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Arnaldo Córdova: La equidad en el derecho

La reforma constitucional en materia electoral provocó reacciones en cadena que eran previsibles: al impedir que individuos o grupos puedan emitir opiniones, incluso adversas en contra de candidatos o partidos en los procesos electorales, se puso el grito en el cielo y comenzó a decirse que eso era violatorio de la libertad de expresión. Diversos organismos empresariales y un grupo de intelectuales interpusieron sendos amparos ante la justicia federal, fundando su agravio en la letra del artículo sexto constitucional, que garantiza la libertad de expresión y el derecho a la información. Ya la Corte ha determinado, en revisión, que ella no puede decidir del asunto porque no puede pronunciarse sobre la constitucionalidad de la Carta Magna.

Esos grupos, evidentemente, desconocen el derecho y, al parecer, contrataron abogados chicaneros que sólo hicieron lo que se les pidió. No sólo por las razones que la Corte ha dado en su primer fallo (otro fue sobre la violación del artículo 135 que instituye el procedimiento para reformar la Carta Magna), sino porque no entienden lo que el principio jurídico de equidad significa para la elaboración, la interpretación y la aplicación del derecho. Ese concepto es tan complejo que parece inasible en su sentido (es como si tuviera miles de significados), pero que lo es sólo porque ha sido una preocupación permanente a lo largo de milenios.

Era lógico que en el curso de la historia se dieran tantas significaciones. Pero si vemos su evolución a través de los siglos, aparece claro que sólo se trata de muchos modos en que dicho concepto ha sido visto. Hoy en día, prácticamente, ya no hay disensiones entre los juristas en torno a su significado. Hasta antes de que proliferara el asociacionismo moderno (sindicatos, ligas agrarias, sufragistas, partidos de masas, feministas, etcétera), la equidad era vista más bien como un principio de justicia que servía para corregir la rigidez de la ley.

Con la aparición de lo que el filósofo del derecho alemán, Gustav Radbruch, llamó el derecho social (Grundzüge der Rechtsphilosophie, 1914) se trastocó la anterior rígida oposición entre derecho privado y derecho público, para incorporar otras clases de derecho como el laboral, el agrario, el nuevo familiar, el económico y muchos más, formando una esfera intermedia que es la de los derechos sociales, que son, ante todo, derechos de equidad. Radbruch decía: “Si se parte de la concreta individualidad de cada hombre en particular se desemboca necesariamente en la negación del ordenamiento jurídico, en la anarquía”.

Ahora, todos los juristas, casi sin excepción, están concordes en que la equidad no es algo que esté fuera del derecho, que venga a él desde afuera, sino que es el método que el juez debe seguir al interpretar las normas y aplicarlas. Ahora se considera que la equidad está dentro del organismo conceptual y obligatorio del derecho en todas sus ramas. El propio Radbruch escribía: “… en la realidad del derecho, la libertad del económicamente fuerte se vuelve, de una libertad de disponer de las cosas, en una libertad de disponer de los hombres”.

Las nuevas disposiciones constitucionales en materia electoral derivan de ese principio. La equidad busca eliminar toda ventaja que se dé a una parte en perjuicio de otra. La equidad ha venido a delimitar e, incluso, a restringir los derechos de libertad cuando su ejercicio puede dar lugar a una desventaja en perjuicio de otros. Y ante eso no vale la interpretación de las palabras aisladas de la ley. El maestro Recaséns Siches escribía que “es un dislate enorme pensar en la posibilidad de una interpretación literal… equivaldría a negar el sentido del lenguaje mismo” (voz Equidad, Enciclopedia Jurídica Omeba).

Un espot del Consejo Coordinador Empresarial en contra de López Obrador en la campaña electoral de 2006 o el pronunciamiento de algunos clérigos en ese mismo sentido eran, con toda evidencia, un elemento inequitativo en la justa electoral, aunque se hicieran en nombre de la libertad de expresión. Eso fue lo que el legislador quiso corregir con la reforma constitucional. El que las dos grandes televisoras se convirtieran en partes interesadas en la contienda, con el enorme poder económico y mediático del que gozan, era inequitativo, porque imponía una situación de desventaja que en el derecho es inadmisible.

Alguien dijo que un grupo de activistas podía juntar su dinerito y publicar un manifiesto pronunciándose sobre los candidatos. El legislador decidió que, para evitar situaciones inequitativas, era obligado negar esa malentendida libertad de opinión a todos aquellos que se ubicaran por fuera de los partidos y éstos sólo pueden seguir un nuevo procedimiento que incluye el que el IFE contrate tiempos y espacios para que ellos se expresen y de ninguna manera podrán, en ningún tiempo, hacerlo por sí solos.

La Corte también se ha declarado sobre la pretendida violación al procedimiento señalado en el 135 para reformar la Constitución y ha encontrado que el Congreso no lo violó en absoluto y dicho procedimiento fue adecuado. Ahora los felones serán para los defensores de la libertad de expresión legisladores, senadores y diputados, que sólo actuaron en nombre de la equidad en el derecho.

Ni para qué hablar aquí de los empresarios y sus abogados que interpusieran otros recursos (alguno de los cuales fue admitido por un juez veracruzano). Además, parece que ellos aspiran a imponernos el modo de hacer las cosas en Estados Unidos, en donde las elecciones no las deciden los votos de los ciudadanos, sino el dinero. Claro que pueden participar en la política, pero individualmente y sin que tomen ventaja de su posición privilegiada. No es mucho pedirles, pues ellos tienen el poder suficiente para cabildear en los gobiernos a favor de sus intereses. ¿Para qué quieren influir en el curso de unas elecciones y no esperan, como corresponde, a que los nuevos gobernantes sean electos?

Todos los ministros de la Corte son juristas ilustrados y es de esperarse de ellos que recuerden siempre que la equidad no es un simple adorno de la ley, sino el verdadero eje en torno al cual se da la interpretación del derecho cuando se trata de dictar lo que los juristas llaman, desde hace mucho tiempo, normas individualizadas y que no son otra cosa que las sentencias y fallos de las autoridades judiciales.

La Jornada

http://www.jornada.unam.mx/2008/07/06/index.php?section=opinion&article=018a1pol

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Arnaldo Córdova: ¿Derecha progresista, izquierda retrógrada?

El oscurantismo es, entre otras cosas, el engaño sistemático en la interpretación de lo que piensan o proponen los contrarios y se presenta como lo opuesto de lo que ellos son o sugieren. Hoy la moda es, de nuevo, exhibir a la izquierda mexicana como retrógrada y a la derecha como la más progresista, la que quiere el bien del país y su desarrollo, como dice Juan Camilo Mouriño.

Hace dos semanas, Enrique Krauze publicó un artículo en el que desliza la siguiente tesis: los conservadores del siglo XIX mexicano eran proteccionistas; los liberales estaban por la libertad de comercio y la apertura al extranjero; luego los revolucionarios se hicieron proteccionistas y, hoy, la izquierda, de nuevo, se presenta como proteccionista. Recuerdo que, en los años cincuenta y sesenta, nuestros grandes historiadores llegaron a sugerir que, muchas veces, los conservadores tenían propuestas más avanzadas que los liberales en materia de desarrollo económico.

Sin afirmarlo, pero sugiriéndolo, Krauze siente que su derecha “liberal” es heredera de los liberales mexicanos del siglo XIX. No nos ha dicho qué piensa del voto particular de Ponciano Arriaga en el Constituyente de 1856-1857, sobre la cuestión de la tierra, que hizo que don Jesús Reyes Heroles (el grande) bautizara aquel movimiento de ideas como liberalismo social.

Krauze y Mouriño se ostentan como progresistas. Pero, ¿en qué consiste su progresismo? Piensan como los ideólogos del porfirismo: puesto que en México no hay suficiente capital, hay que traerlo de afuera. Los retrógrados revolucionarios mexicanos pensaban lo mismo, sólo que eso, según ellos, se debía hacer bajo reglas que evitaran se pusiera en peligro la soberanía de la nación. Para Krauze y Mouriño, como para sus congéneres del pasado, hay que traerlo y ya, sin restricciones estúpidas que lo puedan asustar, porque, entonces, volaría el pájaro.

Nunca hablan de las reglas y condiciones que se deben plantear a la iniciativa privada para que explote nuestras riquezas nacionales ni, mucho menos, se refieren a exigencias puramente técnicas que es indispensable pensar con cordura y con sentido común. Adrián Lajous nos entregó, hace dos sábados, un excelente ensayo sobre el petróleo en el que, sin adoptar posición ideológica ninguna, sólo nos ilustra sobre el hecho, técnicamente fundado, de que explorar, por ahora, en aguas muy profundas requiere de medios que no existen y, luego, iniciar su explotación, igualmente sin esos medios, sería una locura. Adrián se pregunta qué empresa privada (nacional o extranjera) se echaría el compromiso de llevar a cabo esas tareas haciéndose cargo de los riesgos que ello comporta.

Para nuestros derechistas mexicanos, López Obrador y la izquierda mexicana son retrógrados sólo porque defienden los principios constitucionales en los que se inscribe el deber de defender la soberanía de la nación, pero nos dicen que no quieren reformar la Constitución (sólo quieren anularla mediante leyes secundarias que violan su letra y su espíritu). Es típico de la derecha reaccionaria y pro imperialista nunca hablar de soberanía nacional. Ese no es su tema. Su tema es más bien el entreguismo sin barreras de los bienes comunes de los mexicanos a la iniciativa privada y, si ésta es extranjera y, en especial, española y franquista, cándidamente nos preguntan, “pero, ¿eso qué tiene de malo?” Una cuestión que tampoco la izquierda ha sido muy apta para rebatir.

Para esos derechistas no tiene ningún significado el que casi toda la banca privada esté en manos de extranjeros, ni les inquieta mínimamente el volumen de sus ganancias colosales con las que nos están sangrando. El grupo City Corp tiene en Banamex su única sucursal productiva en el mundo y los españoles ganan más con su banca aquí que en España. No les importa que todas las ramas importantes de nuestra economía estén en manos de compañías extranjeras. Hace tiempo nos pusieron de ejemplo a Corea del Sur. Ahora el gran ejemplo es Brasil. Deberían referirse a lo que esos países hicieron y hacen para preservar su independencia.

Es de reiterarse que la izquierda no está pidiendo, nunca lo ha pedido, que se expropie a ningún privado, aunque a algunos de ellos, como las grandes compañías de telecomunicaciones, se les podría hacer eso con la mano en la cintura si se respetaran y se aplicaran los principios constitucionales que, entre otras cosas, prohíben los monopolios. Pero, además, ¿cuándo, los derechistas nos han tratado con seriedad el problema de la pobreza? Como lo postulaban sus antecesores porfirianos, eso ya se verá después. Con el resultado de que ya no hay en su ideario una propiedad responsable de su función social, como lo marcan nuestra Carta Magna, su legislación civil y lo sostuvieron, muy firmemente, los principios de doctrina del PAN de 1939.

Frente a esta derecha depredadora, franquista y pro yanqui, sólo la izquierda se opone. Ella está haciendo conciencia en el pueblo empobrecido para que luche por su nación y contra los ladrones que la están saqueando. Habría que imaginar un México de hoy sin esa izquierda y sin su líder, tan sólo con el PAN y con el PRI en el poder. Eso es lo que éstos sueñan. Para la derecha, su máxima es el saqueo indiscriminado de todo el que se deje; para la izquierda, se trata de defender del saqueo lo que es nuestro, de enfrentar a sus enemigos (porque son eso) y poner en claro que aquí hay una fuerza que está empeñada en impedirlo.

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Arnaldo Córdova: El saqueo del agro

El capitalismo moderno, basado en el uso de mano de obra asalariada, no nació en las ciudades, aunque en éstas las actividades mercantiles y financieras fueron comunes. Adam Smith, en su monumental Investigación sobre la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones, hizo ver que los primeros capitalistas de Inglaterra fueron los arrendatarios de tierras pertenecientes a los landlords (terratenientes) y que, para trabajarlas, empleaban mano de obra asalariada. Entonces nació el concepto de renta, que Smith desarrolló y que Marx redondeó en El capital. El mismo Marx anotaría, en su manuscrito sobre las formaciones precapitalistas de producción que las grandes fábricas manufactureras tampoco nacieron en la ciudad, debido al dominio corporativo y político de los gremios, sino en las aldeas, vale decir, en el campo.

El maestro Jesús Silva Herzog (el grande) señaló en alguna ocasión que en México, como en todo el mundo, había pasado lo mismo. Y daba como ejemplos las haciendas azucareras de Morelos y henequeneras de la Península de Yucatán (se podrían agregar las pulqueras de los valles de Apan, o las guayuleras del norte medio de México y tantas otras). Antes, sólo había capitalismo usurario si es que a eso se le puede llamar capitalismo y explotación mediante esclavos. El campo es el hogar primigenio del capitalismo moderno.

Durante los años sesenta y parte de los setenta, los historiadores de la economía mexicana y la sociología latinoamericana de aquellos años pusieron énfasis en el fenómeno típico de nuestra historia: el saqueo del campo como base para la formación del capitalismo que, a raíz de ello, se volvió urbano. Cuánto crecía el capitalismo, cuánto se sacaba del agro para alimentarlo y financiarlo: esa era la fórmula. Después de aquellos años de despegue intelectual, no he sabido que los economistas se hayan vuelto a ocupar del asunto: el saqueo indiscriminado e inmisericorde del campo para hacer crecer nuestra economía capitalista.

En una ocasión, en los días en que se estaban discutiendo las cláusulas agrícolas del Tratado de Libre Comercio, le oí decir a mi amigo Rolando Cordera: “Después de cincuenta años en los que le dieron en la madre al campo, haciéndolo totalmente inviable, ahora nos van a llenar de exportadores aguacateros y hortaliceros y los demás se van a ir al demonio”. Debo decir que a Rolando no le parecía despreciable el TLCAN. Los resultados parecen estar a la vista después de quince años: ese tratado fue hecho para los exportadores de productos agrícolas que la economía norteamericana necesitaba.

A algunos derechistas les he escuchado que, en su opinión, ha sido una necedad “histórica” querer hacer de México un país cerealero, cuando su territorio no tiene vocación para ello. Les he preguntado qué piensan del maíz y me contestan tranquilamente: “ése se puede comprar en cualquier parte del mundo”. Ellos creen que los mercados internacionales siempre dan lo que se les pide y no reparan en las recurrentes fluctuaciones bruscas de precios ni que los mercados pueden cerrarse por presiones políticas y, ciertamente, nuestra soberanía alimentaria les importa un bledo. Según ellos, nosotros deberíamos producir para hacer negocio, lo demás son pamplinas o babosadas de un pasado que más nos conviene olvidar.

Unos cinco años después de que se firmó el tratado, el socarrón de Salinas de Gortari (todavía gobernaba Zedillo) dijo que él había esperado que se tomaran las medidas necesarias para transformar la economía rural de México; si no se había hecho, dijo, pues eso ya no era culpa suya. Tal vez, lo que quiso decir fue que el gobierno había sido tan tonto que no había apoyado a sus exportadores del campo, pero no dijo nada sobre lo que había que hacer con los maiceros, los frijoleros, los azucareros o los productores de leche. ¿Cómo transformarlos a ellos en exportadores a la medida de nuestra integración a Norteamérica? Si están fuera de la competencia, ¿qué otras opciones podrían tener en el resto de la economía?

Desde aquellos años creo que todos debimos haber entendido la clave del asunto: hacer de nuestra economía agrícola una economía exportadora neta y mandar al diablo a todos lo que no encajaran en el propósito. Creo que así razonaron los salinistas y ni siquiera pensaron en que millones de seres humanos iban a perecer en este intento modernizador. Ahora, ¿qué vamos a hacer con los que no pueden exportar sus productos? Pero, sobre todo, ¿qué vamos a hacer con ellos cuando necesitamos desesperadamente lo que producen para nuestro consumo, como el maíz blanco, el azúcar o la leche y no les pagamos lo que cuesta producirlos ni los subsidiamos adecuadamente?

El mismo maestro Silva Herzog dijo en aquella ocasión que el mayor saqueo que se había hecho al agro era el de su mano de obra. Esa ya no se la creí tanto, pero ahora veo que también en eso tenía razón: aunque hoy tal vez una mayoría de quienes se van a Estados Unidos son citadinos (y defeños), la verdad es que nuestros campos se han despoblado monstruosamente y corremos el riesgo de que ya no tengamos en el corto plazo quién nos alimente. ¿Ahora tendremos que comer tortillas de maíz amarillo que es sólo para animales y acabar envenenándonos? El emporio maicero del Valle de Culiacán ha sido obligado, una vez más, a vender su riquísima producción al precio que el gobierno y los acaparadores dictan.

Con las grandes movilizaciones de los productores y trabajadores del campo en contra del TLCAN en su capítulo agrícola, sólo dos cosas parecen todavía planteables: o se denuncia en esa parte el tratado, como se demanda, o se instrumenta con la mayor rapidez una política de fomento de la producción que nos alimenta y que nos debe interesar. Lo primero significaría poner en predicamento a los exportadores que han gozado de las ventajas del tratado; lo segundo parece impensable. O sea que las dos cosas son imposibles. La derecha que nos gobierna no aceptaría ninguna de ellas. Pero para nosotros la segunda resulta vital.

No sé cuánto se requeriría para refaccionar a nuestros productores no exportadores (que producen para alimentarnos), pero sospecho que no debe ser mucho. Bastaría, creo, una décima parte de los excedentes petroleros para reavivar nuestra vital economía rural productora de alimentos y ponerla a salvo de la invasión inminente de productos baratos y de mala calidad que se avecina y que, de hecho, ya está aquí. Pero a los derechistas en el gobierno eso les debe parecer una estupidez. Creo que no se han dado cuenta de la tremenda fuerza social a la que están desafiando. De cualquier forma, hay que admitir que quienes ahora se pronuncian contra el tratado lo hacen demasiado tarde. Demasiado tarde para desgracia de todos nosotros, productores y consumidores.

A mi entrañable Ruy Pérez Tamayo con afectuosa solidaridad

* La Jornada
* http://www.jornada.unam.mx/2008/02/17/index.php?section=opinion&article=022a2pol

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Arnaldo Córdova: Partidocracia

La expresión es un invento de los italianos, allá por los años ochenta del siglo pasado: partitocrazia. En mis viajes a Italia por entonces, yo preguntaba a amigos y conocidos qué era lo que entendían por eso. No hubo uno solo que me diera una definición igual a la de los demás. Recuerdo que uno de ellos planteó, al menos, tres significados: cuando los partidos gobiernan sin consultar a sus bases ni a sus electores; cuando un partido, solo o con aliados, como era el caso de la Democracia Cristiana, impide que otros participen del gobierno; cuando ya nadie, dentro o fuera del Estado democrático, los puede controlar y sus burocracias imponen sus intereses puramente pragmáticos a las demás fuerzas políticas y a la ciudadanía. Es curioso que el término haya aparecido cuando ya todos los partidos, incluidos el Partido Comunista y la Democracia Cristiana, estaban en una crisis que muy pronto se volvió irreversible y todos fueron borrados de la escena.

A mi amigo le desmonté sus pretendidas definiciones con un argumento general y tres particulares. Le hice observar que lo que ellas encerraban no eran más que descripciones genéricas y parciales de lo que hemos conocido a lo largo de la historia como régimen democrático de partidos y que no incluía otras características, por ejemplo, que los partidos son votados por ciudadanos, que cada elección es una consulta al pueblo elector que ratifica o niega su apoyo a los partidos y que, casi en todas partes, las coaliciones están permitidas. La primera argumentación particular fue que yo no conocía un solo partido en el mundo (tal vez se habrá dado algún caso que yo por ignorancia desconozca) que hiciera con regular frecuencia consultas a sus bases (a lo más que llegan es a sus congresos internos que, la mayoría de las veces, dejan mucho que desear como consultas) y, menos aún, a la ciudadanía. Robert Michels (1876-1936), alemán que vivió mucho tiempo en Italia y que fue uno de los primeros grandes teóricos en materia de partidos políticos, llegó a postular que los partidos están regidos por una ley de hierro: cada partido está férreamente controlado por una oligarquía partidista. Un partido, por naturaleza, remató, es una organización antidemocrática. En esencia, yo estoy de acuerdo con esa idea, aunque, como todas las definiciones lapidarias, no sirve para describir con exactitud la realidad política.

La segunda argumentación particular fue que a mí no me parecía que el monopolio prolongado de un partido, por sí solo o en alianza con otros, impidiera a otras grandes fuerzas, aun coaligadas, acceder al poder. Mientras una mayoría de los ciudadanos voten a favor de ese partido o de su coalición, podrá argüirse lo que se quiera, menos que se trata de un dominio antidemocrático. En 1990 un grupo de investigadores, en una obra colectiva, se refirió a los regímenes de Japón, Italia, Suecia e Israel como “democracias anómalas” (uncommon democracies), porque en ellos, siendo democráticos, se impedía que las oposiciones llegaran al poder. Se daba un monopolio del poder, en manos de un partido o de una coalición y, sin embargo, como señalara Rafael Segovia en su prólogo a la edición española del libro, eran democracias innegables. Mientras el ciudadano decida y pueda decidir libremente, no me parece que haya antidemocracia. Por eso deberíamos cuidarnos de no atribuir a la democracia virtudes que no le pertenecen.

La tercera argumentación particular fue que, de darse el caso de que ya nadie, dentro o fuera del Estado, pudiera controlar a los partidos en sus acciones arbitrarias, estábamos ante dos perspectivas: o los partidos daban un golpe de Estado y acababan con la democracia o la hipótesis era totalmente falsa y no podía presentarse de ninguna manera en la realidad. Si los partidos gobiernan a través de sus representantes en el Estado (jefes de gobierno, legisladores, por ejemplo) y son esos, sus representantes, los que ejercen el poder, no podía ser que no pudieran controlar a sus partidos, porque habrían dejado de ser representantes para convertirse en simples figuras decorativas. Si los partidos siguen recurriendo a las elecciones para instalarse en el poder del Estado, entonces la hipótesis es falsa. Mi amigo, desde luego, me dijo que no estaba de acuerdo en nada.

De las definiciones de que he tratado hay algo que concuerda con lo que ahora está de moda decir para hablar de una supuesta partidocracia en México. La idea más socorrida es que los partidos no hacen consultas a la ciudadanía (léase, grupos de interés) e imponen sus fines pragmáticos. Se argumenta, por ejemplo que, en contradicción con la Constitución que, en su artículo 35 (prerrogativas del ciudadano) dicta que todo ciudadano tiene el derecho de votar y ser votado, sin entender su naturaleza, el que sólo los partidos pueden postular a quienes pueden ser votados, se impone, a través del nuevo artículo 41, una partidocracia, que quiere decir algo así como “aquí sólo los partidos se reparten el pastel del poder y los ciudadanos se van al demonio”.

Desde que quedó claro, a lo largo del prolongado proceso de reforma política iniciado en 1977, que los ciudadanos sólo pueden ser votados a través de un partido político y se desechó la idea tan simplista de que cualquier ciudadano por su cuenta puede postularse como candidato, se les ha explicado a sus defensores que hay una hipótesis central en el asunto: si todo ciudadano tiene ese derecho, un absurdo que resulta real es que todos los ciudadanos que integran el padrón electoral se presenten como candidatos “independientes”; podrá decirse que, por absurdo, no es realista. Bien, pero, entonces, ¿hasta dónde se puede fijar la lista de candidatos “independientes” y por cuáles razones? Se dice que los candidatos independientes pueden estar respaldados por un amplio sector de la ciudadanía; pero, entonces, ¿cómo identificar como sujeto jurídico a ese sector? ¿Nada más reuniendo firmas? Hay, además, infinidad de casos de candidatos “independientes” que optan porque los presente un partido. A lo mejor no lo son, pero así se presentan.

La idea de la partidocracia, bandera de los grandes medios de difusión masiva y del Consejo Coordinador Empresarial, aparte unos cuantos más, es tan demagógica y falsa como la idea de la defensa de la libertad de expresión. No pueden entender que la política moderna sólo puede hacerse con partidos políticos y no por la libre, porque entonces no tiene ningún sentido. Creo que el que más se ha esforzado por explicar esto es un hombre sin partido desde hace muchos años, mi querido amigo Pepe Woldenberg. Pero creo que nadie le hace caso. Ya no volveré a pedir a los empresarios que digan a sus abogados que los aconsejen mejor. Después del “oso” impresionante que hicieron los abogados del CCE, al promover un amparo en contra de reformas a la Constitución, ya no me quedan ganas. Los empresarios tienen casi todo el dinero del país y piensan que pueden comprar el poder; ahora los partidos sabrán si se comportan como tales o doblan las manos ante los poderosos y se dejan asustar por el petate del muerto de esa estúpida patraña que se ha dado en llamar partidocracia

* http://www.jornada.unam.mx/2007/12/16/index.php?section=opinion&article=015a1pol

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