Gabriela Rodríguez: Juegos perversos

Uno nunca es lo suficientemente ingenuo para perder el asombro ante la perversión de las estrategias políticas, en especial las de la derecha en los poderes federales. Se trata de acciones que no sólo se multiplican, sino que se refinan y adquieren grados de sofisticación alarmantes.

Y no me refiero al tema de la privatización energética o la dependencia alimentaria, que son factores estructurales y más que vigentes para debilitar nuestros derechos económicos, sino a la política de población y de formación ciudadana en la escuela. Se trata de una agenda para debilitar los derechos democráticos y el poder de decisión de las y los ciudadanos, que viene incorporándose silenciosamente en México (importada del país del norte) para complementar y funcionalizar la política social a intereses macroeconómicos

Hoy podemos registrar un conjunto de contradicciones que evidencian una política encubierta y de facto que tiene tentáculos en las diferentes esferas de poder: la del Ejecutivo, del Judicial y del Legislativo.

Los hechos:

1. Se mantiene el lenguaje democrático en planes y programas nacionales mientras se financian actividades que contradicen el enfoque y las acciones concretas en los ámbitos operativos. Tal es el caso de la formación ciudadana y la educación sexual de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Mientras el programa de estudios y los libros de texto del nivel de educación básica desde hace 10 años se enfocan a fortalecer los valores democráticos, la formación crítica, la autonomía moral y el ejercicio de los derechos humanos, en particular en las asignaturas de ciencias naturales y de formación cívica y ética, gobernadores y empresarios (hasta hoy sabemos de Jalisco, Baja California, Chihuahua y Puebla) financian y distribuyen en las aulas de las escuelas públicas libros paralelos no autorizados por la SEP en los que no se mencionan los derechos humanos ni los marcos jurídicos que los sustentan, que sesgan y censuran la información opuesta a preceptos católicos, además de fomentar la discriminación sexual y la ignorancia.

2. Funcionarios públicos buscan legitimarse ante organizaciones civiles y grupos progresistas sosteniendo un lenguaje vanguardista en actos públicos (derechos de las mujeres, equidad de género, igualdad y no discriminación, laicidad del Estado), y simultáneamente realizan acciones en sentido contrario. La muestra la ofrecieron quienes encabezan la CNDH y la PGR al presentar las acciones de inconstitucionalidad respecto a la ley que despenaliza la interrupción del embarazo en el Distrito Federal. Más: la primera dama y la subsecretaria de Población, Migración y Asuntos Religiosos inauguran y apoyan un congreso que fomenta “la cultura de la vida y de la familia” en Guadalajara.

3. Se crea una iniciativa legal para controlar la información estadística mediante la cual el INEGI dejaría de ser autónomo, regresaría al Poder Ejecutivo federal la designación de todos los miembros de la junta de gobierno del rebautizado INEG (Instituto Nacional de Estadística y Geografía) y tendría en sus manos el control de las encuestas, así como normar la producción de toda la información estadística del país.

4. Censurar las noticias en los medios. Dos casos ¿o causas?: Lydia Cacho y Carmen Aristegui.

5. Debilitar instituciones progresistas. Se disminuyen los presupuestos de género y de las políticas de población federales mientras se alientan movimientos sindicales contra funcionarios de la Secretaría de Salud del Distrito Federal o del Instituto de las Mujeres de la ciudad de México.

6. Se somete el Poder Judicial a intereses partidistas. Según seis magistrados de la Suprema Corte de Justicia, la tortura sicológica del gobernador de Puebla a la periodista Lydia Cacho (quien denunció una red de pederastas) no fue una violación a los derechos humanos.

7. Erosionar el Estado laico. El senador Federico Döring presenta iniciativa para crear una comisión de asuntos religiosos que fortalecería los derechos de las Iglesias (“libertad religiosa”, educación religiosa en la escuela pública, acceso a medios y a la función pública de sacerdotes) para así contrarrestar una iniciativa pluripartidista que busca fortalecer y precisar la laicidad del Estado dentro de la reforma constitucional. Además se busca negociar y hacer alianzas entre legisladores de la derecha priísta (Manlio Fabio Beltrones) y líderes de la “izquierda” más pragmática (Ruth Zavaleta) para empoderar a jerarcas eclesiales y autorizar que sacerdotes puedan ser funcionarios públicos, abriendo la ventana para manipular desde el púlpito candidaturas y políticas.

Siete líneas contundentes, más lo que se acumule en la semana, y aunque no es fácil decodificar las estrategias por ser tergiversadas y acordarse en lo oscurito, los actos permiten intuir la existencia de una lógica articulada con metas a mediano y largo plazos.

* La Jornada
* Contacto de la autora: gabriela_afluentes@prodigy.net.mx
* http://www.jornada.unam.mx/2008/03/14/index.php?section=politica&article=024a2pol

Gabriela Rodríguez: Miedo

¡Qué poco hablamos del miedo! No sé por qué razón, pero es un tema del cual se habla poco en casa o entre amigos, y menos o nada en las instituciones escolares, de salud o en los programas sociales. Se trata de una emoción anticipatoria, una sensación de peligro inminente, una reacción corporal defensiva, tal vez instintiva, ante un daño posible. Aristóteles decía que el miedo es “la espera de un mal”.

Entre las causas más terribles que nos provocan miedo hoy debemos hablar en voz alta del abuso sexual y la explotación a menores; los casos aumentan y la gente calla, los gobiernos censuran y los medios prefieren evitarlo. Solamente dos periodistas mexicanas han tomado el tema con la prioridad que exige: Lydia Cacho y Carmen Aristegui.

A la primera se le quiso criminalizar por defender los derechos de menores, pero fuera del país la Organización Internacional de Medios de Comunicación de Mujeres (IWMF, por sus siglas en inglés) acaba de galardonarla el 23 de octubre en Nueva York por la persecución que desencadenó la publicación de su libro Los demonios del Edén, en el cual documenta la pornografía infantil dejando al descubierto a políticos mexicanos y hombres de negocios implicados en una red de pederastas. La segunda periodista sigue en pie y en ningún momento ha dejado de abrir su espacio radiofónico a las múltiples víctimas; si no fuera por Aristegui no nos hubiésemos enterado del grado en que ha aumentado este repugnante crimen en México.

Por si faltaran penas, en Oaxaca, donde se sostiene al más represor de los gobernadores, salen a la luz nuevos casos: cuatro madres de familia presentaron una denuncia pública tras el abuso sexual cometido contra sus hijos de cuatro años de edad –sí, ¡de cuatro años!–; tres de los cuales fueron además contagiados de herpes tipo 2. Estas madres fueron percibiendo cambios en la conducta de los niños y observaron muestras físicas de maltrato, golpes y abuso (“cortaditas y llagas en la colita”). A través de juegos, dibujos y terapias, pediatras y sicólogas identificaron la agresión de la que habían sido víctimas los pequeños. Se denuncia falta de atención, nepotismo, negligencia y desestimación por parte de las autoridades para castigar a los responsables. Sólo una de las personas responsables ha sido detenida, el resto sigue libre; las defiende el mismo bufete de abogados de Jorge Franco Jiménez y familia, allegados del gobernador Ulises Ruiz Ortiz; igualmente son familiares del titular de la Comisión de los Derechos Humanos del estado. Otros casos no son denunciados porque no se atreven, pero suponen que existe una presunta red de pederastas operando en el estado. No se trata de acciones aisladas porque hay similitud de hechos: todos los niños eran amarrados y amordazados, eran obligados a colocarse en distintas poses y fueron videograbados; los presuntos abusadores eran dueños y maestros de los institutos.

Según informa el Grupo Rosario Castellanos, una de cada cinco niñas es víctima de abuso sexual, y en el caso de los niños uno de cada 11 lo padece. Ocurre más frecuentemente en niñas y niños de entre seis y nueve años, 68 por ciento de los casos ocurren en el domicilio del menor agredido o del agresor y 32 por ciento en otros lugares.

Mientras estos horrores avanzan, la educación sexual y los libros de texto hablan de la importancia del respeto al cuerpo en el libro de ciencias de quinto grado de primaria con una mención puntual; el tema se aborda con más amplitud en el nuevo programa de formación cívica y ética de segundo de secundaria, cuando los alumnos tienen 13 años. Sabemos que la víctima es quien primero puede detectar el abuso y detenerlo, para después buscar apoyo en otra persona, por ello el tema exige ser impartido a los menores desde nivel prescolar: la enseñanza debe incluir la diferencia entre caricias y abuso sexual y el derecho que tiene a que nadie abuse de su cuerpo, distinguiendo con claridad de qué manera los genitales –pechos, vulva, ano y pene– pueden ser violentados.

En sentido opuesto, los grupos empresariales y de padres de familia por conducto de la Coalición para la Participación Social en Educación (Copase), ligada a gobernadores y funcionarios de Acción Nacional y a la jerarquía católica, siempre han estado más preocupados por la vida intrauterina que por la extrauterina. Recientemente han intentado eliminar de los libros de texto los contenidos que informan a los menores sobre la sexualidad y la forma de defenderse.

Con la derecha el miedo avanza porque promueve la guerra y las desigualdades y alienta el abuso del fuerte sobre el débil: del Estado sobre los ciudadanos, del militar sobre los civiles, de los hombres sobre las mujeres, de los hombres fuertes sobre los subordinados, de los adultos sobre los adultos mayores, del padre sobre los hijos e hijas, del cura sobre sus seminaristas, del maestro sobre sus estudiantes.

* La Jornada
* http://www.jornada.unam.mx/2007/11/09/index.php?section=opinion&article=028a2pol