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Luis Javier Garrido: La Sentencia

El país vive uno de los peores momentos de su historia por las políticas antinacionales y antipopulares del gobierno entreguista de Felipe Calderón.

1. La sentencia de 45 años en contra de Ignacio del Valle, dirigente del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), de San Salvador Atenco –detenido desde hace dos años en el penal de alta seguridad del Altiplano–, pronunciada por el juez penal primero de Texcoco, Alberto Cervantes, el 21 de agosto, que se suma a la sentencia previa de 67 años y seis meses dictada por el mismo juez (lo que le acumula un total de 112 años de prisión), así como la sentencia de 31 años y 10 meses a otros 11 dirigentes del FPDT, todas ellas por los hechos del 4 y 5 de mayo de 2006 en Atenco, constituyen una aberración jurídica que avegüenza lo mismo al Poder Judicial federal que al pueblo de México.

2. ¿A quién puede extrañarle tras esta decisión que los policías culpables de innumerables delitos, incluyendo el de violación, durante su actuación en los operativos de esos días, permanezcan impunes? ¿O que algunos de los luchadores sociales detenidos, como el joven Héctor Galindo, permanezcan incomunicados en celdas de confinamiento, con la complicidad de los visitadores de la CNDH?

3. El “modelo político” neoliberal le ha asignado al Poder Judicial el papel de legitimar las decisiones políticas por muy aberrantes que éstas sean, y esto ha determinado que en el México de “la alternancia” no existan tribunales autónomos y que durante los años del panismo oscuros ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o magistrados y jueces “de consigna” estén ya convalidando decisiones de un poder político que actúa como mandatario de intereses privados, incluso extranjeros, y el caso de Atenco resulta por ello significativo.

4. Las sentencias en contra de los dirigentes del frente parecen ser no sólo una advertencia a los luchadores sociales que se oponen en los países sometidos por los mecanismos de “la globalización” –como es el caso de México– a los grandes intereses trasnacionales, sino que buscan sentar al mismo tiempo un precedente metajurídico para el futuro inmediato, de ahí su carácter monstruoso, pues rebasan cualquier fallo judicial en contra de opositores políticos del periodo del porfiriato o de los peores años del priísmo, como el sexenio diazordacista.

5. La aberración es absoluta asimismo si se considera la naturaleza de las acusaciones en contra de dirigentes campesinos que no cometieron delito alguno y a quienes se les responsabiliza por secuestro y ataques a las vías generales de comunicación. El instrumento utilizado desde los años 40 hasta el diazordacismo fue el delito de disolución social establecido en el artículo 145 del Código Penal, que fue suprimido como consecuencia de un debate abierto por el movimiento estudiantil y popular de 1968 (único punto, por cierto, del pliego petitorio de entonces que aceptó Díaz Ordaz), pero ahora se recurre a cualquier tipo de acusación, incluso de delitos del orden común, insostenible desde la lógica jurídica.

6. La paradoja resulta en consecuencia muy clara: un gobierno ilegítimo, cuyos principales integrantes son verdaderos presuntos delincuentes de Estado, empezando por Felipe Calderón, a quien se ha señalado en los últimos meses no sólo por peculado y tráfico de influencias como por innumerables delitos electorales, que le permitieron usurpar el cargo, y ahora nada menos que por haber cometido el delito de traición a la patria al pretender entregar a compañías extranjeras la industria petrolera nacional –que es de carácter estratégico para el país–, y sobre cuyo jefe de gabinete, el ciudadano español Juan Camilo Mouriño, se han presentado innumerables pruebas de presunta delincuencia organizada, se atreve a acusar de incontables delitos a algunos de los más dignos luchadores sociales de México.

7. Las sentencias no son únicamente “absurdas y abusivas”, como las calificó en agosto la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos, al evidenciar la desastrosa situación que hay en México en la materia, agravada por el hecho de no existir un Poder Judicial autónomo. Muestran sobre todo la impunidad del poder político, que quiere vengarse de luchadores sociales que al defender sus tierras frenaron el proyecto trasnacional multimillonario de construcción de un aeropuerto internacional, y que pretende por este acto despótico amedrentar al pueblo ciudadano.

8. Estos fallos judiciales muestran la colusión PAN-PRI en las grandes decisiones de Estado y su objetivo de imponerle al país un modelo económico –y político– transexenal, y por lo mismo son corresponsabilidad, como lo fueron los operativos del 4 y 5 de mayo de 2006, de Calderón y del gobernador priísta mexiquense Enrique Peña Nieto, y no van dirigidos por lo mismo nada más contra una organización social –el FPDT– o contra todo el movimiento social organizado, sino que constituyen una sentencia contra el pueblo de México.

9. Echarlas abajo y lograr la inmediata e incondicional libertad de Ignacio del Valle y de sus compañeros del frente es, por lo mismo, una responsabilidad de todos, más allá de ideologías y de capillas, si no se quiere que las estructuras fascistoides del actual poder político asfixien en poco tiempo todos los espacios de libertad por los que pugna el pueblo de México.

10. El mes patrio de 2008, marcado por la lucha de resistencia en defensa del petróleo, debe ser también de la defensa de los derechos individuales de los mexicanos si no se quiere que el actual gobierno avance en su pretensión de criminalizar a los movimientos sociales.

* La Jornada

* http://www.jornada.unam.mx/2008/09/05/index.php?section=opinion&article=024a1pol

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Luis Alejandre: Georgia, punto y aparte

No hay que remontarse al tiempo de los fenicios para comprender la crisis de Georgia que ha costado cerca de 2.000 muertos y decenas de miles de personas desplazadas, heridas, enfermas, insultadas, expoliadas o violadas. Hablamos de ciudadanos como nosotros, que lo han sufrido.
Lo malo es que el conflicto no ha terminado, a pesar de que el alto el fuego constituye una indiscutible buena noticia y todos deseamos que se mantenga. La decisión de Rusia de reconocer la independencia de las dos regiones separatistas de Georgia –Osetia del Sur y Abjasia– crea un conflicto diplo- mático y es dudoso que contribuya a favorecer la paz en la región.

EL MAPA geoestratégico es bien conocido. Se disuelve la URSS tras la caída del Muro de Berlín y se rediseñan las fronteras de las residuales repúblicas que formaban la Unión Soviética. Hay dificultades para incluir etnias, culturas y religiones homogéneas en un mismo espacio geográfico. Y no solo se dan estas dificultades en Georgia. Entre 1991 y 1992 se firman unos acuerdos entre Moscú y Tiflis que contemplan a Osetia del Sur con un estatus especial, protegido por una “fuerza de paz” rusa. Lindante con la rusa Osetia del Norte, la del Sur cuenta con una población mayoritariamente de la misma etnia y religión ortodoxa.
El nuevo Estado georgiano, de 70.000 kilómetros cuadrados, poblado por algo más de cuatro millones de habitantes, arranca con más dificultades que glorias. Se degrada su situación económica y va perdiendo poco a poco comercio y turismo procedentes de su vecino del norte, Rusia.
Pero ocupa un espacio vital en el enlace estratégico que une el mar Caspio con el mar Negro, el que canaliza petróleo y gas hacia Occidente. En este flujo va el 20% de la energía que consume Israel
Por supuesto, Estados Unidos se fija en la región. Derivado de un golpe de Estado, después legitimado por las urnas, colocan a un hombre de confianza, el presidente Mijail Saakashvili. Este, fiel a su nuevo protector, entrega un contingente de 2.000 soldados para combatir en la difícil posguerra de Irak. En la cumbre de la Alianza Atlántica de abril del 2008, celebrada en Bucarest, Estados Unidos es el gran patrocinador de la entrada de Georgia en la Alianza. Se anticipan Albania y Croacia, porque los socios europeos posponen la decisión. Está demasiado latente el tema de Kosovo como para iniciar un debate sobre Osetia o Abjasia. (Por cierto, la independencia de Kosovo únicamente ha sido reconocida por 27 países, 15 de los cuales son miembros de la Alianza Atlántica).

PERO, UN BUENdía de agosto, Saakashvili, sin esperar una nueva reunión de la OTAN pero aprovechando que la atención mundial está fijada en Pekín y que incluso su protector George Bush está más atento al equipo estadounidense de béisbol presente en los Juegos Olímpicos que a la situación que se está gestando en el sur del Cáucaso, y creyéndose bien armado por Israel y por los propios norteamericanos, decide atacar Osetia del Sur en nombre de una interpretación unilateral de su soberanía.
Los que no están pendientes de los Juegos son los generales de Putin. En 24 horas arrasan Georgia. En cierto sentido, protegen a sus minorías y se apoyan en los acuerdos de 1992. En otro, no olvidan la ascendencia georgiana de Stalin y los ocho años de presidencia del que había sido ministro de Exteriores de la URSS, Eduard Shevardnadze, el hombre de la apertura. ¡Demasiados antecedentes históricos para mantenerse impasibles !
Lo demás ya se sabe: Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas; viajes de la presidencia europea a la zona; observadores internacionales; ayuda humanitaria; hipócrita crujir de dientes en toda la sociedad occidental. La historia de siempre. Ahora vendrán los grandes negocios aprovechando el río revuelto: infraestructuras, inversiones, la misma ayuda humanitaria… Tranquilizaremos nuestras conciencias donando algo a alguna oenegé conocida o viendo cómo nuestro Gobierno manda a un centenar de nuestros buenos soldados en misión de paz. Eso sí: de paz.
Siempre a posteriori. Siempre encontraremos a un político como Nicolas Sarkozy que va a intentar solucionar el problema; lo malo es que nunca encontramos políticos que eviten que se produzcan los problemas.

MIENTRAS,Ucrania mira de reojo. Todavía tiene en Sebastopol a la potente escuadra rusa del mar Negro, consecuencia de unos acuerdos similares a los que se firmaron en 1992 con Georgia. Los países bálticos y Polonia se han decantado claramente por la política de la república hermana de Ucrania. ¡Cuidado!
Rusia, recuperada económicamente, favorecida por el alza de los precios del crudo y del gas, pero con problemas de redistribución de la riqueza graves –conviven sueldos de 300 euros al mes con grandes fortunas– quiere recuperar su peso específico en la política internacional. Ningunearla puede ser suicida, porque conserva en su alma el histórico y orgulloso potencial de la extinta URSS.

MANUELCastells escribía recientemente que estamos ante “las primeras escaramuzas de una guerra caliente que se esta gestando en territorios de la guerra fría”. No olvidemos tampoco la vecindad de Chechenia con Osetia del Norte. Parece que Moscú ha aprendido la lección y no permitirá nuevas aventuras.
La osada –aunque mejor diría insensata– guerra de Georgia desemboca en el reconocimiento por parte de Rusia de la independencia de Osetia del Sur y de Abjasia. Puede que la red de oleoductos y gaseoductos Bakú (Azerbaiyán)-Tiflis-Ceylán (Turquía) recupere su operatividad. Pero nada será igual al sur del Cáucaso; nada será igual en el mar Negro; nada será igual en la próxima cumbre de la OTAN, cuando se celebren los 60 años de su creación.
Georgia estará presente en nuestras vidas en las próximas décadas. Ojalá no sea para que se repitan las monstruosidades de este mes de agosto olímpico.

http://www.elperiodico.com/default.asp?idpublicacio_PK=46&idioma=CAS&idtipusrecurs_PK=7&idnoticia_PK=539104

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Frenadeso: Los vínculos de Carlos Slim con Martín Torrijos y los cien dueños de Panamá

Carlos Slim Helú es hijo de Julian Slim Haddad, familia libanesa que llegó a México en 1902. Hoy día se le considera el hombre más rico del mundo, con una fortuna que supera los 50 mil millones de dólares, es decir, 4 veces el Producto Interno Bruto de Panamá.

El apellido Haddad no le trae buenos recuerdos a los panameños honestos. Nos recuerda a Máximo Haddad y familia, de la empresa PYCSA, concesionaria del Corredor Norte y para hacer una autopista hasta Colón, la cual nunca hizo, pero que si terminó un buen negocio con el apoyo del actual Ministro del MOP Benjamín Colamarco y la empresa brasileña Odebrecht. Esta concesión se la hizo el gobierno de Ernesto Pérez Balladares, escasos tres meses de haber iniciado su gestión, facilitándole además, financiamiento del Banco Nacional y de la Caja de Ahorros. Máximo Haddad, quien fue designado Cónsul de Panamá en Tampa, Florida, por el gobierno de Mireya Moscoso, junto con Manuel Cohen y su esposa Luz Esthela de Cohen, cónsul de Panamá en Miami, fueron implicados en el escándalo del fraude financiero del Hamilton Bank. Eduardo Masferrer, el artífice del fraude, recibió en el 2001 de parte de la expresidenta Mireya Moscoso, la nacionalidad panameña, mediante la Resolución 220. El cubano-americano Eduardo Masferrer, fue condenado a 30 años por este caso. Masferrer fue el Gerente General del Banco del Istmo, cuando fue creado por el grupo de Samuel Lewis Galindo y Alberto Vallarino, el mismo grupo beneficiado con la Ley Banistmo. Su esposa y luego socia en el Hamilton Bank, Maura Acela Acosta, era la directora del área internacional del Banco del Istmo. A ambos, así como a Samuel Lewis Galindo, Presidente del Banco, se les acusó de la desaparición de 10 millones de dólares que Pineda Trinidad, mexicano y acusado en México de hacer negocios ilícitos, había depositado en dicho banco. Los abogados del Banco, hasta que fue vendido al HSBC, eran la firma de Alemán, Cordero, Galindo y Lee. José Miguel Alemán, su hermano y familia, eran importantes accionistas de Banistmo. Fueron estos mismos abogados quienes definieron a Eduardo masferrer como un banquero “inteligente, brillante y de una reputación solvente”. Esta “solvencia” fue claramente manifiesta cuando se destapo el fraude del Hamilton Bank. En cuanto a Máximo Haddad, este se pasea libremente en Panamá, gozando la fortuna que le han amparado los gobernantes.

A finales de los años ochenta, aunque rico, Slim era considerado un adinerado ordinario. Su inmensa fortuna está vinculada a la compra de la Telefónica de México-TELMEX, en 1990, en el marco de un escándalo del gobierno de Carlos Salinas de Gortari, al que se le acusó de favoritismo con el Grupo Carso de Carlos Slim, el cual había aportado al financiamiento de la campaña de Salinas y del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Participó, junto a otros 30 hombres de negocio de México, en una cena donde Salinas de Gortari solicitó 25 millones de dólares a cada uno para su campaña. Igualmente apoyo la campaña de Vicente Fox. Felipe Calderón, actual Presidente de México, después de un fraude electrónico a su favor, condecoró a Slim por “sus atributos”. La oferta por Telmex fue de 1,757 millones, superando los otros participantes, pero con la exclusiva ventaja de pagar parte del dinero con las propias ganancias que generara Telmex. Se acusó a Salinas de Gortari de tener parte en el negocio. Se afirma que Slim y dos empresas extranjeras (Bell Internacional Holding Co. y France Cable & Radio) poseen el 36% de Telmex, sin que se conozca, aún, los otros dueños. En el 2007 un periódico de Inglaterra afirmó que 23 mil millones de dólares de su fortuna se debían al desarrollo de America Movil.

Su centro de operaciones es el Grupo CARSO, sigla formada con su nombre, Carlos, y el de su esposa Soumaya, ya fallecida. Sus actividades incluyen restaurantes, hoteles, telefonía (America Movil), televisión por cable, produce cable de fibra óptica, cable de cobre para la industria telefónica, coaxiales y cables electrónicos, minería, productos industriales, línea aérea, generación eléctrica, cigarrillos con asocio de la Philip Morris, construcción, infraestructura, industria química y petrolera, sector automotriz, actividades de seguros y finanzas a través del Grupo Inbursa, entre otras. Recientemente está participando en empresas de salud y de educación. Ha creado la Impulsora del Desarrollo y Empleo de América Latina. (IDEAL), buscando promover su imagen de “hombre preocupado” por el desarrollo de los pobres, afirmando que hay que integrar a los pobres al mercado, para continuar haciendo ganancias. Esta es su filosofía.

En la empresa TELMEX convergen otros intereses asociados a Slim. Ricardo Martín Bringas, miembro del cuerpo de directores desde el 2000, también pertenece a la Junta Directiva del Banco HSBC, S.A. de México, del Grupo Financiero Banamex y otros grupos financieros, así como Javier Mondragón de la Junta Directiva de Televisa, donde el Grupo de Slim tiene importante participación.

Carlos Slim forma parte de la Junta Directiva de la tabacalera Phillips Morris Internacional, de la cual posee el 20% de las acciones. Harold Brown, Director de Altria Group Inc., propietaria de Phillips Morris, también es miembro de la Junta Directiva de Evergreen Holding, importante empresa usuaria del Canal de Panamá. J. Dudley Fishburn es Director también del banco HSBC plc en Inglaterra.

Slim y Televisa, empresa de televisión en español más grande del mundo, conjuntamente con el Grupo TACA de El Salvador y Protego Discovery Fund, crearon VOLARIS en el 2006, una empresa de aviación mexicana, aportando cada socio el 25% del capital de 100 millones. La inauguración de la empresa fue presidida por el Presidente Vicente Fox. Al parecer a Slim le gusta financiar campañas presidenciales lo cual les abre puertas a sus negocios.

Los intereses de Carlos Slim en Panamá

Los negocios de Carlos Slim con el PRD no son nuevos. Con el gobierno de Ernesto Pérez Balladares se le hizo concesiones millonarias a la empresa Ingenieros Civiles Asociados (ICA), de la cual el magnate es propietario del 8%, participación de gran importancia considerando la estructura de propiedad de la empresa. Todo lo que hoy es el desarrollo de Punta Pacífica se desarrolló en el marco del contrato con ICA. En este proceso, importantes figuras del PRD, como los ex ministros de Martín, Camilo Alleyne y Ubaldino Real, adquirieron terrenos que se valorizaron rápidamente, Felipe Virci y Btesh, que desarrollan grandes edificios de apartamentos, entre otros. Además, Balladares le traspasó a ICA terrenos de Hotel Cesar Park y del Centro de Convenciones ATLAPA, que devaluó la propiedad del Estado, al momento de quererse vender.

Con Martín Torrijos, Carlos Slim se ha expuesto más. En el 2005 le prestó su avión para que asistiera a los funerales del Papa Juan Pablo II. Torrijos también alquila aviones a una de las empresas de Slim. La Primera Dama Vivian de Torrijos ha firmado con Carso Health Institute, una de las empresas de Slim, un acuerdo para desarrollar programas de salud, negocio al que ha estado incursionando el magnate, entro del proceso de privatización de los sistemas de salud de América Latina. El proyecto de Slim se corresponde con el proyecto privatizador del Sistema Único de Salud que impulsa el gobierno de Martín Torrijos.

De acuerdo al Banco de México, a través de la empresa IDEAL, Carlos Slim proyecta invertir unos 16,000 millones en 57 proyectos en los próximos dos años, de los cuales, casi la mitad serán invertidos en Panamá. Esto sólo sería cierto si le adjudican, junto con la empresa ICA y CILSA, la construcción de las esclusas del canal de Panamá, una de las aspiraciones del magnate. La empresa CILSA ya se adjudicó el segundo contrato de excavación, por 25 millones de dólares. ICA ha hecho alianza con la española Sener Ingeniería y Sistemas, la holandesa Haskoning Nederland BV y la británica Mott Macdonald Limite, para participar en la construcción de las esclusas. El primer contrato de excavación fue adjudicado a la empresa CUSA de la familia del Administrador del Canal, Alemán Zubieta. La mayoría de las empresas de Slim tienen como su representante en Panamá a la firma de abogados, Alemán, Cordero, Galindo y Lee. Jaime Alemán Healy, hermano del excandidato arnulfista José Miguel Alemán Healy, y familiar del actual Administrador del Canal. La familia Alemán Zubieta y Alemán Healy fueron principales beneficiarios de la Ley Banistmo, junto con el HSBC y otros miembros del gobierno al exonerarles casi 400 millones de dólares en impuestos, lo que constituyó un robó al pueblo panameño. Anibal Galindo Navarro es pariente del actual candidato a la Presidencia de la República por el PRD, Juan Carlos Navarro y del actual canciller, Samuel Lewis Navarro. Aunque es, supuestamente, de la oposición política del PRD. Jorge Federico Lee, otro de la firma, es del PRD y ha sido miembro de la Junta Directiva del Canal de Panamá. Alejandro Ferrer es otro miembro de la firma y hasta hace poco fue Ministro de Comercio e Industria del gobierno de Martín Torrijos.

A través de la empresa CICSA PANAMÁ, S.A., planea desarrollar los proyectos hidroeléctricos BAITÚN y BAJO DE MINA, en el Río Chiriquí Viejo, los cuales están siendo rechazados por las comunidades. Ha empezado a comprar tierras vinculadas al proyecto. La firma Pardini & Asociados representa esta empresa, así como otros proyectos hidroeléctricos y mineros.

La firma Alemán, Cordero, Galindo y Lee, también representa al Banco General y Petróleos Delta, empresa que pertenece al holding del banco, cuyo Presidente Ejecutivo es el hermano del Administrador del Canal, Alemán Zubieta. Otras figuras ligadas con el poder económico que sostiene al gobierno de Martín Torrijos se encuentran aquí: Federico Humbert, cuyo hijo es el embajador de Panamá en Washington, la familia Motta, Jaime Arias Calderón, de la firma Galindo, Arias y López, entre otros. CUSA de la familia Alemán Zubieta también la representa esta firma. Otras empresas en las que Carlos Slim tiene participación también se incluyen en la lista: Philip Morris-Tabacalera Nacional, S.A. y Evergreen Internacional, S.A., que tiene uno de sus directores también en Philip Morris, y Kraft Foods (Panamá), S.A.. El Grupo Taca que tiene asociación con Slim. También representan a la Organización Cisneros de Venezuela, a empresas beneficiarias de la privatización del sistema eléctrico, Constellation Power Inc. y Electra Noreste, y al Banco Azteca, el cual está empobreciendo aún más a los panameños cobrándoles tasas de interés por encima del 40% al año, con el beneplácito de la Comisión Bancaria.

Cisco Systems es otra de las empresas que representa la firma Alemán, Cordero, Galindo y Lee, firma de abogados que se consideró ser el vínculo entre Cisco y una red de 15 de empresas utilizadas para evadir impuestos, hacer fraude fiscal por 1,500 millones de dólares, e incluso, de ser sospechosas de lavado de dinero. Cuatro (4) panameños son investigados Miriam Estela Rivera, Myrna de Navarro, John Benjamin Foster y Andrés Maximino Sánchez, todos relacionados con la firma de abogados. Ellos son señalados como socios intermediarios en varias corporaciones que operan en el exterior. La investigación federal señala sin dudas a Cisco Systems Inc. como una beneficiaria del sistema creado por la red de empresas, junto con Cisco do Brasil Ltda.. Sánchez, Navarro y Foster, son el Presidente, Tesorero y Secretario de Tabacalera Nacional, una subsidiaria de Phillps Morris International, 20% de propiedad de Carlos Slim, también cliente de Alemán, Cordero, Galindo y Lee.

Myrna de Navarro también es Tesorera de WINSIDE INVESTMENTS S.A., junto con Edgardo E. Díaz (presidente) y María Vallarino A. (secretaria), representada también por la firma Alemán, Cordero, Galindo & Lee. Esta empresa fue la sobreviviente de la fusión con WHITMER LIMTED S.A., empresa también vinculada a la firma de abogados: Carlos Cordero B. era el Presidente, Ernesto Navarro Diez el Tesorero, (esposo de Myrna de Navarro?) y Lorenzo Marquéis B. el secretario.

La cadena Sambors de Slim, inauguró en noviembre de 2007 un local en el centro comercial Multiplaza Pacífica, construido por el grupo salvadoreño Roble, asistiendo un hijo de Slim, Torrijos y su esposa Vivian.

A inicios de mayo pasado, la empresa de Carlos Slim, America Movil, a través de su subsidiaria Claro Panamá, ganó una de las licitaciones para operar teléfonos celulares en Panamá. La firma representante de esta empresa es Galindo, Arias y López, sectores muy vinculados al PRD y a Martín Torrijos.

Actualmente en México el grupo de Carlos Slim construye infraestructura hospitalaria y la Terminal Multimodal Azteca, algo similar al sistema de transporte que está impulsando el gobierno de Martín Torrijos en Panamá, poco antes de terminar su mandato, lo que incluye la compra de 500 buses. Una gran cantidad de millones, sin duda. Slim podría estar financiando la campaña política de las próximas elecciones presidenciales en Panamá, para garantizar el desarrollo de sus negocios.

http://www.kaosenlared.net/noticia/vinculos-carlos-slim-martin-torrijos-cien-duenos-panama

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Alejandro Nadal: Enfrentar la crisis: teoría económica a la deriva

¿Cómo explica la teoría económica la actual crisis de las principales economías capitalistas del mundo? La verdad es que si analizamos la teoría económica que predomina en los bancos centrales y ministerios de Hacienda, veremos que no puede explicarnos la crisis. Es más, para esa teoría, la crisis no debería estar ocurriendo. Para hablar de esto es necesario adentrarnos en el arcano mundo de la teoría económica.

En la década de los 70 se presenta una doble crisis en la teoría económica. En la llamada teoría microeconómica la crisis es terminal: para 1974 ya está demostrado que no existe una base científica para pensar que los mercados asignan los recursos de una sociedad de manera eficiente. Eso debería haber sido suficiente para declarar cerrado el programa de investigación teórica basado en la fe en la bondad del mercado libre. Pero los economistas en el mundo académico prefirieron ignorar los problemas y siguieron torturando a sus estudiantes, enseñándoles la parte sin interés de la teoría de equilibrio general y evitando mencionarles que con esa teoría no se puede demostrar cómo se forman los precios de equilibrio. Desde entonces, vemos salir de las universidades legiones de economistas que creen (injustificadamente) que en alguna parte existe una teoría rigurosa que demuestra que los mercados asignan los recursos de una sociedad de manera eficiente.

En la teoría macroeconómica sucedió algo peor. En la década de los 60 los economistas que se reclamaban de Keynes descubrieron la llamada curva de Phillips y pensaron podían utilizarla para completar y defender el pensamiento de su maestro. Grosso modo, esa curva decía que existía una relación inversa entre desempleo e inflación: cuando aumentaba la inflación, el desempleo disminuía y viceversa. Pero en los años 70 se presentó un episodio de inflación con desempleo. Según el modelo, eso no debería estar pasando.

La estanflación marcó la debacle de esta vertiente del keynesianismo y el auge del pensamiento monetarista. Bajo el liderazgo de Milton Friedman surgió una visión de la economía según la cual “la inflación siempre y en todo lugar es un fenómeno monetario”. De acuerdo con este razonamiento, la variable clave para estabilizar los precios sería la oferta monetaria. Sin un análisis científico serio, Friedman concluyó que ese resultado (controlar la inflación) sería compatible con niveles adecuados de empleo. La base de todo este razonamiento es la fe inquebrantable en la estabilidad de los mercados en una economía capitalista (justo lo contrario de lo que la teoría microeconómica había descubierto para 1974).

En un ensayo publicado en 1968 Friedman concluyó con la idea sorprendente de que para cada nivel de pleno empleo, hay una tasa “natural” de desempleo. Esa tasa natural corresponde a lo que se ha llamado desempleo friccional (determinado por el tiempo que pasan los trabajadores buscando empleo). De aquí se derivó la NAIRU, acrónimo en inglés que corresponde a la tasa de desempleo compatible con una tasa de inflación sin aceleración en el incremento de precios. Todo este edificio teórico servía para justificar que el objetivo único de la política monetaria debía ser el control de la inflación.

Para los 90, economistas como Bob Eisner habían destruido las bases analíticas de la NAIRU. Y en los hechos la tasa de desempleo se redujo una y otra vez, sin que se disparara la inflación. Es más, la oferta monetaria tuvo fuertes variaciones y la inflación no aumentó. Todo eso desmintió brutalmente la creencia central de los monetaristas sobre la relación entre oferta monetaria e inflación.

En cuanto a la inestabilidad en los mercados financieros, la serie de crisis de los años 90 debió por lo menos sacudir la fe de los monetaristas en la estabilidad de los mercados capitalistas y llevarlos a concluir en la necesidad de volver a regular el sector financiero. No fue así. ¿Serán tontos? No, lo que sucede es que las autoridades monetarias viven subordinadas a los intereses del sector financiero.

Hoy observamos que en la Reserva Federal sigue dominando un esquema monetarista. Por eso el problema para la política macroeconómica se define como antes: hay que encontrar el nivel preciso de oferta monetaria para controlar la inflación y mantener el empleo en un nivel adecuado. La Fed se equivoca nuevamente: el origen de la crisis se encuentra en la desregulación financiera y en una política monetaria dedicada a alimentar burbujas especulativas.

Por eso las teorías que dominan en la Fed (y en muchos bancos centrales) no pueden decir nada relevante sobre la crisis: ni sobre sus orígenes, ni sobre la política para enfrentarla. El verdadero problema es que el mercado capitalista es intrínsecamente inestable y la crisis es la forma natural de vida de este sistema económico. En un marco reformista por lo menos habría que acordar que la respuesta de política correcta es la regulación y la intervención pública.

La Jornada

http://www.jornada.unam.mx/2008/08/20/index.php?section=opinion&article=026a1eco

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Reynaldo Castro Melgarejo: Carta a Fidel Herrera Beltrán, Gobernador de Veracruz

Licenciado Fidel Herrara Beltrán
Gobernador Constitucional del
Estado de Veracruz
Presente

Señor Gobernador Fidel Herrera Beltrán

Como es de su conocimiento, en medio de una búsqueda insaciable de Justicia, que ha trascendido a esferas nacionales e internacionales, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con sede en Washington, Estados Unidos, ha iniciado la investigación a través de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL, por sus siglas en inglés) de la defensa de Martín Serrano Herrera ante hechos de injusticia que él reclama; sin embargo, lamentablemente la persona, la vida, la familia y el patrimonio de nuestro Amigo y compañero siguen corriendo mayor peligro.

De buena Fe, por considerarlo de interés público y por razones humanitarias, una vez más, respetuosamente le solicito su amable intervención para evitar más agresiones que ponen en peligro la persona, la vida y el patrimonio de nuestro Amigo y compañero Periodista Martín Serrano Herrera. Quien como usted sabe, desde el gobierno estatal anterior y durante el actual, ha sufrido diversas agresiones en contra de su persona, su patrimonio y amenazas en contra de él y sus familiares; y debido a su inconformidad con las autoridades locales y federales por las razones que ha argumentado ante autoridades locales, nacionales e internacionales y usted conoce, sus reclamos de Justicia lo han llevado a lograr que organismos internacionales apoyen sus reclamos y estén dando seguimiento a los procesos judiciales promovidos por él ante instancias locales y nacionales procuradoras e impartidoras de Justicia.

Mi petición respetuosa se basa en que la familia de Martín Serrano Herrera, también es una familia veracruzana y coincide con su compromiso de que:

“En Veracruz no se permitirán acciones fuera de la ley que atenten contra la seguridad de la familia veracruzana, su vida y su libertad, su patrimonio y el derecho de libre tránsito”.

Compromiso asumido desde el inicio de su gobierno y nuevamente, en su mensaje enviado a la sociedad veracruzana durante la Reunión de Planeación y Estrategia en Materia de Seguridad, que contó con la asistencia de funcionarios federales, estatales y municipales, en donde usted destacó que todos los niveles de gobierno hacen un solo frente para contener y castigar a los enemigos de la ley.

En atención a su convicción de estar muy bien informado, considero conveniente presentarle como apuntes de la realidad que le expreso, las siguientes referencias:

• A.- En la página www.gobernantes.com, este domingo 29 de junio se lee en el “MEMORANDUM 3: (17:51) La madrugada del pasado viernes, el auto Topaz modelo 1990, placas del Estado YDD-4285 propiedad de Martín Serrano Herrera, Director del Diario Tribuna de Xalapa fue robado en la calle Juan Soto, entre Zamora y Jalapeños Ilustres. El 28 de Agosto del año pasado, en la puerta de su domicilio fueron arrojadas cinco balas de metralleta, y meses después fue golpeado por dos delincuentes, lo que motivó una recomendación firmada en Washington DC, por el Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Santiago A. Cantón, en el expediente SI 65-08, exigiendo a las autoridades Federales y Estatales que se esclarezcan los hechos. Sin duda, alguien la trae contra el periodista…”

• B.- En la Columna Repechaje, de nuestro compañero Quirino Moreno Quiza de este 30 de junio, se lee:

“…¡Cero y van…! Pues este sábado le volvieron a pegar otro al colega Martín Serrano… Pero ahora no le dejaron 5 plomos en la puerta de su casa como el año pasado, sino que se robaron su automóvil, marca Ford Topaz modelo 1990, color Champagne, con placas de circulación YDD 4285, robo que denunció Serrano de inmediato en la agencia Segunda del Ministerio Público, y quedó asentado todo en la Averiguación Previa 653/08/1…”

• C.- En la página de Diario Tribuna en:
http://tribunadiario.blogia.com/2008/062501–…martin-serrano-herrera-desde-hace-ocho-anos-es-el-periodista-mas-perseguido-.php

Desde el pasado 25 de los corrientes, el periodista Fausto Fernández Ponte escribe en dos partes lo que a continuación se transcribe:

“25/06/2008
“…Martín Serrano Herrera desde hace ocho años es el periodista más perseguido en México por personeros del poder en Veracruz, que tratan de asesinarlo o destruyen equipo e instalaciones del Diario Tribuna, de Xalapa, para acallar su voz independiente e incómoda a los poderosos”

“ASIMETRÍAS

Fausto Fernández Ponte. ffponte@gmail.com

I

Martín Serrano Herrera es, a nuestro ver, el periodista más perseguido en México. Perseguido en el cabal sentido del vocablo. Perseguido por personeros del poder formal en el estado de Veracruz, desde hace ocho años.

Y la persecución de la que es víctima manifiéstase perversa: se trató primero de destruirlo físicamente –asesinarlo– para acallar para siempre su voz independiente y difundida con valentía, incómoda a poderosos y poderdadores por igual.

Mas no sólo eso: los sicarios de los personeros del poder formal también le destruyeron y robaron activos físicos –talleres, máquinas, oficinas– e instalaciones de Diario Trbuna, de Xalapa, la capital de Veracruz, urbe que presúmese culterana.

Pero hoy sus perseguidores han modificado sus tácticas, aunque el fin continúa siendo el mismo: acallarlo por reducción del volumen de su voz denunciadora de abusos de personeros del poder, su impunidad rampante y su cinismo arrogante y ofensivo.

Acallarlo, pues, mediante tácticas de acoso constante, de terror, de tortura psicológica. Se le hace sufrir. Se le lleva a situaciones de estrés que exaccionan un precio a la tranquilidad personal y familiar y al bienestar y a la seguridad.

Don Martín vive en la incertidumbre. Vive, dicho sin tapujos, a salto de mata: alerta hasta la angustia en un entorno angustioso y desgastante, de tensión que pone a prueba el instinto mismo de supervivencia.

II

Predeciblemente, don Martín teme por su vida, aunque el objetivo táctico haya sido modificado por los personeros del poder: silenciarlo por cansancio, por acoso, por desgaste físico y emocional y agotamiento nervioso.

Trátase de obligarlo a abdicar de sus convicciones como periodista y de sus deberes como informador de hechos y sucedidos e intérprete de éstos, decodificador de los secretos de la cultura del poder político. Más don Martín conoce sus derechos.

Y, por ministerio de éstos, ha optado por defenderse legalmente, acudiendo recursivamente a las herramientas que por lo menos en la teoría el estado de derecho otorga a víctimas de los personeros del poder que guardan oculto lo inconfesable.

Al defenderse, éste periodista defiende no sólo sus derechos y garantías individuales, sino también los sociales y, desde luego, los de su gremio que vive en el peligro permanente de ejercer en nuestro país un quehacer de muchísimo riesgo.

Y no en vano. En el sexenio de Vicente Fox y los 18 meses del presidencialiado espurio de Felipe Calderón, el total de colegas muertos y desaparecidos es de varias decenas. En el mundo se piensa que México es el país más peligroso para los periodistas.

En el mundo se considera a México –es decir, el Estado mexicano– como uno de los principales conculcadores y violadores de derechos humanos; tan sólo en tortura ocupamos un primerísimo lugar de indudable fehacencia. También periodistas muertos.

El colega veracruzano ha agotado todas esas instancias, regidas incluso en lo estructural y lo superestructural por los imperativos de la cultura del poder que en México tiene vínculos dialécticos con las culturas de la corrupción y la complicidad.

III

Esas culturas tienen por agente cohesionador la impunidad; éste, en su turno, se sustenta sobre prácticas como la simulación, los sofismas –o coartadas legaloides, como las reformas petroleras– y un variado espectro de socaliñas.

En su defensa, el señor Serrano ha acudido a las instancias institucionales mexicanas, más todas han respondido con lentitud leguleya aviesa que raya en la complicidad por omisión o, en ocasiones muy documentadas, por falaz comisión.

Empero, han sido las instancias institucionales interamericanas –el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, no gubernamental, y la Comisión Interamericana de Derecho Humanos– las más activas en la defensa de don Martín.

Nuestro personaje señala como autores y promotores de su persecución a dos gobernadores del estado de Veracruz: Miguel Alemán Velasco, que gobernó de 1998 a 2004, y el actual, Fidel Herrera Beltrán, notoriamente corruptos ambos.

El señor Herrera Beltrán aspira a ser el candidato del PRI a la Presidencia de la República, pero es parte de una caballada muy flaca, según la definición pintoresca de un político del antaño reciente, el guerrerense Rubén Figueroa.

Y es que aun el ejemplar menos esmirriado en esa equinada, el mexiquense Enrique Peña Nieto, acusa escualidez y magrura, aunque con enorme reserva de untos de adhesiones políticas de personeros de poderes fácticos –como Carlos Salinas– y mucho dinero.

La diligencia y responsabilidad del CEJIL –siglas en inglés– en la defensa de don Martín ha llegado a la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en Washington, que ya inició pertinente indagación y ésta alcanzó ya al mismo gobernador.

Equinada: conjunto de equinos.
Guerrerense: natural del estado de Guerrero, México.
Magrura: de magro.
Mexiquense: natural del estado de México o relativo a éste.
Untos: grasa acumulada bajo la piel de un equino u otro mamífero.

Martín Serrano (2/2)

Ante el contubernio de las instancias formales de procuración de justicia en México, y en especial Veracruz, el periodista Martín Serrano encontró la vía de defenderse de la persecución del gobernador Fidel Herrera: los organismos internacionales de protección de derechos humanos.

I

El periodista Martín Serrano, director del Diario Tribuna, de Xalapa, Veracruz, perseguido por los personeros de los gobiernos encabezados, uno, por Miguel Alemán Velasco (1988-2004) y, otro, por Fidel Herrera Beltrán (2000-10), ha hallado cómo defenderse.

Y defenderse legalmente, por añadidura, en un sistema de procuración e impartición de justicia, creado a la luz de vera naturaleza y manifestaciones de ésta, para privilegiar al poderoso en agravio de las víctimas de abusos de aquél.

Esas víctimas son, por su condición de excluidos y, por tanto, débiles, susceptibles de inducimiento y persuasión de comprar una mercancía intangible –procurar e impartir justicia–, sujeto a leyes de un mercado perverso de consumidores cautivos.

Además de la mercantilidad de la administración de la justicia, también se procura e imparte justicia por consigna, con arreglo a los intereses del poderoso –los gobernadores u otros políticos encumbrados– en agravio de los intereses de terceros.

Tal es el caso del colega Serrano. Perseguido –ha sido despojado metajudicialmente de sus bienes materiales, propios y de su empresa periodística– por incomodar al poderoso, éste usa el aparato coactivo a su disposición para silenciar voces críticas.

La defensa del periodista Serrano es recursiva, dada la cerrazón, simulaciones y complicidad –que raya en grotesca anuencia– de las instancias institucionales (las del poder formal), incluyendo las de protección a periodistas.

II

Esas instancias –vinculadas al ámbito y la cultura de la procuración de justicia– tienen por inspiración y objetivo mediatizar, precisamente, los anhelos y afanes de los periodistas por defenderse de los zarpazos del poder y poderes fácticos.

Esa cultura se extiende al ámbito de la protección y defensa de los derechos humanos en México, país considerado por el mundo como uno de los mayores conculcadores de potestades y garantías individuales y sociales. ¡Qué triste blasón éste!

La complicidad de esas instituciones del Estado adviértese, no sin elocuencia, en las tácticas dilatorias –lentitud deliberada en la tramitación y actuaciones burocráticas y políticas concomitantes– y en el proverbial “carpetazo” a denuncias.

El activismo recursivo de don Martín para defenderse de la persecución de los personeros gubernamentales –que actúan con premeditación, alevosía y ventaja– aporta al gremio un acervo experiencial invaluable. Identifica opciones.

Ello beneficia, pues, al muy acosado y vulnerable gremio periodístico, considerado como uno de los grupos sociales más vulnerables de México, a la par de los indios –como individuos y pueblos o etnias–, en particular las mujeres indígenas.

La defensa serranista –que responsabiliza directamente de la persecución que sufre al exgobernador Alemán y al señor Herrera– tiene moralejas, abre nuevas vías y señala caminos a seguir por otros periodistas perseguidos doquiera en nuestro país.

III

Don Martín logró que la mirada del mundo se centre en el caso de la persecución del poder formal, incomodado por el quehacer periodístico de aquél. Esa mirada se representa y traduce en pesquisas oficiales al gobierno de México y al de Veracruz.

Ante el interés indagatorio internacional, el gobernador Herrera –quien aspira a la candidatura del PRI a la Presidencia de la República en 2012– ha ordenado cesar el hostigamiento al señor Serrano y extremar, incluso, medidas de protección.

Pero ese cese es temporal, estima el colega; las medidas de protección son, dice, falsas, hipócritas, “dan risa”. De súbito, al señor Herrera dióle por tratar con algodones a don Martín. La mirada del mundo está sobre quien aspira a gobernar México.

Atraer esa mirada es consecuencia del quehacer de instancias no gubernamentales. Una es la Asociación Nacional de Abogados Democráticos y otra el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL, por sus siglas en inglés).

Méritos en esas diligencias son para David Peña Rodríguez, de la ANAD, y Soraya Long, Viviana Kirscevic y Vanessa Coria, del CEJIL. Ellos llevaron el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ésta inquirió al gobierno de México.

A su vez, éste trasmitió al de Veracruz la indagatoria de la Comisión, que le ha asignado al caso una prioridad alta. Las respuestas mexicanas, califica el colega Serrano, “son una sarta de babosadas”. En entrega futura se verá por qué.

Glosario:
Mediatizar: intervenir dificultando o impidiendo la libertad de acción de una persona o institución en el ejercicio de su actividad. ” Hasta aquí lo escrito por Fausto Fernández Ponte.

Por todo lo anterior, le reitero mi petición respetuosa, para que usted intervenga a favor de la seguridad de la persona, su familia, patrimonio y colaboradores del periodista Martín Serrano Herrera, antes de que por omisión de parte de su gobierno, pudiéramos llegar a lamentar otra agresión con peores consecuencias en contra de nuestro Amigo y compañero Martín Serrano Herrera, de sus familiares, de su patrimonio o de sus colaboradores; lo cual sinceramente considero que por su responsabilidad constitucional y sus atribuciones como Gobernador de nuestro amado estado de Veracruz, usted lo puede evitar.

En espera de su atenta y oportuna intervención, le reitero mi consideración respetuosa.

Atentamente

Reynaldo Castro Melgarejo

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Francisco López Bárcenas: La criminalización de la protesta social

Primero fueron los conflictos intercomunitarios, para simular que eran las comunidades indígenas las que se peleaban entre ellas por intereses de grupo y no como en realidad es: por conflictos inducidos desde fuera, unas veces desde las oficinas gubernamentales y otras por grupos políticos con intereses particulares. Después fueron las guardias blancas, grupos de pistoleros que asuelan comunidades que no se ajustan a intereses de los caciques regionales y políticos en turno. De ahí se dio el brinco a los grupos paramilitares, organizaciones armadas por el Ejército y las policías para que hagan el trabajo represivo que sus impulsores no pueden hacer porque socialmente les resulta muy costoso. Ellos son los responsables de asesinatos masivos como los de El Charco y Aguas Blancas, en el estado de Guerrero, y Agua Fría y Acteal en Oaxaca. Pero eso no es todo: ahora es el Ejército federal ocupando abiertamente comunidades indígenas. Se trata de un amplio abanico de prácticas y procesos de criminalización de la protesta social, con la finalidad de contener el descontento indígena y campesino.

Una práctica no sustituye a las otras: las refuerza. Así lo dicen las denuncias de la policía comunitaria y el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, en Guerrero; así lo denuncian las comunidades indígenas, bases del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y lo documenta el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, en el estado de Chiapas; así lo demuestran mixtecos de Santo Domingo Ixcatlán y San Pedro Yosotatu, en la Mixteca alta, lo mismo que en el municipio autónomo de San Juan Copala, en la región triqui y la mayor parte del estado de Oaxaca, y lo evidencian varias organizaciones de derechos humanos. Es la prueba fehaciente de la criminalización de la protesta social, dicen unos; es la represión al descontento popular, gritan otros; es la guerra de contrainsurgencia, expresan los demás. Y lo peor: el fenómeno no es privativo del sureste mexicano. Lo mismo puede decirse del norte del país, Chihuahua y Nuevo León entre los que más han trascendido.

Los resultados de estas prácticas ilegales de contención del descontento popular están a la vista. Cada día crece el número de detenidos en las cárceles mexicanas por su participación en movimientos populares, por más que las autoridades judiciales se esmeren en formular acusaciones para procesarlos por delitos comunes. De la misma manera aumentan las campañas de desprestigio contra los defensores de los derechos humanos y asesores de quienes en esos grupos participan; así se busca deslegitimar sus esfuerzos en la defensa de sus derechos, pues quienes las fomentan saben que el mejor apoyo que éstos tienen para respaldar su labor es la opinión pública. Si esto no los convence de desistir de su empeño queda el recurso de la amenaza directa, contra ellos y sus familiares. Lamentablemente eso no es todo: junto con las detenciones, campañas de desprestigio y amenazas también aumenta el número de desaparecidos por motivos políticos.

¿Qué está sucediendo en las altas esferas gubernamentales para que hayan decidido escalar la criminalización de la protesta popular? ¿Teme el gobierno que el descontento aumente y se le vaya de las manos? ¿Son medidas preventivas o ya es una forma abierta de enfrentar la irritación social? Cualquiera que sea la razón que motive a los gobernantes a tomar estas decisiones, todas ellas muestran una anomalía de fondo que debiera ser atendida. Si los ciudadanos y los pueblos actúan fuera del aparato estatal es porque no tienen confianza en él, porque ya no representa el “interés general” que le debería dar sustento; en sentido inverso, si el Estado reprime a los gobernados es porque también desconfía de ellos. En otras palabras, el pacto social está roto. Si se quiere corregir esta anomalía lo aconsejable es recomponerlo, atendiendo a las nuevas circunstancias. Seguir criminalizando la protesta social a lo único que conduce es a su profundización.

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J. Enrique Olivera Arce: El tesorito en España

Como era de esperarse, para el gobierno español es motivo de regocijo la sola posibilidad de la privatización energética en México y la participación de las empresas de su país en la explotación petrolera. Las declaraciones del Jefe de gobierno, manifestando su optimismo en torno a la reforma que sobre el particular promueve Calderón Hinojosa, no dejan lugar a dudas. Al fin y al cabo, está en su derecho y su interés por ampliar la presencia  de capital español en América Latina; no sólo es legítimo sino que además explícitamente se encuadra dentro de las estrategias a seguir en materia de energía y política exterior del país ibérico.

Lo que no es justificable es el que Calderón Hinojosa haga caravanas con sombrero ajeno al gobierno y empresarios de la España monárquica, ofreciendo lo que es propiedad de todos los mexicanos y no del gobierno de México. Anticipándose a lo que en su momento el Congreso habrá de determinar en materia de reformas a PEMEX; dando por sentado que será con capital extranjero y no con recursos de la Nación como habrá de financiarse el fortalecimiento y modernización de la paraestatal.

Así como seguramente da por sentado que sus iniciativas serán aprobadas en los términos, de acuerdo a sus intenciones privatizadoras. Con debate, con consulta ciudadana o sin estos instrumentos. De otra manera hubiera sido más cauto, manifestando su respeto tanto al esfuerzo que tiene lugar en el Senado de la República, como en las iniciativas de llevar a consulta ciudadana  el tema petrolero. Lejos de ello, por principio de cuentas,  ante el gobierno español descalificó la riqueza de conceptos y clarificaciones que viene arrojando el debate, afirmando que únicamente se han discutido temas ideológicos y políticos y no elementos importantes y sustantivos de su iniciativa.

Con lo que, de paso, descalifica la historia del pueblo de México e ignora que precisamente lo que implica una reforma de fondo en PEMEX, responde a la necesidad de poner ciencia, tecnología y economía petrolera bajo la conducción de la política y al servicio de toda la Nación. Con la carga ideológica y visión de futuro que ello conlleva.

Reduciendo el debate en el Senado a una confrontación coyuntural de intereses partidistas con vista a futuros comicios. Lo que, sin descartarlo porque estamos en México, es asunto de política doméstica y no asunto a dirimir en el exterior frente a gobierno extranjero.

Resultado de una estrategia previamente acordada, se endurece la postura del PAN gobierno. Se substituye al coordinador de la bancada panista en el Senado por un incondicional de línea dura que, inicia su encargo declarando que una de las principales tareas de su grupo parlamentario es relanzar la defensa de las iniciativas presidenciales para modernizar Petróleos Mexicanos, a la par que también hace mofa del debate en el Senado descalificando a los ponentes invitados y afirmando que “…al concluir la discusión se extenderá a reporteros y personal de seguridad un diploma de expertos en energía por chutarse los foros, a los cuales estamos trayendo puras lumbreras”.

Así las cosas, la percepción que deja la primera etapa del viajecito de Calderón Hinojosa a España, es la de la existencia de una estrategia ya acordada con sectores afines del PRI de dejar pasar el debate en el Senado para, al término de este, sin más proceder a la aprobación de las iniciativas de reformas mediante el mayoriteo en ambas Cámaras, previo ajuste y maquillaje en lo oscurito atendiendo a intereses específicos del partido tricolor. Dejándole a los medios de comunicación la tarea de vender la idea de que la consulta ciudadana resulta improcedente,  porque sería una manifestación más de una absurda insistencia en privilegiar la ideología y la política por sobre lo sustantivo de los más caros intereses futuros de la Nación. El tesorito de Calderón.

pulsocritico@gmail.com

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