Alfredo Méndez: Ampara la Corte a un trabajador contra práctica de tienda de raya en Wal-Mart

La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) amparó el pasado miércoles a un empleado de la cadena comercial Wal-Mart, en el estado de Chihuahua, quien decidió cuestionar el llamado Plan de Previsión Social que había firmado voluntariamente con la empresa.

Dicho convenio establece que el trabajador adquiere vales de despensa con descuento a su salario, mismos que sólo puede canjear por mercancías y servicios de venta en establecimientos de Wal-Mart.

“Este plan es similar a la práctica que se llevaba a cabo en las antiguas tiendas de raya en que los trabajadores también recibían el pago de su salario mediante vales de despensa para ser canjeados en dichas tiendas propiedad del patrón, con la diferencia de que los productos los adquirían a un precio alto”, indicó ayer la Corte en un comunicado.

El concepto de vales de despensa que utiliza Wal-Mart para sus empleados es muy parecido a la estrategia implementada durante el siglo XIX por las llamadas “tiendas de raya”. En ese tipo de comercios, los hacendados y empresarios de aquella época pagaban a sus trabajadores mediante vales que sólo eran canjeables en tiendas del mismo patrón, el cual después vendía sus mercancías a precios elevados, a fin de recuperar la inversión destinada a los salarios.

Contraviene el artículo 123

Raúl Avila Andujo fue el empleado de Wal-Mart que impugnó el convenio y solicitó el amparo. Si otros trabajadores también están inconformes con el plan de vales de esa compañía, deberán tramitar su demanda de amparo y esperar varios meses a que su caso concluya.

“Un contrato de trabajo que obligue directa o indirectamente a los empleados a adquirir artículos de consumo en tiendas o lugares determinados contraviene los principios fundamentales consignados en el artículo 123 constitucional, por lo que debe declararse nulo de pleno derecho”, indicó el comunicado.

Según el boletín, “la segunda sala de la Corte declaró la nulidad del convenio reclamado mediante el cual el trabajador manifestó su conformidad en adherirse al Plan de Previsión Social relativo al otorgamiento de vales de despensa para ser canjeados por mercancía y servicios en los establecimientos propiedad del patrón.

“En la resolución se consideró, además, que del análisis comparativo entre la práctica de las antiguas tiendas de raya abolidas por la Constitución de 1917, y el objeto del convenio adicional al contrato de plan de previsión social establecido por el patrón en el caso concreto, al que se adhiere el trabajador en forma voluntaria para adquirir vales de despensa que serán canjeados en establecimientos propiedad de aquél, se desprende que ambas figuras son semejantes, ya que el costo de los respectivos descuentos no son absorbidos por el patrón, sino por el trabajador”, puntualizó la Corte.

Arguye crisis para la explotación, denuncia líder sindical en EU

Cientos de empresas, como la cadena Wal-Mart, explotan a sus trabajadores, en especial los hispanos, con el argumento de la crisis económica que atraviesa Estados Unidos, denunció el jueves en Chicago, Estados Unidos, el dirigente sindicalista Moisés Zavala. Zavala, vicepresidente de United Food and Commercial Workers International Union (UFCW), sección 881.

Expuso que compañías como Wal-Mart obligan a sus empleados a checar su salida y regresar a trabajar tiempo extra sin paga.

“Se está volviendo costumbre entre los empleadores forzar al trabajador para que contribuya con su tiempo gratis, a fin de que la empresa se recupere y en el futuro pueda pagarle tiempo extra”, dijo el sindicalista.

Entrevistado en el marco de la Semana Laboral que organiza el Consulado Mexicano, dijo que esa afectación laboral ha motivado a un mayor número de trabajadores a buscar protección sindical. “Hay más interés de sindicalizarse porque el argumento de la crisis económica ayuda a los empleadores a no pagar ni el sueldo mínimo y quitarle a los trabajadores cualquier beneficio”, agregó.

Al mismo tiempo, destacó que las empresas mantienen una campaña antisindical que atemoriza a los trabajadores y en muchos casos los hace desistir de su propósito.

“Pero en las actuales condiciones, que se están agravando para el trabajador en materia de salud y vivienda, ejercer este derecho le ofrece la posibilidad de negociar mejores sueldos y condiciones laborales, así como el respeto del empleador”, apuntó.

En tanto, Leticia Márques Prado, coordinadora regional de United Electrical Radio and Machine Workers of America (UE), comentó que esta organización inicialmente trabaja de manera clandestina con los trabajadores para organizarlos. “Debido al miedo que existe de ser despedidos si sus empleadores se enteran que quieren sindicalizarse, empezamos con un grupo de plena confianza y cuando se tiene una mayoría se hace pública su organización”, explicó.

La Jornada

* http://www.jornada.unam.mx/2008/09/05/index.php?section=economia&article=029n1eco

Arnoldo Kraus: Aborto legal y voluntario: dos filos

La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de declarar constitucional la despenalización del aborto voluntario antes de las 12 semanas de gestación aprueba una práctica común, soterrada y ancestral. La resolución evitará que las mujeres que antes abortaban sin las condiciones indispensables de higiene, o sin la protección médica suficiente, sufran lesiones graves, físicas y sicológicas o, incluso, la muerte. No sobra decir que la mayoría de las mujeres que arriesgaban su vida durante ese proceso pertenece a estratos económicos pobres. Desde que se despenalizó el aborto en el Distrito Federal, sobre todo las mujeres pobres, las que carecen de servicios fundamentales, tienen la posibilidad de acceder a los hospitales que provee la ciudad. Aunque no sea parte de la aprobación, esa verdad es fundamental: las mujeres ricas abortan en sitios adecuados y las pobres lo hacen perforadas por su realidad.

Como todos los grandes dictámenes, la legalización del aborto deviene múltiples rubros y expone la imposibilidad del diálogo entre quienes lo aceptan y quienes lo rechazan. Subrayo dos. El primer tópico debe leerse como un triunfo de la razón: las mujeres son seres autónomos que tienen la capacidad de decidir, motu proprio, qué es lo que más les conviene como personas. Capacidad que engloba términos como realidad, definición de vida, maternidad, estatus social, salud y relación con el medio circundante, incluyendo, sobre todo, a sus seres queridos.

El segundo rubro, conocido y muy nocivo, confronta las divisiones ya existentes entre la sociedad y el poder, cuyo eje de vida es el laicismo contra quienes norman su conducta, sean personas morales o políticos, bajo la égida de la religión. El problema no es sencillo: confronta la postura de voces cimentales como son las de la Procuraduría General de la República (PGR), la de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la de la Iglesia contra las posiciones de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y las de los librepensadores.

En una sociedad, harto dividida y muy dañada, como es la que habita en la ciudad de México, la legalización del aborto profundizará la asimetría entre instituciones y personas, y ahondará viejas rencillas. Es muy probable que esa decisión agudice las fracturas ya existentes para abordar temas tan ingentes como los secuestros, la privatización de Pemex o la validez o no de la cadena perpetua. Aunque no es más que una hipótesis, no sería extraño que la despenalización del aborto incremente la intolerancia de quienes consideran la enmienda, como ha expresado el cardenal Norberto Rivera, una “ley criminal”. Aseverar que es criminal la decisión de la SCJN es equivocado, peligroso e irresponsable. Bien haría el cardenal si midiese el significado de sus palabras.

No sobra recordar que muchos de nuestros políticos actúan, si no la mayoría de las veces, sí con demasiada frecuencia de acuerdo con su propio beneficio y no a favor de la nación. Desde esa perspectiva, la decisión de la SJCN puede servir de pretexto para que organismos como la PGR o la CNDH actúen, cada vez más, monopolizando decisiones sin pensar en el bien común.

En temas tan ríspidos como el de la despenalización del aborto no sobra enfatizar que la intolerancia sólo tiene una cara. Ni las mujeres que apoyan la decisión denuestan a quienes la consideran inadecuada ni los médicos que la validan actúan contra quienes se oponen. En muchos países suele reproducirse esa política y en más de una nación se han asesinado médicos por practicar abortos. Tanto las organizaciones políticas, como la Iglesia y las organizaciones del estilo Provida deberían aceptar la decisión y no fomentar, con discursos en las tribunas o con actitudes en la calle, ningún tipo de violencia.

Aunque entiendo que muchas ideas lindan con el absurdo, es lícito proponer. Si bien es casi imposible que la Iglesia tradicional modifique su ideario, los dirigentes de instituciones tan indispensables como la PGR y la CNDH deberían tener la suficiente madurez y sensatez para encarar la validación de la despenalización del aborto.

Es evidente que la nación desconfía, quizás ahora más que nunca, de las representaciones políticas. Esas instituciones deben tener la capacidad de fomentar la tolerancia, así como la obligación de explicar públicamente que aceptan el dictamen. Desde la perspectiva de la ética, ésa tiene que ser su conducta. Desde la mirada de la tolerancia, ése es su deber. No hay más. De lo que se habla es, precisamente, de su quehacer: la Corte votó por leyes, por personas, por derechos humanos, por lo que avala la Constitución.

* La Jornada

* http://www.jornada.unam.mx/2008/09/03/index.php?section=opinion&article=026a2pol

Eduardo Andrade Bone: Neoliberalismo, los pobres y la salud en Chile

Desde que en Chile se comenzaron a implementar políticas económicas al servicio de los grandes empresarios, las trasnacionales y la clase económicamente dominante del país, las carencias sociales y deficitarias siguen reinando en gloria y majestad.

35 años entre dictadura y gobiernos de la coalición de partidos políticos más conocidos como la Concertación, que se declara ser de una tendencia de centro-izquierda, pero que en la realidad práctica y cotidiana aplica políticas económicas y sociales de extrema derecha (ultra neoliberales), tiene dentro de su mayores carencias un muy mal servicio de atención a la salud, en donde los sectores sociales de menores ingresos suelen ser los más perjudicados.

Recordemos además que la actual presidenta, Michelle Bachelet, ante de ser la primera mandataria de la nación ocupo las carteras de Salud y Defensa respectivamente. Como ministra de Salud se le dio la tarea de poner termino a las largas colas en la atención en los servicios de salud de los barrios populares y residenciales del país, Sin embargo su responsabilidad como ministra de salud, paso sin pena ni gloria, pues las carencias existentes en este plano aún siguen vigentes y el cacareado Plan Auge sigue manteniendo las colas en la mayor parte de los establecimientos hospitalarios, y todo se ha traducido a políticas cosméticas, de parche y no ha soluciones de fondo. Es más, bajo los gobiernos de la Concertación han existido serios intentos de privatizar todo el sistema de salud, con las consecuencias pertinentes de lo que eso significaría para la gran mayoría de los que sobreviven de ingresos que no son éticos ni dignos, en un país donde ya existe una atención de salud para ricos y otra para pobres.

Al respecto los chilenos que proceden de los estrato sociales más bajos, en su participación en un trabajo de investigación desarrollado por la Universidad Católica Silva Henríquez, bajo la responsabilidad de la Escuela de Administración y Economía de esa casa de estudio, en un trabajo denominado ‘Percepción de la población pobre de Santiago sobre la atención de salud en Chile’, nos da cuenta que el 63,8% de los estratos sociales más pobres consideran que la calidad de la atención de salud es “mala” o “muy mala”. Solo un 11,9% considera que la atención de salud es buena, mientras que el 24,3% la considera “regular”. En definitiva el neoliberalismo en el poder y en su cogobierno con el pinochetismo (UDI-RN) ha sido incapaz de generar un sistema de salud eficiente, de calidad y justo para la gran mayoría de los chilenos.

De allí que todas las bravuconadas que proceden de las altas esferas de gobierno y de la dirigencia de los partidos políticos corrupto de la Concertación y la Alianza por Chile, no son más que eso, cuando se trata de resolver los grandes problemas sociales que padece la gran mayoría de los chilenos, golpeados por un esquema económico que ha generado grandes injusticias y desigualdades sociales, en donde la muestra de la Universidad Católica Silva Henríquez es clara en este sentido. Recordemos que dicha casa de estudios es una de las pocas instituciones existente en Chile, que realiza investigación a partir de los estratos sociales más pobres del país y que suman la gran mayoría de los chilenos.

El chascarro que se le hizo pasar hace unas semanas atrás a la primera mandataria en la inauguración del Hospital de Curepto, ubicado en la región del Maule, fue inaugurado pese a no contar con las camas ni personal suficientes, ni el equipamiento necesario, es el reflejo de lo que es el actual sistema de salud chileno. Bueno, pero en Chile los montajes de las inauguraciones no solo ocurren en el ámbito de la salud, sino que en muchas otras áreas del trabajo gubernamental.

Pero los chilenos más golpeados por el capital neoliberal, no solo se quejan de la pésima atención de salud, sino que además expresan que no ‘todas las personas tienen iguales oportunidades para obtener atención de salud en Santiago’ (55%). Solo el 8,7% consigna la existencia de un sistema de salud efectivo, ello es un reflejo además lo que es la sociedad de clases en Chile, cuando se trata de ricos o pobres.

Los gobiernos de la Concertación con bombos y platillos de jactan del buen gasto público existente en Chile en materia social. Sin embargo un 79,2% de la población consultada está de acuerdo con que ‘hay poco apoyo estatal para que las familias pobres obtengan una mejor calidad de atención de salud’, proporción que se mantiene desde el 2004 a la fecha, destaca el informe. Además los sectores sociales de menores ingresos expresan en un 77,8% de este grupo de la población que comparte la idea de que ‘las personas pobres debieran obtener atención de salud gratuita para todo tipo de enfermedades’, en un sistema que debiera ser auténticamente solidario.

Ahora en todas las quejas que expresan los más pobres de Chile, manifiestan que el cacareado Plan Auge, no ha resuelto el mejoramiento de la calidad de la atención de salud, la rapidez en la atención, la falta de especialistas en los centros de salud de los barrios populares, deficiencias en la entrega de horas para la atención médica, mal trato del personal administrativo y otras quejas menores.

Pero los sectores sociales más perjudicados por las políticas neoliberales de los gobiernos de la Concertación, una vez más se quejan y reprueban el actuar y accionar de la autodenominada clase política que cogobierna el país en materia de salud, que son los que obtienen las mayores condenas, critica y reprobaciones en su papel de servidores públicos.

Cabe recordar que en Chile, la autodenominada clase política que cogobierna el país, en las diversas encuestas que se han realizado es reprobada por alrededor del 70% de la población, la que se siente desencantada, desilusionada y frustrada ante la elite política existente en el país.

Finalmente el investigador Marcelo Yáñez, a cargo del estudio del centro universitario, expresó que ‘las personas pobres de Santiago continúan teniendo una imagen negativa de la calidad de la atención de salud a la que pueden acceder ellos y sus familias en Santiago, lo cual es preocupante dado que más del 80% de los entrevistados han acudido a un consultorio el último año, por lo que sus apreciaciones están ligadas a su experiencia cotidiana con el sistema de atención primaria.’

Luego agrega Yáñez que la investigación considera más de 25 preguntas, se realizó a través de una encuesta aplicada cara a cara a jefes de hogar y dueñas de casa, a una muestra seleccionada aleatoriamente en las diferentes etapas de muestreo (comuna, sector, calle, hogar, persona) de 338 personas pobres de municipios como Conchalí, Huechuraba, Recoleta, Renca, Cerro Navia, Quinta Normal, Estación Central, El Bosque y San Ramón. El estudio posee un 99,7 de nivel de confianza y un 4,2% de error muestral estimado.

A efectos de este estudio se considera a una persona en condición de pobreza si su ingreso líquido mensual per cápita es hasta de $100.000 (223 dólares) en el caso de familias de dos ó más integrantes, y de hasta $150.000 (335 dólares) si es una familia unipersonal, por lo que bajo esta línea de pobreza se encuentra entre 40% a 45% de la población de la capital.

En Chile actualmente por obra y gracia del capital neoliberal y las políticas de servidumbre de la Concertación con los grandes empresarios, las trasnacionales y la clase económicamente dominante existente en el país, un millón y medio de chilenos viven en la extrema pobreza, cinco millones en la pobreza y otros tantos millones que viven la pobreza disfrazada, y sin esperanza de que los servicios de salud vayan a mejorar, mientras exista el reinado del capital neoliberal.

* Argenpress
* http://www.argenpress.info/nota.asp?num=054420&Parte=0