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Alejandro Teitelbaum: Abrumador rechazo popular a la Europa del gran capital

En las elecciones para el Parlamento Europeo del 7 de junio se ha registrado la tasa de abstención más elevada desde 1979. Desde esa fecha, en que la abstención fue del 40%, ésta no ha cesado de aumentar hasta alcanzar el 7 de junio casi el 60% como media europea. Desde el 80% en Eslovaquia y el 73% en Polonia y en Rumania hasta una baja tasa de abstención en los países donde el voto es obligatorio, pasando por el 60% en Francia y el 58% en Alemania.

La clase política europea pretende ignorar este claro mensaje de los pueblos que no quieren una Unión Europea tal como existe actualmente.

Ha sido, sin duda alguna, un claro rechazo a la Europa ultraliberal al servicio del gran capital, encarnada en las instituciones y en la práctica de la Unión Europea.

I. Las instituciones de la Unión Europea

Las tres instituciones principales de la Unión Europea son el Consejo de la Unión Europea, la Comisión y el Parlamento. Los miembros de este último son elegidos por el voto directo de los ciudadanos de los Estados Miembros.

1.El Consejo de la Unión Europea (antes Consejo de Ministros) está constituído por los primeros ministros o Jefes de Gobierno de los Estados Miembros de la Unión Europea. Sólo en algunas ocasiones participan en las reuniones los primeros ministros o jefes de Gobierno, pues a sus reuniones periódicas asiste el ministro correspondiente de cada uno de los gobiernos según sea el tema a tratar (en temas de agricultura, asistirán los ministros de agricultura, etc).

El Consejo toma sus decisiones, según establezcan los Tratados, por unanimidad, por mayoría cualificada : se asigna a cada Estado miembro un número de votos (voto ponderado), que es la forma en la que se toman las decisiones más importantes, y por mayoría simple para las decisiones de procedimiento.

2. El Parlamento, elegido por el voto directo de los ciudadanos, no tiene sin embargo el poder de iniciativa en materia legislativa, que corresponde en lo esencial a la Comisión Europea.

3. La Comisión Europea es algo así como el Poder ejecutivo de la Unión Europea, aunque también con amplias facultades legislativas (directrices, reglamentos y decisiones) espacio en el que tiene la iniciativa en las cuestiones fundamentales.

El Consejo de la Unión Europea designa, por mayoría calificada, al Presidente de la Comisión Europea y dicha designación se somete a la aprobación del Parlamento Europeo. El Presidente designado de la Comisión nombra, en consulta con el Consejo de Ministros , a los 27 Comisarios que componen la Comisión (uno por cada Estado Miembro). El conjunto de los miembros de la Comisión recibe la aprobación del Parlamento por mayoría simple, tras una serie de comparecencias de cada comisario ante las diferentes comisiones parlamentarias competentes. Al final de este proceso el Consejo de Ministros nombra a la Comisión en su conjunto, por mayoría calificada.

La función principal de la Comisión consiste en proponer y poner en práctica las políticas de la Unión Europea, vigilar la aplicación de los tratados europeos y tiene el quasi monopolio del derecho de iniciativa en el llamado « primer pilar » de la Unión Europea, que son sobre todo los temas económicos básicos, lo que le permite pesar en las decisiones del Parlamento y del Consejo de Ministros. Incluso el artículo 250 del Tratado Constitutivo de la Unión Europea requiere un voto unánime para que el Consejo de Ministros modifique una propuesta de la Comisión.

Pero, como pequeña compensación, el Parlamento y el Consejo de Ministros pueden pedir a la Comisión que adopte normas en alguna materia.

En los llamados segundo y tercer pilar la Comisión comparte el derecho de iniciativa con el Consejo de Ministros.

Existe el procedimiento de codecisión (Comisión, Consejo y Parlamento) pero en los hechos quien orienta la política de la Unión Europea es la Comisión, por razones institucionales y también porque las tendencias neoliberales y privatizadoras son compartidas por los Gobiernos conservadores, socialistas y de coalición conservadores-socialistas de los países de la Unión Europea, que entre ambos tienen el control total de las instituciones europeas.

Prueba de ello es que desde que se introdujo el procedimiento de codecisión en 1995, el Parlamento rechazó hasta 2004 dos proyectos sobre 420. Los 418 restantes se aprobaron en primera o en segunda lectura o después de un procedimiento de conciliación.

Así es como la política de la Unión Europea es consecuentemente ultraliberal y al servicio del gran capital y su ejecutante es la Comisión Europea.

El Proyecto de Tratado Constitucional europeo, destinado a dar jerarquía constitucional a la política neoliberal dominante en Europa, fue preparado por una asamblea de personas cooptadas y el texto definitivo del proyecto fue aprobado por los jefes de Estado y de Gobierno. No hubo participación de los ciudadanos, salvo en los países donde se decidió someter el texto a referendo, para su rechazo o aprobación. Para su entrada en vigor el proyecto requería la aprobación unánime de los Estados miembros. Pero en los referendos celebrados en Francia y Holanda fue rechazado por la mayoría de los votantes, de modo que el proyecto quedó archivado.

El Proyecto no proporcionaba respuesta alguna a los problemas sociales que se plantean actualmente en Europa : al amparo de la « libre circulación de mercancías, servicios, industrias, personas y capitales » la formación de enclaves industriales modernos en los países pobres del Este de Europa con salarios entre 5 y 10 veces inferiores a los de los países ricos del Oeste, la persistencia de una alta tasa de desocupación en esos mismos países y, como contrapartida, la caída de los salarios, el deterioro de los derechos laborales y el aumento de la jornada de trabajo y de la desocupación en los países más desarrollados del continente europeo.

Si hubiera entrado en vigor, para su ulterior reforma hubiera necesitado el acuerdo unánime de todos los Estados miembros, de modo que su enfoque neoliberal y antisocial hubiera resultado prácticamente inmodificable.

Después del rechazo del proyecto de Constitución Europea se elaboró un nuevo texto que firmaron los Gobiernos europeos en Lisboa el 13 de diciembre de 2007.

Para evitar los tropiezos sufridos por el Proyecto de Constitución en los países donde hubo referendos, esta vez todos los Gobiernos evitaron la consulta popular y el Tratado de Lisboa fue aprobado en todos los países por vía parlamentaria, salvo en Irlanda donde se sometió a referendo (porque asi lo dispone la Constitución) y fue rechazado.

La entrada en vigor del Tratado (que requiere la aprobación unánime de los Estados Miembros) estaba prevista para el primero de enero de 2009, pero debió postergarse a causa del rechazo de Irlanda, que, en principio, convocará a un nuevo referendo, previsto para el segundo semestre de 2009.

Salvo algunos cambios institucionales positivos (aumento de algunas prerrogativas, más bien formales, del Parlamento Europeo, resguardo en algunos aspectos de las facultades soberanas de los Estados nacionales), el Tratado de Lisboa no modifica la orientación prevaleciente de la normatividad europea vigente (Tratado instituyendo la Comunidad Europea, Roma 1957 y Tratado de la Unión Europea, Maastrich, 1993) y de la práctica de las instituciones europeas, poco democráticas y al servicio del gran capital.

II. La Unión Europea en la práctica.

1. Privatización de los servicios públicos.

Con sus directivas, la Comisión Europea, que trabaja en equipo con la Mesa Redonda de los Industriales Europeos – ERT (las transnacionales Volvo, Olivetti, Siemens, Unilever y otras), ha impulsado la privatización de las industrias más dinámicas y rentables, como las telecomunicaciones y las comunicaciones electrónicas y de numerosos servicios públicos, como el gas, la electricidad y el correo (privatizaciones ratificadas por el Parlamento Europeo).

La ideología subyacente de estas políticas está explicada en un documento de la Comisión Europea: “la participación activa de las industrias de servicios en las negociaciones es crucial para permitirnos alinear nuestros objetivos de negociación con las prioridades de las empresas. El AGCS (Acuerdo general sobre el comercio de servicios -OMC) no es solamente un acuerdo entre gobiernos. Es ante todo un instrumento en beneficio del mundo de los negocios”.

Con esta concepción se han privatizado la mayor parte de los servicios de provisión de agua potable y de saneamiento y están en la línea de mira la salud y la educación.

Más allá del círculo relativamente estrecho de la Mesa Redonda de los Industriales Europeos, las grandes empresas transnacionales europeas, agrupadas en la UNICE -Unión de las Confederaciones Industriales y de Empleadores de Europa- controlan estrechamente a la Comisión europea y los 39 miembros de la organización patronal mantienen representaciones permanentes en Bruselas y un verdadero ejército de « lobbystas » para influir sobre las decisiones de la Comisión. Veamos qué dice la UNICE de sí misma :

La UNICE es la voz del mundo de los negocios ante las instituciones de la Unión Europea. Sus 39 miembros son las organizaciones industriales multisectoriales y las organizaciones de empleadores de 31 países europeos y representa más de 16 millones de empresas, sobre todo pequeñas y medianas. La UNICE es también un interlocutor en el diálogo social europeo a nivel de la Unión Europea. La tarea principal de la UNICE es informar e influenciar los procesos de decisión en la Unión Europea, a fin de que las políticas y las propuestas legislativas con un efecto sobre la actividad económica en Europa tengan en cuenta las necesidades de las empresas. La primera prioridad de la UNICE es promover la competencia en el medio económico y la inversión a escala europea , el único camino para alcanzar un desarrollo más elevado y un empleo duradero. El mundo de los negocios necesita una Comisión eficaz. (http://www.unice.org/ Le porte-parole des entreprises en Europe).

2. Otros aspectos de la práctica de la Unión Europea.

a) Industria de armamentos.

En 2004 la Comisión Europea publicó un “Libro verde” titulado “Los contratos públicos de la defensa”en la perspectiva de abrir a la “libre competencia” la compra de material militar.

El 7 de diciembre de 2006 la Comisión emitió nuevas directrices tendientes a limitar las excepciones a la «libre competencia» en materia de contratos con la industria militar, con el propósito proclamado de continuar «liberalizando » dicho sector.

Esta presión a favor de la liberalización del sector vendría de los mismos industriales del armamento.

¿Quiénes son estos industriales del armamento?El diario Le Monde del 14 de julio de 2005 (Les fonds américains irriguent l’industrie de défense européenne) informaba que poderosos fondos de inversión americanos, Blackstone, KKR, One Equity Partner entre otros, están tomando el control de sectores de la industria europea vinculadas a la defensa: QinetiQ, Bofors Weapons, Gemplus…

b) Pluralismo en los medios de comunicación.

Como respuesta a la preocupación expresada en diversas ocasiones por miembros del Parlamento Europeo y por algunas ONG de que la concentración en la propiedad de medios de comunicación en algunos países de la UE da lugar a un “enorme poder de creación de opinión pública” y excluye los puntos de vista alternativos, la Comisión Europea, en un informe de enero de 2007, sostuvo que la tendencia a la concentración en la propiedad de los medios de comunicación y la entrada de grandes grupos internacionales en el mercado comunitario no implica necesariamente una reducción en el pluralismo informativo.

Agregaba la Comisión que el hecho de que propietarios extranjeros tengan un papel importante en algunos mercados no supone necesariamente “una amenaza al pluralismo de los medios”.

c) OGM.

La Comisión Europea puso fin a la moratoria resuelta en 1998 para todos los OGM y comenzó a autorizar algunos transgénicos. Así, en mayo de 2004 autorizó la importación del maíz dulce OGM Bt 11 destinado a la alimentación humana, a pesar de la oposición de la mayoría de los Estados europeos y desde setiembre de 2004 la misma Comisión agregó 31 variedades de maíz transgénico Monsanto MON810 al catálogo común de semillas de la Unión Europea.

Un documento de Amigos de la Tierra y Greenpeace cita informes científicos que mantuvo secretos la Comisión Europea, para demostrar que ésta, mientras por un lado se apoya en dichos informes para invocar las incertidumbres existentes sobre las consecuencias de los OGM para el medio ambiente y la salud en el litigio comercial que opone Argentina, Canadá y Estados Unidos a la Unión Europea en la Organización Mundial de Comercio, por otro lado, para autorizar la introducción de transgénicos en Europa, adopta la posición contraria y se basa en los informes y evaluaciones favorables a los OGM de la transnacional Monsanto. El documento de las dos organizaciones concluye que “la Comisión Europea más bien favorece los intereses de las industrias biotecnológicas que la protección del medio ambiente y de la salud humana”.

d) Biocarburantes.

Pese a los reconocidas consecuencias nefastas de la producción de biocarburantes sobre el precio de los alimentos y sus efectos prácticamente nulos contra la contaminación ambiental, la Comisión, el Consejo de Ministros y el Parlamento europeos han aprobado resoluciones relativas al fomento del uso de biocarburantes.

Excepcionalmente se levantan voces entre los diputados de los grupos mayoritarios (Partidos socialistas y conservadores) para tratar de modificar algún aspecto de las políticas de la Unión Europea. Por ejemplo algunos diputados están pidiendo una revisión en la política de promoción de los biocarburantes.

En abril de este año, el Parlamento Europeo logró rechazar definitivamente la directiva del Consejo de Ministros de la Unión Europea de junio de 2008 que mantenía la jornada laboral de 48 horas, pero autorizaba a que en virtud de acuerdos individuales entre empresarios y trabajadores, se pudiera aumentar la jornada laboral hasta 60 horas semanales, calculadas como media durante un periodo de 3 meses, e incluso hasta 65 horas en el caso de guardias médicas. Según esa directiva , se podrían incluso superar las 60 y las 65 horas semanales de trabajo en el caso de un acuerdo entre los interlocutores sociales o si así lo establece el convenio colectivo. No sería sorprendente que la Comisión y/o el Consejo reintroduzcan bajo otra forma esta directiva para autorizar el aumento de la jornada laboral en Europa.

e) Políticas neocolonialistas en Europa del Este, en Africa y en América Latina.

En un estudio de la Oficina Internacional del Trabajo de febrero de 2007 se sostiene que la flexibilidad laboral en los nuevos países miembros de la Unión Europea es extrema en ciertos casos, aumentando el costo social de su adhesión.

Alli se dice:

A casi un año de su ingreso a la UE, la evaluación de las condiciones de trabajo en los diez nuevos socios comunitarios muestra que éstas han sufrido un retroceso bajo la presión por ganar competitividad.

Entre las formas de flexibilidad laboral más frecuentes en esos países están los contratos temporales, el aumento del tiempo de trabajo y el recurso a contratos múltiples con el mismo empleado, uno para regular su trabajo habitual, otro que se aplica a sus horas suplementarias, entre otros casos.

Los resultados que se registran a un año de la ampliación de la UE – que se concretó el 1º de mayo de 2004 – indican que los antiguos miembros de la Unión Europea “han sido los que más se han beneficiado” con la entrada de los diez nuevos socios.

El editor del estudio, Daniel Vaughan-Whitehad, declaró: “Han ganado las empresas multinacionales, la mayoría de ellas francesas y alemanas, que se han instalado en varios países de Europa del Este” y que pueden mover sus capitales con mayor facilidad

La Unión Europea ha negociado una serie de acuerdos regionales de asociación económica, llamados EPA por sus siglas en inglés, con países pobres. Entre ellos los convenios de preferencias comerciales recíprocas en el marco del llamado Pacto de Cotonu, entre la UE y el grupo de 77 países que fueron enclaves coloniales europeos en África, el Caribe y el Pacífico (ACP). La UE, en sus propuestas de acuerdos comerciales, exige a los países del Sur que abran sus mercados a las empresas europeas, amenazando así empleos, industrias y servicios públicos en las naciones más pobres.

En cuanto a América Latina y el Caribe, la Declaración Final de la Cumbre social de los pueblos, Enlazando Alternativas realizada en Lima del 13 al 16 de mayo de 2008, decía entre otras cosas:

…rechazamos el proyecto de Acuerdos de Asociación propuesto por la Unión Europea y avalado por diversos gobiernos latinoamericanos y caribeños que solo buscan profundizar y perpetuar el actual sistema de dominación que tanto daño a hecho a nuestros pueblos. La estrategia de la Unión Europea “Europa Global : Competir en el mundo”, supone la profundización de las políticas de competitividad y crecimiento económico que buscan implementar la agenda de sus transnacionales y profundizar las políticas neoliberales, incompatibles con el discurso sobre el cambio climático, la reducción de la pobreza y la cohesión social. A pesar de que se pretende velar su naturaleza incorporando temas de cooperación y diálogo político, la esencia de la propuesta es abrir los mercados de capitales, bienes y servicios, proteger la inversión extranjera y reducir la capacidad del Estado de promover el desarrollo económico y social”.

En conclusión, la Unión Europea es profundamente antisocial (con 20 millones de desocupados y donde las desigualdades no cesan de profundizarse), atlantista y belicista (participación en la guerra del Golfo y en las agresiones contra Yugoslavia, Irak y Afganistán) a las antípodas de lo que tendría que ser: una potencia independiente y pacífica en el concierto mundial, democrática y social y dispuesta a establecer relaciones mutuamente ventajosas y en un pie de igualdad con otras regiones y países.

No es de extrañar entonces que la abstención haya sido ampliamente mayoritaria en todos los países europeos en las elecciones del 7 de junio.

Los pueblos europeos tienen conciencia de que la Unión Europea no representa sus intereses y que los Gobiernos que la integran (de derecha y socialistas) evitan cuidadosamente una verdadera democratización de sus instituciones y un giro hacia políticas sociales. Aunque tratan de reconquistar a la opinión pública con algunas reformas gatopardistas luego de cada rechazo popular en las urnas, cada vez más contundentes.

Las elecciones del 7 de junio fueron una tentativa de legitimar a través del sufragio popular esas orientaciones reaccionarias. Los Partidos Socialistas europeos entraron en el juego (puesto que participan en él compartiendo las instituciones europeas con la derecha mayoritaria). Entre ellos ni siquiera se pusieron de acuerdo para tratar de sacar al ultraliberal Barroso de la Presidencia de la Comisión Europea, cuya continuación en el cargo apoyan los “socialistas” Rodríguez Zapatero de España, Gordon Brown de Gran Bretaña y José Sócrates de Portugal.

Pero lamentablemente también entraron en el juego partidos de izquierda que se proclaman anticapitalistas. Sólo algunos grupos independientes denunciaron la trampa y llamaron a la abstención.

Una vez más los pueblos europeos, mayoritariamente y contra la partidocracia de todos los colores, le negaron legitimidad a la Unión Europea y a sus políticas ultraliberales.

Los representantes de los partidos más votados han hablado con todo cinismo de “victoria” porque han obtenido, por ejemplo en Francia el partido de Sarkozy, el 28% de los votos, es decir el apoyo del 11,2% de los electores potenciales.

Y los ciudadanos que han concurrido a las urnas han preferido mayoritariamente, en materia de política neoliberal, el original, encarnado por los partidos conservadores, que la copia, representada por los partidos socialistas en plena descomposición. Como ha sido el caso en Alemania, Francia, Gran Bretaña y España.

En ese contexto, la izquierda ha obtenido resultados insignificantes, a causa de su incapacidad de ofrecer una verdadera alternativa socialista al capitalismo en crisis profunda.

En Europa hay una verdadera crisis de legitimidad y de representatividad políticas, que dada la disgregación de la socialdemocracia y el fracaso de la izquierda, deja la puerta abierta a giros hacia una mayor derechización y al autoritarismo, como está ocurriendo con el sarkozismo en Francia y también en Italia, donde los fascistas forman parte del partido de Berlusconi en el Gobierno.

O a la instalación de regímenes de extrema derecha, hipótesis que no se puede descartar a la vista de los buenos resultados de los partidos de esa ideología en algunos países como Holanda y Austria., aunque en el marco de una alta tasa de abstención, del orden del 65%.

Fuente: ARGENPRESS

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Alejandro Teitelbaum: La regla de oro del sistema: Privatizar las ganancias y socializar las pérdidas y las deudas

El rasgo principal del sistema capitalista consiste en la apropiación privada de los frutos del trabajo social, es decir la expropiación por los capitalistas de los valores creados por los trabajadores manuales e intelectuales.

Estos valores se crean en el proceso de producción de bienes y servicios (industria, agricultura, investigación científica, educación, atención médica, transporte, agua corriente, electricidad, salubridad, etc.). Deducido el precio de la fuerza de trabajo, el valor restante es el plusvalor o plusvalía, medida económica de la explotación de la fuerza de trabajo, que se intensifica cada vez más a escala mundial y es la base fundamental de la acumulación capitalista.
Pero, sobre todo en los últimos decenios, esa expropiación de valores se produce también fuera del proceso productivo y de la prestación de servicios, principalmente a través del capital financiero especulativo, lo que permite a una ínfima minoría apropiarse en forma parasitaria del fruto de trabajo y de los ahorros de los pueblos de todo el mundo, al margen de la economía real. Este proceso tiene frecuentemente una vertiente francamente delictiva, donde la corrupción ocupa un lugar muy importante.
Por ejemplo en Estados Unidos, el gigante transnacional de la energía Enron se declaró en quiebra reconociendo una deuda de 40 mil millones de dólares y dejó en la calle a su personal (12000 personas), al que, por añadidura, despojó del capital previsional de su jubilación, invertido en acciones de la propia empresa. En otras quiebras de grandes bancos o grupos financieros transnacionales, miles de pequeños ahorristas han visto evaporarse el fruto de muchos años de esfuerzos e incluso de privaciones.
Después de Enron se sucedieron otros casos similares como el de WorldCom y resultaron implicados los dos más grandes bancos estadounidenses: Citygroup y JP Morgan Chase.
El caso más reciente con proyección mundial es el de la crisis de los préstamos hipotecarios a alto riesgo (subprimes) con tasa de interés variable, que ha dejado sin liquidez a muchos Bancos privados lo que ha conducido a los Bancos Centrales a inyectar en el mercado financiero decenas o centenares de miles de millones de dólares.
Esta crisis dejó en la calle a decenas de miles de modestos deudores hipotecarios proprietarios de viviendas en Estados Unidos. Por eso el Gobierno de ese país ha decidido invertir 200.000 millones de dólares de los contribuyentes para salvar…al capital financiero concentrado en Fannie Mae y Freddie Mac. Y las principales bolsas mundiales saltan de alegría.
Esta es una característica común de los Gobiernos actuales, aun los más opuestos al intervencionismo estatal en la economía: socorrer con los dineros del pueblo al gran capital en dificultades. O dicho más precisamente, tapar los agujeros dejados por el capital privado como resultado de sus fechorías.
En Argentina los grandes grupos financieros nacionales e internacionales con la complicidad de los Bancos y de los sucesivos gobiernos y con la bendición y participación del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, han despojado al país mediante políticas desenfrenadas de privatización de los bienes y servicios públicos y de los recursos naturales, de endeudamiento externo e interno real o ficticio, de estatización de deudas privadas, etc.
La deuda externa
El caso de la deuda externa es ejemplar, pues ha consistido y consiste en privatizar los beneficios y socializar las pérdidas.
En 1982 la dictadura militar y su Ministro de Economía Cavallo estatizaron la deuda privada de cientos de empresas por un monto de unos 14000 millones de dólares.
Se hizo mediante un “seguro de cambio” que consistía en asegurarle al deudor el valor del dólar al momento del pago de la deuda. Por ejemplo si debía 10.000 dólares a un valor de 10 pesos por dólar, llegado el momento de abonarla, el deudor solo pagaba los 10.000 dólares a 10 pesos el dólar. La diferencia en caso de un aumento del dólar la absorbía el Estado, el pueblo. Es decir se transfirió la deuda privada a la sociedad argentina.
Gran parte de la deuda estatizada eran “auto-préstamos”es decir préstamos que se hacía la misma empresa con dinero que tenia ahorrado en bancos exteriores. El banco emisor del crédito era el testaferro de la empresa y el cómplice de esta estafa. Muchas empresas fueron descubiertas como FATE, SADE, algunas del grupo TECHINT, BGH, SIDECO.
A mediados del año 2000 el juez Jorge Ballestero dictó sentencia en la causa “Alejandro Olmos s/denuncia” iniciada en 1982, estableciendo la responsabilidad de los funcionarios de la dictadura que contrajeron la deuda y la corresponsabilidad de los organismos internacionales como el FMI, que aprobaron prestamos ilícitos y fraudulentos. Como la acción penal había prescripto, el juez Ballestero remitió el fallo al Congreso, para que tomase la intervención que la Constitución Nacional le confiere en el manejo de la deuda externa (art. 75). La mayoría parlamentaria nunca se ocupó del tema.
La reciente decisión del Gobierno de pagar 6700 millones al Club de París, cuando habría que hacer una auditoría previa para averiguar qué parte de la deuda es legítima, cuánto se debe, si se debe algo, es otro caso de socialización de las deudas, porque se pagará con los dineros del pueblo, depositados en el Banco Central.
Como el hambre viene comiendo, el Club de Paris quiere más y dice que el monto de la deuda es de 7900 millones.
Y la ronda infernal de pagos y nuevos endeudamientos no tiene miras de acabar.
El caso de Aerolíneas Argentinas repite esa constante que consiste en privatizar las ganancias y socializar las perdidas
El Gobierno de Menen vendió Aerolíneas Argentinas en 1990 libre de deudas y cuando daba ganancias a la empresa entonces estatal española Iberia, que estaba prácticamente en bancarrota y a la que el gobierno español se disponía a privatizar previa capitalización mediante la adquisición por monedas de patrimonios sanos como era entonces AA.
Las aeronaves y la mayoría de las propiedades de Aerolíneas (tanto las oficinas centrales como oficinas en París, Nueva York, Los Angeles, Roma y Francfort) fueron liquidadas; varios aviones fueron vendidos o hipotecados, algunos activos fueron dados en préstamo, se perdieron varias rutas internacionales y los tres simuladores de vuelos para la instrucción de los pilotos fueron vendidos. La empresa contrajo una deuda enorme y dejó de dar ganancias. Los problemas internos de Iberia y de sus filiales la llevaron a la bancarrota en 1994, momento en el que el accionariado de Aerolíneas pasó a la Sociedad Española de Participaciones Industriales, ente público de participaciones industriales del Estado español.
En junio de 2001 se suspendieron los vuelos a siete destinos internacionales y la aerolínea entró en convocatoria de acreedores. En octubre del mismo año, el control de Aerolíneas Argentinas y Austral fue cedido a Air Comet, un consorcio formado por las aerolíneas privadas españolas Spanair y Air Comet junto con el operador de turismo Viajes Marsans, que adquirió el 92,1% de las acciones.
Y ahora que queda muy poco de AA (salvo deudas) el Gobierno de Cristina Kirchner la reestatiza.
El Gobierno de CFK quiere cerrar a cualquier costo financiero y en exclusivo beneficio de Marsans, una gestión calamitosa y delictiva (vaciamiento de la empresa) por parte del empresario español. Gestión calamitosa y delictiva que contó con la complicidad del Gobierno de Kirchner.
Por eso Jaime firmó el acuerdo con Marsans, con la aprobación de la Casa Rosada, acuerdo que sigue existiendo porque hasta ahora nadie lo declaró nulo, ni siquiera la ley de “rescate” de Aerolíneas que acaba de sancionar el Congreso.
En lugar de celebrar ese acuerdo en la Casa Rosada con toda la comparsa, el Gobierno debería haberse apresurado a desconocerlo declarando que Jaime había ultrapasado las instrucciones recibidas. Y dejar inmediatamente cesante a este último.
Evidentemente esto no podía ocurrir porque Jaime no actuó por su cuenta pues forma parte, junto con los K, De Vido y algunos otros, del círculo estrecho de la camarilla gobernante.
Las consecuencias de este actitud del Gobierno y de los parlamentarios frente al acuerdo firmado por Jaime son nefastas para el interés nacional, porque el Grupo Marsans puede invocarlo para recurrir al CIADI (tribunal arbitral del Banco Mundial) fundándose en el artículo 10 del Tratado de Promoción y Promoción de Inversiones celebrado entre Argentina y España octubre de 1991.
Dicho artículo 10, si bien establece la competencia de los tribunales del Estado donde se realizó la inversión en caso de controversia entre las partes, autoriza a la parte insatisfecha con el fallo del tribunal nacional a recurrir al tribunal arbitral. Lo que deja la vía libre a Marsans para reclamar indemnizaciones millonarias ante el CIADI.
Durante los años 90 Menen firmó casi 60 Tratados Bilaterales de Promoción y Protección de Inversiones y en setiembre de 1991 adhirió al CIADI (ratificación parlamentaria en julio de 1994, ley 24353) lo que le ha quitado al Estado argentino el poder de decisión en materia de políticas económicas.
Y desde entonces ni los Gobiernos Kirchner ni el Parlamento han hecho nada para romper esas ataduras, pudiendo hacerlo mediante la denuncia, evitando la tácita reconducción, etc.
Por ejemplo en el Congreso duerme el Expte. 1598-D-07. “Eduardo Macaluse.
Declaración de nulidad absoluta de toda prórroga de jurisdicción argentina y de la Ley 24353, de convenio sobre arreglo de diferencias relativas a inversiones entre Estados y nacionales de otros Estados”.
Por cierto que la derecha, ferviente partidaria de las privatizaciones, está en contra de la reestatización de AA, como ahora está a favor del pago de la deuda a los miembros del Club de Paris.
Los escribas del Gobierno, no sin cierta habilidad para hacer pasar su mensaje, despotrican contra la política aerocomercial que ha llevado a la actual situación catastrófica en la materia y sostienen que la solución (la menos mala dicen algunos de ellos) es reestatizar AA. Pero se saltean cuidadosamente el tema crucial de quién se hace cargo de los pasivos y si se le paga algo a Marsans o no. Cuando la actuación del Gobierno en este asunto conduzca a un nuevo despojo (la reprivatización total o parcial de AA, como prevé la ley aprobada por el Congreso, una vez pagadas las deudas) dirán también que la “solución” es “la menos mala”. Según los mismos escribas, pagar al Club de Paris también es una buena medida.
La mayoría de la burocracia sindical –vieja tradición argentina que se remonta a los años 50- se pone la escarapela y repite el discurso oficial. Habría que preguntarles qué hicieron y dijeron cuando se privatizó Aerolíneas y mientras Marsans dejaba a la empresa “en pelotas”.
Buena parte de la gente de “izquierda” sustituye la reflexión destinada a proponer una alternativa apropiada a la política del Gobierno por frases como : la reestatización de Aerolíneas “es un paso en la recuperación del patrimonio nacional”, dicen. Y “hay que mantener la línea de bandera”, afirman. Y no pocos de ellos también “se olvidan” del tema de los pasivos y si hay que pagar o no a Marsans.
Dan una respuesta “virtual” o simbólica a un problema real que pone en juego los intereses nacionales y del pueblo trabajador.
Sin tener para nada en cuenta la realidad de los hechos y su contexto.
El contexto: Más de cincuenta años de expoliación
El contexto es una política gubernamental de entrega del patrimonio nacional y contraria a los intereses de los trabajadores (ambos aspectos siempre van juntos) que, con breves y tímidas pausas, se remonta a principios de los años 50 (segundo peronismo de Perón), siguió con las diferentes dictaduras militares, el frondizismo, el alfonsinismo, el peronismo de Menen y el peronismo de los Kirchner.
El giro hacia esta política que sigue hasta hoy podría situarse a principios de los años 50 con la misión Cereijo a los Estados Unidos, el contrato petrolero con la California, filial de la Standard Oil y la cuenta regresiva iniciada entonces en la participación de los trabajadores en el ingreso nacional, que llegó al 53 por ciento en los años 49-50 y que en 2007 fue del 28%. Menos que en 2001 (31%) pese a que la ocupación y el salario real aumentaron entre 2001 y 2007.
Lo que en otros términos quiere decir que la tasa de explotación de los trabajadores está aumentando desde 1950, incluso está aumentando desde que asumió Kirchner hasta ahora.
La realidad de los hechos
La realidad de los hechos en cuanto a AA es que a esta altura casi no es un patrimonio, ni nacional ni extranjero. Es prácticamente una cáscara vacía, casi sin aviones y con algunas rutas autorizadas. Y muchas deudas, que ni siquiera se sabe a cuanto ascienden. Así que reestatizando AA prácticamente lo único que se reestatizan son deudas. Salvo que se encuentre una manera de recuperar la empresa libre de pasivo.
Porque lo que tiene que estar absolutamente claro es que no hay que pagar ni un centavo por AA al grupo Marsans ni reconocer ninguna de sus deudas.
No hay que repetir lo que Cavallo hizo con la deuda externa de las grandes empresas, hipotecando un poco más el fundamento del auténtico patrimonio nacional, que es la riqueza creada por los que trabajan.
El tema de la línea de bandera merece reflexión.
Algunos Estados tienen línea de bandera (línea monopolizada por el Estado o con participación estatal) por razones políticas y económicas y aún simbólicas (en algunos casos esa denominación tiene poco contenido real).
Parece obvio que conviene que el Estado monopolice o por lo menos tenga el poder de decisión en las líneas de cabotaje, sobre todo si tiene una política nacional de desarrollo armónico del transporte aéreo, ferroviario, vial y por agua.
En Argentina esa política por ahora no existe y en materia de cabotaje Kirchner le dio a LAN Chile las rutas internas más rentables. Y el resto de la política de vuelos de cabotaje no ha podido ser más catastrófica.
En cuanto a tener una línea de bandera para las rutas internacionales, la tendencia general es a la desaparición o a la privatización parcial de las líneas de bandera, como consecuencia de los altos costos de explotación, la fuerte competencia y un acentuado proceso de concentración del transporte aéreo civil (son contínuas las fusiones y adquisiciones de grandes empresas internacionales de transporte aéreo). Y al proceso de concentración y privatización se suman los despidos de personal y la superexplotación del personal restante para disminuir los costos.
Varig, que figura como línea de bandera de Brasil, fue una empresa muy fuerte hasta que estuvo al borde de la quiebra y fue comprada en 2007 por la empresa privada Gol. Alitalia está en cesación de pagos y busca compradores entre los inversores italianos y empresas aerocomerciales extranjeras. Air France y KLM de Holanda tuvieron que fusionarse para sobrevivir e Iberia busca ahora la fusión con British Airways.
Pese a que Venezuela y Bolivia tratan de poner en funciones líneas de bandera, el contexto internacional no parece ahora económicamente muy viable para salir a competir en solitario con una línea de bandera en el transporte áereo internacional, sobre todo partiendo prácticamente de cero.
Algunas opciones razonables podrían ser una alianza o asociación de líneas de bandera latinoamericanas o una asociación o alianza de una línea de capital estatal argentino (pero sin cargar con las deudas de AA) con grandes empresas como Air France-KLM, Lufthansa y/o alguna gran aerolínea árabe o asiática.
Pero lo importante es lo que falta, en esto como en todo lo demás: una política global y coherente en defensa del interés nacional, entendido éste como el que responde a las necesidades y legítimas aspiraciones populares en materia de bienestar, alimentación, salud, vivienda, salubridad, transporte, educación, cultura, libertad y seguridad.
No se puede esperar nada de esto de la camarilla gobernante, pues sus tres objetivos centrales son: 1) preservar un sistema político, económico y social agotado y en crisis, como lo viene haciendo desde que llenó el vacío político que generaron los acontecimientos de 2001, 2) favorecer la concentración del gran capital, viejo y nuevo, en el campo (fiesta sojera), en la industria y en los servicios y 3) enriquecerse ellos y sus amigos con participaciones abiertas o encubiertas.
Esta es una mala copia de la situación en Francia entre 1848 y 1851 descripta por Marx en su “18 Brumario de Luis Bonaparte”:
“No es suficiente decir, como lo hacen los franceses, que su nación ha sido sorprendida… Falta explicar cómo una nación de 36 millones de habitantes ha podido ser sorprendida por tres capitanes de industria…”… “El 2 de diciembre la revolución de febrero fue escamoteada por el juego de manos de un tramposo…”.
Por cierto que cuando Marx escribía “tres capitanes de industria” no pensaba en Kirchner, De Vido y Jaime y escribiendo “tramposo” tampoco tenía en la mente a Kirchner.
Argenpress

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