Alejandro Teitelbaum: La regla de oro del sistema: Privatizar las ganancias y socializar las pérdidas y las deudas

El rasgo principal del sistema capitalista consiste en la apropiación privada de los frutos del trabajo social, es decir la expropiación por los capitalistas de los valores creados por los trabajadores manuales e intelectuales.

Estos valores se crean en el proceso de producción de bienes y servicios (industria, agricultura, investigación científica, educación, atención médica, transporte, agua corriente, electricidad, salubridad, etc.). Deducido el precio de la fuerza de trabajo, el valor restante es el plusvalor o plusvalía, medida económica de la explotación de la fuerza de trabajo, que se intensifica cada vez más a escala mundial y es la base fundamental de la acumulación capitalista.

Pero, sobre todo en los últimos decenios, esa expropiación de valores se produce también fuera del proceso productivo y de la prestación de servicios, principalmente a través del capital financiero especulativo, lo que permite a una ínfima minoría apropiarse en forma parasitaria del fruto de trabajo y de los ahorros de los pueblos de todo el mundo, al margen de la economía real. Este proceso tiene frecuentemente una vertiente francamente delictiva, donde la corrupción ocupa un lugar muy importante.

Por ejemplo en Estados Unidos, el gigante transnacional de la energía Enron se declaró en quiebra reconociendo una deuda de 40 mil millones de dólares y dejó en la calle a su personal (12000 personas), al que, por añadidura, despojó del capital previsional de su jubilación, invertido en acciones de la propia empresa. En otras quiebras de grandes bancos o grupos financieros transnacionales, miles de pequeños ahorristas han visto evaporarse el fruto de muchos años de esfuerzos e incluso de privaciones.

Después de Enron se sucedieron otros casos similares como el de WorldCom y resultaron implicados los dos más grandes bancos estadounidenses: Citygroup y JP Morgan Chase.

El caso más reciente con proyección mundial es el de la crisis de los préstamos hipotecarios a alto riesgo (subprimes) con tasa de interés variable, que ha dejado sin liquidez a muchos Bancos privados lo que ha conducido a los Bancos Centrales a inyectar en el mercado financiero decenas o centenares de miles de millones de dólares.

Esta crisis dejó en la calle a decenas de miles de modestos deudores hipotecarios proprietarios de viviendas en Estados Unidos. Por eso el Gobierno de ese país ha decidido invertir 200.000 millones de dólares de los contribuyentes para salvar…al capital financiero concentrado en Fannie Mae y Freddie Mac. Y las principales bolsas mundiales saltan de alegría.

Esta es una característica común de los Gobiernos actuales, aun los más opuestos al intervencionismo estatal en la economía: socorrer con los dineros del pueblo al gran capital en dificultades. O dicho más precisamente, tapar los agujeros dejados por el capital privado como resultado de sus fechorías.

En Argentina los grandes grupos financieros nacionales e internacionales con la complicidad de los Bancos y de los sucesivos gobiernos y con la bendición y participación del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, han despojado al país mediante políticas desenfrenadas de privatización de los bienes y servicios públicos y de los recursos naturales, de endeudamiento externo e interno real o ficticio, de estatización de deudas privadas, etc.

La deuda externa

El caso de la deuda externa es ejemplar, pues ha consistido y consiste en privatizar los beneficios y socializar las pérdidas.

En 1982 la dictadura militar y su Ministro de Economía Cavallo estatizaron la deuda privada de cientos de empresas por un monto de unos 14000 millones de dólares.

Se hizo mediante un “seguro de cambio” que consistía en asegurarle al deudor el valor del dólar al momento del pago de la deuda. Por ejemplo si debía 10.000 dólares a un valor de 10 pesos por dólar, llegado el momento de abonarla, el deudor solo pagaba los 10.000 dólares a 10 pesos el dólar. La diferencia en caso de un aumento del dólar la absorbía el Estado, el pueblo. Es decir se transfirió la deuda privada a la sociedad argentina.

Gran parte de la deuda estatizada eran “auto-préstamos”es decir préstamos que se hacía la misma empresa con dinero que tenia ahorrado en bancos exteriores. El banco emisor del crédito era el testaferro de la empresa y el cómplice de esta estafa. Muchas empresas fueron descubiertas como FATE, SADE, algunas del grupo TECHINT, BGH, SIDECO.

A mediados del año 2000 el juez Jorge Ballestero dictó sentencia en la causa “Alejandro Olmos s/denuncia” iniciada en 1982, estableciendo la responsabilidad de los funcionarios de la dictadura que contrajeron la deuda y la corresponsabilidad de los organismos internacionales como el FMI, que aprobaron prestamos ilícitos y fraudulentos. Como la acción penal había prescripto, el juez Ballestero remitió el fallo al Congreso, para que tomase la intervención que la Constitución Nacional le confiere en el manejo de la deuda externa (art. 75). La mayoría parlamentaria nunca se ocupó del tema.

La reciente decisión del Gobierno de pagar 6700 millones al Club de París, cuando habría que hacer una auditoría previa para averiguar qué parte de la deuda es legítima, cuánto se debe, si se debe algo, es otro caso de socialización de las deudas, porque se pagará con los dineros del pueblo, depositados en el Banco Central.

Como el hambre viene comiendo, el Club de Paris quiere más y dice que el monto de la deuda es de 7900 millones.

Y la ronda infernal de pagos y nuevos endeudamientos no tiene miras de acabar.

El caso de Aerolíneas Argentinas repite esa constante que consiste en privatizar las ganancias y socializar las perdidas

El Gobierno de Menen vendió Aerolíneas Argentinas en 1990 libre de deudas y cuando daba ganancias a la empresa entonces estatal española Iberia, que estaba prácticamente en bancarrota y a la que el gobierno español se disponía a privatizar previa capitalización mediante la adquisición por monedas de patrimonios sanos como era entonces AA.

Las aeronaves y la mayoría de las propiedades de Aerolíneas (tanto las oficinas centrales como oficinas en París, Nueva York, Los Angeles, Roma y Francfort) fueron liquidadas; varios aviones fueron vendidos o hipotecados, algunos activos fueron dados en préstamo, se perdieron varias rutas internacionales y los tres simuladores de vuelos para la instrucción de los pilotos fueron vendidos. La empresa contrajo una deuda enorme y dejó de dar ganancias. Los problemas internos de Iberia y de sus filiales la llevaron a la bancarrota en 1994, momento en el que el accionariado de Aerolíneas pasó a la Sociedad Española de Participaciones Industriales, ente público de participaciones industriales del Estado español.

En junio de 2001 se suspendieron los vuelos a siete destinos internacionales y la aerolínea entró en convocatoria de acreedores. En octubre del mismo año, el control de Aerolíneas Argentinas y Austral fue cedido a Air Comet, un consorcio formado por las aerolíneas privadas españolas Spanair y Air Comet junto con el operador de turismo Viajes Marsans, que adquirió el 92,1% de las acciones.

Y ahora que queda muy poco de AA (salvo deudas) el Gobierno de Cristina Kirchner la reestatiza.

El Gobierno de CFK quiere cerrar a cualquier costo financiero y en exclusivo beneficio de Marsans, una gestión calamitosa y delictiva (vaciamiento de la empresa) por parte del empresario español. Gestión calamitosa y delictiva que contó con la complicidad del Gobierno de Kirchner.

Por eso Jaime firmó el acuerdo con Marsans, con la aprobación de la Casa Rosada, acuerdo que sigue existiendo porque hasta ahora nadie lo declaró nulo, ni siquiera la ley de “rescate” de Aerolíneas que acaba de sancionar el Congreso.

En lugar de celebrar ese acuerdo en la Casa Rosada con toda la comparsa, el Gobierno debería haberse apresurado a desconocerlo declarando que Jaime había ultrapasado las instrucciones recibidas. Y dejar inmediatamente cesante a este último.

Evidentemente esto no podía ocurrir porque Jaime no actuó por su cuenta pues forma parte, junto con los K, De Vido y algunos otros, del círculo estrecho de la camarilla gobernante.

Las consecuencias de este actitud del Gobierno y de los parlamentarios frente al acuerdo firmado por Jaime son nefastas para el interés nacional, porque el Grupo Marsans puede invocarlo para recurrir al CIADI (tribunal arbitral del Banco Mundial) fundándose en el artículo 10 del Tratado de Promoción y Promoción de Inversiones celebrado entre Argentina y España octubre de 1991.

Dicho artículo 10, si bien establece la competencia de los tribunales del Estado donde se realizó la inversión en caso de controversia entre las partes, autoriza a la parte insatisfecha con el fallo del tribunal nacional a recurrir al tribunal arbitral. Lo que deja la vía libre a Marsans para reclamar indemnizaciones millonarias ante el CIADI.

Durante los años 90 Menen firmó casi 60 Tratados Bilaterales de Promoción y Protección de Inversiones y en setiembre de 1991 adhirió al CIADI (ratificación parlamentaria en julio de 1994, ley 24353) lo que le ha quitado al Estado argentino el poder de decisión en materia de políticas económicas.

Y desde entonces ni los Gobiernos Kirchner ni el Parlamento han hecho nada para romper esas ataduras, pudiendo hacerlo mediante la denuncia, evitando la tácita reconducción, etc.

Por ejemplo en el Congreso duerme el Expte. 1598-D-07. “Eduardo Macaluse.

Declaración de nulidad absoluta de toda prórroga de jurisdicción argentina y de la Ley 24353, de convenio sobre arreglo de diferencias relativas a inversiones entre Estados y nacionales de otros Estados”.

Por cierto que la derecha, ferviente partidaria de las privatizaciones, está en contra de la reestatización de AA, como ahora está a favor del pago de la deuda a los miembros del Club de Paris.

Los escribas del Gobierno, no sin cierta habilidad para hacer pasar su mensaje, despotrican contra la política aerocomercial que ha llevado a la actual situación catastrófica en la materia y sostienen que la solución (la menos mala dicen algunos de ellos) es reestatizar AA. Pero se saltean cuidadosamente el tema crucial de quién se hace cargo de los pasivos y si se le paga algo a Marsans o no. Cuando la actuación del Gobierno en este asunto conduzca a un nuevo despojo (la reprivatización total o parcial de AA, como prevé la ley aprobada por el Congreso, una vez pagadas las deudas) dirán también que la “solución” es “la menos mala”. Según los mismos escribas, pagar al Club de Paris también es una buena medida.

La mayoría de la burocracia sindical –vieja tradición argentina que se remonta a los años 50- se pone la escarapela y repite el discurso oficial. Habría que preguntarles qué hicieron y dijeron cuando se privatizó Aerolíneas y mientras Marsans dejaba a la empresa “en pelotas”.

Buena parte de la gente de “izquierda” sustituye la reflexión destinada a proponer una alternativa apropiada a la política del Gobierno por frases como : la reestatización de Aerolíneas “es un paso en la recuperación del patrimonio nacional”, dicen. Y “hay que mantener la línea de bandera”, afirman. Y no pocos de ellos también “se olvidan” del tema de los pasivos y si hay que pagar o no a Marsans.

Dan una respuesta “virtual” o simbólica a un problema real que pone en juego los intereses nacionales y del pueblo trabajador.

Sin tener para nada en cuenta la realidad de los hechos y su contexto.

El contexto: Más de cincuenta años de expoliación

El contexto es una política gubernamental de entrega del patrimonio nacional y contraria a los intereses de los trabajadores (ambos aspectos siempre van juntos) que, con breves y tímidas pausas, se remonta a principios de los años 50 (segundo peronismo de Perón), siguió con las diferentes dictaduras militares, el frondizismo, el alfonsinismo, el peronismo de Menen y el peronismo de los Kirchner.

El giro hacia esta política que sigue hasta hoy podría situarse a principios de los años 50 con la misión Cereijo a los Estados Unidos, el contrato petrolero con la California, filial de la Standard Oil y la cuenta regresiva iniciada entonces en la participación de los trabajadores en el ingreso nacional, que llegó al 53 por ciento en los años 49-50 y que en 2007 fue del 28%. Menos que en 2001 (31%) pese a que la ocupación y el salario real aumentaron entre 2001 y 2007.

Lo que en otros términos quiere decir que la tasa de explotación de los trabajadores está aumentando desde 1950, incluso está aumentando desde que asumió Kirchner hasta ahora.

La realidad de los hechos

La realidad de los hechos en cuanto a AA es que a esta altura casi no es un patrimonio, ni nacional ni extranjero. Es prácticamente una cáscara vacía, casi sin aviones y con algunas rutas autorizadas. Y muchas deudas, que ni siquiera se sabe a cuanto ascienden. Así que reestatizando AA prácticamente lo único que se reestatizan son deudas. Salvo que se encuentre una manera de recuperar la empresa libre de pasivo.

Porque lo que tiene que estar absolutamente claro es que no hay que pagar ni un centavo por AA al grupo Marsans ni reconocer ninguna de sus deudas.

No hay que repetir lo que Cavallo hizo con la deuda externa de las grandes empresas, hipotecando un poco más el fundamento del auténtico patrimonio nacional, que es la riqueza creada por los que trabajan.

El tema de la línea de bandera merece reflexión.

Algunos Estados tienen línea de bandera (línea monopolizada por el Estado o con participación estatal) por razones políticas y económicas y aún simbólicas (en algunos casos esa denominación tiene poco contenido real).

Parece obvio que conviene que el Estado monopolice o por lo menos tenga el poder de decisión en las líneas de cabotaje, sobre todo si tiene una política nacional de desarrollo armónico del transporte aéreo, ferroviario, vial y por agua.

En Argentina esa política por ahora no existe y en materia de cabotaje Kirchner le dio a LAN Chile las rutas internas más rentables. Y el resto de la política de vuelos de cabotaje no ha podido ser más catastrófica.

En cuanto a tener una línea de bandera para las rutas internacionales, la tendencia general es a la desaparición o a la privatización parcial de las líneas de bandera, como consecuencia de los altos costos de explotación, la fuerte competencia y un acentuado proceso de concentración del transporte aéreo civil (son contínuas las fusiones y adquisiciones de grandes empresas internacionales de transporte aéreo). Y al proceso de concentración y privatización se suman los despidos de personal y la superexplotación del personal restante para disminuir los costos.

Varig, que figura como línea de bandera de Brasil, fue una empresa muy fuerte hasta que estuvo al borde de la quiebra y fue comprada en 2007 por la empresa privada Gol. Alitalia está en cesación de pagos y busca compradores entre los inversores italianos y empresas aerocomerciales extranjeras. Air France y KLM de Holanda tuvieron que fusionarse para sobrevivir e Iberia busca ahora la fusión con British Airways.

Pese a que Venezuela y Bolivia tratan de poner en funciones líneas de bandera, el contexto internacional no parece ahora económicamente muy viable para salir a competir en solitario con una línea de bandera en el transporte áereo internacional, sobre todo partiendo prácticamente de cero.

Algunas opciones razonables podrían ser una alianza o asociación de líneas de bandera latinoamericanas o una asociación o alianza de una línea de capital estatal argentino (pero sin cargar con las deudas de AA) con grandes empresas como Air France-KLM, Lufthansa y/o alguna gran aerolínea árabe o asiática.

Pero lo importante es lo que falta, en esto como en todo lo demás: una política global y coherente en defensa del interés nacional, entendido éste como el que responde a las necesidades y legítimas aspiraciones populares en materia de bienestar, alimentación, salud, vivienda, salubridad, transporte, educación, cultura, libertad y seguridad.

No se puede esperar nada de esto de la camarilla gobernante, pues sus tres objetivos centrales son: 1) preservar un sistema político, económico y social agotado y en crisis, como lo viene haciendo desde que llenó el vacío político que generaron los acontecimientos de 2001, 2) favorecer la concentración del gran capital, viejo y nuevo, en el campo (fiesta sojera), en la industria y en los servicios y 3) enriquecerse ellos y sus amigos con participaciones abiertas o encubiertas.

Esta es una mala copia de la situación en Francia entre 1848 y 1851 descripta por Marx en su “18 Brumario de Luis Bonaparte”:

“No es suficiente decir, como lo hacen los franceses, que su nación ha sido sorprendida… Falta explicar cómo una nación de 36 millones de habitantes ha podido ser sorprendida por tres capitanes de industria…”… “El 2 de diciembre la revolución de febrero fue escamoteada por el juego de manos de un tramposo…”.

Por cierto que cuando Marx escribía “tres capitanes de industria” no pensaba en Kirchner, De Vido y Jaime y escribiendo “tramposo” tampoco tenía en la mente a Kirchner.

Argenpress

http://www.argenpress.info/2008/09/la-regla-de-oro-del-sistema-privatizar.html

Ezequiel Meler: Argentina, origen de la crisis en el campo

Modalidades de concentración de la tierra en la Argentina reciente

1.

El punto de partida de estas reflexiones es el reciente conflicto entre el gobierno y las corporaciones de productores agropecuarios. La cronología del mismo da inicio formal el 11 de marzo del presente año, cuando el gobierno anunció un nuevo sistema de retenciones móviles a las exportaciones de granos, ajustable al precio internacional, que despertó la enconada oposición de la mayoría de las agrupaciones de productores rurales. Homologados en su conjunto por un sistema tributario que, por sus propias características, no estaba preparado para diferenciar a las grandes explotaciones de las pequeñas y medianas, los representantes de las corporaciones reaccionaron, en una perfecta profecía autocumplida, como un único sujeto opositor.

Muchos referentes del progresismo citadino se preguntaron en estos días qué intereses, más allá de la coyuntura, podían unir a sectores aparentemente tan diferentes como la Federación Agraria y la Sociedad Rural. Las explicaciones, en la mayoría de los casos, reprodujeron anticuados estereotipos simplistas, ligados a imágenes de larga perduración en la memoria colectiva. De este modo, mientras los productores asociados podían presentarse ante los medios como “el campo” –y algún trasnochado llegó a ver en ellos el germen de una genuina lucha campesina, el gobierno, paradójicamente, no atinó a dar con un discurso público que lograse quebrar la unidad sectorial del bloque, y se refugió cómodamente en la imagen de un actor social singular, de vocación antidemocrática, políticamente hegemonizado por los grandes terratenientes.

2.

Por supuesto, el asunto es más complejo. Las transformaciones acaecidas en el agro argentino durante la última década son poco conocidas. No obstante, en términos estadísticos, está claro que asistimos a un renovado proceso de concentración productiva. Según un estudio elaborado por el Centro Interdisciplinario de Estudios Agrarios de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, entre 1988 y 2002 el número de explotaciones agropecuarias cayó en más de un 21%, pasando de 421.000 a 333.000. El fenómeno es más agudo en la Región Pampeana, donde, en el mismo período, la merma fue del 29%. Como contrapartida a la mencionada reducción en el número de explotaciones, el tamaño promedio de las mismas pasó de 469 hectáreas en 1988 a 588 en 2002. En la Región Pampeana, de nuevo, los números son peores: la escala promedio se incrementó en un 35%, pasando de 400 hectáreas en 1988 a 533 en 2002.(1)

Según el mismo estudio, el proceso, lejos de detenerse, se ha acelerado desde entonces. Sin embargo, la modalidad de la concentración ha variado. Fuera de la Región Pampeana, se ha incrementado la presencia directa de la gran propiedad, en la medida en que los adelantos técnicos permitieron la expansión de la frontera agraria a zonas antes improductivas. Por el contrario, en la Región Pampeana propiamente dicha, los grandes propietarios, aunque siguen estando presentes, ya no son el polo dinámico del proceso económico. Propiedad y explotación, al menos en la Pampa Húmeda, son categorías cada vez menos homologables. Como la tierra raramente se vende, aparece otra salida: el arriendo. Y otro actor: los grupos de inversión. Los nuevos protagonistas del proceso de acumulación de capital son, en efecto, los pools de siembra, grupos de inversión de tipo financiero, generalmente de origen extranjero, que arriendan una superficie de tierra significativa a diferentes propietarios por un período determinado, en general, por el término de una cosecha. Amparados en las ventajas que ofrece la combinación de diferentes factores, como una legislación permisiva, precios internacionales muy altos y un tipo de cambio extremadamente subvaluado, los pools de siembra se han consolidado como un agente económico insoslayable. Asimismo, cabe destacar que estos fondos de inversión, en la mayoría de los casos, están asociados a los oligopsonios de comercialización: un puñado de firmas multinacionales –Cargill, Bunge & Born, Dreyfuss, Noble Argentina, etc.- que concentran en sus manos, desde hace más de un siglo, la totalidad de las exportaciones argentinas al mercado mundial.(2)

3.

Este proceso, inevitablemente, ha desplazado del sector rural a miles de pequeños y medianos productores de tipo familiar. Ante la imposibilidad de competir, sea en términos técnicos, en economías de escala, o en términos de integración productiva, muchos chacareros han elegido convertirse en simples rentistas, opción que se entiende, asimismo, considerando los altos arrendamientos que perciben. En un proceso que asusta por la velocidad con que se desarrolla, la agricultura argentina se está quedando sin agricultores. Al mismo tiempo, el boom internacional de la demanda de soja vuelca las preferencias de los fondos de inversión hacia este producto, encareciendo el precio de la tierra de mejor calidad, tanto para el cultivo de otros cereales –principalmente, el trigo y el maíz- como para la actividad ganadera.

El desplazamiento, entonces, es doble: de producción y de productores. Y su repercusión sobre la cadena de precios no puede ser mayor, puesto que las actividades desplazadas, al realizarse forzosamente en tierras menos idóneas, generan mayores costos, que se traducen en significativos aumentos del precio de venta final. Aumentos que, huelga decirlo, repercuten en un ya muy golpeado mercado interno. De este modo, los pools de siembra, sin actuar como los agentes inmediatos del proceso de concentración de la tierra –pues, en general, no adquieren la misma en propiedad- se erigen en sus usuarios por excelencia, y por ende, adquieren el control del proceso productivo global.

4.

La conclusión es elemental. Cuando, el 11 de marzo, el gobierno anunció el nuevo esquema de retenciones móviles, bajo el argumento de que resultaba imprescindible detener el proceso de expansión del cultivo de soja, cometió, como mínimo, dos errores. Por un lado, centró su atención exclusivamente en qué se producía, y no en quién lo producía. Al separar ambas dimensiones, lanzó una medida no sólo explosiva, sino ineficaz: para los grandes pools de siembra, el cultivo de soja sigue siendo rentable, y por su control sobre el proceso de comercialización, estos sectores están en condiciones de descargar los nuevos costos sobre otros productores. Para los pequeños y medianos productores, en cambio, la nueva medida resultó una sentencia de muerte en términos de rentabilidad. La imposibilidad de competir con los fondos de inversión se hizo imposible. La opción por la entrega del campo en arriendo se volvió, más que conveniente, obligada. Y la reacción, desde luego, no se hizo esperar.

En otras palabras, las retenciones, lo sepa el gobierno o no, difícilmente modifiquen, siquiera en el mediano plazo, el escenario productivo del sector agropecuario argentino, pero sí tienen consecuencias inmediatas sobre el escenario social, al continuar y profundizar el proceso de desplazamiento de productores rurales. En segundo lugar, el gobierno subestimó la fuerza política de los fondos de inversión, largamente asociados a los intereses de los grandes propietarios locales. De este modo, quizás sin quererlo, galvanizó a los diferentes sectores sociales que componen el universo agropecuario argentino en un sólo interés. Detrás del negocio de la soja, como agudamente observó Alfredo Zaiat, está pariendo un nuevo bloque de poder:

“Los piquetes verdes que duraron 21 días fueron la exteriorización del poder económico emergente de los barones de la soja. A diferencia de las privatizadas y de los bancos, en este caso cuentan con el invalorable aporte, físico y discursivo, de pequeños productores, y de la clase media agraria ascendente. Como se pudo observar con nitidez en estos días, el gigantesco poder financiero del complejo sojero, que investigadores aliados al negocio de poroto denominan sin inocencia “tramas productivas”, lograron capturar el interés de políticos y de gran parte de los medios de comunicación. Hasta reductos de defensa del desarrollismo y de la industria han mudado su vocación a la tutela del negocio de la soja, integrado por grandes arrendatarios, pools de siembra, multinacionales de la semilla trasngénica, acopiadores y grandes exportadores […] El fabuloso ciclo de alza de las materias primas, impulsado por la revolución industrial tardía de China, el avance sostenido de India y el desarrollo de los biocombustibles, ha permitido la creación de un dinámico núcleo de poder económico […] El saldo del piquete del desabastecimiento fue el alumbramiento de un nuevo bloque de poder, que ha tenido como partero la invalorable colaboración de los pequeños productores”. (3)

5.

Lo cierto es que tampoco el gobierno hizo nada por evitar este proceso. Al contrario, se asoció a los sectores más concentrados, que en el contexto de la recuperación lograron balances espectaculares. No hubo consideración oficial alguna, en estos cinco años, para las consecuencias sociales del proceso socioeconómico descrito. En la coyuntura desatada por el lock out patronal, el gobierno, pese a su discurso “anti – oligárquico”, prefirió dialogar con las transnacionales y con los grandes del sector, tratando de acordar diferenciando por arriba y no por abajo. Tal vez por ello, varias propuestas de la Federación Agraria, como el proyecto para modificar la ley de arrendamientos –un aspecto central del modelo de monocultivo sojero- pasaron desapercibidas. Sin lugar a dudas, hubo aquí otro error de evaluación política: el nuevo bloque de poder se mostró más firme de lo previsto, desatando la peor crisis política desde 2001 a la fecha.

El nuevo escenario económico y social, emergente a la vez de la crisis de 2001 y de la modalidad de concentración que consolidó la recuperación posterior, requiere algo más que maquillaje. El gobierno debe actuar decididamente en contra de la concentración bajo la modalidad de arrendamientos, propulsando una nueva ley que recoja los proyectos archivados, actualizando la legislación y las fórmulas políticas del primer peronismo. Para eso, necesita recuperar paulatinamente la larga tradición de presencia estatal en el sector agropecuario, para convertirse por sí mismo en un árbitro eficiente en el terreno de la producción y comercialización de la riqueza agropecuaria del país. Después de todo, la historia argentina nos enseña que quien controle la distribución de la renta agraria, controla la economía, y, por carácter transitivo, gobierna el país.

[1] Véase Pablo Benchimol: “Latifundios y pools de siembra”, en Página 12, 20/04/08.
[2] Para un análisis del “modelo Cargill”, véase Scaletta, Claudio: “Gigantes invisibles”, en Página 12, 06/04/08.

[3] Zaiat, Alfredo: “El parto de un nuevo bloque de poder”, en Página 12, 13/04/08.

http://www.noticiasdelsur.com/nota.php?nota=7833

Gustavo Esteva: Comer o comernos

Las reacciones ante la “crisis” alimentaria pueden traer remedios peores que la enfermedad. Piden peras al olmo o encargan al lobo los corderos.

Se dice que calamidades naturales, derivadas del cambio climático, propiciaron la crisis. Pero no hay falta absoluta de alimentos, tras la cosecha más alta de la historia. Igualmente, no puede atribuirse al alza de precios que la mitad de la población del mundo carezca de comida suficiente. Y necesitamos preguntarnos por qué se considera “crisis” que los precios regresen al nivel que tenían hace 10 años.

El caso del arroz ilustra bien lo que ocurre. Japón produjo en 2007 más del que necesita, gracias a fuertes subsidios, pero importó 770 mil toneladas para cumplir una obligación impuesta por la Organización Mundial de Comercio. Mientras sus consumidores pagan hasta cuatro veces el precio internacional, Japón almacena ese arroz, la mitad del cual adquirió en California (cuyo gobierno subsidia la operación), mientras los precios se elevan, Wal-Mart lo raciona y millones de personas no pueden adquirir su principal alimento.

Hasta los años 60, eran “subdesarrollados” los países que exportaban alimentos y materias primas e importaban productos manufacturados. Exigían continuamente que aumentaran los precios de lo que vendían. Hoy exigen lo contrario. Casi todos son importadores netos de alimentos, mientras Estados Unidos, Canadá y Europa los exportan en grandes cantidades.

En 1974, ante algo muy semejante a lo de ahora, el secretario estadunidense de Agricultura Earl Butz anunció que su gobierno emplearía los alimentos como arma política. Por el hambre en el mundo se justificaron abultados subsidios al agronegocio. De nada sirvió que Lappé y Collins demostraran que la ayuda alimentaria agudiza el hambre y Amartya Sen que todos los países que sufrían grandes hambrunas seguían exportando alimentos mientras sus ciudadanos morían de hambre. Se mantuvo el prejuicio: Estados Unidos y Europa deberían mantener restricciones comerciales y subsidios, con el pretexto de combatir el hambre.

En los últimos años aumentó la presión interna y externa para eliminar esas barreras comerciales. India y Brasil encabezaron en Cancún el movimiento que lo exigió como condición para continuar negociaciones comerciales. Bastaron unos meses de campaña para dar un vuelco al clima de la opinión. ¿Quién se atreverá ahora a suprimir esos subsidios? No parece importar que 68 por ciento de ellos, en Estados Unidos, vaya a parar al 10 por ciento de los productores y finalmente a las bolsas de las cuatro corporaciones que controlan 80 por ciento del comercio mundial de alimentos, cuyas ganancias recientes aumentaron casi al ritmo de los precios. Tampoco influye el conocimiento de que los movimientos especulativos de los fondos de inversión, que controlan ya 40 por ciento de los contratos de futuros de la bolsa de Chicago, estimulen el alza de precios de alimentos y petróleo.

En los años 80 Estados Unidos y las instituciones internacionales desalentaron la búsqueda de la autosuficiencia alimentaria en los países “subdesarrollados” y exigieron que desmantelaran sus protecciones. Muchos de ellos las levantan de nuevo, para proteger lo que queda de sus sistemas alimentarios y enfrentar las revueltas asociadas con los alimentos que este año estallaron en 22 países.

El cambio de pautas alimentarias en países como China e India presiona indudablemente la demanda de alimentos y los conduce a un callejón sin salida. Cada kilo de carne de res requiere ocho a 10 de cereales. La carne es la forma más ineficiente e injusta de obtener proteínas. Las vacas mexicanas consumen más alimentos que todos los campesinos; las estadunidenses arrojan más gases a la atmósfera que los automóviles y absorben buena parte de los cereales.

La locura del etanol es aún peor. Los granos que producen cien litros pueden alimentar a una persona por un año y la emisión de gases requerida para producirlo es mayor que la de la gasolina que sustituye.

La “crisis” hace evidente la insensatez suicida de la agricultura industrial, que emplea 10 calorías de energía fósil por cada caloría de energía alimentaria, causando daños inmensos al ambiente y la sociedad. Las tierras agrícolas del mundo deben dedicarse a producir alimentos para la gente, no para los automóviles o el ganado. Pero esto sólo podrá lograrse cuando queden de nuevo en manos de los campesinos, rescatando producción y consumo de las corporaciones que ahora los controlan, apoyadas por sus gobiernos.

Es criminalmente ingenuo esperar que gobiernos como el mexicano protejan a los campesinos, en vez de seguir tratando de expulsarlos del campo, y que abandonen su ciega subordinación al mercado y las corporaciones. Necesitamos aguantar a pie firme las consecuencias de saber que no podemos dejar los alimentos o el petróleo en las manos de este gobierno o este Congreso.

* La Jornada
* gustavoesteva@gmail.com
* http://www.jornada.unam.mx/2008/05/19/index.php?section=opinion&article=022a1pol

José Castillo: ¿A qué se debe el paro del campo?

El aumento de las retenciones a la soja y el girasol provocó el conflicto rural más importante de los últimos treinta años. El gobierno dice que es un ‘paro de la oligarquía’, pero los pequeños productores son presencia mayoritaria en los cortes y manifestaciones.

Gran parte del crecimiento económico de los últimos años fue consecuencia de los altos precios internacionales de los productos del campo. Así el gobierno acumuló reservas y tuvo superávit fiscal récord. Los grandes ganadores fueron unos pocos, entre ellos el grupo concentrado de los grandes negocios del campo, favorecidos por un modelo económico que privilegió el dólar alto y subsidió el gas oil para los grandes exportadores.

Ahora el gobierno decidió aumentar sustancialmente las retenciones a la soja y el girasol. Trata así de apropiarse de una parte de la tajada de estas ‘superganancias’. La Sociedad Rural Argentina (que representa a los grandes productores, terratenientes y cabañeros), Confederaciones Rurales Argentinas (federaciones regionales de ganaderos, agricultores y tamberos), Coninagro (cooperativas arroceras, frutihortícolas, algodoneras y fundamentalmente lecheras, como Sancor) y la Federación Agraria Argentina (pequeños productores individuales, arrendatarios y cooperativistas, tanto de la ganadería de cría, como de la agricultura y los pequeños tambos), llamaron a un paro que, al momento de escribir esta nota, todavía continúa con carácter de indefinido.

Concentración feroz

El discurso del diario La Nación y de los voceros ‘tradicionales’ del campo es que ya no existe más la ‘oligarquía agropecuaria’, habiendo sido reemplazada por miles de pequeños productores, ‘la gente del campo’. Del otro lado, el gobierno descalifica a todos de conjunto:’son la oligarquía, millonarios terratenientes’. Pero en el campo no todos son lo mismo: están los grandes terratenientes, referenciados en la Sociedad Rural Argentina. Pero también existen los pequeños productores, muchos de ellos organizados en la Federación Agraria.

Según el último Censo Agropecuario Nacional, del año 2002, en la Argentina hay 170 millones de hectáreas agropecuarias y 317.816 productores. Pero sólo 4.000 de ellos poseen 74,3 millones de hectáreas (más de la mitad). En la Pampa Húmeda la concentración es mayor: 4.110.600 hectáreas están en manos de 116 dueños. El 69% de las explotaciones tienen menos de 200 hectáreas, pero representan sólo el 3% del total de la tierra agropecuaria. En la otra punta de la pirámide, el 10% de los grandes establecimientos, con más de 1.000 hectáreas, ocupan en 78% de la superficie.

Esta concentración feroz ha ido en aumento. Comparando los números con el Censo anterior, que es de 1988, se verifica que entre ambos desaparecieron 100.000 explotaciones. Y toda la tendencia indica que desde el 2002 para acá la concentración siguió creciendo a pasos agigantados. Analicemos que pasa con el cultivo ‘estrella’ de los últimos años, la soja, hoy la mitad de la superficie sembrada del país. Los pequeños y medianos productores, en campos que producen hasta 1.500 toneladas por año, son el 96% del total de los establecimientos, pero levantan apenas el 40% de la cosecha. El otro 60% lo producen 2.817 grandes explotaciones.

Esta ‘parte de arriba de la pirámide’ del negocio del campo se compone de tres actores: lo que queda de la vieja oligarquía terrateniente (los Ledesma, Amalia Lacroze de Fortabat, Gómez Alzaga, el Grupo Bunge); los nuevos capitalistas del agro, entre los que se destacan Adecoagro (Grupo Soros), Bemberg, Werthein, los Grobocopatel, LIAG Argentina S.A., Benetton, Cresud; y los ‘pooles de siembra’, de hecho capital financiero especulativo que hoy ‘entra en el negocio’, en general arrendando tierras por un año, concentrando y produciendo en cantidad.

Siendo claros: todos estos ‘grandes jugadores’ son los responsables no sólo de que los precios de los alimentos estén por las nubes, sino de esquilmar diariamente al pequeño productor, al que le pagan centavos por sus cosechas, animales o leche. Pero, también tenemos que ser coherentes y decir que, hasta ahora, la política del gobierno, por acción u omisión, siempre favoreció la concentración.

¿Para qué las retenciones?

D´Elia y Moyano dicen que hay que defender al gobierno, incluso movilizándose contra los cortes y manifestaciones y disolviéndolas por la fuerza. Se trata de una actitud patoteril y autoritaria, rayana con el fascismo, repudiable desde todos los puntos de vista. No queremos dejar desde estas líneas de fijar posición al respecto.

Pero vamos al fondo de la cuestión. Desde el punto de vista de los intereses de los sectores populares es absolutamente correcto plantearse cobrarle fuertes impuestos a los grandes monopolios, que incluye obviamente a los del campo. Pero el problema es que este aumento de las retenciones no es simplemente ‘cobrarle a los que tienen más para darle a los que tienen menos’. Primero porque los pagan todos por igual, el pequeño productor y el grande. Mientras que a este último le recorta un poco sus superganancias, al chico directamente lo funde. Eso ‘libera’ tierras, saca productores del medio, y eso es justamente lo que necesitan los grandes monopolios del agrobusiness y los pooles de siembra. Y segundo porque no es cierto lo que dice el ministro Lousteau: que este aumento de las retenciones sirve para luchar contra la inflación, ya que aumentaron las de la soja y el girasol, que se exporta en su casi totalidad, y se bajó las del trigo y maíz, que sí tienen incidencia en los bienes que componen la canasta básica. Tampoco sirve para evitar la ‘sojización’ promoviendo otros usos de tierras, ya que aún con las nuevas retenciones seguirá siendo el cultivo más rentable. Si el gobierno estuviera realmente interesado en evitar la tendencia al monocultivo pondría en práctica otras herramientas como la modificación de la Ley de Arrendamientos, presentada por la Federación Agraria al Parlamento y cajoneada por el propio bloque oficialista.

El gobierno aumenta las retenciones porque lo que necesita es ‘seguir haciendo caja’, no para dedicar esos mayores recursos a las necesidades populares o al desarrollo regional. Lo que sucede es que el gobierno está seriamente preocupado por los efectos de la crisis mundial y sabe que se le acaba el ‘viento de cola’ que le permitió crecer estos años: no hay más financiamiento fácil y por eso necesita dinero para empezar a pagar ‘cash’ los futuros vencimientos de deuda externa.

La rebelión del campo

Es necesario clarificar el conflicto. Hay un hecho real: La Sociedad Rural, una de las entidades convocantes del paro representa efectivamente a los grandes terratenientes, tiene un pasado de apoyo a las peores dictaduras y su consigna central de ‘no a la retenciones’, planteada en general, refleja un planteo ideológico de no aceptar ceder un peso de sus superganancias a nadie.

Pero en el conflicto también están los pequeños productores, que levantan sus legítimos reclamos, esquilmados por los ‘grandes’ del campo y por las políticas oficiales, muchos de los cuales se referencian con la Federación Agraria. Es cierto que la consigna ‘No a las retenciones’ en general, no le sirve al pequeño productor, que seguirá sufriendo la concentración. Es urgente poner como centro los reclamos del pequeño productor, diferenciándose de los grandes monopolios del sector.

No se puede desconocer la realidad (que el gobierno concientemente niega y oculta), de que se ha generado una verdadera rebelión en el campo, con centenares de cortes de ruta, movilizaciones, y virtuales puebladas, todas llevadas adelante por los pequeños productores.

La salida, que el gobierno se niega a discutir, porque desnudaría su discurso de meter a todos en la misma bolsa, es una política de apoyo a los pequeños productores del agro, al pequeño ganadero y al pequeño tambero. Tienen que existir retenciones diferenciadas, incrementándolas para los grandes y eliminándolas para los pequeños. Si existen precios máximos, estos deben ser para los invernadores, feed lots, frigoríficos, grandes empresas lácteas, ceraleras y monopolios del complejo sojero, no para el pequeño tambero o criador de ganado. Por el contrario, para ellos debe haber precio sostén para granos, carne y leche, recreando las desaparecidas Juntas Nacionales de Granos y Carne. Tiene que lanzarse un plan de desarrollo ganadero para el pequeño productor, incentivando la cría para aumentar el número de vientres. Debe haber subsidios para la pequeña producción lechera, como existen en el mundo desarrollado.

Pero todo esto no existe. Y por eso esta protesta es un espejo de algo que venimos denunciando en estas columnas: el supuesto ‘modelo económico’ del gobierno es para unos pocos monopolios, que cada vez concentran más, y así como no favorece a los trabajadores, tampoco lo hace al pequeño productor agropecuario. Su futuro dependerá de su capacidad de tender lazos con las reivindicaciones de la clase trabajadora y de su diferenciación de los planteos reaccionarios de la Sociedad Rural. Sólo así podrá torcerle el brazo a un gobierno que quiere meter a todos en la misma bolsa.

José Castillo es economista. Profesor de Economía Política y Sociología Política en la UBA. Miembro del EDI (Economistas de Izquierda

* La Jornada
* http://www.argenpress.info/nota.asp?num=053553&Parte=0

Víctor Bravo: Los precios del petróleo en el mercado internacional (Parte I)

El Ing. Bravo cuantifica los efectos que sufrirá el país por convertirse en importador neto de petróleo. Y registra las causas de ese perjuicio: ‘…los gobiernos, principalmente los de la década de los 90 del siglo pasado, de la legislación petrolera de esa época, aún vigente, y esencialmente de la privatización de YPF y con ella de la desaparición de la empresa estatal’. En forma concluyente, el autor también precisa que ‘…a principios del siglo XXI, precios altos o bajos del crudo no provocarán ni el derrumbe, ni la expansión de las economías desarrolladas, porque otros factores mucho mas importantes que el precio del petróleo (entre ellos el poder financiero) son quizá los verdaderos causales de las expansiones o de los derrumbes’.

Introducción

La actual ‘escalada’ en los precios del petróleo en el mercado internacional está generando preocupación en muchos ámbitos ligados o no a la actividad energética. Es que el precio del petróleo dirige los precios de las restantes fuentes energéticas y determina los valores de los derivados en el mercado interno de casi todos los países importadores de hidrocarburos. Adicionalmente puede arrastrar los precios de las denominadas ‘comodities’ e incide sobre el comportamiento de las bolsas financieras de los mercados mundiales.

Los países más perjudicados son los subdesarrollados importadores que, por lo general suelen padecer graves problemas en sus balances comercial y de pagos, pese a los aumentos de varios productos agrícolas que exportan. Las economía industrializadas, como las de los países de la OCDE, tienen maneras de morigerar estos impactos, especialmente EEUU con su posibilidad de emitir dólares.

En el caso particular de Argentina, el desenfreno exportador de petróleo entre los años 1994 y los primeros 8 meses del 2007, tendrá consecuencias desastrosas. En ese período se exportaron 187 millones de metros cúbicos de petróleo, con precios bajos del petróleo fluido (24,26 dólares del 2006 por barril en promedio) obteniendo las Empresas Privadas 25.177 millones de dólares del 2006, como ingreso bruto y el Estado por retenciones unos 3.525.

Como es muy probable que en unos 2 años Argentina se convierta en importador neto de petróleo, lo hará a precios altos que probablemente no bajen de los 75 dólares 2006/bl. En consecuencia si llegara a importar los 187 millones de metros cúbicos, que antes exportó, esa operación le insumiría 88.357 millones dólares que ahora, probablemente, pague el Estado y/o los consumidores, con un quebranto de 63.180 millones de dólares del 2006.

Para ser menos dramático, por cada millón de metros cúbicos de petróleo que se importen se desembolsarán 473 millones de dólares (de 2006) y se dejarán de percibir 27 millones de dólares de retenciones. Este quebranto será responsabilidad de los gobiernos, principalmente los de la década de los 90 del siglo pasado, de la legislación petrolera de esa época, aún vigente, y esencialmente de la privatización de YPF y con ella de la desaparición de la empresa estatal.

La lección es clara: nunca debimos exportar petróleo en los volúmenes que se hicieron y los argentinos del 2009 ó 2010 en adelante pagaremos las consecuencias, mientras las Empresas privadas que hicieron su agosto comenzarán la retirada, agotado el brillante negocio.

Consideraciones generales

Pero ¿por qué son tan volátiles los precios del petróleo en el mercado internacional y por qué están subiendo tanto actualmente? Se dice que es por el desequilibrio entre oferta y demanda (según algunos estructural y según otros coyuntural), por la caída en las existencias de crudo y derivados en los países de la OCDE, en especial en EEUU, por la baja capacidad de la refinerías en el mundo, por huracanes en la zona del Golfo de México, por huelgas en áreas productoras, por sabotajes, por el conflicto entre Turquía y los Kurdos de Irak, por la carrera nuclear de Irán, por las acciones de Israel en Medio Oriente, por la devaluación del dólar de EEUU, por declaraciones pesimistas de la Agencia Internacional de Energía; por el vertiginoso aumento del consumo en China e India; por las “ nacionalizaciones” de Chávez, por la falta de inversiones por parte de OPEP, por declaraciones optimistas o pesimistas de lideres mundiales, etc.

Al tratar de dar algunos indicios de esta coyuntura, que puede dejar de ser tal, destinaremos los párrafos siguientes, y posteriormente miraremos más al mediano y largo plazo utilizando la técnica de Escenarios.

a)Sí es cierto que hoy en el mercado petrolero internacional actúan más actores que en el pasado y la oferta está mucho más diversi fi­cada. De todas maneras el peso de cada uno de los actores no es el mismo y la fuerza de algunos consumidores es también diferente.

Hoy la OPEP, con claro predominio de Arabia Saudita, pese a la concertación de producción de 1999-2005, no parece estar suficientemente consolidada como para presentar hacia el futuro, un frente sólido y coherente.

La CEI y fundamentalmente Rusia, evidenciaban grandes problemas para mantener o acrecentar su producción por falta de recursos económicos y tecnológi cos, pero desde mediados del 2003 se observa una recuperación respecto de los valores anteriores a 1991 que ha llevado a la CEI nuevamente a los primeros planos como productor y exportador especialmente hacia el mercado europeo.

México se debate entre la estrategia de los países de la OCDE -adonde se incorporó en 1994- y la de los países de OPEP, particularmente Venezuela y Arabia Saudita.

Gran Bretaña y Noruega continúan incrementando su oferta, pese a lo reducido de sus horizon tes de reservas.

China ha pasado a ser un importante país importador debido a un crecimiento muy superior de su consumo respecto de su producción. Lo mismo puede decirse, en una escala menor, de India.

EEUU incrementa su nivel de importaciones ya que mientras cae su producción, se eleva su consumo, particularmente de las naftas por el bajo precio interno de las mismas.

Los países de la Europa de los 25, pese a los nada despreciables aportes de Noruega y Gran Bretaña, continúan importando casi el 85% de su consumo.

b)Por el lado de los consumidores, lo más notable fue hasta 1997 la expansión de los países del sudeste asiático, que debido a la crisis de sus economías, bajaron su alta tasa de demanda de petróleo. Pero el acontecimiento más importante desde comienzos del siglo XXI ha sido la expansión de los mercados de China e India, segundo y cuarto consumidores de petróleo del mundo. De todas maneras, más allá de este panorama, EEUU, por el lado de los consumidores, (especialmen te por su presencia militar en el Golfo Pérsico luego de las Guerras de 1991-2003 con Irak) y Arabia Saudita por el lado de OPEP, parecen ser los países con mayor influencia en cuanto a las decisiones fundamentales del mercado.

c)Otro factor, relativamente reciente, es el uso de los papeles petroleros a veces más como medio de especulación financiera que como seguro de precios, independiente mente de las disponibilidades físicas del producto, lo cual introduce un elemento adicional y fundamentalmente distorsionador del comportamiento del mercado. Es que los fondos especulativos (“hedge funds”) actúan en el espacio virtual que es el Intercontinental Exchange – ICE, donde se efectúa el 51% de las operaciones de los mercados a término, aportando el 35% de las mismas, mientras otro 20% lo absorben los bancos y diversos fondos de inversión. Entonces los actores de la industria petrolera tienen una influencia muy limitada respecto de la evolución de los precios, y esto explica, en gran medida, la enorme volatilidad de esos precios. Es que estos especuladores se comportan con una lógica del juego de Bolsa comprando cuando los precios están bajos y vendiéndolos cuando están altos, generando picos y valles a diferentes niveles. Así crean o aprovechan acontecimientos coyunturales que afectan a la industria del petróleo (fenómenos de la naturaleza, huelgas, declaraciones de expertos o líderes mundiales, variaciones de almacenamiento de productos petroleros, etc.) para hacer subir o bajar las cotizaciones, obteniendo así importantes ganancias especulativas.

d)Por otra parte los países desarrollados han bajado fuertemente, desde 1980, la intensidad petrolera, tanto por medidas del uso racional de la energía, incluídas la sustitución especialmente por gas natural y los cambios estructurales en su economía, como por cambios tecnológi cos, y estas políticas han disminuído el consumo de petróleo o atemperado la tasa de creci miento que presentaban en el pasado. Pero de todos modos, a partir del 2003 y especialmente en el 2004-2005, EEUU ha vuelto a incrementar su consumo.

e)Por el lado de la oferta, no ha disminuído el aporte de yacimientos considerados de alto costo, como los del Mar del Norte. Esta situación parecería explicarse por una importante reducción de los costos de perfora ción y de desarrollo de los yacimientos, que en los años 2006 y 2007 han vuelto a subir.

En definitiva, la cuestión no es tan sencilla como desearían algunos analistas. Estos dicen que un aumento del consumo se refleja en una elevación de los precios y de la producción, que puede generar sobreoferta que luego deprime los precios. Frente a esto los productores tienden a disminuir la producción para que vuelvan a subir los precios, mientras los consumido res intentan defenderse bajando el consumo o recurriendo a las existencias almacenadas.

Por ejemplo, los países de OPEP, acuciados por graves problemas presupuestarios o la CEI necesitada de divisas, han incrementado en muchas oportunidades la producción en períodos de sobreoferta y precios en baja, procurando compensar sus ingresos por el lado de los volúmenes más que de los precios, utilizando la misma raciona­lidad que los países exportadores de productos agrícolas.

Por esta razón tampoco, durante muchos años, los países de OPEP han respetado sus cuotas de producción tendientes a morigerar o detener la caída de los precios, especialmente luego que Arabia Saudita (represen ta aproximadamente el 32 % del aporte) se negara a actuar como varia ble de ajuste. Pero en 1998 varios países de OPEP pusieron en práctica una estrategia inédita para sostener los muy alicaídos precios del crudo, que consistió en comprometerse, junto con seis países productores extra OPEP (entre ellos México, Noruega y Rusia) a reducir casi el 10% la oferta del crudo que producían para así equilibrarla con la demanda, y han reiterado la estrategia entre marzo de 1999 y 2004 -parecería que esta vez con éxito- para luego ser únicamente OPEP, a veces acompañada por Rusia, la dedicada a regular su oferta, subiendo o disminuyendo sus cuotas de producción.

f)Otro elemento fundamental en la relación de fuerzas es la brecha existente en las principales compañías petroleras multinacionales entre los requerimientos de sus destilerías y la producción de petróleo propia que, con anterioridad a 1986 superaba esos requerimien tos, y que en el 2006 apenas llega al 62%. Esta situación las obligó a pasar de vendedores a compradores de crudo en el mercado, y a intensificar la formalización de contratos de asociación con libre disponibilidad del petróleo. Con esta última estrategia las ‘mayores’ llegaban a abastecer los requerimientos de crudo de sus destilerías. Pero esta última estrategia se ha visto dificultada por las nuevas políticas instrumentadas por países como Venezuela.

g)Por otra parte los grandes países exportadores, en especial de Africa y Medio Oriente, no tienen integrada la cadena de actividades petroleras y carecen de suficiente capacidad de destilación (para exportar derivados en lugar de crudo), de transporte y de presencia comercial en las estaciones de expendio en los países consumidores.

Pero no puede dejar de tenerse en cuenta que los países de OPEP poseían en el año 2006 el 75% de las reservas y 73 años de duración de las mismas (que por otra parte también son las de menor costo de extracción), frente a 10 años de duración de las reservas de los países de OCDE, excluído México.

h)Otro elemento que puede ejercer influencia sobre la evolución del mercado petrolero mundial es la reversión de la tendencia, en algunos países, a la desregulación y privatización de las empresas petroleras estatales y en otros, a la asociación con las multinacionales.

De todas maneras en ninguna de las principales compañías estatales más importantes (incluidas las de China y CEI) existen previsiones para su privatización, y esto implica el 82% de las reservas, el 54% de la producción y el 64% de la exportación de petróleo crudo del mundo. Es decir que la desregulación y/o privatización total sólo se ha efectuado en empresas estatales de países con escaso peso en el mercado internacional.

En cambio la asociación de las principales empresas estatales petroleras con compañías privadas o estatales de otros países probablemente se intensifique, especialmente en las áreas de exploración-producción, pero si la misma no viene acompañada de transferencias de tecnología y gestión (caso de China) y de la participación de las empresas estatales en las actividades de refinación y comercialización (estaciones de servicio) de las compañías multinaciona les en los países desarrollados, subsistirán focos de conflicto por desequilibrio de fuerzas.

Inclusive en varios países productores exportadores de América Latina (Venezuela, Ecuador, Bolivia) se estaba, durante los años 2005 a 2007, negociando con contratistas privados multinacionales la reconversión de concesiones o contratos especiales a otros más favorables para los países mencionados.

i)Pero, por otra parte, el aporte de inversiones extranjeras destinadas a exploración y desarrollo de yacimientos (en aquellos países de OPEP donde operan empresas estatales), podría ser otro foco de conflictos en el seno de esa organización, especialmente en lo referente al cumplimiento de cuotas restrictivas de los niveles de producción, medidas incompatibles con la participación de empresas privadas en el ‘upstream’. Venezuela fue un buen ejemplo de esta problemática hasta la asunción del presidente Chávez.

j)No puede dejar de mencionarse también la fusión entre empresas petroleras incluso entre las ‘mayores’, como ha sido el caso de la Exxon-Mobil, BP y AMOCO, que luego absorbieron a ARCO, la de las soviéticas Yukos y Sibneff y la de Total-Petrofina-ELF y la de ChevronTexaco. Esta estrategia empresaria se da también en los países periféricos y se explica en la búsqueda de mayor eficiencia operativa para bajar costos y recuperar ganancias.

k)En definitiva, salvo cambios tecnológicos espectaculares en la producción y/o utilización de otros energéticos (solar/pilas de combustible/hidratos de gas) que no se puede asegurar se efectivicen masivamente en los próximos 20 años, un escenario de precios estables del petróleo a largo plazo, sólo será posible si se logra una concertación entre los principales actores y fuerzas que se mueven en el mercado. Esto es la OPEP consolidada, la Agencia Internacional de Energía y las multinacionales, y dentro de ellas la subordinación de Arabia Saudita y EEUU al interés general. Esta hipótesis no parece muy probable por la dificultad de integrar a esta estrategia a los especuladores.

En conclusión, el comportamiento de los precios en los años 2005-2007, con tendencia creciente, la inestabilidad de países como Irak, el incremento sostenido de la demanda de China e India y en parte de EEUU, la inestabilidad en Medio Oriente, la carencia de inversiones suficientes en exploración-producción-refinación, así como la especulación con los papeles petroleros, parecería augurar la permanencia de la volatilidad de precios en los próximos años. Así se ha llegado en los primeros días de noviembre del 2007 a casi U$S 96,00 el barril de crudo WTI (patrón para esta parte del mundo), cada vez más cerca del máximo histórico de 103 (dólares del 2006) por barril, alcanzado puntualmente en el año 1980

* Argenpress
* http://www.argenpress.info/nota.asp?num=049377&Parte=0