dos cosas parecen todavía planteables: o se denuncia en esa parte el tratado, como se demanda, o se instrumenta con la mayor rapidez una política de fomento de la producción que nos alimenta y que nos debe interesar. Lo primero significaría poner en predicamento a los exportadores que han gozado de las ventajas del tratado; lo segundo parece impensable. O sea que las dos cosas son imposibles. La derecha que nos gobierna no aceptaría ninguna de ellas. Pero para nosotros la segunda resulta vital.

No sé cuánto se requeriría para refaccionar a nuestros productores no exportadores (que producen para alimentarnos), pero sospecho que no debe ser mucho. Bastaría, creo, una décima parte de los excedentes petroleros para reavivar nuestra vital economía rural productora de alimentos y ponerla a salvo de la invasión inminente de productos baratos y de mala calidad que se avecina y que, de hecho, ya está aquí. Pero a los derechistas en el gobierno eso les debe parecer una estupidez. Creo que no se han dado cuenta de la tremenda fuerza social a la que están desafiando. De cualquier forma, hay que admitir que quienes ahora se pronuncian contra el tratado lo hacen demasiado tarde. Demasiado tarde para desgracia de todos nosotros, productores y consumidores.

A mi entrañable Ruy Pérez Tamayo con afectuosa solidaridad

* La Jornada
* http://www.jornada.unam.mx/2008/02/17/index.php?section=opinion&article=022a2pol

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Gabriela Rodríguez: Miedo

¡Qué poco hablamos del miedo! No sé por qué razón, pero es un tema del cual se habla poco en casa o entre amigos, y menos o nada en las instituciones escolares, de salud o en los programas sociales. Se trata de una emoción anticipatoria, una sensación de peligro inminente, una reacción corporal defensiva, tal vez instintiva, ante un daño posible. Aristóteles decía que el miedo es “la espera de un mal”.

Entre las causas más terribles que nos provocan miedo hoy debemos hablar en voz alta del abuso sexual y la explotación a menores; los casos aumentan y la gente calla, los gobiernos censuran y los medios prefieren evitarlo. Solamente dos periodistas mexicanas han tomado el tema con la prioridad que exige: Lydia Cacho y Carmen Aristegui.

A la primera se le quiso criminalizar por defender los derechos de menores, pero fuera del país la Organización Internacional de Medios de Comunicación de Mujeres (IWMF, por sus siglas en inglés) acaba de galardonarla el 23 de octubre en Nueva York por la persecución que desencadenó la publicación de su libro Los demonios del Edén, en el cual documenta la pornografía infantil dejando al descubierto a políticos mexicanos y hombres de negocios implicados en una red de pederastas. La segunda periodista sigue en pie y en ningún momento ha dejado de abrir su espacio radiofónico a las múltiples víctimas; si no fuera por Aristegui no nos hubiésemos enterado del grado en que ha aumentado este repugnante crimen en México.

Por si faltaran penas, en Oaxaca, donde se sostiene al más represor de los gobernadores, salen a la luz nuevos casos: cuatro madres de familia presentaron una denuncia pública tras el abuso sexual cometido contra sus hijos de cuatro años de edad –sí, ¡de cuatro años!–; tres de los cuales fueron además contagiados de herpes tipo 2. Estas madres fueron percibiendo cambios en la conducta de los niños y observaron muestras físicas de maltrato, golpes y abuso (“cortaditas y llagas en la colita”). A través de juegos, dibujos y terapias, pediatras y sicólogas identificaron la agresión de la que habían sido víctimas los pequeños. Se denuncia falta de atención, nepotismo, negligencia y desestimación por parte de las autoridades para castigar a los responsables. Sólo una de las personas responsables ha sido detenida, el resto sigue libre; las defiende el mismo bufete de abogados de Jorge Franco Jiménez y familia, allegados del gobernador Ulises Ruiz Ortiz; igualmente son familiares del titular de la Comisión de los Derechos Humanos del estado. Otros casos no son denunciados porque no se atreven, pero suponen que existe una presunta red de pederastas operando en el estado. No se trata de acciones aisladas porque hay similitud de hechos: todos los niños eran amarrados y amordazados, eran obligados a colocarse en distintas poses y fueron videograbados; los presuntos abusadores eran dueños y maestros de los institutos.

Según informa el Grupo Rosario Castellanos, una de cada cinco niñas es víctima de abuso sexual, y en el caso de los niños uno de cada 11 lo padece. Ocurre más frecuentemente en niñas y niños de entre seis y nueve años, 68 por ciento de los casos ocurren en el domicilio del menor agredido o del agresor y 32 por ciento en otros lugares.

Mientras estos horrores avanzan, la educación sexual y los libros de texto hablan de la importancia del respeto al cuerpo en el libro de ciencias de quinto grado de primaria con una mención puntual; el tema se aborda con más amplitud en el nuevo programa de formación cívica y ética de segundo de secundaria, cuando los alumnos tienen 13 años. Sabemos que la víctima es quien primero puede detectar el abuso y detenerlo, para después buscar apoyo en otra persona, por ello el tema exige ser impartido a los menores desde nivel prescolar: la enseñanza debe incluir la diferencia entre caricias y abuso sexual y el derecho que tiene a que nadie abuse de su cuerpo, distinguiendo con claridad de qué manera los genitales –pechos, vulva, ano y pene– pueden ser violentados.

En sentido opuesto, los grupos empresariales y de padres de familia por conducto de la Coalición para la Participación Social en Educación (Copase), ligada a gobernadores y funcionarios de Acción Nacional y a la jerarquía católica, siempre han estado más preocupados por la vida intrauterina que por la extrauterina. Recientemente han intentado eliminar de los libros de texto los contenidos que informan a los menores sobre la sexualidad y la forma de defenderse.

Con la derecha el miedo avanza porque promueve la guerra y las desigualdades y alienta el abuso del fuerte sobre el débil: del Estado sobre los ciudadanos, del militar sobre los civiles, de los hombres sobre las mujeres, de los hombres fuertes sobre los subordinados, de los adultos sobre los adultos mayores, del padre sobre los hijos e hijas, del cura sobre sus seminaristas, del maestro sobre sus estudiantes.

* La Jornada
* http://www.jornada.unam.mx/2007/11/09/index.php?section=opinion&article=028a2pol

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